CPLT plantea convocar a un acuerdo nacional anticorrupción

  • El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, anunció la propuesta tras plantearla al ministro SEGPRES, Gonzalo Blumel, en una reunión protocolar sostenida esta mañana, y que pone la expertiz del Consejo al servicio del desarrollo de propuestas basadas en experiencias internacionales. 
  • Esta convocatoria implica, además, levantar información de todas aquellas medidas anunciadas desde el año 1994 -con la primera agenda a favor de la probidad- hasta la última agenda Engel.

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Presidente del CPLT propone cambios regulatorios ante crisis en el Ministerio Público

Jaraquemada propone controles externos además de subrayar la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Región de O’Higgins.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por los hechos que se han conocido recientemente y que afectan al Ministerio Público, tras la seguidilla de denuncias y acusaciones vinculadas a dos de sus persecutores.

El titular del CPLT calificó de “graves” los hechos afirmando que “implican horadar de forma paulatina la credibilidad de nuestras instituciones”. A partir de un análisis general, Jaraquemada explicó que en el país “pasamos desde un estadio donde teníamos irregularidades o corrupción en casos aislados, a una situación donde la frecuencia ha aumentado mucho y además se ha ido generalizando”.

Asimismo, apuntó a que “Más allá de la cuestión específica, de una institución o de otra, lo verdaderamente preocupante tiene que ver con que en el último tiempo hemos ido conociendo una serie de situaciones de carácter irregular y en algunos casos de carácter derechamente delictivo, que han ido horadando la credibilidad que la ciudadanía tiene respecto de un sinnúmero de instituciones que son pilares fundamentales de la democracia”.

Consultado por las acciones que podrían emprenderse para enfrentar esta situación, el presidente del Consejo espetó que un camino podría ser tomar crisis como estas como “una ventana de oportunidad”. Afirmó que “lo han sido en otros momentos de nuestra historia a partir de hechos puntuales que han generado crisis o polémica y que han gatillado una serie de cambios por la vía regulatoria, lo que ha conllevado un salto cualitativo que nos ha permitido superar este tipo de dilemas”.

También apuntó a la necesidad de controles externos, como en el caso de la Fiscalía. “Frente al tema del Ministerio Público una solución que se ha visto en la experiencia comparada es que los controles sean externos y no solamente estén entregados a la mera autoregulación de la propia institución”, finalizó el representante del Consejo.

Días antes el titular de Transparencia subrayó la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la fiscalía de Rancagua.

CPLT alega ante la Corte Suprema para conseguir entrega de información sobre viajes del alto mando naval

  • No es primera vez que el Consejo para la Transparencia (CPLT) debe defender en Tribunales una decisión en la que ordena a una institución de las FFAA la entrega de antecedentes sobre viajes del alto mando. En esta ocasión, de forma inédita, alegó el consejero Marcelo Drago, quien estuvo acompañado del Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y el consejero y ex presidente, Marcelo Drago, estuvieron esta mañana en la Tercera Sala de la Corte Suprema representando a la entidad en el alegato por una causa que se origina en una decisión de su Consejo Directivo que ordenó a la Armada de Chile entregar antecedentes sobre viajes del alto mando naval desde que asumiera su actual comandante en jefe, Julio Leiva, y que ha sido denegada por la entidad aludiendo a la causal de reserva por eventual afectación de la seguridad y defensa nacionales.

De forma inédita, el consejero Drago representó al CPLT y solicitó el rechazo al recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la institución uniformada, en contra de los jueces de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto ante el mencionado tribunal (Rol N° 409-2018), primera instancia a la que recurrió la institución naval para revertir la decisión del CPLT que considera que la información tiene carácter público.

Una vez alegada la causa, el Presidente del CPLT manifestó que la entidad que representa apuntó a dar relevancia a este tipo de casos -lo que explica que haya alegado un consejero-, puesto que “pone de relieve la importancia que para el Consejo tiene en su totalidad defender este tipo de cuestiones, particularmente cuando afectan a instituciones que son muy relevantes para la institucionalidad chilena”.

Asimismo, Jaraquemada detalló que el objetivo de estas acciones es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública que obra en entidades del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

“Lo que el Consejo hace es garantizar el derecho de acceso (a la información), que es una herramienta que permite a los ciudadanos realizar un escrutinio, un control social que eventualmente puede dar pie –como ha sido en innumerables casos conocidos previamente- a conocimiento de irregularidades”, afirmó.

La causa se originó en la denegación por parte de la Armada de dar acceso al “detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período a cargo de la institución”, así como los viajes realizados por todos sus vicealmirantes, detallando además fecha y costo para la institución, como se lee en la decisión el amparo rol C1180-18, acogido parcialmente por el Consejo Directivo del CPLT.

Respecto de esta decisión del Consejo, que ha sido llevada por el CDE a la Corte de Apelaciones –que ratificó el fallo del CPLT- y ahora a la Corte Suprema, el titular de Transparencia subrayó que a su juicio en este caso no había riesgo para la seguridad nacional.

“Aquí no hay cuestiones de seguridad nacional envueltas. Ese es el juicio que hace el Consejo, aquí no se está pidiendo que temas que pudieran afectar esa causal de reserva explicita que contempla nuestra legislación. Se está ordenando entregar simplemente la oportunidad, la fecha y los montos de viajes de los altos mandos de la Armada”, espetó.

En paralelo, el CPLT remitió los antecedentes de esta causa a la Contraloría, la que inició proceso sancionatorio en enero de 2019, por eventual infracción a la Ley de Lobby, puesto que dos de los viajes que no han sido informados por la Armada fueron difundidos a través de la web de la institución uniformada.

El representante del CPLT agregó que en este caso en particular “Es la misma Ley del Lobby la que la que señala expresamente que los viajes –la oportunidad, los montos, la función que se cumplió- debe ser publicada de manera proactiva en una página web”. Sin embargo, apuntó “aquí hay por así decirlo una doble negativa: primero negarse a entregar esta información específica  por el derecho de acceso a la información pública que ejerce un ciudadano y segundo, no haber publicado en la oportunidad debida esto como establece la Ley del Lobby” y sí haberlo difundido en el sitio institucional.

Presidente del CPLT advierte que estamos ante una “alerta roja” por eventuales irregularidades en instituciones básicas para la democracia

  • El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, afirmó sobre la situación en la PDI que en caso de establecerse que no tiene requerimientos especiales como blindaje “Llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo”, agregando que “no es una buena señal en términos de austeridad”.
  • Sobre la situación que impacta al Ministerio Público comentó que actualmente “se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna”, por lo que planteó la necesidad de reflexionar sobre “qué elementos regulatorios uno podría incorporar para eliminar este tipo de conflictos internos”.

 

“Cuando tienes una corrupción generalizada que además penetra en ciertas instituciones básicas de la democracia como son por ejemplo el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, o las policías, claramente estamos ante una alerta roja”, comentó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, tras ser consultado por la situación de la Policía de Investigaciones (PDI) ante eventuales irregularidades vinculadas a su director general, Héctor Espinosa.

Respecto de las crisis que han afectado a entidades que con anterioridad contaban con la confianza ciudadana, el máximo representante del CPLT dijo que: “Aparentemente no teníamos una situación tan plácida como la que nosotros creíamos y es eso lo verdaderamente preocupante, cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, porque eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar llamados en último término a cuidar”.

Sobre la forma de enfrentar esta situación, quien encabeza el CPLT planteó “una mirada de carácter preventivo”, pero subrayó que las acciones emprendidas anteriormente parecen insuficientes. Al respecto explicó: “podríamos mirar que ha habido muchas ventanas de oportunidad a lo largo de los últimos veinte años donde hemos hecho acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad y luchar en contra de la corrupción y en favor de la transparencia y de la probidad. Sin embargo, creo que nos hemos ido quedando cortos. Las situaciones que se han conocido en el último tiempo hacen echar de menos instituciones más proactivas para dar una lucha más frontal”.

Pese al escenario actual, Jaraquemada defendió las herramientas que permiten develar situaciones como las que se han conocido últimamente: “Creo que la Contraloría realiza una labor extraordinaria investigando este tipo de cuestiones. No solamente en la PDI sino en un sinnúmero de otros organismos públicos y me parece muy loable que a través de su acción, así como también a través de la Ley de Transparencia se haya ido podido ir conociendo de innumerables casos de faltas o irregularidades de carácter administrativo o derechamente de carácter penal, finalizó”.

Respecto del caso particular que afecta al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, tras consultas de la prensa, el titular de Transparencia apuntó a que “La gravedad de estas denuncias ciertamente va a haber que ponderarlas a la luz de la investigación que se realice, porque claramente parecen haber urgencias mucho mayores que atender que comprar un vehículo de lujo”.

Sin embargo, fue enfático en plantear que es necesario determinar claramente la causal del sobre precio que la institución habría pagado por el automóvil y descartar que “no obedezca a equipamiento de lujo sino a un equipamiento de carácter blindado”, dijo Jaraquemada. Y además subrayó que “Llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo”, agregando que “no es una buena señal en términos de austeridad”.

En cuanto a la situación del Ministerio Público, Jaraquemada sostuvo: “Después de casi 20 años de reforma procesal penal se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna”.

Finalmente, el Presidente del CPLT fue enfático en señalar que se requiere reflexionar sobre “qué elementos regulatorios uno podría incorporar para eliminar este tipo de conflictos internos que no son solamente una expresión actual”, puesto que a su juicio pese a la gravedad de las acusaciones que pesan hoy sobre algunos persecutores con anterioridad se han experimentado filtraciones y otros hechos preocupantes.

Presidente del CPLT por alcalde de Mostazal: “Todas las autoridades deben cumplir estrictamente con el principio de probidad”

  • El nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que se podría estar ante “un eventual conflicto de interés”, y que la lógica “es que todas las autoridades deben cumplir estrictamente con el principio de probidad”.
  • Lamentó que situaciones de irregularidades afecten a los municipios, al ser las instituciones percibidas como más cercanas por la gente y señaló que son el peldaño que está faltando para avanzar en una mayor transparencia en Chile.

 Preocupación manifestó el recientemente elegido presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada Roblero, tras ser consultado por la participación en una película financiada con recursos municipales del alcalde de la Municipalidad de Mostazal,  Sergio Medel y del concejal Wildo Ibarra.

Jaraquemada comentó que se trata de una situación “preocupante”, dado que afecta la credibilidad de instituciones que “son la puerta de entrada que tienen los ciudadanos” –en su relación con el Estado-, “por lo tanto su percepción de cercanía es muy alta”.

El titular de transparencia afirmó que en el caso del Alcalde de Mostazal se podría estar ante “un eventual conflicto de interés”, lo que a juicio del máximo representante del Consejo iría “contra la lógica de que todas las autoridades deben cumplir estrictamente con el principio de probidad, y el principio de probidad a qué nos llama, a abstenernos en aquellas situaciones donde pueda existir ciertas condiciones que nos hagan actuar de manera imparcial”.

Jaraquemada explicó que en este caso es la Contraloría General de la República la entidad que deberá dilucidar la existencia de un conflicto de interés, pero apuntó a que “cuando estas cuestiones se masifican y se empiezan a generalizar, se va socavando la credibilidad de las instituciones y eso, finalmente, lo que va haciendo es debilitar el comportamiento de las personas frente a la democracia  y, obviamente, ese es un tema que nos debiera preocupar a todos”.

Consultado sobre la eventual propaganda electoral que podría constituir la película y su trailer, el Presidente del CPLT subrayó que pese a que “es una situación difícil de determinar” y que “exige una revisión detallada”, destacó que: “hay una institución específica que es la llamada a pronunciarse en este tipo de situaciones que es el Servicio Electoral”.

Agregó que el Servel es que “tendrá que determinar si aquí hubo o podría plantearse que hubo esa intencionalidad propagandística. Y en ese caso podrá aplicar las sanciones que  correspondan, que en este caso es el retiro de ese tipo de propaganda y, por otro lado, eventualmente multas”.

Finalmente respecto del impacto que este tipo de situaciones genera en los municipios a nivel nacional Jaraquemada subrayó que: “Lamentablemente los hechos de irregularidades que se conocen son muy frecuentes en municipalidades. Yo diría que los municipios son el peldaño que está faltando para avanzar en una mayor transparencia en Chile”.

CPLT elige a Jorge Jaraquemada como presidente de su Consejo Directivo

A partir de lo establecido en la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en la sesión N° 987 del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) celebrada hoy 29 de abril de 2019, se realizó la votación para elegir al nuevo presidente de la Corporación, que por mayoría definió a Jorge Jaraquemada Roblero como el consejero que ocupará dicho cargo hasta 2020. (más…)

CPLT reconoce desempeño del Ministerio de Bienes Nacionales en materia de acceso a la información

  • Tras una década de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, entregó a la subsecretaria de la cartera un informe en el que se señala que éste es el organismo del Estado más solicitado por la ciudadanía.

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CPLT firmó convenio con Subsecretaría de DDHH que apunta a colaborar con la implementación de la Ley de Identidad de Género

  • El acuerdo suscrito entre ambas entidades incluye asesoría del Consejo en materia de transparencia y protección de datos personales. Este último se considera un ámbito de suma relevancia en el marco de la implementación de la normativa y su reglamento.

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DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, MARCELO DRAGO, EN EL SEMINARIO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES “SIGUE LA HUELLA DE TUS DATOS”

Es un honor compartir con ustedes en este encuentro anual de reflexión y de puesta en común de nuestras miradas sobre transparencia, accountability y protección de datos personales.

 

Este es el último al que asisto en calidad de Presidente del Consejo Para la Transparencia, así que tengo emociones encontradas.

 

Pero la mayor de esas emociones es el orgullo.

 

No orgullo personal, sino orgullo institucional.

 

Porque este consejo ha acompañado un cambio cultural tan veloz como rotundo.

 

En estos 11 años, desde que se publicara la Ley de Acceso a la Información Pública, las exigencias de la ciudadanía respecto de lo público han cambiado.

 

Los procesos administrativos han dejado de ser impenetrables y han debido hacerse legibles, razonables; han debido hacerse legítimos a ojos de todos.

 

Aquí reside la principal de las transformaciones:

 

Los fundamentos de la legitimidad democrática han cambiado y siguen cambiando.

 

La relación entre autoridades y ciudadanía es más horizontal y menos solemne.

 

El respeto ya no reside en la majestad del cargo, sino en la capacidad verificable de cumplir la tarea para la que la autoridad está mandatada.

 

La información y la desinformación circulan a toda velocidad, inflaman a la ciudadanía, detonan decisiones a veces drásticas en la vida democrática, y es cada vez más determinante en la confianza cívica.

 

Es la conciencia de una sociedad que conoce su propia soberanía, que busca ejercerla y que exige al Estado transparencia, legalidad, rendición de cuentas.

 

Sentimos orgullo, porque este Consejo ha sido agente de cambio, ha aportado en el cambio de mentalidad que ha vivido la sociedad chilena.

 

Hemos contribuido a hacer de la rendición de cuentas una norma y no un simple enunciado para ganar votos.

 

Hemos hecho del secretismo una mala práctica, de la opacidad una zona indeseable, de la transparencia una bandera contra la corrupción.

 

Hemos forzado a las instituciones a mejorar sus estándares, cambiamos la cultura en los organismos del Estado, marginando malas prácticas que, por demasiado tiempo, rigieron el accionar de la política y la administración.

 

Empoderamos a la ciudadanía, y dimos a la democracia expresión concreta en lo cotidiano, garantizando el derecho a la información pública y consagrándonos a él.  Y con ello, lo que estamos asegurando es un bien mayor.

 

Hablamos de tres mínimos clave que las democracias modernas deben a toda persona: poder, voz y protección.

 

A cada uno de estos aspectos quiero referirme brevemente.

 

El primer aspecto: el PODER, entendido como la capacidad efectiva de ejercer la soberanía, hacer exigible la rendición de cuentas de autoridades e instituciones

y conocer los actos públicos, denunciándolos cuando son ilegales o ilegítimos.

 

El cumplimiento de esta tarea no es un enunciado, o solo una aspiración. Es una realidad constatable en el casi un millón de solicitudes de información realizadas y más de 31 mil amparos y reclamos por denegación de información que hemos recibido en 10 años. Una realidad que no se queda en la forma.

 

Y una realidad que ha tenido consecuencias importantes. Como en el caso de CEMA chile, en el que, a través de dos solicitudes de acceso a la información, conocimos irregularidades en el uso de los terrenos fiscales.

 

Como consecuencia, el Estado no sólo pudo exigir la devolución de los terrenos, sino que se disolvió la Fundación.

 

O como la solicitud de las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, que contribuyó a terminar con casi 30 años de secretismo.

 

O como la solicitud a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que permitió, finalmente, y tras un reclamo por denegación de información, que se conociera el contenido de la Ley reservada del Cobre, ley que, desde el año 2016, ya no es reservada, afortunadamente.

 

Y perdón que me desvíe del tema, pero me parece relevante expresar el deseo ferviente de este Consejo para que, cuanto antes, se discuta y sancione el fin del secreto de casi 100 disposiciones legales reservadas.

 

Porque donde falla la transparencia, se degradan los procesos del Estado.

 

Es el secretismo y la falta de control ciudadano lo que ha permitido crisis tan graves de nuestras instituciones, como las que hoy afectan a Carabineros o al Ejército.

 

Un secretismo y una falta de control que han amparado la corrupción que hemos visto en las Fuerzas Armadas.

 

Las Fuerzas Armadas son indispensables para la república, y el resguardo de la seguridad nacional reside principalmente en ellas.

 

Por esta razón, encontrar esquemas de defraudación extendidos, y organizados, dilapidando recursos del Estado destinados a la defensa, por sí mismo representan una amenaza a la Seguridad Nacional.

 

Nuestro país sabe enfrentar crisis y transformarlas en oportunidades de reformas sustantivas y profundas. Ya lo vimos el 2015 y 2016.

 

Estas circunstancias ameritan actuar con decisión, con reformas sustantivas y profundas, que aseguren un nunca mas.

 

Creemos que la situación solo es abordable si se impulsa un amplio Acuerdo Nacional por la Transparencia y la Probidad en las Fuerzas Armadas, que permita introducir cambios efectivos y contundentes.

 

Una verdadera reforma pro transparencia en los cuerpos armados de nuestro país. Hablamos de un acuerdo transversal, de diversos actores, incluyendo a las FFAA y al sector Defensa, que logre superar las tradiciones secretistas de estas instituciones y que frenen la expansión de la corrupción.

 

Con liderazgo, con decisión y con la transparencia como principal herramienta, el país podrá recuperar la confianza en las FFAA en el uso de los recursos del Estado.

 

Como Consejo estamos disponibles para facilitar los procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública que Chile requiere.

 

Con Carabineros acabamos de firmar un convenio en este sentido y esperamos que ello redunde en la incorporación de buenas prácticas y la puesta al día de sus estándares.

 

Nos gustaría trabajar en el mismo sentido con el Ejército, con todo lo que hemos conocido, y también con la Armada, que se ha negado la de entregar información pública en varias solicitudes, sobre materias que en otras ramas fueron fuente de uso fraudulento de recursos públicos.

 

Es necesario para Chile, que sirvan su misión institucional al mismo tiempo que dignificamos la vocación y probidad del servicio público, primer paso de la reconstrucción de las confianzas cívicas. Los invitamos a acoger nuestro llamado.

 

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En definitiva, hemos sido garantes del poder ciudadano y de su control sobre las instituciones y autoridades. Por cierto, este empoderamiento va de la mano de la responsabilidad.

 

Nuestro rol no sólo se juega en custodiar el derecho al acceso a la información, sino en incentivarlo, en concordancia con los procedimientos para resolver conflictos.

 

Pero además de ser un instrumento del poder ciudadano, este Consejo también se debe a LA VOZ de la ciudadanía.

 

El Consejo se ha convertido en una institución convocante, abierta y de cara a la ciudadanía. No me refiero sólo a la opinión, sino a la incidencia real de esa opinión en nuestros lineamientos estratégicos y en la toma de decisiones.

 

Precisamente, es la misión que nos impusimos al impulsar un proceso participativo del que fueron parte más de 2 mil 200 personas a lo largo de nuestro país.

 

Durante los 16 encuentros, se discutió el futuro de la Transparencia y la protección de datos en Chile. Recogimos y articulamos diversas miradas en un documento que entregamos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, así como al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, poniendo a disposición del Gobierno la mirada ciudadana en la necesaria modificación a la Ley de Transparencia.

 

Durante el proceso consultivo, constatamos la necesidad poner a la transparencia e el corazón del accionar del estado y de las autoridades, como remedio a la desconfianza que entraba nuestra vida democrática.

 

Muchas malas prácticas se evitan gracias a la publicidad de los actos del Estado. De hecho 6 de cada 10 personas en Chile creen que los mecanismos de la ley de Transparencia podrían haber impedido casos como los fraudes en Fuerzas Armadas y Carabineros, conflictos de interés o financiamiento irregular de la política.

 

La transparencia, cuando es evidencia de probidad, enriquece el tejido social y el prestigio institucional. Y a lo largo del proceso participativo también apareció insistentemente la demanda de aumentar tanto los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, como los contenidos que deberían ser públicos.

 

Todas estas demandas están consignadas en el documento y, esperamos, sea incidente en la toma de decisiones, pues no representa solo la perspectiva de este Consejo, sino de la ciudadanía convocada.

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Dije, también, que este Consejo considera como parte de su misión garantizar LA PROTECCIÓN de los derechos ciudadanos.

 

Esta protección tiene una doble dimensión: garantizar el acceso a la información pública y, a la vez, velar por la privacidad y el cuidado de los datos personales. Hay un legítimo debate respecto de cuál es la entidad más adecuada para asumir la protección de los datos personales.

 

Claro que, mientras el tema se debate, este Consejo Para la Transparencia ya custodia diariamente la correcta utilización de los datos de 18 millones chilenos y chilenas.

 

Y lo hace porque tiene un mandato expreso y directo para velar por el respeto de los datos personales entre los órganos del Estado.

 

Es decir, es parte natural de su misión el encontrar puntos que permitan delimitar las fronteras entre el derecho a la información y la protección de los datos personales.

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La cuarta revolución industrial, la economía digital, es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de desperdiciar como país.

 

Las nuevas tecnologías posibilitan el emprendimiento, la innovación, el encuentro.

 

Potenciarlas es apuntar al desarrollo, al crecimiento económico, a la democratización de las oportunidades y del conocimiento.

 

Los datos son el nuevo petróleo que moviliza la economía mundial. Pero no deben volverse en contra nuestra.

 

Hay mercados paralelos en los que se transan los datos de las personas. Los hábitos de consumo de internet son una fuente importantísima de valor para quienes aspiran al poder económico o político.

 

Pero no estamos disponibles para rematar la intimidad y la privacidad de nuestros compatriotas al mejor postor.

 

La ecuación no estará completa, si hay transparencia por un lado y exposición por el otro.

 

La transacción de datos personales en contextos comerciales,fuera de todo marco y regulación, sin respetar el derecho a la autodeterminación informativa que actualmente reconoce la Constitución, representa una vulneración grave.

 

Pero la vulneración es peor cuando hablamos del masivo intento de manipulación a partir del conocimiento de hábitos y miradas personales.

 

Los datos personales que entregamos se están utilizando con precisión militar a espaldas de nuestras, la expensas de nosotros y, en muchos casos, en contra de nosotros.

 

Tim Cook, CEO de Apple, advierte de la existencia de “una economía en la sombra que está sin control, fuera de la vista de los consumidores, reguladores y legisladores.”

 

Ese mercado invisible es donde se transa nuestra conducta y nuestra cosmovisión, nuestras empatías, nuestros miedos. Y luego, esta información se dispara en estrategias precisas de desinformación, distorsión, confusión, explotando nuestras dudas e inseguridades, buscando beneficios políticos.

 

Eso vimos en el primer mundo con el escándalo de Cambridge Analítica y Facebook, las elecciones norteamericanas y el Brexit.

 

Hablamos de datos muy detallados de más de 50 millones de individuos, que se tradujeron en 30 mil mensajes dirigidos con precisión personal.

 

El problema parecía lejos, en otro hemisferio. Pero hace poco vimos indicios fuertes, a la vuelta de la esquina, en las elecciones brasileñas. Miles de números celulares fueron recolectados y utilizados para dirigirles mensajes equívocos o derechamente falsos, y así inclinar la balanza electoral. Para Chile, esperar es una bomba de tiempo.

 

Tenemos al frente una seria amenaza a los procesos electorales y a nuestra democracia. Y no tenemos las más mínimas herramientas para enfrentarlas. Si se abusa masivamente de datos personales para mensajes microdirigidos en una elección, no tenemos cómo combatirlo. No podremos prevenirlo, no podremos detenerlo mientras ocurra, y no tendremos cómo castigarlo, luego de que ocurra.

 

No es admisible que la mentira y la desinformación dominen nuestras decisiones.

 

Chile no puede permitirse esa amenaza a su democracia. No podemos llegar a un nuevo proceso electoral, sin las garantías de que los datos personales no serán usados como botín político.

 

No podemos llegar a la próxima elección presidencial y parlamentaria sin una nueva ley de protección de datos que nos dé herramientas para evitar procesos abusivos. Urgimos a la autoridad a tomar cartas en el asunto.

 

Chile merece una legislación que adopte los mejores estándares en esta materia. El país puede y debe tomar el liderazgo regional y mostrar que no solo llevamos la delantera en penetración de internet, sino en la regulación que debe acompañar la cuarta revolución industrial. Chile debe aprobar el proyecto de ley actualmente en el Senado.

 

El país debe suscribir el convenio 108+ del consejo de Europa, para que nuestro sistema se articule globalmente. Y el país debe obtener el reconocimiento de país adecuado por la Unión Europea, lo que nos permitirá libre flujo de datos con ese bloque económico.

 

Con estas herramientas nuestro país puede convertirse en la bisagra, en el articulador desde américa para mundo de las Economías Asia Pacífico y Europa.

 

El sistema CBPR de Asia Pacífico, y el GDPR europeo, lejos de ser contradictorios, son sistemas que pueden conversar.

 

Chile puede dar señales regionales en esta materia. Por ello es clave mirar muy de cerca lo que hizo Japón y lo que está haciendo Corea del Sur. Ese es el camino que debemos seguir. Y, por cierto, confiamos en que la coherencia de nuestra misión prime, y en que sea esta organización, el Consejo para la Transparencia, con sus aprendizajes y trayectoria, quien garantice a los ciudadanos chilenos la protección de sus datos personales.

 

Resumiendo:

 

Poder, voz y protección. Tres garantías que hemos buscado materializar para nuestros compatriotas.

 

Poder, voz y protección. Tres vocaciones a las que hemos consagrado nuestros esfuerzos como Consejo.

 

Poder, voz y protección. Tres expresiones imprescindibles de la soberanía popular.

 

¿Adónde nos ha llevado esta ruta? ¿Qué es hoy, después de 11 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Consejo Para la Transparencia?

 

Hemos tenido saltos muy relevantes en solicitudes realizadas y amparos y reclamos presentados ante el Consejo en el último año.

 

Más de 207 mil solicitudes de información solo en el 2018. Más de 2000 amparos adicionales en un solo año. En enero del 2018 se presentaron aproximadamente 450 amparos de la información ante el consejo.

Un año después, en el mismo mes, la cifra superó los 1000 amparos

 

Esto ha convertido a Chile en el país con el sistema de transparencia más intensamente usado en el mundo.

 

Tenemos tasas de solicitudes de información más de cinco veces superiores a México, más de diez veces superiores al Reino Unido.

 

Somos el Consejo para la Transparencia más demandado por la ciudadanía en el mundo, con más del triple de reclamos per cápita que nuestros pares de Inglaterra y casi cuatro veces más que nuestros colegas mexicanos. Eso habla de la credibilidad del sistema, y confianza ciudadana en el Consejo para la Transparencia.

 

Ese peso institucional nos permite incidir en los debates sobre probidad y rendición de cuentas, así como sobre protección de datos personales. Y esa capacidad de incidir ha tenido frutos en Chile y en el mundo.

 

Como reconocimiento a la labor de este Consejo, fuimos propuestos por colegas de Alemania y Suiza para la vicepresidencia del grupo de expertos en integridad y anticorrupción de la OCDE y luego ratificados por unanimidad.

 

Si les comento esto no es por florearnos sino para mostrar que el trabajo colectivo de este Consejo ha rendido frutos. El propio Banco Mundial ha solicitado la asesoría del Consejo para la Transparencia de Chile en materias de accountability y acceso a la información, así como el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, hemos hecho de nuestra misión un tema común.

 

Y si nuestra misión hasta este momento había sido fomentar una cultura de la transparencia, hoy la hemos redefinido en torno al fortalecimiento de la democracia a través de la rendición de cuentas y el control social.

Porque ya no son rasgos culturales, sino un nuevo mínimo civilizatorio.

 

Y este Consejo hoy apunta más lejos. Hemos ido pavimentado rutas que otros, en lo sucesivo, deberán transitar para llegar cada vez más lejos.

 

Confiamos en que sea una realidad el impulsar estándares de transparencia también en la empresa privada,

especialmente en las que reciben fondos públicos, en el sector extractivo, las Universidades o las ONG.

 

Confiamos en que se materialicen las necesarias reformas a la Ley del Lobby que permitan, entre otras cosas, algo básico: regular a quien hace lobby.

 

Confiamos en lograr un sistema integral de transparencia, que articule programas, normativas y fiscalización

vinculados con rendición de cuentas.

 

Creemos que la mejor solución para chile es tener una sola vara en materia de transparencia para todo el estado.

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Queridos amigos, queridas amigas,

 

La democracia no es un modelo electoral de aplicación periódica. Es un modo de convivencia para los ciudadanos entre sí y con sus autoridades e instituciones.

 

Y este Consejo tiene, dentro de esa democracia, una de las tareas más inspiradoras: acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en su camino de empoderamiento, exigencia y vigilancia permanente de todos los actos públicos, como mandante legítimo y único.

 

Agradezco el privilegio de haber encabezado un Consejo para la Transparencia republicano, incidente y convocante que ha sido capaz de acercarse a las personas, abriendo espacios de confianza para construir la legitimidad informada y empoderada que requerimos.

 

Sabemos que, una vez abierta la puerta de la transparencia, no es posible volverla a cerrar. Que con esa llave es posible también vehiculizar la exigencia y el cumplimiento de otros derechos: la igualdad ante la ley, el justo trato, la no discriminación, entre muchísimos otros.

 

Decía Walter Lippmann que “la sociedad moderna no es visible para nadie, ni inteligible continuamente en su totalidad”.

 

Pero creo que esta imposibilidad de la visión total, no puede ser obstáculo para apostar siempre por ampliar los espacios de visibilidad y comprensión en nuestra democracia.

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Amigas y amigos.

 

Agradezco al Consejo Directivo, a Gloria de la Fuente, Francisco Leturia y Jorge Jaraquemada. La diversidad de miradas no ha impedido alcanzar consensos para tomar decisiones a veces difíciles, y actuar con audacia cuando las circunstancias lo exigían.

 

La diversidad de miradas, lejos de ser un obstáculo, contribuyó a decidir modernizar nuestra institucionalidad y a reestructurarla profundamente, de modo que esté preparada para los desafíos futuros.

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Agradezco a cada funcionario y funcionaria del Consejo, por ponerse la camiseta de la defensa de sus compatriotas.

 

Agradezco al equipo que más cercanamente me apoyó en esta presidencia, a José Ruiz, a Emilio Espinoza, a Andrea Ruiz y a sus equipos. Mis respetos como profesionales y mi agradecimiento por su compromiso.

 

Sobre todo, relevo a los cientos de miles de personas que han presentado una solicitud de acceso a información pública, un reclamo o participaron en nuestros diálogos ciudadanos. Han contribuido, con su mirada y su actuar, al perfeccionamiento de los estándares de nuestra convivencia cívica.

 

Nunca el derecho a la información había llegado tan lejos ni había sido tan transformador. Nunca la democracia contó con tantas herramientas para mirarse a sí misma, para perfeccionarse y llegar más lejos.

Como servidor público, esas posibilidades me emocionan.

 

En La gran novela latinoamericana, Carlos Fuentes decía que el pasado se llama Memoria y el futuro se llama Deseo. Que el deseo es una forma de necesidad: construimos lo que deseamos.

 

Y nuestra recompensa, dice Fuentes, es el asombro. Somos el asombro del ayer. Pero, también en materia de Transparencia, el deseo de hoy es esencial para la construcción de nuestra democracia y para el asombro del mañana.

 

Muchas gracias.

CPLT celebró 1 millón de solicitudes de acceso a la información a organismos del Estado

  • A 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia (CLPT, Marcelo Drago, participó en una actividad conjunta con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y el alcalde de Santiago en dicho municipio, entidad que concentra la mayor cantidad de estos requerimientos de los municipios existentes a nivel nacional.
  • En el caso de las municipalidades, lo que más consulta la gente se vincula con subsidios y beneficios.

Como una manera de concienciar a funcionarios públicos sobre la relevancia de dar respuesta a peticiones realizadas por la ciudadanía y a la población en general de la relevancia de ejercer el derecho de acceder a la información de entidades del Estado, esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CLPT), Marcelo Drago, junto a la Ministra Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, y al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, destacaron la solicitud un millón para acceder a información de organismos públicos.

El hito comunicacional se realizó en el municipio de Santiago dado que ésta es la municipalidad más solicitada, es decir, que más requerimientos de este tipo vía Ley de Transparencia recibe de la totalidad de municipios a nivel nacional, de acuerdo a cifras del CPLT. La entidad, asimismo, ocupa el puesto 12° del ranking nacional de todo tipo de organismos públicos.

El titular de Transparencia, Marcelo Drago, aprovechó la oportunidad para destacar no sólo el 1 millón de solicitudes de acceso a la información recibidas a nivel nacional (con más de 207 mil sólo en 2018), sino además el nivel de penetración que el sistema de transparencia chileno ha alcanzado en el país, lo que le ha valido su reconocimiento internacional, incluyendo instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“El país puede estar orgulloso de tener el sistema de transparencia más intensamente utilizado por la ciudadanía en el mundo”. Y agregó: “Esta solicitud un millón luego de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, representa ese hito. Tenemos cuatro veces más solicitudes de información per cápita que México, 10 veces más que Inglaterra, que son los referentes internacionales en la materia y que partieron mucho antes que nosotros”, subrayó.

Drago explicó que se eligió al Municipio de Santiago para esta actividad no sólo porque es la municipalidad que recibe más de este tipo de requerimientos a nivel nacional, sino porque el municipio es “la primera entrada a la ciudadanía ante el Estado. Son los municipios justamente los que más solicitudes de información reciben en Chile”.

En la oportunidad, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, comentó la particularidad del municipio que lidera: “En Santiago destacan muchas cosas y una vez más somos las top one en recibir solicitudes de transparencia. Un 20 por ciento por escrito y el otro 80 por ciento restante digitalmente en Internet, se responden todas, dentro de los plazos legales. Tenemos un Municipio de puertas abiertas, donde la ciudadanía se ha empoderado y se ha empoderado para bien y requiere información”.

 En tanto la ministra de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, reconoció el trabajo de la Municipalidad de Santiago y particularmente del Consejo para la Transparencia, subrayando que: “Este millón de ciudadanos que han consultado en distintos estamentos del Estado -nacional, regional, local- a sus autoridades para poder tener una respuesta significa que la Ley de Transparencia fue una buena solución para fortalecer la democracia”.

La cifra de 1 millón de solicitudes se obtuvo a partir del registro del CPLT desde 2009 y hasta abril de 2019, y proyecciones de este tipo de requerimientos entre 2009 y 2012, período en el que sólo existían las cifras recogidas de un reporte generado por la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) que no incluía a los municipios.

CPLT apunta a necesidad de aprobar nueva ley de Protección de Datos Personales antes de la próxima elección presidencial y parlamentaria

  • El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) se manifestó preocupado por la necesidad de modernizar la normativa en este ámbito –con una ley que actualmente data de 1999- de manera de “evitar que nuestros datos se transformen en un botín político y se utilicen con precisión militar en contra nuestra”.
  • Las declaraciones las realizó tras inaugurar el seminario sobre protección de datos personales organizado por la entidad, en el que participaron los ministros de Hacienda y SEGPRES.

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CPLT firma convenio con Carabineros para elevar estándares de transparencia y probidad

  • Titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, explicó que este trabajo incluye una auditoría a la policía uniformada y la entrega de un paquete de recomendaciones específico cuya implementación será monitoreada por el CPLT.

Una serie de actividades precisas orientadas a elevar el cumplimiento de obligaciones de la Ley de Transparencia y de otras legislaciones como la normativa en materia de conflictos de interés, regulación de actividades de Lobby y otras acciones en distintos ámbitos vinculados con la probidad, entregará el Consejo para la Transparencia (CPLT) a Carabineros de Chile en el marco de una colaboración con la policía uniformada suscrita hoy vía convenio entre ambas instituciones.

El titular del Consejo, Marcelo Drago, detalló que esta iniciativa tiene un carácter eminentemente preventivo “que busca que se cumplan ciertos estándares que eviten que en el futuro situaciones irregulares”. Lo anterior dado que, como explicó el representante del Consejo, “a través de estas herramientas se van aplicando mejor las reglas que existen mejorando los estándares más allá de la ley. Esto implica que los procesos más críticos de la institución puedan tener las herramientas para evitar lo que sucedió en el pasado”.

Asimismo, comentó que la entidad que preside “va a sugerir una serie de medidas específicas, y esperamos que Carabineros las implemente en un plazo determinado y vamos a ir evaluando cómo se van implementando”.

Drago celebró la actitud de Carabineros, que decidió suscribir un acuerdo al cual no está obligado por la normativa vigente, e insistió en que está demostrado estadísticamente el impacto positivo que tiene para las entidades en general el aumento del control ciudadano.

Nuestros estudios arrojan que hay un efecto directo en materia de confianza en las instituciones públicas cuando la ciudadanía se involucra usando las reglas de la transparencia. Por lo tanto, es un efecto no sólo deseado sino que a nuestro juicio probado estadísticamente. A veces son sacrificios que hacen las instituciones en pos de un bien común para el país, que es tener una institución policial fuerte, respetada por todos los ciudadanos cumpliendo su misión constitucional con la mirada atenta de toda la ciudadanía”, espetó el titular de Transparencia.

En tanto, consultado sobre los efectos que este convenio puede conllevar para la institución, el general director de Carabineros, Mario Rozas, afirmó: “Indudablemente que esto nos va a permitir un diagnóstico, transparentar todos nuestros procesos, ver dónde estamos fallando y finalmente las buenas prácticas para poder avanzar en la entrega oportuna y veraz digamos de todo lo que nos pida la comunidad vía Transparencia”.

Finalmente, el máximo representante del CPLT, enfatizó en que “estas herramientas de prevención se implementen, porque en definitiva ayudan no sólo a combatir las situaciones que puedan darse en el futuro, sino a evitar que sucedan”.