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• El canal busca que las personas que busquen información sobre organismos públicos o estén insatisfechos por denegaciones, faltas de respuesta a sus solicitudes, entregas parciales de información o que detecten antecedentes no actualizados o falta de estos en las páginas de los organismos públicos, puedan recibir asesoría especializada.

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Brechas de conocimiento y una baja institucionalización de procedimientos y mecanismos sobre protección de datos personales en el sector estatal, identifican los funcionarios públicos en sus organizaciones acorde a parte de las evidencias que arrojó IX Estudio de Percepción de Funcionarios Públicos del Consejo para la Transparencia sobre derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Estos resultados contrastan con el consenso existente entre el personal del Estado sobre la importancia de hacer exigibles derechos asociados al tratamiento, gestión y adecuado resguardo de la información personal de los ciudadanos.

“Nuestra misión institucional apunta al fortalecimiento de nuestra democracia, garantizando que las herramientas de la Ley de Transparencia puedan ser usadas por la ciudadanía para ejercer control social, pedir rendiciones de cuentas a las instituciones públicas y a las autoridades, y proteger nuestros datos personales. La Ley de Transparencia, en su artículo 33 letra m, faculta al Consejo para velar por la protección de datos personales en los organismos públicos que son sujetos obligados –básicamente ministerios, servicios públicos, universidades públicas, municipios, entre otros-”, comentó la presidenta del CPLT.

El estudio mostró que al igual que en el año anterior, en 2020 sólo 3 de cada 10 funcionarios públicos afirmaron que existían en su institución mecanismos y procedimientos para proteger los datos de los ciudadanos. Una cifra que baja aún más al preguntar por la existencia de un funcionario encargado de la protección de datos personales, llegando a 2 de cada 10 de los consultados en el sondeo.

Desafíos en capacitación

Se identificaron también bajos niveles de capacitación en temáticas de protección de datos personales, con 3 de cada 10 funcionarios que dicen haberlas recibido, explicó De la Fuente. Al respecto, la cientista política aludió al trabajo que se desarrolla desde el CPLT en cuanto a la promoción de derechos fundamentales.

“Desde el Consejo tenemos desafíos ante los cuales responder en materia de transparencia y protección de datos personales, tanto en materia de capacitación como de generar conciencia sobre la relevancia de estos temas, no sólo entre los ciudadanos sino también entre los funcionarios del Estado”, dijo la titular de Transparencia.

La presidenta del CPLT agregó que se está reforzando este trabajo con la inclusión de la protección de datos personales en sus acciones formativas, por ejemplo, mediante el desarrollo de cursos específicos sobre el tema en el portal educativo www.educatransparencia.cl. En 2020, el organismo, a través de su Dirección de Promoción, Formación y Vinculación, consiguió aumentar en un 26% el número de personas capacitadas con respecto a 2019, y este año mantendrá dichas acciones con foco en funcionarios públicos, autoridades electas y profesores.

Otros hallazgos

El sondeo también mostró diferencias entre estamentos, siendo los funcionarios con cargos directivos y profesionales los que declararon tener mayor conocimiento sobre mecanismos o procedimientos para proteger datos al interior de la institución, con un 44% del estamento directivo y un 33% del profesional, contrastando con el estamento no profesional, grupo en el que un 28% afirmó conocer sobre estas cuestiones.

Una tendencia similar se identificó respecto del conocimiento que tiene el personal de la ley de protección de datos personales, donde un 69% de los directivos y un 53% de los profesionales manifestaron conocer la ley. Significativamente menores fueron las cifras asociadas a los no profesionales: un 37% de este grupo señala conocer que existe una normativa y un 16% que existe un organismo que vela por su cumplimiento .

Minuta Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2020

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La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, hizo un llamado a las autoridades a concentrarse en los debates sustantivos en esta materia, vinculados con facilitar en forma proactiva el acceso a información a comunidades escolares ante un eventual regreso a las salas de clases de los establecimientos educacionales del país. Subrayó que la “ésta es un insumo clave para que las familias confíen en los fundamentos de las acciones que impulsan las autoridades y tomen decisiones sobre temas tan importantes como las que se relacionan con sus hijos, hijas y familias”.

La presidenta del organismo comentó que “como Consejo hemos remarcado en varias oportunidades durante la emergencia por Covid-19 que parte fundamental de la estrategia para enfrentarla es entregar a las personas información clara, oportuna y lo más completa posible”. Apuntó a que “Éste es un desafío central ante un posible retorno a clases”.

De la Fuente agregó: “durante la pandemia hemos apuntado a la relevancia de entregar información oportuna a las ciudadanas y ciudadanos que permita confiar en las decisiones. Esto con el fin de que las personas puedan construir las certezas necesarias en un contexto complejo como el que plantea la emergencia por Covid-19, con sus consecuencias no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales. Esto se ha visto particularmente relevado en el ámbito educacional, donde las brechas claramente se han profundizado”.

La representante del CPLT hizo un llamado a las autoridades a entregar antecedentes sobre los elementos que se toman en cuenta para tomar decisiones que indicen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía y en específico en este caso sobre calendarios, hitos, articulación de la vuelta a clases presenciales con la estrategia de vacunación o planes de transportes, entre otras cuestiones.

“En temas tan relevantes para la gente, así lo hemos planteado desde el inicio de la emergencia sanitaria, las instituciones no sólo deben adoptar acciones eficaces. Tan importante como eso, es que las decisiones tengan legitimidad ante la ciudadanía”, dijo De la Fuente.

“Las personas requieren información y entender los fundamentos de las decisiones que se van tomando, ese es el camino para que se logre confiar en las acciones que promueven las autoridades. Para eso creemos que es prioritario que haya acceso claro y oportuno a antecedentes sobre estas decisiones y sobre las razones por las cuales se invita a la comunidad a adherir a ellas”, finalizó.

• Para Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia, quienes postulen a cargos de representación tienen una tarea “mayúscula” que involucra cumplir normas en materia de transparencia y probidad, como piso, a lo que se suman una serie de aspectos que van más allá del marco legal vigente.
• Hizo un llamado a resguardar el derecho fundamental a la información de los votantes y a la protección de sus datos personales, los que en campaña pueden dar espacio a tratamientos abusivos.

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La presidenta del Consejo para la Transparencia señaló que tanto la próxima elección municipal como la discusión que se avecina respecto al rol de los gobiernos locales en el proceso constituyente son una oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de transparencia, en el entendido que una institucionalidad débil en esta temática presenta condiciones idóneas para la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones y la dilapidación de recursos.

Para la titular de transparencia los municipios son instituciones fundamentales para las personas, “pues no sólo son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía y la institución donde la mayoría de las personas recurre cuando tienen que resolver alguna necesidad, sino que en medio de la pandemia que nos aqueja, hemos sido testigos del importantísimo rol que han jugado las autoridades municipales”, señaló enfatizando que “conocedoras de sus comunidades, se han mostrado activas y diligentes en el cuidado de los intereses y derechos de los vecinos”.

No obstante, De la Fuente, sostuvo que, lamentablemente, también se han conocido importantes  casos de corrupción y prácticas irregulares, sin distinciones políticas y que en el último ejercicio de fiscalización del CPLT, “menos de la mitad de los municipios cumplió satisfactoriamente las exigencias de acceso a información pública y el promedio histórico de cumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de las Corporaciones Municipales es apenas de un 54%, cuestiones que no hacen sino erosionar sustancialmente la confianza social y la legitimidad de las mismas”

“Una institucionalidad débil, con una estructura administrativa ininteligible, opaca y con altos niveles de discrecionalidad, presenta condiciones idóneas para la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones, y la dilapidación de recursos. Por contrapartida, mientras más altos son los estándares de transparencia y probidad, más clara y oportuna es la rendición de cuentas y más eficiente es la gestión, la prestación de servicios y la entrega de beneficios municipales, tan valiosos y necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas.”, espetó la presidenta del Consejo.

Asimismo, la cientista política, señaló que el contexto supone grandes desafíos para el sector que, con recursos siempre escasos, debe cumplir con variadas obligaciones.

“La próxima elección municipal y la discusión que se avecina respecto al rol de los gobiernos locales en el proceso constituyente, es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal, poniendo en el centro de la discusión, la necesidad de establecer los mejores mecanismos de transparencia y acceso a la información en su función y dotándolos de las capacidades adecuadas para cumplir cabalmente con esta esencial e insoslayable obligación”, finalizó.

Un llamado a informarse por canales oficiales emitió esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, en el inicio del proceso de vacunación masiva contra el Covid-19, esto considerando la amenaza que significa la desinformación en redes sociales u otras vías frente a una política pública tan relevante.

Para la titular de Transparencia hoy es “un día de esperanza en Chile” gracias al inicio de la vacunación en nuestro país, subrayando que es “responsabilidad de todos y todas que lo más rápido posible toda la población se vacune”, haciendo un llamado a “informarse por canales oficiales”, esto considerando que a su juicio, “la desinformación es un problema para la democracia y debemos estar especialmente alertas cuando estamos en medio de un ciclo electoral intenso y frente a una política pública relevante como la vacunación por Covid 19”

“Uno de los ejes en los que hemos estructurado el trabajo de este periodo la en el Consejo para la Transparencia (CPLT), se vincula con la desinformación y la amenaza que ésta representa para la comunicación pública en distintos ámbitos relevantes del accionar del Estado, así como también para la propia democracia”, señaló De la Fuente.

Para la presidenta del Consejo para la Transparencia “en un año clave para el futuro del país, marcado por el proceso constituyente, por un sinnúmero de elecciones y un proceso de vacunación progresiva ante la pandemia, uno de nuestros principales focos es combatir parte de los riesgos que conlleva este fenómeno”, por eso -agrega- “el CPLT inició un trabajo contra la circulación de contenidos manipulados, engañosos o modificados que circulan mayoritariamente en redes sociales con el fin  de incidir en la opinión, percepción o en comportamientos de las personas”.

“Con la convicción de que este esfuerzo no puede depender de las acciones de una institución, hemos promovido una labor conjunta con diversas entidades y actores relevantes para conformar una mesa de la desinformación. Desde éste y otros espacios promovemos acciones para afrontar este fenómeno desde la educación de la ciudadanía, para que desarrolle habilidades para ponerle freno”, informó la presidenta del CPLT.

Cabe recordar que en la actualidad la población que está migrando de medios tradicionales a las redes sociales para informarse, además de transformarlas en espacio de debate. Por ejemplo, Digital News Report 2020 mostró un alza de dos puntos en el porcentaje de personas que se informó vía redes sociales en 2020, alcanzando un 73%, y de un 86% de los que lo hicieron a través de medios digitales.

Conocer el uso de los sistemas que usan algoritmos o inteligencia artificial que pueden impactar en la vida de las personas e implementar mejores prácticas de transparencia y uso de datos personales, son parte de los objetivos del convenio de cooperación entre el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el GobLab, laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la UAI. El acuerdo, que ya está en marcha, surgió como una necesidad ante el creciente manejo de datos y de herramientas de automatización, conocidas como inteligencia artificial, algoritmos y otras que apoyan la toma de decisiones en el sector público.

En la primera etapa, el Consejo -a través de su Dirección de Estudios- y el GobLab, se encuentran realizando un levantamiento de información que permitirá conocer la existencia y uso de este tipo tecnologías en distintas reparticiones del sector público. Ello con el objetivo de generar un catastro y posteriormente, en una segunda etapa, proponer recomendaciones para la implementación de mejores prácticas que permitan el cumplimiento de la normativa de competencia de esta entidad.

La Presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, señaló que “la automatización de las decisiones hace imperiosa la necesidad de abordar tanto la generación y recopilación de los datos como la manera en que éstos se tratan y gestionan, toda vez que de ese proceso depende la aparición o no de una serie de importantes riesgos que de no abordarse de manera oportuna y responsable, pueden resultar discriminatorios y generar importantes asimetrías de información, pues los datos que se seleccionan y la manera en cómo se tratan, pueden replicar los sesgos, estereotipos y prejuicios de quien en el mundo físico los selecciona, repitiéndose con ello esas discriminaciones en sus resultados”.

“De no existir claridad de cómo se construyen, implementan o interpretan los algoritmos que procesan estos datos y en base a los cuales se toman decisiones que afectan a las personas tanto en el ámbito privado como público, se abonan espacios para la manipulación de sus resultados. Por tanto, el rol que juega la transparencia en este contexto es fundamental, pues abre la posibilidad de auditar y supervisar los datos, la información que se recoge, el cómo se gestiona, analiza y, finalmente, la idoneidad y justicia de las decisiones que se toman a partir de ello”, agregó la titular de transparencia.

En tanto la directora del GobLab, María Paz Hermosilla, indicó que “la tecnología es una herramienta esencial para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, proveer mejores servicios y llegar a más ciudadanos. Al mismo tiempo, muchos de estos sistemas tienen un impacto en la vida de las personas, cuando se reemplaza o se apoya la decisión que antes sólo era tomada por un humano, por ejemplo, dónde fiscalizar, o dónde y cuándo intervenir o entregar un beneficio o atención. Conocer la existencia de estos sistemas es un primer paso en la transparencia de la función pública. Esto nos permitirá avanzar en mejores prácticas de uso de datos, tecnología, algoritmos por parte del Estado, lo que se traduce en el respecto a los derechos de las personas asociados a su autonomía, privacidad, no discriminación, y finalmente mejorar su calidad de vida”.

Automatización de procesos en la gestión pública

Con distintos niveles de complejidad y autonomía, los sistemas de decisiones automatizadas -ya sea que respondan a reglas predeterminadas o sean de inteligencia artificial- son sistemas que se orientan a la mejor gestión pública. El uso tecnologías de reconocimiento facial; la priorización de las listas de esperas en salud; la inteligencia artificial de sistemas de atención sanitaria; la focalización de las intervenciones sociales y la asignación de cupos en colegios públicos son parte de las diversas las iniciativas públicas de automatización de procesos y de incorporación de sistemas de ciencia de datos o inteligencia artificial basadas en algoritmos o decisiones automatizadas que buscan apoyar a la administración para hacerla más eficiente.

Para colaborar en el desarrollo de este estudio, el CPLT ya solicitó la colaboración de cerca de 900 organismos e instituciones públicas, a nivel nacional, a través de un breve cuestionario que permitirá recopilar la información sobre la existencia y estado actual del uso e implementación de estas tecnologías. Los resultados de este trabajo se darán a conocer durante el segundo semestre.

• Representantes del CPLT y de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú sostuvieron una primera reunión de trabajo para intercambiar experiencias sobre recepción, atención y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública vía plataforma electrónica. 

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