Los consejeros del Consejo para la Transparencia (CPLT) Francisco Leturia y Natalia González moderaron y participaron en debates del seminario internacional del organismo, enmarcado en la “Semana de la Transparencia” en la que se conmemora una año más de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“En épocas de gran crisis institucional, de gran desconfianza hacia las instituciones, la transparencia es básica. Sin verdad, sin transparencia, no hay ninguna manera de generar confianza en la forma de cómo se administra el poder, de generar legitimidad y todos estamos por esa labor”. Con estas palabras, el consejero del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, abrió esta mañana el panel del seminario anual de la institución “Ciudadanía Informada: un actor para el futuro de la democracia”, que reunió a especialistas internacionales en democracia, libertad de expresión, acceso a la información y datos personales.
Este encuentro internacional, una de las principales actividades del calendario de la institución para conmemorar un año más del establecimiento de la Ley de Transparencia en Chile, sirvió de espacio de reflexión para especialistas internacionales sobre temáticas como libertad de expresión, pluralidad de los medios de comunicación y el rol de las redes sociales en la opinión pública.
Entre quienes intervinieron en el debate sobre “Libertad de expresión, desinformación y democracia”, destacó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien abordó la situación del acceso a la información pública en la región, el aumento de la discrecionalidad por parte de algunas instituciones en contexto de pandemia y el rol de las redes sociales en este escenario. Estas, a su juicio, “deben ser entendidas como aceleradoras de garantías y no como un vector de desinformación o de relativización de los derechos”.
Por su parte, Blanca Lilia, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, planteó que la libertad de expresión va de la mano con el acceso a la información, puesto que posibilitan una deliberación informada por parte de la ciudadanía. “Las redes sociales han contribuido a ampliar los márgenes de libertad de expresión, pero han abonado en que haya una desinformación focalizada como nunca antes”, comentó.
Además en este espacio de análisis participaron, el jefe de la Sección de Libertad de Expresión y seguridad de Periodistas UNESCO, Guilherme Canela, el juez chileno Daniel Urrutia y el director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, quienes abordaron los desafíos de la sociedad para efectuar una rendición de cuentas clara por parte de las instituciones. En el caso de Canela, el representante de UNESCO destacó que la opacidad en algunos ámbitos debe enfrentarse, puesto que se plantean “asimetrías informacionales” que perjudican a los que tienen menos recursos y posibilidades de acceso a información.
Desinformación y los algoritmos como limitantes del acceso a información
“El peligro de fenómenos globalizados como el de la contaminación informativa, la desinformación, pueden generar diversos riesgos para nuestra democracia y afectar el derecho a acceso a la información pública de los organismos del Estado. Esta información es base de la confianza en la administración pública”, dijo la consejera del CPLT, Natalia González, en el panel “Protección de datos, redes sociales y discurso del odio”, en la que estuvo acompañada de diversos especialistas para abordar fenómenos como la desinformación.
En este espacio, la académica de la Escuela de Información Universidad de Washington, Karine Nahon, comentó que hoy las personas están recibiendo mucha más información que antes y que en este escenario de sobre información están delegando la selección de contenidos y temas a intermediarios. Agregó que el desafío se plantea en el acceso a información idónea entre múltiples datos y entre manifestaciones de desinformación como las noticias falsas o contenidos erróneos o engañosos. “Pensamos que tenemos más transparencia, porque tenemos más información”, dijo, pero los riesgos son otros y amplificados a raíz de la acción de los algoritmos.
A juicio del profesor asociado en Ciencias Políticas de la Universidad Queen Mary de Londres, Javier Sajuria, existe una mayor propensión a creer en información falsa y generar más mensajes de odio hacia las personas a través de redes sociales. “Uno de los problemas que tiene la sobrecarga de información es la poca capacidad para discriminarla”, aclaró.
En el caso de la académica del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, Bárbara Poblete ,el desafío está en tener un enfoque multidisciplinario para atacar las fake news y el lenguaje de odio de las redes sociales que amenazan a la democracia; en tanto, el profesor de la Universidad Diego Portales, Enzo Abbagliati, abogó por desarrollar una ética para la divergencia para enfrentar los altos niveles de información y hacerse cargo de los desafíos, incluyendo la regulación, de uno de los temas que planteó como los más relevantes en el escenario actual junto con el cambio climático.
Una programación centrada en promover el derecho de acceso a la información pública para empoderar a la ciudadanía, fomentar el control social y fortalecer la democracia, el Consejo para la Transparencia conmemorará un año más de la entrada en vigencia de de la normativa en un contexto marcado por la pandemia y un sinnúmero de procesos eleccionarios, donde se evidencia aún más lo central de la transparencia.
En reunión protocolar entre la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente y las autoridades de la Cámara Alta, comentaron temas propios de la agenda legislativa vinculadas a ámbitos de acción del organismo y eventuales iniciativas para generar avances y elevar estándares en los órganos de la administración del Estado.
A pocos días de la conmemoración de los 12 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, la titular del Consejo para la Transparencia sostuvo un encuentro protocolar con los senadores Yasna Provoste y Jorge Pizarro, Presidenta y Vicepresidente del Senado respectivamente, para abordar materias de común interés en materia de transparencia y protección de datos personales.
“Esta conversación es muy relevante, no sólo por la colaboración mutua que debiera existir entre las distintas instituciones públicas, sino también para manifestar preocupaciones e intereses comunes sobre todo en un periodo en el que se enfrentarán una serie de elecciones y en el que debemos potenciar la confianza y la adhesión ciudadana”, comentó la representante del Consejo.
Asimismo, en relación a la agenda legislativa, se mencionó el proyecto de ley de Transparencia 2.0, el que, acorde a lo señalado por el Ejecutivo en medios de prensa, estaría generando consenso en el Parlamento por el tenor ciudadano de la iniciativa.
La presidenta del CPLT subrayó que esta iniciativa busca, después de más de 10 años, “avanzar hacia una transparencia activa como regla general y a las solicitudes de acceso como una excepción, es decir, que haya más información publicada en los sitios web de las distintas entidades obligadas”.
“Entendemos que en un año de pandemia, en el que además se tomarán decisiones clave para el país es muy importante la renovación del compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información”, finalizó De la Fuente.
La senadora Provoste destacó el rol que el Consejo ha desarrollado en contexto de crisis por la pandemia y subrayó la relevancia de la Transparencia y la información para dar mayores certezas.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió reclamos en contra de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por no mantener disponibles de forma permanente y actualizada información sobre actos y resoluciones con efectos sobre terceros.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dos reclamos de ilegalidad en contra del mismo número de decisiones del Consejo para la Transparencia (roles C7738-19 y C2973-20) en las que el organismo determinó infracción a las normas de transparencia activa, es decir, el incumplimiento de la obligación de mantener publicado y actualizado en el sitio web de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) resoluciones e instrucciones de los Generales de Brigada Aérea y Jefes de la Defensa Nacional con ocasión de los estados de excepción constitucional.
Los reclamos deducidos en contra de la entidad uniformada, fueron acogidos al establecerse que no se habría mantenido a disposición permanente del público de forma completa, actualizada y expedita información sobre actos y resoluciones con efectos sobre terceros, situación que se habría constatado mediante fiscalizaciones del Consejo en dos oportunidades; una en diciembre 2019 y otra en junio de 2020.
Como Jefe de la Defensa Nacional de la comuna de Antofagasta de la Región de Antofagasta, se designó al General de Brigada Aérea al general José Aguirre Gamboa Mediante (Decreto Supremos N° 478, del 20 de octubre de 2019) y en la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Los Lagos al general Cristián Eguía Calvo.
La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente sostuvo un encuentro con representantes de 16 universidades del país, para reforzar la relación y el trabajo colaborativo entre el organismo y los establecimientos de educación superior. Asimismo, presentó tres ejes de trabajo prioritarios definidos por la institución que lidera para el 2021, los que, de acuerdo al momento que vive Chile, contemplan acciones asociadas al importante número de procesos eleccionarios que se desarrollarán este año.
La Titular del CPLT, destacó la relevancia de las particularidades de cada universidad y de cada territorio “para generar una sinergia positiva” y “abordar la mirada descentralizada de la transparencia”. Y relevó el trabajo y aporte que pueden realizar las universidades fuera de la Región Metropolitana, permitiendo al Consejo que no tiene representación fuera de la capital llegar a otras comunidades y localidades.
Con miras al correcto desarrollo del proceso constituyente y eleccionarios, la presidenta del Consejo destacó la mesa de trabajo para combatir la desinformación, instancia que busca generar una estrategia nacional en esta materia, tema que ha sido relevante no sólo en lo relacionado con materias electorales, sino también en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. “Empieza a ser un problema para los debates públicos para la discusión sanitaria, pero también para los procesos políticos y democráticos”, enfatizó De la Fuente.
También se refirió a las acciones impulsadas por el Consejo para la Transparencia para abrir el debate sobre temáticas vinculadas a transparencia, probidad y acceso a la información en el marco del proceso constituyente. Detalló el trabajo desarrollado por la entidad que se tradujo en un documento preliminar que, por una parte, se hace cargo de las normativas existentes, legisladas con la reforma constitucional y que serían aplicables a los convencionales constituyentes, y por otra, de materias asociadas a transparencia y publicidad que pudieran debatirse al momento de la redacción del reglamento de la Convención Constituyente.
Asimismo, refirió a las iniciativas del Consejo a favor del fortalecimiento del derecho de acceso a la información como derecho llave, “esto es particularmente relevante a partir de las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia”, explicó. “Este derecho que permite acceder a otros derechos aparece como fundamental”.
Además, destacó los riesgos de corrupción en el contexto del combate de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia y de los esfuerzos que se han impulsado para reaccionar ante la emergencia, un fenómeno que se ha tratado en foros internacionales en los que el Consejo se ha posicionado. Agregó en esta línea de trabajo el “promover en el debate público la importancia de la probidad” en el sector público, discusión que calificó de “relevante en el marco del proceso constituyente”.
Por último, De la Fuente detalló entre otras líneas de acción concretas para el desarrollo de acciones conjuntas instancias de sensibilización y formación sobre transparencia, derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales desde la perspectiva local, de manera de adecuarse a las necesidades y particularidades de los territorios.
