Marcelo Drago cuestionó la inconsistencia registrada en los datos, que sufrieron una modificación a sólo horas del cambio de mando.
-A juicio de Marcelo Drago, la dimisión de quien lideró la policía uniformada durante más de dos años y medio, es una señal positiva.
-El titular del Consejo para la Transparencia subrayó además, que el General Director que se nombre de manera definitiva debe hacerse cargo del indispensable cambio de rumbo y resituar donde corresponde a Carabineros.
En el marco de los diez años de la Ley de Transparencia, nuestra institución está desarrollando un proceso participativo a nivel nacional que considera la implementación de un novedoso portal.
Estudio realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) confirma la desafección de los ciudadanos hacia los organismos públicos y la permanencia de la llamada “crisis de confianza” que afecta el país, pues un 86% considera “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”.
Marcelo Drago calificó positivamente los mandatos de administración informados por Piñera, haciendo hincapié en que quienes asuman un cargo público, deben cumplir con esta y otras normas de probidad.
A través de cuatro mandatos especiales y dos ciegos, el presidente electo de la República, Sebastián Piñera, anunció el mecanismo bajo el que se administrará su patrimonio, que según lo informado, alcanza los U$1.170 millones.
El anuncio de Piñera se concretó antes del cambio de mando, cuestión que fue valorada por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.
“Se está cumpliendo con la ley y la ley obliga a elaborar estos mandatos de administración o fideicomiso ciego a un conjunto de autoridades del Estado que tienen un patrimonio de más de 25 mil UF en activos financieros. Eso, y el hecho de que se haya hecho antes de asumir, es una buena señal, para que este tema se zanje desde el primer minuto”, señaló Drago en Tele13 Radio, haciendo hincapié en que “esa es la línea que todas las autoridades deberían abordar” en materia de probidad, declaraciones de patrimonio y transparencia.
El titular del CPLT recalcó que durante las últimas semanas, la institución que dirige ha remitido una cartilla con obligaciones, en materia de transparencia y probidad, a todos quienes asumirán un cargo público a partir del 11 de marzo.
“La idea era que conocieran esas obligaciones antes, pudieran adelantarse y preparar la información. Esto no es fácil pues las declaraciones de intereses y patrimonio son formularios muy complejos y detallados, que deben incluir información histórica y personal. Por eso es importante que las autoridades se adelantaren y cumplan sus obligaciones en torno a la enajenación de activos, la ley del lobby, el acceso a la información y la administración documental”, afirmó Drago.
Marcelo Drago recalcó que además de la entrega de información periódica, la policía uniformada necesita implementar auditorías externas e independientes sobre sus recursos.
Además de auditorías externas, el organismo propone la creación de un canal de denuncias y una reestructuración de los códigos de doctrina y ética en la institución. A juicio del presidente del CPLT, Marcelo Drago, la policía uniformada “debe enfrentar su crisis de cara al país”.
Codelco Transparente y Energía Abierta fueron las dos iniciativas premiadas hoy por el Consejo para la Transparencia por promover la transparencia más allá de las obligaciones que contempla la ley.
En el marco de un programa de acompañamiento y colaboración, el CPLT trabajará con autoridades y funcionarios públicos trasandinos para perfeccionar materias ligadas a la transparencia activa y la tramitación de solicitudes de información.
Primer encuentro de 2018 busca fortalecer los lazos de la institución con esta instancia, que promueve la participación de todos los ciudadanos. (más…)
Tras reunirse con el Comandante en Jefe del Ejército, Marcelo Drago, destacó el caso la institución castrense, que hoy le hizo entrega del libro “Lecciones aprendidas de un fraude”. El documento detalla las medidas institucionales tras del desfalco de los fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre.
Marcelo Drago recalcó que respaldo de archivos es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se desempeñan en el aparato público. Asimismo, enfatizó que Chile aún presenta atrasos en materia de gestión documental.
En diciembre del año pasado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) le remitió a 349 organismos del Estado un oficio acerca de cómo se debe gestionar, respaldar y conservar la información relacionada a su gestión.
Entre esas recomendaciones había una que el presidente del CPLT, Marcelo Drago, ha vuelto a recalcar: las autoridades y funcionarios deben conservar sus correos electrónicos, para así dejar constancia de la transmisión, recepción y contenido de los mails utilizados en el desempeño de sus funciones.
Ahora, a pocas semanas del cambio de mando, Drago reiteró este llamado, haciendo hincapié en que un adecuado respaldo de estos archivos facilita eventuales solicitudes ciudadanas de acceso a la información. De hecho, el titular del CPLT destacó que nuestro país aún debe avanzar en el resguardo de documentación pública, perfeccionando mecanismos, reglas y procesos de preservación.
“Chile en materia de gestión documental está muy atrasado. El resguardo de los archivos no sólo tiene un valor histórico, sino que además, es la base del acceso a la información y el control social (…) tenemos reglas atrasadas y necesitamos una política de gestión documental que establezca parámetros uniformes no sólo para la eliminación de documentos, sino que también, para su archivo”, afirmó Drago.
La gestión documental es una de las obligaciones que deberán cumplir las nuevas autoridades del Estado a partir del 11 de marzo. Hace pocos días, el CPLT remitió a los ministros y subsecretarios recién designados por el presidente electo, Sebastián Piñera, una cartilla con estos deberes.
Entre ellos se encontraba, precisamente, el que tenía que ver con el de Gestión Documental. En el documento se establece que es obligación de los funcionarios y autoridades “conservar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico, toda la documentación que pueda ser objeto de una solicitud de acceso a la información (…) tales como actas, expedientes, contratos, acuerdos, así como toda información que sea elaborada con presupuesto público y, en general, todo antecedente que obre en poder de algún órgano o servicio de la Administración del Estado”.
