La iniciativa pasa a la sala de la Cámara Alta para su votación en general. (más…)

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• Según el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada, no sería proporcional pedir tanta información para medir velocidad de Internet.
• Además, el titular de transparencia sostuvo que la norma europea no permite a las autoridades recabar ese tipo de datos, “porque resulta excesivo para sus funciones”.

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Frente a informaciones de prensa sobre asuntos relativos a ex autoridades y funcionarios del Consejo para la Transparencia (CPLT), se declara lo siguiente:

• En junio de 2019, se formó un Comité Revisor de Procesos Internos para corregir y actualizar sus mecanismos de funcionamiento. En el lapso de este trabajo se pudo detectar, entre otras cuestiones, el atraso en la publicación de actas del Consejo Directivo, situación que finalmente fue enmendada.
• En enero de 2020 se notificó a la institución una denuncia formulada ante la Contraloría General que gatilló una inmediata respuesta: la instrucción de una investigación sumaria que se desarrolló de acuerdo a estrictas normas administrativas y concluyó que existieron faltas que fueron sancionadas. Los hallazgos de esa investigación derivaron en la instrucción, en julio pasado, de otras dos investigaciones sumarias que se encuentran en curso.
• Asimismo, se han proporcionado todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría General investigue las denuncias formuladas ante ella y pueda dar respuesta a las inquietudes ciudadanas. Del mismo modo se ha actuado con los requerimientos de la justicia.
• Complementariamente, en marzo de 2020, se creó un Comité de Fortalecimiento Institucional para analizar y corregir nuevas brechas detectadas. El CPLT se hizo cargo de este problema de cara a la ciudadanía, construyendo junto a sus trabajadores un plan de medidas concretas que corrige esas situaciones, robustece su institucionalidad y está a la altura de lo que requiere la ciudadanía en los ámbitos de probidad y transparencia.
• Es voluntad del Consejo para la Transparencia actuar frente a las dudas que pudieran surgir sobre el actuar de sus integrantes, utilizando los mecanismos que le otorga la institucionalidad para investigar y sancionar, si así correspondiera.
• Finalmente, el CPLT en su propuesta de Acuerdo sobre Integridad Pública y Anticorrupción, presentada hace exactamente un año al gobierno, enfatizó que la denominada “puerta giratoria” entre el sector público y privado estaba muy insuficientemente regulada y que permitía situaciones como la que precisamente denuncia el reportaje con relación a un ex consejero.

Con el objetivo de implementar una serie de herramientas y mecanismos para asegurar transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los proyectos de ley que se impulsan para implementar el paquete de beneficios y ayudas que van en directo apoyo de personas y familias que enfrentan el impacto económico y social derivado de la pandemia por Covid-19, el Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió un oficio con recomendaciones a representantes del Congreso Nacional.

Estos lineamientos, acorde a lo explicado por el titular de Transparencia, Jorge Jaraquemada, buscan “facilitar el acceso y entrega de información sobre una serie de iniciativas que debe tramitar el Parlamento previo a la ejecución de las acciones del plan propuesto por el Ejecutivo, para que se contemplen en esta etapa ciertas obligaciones en materia de transparencia y publicidad”.

El representante de la entidad se refiere así a la fase previa a la implementación del Acuerdo Nacional por la Protección Social y Recuperación de Empleos, anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera en junio pasado. La iniciativa, que contempla una serie de beneficios que van en apoyo de personas y familias que deben enfrentar el impacto económico y social de la pandemia por Covid-19 –entre ellos la ampliación y fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia y asignación de fondos adicionales para municipios y otras organizaciones-, requiere de la aprobación de una serie de iniciativas legales por parte del Parlamento previo a su ejecución.

Jaraquemada detalló que la propuesta “incluye asesoría en materia técnica y normativa del Consejo en esta etapa, pensando en que la difusión y acceso a información sean efectivos, así también en lo relativo a la rendición de cuentas de los recursos destinados a las acciones propuestas en el marco del plan, que involucran US$12.000 millones de fondos públicos, que deben gastarse eficientemente”. “Cualquier ciudadano debiese poder tener información clara, fácilmente accesible y oportuna sobre medidas que van en directa ayuda de las personas que la están pasando mal”, agregó el presidente del CPLT.

“Es fundamental ser efectivos y reducir errores no forzados cuando se comuniquen detalles de estos beneficios. Hay que ser claros en quiénes podrán recibirlos y cuáles son los requisitos impuestos, porque en la implementación de planes en beneficio de la ciudadanía, la confianza también se pone en juego. Si no hay claridad sobre quién recibe el beneficio o por qué lo recibió alguien que a juicio de una persona no debió ser beneficiario de una determinada política, plan o programa, está en jaque la credibilidad de las instituciones”, espetó Jaraquemada.

Otra de las materias que aborda el oficio del CPLT (Nº 853) apunta a facilitar la reutilización de la información pública, sugiriendo disponibilizarla en formato de datos abierto y reutilizable.

El documento se suma a una serie de comunicaciones que el CPLT ha remitido a diversas entidades del sector público en el contexto de la emergencia sanitaria “con el foco en la necesidad de elevar los niveles de transparencia, mediante acciones proactivas, para promover y perfeccionar los estándares que los distintos organismos están aplicando en el marco de una crisis sanitaria en la que las obligaciones en estas materias no se han suspendido, siguen vigentes, más que nunca en un contexto económica y socialmente complejo”.

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Tras advertencia del Servicio Electoral (Servel) al Gobierno y a los presidentes de  ambas cámaras del Parlamento, respecto de “vacío legal” que posibilita aportes de empresas y desde el extranjero para financiar campañas ad portas de la que se inicia en agosto con miras al plebiscito constitucional del 25 de octubre, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, apuntó a que los cuestionamientos que genera esta falta de regulación “pueden impactar duramente en la confianza, que ya está mermada, y hay que reaccionar a la brevedad posible”. (más…)

La Corte de Apelaciones Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Ejército la entrega de la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del ex capitán de dicha rama de las Fuerzas Armadas, Rafael Harvey (C3101-19). Este último había realizado la solicitud de acceso al organismo, el que denegó la totalidad de los antecedentes requeridos aludiendo a una serie de causales de secreto y argumentando que la documentación debe mantenerse bajo reserva dado que se trata de un “instrumento de inteligencia propio de la función militar”.

Tras la decisión del CPLT, y con el fin de dejarla sin efecto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del Ejército, presentó ante tribunales un reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado ratificando la calidad de pública de la información requerida por Harvey, quien en específico pidió se le hiciera entrega de: “Copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios, órdenes, resoluciones o cualquier elemento de carácter escrito, como también lo que conste en soporte electromagnético o digital que esté dentro o contenido en la Carpeta Personal de Seguridad”.  

En lo relativo a datos personales, el documento requerido, acorde a lo expuesto por Harvey, se asociaría a evaluaciones, apreciaciones, información e historia profesional militar del propio solicitante y no de otros funcionarios del Ejército, por lo que no se afectaría la privacidad de terceros. Además, al momento de dar cumplimiento a la decisión del CPLT, el Ejército deberá tarjar todos aquellos elementos que pudieran entregar información de inteligencia en caso de que la documentación contenga registros de fuentes, técnicas o formas de recolección de información o métodos vinculados a este tipo de labores.

El fallo de la Corte de Apelaciones aludió, entre otras regulaciones, a lo establecido en la Constitución–art. 8 incisos 1 y 2-, en lo relativo al cumplimiento del principio de probidad funcionaria y de publicidad del actuar de los órganos del Estado, que establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” y que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. Asimismo, la sentencia judicial ratificó que la información que ordenó entregar el CPLT “no afecta la seguridad de la Nación o el interés nacional, tampoco que ella deba ser considerada secreta”, desestimando que se trate de antecedentes sustantivos relacionados con actividades de inteligencia”, ratificando así el criterio del Consejo para la Transparencia.

El capitán en retiro realizó en 2015 una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna y tras ello ha realizado una serie de acusaciones vinculadas a eventual malversación de fondos en la rama castrense, además de apuntar a la existencia de una red de protección de corrupción en la entidad.

CPLT hace presente falta de colaboración

Tanto en la decisión del Consejo para la Transparencia como en el fallo del máximo tribunal, se constata que el CPLT hizo presente la “falta de colaboración del Ejército”, al no remitir durante el procedimiento de amparo la carpeta personal, imposibilitando que el organismo analizara la información en concreto y ponderara las alegaciones efectuadas.

El Consejo para la Transparencia, a través de su titular, “señaló que “es una situación que debiera legislarse puesto que hoy día la “puerta giratoria” o los “periodos de enfriamiento” para la circulación entre el ámbito público y privado y desde el privado al público, no están bien reguladas y son demasiado acotadas”. (más…)