Entre el lunes 27 y miércoles 29 de mayo se desarrolla en nuestro país el Cyber Day, que contará con la participación de más de 370 marcas participantes.

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En la cita en Cartagena de Indias, Colombia, se abordaron los desafíos en el ámbito de resguardo de datos personales ante la irrupción de la Inteligencia Artificial, servicios de Internet, entre otras temáticas. (más…)

• A juicio del titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona que fue acusada por estafa vía el uso de un sistema de reconocimiento facial, esto “cuestiona al sistema” al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.
• Asimismo, apuntó a lo intrusivo de estas medidas, y que pueden generar situaciones en que “paguen justos por pecadores”

Tras conocerse detalles de la denuncia difundida por La Tercera PM de una mujer sin antecedentes penales, que acusa error de identificación vía sistema de reconocimiento facial y que a partir de ello habría sido vinculada a un caso de estafa con un cheque falso en diciembre de 2018, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, enfatizó que: “de comprobarse este caso, para nosotros es de extrema gravedad”.

El titular de Transparencia aclaró que hechos como éste apuntarían a un uso de “tecnología intrusiva de forma incorrecta”, lo que sumado a que el país no cuenta con una legislación actualizada y eficaz en materia de protección de datos personales no otorga a la ciudadanía “instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos”.

Asimismo, el representante del Consejo insistió en que para evitar este tipo de situaciones se requiere con urgencia perfeccionar la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Al respecto espetó: “Necesitamos con urgencia poner al día la normativa para que el propio Consejo para la Transparencia garantice el derecho a la protección de datos personales”

“Todos coincidimos que la Seguridad Pública es un bien a preservar y perfeccionar, pero muy distinto es que personas inocentes tengan que sufrir este problema y, finalmente, paguen justos por pecadores”, finalizó Jaraquemada.

Entre el 13 y el 16 de mayo una delegación del Consejo para la Transparencia (CPLT) ha participado en el XVII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA) de países iberoamericanos, en Río de Janeiro, Brasil.

Una instancia en la que sus integrantes intercambian experiencias relevantes en materia de transparencia y acceso a la información a nivel regional y eventuales formas para generar sinergias entre órganos similares; todo ello con el fin de fortalecer nuestros sistemas democráticos.

El Consejo integra el equipo directivo de esta organización y trabaja activamente en los programas que buscan evaluar las leyes de acceso a la información y las funciones de órganos a cargo de la transparencia en los distintos países miembros de esta Red.

Para la Jefa de la delegación chilena, Andrea Ruiz, nuestra participación en la RTA es importante porque nos da la oportunidad para intercambiar experiencias relevantes en materia de transparencia y acceso a la información a nivel regional y generar sinergias entre órganos similares con el fin de fortalecer nuestros sistemas democráticos.

Subrayando la importancia de “Acuerdo Nacional Anticorrupción” para nuestro país, inauguró el Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, la charla de la experta en corrupción de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman: “El impacto económico de la corrupción”, que se efectuó en Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica en un esfuerzo conjunto con el CPLT.

En la ocasión el titular de transparencia señaló que a su juicio: “la corrupción es una amenaza real para la democracia” y que “generar estándares altos en materia de integridad pública parece ser uno de nuestros grandes desafíos”

El Presidente del CPLT sostuvo, también, que según datos de la Encuesta Nacional de Transparencia: “Hoy solo un 23% de los chilenos tiene confianza en el sector público y un 25% en el privado” y que “8 de cada 10 chilenos cree que las instituciones públicas son corruptas o muy corruptas”

Asimismo, Jaraquemada señaló que la transparencia era “un antídoto eficaz contra la corrupción, que hoy vemos en múltiples casos es una amenaza real para nuestra democracia” por lo que, a su juicio, “es urgente avanzar hacia los más altos estándares de integridad en la función pública”

El Presidente del Consejo para Transparencia explicó a los asistentes del porqué es necesario que los poderes del Estado firmen un “Acuerdo Nacional Anticorrupción”, iniciativa que empuja el CPLT y que se encuentra trabajando en una etapa de levantamiento de iniciativas de ley inconclusas y experiencia internacional comparada.

Por la tarde la experta en corrupción de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman, participó de una segunda charla en la Universidad Adolfo Ibánez, oportunidad en la que fue acompañada por el Consejero Marcelo Drago.

El titular del Consejo para la transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, afirmó que parte de las acciones apuntan a transparentar procesos y a aumentar el control social, lo que fortalece la democracia. (más…)

• Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por lo que a su juicio es una generalización de la corrupción en distintas instituciones, lo que estaría socavando “los pilares de la democracia”.

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• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, anunció la propuesta tras plantearla al ministro SEGPRES, Gonzalo Blumel, en una reunión protocolar sostenida esta mañana, y que pone la expertiz del Consejo al servicio del desarrollo de propuestas basadas en experiencias internacionales. 
• Esta convocatoria implica, además, levantar información de todas aquellas medidas anunciadas desde el año 1994 -con la primera agenda a favor de la probidad- hasta la última agenda Engel.

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Jaraquemada propone controles externos además de subrayar la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Región de O’Higgins.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por los hechos que se han conocido recientemente y que afectan al Ministerio Público, tras la seguidilla de denuncias y acusaciones vinculadas a dos de sus persecutores.

El titular del CPLT calificó de “graves” los hechos afirmando que “implican horadar de forma paulatina la credibilidad de nuestras instituciones”. A partir de un análisis general, Jaraquemada explicó que en el país “pasamos desde un estadio donde teníamos irregularidades o corrupción en casos aislados, a una situación donde la frecuencia ha aumentado mucho y además se ha ido generalizando”.

Asimismo, apuntó a que “Más allá de la cuestión específica, de una institución o de otra, lo verdaderamente preocupante tiene que ver con que en el último tiempo hemos ido conociendo una serie de situaciones de carácter irregular y en algunos casos de carácter derechamente delictivo, que han ido horadando la credibilidad que la ciudadanía tiene respecto de un sinnúmero de instituciones que son pilares fundamentales de la democracia”.

Consultado por las acciones que podrían emprenderse para enfrentar esta situación, el presidente del Consejo espetó que un camino podría ser tomar crisis como estas como “una ventana de oportunidad”. Afirmó que “lo han sido en otros momentos de nuestra historia a partir de hechos puntuales que han generado crisis o polémica y que han gatillado una serie de cambios por la vía regulatoria, lo que ha conllevado un salto cualitativo que nos ha permitido superar este tipo de dilemas”.

También apuntó a la necesidad de controles externos, como en el caso de la Fiscalía. “Frente al tema del Ministerio Público una solución que se ha visto en la experiencia comparada es que los controles sean externos y no solamente estén entregados a la mera autoregulación de la propia institución”, finalizó el representante del Consejo.

Días antes el titular de Transparencia subrayó la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la fiscalía de Rancagua.

• No es primera vez que el Consejo para la Transparencia (CPLT) debe defender en Tribunales una decisión en la que ordena a una institución de las FFAA la entrega de antecedentes sobre viajes del alto mando. En esta ocasión, de forma inédita, alegó el consejero Marcelo Drago, quien estuvo acompañado del Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y el consejero y ex presidente, Marcelo Drago, estuvieron esta mañana en la Tercera Sala de la Corte Suprema representando a la entidad en el alegato por una causa que se origina en una decisión de su Consejo Directivo que ordenó a la Armada de Chile entregar antecedentes sobre viajes del alto mando naval desde que asumiera su actual comandante en jefe, Julio Leiva, y que ha sido denegada por la entidad aludiendo a la causal de reserva por eventual afectación de la seguridad y defensa nacionales.

De forma inédita, el consejero Drago representó al CPLT y solicitó el rechazo al recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la institución uniformada, en contra de los jueces de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto ante el mencionado tribunal (Rol N° 409-2018), primera instancia a la que recurrió la institución naval para revertir la decisión del CPLT que considera que la información tiene carácter público.

Una vez alegada la causa, el Presidente del CPLT manifestó que la entidad que representa apuntó a dar relevancia a este tipo de casos -lo que explica que haya alegado un consejero-, puesto que “pone de relieve la importancia que para el Consejo tiene en su totalidad defender este tipo de cuestiones, particularmente cuando afectan a instituciones que son muy relevantes para la institucionalidad chilena”.

Asimismo, Jaraquemada detalló que el objetivo de estas acciones es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública que obra en entidades del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

“Lo que el Consejo hace es garantizar el derecho de acceso (a la información), que es una herramienta que permite a los ciudadanos realizar un escrutinio, un control social que eventualmente puede dar pie –como ha sido en innumerables casos conocidos previamente- a conocimiento de irregularidades”, afirmó.

La causa se originó en la denegación por parte de la Armada de dar acceso al “detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período a cargo de la institución”, así como los viajes realizados por todos sus vicealmirantes, detallando además fecha y costo para la institución, como se lee en la decisión el amparo rol C1180-18, acogido parcialmente por el Consejo Directivo del CPLT.

Respecto de esta decisión del Consejo, que ha sido llevada por el CDE a la Corte de Apelaciones –que ratificó el fallo del CPLT- y ahora a la Corte Suprema, el titular de Transparencia subrayó que a su juicio en este caso no había riesgo para la seguridad nacional.

“Aquí no hay cuestiones de seguridad nacional envueltas. Ese es el juicio que hace el Consejo, aquí no se está pidiendo que temas que pudieran afectar esa causal de reserva explicita que contempla nuestra legislación. Se está ordenando entregar simplemente la oportunidad, la fecha y los montos de viajes de los altos mandos de la Armada”, espetó.

En paralelo, el CPLT remitió los antecedentes de esta causa a la Contraloría, la que inició proceso sancionatorio en enero de 2019, por eventual infracción a la Ley de Lobby, puesto que dos de los viajes que no han sido informados por la Armada fueron difundidos a través de la web de la institución uniformada.

El representante del CPLT agregó que en este caso en particular “Es la misma Ley del Lobby la que la que señala expresamente que los viajes –la oportunidad, los montos, la función que se cumplió- debe ser publicada de manera proactiva en una página web”. Sin embargo, apuntó “aquí hay por así decirlo una doble negativa: primero negarse a entregar esta información específica  por el derecho de acceso a la información pública que ejerce un ciudadano y segundo, no haber publicado en la oportunidad debida esto como establece la Ley del Lobby” y sí haberlo difundido en el sitio institucional.

• El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, afirmó sobre la situación en la PDI que en caso de establecerse que no tiene requerimientos especiales como blindaje “Llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo”, agregando que “no es una buena señal en términos de austeridad”.
• Sobre la situación que impacta al Ministerio Público comentó que actualmente “se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna”, por lo que planteó la necesidad de reflexionar sobre “qué elementos regulatorios uno podría incorporar para eliminar este tipo de conflictos internos”.

 

“Cuando tienes una corrupción generalizada que además penetra en ciertas instituciones básicas de la democracia como son por ejemplo el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, o las policías, claramente estamos ante una alerta roja”, comentó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, tras ser consultado por la situación de la Policía de Investigaciones (PDI) ante eventuales irregularidades vinculadas a su director general, Héctor Espinosa.

Respecto de las crisis que han afectado a entidades que con anterioridad contaban con la confianza ciudadana, el máximo representante del CPLT dijo que: “Aparentemente no teníamos una situación tan plácida como la que nosotros creíamos y es eso lo verdaderamente preocupante, cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, porque eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar llamados en último término a cuidar”.

Sobre la forma de enfrentar esta situación, quien encabeza el CPLT planteó “una mirada de carácter preventivo”, pero subrayó que las acciones emprendidas anteriormente parecen insuficientes. Al respecto explicó: “podríamos mirar que ha habido muchas ventanas de oportunidad a lo largo de los últimos veinte años donde hemos hecho acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad y luchar en contra de la corrupción y en favor de la transparencia y de la probidad. Sin embargo, creo que nos hemos ido quedando cortos. Las situaciones que se han conocido en el último tiempo hacen echar de menos instituciones más proactivas para dar una lucha más frontal”.

Pese al escenario actual, Jaraquemada defendió las herramientas que permiten develar situaciones como las que se han conocido últimamente: “Creo que la Contraloría realiza una labor extraordinaria investigando este tipo de cuestiones. No solamente en la PDI sino en un sinnúmero de otros organismos públicos y me parece muy loable que a través de su acción, así como también a través de la Ley de Transparencia se haya ido podido ir conociendo de innumerables casos de faltas o irregularidades de carácter administrativo o derechamente de carácter penal, finalizó”.

Respecto del caso particular que afecta al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, tras consultas de la prensa, el titular de Transparencia apuntó a que “La gravedad de estas denuncias ciertamente va a haber que ponderarlas a la luz de la investigación que se realice, porque claramente parecen haber urgencias mucho mayores que atender que comprar un vehículo de lujo”.

Sin embargo, fue enfático en plantear que es necesario determinar claramente la causal del sobre precio que la institución habría pagado por el automóvil y descartar que “no obedezca a equipamiento de lujo sino a un equipamiento de carácter blindado”, dijo Jaraquemada. Y además subrayó que “Llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo”, agregando que “no es una buena señal en términos de austeridad”.

En cuanto a la situación del Ministerio Público, Jaraquemada sostuvo: “Después de casi 20 años de reforma procesal penal se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna”.

Finalmente, el Presidente del CPLT fue enfático en señalar que se requiere reflexionar sobre “qué elementos regulatorios uno podría incorporar para eliminar este tipo de conflictos internos que no son solamente una expresión actual”, puesto que a su juicio pese a la gravedad de las acusaciones que pesan hoy sobre algunos persecutores con anterioridad se han experimentado filtraciones y otros hechos preocupantes.