Consejo para la Transparencia informa sobre caída de registro de audiencias y alza de videoconferencias en audiencias de Lobby 

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  • Presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destacó el modelo y la normativa en la materia, pero planteó necesidad de avanzar en obligaciones para lobistas y gestores de intereses. 

A seis años de la conmemoración de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, el Consejo para la Transparencia informó sobre la caída de las cifras de audiencias, viajes y donativos que deben registrar los cerca de 700 organismos públicos en su plataforma Infolobby.cl, derivadas primero del estallido social y luego de la pandemia por Covid-19.

Las bajas se evidencian al comparar las cifras entre de 2020 entre enero y octubre con las del año pasado, identificando una disminución promedio mensual de un 57,3% en el caso de las audiencias, un 65,1% en materia de viajes y un 66,7% en cuanto a los donativos recibidos.  Esto a partir del reporte mensual en 2019 de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; los números bajan a 3.327 audiencias, 2.495 viajes y 160 donativos.

Desde el Consejo subrayaron que los registros mostraron una caída inicial a fines de 2019 con respecto a meses anteriores, tanto en el caso de las audiencias y de los viajes, lo que se asociaría a las manifestaciones iniciadas en octubre del año pasado. Una tendencia a la baja que se mantuvo en los últimos meses de ese año, con cifras por debajo del promedio mensual en estos dos tipos de registros.

La tendencia descendente se mantuvo los primeros meses de 2020. Sólo en el mes de abril las audiencias bajaron en un 86,2% con respecto al mismo período de 2019, alcanzando las 1.213. Acorde a las estadísticas del CPLT, pese al aumento entre abril y octubre de este año de los registros reportados, los números siguen siendo inferiores a los datos históricos. Si se comparan las cifras de este período de tiempo versus los mismos meses del 2019, la disminución ha sido de un 59,2% para audiencias, 66,7% para viajes y 67,1% para donativos.

La presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, comentó que, pese a la reducción de registros, por ejemplo, en la categoría audiencias, se incrementan comunicaciones vía videoconferencia. “Vemos una baja de cerca de un 60% entre marzo y octubre de 2019 y 2020 –ya se había registrado una caída tras el estallido social- y eso apunta a que los encuentros presenciales pueden haber bajado, pero también a que muchas de las instancias de reunión se estén dando en contextos telemáticos”.

En cifras, el CPLT informó que Infolobby evidenció que un 76% de las audiencias en julio de este año fueron por videoconferencia”. La titular de la entidad detalló también que la caída en todo tipo de registros parece “lógico en el contexto de la emergencia sanitaria y el confinamiento. Esto quiere decir que partimos de la premisa de que las instituciones cumplen con las obligaciones establecidas en la ley y están registrando las audiencias efectivamente realizadas”.

La cientista política subrayó que las instituciones han tenido una serie de aprendizajes en estos meses y años, entre ellos la necesidad de actualizar la normativa que regula Lobby en Chile, evidenciándose más claramente la necesidad de cambiar el foco de la regulación desde la autoridad a los gestores de intereses o lobistas y empresas que realizan Lobby.

Sobre el particular dijo que la normativa “ha sido estos años un aporte, en el entendido de que nos ha permitido de manera concreta dar a conocer información valiosa sobre lo que las autoridades hacen en materia de audiencias, viajes y donativos. El modelo que tenemos ha demostrado que sirve y mucho. Incluso, es visto con interés a nivel internacional”.

Agregó que “Infolobby ha sido destacada por un reporte de la OECD publicado hace pocos días y que la próxima semana expondremos detalles de la plataforma y lo que hemos conseguido a partir de más de 1 millón 900 mil registros en el contexto de una reunión de la OECD en materia de transparencia e integridad”.

Sin embargo, dijo, esto no quiere decir que no haya necesidades de perfeccionamiento de la regulación. “Hemos identificado en estos años deficiencias, fundamentalmente por poner el foco en los sujetos pasivos, las autoridades. Esto fue un primer paso, pero ahora, la normativa no debiera centrarse sólo en la autoridad. Hay que avanzar en transparentar las acciones de otros actores que pueden incidir en la toma de decisiones en materias públicas. Por ello, hemos propuesto cambios para elevar estándares de conocimiento de una actividad que es lícita y que apunta a los lobistas y gestores de intereses, así como a las empresas que contratan estos servicios”.

Cambios con miras al control ciudadano

La presidenta del Consejo comentó que ya se han realizado algunos avances asociados a la plataforma dependiente del CPLT Infolobby. En 2018 se trabajó en modificaciones orientadas a ponerlo al servicio del ciudadano que busca información sobre actividades de lobby en un tema o proyecto determinado.

Al respecto, De la Fuente especificó: “Hicimos una serie de cambios en la plataforma, la que estaba pensada en las autoridades. Ese rediseño permitió dar un giro importante al portal del Lobby. El foco ahora está puesto en el ciudadano que quiere buscar información sobre temas, por ejemplo, sobre un proyecto de inversión o un proyecto de ley y ver quiénes han estado tratando de influir en el proceso de toma de decisiones, actividad completamente legítima, pero de la cual tenemos derecho a saber más”.

“Estamos ante una fuerte desconfianza ciudadana en las instituciones y esto exige reforzar lo que llamamos ecosistema de transparencia, acceso a la información pública e integridad. Parte de este ecosistema lo constituyen normativas como la Ley de Lobby, que nos permiten regular acciones de instituciones y autoridades y nos ayudan a poner luz allí donde muchas veces hay poca o no lo hay”, espetó la presidenta del CPLT.

 

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Tras hackeos y ataques informáticos CPLT dice que se debe “avanzar más rápido” en perfeccionamiento del marco regulatorio para proteger adecuadamente a las personas y sus datos

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Ocurridos una serie de incidentes que han involucrado accesos no autorizados a bases de datos y ataques a la ciberseguridad –como Banco Estado y servidores de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), que gestiona, entre otros servicios, la clave única y Comisaría Virtual-, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a superar las deficiencias del marco regulatorio chileno y “avanzar más rápido” en la tramitación de normativas centrales actualmente en discusión.  

 

El objeto de ello es el establecimiento de “un ambiente digital seguro y confiable, donde las brechas o pérdidas de información sean efectivamente notificadas a las víctimas y donde se centralice un modelo nacional de respuesta a incidentes informáticos”.  

  

Estas y otras situaciones que han afectado a algunas instituciones muy populares, afirmaron desde el CPLT, “debieran levantar las alertas y agilizar la discusión legislativa de varias de las iniciativas que están en el Congreso, además de dar el impulso definitivo al tan anhelado proyecto de ley marco sobre ciberseguridad”.  Apuntó a la relevancia de dar impulso al proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e instaurar un “ecosistema de seguridad de los datos que cuente con una normativa específica que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir tanto el sector público como el privado” 

  

En este sentido, detalló, que en el caso de la tramitación del proyecto de ley sobre delitos informáticos “el gobierno elevó la urgencia de su discusión, de manera que -resolviéndose los dos o tres asuntos que siguen siendo objeto de debate legislativo- el Congreso debiera despachar esta iniciativa”.  

 

Otra de las normas que requiere perfeccionarse para adecuarla a los cambios tecnológicos, dado que entró en vigencia a fines de 1999 y no se hace cargo de fenómenos como la digitalización y la “datificación” de la sociedad –que se han acelerado y profundizado con la pandemia por Covid-19-, es el actual proyecto de ley sobre protección de datos personales, que tras dos décadas “no ha logrado avanzar en su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, debido principalmente a la urgencia de las diversas iniciativas legales relativas al COVID-19”.  

  

Esta iniciativa, explicaron desde el Consejo resolverá “una buena parte de las brechas existentes en la normativa vigente”, entre ellas, el establecimiento de una autoridad pública de encargada del resguardo “efectivo” de datos personales, “responsabilidad que recaería en el Consejo para la Transparencia (CPLT)”, dijo De la Fuente.  

  

Lo anterior, dado que en la actualidad existen una serie de situaciones que no son consideradas en la ley como las sanciones tras producirse un incidente de seguridad de datos. “Chile requiere de una normativa que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir, tanto el sector público como el privado en este ámbito, para contar así con un ambiente digital seguro y confiable, donde las brechas o pérdidas de información sean efectivamente notificadas a las víctimas y donde se centralice un modelo nacional de respuesta a incidentes informáticos”, sostuvo la presidenta del Consejo.  

  

“Además, el proyecto permite elevar el nivel nacional de protección permitiendo flujos transfronterizos de datos personales con países de la Unión Europea”, apuntó la cientista política refiriendo a los alcances comerciales y de seguridad que tiene la modernización de la normativa.   

Presidenta del CPLT se reúne con máximo representante de la Corte Suprema para avanzar en agenda de transparencia

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  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) ya se ha reunido con el Contralor y el presidente de la Cámara de Diputados.  

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Corte de Apelaciones ratificó orden del CPLT a la Armada de entregar hoja de vida de almirantes en retiro

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  • El mismo tribunal falló acorde a otra decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y desestimó causales para mantener bajo reserva información sobre ex director del SHOA, tarjando previamente datos personales.

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Presidenta del CPLT sobre perfeccionamiento a Ley del Lobby: “debe mejorar la regulación de los sujetos activos”

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A pocos días de una nueva conmemoración del inicio de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró el aporte que esta normativa ha hecho a la transparencia y probidad en el país, pero destacó que requiere una serie de ajustes para dar nuevos pasos en materia de control, involucrando no sólo a las autoridades sino al lobista y a las empresas que contratan Lobby.

“Se reconoce internacionalmente que en Chile hay una buena norma, pero entendemos que -pese a que hay un avance- esta Ley es de 2013, se debe mejorar la regulación de los sujetos activos”.

Para la titular del CPLT la regulación tiene pendiente aún reformas que, a su juicio, son clave en materia de transparencia y probidad para combatir la corrupción y, en definitiva, colaborar con el perfeccionamiento de la democracia. “El foco de la norma actual le pone casi todo el peso de la responsabilidad a los sujetos pasivos, es decir, autoridades que reciben o son sujetos de gestión de intereses, pero poca en los sujetos activos que gestionan los intereses de diverso tipo”.   

La legislación vigente en esta materia establece la obligación para la autoridad, que es sujeto pasivo de lobby, de llevar un registro de las audiencias otorgadas, aunque sin transparentar mayores antecedentes sobre los lobbistas más que los consignados por las mismas autoridades a partir de las respectivas audiencias. Esto implica que la ley sea más bien una agenda pública de las autoridades.

Bajo esta lógica y en paralelo a la ampliación de las obligaciones de Lobby a otros actores, el Consejo propone mejorar la calidad de los mismos, de manera de reforzar el control social de la actividad en distintos temas y conocer quién y por qué se busca influir en el proceso de toma de decisiones, actividad que es completamente legítima. “Aquí hay que avanzar a un mejor registro y más obligaciones”, espetó.

De la Fuente explicó que esta actividad, que es legítima, requiere una normativa perfeccionada con miras a acceder a más información: “Hay que entender que el lobby cuando es una actividad regulada permite disminuir los mantos de opacidad (…) Hay que erradicar espacios extrainstitucionales en la incidencia de toma de decisiones que, al final, lo que hacen, es establecer asimetrías entre las personas y eventualmente la comisión de delitos”.  

Caída de registros 

El Consejo para la Transparencia mantiene el portal electrónico “InfoLobby”, plataforma que consolida registros de audiencias, viajes, donativos, lobistas, gestores de interés, representados en audiencias, autoridades y organismos públicos, entre otros. Desde la entrada en vigencia de la ley en noviembre de 2014 y hasta el octubre de este año, se ha cuantificado la publicación de sobre 1 millón 900 mil registros.

El año 2019, se tuvo un promedio de reporte mensual de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; cifras que comparadas con las del 2020 han registrado una disminución promedio mensual de un 57,3% para audiencias, 65,1% para viajes y 66,7% para donativos. Lo anterior puede entenderse desde el impacto generado por la pandemia por Covid-19 en estas actividades. Si bien desde marzo a octubre 2020 han existido aumentos en los registros reportados, continúan siendo bajos respecto a datos históricos.

Sanciones  

En cuanto al régimen de sanciones que contempla la Ley Nº 20.730, éste también se centra principalmente en la autoridad y su responsabilidad administrativa en el caso de incumplimientos de los registros de agenda pública que regula esta normativa.  La propuesta del CPLT sobre el particular es analizar modalidades de enforcement de la legislación, mediante el establecimiento de sanciones especiales y la asignación la autoridad de un órgano de control especializado para ello. Lo anterior permitirá un mejor control y fiscalización de la transparencia del sistema de la ley y se facilitará el acceso a la información relativa al lobby y la gestión de intereses.

Tras decisión del CPLT Carabineros entrega información sobre funcionarios de civil que prestaron servicios durante el estallido social

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  • La institución había denegado la solicitud de acceso a estos antecedentes, realizada por un periodista de medio de comunicación digital, aludiendo que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y la seguridad de la Nación, causales de reservas que fueron desestimadas parcialmente por el Consejo para la Transparencia (CPLT). 

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Presidenta del CPLT advierte sobre datos personales: “falta actualizar normas en función del cambio tecnológico”

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  • Gloria De la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), apuntó a la urgencia de hacerse cargo de modernizar la ley de protección de datos personales, que no se ha perfeccionado desde los años noventa.  

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Presidenta del CPLT plantea medidas pro transparencia ante aumento del gasto público en áreas sensibles “terreno fértil” para incremento de irregularidades

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  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, afirmó que los desafíos que ha impuesto la pandemia al debate presupuestario exigen tomar medidas anticorrupción de manera “urgente y necesaria, para que mañana no tengamos que lamentarnos sobre la leche derramada”.  

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Presidenta del CPLT afirma que proceso constituyente puede ayudar a “recomponer confianza”

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Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), planteó la relevancia de incorporar una mirada desde la anticorrupción y la transparencia en la discusión constitucional, en el marco de un seminario con actores del mundo privado. 

Ante la profunda crisis de confianza social y política que atraviesa el país, caracterizada por la percepción de menores niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública y de abuso por parte del sector privado, entre otras cuestiones, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dialogó con diversos actores del mundo privado y del mercado financiero sobre la recuperación de la confianza ciudadana.

La cientista política enfatizó en el malestar generado por situaciones de corrupción y abuso y las diversas señales de desconfianza transversalmente instalada a nivel nacional: “Existe malestar contra el abuso, la desigualdad, pero también como señal de desconfianza en que, bajo las mismas condiciones, el bienestar sea inclusivo para toda la población”.  

Sobre el proceso constituyente, que se desarrollará en un contexto de crisis de confianza en las instituciones en general para De la Fuente “es una oportunidad institucional de encauzar nuestros malestares, conflictos y crisis puede ser una muy buena noticia en el mediano y largo plazo para recomponer confianza”.  

Desde la perspectiva de la titular del CPLT, este debate puede permitir además “avanzar de manera sustantiva en un ecosistema de defensa de derechos fundamentales y de control” en materia de transparencia. A esto se suma la aspiración de que se reconozca el rango constitucional del Consejo para la Transparencia, de manera de extender sus facultades de control y sanción a otros poderes del Estado.

La presidenta del Consejo destacó además el reconocimiento en el nuevo texto constitucional del derecho de acceso a la información pública de manera explícita y del derecho a la protección de datos personales, asociado a la existencia de un órgano garante del cumplimiento de esta normativa.

Corrupción y desigualdad 

De la Fuente revisó también el impacto de la corrupción en la confianza de las instituciones, tanto públicas como privadas, y el rol que juega en la caída de la inversión derivada de la debilidad institucional. En este último caso destacó “la sensación de abuso de poder por parte del sector privado” –derivado de casos de alta connotación pública como la colusión en alimentos básicos- “que están al medio de la crisis de confianza en Chile y que es importante mirar para enfrentarlo más adecuadamente”.  

Refirió además a la desigualdad asociada no sólo a distribución del ingreso: “La corrupción no sólo afecta a la fe pública, una mala utilización de recursos fiscales, en el caso de relaciones perniciosas entre lo público y lo privado, sino que además profundiza la desigualdad. Cuando no tenemos un control adecuado de la corrupción lo afectamos finalmente son las posibilidades de los que menos tienen”. 

Transparencia como valor 

“La transparencia es un valor altamente considerado en Chile” y “una buena palabra”.Sin embargo, para la doctora en Ciencias Sociales, esta percepción debe ir acompañada de un correlato en materia de instrumentalidad del acceso a la información para hacer efectiva la transparencia. Por ello, De la Fuente destacó la necesidad del funcionamiento armónico de un ecosistema de transparencia y probidad –a partir de diversas normativas y con la participación de distintos organismos-, que se haga cargo, dado que es “un camino para reconstruir la confianza”.

“El desarrollo efectivamente, va de la mano con la transparencia y la anticorrupción”, dijo. Y en el contexto actual –como una de las enseñanzas que dejó la pandemia por Covid-19- apuntó a la transparencia proactiva: “Hay una necesidad de que exista un compromiso de instituciones públicas y privadas por ser más proactivos en iniciativas que promuevan la transparencia y la probidad”. Esto dado que el acceso a información y la transparencia demostraron que efectivamente ayudan a la confianza de la ciudadanía y a conseguir que ésta adhiera a medidas o acciones propuestas por las autoridades.

Seminario Descentralizando la Transparencia – Revívelo AQUÍ

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  • Seminario Virtual “Descentralizando la Transparencia: Reflexiones para el fortalecimiento democrático del proceso constituyente”.

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Presidenta del CPLT subraya que la transparencia contribuirá a la legitimidad y confianza” del proceso constituyente

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  • En seminario sobre transparencia y debate constitucional organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), la politóloga y titular del organismo, Gloria de la Fuente, destacó los focos y el trabajo que desarrolla la entidad que lidera hace pocas semanas, con miras al fortalecimiento del proceso que va desde la conformación de su órgano constituyente y durante todo el debate.  

Con la finalidad de reflexionar desde una mirada local sobre los principales desafíos que impone el proceso constituyente en materia de transparencia, participación ciudadana y control social, esta mañana la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dio inicio a la primera jornada de un seminario organizado por el organismo que encabeza en alianza con universidades de diversas regiones del país.

En su intervención al inicio del espacio de diálogo Descentralizando la Transparencia: Reflexiones para el fortalecimiento democrático del proceso constituyente”, la cientista política planteó la visión y compromiso de la entidad que encabeza respecto de la discusión constitucional y cómo puede el CPLT colaborar con la tarea de garantizar el principio de  transparencia y el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en el proceso y en el nuevo texto constitucional.

“Tenemos uno de  los desafíos más importantes de las últimas décadas”, afirmó la titular del Consejo. En este marco, planteó que se debe entender que “La transparencia es útil y necesaria para el país” y agregó que garantizar el derecho de acceso a la información pública “propicia el control social, la rendición de cuentas responsable y la participación ciudadana para el ejercicio de una buena gobernanza”.  

Para la presidenta del CPLT se debe entender que tras la percepción positiva y demanda de la transparencia como un valor en sí mismo y el derecho de acceso a la información como un instrumento, está el que pueden colaborar con la profundización de la democracia. Agregó al respecto: “El acceso a la información pública es vital en la vida democrática del país, dada la función que tiene de reguladora y como equilibrio de los poderes del estado, en la práctica, en el marco de un ecosistema de transparencia”.

De la Fuente destacó que más allá de que la transparencia sea “un vocablo de buen uso”, es deber del Consejo para la Transparencia dotarlo de un instrumento específico, asociado a la normativa existente en esta materia.  Respecto del debate constitucional, la doctora en Ciencias Sociales sostuvo que en un marco de crisis de confianza en la instituciones, la generación de espacios de transparencia y de acceso a la información pública respecto al órgano constituyente y al proceso mismo “va a contribuir a la legitimidad y confianza de ese proceso”.

Afirmó que se requiere generar “un correlato específico en torno al reglamento del órgano constituyente y a los principios básicos que deben estar instalados en la Constitución”.  Y agregó “Estamos muy enfocados desde el Consejo en empujar una discusión respecto de un  reglamento que permita tener estándares elevados en materia de derecho de acceso a la información pública”. 

Asimismo, la titular de Transparencia indicó que se debe “garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional del Consejo”. Esto dado que el reconocimiento explícito de estas cuestiones en el nuevo texto constitucional “permitirá en la práctica poder ampliar nuestro ámbito y órbita de acción”.

Otra cuestión relevante para De la Fuente y que pasa por el reconocimiento del derecho de acceso a la información en el marco constitucional, es su uso como derecho llave: “permite ejercer derechos que sabemos que en la práctica existen y se vinculan con el acceso a la información pública sobre temas de beneficios, servicios públicos, vivienda, salud y otros”.  Lo anterior dado que se ha identificado a nivel local y subnacional un uso más intensivo de este derecho como derecho llave en grupos específicos, mujeres por ejemplo.

Un tema que en la lógica de la descentralización debiera discutirse, comentó la presidenta del Consejo, así como en la lógica de la deficiencia que ha mostrado Chile en materia de participación ciudadana. “Hay también una necesidad de volver a escuchar a los ciudadanos, de promover la participación ciudadana que permita participar, estar presente en los procesos en general, pero de manera informada”, espetó la titular del CPLT.

Aumento de la demanda de acceso a información del Estado

La politóloga destacó también cifras que evidencian un incremento del uso de la Ley de Transparencia, como ocurre con las solicitudes de acceso a la información, que en los 12 años del organismo, han superado el 1 millón 300 oportunidades en que se ha realizado un requerimiento a un organismo público.

Sin embargo, apuntó: “esto no es suficiente y a propósito del proceso constituyente, no se trata solamente de esperar que los ciudadanos lleguen a nosotros”, sino también -a partir de un cambio de paradigma- “esto implica comprometernos  no sólo con otorgar herramientas sino salir a buscar a los ciudadanos, promover el derecho de acceso a la información publica, porque creemos que es una oportunidad de ejercer derechos fundamentales”.  

Presidenta del CPLT: “La corrupción tiene un costo muy alto que terminan pagando ciudadanas y ciudadanos”

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En un debate sobre corrupción y democracia a la luz de los aprendizajes que deja la pandemia por Coronavirus, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, señaló esta mañana que los costos asociados a la corrupción son muy altos y que a su juicio lo “terminan pagando, en general, ciudadanas y ciudadanos, particularmente los más vulnerables, que necesitan mucho más del rol y del trabajo del Estado”.  

En un seminario sobre los avances en este ámbito, en el que participó junto al Contralor General, Jorge Bermúdez, y a Patricio Silva, catedrático de la Universidad de Leiden, Holanda, la titular de transparencia afirmó que el “costo que tiene la corrupción, particularmente en países más pobres es muy complejo“ y “en el marco de la emergencia por Covid-19 “ha sido aún más complejo en la práctica, porque la movilización de recursos para poder paliar los efectos económicos y sociales y de la crisis sanitaria también, son muy altos y esto, en consecuencia, abre espacios para que existan fenómenos de corrupción”.  

De la Fuente, agregó que desde el sector público es clave el trabajo mancomunado de los organismos con facultades en este ámbito, como ocurre con la Contraloría General de la República y el propio Consejo, relación que fue destacada por la titular del CPLT y por Bermúdez en el marco de la actividad: “Para nosotros la Contraloría es un gran aliado en esta lucha en este ecosistema contra la corrupción y en pro de la probidad y la transparencia”.   

De la Fuente comentó también que en esta labor anticorrupción deben sumarse además “instrumentos más eficientes y eficaces”, refiriendo por ejemplo al fortalecimiento de herramientas que permiten ejercer control social y combatir la corrupción –como las de acceso a la información pública-. La presidenta del CPLT planteó en este sentido: “es clave dotar a los países y a la institucionalidad de órganos garantes” y “un ecosistema que debiera cumplir el rol de generar estos instrumentos en contextos en los que se hace más difícil ejercer control social”.  

En la actividad se reflexionó también sobre el papel que debe jugar el mundo privado en este marco, dado que la crisis de desconfianza afecta a todas las instituciones, sin distinción. Al respecto De la Fuente comentó: “Desde el mundo privado claramente hay un rol que tiene que ver con la integridad y ética públicas insoslayable”. Y agregó que “Más allá de la legislación para combatir la corrupción, de tener instrumentos para ejercer el control social, es clave que asuma el rol que le corresponde en garantizar el comportamiento íntegro en situaciones dramáticas que deja la pandemia”. 

La titular del Consejo explicó que actualmente el organismo que encabeza no cuenta con potestades para fiscalizar a privados y que el proyecto que moderniza la normativa, la denominada Ley de Transparencia 2.0 considera avanzar sólo en organizaciones de la sociedad civil. En este escenario, destacó un instrumento muy relevante para el CPLT, asociada con la misión de la entidad “la promoción del acceso a la información en general o de la transparencia como principio, como una cuestión que colabora en la confianza en general, en el mundo público y el privado, más aún en un contexto como el actual en que la desconfianza impera y, por lo tanto, hay buenas prácticas que tenemos y debemos promover”. 

Detalló que el Consejo Directivo de la institución que encabeza en la práctica actúa en lo que han denominado “órbita de control”, definida en la interacción entre el mundo público y el privado –como ocurre por ejemplo en el caso de prestadores de servicios para el Servicio Nacional de Menores (SENAME)-. “Cuando hay una prestación que tiene que ver con la existencia y uso de recursos públicos, eso nos permite en el fondo ir y hacer extensible una solicitud de información”, destacó.

En este sentido, expuso algunos detalles de procesos de fiscalización impulsados por el CPLT en contexto de emergencia sanitaria, por ejemplo en el ámbito de las compras y contrataciones del sector salud –test rápidos o residencias sanitarias- demostrando que “se puede utilizar la solicitud de acceso a la información como instrumento para develar ciertas situaciones”, que pueden derivar en corrupción. En estos ámbitos, además, la politóloga afirmó que es vital en la relación de los privados con lo público para enfrentar la pandemia “tenemos que cuidar las finanzas públicas y propender a la transparencia y en eso hemos estado trabajando como Consejo”. 

¿Qué hacer ante el populismo? 

Entre otras materias se abordó también el fenómeno del populismo, que parecía –acorde a la intervención de la titular del CPLT: “nos damos cuenta que pasa en el siglo XXI y que toma nuevas características,  con características de ellos y nosotros, de esta oposición entre los poderosos versus los no poderosos y es parte del discurso político hoy en día y digo, lamentablemente, porque eso horada las instituciones, que no media por las instituciones y horada aquella posibilidad y genera un flagelo para los sistemas políticos”.  

Ante ello, la propuesta de la presidenta del Consejo para la Transparencia es fortalecer en particular a las instituciones que se dedican a la protección de derechos fundamentales e “instituciones que en la práctica intermedian la relación entre ciudadanos y Estado –como hacen los partidos políticos y otras instituciones-”. Lo anterior, subrayó, “porque en la práctica es lo único que tenemos, para defender los sistemas políticos en beneficio de las mayorías, pero con respeto a las minorías”.