• Para el Consejo para la Transparencia (CPLT) una dimensión fundamental para comprender el estallido social en Chile pasa por la percepción de injusticia tras casos de alta connotación social que involucran abusos y privilegios para ciertos grupos. Ello, entre otras variables, más un alza de la desconfianza en instituciones clave para la democracia, llevó a la institución a impulsar iniciativas de participación que permitan proponer acciones para perfeccionar políticas públicas en anticorrupción y transparencia.
• El primero de los encuentros se desarrolló en La Chimba y contó con la participación de representantes y vecinos del sector, entre ellos, el padre Felipe Berríos, además del consejero Marcelo Drago.

Con la finalidad de levantar opiniones y crear propuestas conjuntas orientadas a mejorar políticas públicas en transparencia y prevención de la corrupción, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio el puntapié inicial a un ciclo de diálogos ciudadanos que desarrollará en regiones de todo el país en el sector de La Chimba, Región de Antofagasta.

En un espacio transversal y activo de participación, integrantes de la comunidad y vecinos, incluyendo al sacerdote jesuita Felipe Berríos, reflexionaron sobre la realidad y el momento que vive en la actualidad el país. El encuentro fue valorado por el consejero del CPLT, Marcelo Drago, quien participó del encuentro y comentó: “fue una actividad iluminadora de los problemas del país con un elemento multicultural muy fuerte”.

La iniciativa, que responde a un requerimiento del Consejo Directivo del CPLT que mandató a los profesionales de la entidad a poner en marcha una serie de encuentros en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil y universidades de varias regiones del país, fue calificado como “relevante” por Drago. El consejero destacó además que La Chimba es “quizás uno de los lugares más emblemáticos a nivel nacional en lo que dice relación con campamentos y situaciones de pobreza y migración”.

El Consejo planea replicar estas instancias de conversación y reflexión en distintas regiones del país en los meses de verano. Sobre el particular, el consejero del CPLT afirmó que: “Para el Consejo para la Transparencia fue una actividad muy relevante y esperamos que el resto de los diálogos que se desarrollen en el país sean tan potentes como fue éste”.

El próximo encuentro se desarrollará en la capital el sábado 4 de enero de 2020, en el Espacio B del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Alameda 227, a partir de las 10.30 horas. El desarrollo de diálogos seguirá en las regiones de Valparaíso y Biobío, a las que se sumarían Arica y Parinacota, entre otras. Las fechas y lugares serán confirmadas por la entidad en las próximas semanas.

• Fallo del máximo tribunal obliga al Estado Mayor Conjunto (EMCO) a entregar la mayoría de las actas solicitadas en tres requerimientos presentados ante el Consejo para la Transparencia en 2018, las que comprendían el período en que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres.
• El Organismo había denegado el acceso a la totalidad de los documentos, pero la decisión del CPLT acogió parcialmente la solicitud y estableció la reserva de párrafos que pueden comprometer el interés nacional y la seguridad de la Nación.

Tras una serie de intentos en tribunales por parte del Estado Mayor Conjunto (EMCO) representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para mantener la calidad de reservadas de las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) aludiendo a la afectación de bienes jurídicos consignados en la Constitución, la Corte Suprema estableció el carácter de público de parte importante del contenido de las actas, requeridas vía Ley de Transparencia. Las fechas de los antecedentes coinciden con el período en que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres.

El fallo del máximo tribunal (de 13 de diciembre pasado) rechazó el recurso de queja presentado por el CDE, ratificando la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que estableció la publicidad de parte de los mencionados documentos.

El CPLT acogió parcialmente tres amparos interpuestos por una persona natural el año pasado (roles C3259-18, C4046-18, y C5190-18). Derivado de ello, el EMCO deberá hacer entrega al solicitante las copias íntegras de 15 actas del COSENA (actas N°4, 5, 6, 7,9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24). En cuanto a las actas N°17, N°18 y N°19 se estableció la reserva sólo de aquellos pasajes que comprometen el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales, y la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional.

En el caso del acta N°8, la Corte Suprema decidió actuar de oficio y ordenó su entrega, exclusivamente en lo relativo al Informe de Verdad, Reconciliación y Justicia, denegando la información contenida en dicho documento que afecte el interés nacional, en especial en lo concerniente con las relaciones internacionales y la seguridad de la Nación, referida al movimiento de tropas.

El Consejo había realizado una revisión detallada de la documentación y antecedentes solicitados en 2018, tarea que implicó que el presidente del organismo de la época revisara la documentación en oficinas militares, puesto que se había limitado el acceso físico a los documentos.

En sus alegaciones ante el Consejo, el Estado Mayor Conjunto argumentó que en las actas se consideraban, entre otros temas: el tratamiento de temáticas vinculadas con relaciones internacionales, la protección de la integridad territorial del Estado y sus nacionales, razón por la que la publicidad de estos antecedentes produciría una afectación cierta, concreta y específica de la seguridad de la Nación y del interés nacional.

El amparo presentado ante el Consejo, tras la negativa de acceso a las actas, no es el primero que revisa el organismo autónomo. En decisiones anteriores, el CPLT había establecido que la mayoría de estos documentos tenían carácter de públicas. Al mismo tiempo, la entidad había especificado que existía un subconjunto de ellas en las que podía alegarse causales de reserva asociados a la seguridad de la Nación e interés nacional, vinculados con las relaciones exteriores.

En su fallo, la Corte Suprema reconoció además que el CPLT es el órgano competente para conocer de la denegación de acceso a las actas del COSENA. Respecto de ello declaró que, no obstante, es un órgano consultivo, forma parte de la Administración del Estado, puesto que asesora al Poder Ejecutivo en materias de seguridad nacional. Dicho carácter lo adquiere, funcional o materialmente, aunque no esté establecido desde el punto de vista orgánico, ratificando que la publicidad que se ha decretado de las actas en cuestión no parece de ninguna manera vulnerar la Seguridad de la Nación.

• Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que vela por el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en organismos públicos, manifestó su preocupación ante el uso de tecnologías con fines de seguridad y vigilancia que implica un tratamiento masivo de datos personales sin contar con un marco regulatorio ad hoc.
• Sistemas que levantan datos biométricos con fines de investigación hacen pagar a justos por pecadores al recoger y tratar datos de personas que transitan por espacios públicos y no se vincularán con acciones delictuales o de violencia.

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• El máximo tribunal acogió recurso de queja del Consejo para la Transparencia (CPLT), por lo que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura deberá entregar antecedentes sobre  uso de pesticidas y presencia de dos enfermedades infecciosas por centro de producción de salmónidos de dos empresas con cultivos en varias regiones del sur, que se habían opuesto a publicitarlos de forma desagregada.
• El fallo deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (Rol 122-2017) que permitía a los privados mantener bajo reserva información de sus centros. 

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La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el carácter de público de las hojas de vida de Miguel Krassnoff Bassa, ex oficial y agente de la DINA; de Juan Edmundo Cornejo y del coronel Sergio Vásquez, estos dos últimos sometidos a proceso en 2018 por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso denominado “Milicogate”, investigación a cargo de la jueza Romy Rutherford. Este fallo ratifica la decisión del CPLT tras los amparos presentados ante la institución (roles C5640-18, C5933-18 y C5641-18), obligando al Ejército a entregar estos registros.

De esta forma, el tribunal confirma lo dicho por el Consejo respecto de la “naturaleza eminentemente funcionaria” del contenido de la hoja de vida de un servidor público que trabaja o trabajó en un órgano de la Administración del Estado, vislumbrándose que su publicidad no vulneraría la privacidad de la persona. Lo anterior puesto que no se relaciona con aspectos íntimos de la vida privada de las personas respecto de quienes se realizaron las solicitudes, sino que con cuestiones propias de su carrera como miembros del Ejército mientras se desempeñaron en la institución.

La Corte reconoce que si bien conforme al concepto legal de la hoja de vida contenido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas éstas pueden contener referencias a licencias médicas, sumarios o sanciones administrativas, sentencias civiles y criminales, en los tres casos presentados ante el CPLT en los períodos consultados se da cuenta sólo de antecedentes vinculados con el cumplimiento de la función pública desempeñada y no constan datos sensibles de los funcionarios.

Asimismo, el fallo estableció que Ejército no acreditó oportunamente ante el CPLT alguna de las causales legales de secreto o reserva previstas en la Ley de Transparencia (Art. 21 Nº 5),  en relación con lo dispuesto en los artículos 34 letra a) y b) de la Ley 20.424 y 436 Nº 1 del Código de Justicia Militar. Tampoco se estableció que el amparo afectara la seguridad de la Nación en los términos exigidos por la norma de la Ley N° 20.285.

Cabe destacar que el fallo de la Corte de Apelaciones de la capital, podría ser recurrido de queja por el Ejército ante la Corte Suprema, acción cuyo plazo para el organismo es el próximo martes 10 de diciembre.

• El Consejo para la Transparencia (CPLT) preparó documento con recomendaciones orientadas a prevenir prácticas de corrupción que han colaborado con la percepción de injusticia a nivel país. Lo mismo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público y Chile Transparente.
• La relevancia de la agenda corta analizada en este encuentro organizado por el CPLT y el CEIUC, señaló el titular de Transparencia, radica en la idea de que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”.

 

Propuestas para mejorar la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos en los sectores público y privado, analizaron esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, y la directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.

 

Esto en el marco de un conversatorio realizado en la Facultad de Derecho de la UC y moderado por el director del Centro de Estudios Internacionales (CEICUC) de esta casa de estudio, Jorge Sahd, instancia en la que se analizó la situación que vive el país y en este contexto una serie de medidas que estas instituciones plantean como parte de las acciones que pueden emprenderse para descomprimir la situación generada tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.

 

El máximo representante del CPLT y de las organizaciones de la sociedad civil presentes, coincidieron en que la situación de corrupción en Chile estaba mostrando algunos elementos que podían asociarse a un “semáforo en rojo” en términos de evidencia ante situaciones de corrupción. En particular, Jaraquemada enfatizó en la relevancia del debate dado que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”, la que además deslegitima el sistema político “lo que contribuye a situaciones como las que se viven hoy”.

 

El titular de transparencia, sostuvo además: “teníamos un diagnóstico de que Chile mostraba un alza en la desconfianza hace más de una década”. Según señaló, actores involucrados en actos de corrupción comenzaban no a ser sistemáticos, pero si más frecuentes, “lo que generaba un riesgo real” por sus costos políticos, económicos y sociales.

 

Respecto de la percepción de la ciudadanía explicó que: “Había en Chile una suerte de resignación frente a situaciones que la gente percibía como injustas, esa resignación se va transformando en frustración y esa frustración por muy diversos temas –salud, pensiones, entre otros- confluye en el elemento común que es la desigualdad”.

 

Antes del estallido social, recordó el titular del Consejo para la Transparencia, la entidad había propuesto un “Acuerdo nacional anti corrupción”, documento que reunía una serie de mejoras a regulaciones vinculadas a reducir espacios de secretismo y en la que se revisaban una serie de experiencias internacionales que apuntaban a prevenir abusos e irregularidades en ciertos ámbitos.

 

En el contexto actual se plantea implementar agenda corta para combatir la corrupción, irregularidades y faltas a la probidad. En el conversatorio el presidente del Consejo adelantó algunas de las medidas sugeridas como es la dedicación exclusiva en el caso de la labor parlamentaria y de consejeros de organismos de la administración pública. En el caso del Parlamento vinculado al deber de abstención.

 

María Jaraquemada directora de incidencia de Espacio Público, afirmó que consideran necesario que se evalúen medidas y temas que -desde la perspectiva del centro de estudios- se mantiene por ahora en el ámbito de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo, como aquellas que regulan relaciones de poder. Además, insistió en la necesidad de que una agenda anti abusos y anti corrupción debe incorporar como garantes a organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y otros actores.

 

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente entre otras materias vinculadas a la situación que vive el país hizo un mea culpa y planteó que como sociedad deben erradicarse prácticas asociadas a la idea de que “los pobres cometen delitos y los ricos cometen errores”.

 

Agenda del Ejecutivo

Una de las líneas de trabajo del Ejecutivo tras el estallido social ha sido la construcción de una agenda “anti abusos” o “anti privilegios”. Ésta incluiría una serie medidas y mejoras en la regulación orientadas a reducir o erradicar prácticas de colusión, cohecho entre otras, en los sectores público y privado. Desde la vocería de Gobierno se afirmó que la propuesta sería presentada en los próximos días.

• “El Consejo para la Transparencia es el órgano encargado de velar por la protección de datos personales que manejan y gestionan organismos del Estado, por lo que consideramos clave realizar un análisis que permita evidenciar falencias y corregirlas, de manera de reducir brechas de seguridad en extremo sensibles para la institución, en particular en un contexto como el actual”, comentó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

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• El Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió documento con recomendaciones a la policía uniformada para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en la Constitución y la Ley de Transparencia en el caso de registros públicos generados con recursos del Estado, que incluyen imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles.
• La relevancia de este tipo material, señalan desde el CPLT, es mayor en el contexto que se vive desde el 18 de octubre, no sólo para garantizar el derecho de acceso a información pública sino para los tribunales de justicia u órganos competentes en el ejercicio de sus funciones, en caso de ser requeridos en el marco de investigaciones por acciones vandálicas o por procedimientos no ajustados a protocolo.

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• El proceso se desarrolló los primeros días de noviembre en 27 comisarías de tres regiones del país, permitiendo establecer que en un 70% de los casos se dio cumplimiento al libre acceso, denegándose su conocimiento en un tercio de las unidades ante una primera solicitud.
• Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidente, Jorge Jaraquemada, aclaró que la entrega de información y el contenido de los registros es responsabilidad exclusiva de Carabineros, pero el Consejo como órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a información pública tiene la “obligación de velar por la publicidad de la información de órganos del Estado y creemos que las acciones de fiscalización y recomendaciones que hemos remitido a Carabineros han permitido el cumplimiento mayoritario de una disposición establecida en la Constitución y en reglamentos internos de la policía uniformada, que reconocen el carácter público de este registro”.

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• La herramienta permite el “escrutinio público” de autoridades como las audiencias que han sostenido, costos de viajes y destinos, y donativos recibidos, y ha posibilitado conocer más sobre aquellos que ejercen actividades de Lobby en el país, colaborando con la rendición de cuentas para prevenir la corrupción que a juicio del presidente del CPLT contribuyó al estallido social.

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• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, explicó la relevancia de suscribir este documento en el contexto actual dado que  “Lo que estamos viviendo y cómo avanzar va de la mano con el hecho de entender que la corrupción es parte del problema, pero también, si se fortalece y se elevan los niveles de transparencia, es parte de la solución”.
• Entidades que garantizan el acceso a la información de América Latina y Europa que integran la Red de Transparencia (RTA), instaron a gobiernos a consolidar políticas en la materia y reconocen que el control social es fundamental en un estado democrático.

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• Consejo para la Transparencia (CPLT) insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a crear un portal único, centralizado, oportuno y claro que precise el avance de las diferentes agendas para contener la crisis.
• Según el CPLT esto además permitirá combatir la difusión de noticias falsas y confusas, que complotan contra la búsqueda de soluciones a la crisis.

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