Ante pandemia por el virus Covid-19 en Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) reitera el llamado a poner atención a la circulación y difusión de información de relevancia para la ciudadanía en el contexto del coronavirus, con el fin de evitar las noticias falsas.

En este sentido, te recordamos nuestras recomendaciones al respecto:

• Concentrar en un canal único toda la información de las instituciones del Estado y la de cuidar las prácticas de los usuarios de redes sociales y otras plataformas en línea para evitar compartir este tipo de contenidos, fake news o rumores que desinforman a la población.
• Entrega de información de los organismos del Estado de manera fidedigna y veraz que facilite a las personas para obtener antecedentes y datos relativos al acceso a bienes y servicios públicos en este contexto excepcional de manera fácil y expedita.
• Disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y actualizada permanentemente, para evitar la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas.
• El foco institucional debe hacerse cargo de, entre muchas expectativas informativas, comunicar oportunamente sobre temáticas de interés ciudadano como el abastecimiento de toda índole, transporte, así como también del funcionamiento de establecimientos educacionales y flexibilización horaria del empleo.
• Sobre la ciudadanía, con el objeto de reducir la amplificación de noticias cuyas fuentes no oficiales o desactualizadas, se sugiere no compartir contenidos cuyos orígenes no son comprobables.

 

A nuestra comunidad les informamos que estas son las medidas que hemos tomado para el resguardo de nuestros funcionarios y funcionarias asumiendo una responsabilidad institucional con la disminución de los contagios y por esa vía evitar la saturación de los sistemas de salud del país.

1.- A partir del lunes 16 de marzo se dispondrá teletrabajo de emergencia para las funcionarias y funcionarios del Consejo, salvo aquellos que tengan a su cargo servicios mínimos, como Oficina de Partes y Atención de Usuarios.

2.- Las funcionarias y funcionarios que forman parte de grupos de riesgo, como personas mayores de 65 años y/o aquellas que tengan enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y las personas embarazadas, o quienes tengan contacto directo y permanente por su situación familiar con personas en estas condiciones deberán teletrabajar y, no podrán ser consideradas para otorgar servicios mínimos.

3.- Las funcionarias y funcionarios que en los últimos 15 días hayan estado en el extranjero, deberán permanecer en cuarentena realizando sus labores bajo la modalidad de teletrabajo y avisar a la Unidad de Gestión de Personas.

4.- El horario de ingreso y salida será de 10:00 a 16:00 hrs. para quienes deban asistir a las dependencias del Consejo, para evitar coincidir con las horas de mayor congestión.

5.- Se suspenden todos los viajes en cometido funcionario fuera de Santiago, de esta forma, las funcionarias y funcionarios que tengan pasajes adquiridos y agendas de trabajo coordinadas están autorizados para no hacer uso de los pasajes y suspender las referidas actividades.

Estas medidas se extenderán por los próximos 15 días, es decir, hasta el 29 de marzo. De todas formas, estaremos monitoreando la situación para ajustarnos según sea el caso.

• Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) acordó aplicar una serie de reformas al interior de la institución con la finalidad de adecuar procesos de la entidad a nuevas exigencias de probidad y transparencia que demanda la sociedad.

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Tras la firma de los cuatro proyectos de ley que conforman la Agenda Antiabusos y Privilegios que fue anunciada en el mes de diciembre pasado por el Ejecutivo, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, sostuvo que se trataba de una agenda que iba en el sentido correcto pero que a su juicio llegaba tarde y seguía siendo incompleta.

 

“Cuando esta agenda se anunció originalmente en diciembre pasado, señalamos que iba en el sentido correcto, que es un avance indudable y necesario, pero sin embargo creo que está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta”, señaló Jaraquemada.

 

Según el titular de transparencia la iniciativa no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento”.

 

Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas”.

 

“Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó.

 

Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que según su parecer no había un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”.

 

“En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”, finalizó.

El proyecto que perfecciona la Ley de Transparencia, a más de 11 años de su promulgación, también conocido como “Transparencia 2.0” fue despachado este martes 3 de marzo por la sala de la Cámara de Diputados, cerrando de esta manera su primer trámite constitucional.

Este martes 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en sala, en dos votaciones separadas, la mayoría de los artículos del proyecto que modifica la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, iniciativa conocida como “Transparencia 2.0”. De esta forma, y tras el análisis de las comisiones de Constitución y Hacienda de dicha Cámara, la iniciativa fue despachada al Senado para continuar su segundo trámite.

Dicho avance fue calificado por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, como una señal positiva, dado que “la aprobación de la mayor parte de la iniciativa es un paso importante, porque perfecciona el sistema de transparencia de nuestro país”.

 “Como Consejo siempre hemos planteado la necesidad de que exista un sistema unificado de acceso a la información, ya que permite a los usuarios simplificar la tramitación de estos recursos ante una sola entidad administrativa”, comentó el titular de Transparencia. “Pero seguimos con temas pendientes relacionados con las obligaciones de transparencia de entidades que enfrentan importantes desafíos ante la crisis de confianza institucional”, agregó.

Los diputados aprobaron la mayor parte de los artículos -por 152 y 151 votos- el proyecto en general, que entre otras materias establece la incorporación de órganos autónomos constitucionales a las obligaciones de transparencia como es el caso de Cámara de Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral (SERVEL), entre otros.

En lo relativo a la posibilidad de interponer recursos de reclamación ante las Cortes de Apelaciones en contra de las decisiones por acceso a la información pública de estas entidades y a la unificación de jurisprudencia por parte del Corte Suprema, los artículos fueron rechazados por no alcanzar el quórum requerido y deberán continuar en debate en la Cámara Alta.

Respecto de la iniciativa aprobada destaca la obligación de las entidades públicas de adscribir al Portal de Transparencia del Estado, para así facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia activa. Por otro lado, se establece que las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por una cantidad igual o superior a 1.500 UTM, los cuales representen al menos un tercio del patrimonio del año anterior, deberán mantener a disposición del público antecedentes  tales como sus estatutos, miembros de su directorio, cuadros de ingreso y gastos, entre otros.

Transparentar acciones del Congreso Nacional y obligaciones para sanitarias y eléctricas

En el caso del Parlamento, la iniciativa establece una serie de obligaciones de transparencia activa como: la difusión de información sobre asistencia y permanencia en la Sala y participación en las comisiones de las y los parlamentarios, además de difundir sus votaciones, elecciones, dietas y asignaciones.

Además dispone obligaciones de transparencia activa para las entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios y, la de Servicios Eléctricos y determinadas concesiones de obras públicas. Finalmente, crea una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo procurar el funcionamiento y buen fortalecimiento del sistema de transparencia. Dicha comisión será presidida por un representante del Consejo para la Transparencia.

Tras la publicación de informaciones de prensa en los últimos días, el Consejo para la Transparencia (CPLT) señala lo siguiente:

1. Ante una presentación efectuada en la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Directivo encargó, en el marco del procedimiento regular, a la Fiscalía del CPLT levantar y consolidar antecedentes sobre el particular, los que fueron presentados al órgano fiscalizador el pasado viernes 14 de febrero.

2. En paralelo, en las sesiones N°1067 como en la N°1073, solicitó instruir una investigación sumaria que busca determinar lo ocurrido con algunas actas de sus sesiones, reafirmando así su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de dicha situación.

3. Cabe consignar que el Consejo Directivo siempre ha tenido y tendrá las puertas abiertas para una conversación franca y un diálogo fructífero con su Asociación de Funcionarios, con el fin de llegar a acuerdos que posibiliten el resguardo de nuestro capital institucional.

4. Asimismo, el Consejo Directivo ha estimado necesaria la revisión de una serie de cuestiones y procedimientos internos, con la finalidad de responder al desempeño de un rol más proactivo, que sintonice con demandas de los funcionarios, así como con el escenario político-social actual.

5. En este contexto, uno de los componentes centrales de la institución son las personas que la conformamos. Por ello, y con miras a este 2020, reforzaremos el trabajo de comunicación interna y del bienestar de todos para cumplir con nuestra Misión y construir conjuntamente un mejor CPLT. Hacemos un llamado a todos los funcionarios a colaborar con buena voluntad en esta iniciativa.

• La Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT), evidenció que de las personas que sí han ejercido el derecho a acceder a información de entidades del Estado, la mayoría son mujeres y han requerido información a Municipios, lo que se asocia a la necesidad de acceder a información útil sobre beneficios u otros derechos -en materia de vivienda, salud, otros- de relevancia para la gente.
• Para el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, estamos ante un uso de la Ley de Transparencia que debe reforzarse: “nos preocupa fomentar las herramientas de transparencia para un mejor y mayor ejercicio del control social que no están aprovechando con todo su potencial”.Una percepción generalizada del acceso a la información como necesaria y como un derecho para cualquier ciudadano, pero al mismo tiempo un ejercicio que resulta poco efectivo para las personas que realizan solicitudes dirigidas a entidades públicas, evidenció la última versión del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT).Estas conclusiones se ven reflejadas en que 9 de cada 10 personas declaran que poder pedir antecedentes de entidades públicas es “necesario”, misma cifra que está a favor de que toda persona tiene derecho a acceder a información que se requiera a estas instituciones. Como contrapartida, la cifra se reduce a 3 de cada 10 encuestados que han requerido antecedentes a algún organismo del Estado, es decir que un 73% de las personas no ha solicitado información pública.

  “Como institución pública y órgano autónomo encargado de velar por el acceso a la información pública, entre nuestros deberes está asegurar que las personas puedan acceder a antecedentes que poseen las instituciones públicas y que pueden ser útiles para defenderse frente a vulneraciones de otros derechos generales. Pero hemos visto que hay un porcentaje muy alto de población que no ha pedido nunca información a un organismo público, por lo que nos preocupa fomentar las herramientas de transparencia para un mejor y mayor ejercicio del control social que no están aprovechando con todo su potencial”, dijo el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

  El estudio también destacó que 5 de cada 10 personas consultadas reconoce eventuales resultados prácticos que podrían derivar del acceso a información que manejan instituciones públicas, como por ejemplo mejorar la gestión pública o fomentar la participación ciudadana. En palabras del presidente del CPLT, el abogado Jorge Jaraquemada, “esta conciencia de su derecho a saber contrasta con la utilidad que se percibe de esta herramienta”. Por ello, desde el Consejo el llamado es a reconocer en este tipo de acciones con lo que se conoce como “derecho llave”, es decir, el acceso a otros servicios o derechos que impactan directamente en la vida de las personas.

  “Si usted se siente vulnerado, hay herramientas de la ley que permiten acceder a información de utilidad para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, en el ámbito de acceso a la vivienda, salud y educación, que son temas de gran interés para las personas”, explicó el titular del CPLT.

  A juicio de Jaraquemada, aunque se evidencia que la población reconoce cada vez más su derecho a exigir una rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer, en particular en el contexto actual: “Nuestro estudio muestra bajos niveles de confianza hacia el sector público y privado, que se mantienen estables desde hace varios años. Esta crisis de confianza institucional que vemos es un fenómeno que cruza a la sociedad chilena y como hemos dicho: es parte del problema que derivó en el descontento que estuvo a la base de la actual crisis social”, finalizó el representante de Consejo.

  Las mujeres usan más la Ley de Transparencia

  Respecto de aquellas personas que declararon haber usado las herramientas de la Ley de Transparencia, un 43% lo ha hecho en Municipios, siendo el perfil del solicitante de información principalmente mujeres que utilizan el derecho de acceso a la información como una forma de ejercer otros derechos, es decir, con la finalidad de acceder a servicios o beneficios que brinda el sistema público, siendo una forma de informarse de ellos, conocer su exigibilidad y aplicación en sus vidas.

  El mismo perfil se identificó en el caso de Transparencia Activa -asociado a la búsqueda de antecedentes que se encuentran disponibles por ley en los sitios web de las instituciones- y que a diferencia de mediciones anteriores cambia de género, correspondiendo principalmente a mujeres. En ambos casos la mayoría de ellas no tiene posicionamiento político y declara no conocer la Ley de Transparencia, lo que desde la perspectiva del Consejo deja a los solicitantes en una situación de vulnerabilidad frente al Estado.

  El principal canal para requerir información sigue siendo el presencial (70%) y quienes indican haber hecho una solicitud presencial, en su mayoría, habían indicado previamente no saber cuáles son los canales a través de los cuales se puede ingresar una SAI (75%), lo que indica que se trata de usuarios desinformados.

  Laboratorio de Integridad

  Sobre la demanda a los municipios, Jaraquemada subrayó que “son de los actores públicos más cercanos a la ciudadanía y que manejan información de interés para los ciudadanos, por ello estamos trabajando para apoyar su quehacer en materia de transparencia”.

  Por ello, comentó que una de las acciones que impulsa actualmente el Consejo es el denominado Laboratorio de Integridad, instancia colaborativa que busca trabajar en un proyecto piloto con municipios del país en la implementación de buenas prácticas y mejoras en materia de gestión y control al interior de estas entidades. Un trabajo que se realizará con el apoyo de la Contraloría, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y las principales asociaciones de municipalidades del país.

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• Al ser consultado sobre los viáticos para viajes al extranjero en el Parlamento, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, precisó que las cifras son reguladas por decreto pero que existe la necesidad de “entregar la fiscalización o supervigilancia de este tipo de cuestiones a un órgano autónomo”.

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• Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) mostró datos que explicarían parte del descontento ciudadano que derivó en el estallido social a partir de una negativa relación con el Estado y de una percepción de ser víctima de maltrato y discriminación por parte de éste.
• El presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada detalló que “el Consejo para la Transparencia sí lo vio venir, en mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional”. 

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• Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidente Jorge Jaraquemada, hizo un llamado a perfeccionar la normativa disponiendo la reserva de parte de la información personal a la que se posibilitó el acceso con la difusión del documento.
• El titular de transparencia consideró que si bien es necesaria la publicidad para el control social, no sería proporcional dar a conocer información personal con esa finalidad.

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