El Consejo para la Transparencia, a través de su titular, “señaló que “es una situación que debiera legislarse puesto que hoy día la “puerta giratoria” o los “periodos de enfriamiento” para la circulación entre el ámbito público y privado y desde el privado al público, no están bien reguladas y son demasiado acotadas”. (más…)
Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago ante el reclamo de ilegalidad (Rol 194-2020) presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Armada de Chile, la entidad debe entregar al solicitante la hoja de vida y calificaciones del ex almirante José Toribio Merino Castro, así como los demás documentos que consten en su carpeta de antecedentes, registros que contemplan la totalidad del tiempo que estuvo en servicio en la institución uniformada. (más…)
Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) logró establecer a partir de la información entregada por las ramas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile (FACH), Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería, algunos hallazgos relacionados con prestaciones de apoyo que entregan a su personal “expresamente amparadas en cuerpos legales de antigua data y que hoy se han consolidado como prácticas institucionales permanentes”. Como se sostiene en las conclusiones del informe del CPLT y por el cual fueron oficiados dichos organismos.
El proceso se focalizó en giras de estudios, “asignaciones de riesgo” –incentivo económico por eventuales situaciones de riesgo-, pensiones de montepío, créditos y el arriendo de casas fiscales. En el documento evacuado por el Consejo y que fue remitido también a Contraloría, se reconocen limitaciones en el mapeo y análisis de estos beneficios, que son otorgados a personal uniformado y en algunos casos a civiles y a ex funcionarios de las mencionadas entidades. Lo anterior dado que se identifica “opacidad del sistema de remuneraciones de los organismos fiscalizados (que) limita la posibilidad del ejercicio de controles externos, como el que puede realizar la ciudadanía con el fin de verificar, por ejemplo, que concurran las causales que legitiman las asignaciones otorgadas al personal de estas instituciones”.
Del análisis impulsado por la Unidad de Fiscalización del CPLT, destacó información relativa a montos destinados a giras de estudios, que acorde a lo informado por las distintas entidades entre 2018 y 2019 habrían involucrado un gasto total que superó los 2.700 millones de pesos. Se trata de viajes que ya han recibido cuestionamientos por parte de Contraloría –realizados en años anteriores- en el caso de algunos de los organismos fiscalizados.
Asimismo, el Consejo logró establecer, cruzando lo entregado por algunas de las instituciones –dado que no todas respondieron con la totalidad de los antecedentes requeridos a las solicitudes de acceso a la información bajo modalidad de usuario simulado- y fuentes de Transparencia Activa, algunas cuestiones relacionadas con las “asignaciones de riesgo”, un tipo de incentivo económico no imponible otorgado por la situación de riesgo que puede implicar el ejercicio de determinadas labores.
“Los resultados del proceso nos hablan de la relevancia del ejercicio de controles externos, pero al mismo tiempo de un mapeo limitado. En algunos casos no es factible acceder a la información, que se mantiene en reserva, aludiéndose a eventual afectación de la seguridad nacional, o simplemente se omite parte de lo consultado y eso tenemos que aclararlo”, explicó el titular de Transparencia.
“Por ello -agregó Jaraquemada- y dado que hemos hecho llamados a la transparencia proactiva, denegar información debe justificarse. Las entidades que fueron objeto de esta fiscalización tienen un plazo para presentar descargos, por lo que aún no podemos hablar de incumplimientos a la Ley de Transparencia”. En el caso de esta fiscalización, las entidades que fueron parte del proceso pueden entregar información complementaria hasta el día miércoles 8 de julio.
Este tipo de procesos implementados por el CPLT, buscan identificar el cumplimiento de las normas de transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en organismos públicos, aplicando sanciones si corresponde.
Giras de estudios: detalles pueden mantenerse bajo reserva
La PDI, la Fuerza Aérea y la Armada señalaron haber realizado viajes de este tipo en los últimos dos años. La primera entidad informó detalles de dos viajes para un total de 379 personas, con un gasto total que suma cerca de 2 mil millones ($1.998.670.000). En la licitación pública de una de las giras organizadas por la institución se solicita en algunas ciudades de guías locales y entradas para actividades culturales, pero se aclara que no deben considerarse tours, visitas a estadios de fútbol o actos artísticos.
La FACH organizó tres giras internacionales en 2018 y la misma cantidad en 2019, en todas ellas habrían participado oficiales, destinando a estos viajes un monto total de $1.085.425.813 para 248 personas. La Armada declaró haber destinado una suma de casi 293 millones de pesos ($292.905. 591) a los viajes de los cursos 2018 y 2019, entregando sólo un número aproximado de participantes y negando participación de altos oficiales.
La policía uniformada habría organizado dos giras a Europa sólo el año 2019, sin incluir integrantes del alto mando ni personal civil, sumando entre ambas actividades un gasto total de $1.012.145.000. Gendarmería informó de un viaje a Argentina en 2018, en la que participaron 30 alumnos y 3 funcionarios uniformados, con un gasto total de $24.433.431.
Asignaciones: no es clara forma de entrega en algunas instituciones
Respecto de montos destinados a las llamadas “asignaciones de riesgo”, un tipo de incentivo económico no imponible otorgado por la situación de riesgo que puede implicar el ejercicio de determinadas labores, la policía uniformada aparece como el organismo que más recursos destinó en 2019 para estos fines: sobre 13 mil millones de pesos. Esto derivado de la suma del pago destinado a suboficiales y otros funcionarios de rango inferior a éste (cuyo promedio anual en 2019 fue de $301.553) y a oficiales (equivalente a $517.305 promedio).
El monto de este beneficio responde a un porcentaje del sueldo base o remuneraciones de acuerdo a la normativa de cada institución, pero sólo Carabineros entregó todos los detalles requeridos para entender su forma de entrega. Por ello, desde el CPLT subrayaron que se trata sólo de información acotada: “resulta imposible conocer lo que ocurre en todas las entidades en materia de asignaciones de riesgo, impidiendo comparar montos que destinan a fines similares”.
Por ejemplo, el Ejército no informó sobre el número de funcionarios que cuenta con este beneficio en 2019 ni monto promedio, por lo que a partir del acceso a fuentes abiertas fue imposible conocer qué personal recibe este pago. Gendarmería denegó la existencia de información al no ser “parte integrante de la remuneración de Gendarmería”, pero el CPLT identificó en su normativa que existe una asignación de función penitenciaria no imponible de carácter mensual.
Pensiones: diferencias entre ramas
A partir de los datos de personal recibidos correspondientes a 2019 y 2020, el total promedio de ambos años alcanzaría a 61. 711 personas pensionadas, las que recibirían una pensión promedio en este período de 560 mil pesos ($546. 953 promedio en 2019 y 573.042 promedio en 2020). Respecto del número de pensionados, la entidad que informó la cifra más alta fue Carabineros con poco más de 22 mil funcionarios este año (22.447), seguido de la Armada y el Ejército, con cerca de 14.500 ( 14.579 y 14.425, respectivamente).
Gendarmería entrega gran cantidad de créditos de consumo
Con respecto a los préstamos o créditos que las instituciones ofrecen a su personal –de consumo o hipotecarios-, el CPLT recibió como respuesta por parte de la Armada y del Ejército que ni la entidad ni sus servicios o comandos de bienestar otorgan créditos de consumo a sus funcionarios. Sin embargo, la institución naval cuenta con un “Contrato de Préstamo Colectivo”, que permite a personal en servicio activo, solicitar préstamos. En tanto, entre 2018 y 2019 Gendarmería habría otorgado más de 50 mil de estos créditos a su personal (50. 534). En contraposición omitió información sobre hipotecarios.
Una instancia de trabajo para retomar la agenda anticorrupción y establecer una alianza entre instituciones clave para el sistema democrático con el fin de reconstruir confianzas, planteó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, esta mañana en un encuentro organizado por dicha entidad y que reunió a los principales representantes del Tribunal Constitucional (TC), la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).
“Podríamos formar una mesa de trabajo y avanzar en medidas concretas”, dijo Jaraquemada, en función de la necesidad que identificaron los intervinientes de dar una respuesta sustentable y más integral a la crisis de confianza. Ante este diagnóstico, el titular de Transparencia propuso usar como base los contenidos del “Acuerdo Nacional para la Integridad Pública y Anticorrupción” –documento que esta institución socializó en mayo del año pasado con algunas de las autoridades presentes en la cita y con el Ejecutivo-. “Podríamos iniciar una conversación que permita formular nuevos planteamientos en función de blindar la confianza ciudadana , tan necesaria para el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia”, espetó.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se manifestó abierto a aceptar esta invitación ante lo que considera una preocupación transversal: “La instancia que nos llama a tener el presidente del Consejo para la Transparencia, esta mesa, es de gran relevancia”. Agregando que “entre las agencias del Estado no deberíamos tener los roces que tenemos con alguna frecuencia, con otras agencias del Estado que también tienen el ejercicio en materia de la acción penal”. A partir de esta afirmación recordó algunas de las disputas públicas con entidades como el Servicio de Impuestos internos (SII) y la Fiscalía Nacional Económica (FN), ante hechos “extraordinariamente graves”. A su juicio, esto genera “una sensación de inequidad, de tratamiento distinto para personas que están cerca del poder o que tienen muchos recursos. Aquí hay un desafío para todas las instituciones”, dijo.
El Fiscal mencionó la carta que el Contralor y el presidente del Consejo para la Transparencia suscribieron hace algunas semanas llamando a generar confianzas, “es muy motivante para todos los órganos del Estado y para la sociedad en su conjunto, para la sociedad civil y dentro de ella para los medios de comunicación”. Para Abbott “son elementos que deberíamos tomar en consideración todas las instituciones para recuperar las confianzas, que es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático”.
En tanto, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, sostuvo respecto de la crisis de confianza que: “es unánime que existe y que se agravó con la crisis” asociada a la pandemia por Covid-19. Lo anterior dado que, a juicio de la representante del TC “aumentó la incertidumbre, las personas han descendido en sus seguridades económicas y sociales, viven momentos dolorosos, han perdido los trabajos, y creo que el Estado debe responder a eso y un mínimo común respecto de esa respuesta de cómo se entrega, se pide, se hace, es la transparencia”. Agregó que “mayor transparencia permite resultados que obligan a cada institución a hacer lo que le corresponde, a hacerlo bien, a hacerlo oportunamente, es un dar cuenta permanentemente e inhibe la corrupción”.
Respecto de este fenómeno fue enfática en señalar que: “La corrupción mata, igual que el Covid-19 y la primera víctima es la confianza ciudadana”.Brahm agregó que lo que parece responsable en un contexto de pandemia es “avanzar en medidas concretas y de aplicación inmediata” y respecto del rol que desempeña la institución que encabeza así como de todas las entidades apuntó a la necesidad de “actuar con sensatez y moderación”, con apertura a cambios en las reglas para reforzar los roles de las instituciones y no para debilitarlas.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, destacó entre los elementos que marcan el camino en el que se debería avanzar ante un contexto que exige respuestas es “hablar de un sistema de integridad”, “tenemos que estar mancomunadamente en este sistema de integridad, ya no del Estado sino de la sociedad chilena”. En este sistema anticorrupción, afirmó el Contralor, deben estar presentes las entidades públicas “pero cada institución también, en sí misma, debe tener su propio sistema” y enfatizó en el rol que le cabe al mundo privado, porque a su juicio “para bailar el tango se necesitan dos y para hechos corruptos también se necesitan dos”.
En representación del sector empresarial, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, planteó como eje central de su intervención la tentación de muchas entidades a replicar lo que se configura como la demanda ciudadanía, sin procesarla y sin acciones que sean sustentables en el tiempo, lo que ayuda a incrementar la desconfianza a partir de la emergencia de la frustración. “La tentación de resolver el problema de confianza y de resolver el problema de desconexión de las elites con la ciudadanía por la vía de una conexión reactiva, inmediatista con el sentido común, me parece que es el peor camino para restaurar confianzas”, dijo el representante del mundo privado.
Para Larraín el momento de las señales se da en el corto plazo: “La respuesta es mucho más desafiante y compleja que la simplicidad de simplemente empatizar con la lógica de un país que supuestamente reina la corrupción y donde supuestamente está segmentado entre buenos y malos o entre abusadores y abusados”. “Las acciones que tomemos estos días, estos meses, estos años de profunda crisis económica y social van a ser más relevantes que las reformas estructurales que se emprendan en el Parlamento”.
La entrega de una serie de antecedentes que no fueron considerados en la respuesta que entregó la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Arica-Parinacota a una solicitud de datos relacionados con el mosquito de la fiebre amarilla o dengue “Aedes aegypti” en la zona norte, ordenó el Consejo para la Transparencia (CPLT). Entre ellos lugares en los que se ha detectado la presencia del insecto que puede transmitir la enfermedad.
El acceso a esta información fue establecida a partir de la decisión del CPLT de considerar su calidad de pública y dado que reviste interés desde la perspectiva de salud pública y protección de la población, pero deberá realizarse previo tarjado de datos personales de contexto -como RUT, dirección, entre otros- (Rol C-7688-19).
El Consejo definió además, que cualquier tipo de información personal contenida en los registros debe mantenerse en reserva, como nombres de denunciantes y toda aquel dato mediante el cual se les pueda identificar, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias o impedir que los órganos de la Administración realicen las fiscalizaciones necesarias que derivan de éstas.
La Seremi de Salud de Arica-Parinacota no había entregado tras el requerimiento ciudadano parte de los antecedentes, entre ellos muestras positivas al mosquito del dengue, estadio de desarrollo, fechas de registro y hallazgo, entre otros, de entre los años 2016 y 2019, limitándose a argumentar que dichos registros no estarían sistematizados en la plataforma de Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria (MIDAS).
Ante este hecho, el Consejo Directivo del CPLT estableció que el organismo habría limitado su búsqueda a esta herramienta y no realizó todos los esfuerzos por encontrar dicha información (como la revisión de otras fuentes, plataformas o registros físicos en la que pudiere estar contenida). En el caso de la información correspondiente a 2017, ésta quedó fuera de la decisión del CD, dado que la Seremi precisó que no se detectaron ni procesaron entomológicamente en dicho periodo, muestras positivas a “Aedes aegypti”.
El Consejo para la Transparencia (CPLT), a través de su presidente, Jorge Jaraquemada, se sumó al llamado realizado por Espacio Público respecto del manejo de más de una cifra de conteo de decesos por Covid-19, materia que ha generado polémica desde antes de la salida del ex ministro de salud, Jaime Mañalich.
El titular de Transparencia destacó los cambios que se han realizado en materia de difusión de antecedentes sobre la pandemia por parte de la autoridad sanitaria, haciendo hincapié en la apertura manifestada por el ministro Enrique Paris –en el Parlamento- y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, de implementar la entrega de una cifra de muertos por Covid-19, emigrando toda la información de los decesos al Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) e informando así datos consolidados. A partir de estas últimas declaraciones, Jaraquemada afirmó: “Esperamos que el gobierno tome la decisión correcta y entregue una sola cifra de fallecidos como lo ha dicho el CPLT y la sociedad civil”.
“Los avances en materia de transparencia en cuanto a la información sobre el impacto del Covid-19 han sido progresivos y positivos. Por ello, como lo hicimos hace unas semanas, creemos que el camino es generar una cifra única y fundamentos claros que determinan la metodología de cálculo”, dijo el máximo representante del CPLT.
Jaraquemada recordó que el Consejo ha hecho hincapié en la necesidad de esta medida el mismo día que se informó de la salida del predecesor del ministro de Salud. “Nuestra reacción fue apuntar a la necesidad de canalizar todo en una cifra y abandonar discursos que sólo conllevan más confusión”.
“ Ya es complejo para muchas personas manejar ciertas cuestiones relacionadas con la pandemia por Covid-19, en particular aquellas asociadas a estadísticas, cifras, conteos. Hemos visto mejorías y perfeccionamientos en la entrega de información, pero tener varias cifras distintas no ayuda a generar certezas, más bien genera obstáculos en la tarea de dar a conocer antecedentes relevantes sobre la emergencia, transparentar decisiones y no colaboran con la reconstrucción de confianzas”, dijo el abogado.
“Hemos dicho que la confianza, aún más en un contexto adverso en lo económico, social y sanitario como el que enfrentamos a raíz de la pandemia, es la piedra angular de la gestión de la crisis” , afirmó el titular de Transparencia. “Sólo si la gente comprende las medidas y las bases que sustentan las decisiones de las autoridades, colaborará en su cumplimiento” , agregó.
Asimismo, el presidente del CPLT recordó que la señal dada por el ministro Paris y lo que ha solicitado Espacio Público dota de legitimidad el control sanitario, pero además puede dar más tranquilidad a los ciudadanos, “de manera de que puedan conocer, adherir y colaborar, de mejor manera, con las decisiones que se toman”.
En el marco de la pandemia por Coronavirus que enfrenta el país, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dispuso de una plataforma web en el que la ciudadanía podrá acceder a información sobre las principales acciones que ha impulsado la entidad en estos últimos meses en materia de acceso a la información y datos personales en el marco de la crisis por Covid-19, derechos que no se ven suspendidos durante la emergencia sanitaria. (https://www.
El sitio reúne una serie de documentos públicos, oficios y recomendaciones que el CPLT ha enviado a distintas autoridades, tanto para informar sobre los principales lineamientos del Consejo en materia de transparencia y resguardo de información personal por parte de las instituciones del Estado como para plantear mejoras en materias relacionadas con dichos ámbitos. Asimismo, la página centraliza material de campañas de difusión impulsadas por el organismo y redirecciona a un minisitio recientemente lanzado sobre gasto público vinculado a la pandemia.
“Este sitio sobre Transparencia y Protección de Datos Personales permite mostrar que, acorde a nuestra misión institucional, el Consejo quiere dar impulso a herramientas que permitan a la ciudadanía activa contar con información relevante desde una perspectiva social, que puede ayudar a hacer valer el principio de transparencia y el derecho a resguardar los datos personales de la ciudadanía”, comentó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.
A juicio del representante del Consejo: “La idea es entregar información para escrutar las acciones de los organismos públicos, pero también para que se conozcan antecedentes y datos que pueden colaborar con un mejoramiento efectivo de procesos en materia de transparencia, acceso a la información y resguardo de datos personales que no podemos perder de vista, aunque estemos en crisis”.
