Como positiva calificó el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, la propuesta parlamentaria que contempla la reactivación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) para que se transforme en una de las instancias para rendición de cuentas del uso de gastos reservados en las Fuerzas Armadas, no obstante aseguró debiera ser un mecanismo complementario, priorizando el control civil externo. (más…)
El Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valoró las iniciativas anunciadas por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que contemplan un código de ética y la incorporación en esta herramienta de un canal de denuncia anónimo; sin embargo, subrayó la necesidad avanzar en la derogación o modificación del artículo 436 del Código de Justicia Militar que establece los secretos militares.
El titular del Consejo agregó que las medidas que se buscan implementar en la Fuerza Aérea son parte de las recomendaciones propuestas por el CPLT para enfrentar situaciones irregulares en el caso de Carabineros y el Ejército en su minuto.
“La renovación de los manuales de ética y también la generación de espacios de denuncias anónimas y protegidas, son cuestiones que hemos ido planteando en distintos momentos. Lo planteamos para enfrentar la crisis de Carabineros y en el Ejército, y pensamos que son medidas en el camino correcto que la FACH tiene que implementar y que nosotros valoramos”, agregó.
No obstante, para el presidente del CPLT en materia de transparencia “es indispensable derogar o al menos modificar el artículo 436 del Código de justicia Militar, que permite los secretos en una serie de ámbitos de las Fuerzas Armadas aduciendo materias de seguridad nacional, pero que se utiliza para mantener la opacidad en materias específicas”.
A juicio del titular de Transparencia, las Fuerzas Armadas deben someterse al escrutinio ciudadano como el resto de las instituciones del Estado y dejar el secreto para las materias que verdaderamente se refieren a seguridad nacional “y no a cualquier cosa”.
Drago especificó que durante 2018 el Consejo para la Transparencia tuvo que alegar ante la Corte de Apelaciones por decisiones adoptadas por su Consejo Directivo por recursos de ilegalidad presentados por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), aduciendo que el acceso a la información afectaba la seguridad nacional. Sin embargo, argumentó que algunas de ellas no tienen mayor asidero, como por ejemplo la participación de personal de esta rama de las Fuerzas Armadas en la Feria Internacional del Aire (FIDAE) o la denegación de antecedentes sobre el personal de sanidad en retiro que es recontratada en el Hospital Clínico de la institución.
“Esas no eran materias de seguridad nacional y a pesar de eso se insiste en utilizar este artículo del Código de Justicia Militar para mantener en la opacidad en materias que debieran estar a la luz pública. Son las ramas de las FF.AA. son las que deciden entregarnos o no la información, y las que deciden invocar o no este artículo para denegarla en razón de seguridad nacional, por lo tanto, creo que aquí hay una actitud que tiene que ir cambiando”, finalizó el presidente del Consejo.
Una agenda conjunta con el fin de avanzar en la modernización de la ley vigente en materia de protección de datos personales y contar con una normativa que proteja adecuadamente a mujeres, niñas y adolescentes que sufran acoso en redes sociales anunció esta mañana el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC).
Tras la reunión, la presidenta de la OCAC, María José Guerrero, calificó el encuentro sostenido con el presidente del CPLT, Marcelo Drago, y la Consejera de la entidad, Gloria de la Fuente, como “positivo” y destacó el rol “primordial” de la sociedad civil en el levantamiento de demandas en materia de protección de datos personales tras conocerse casos de violencia sexual como los ocurridos en el contexto del sitio Nido.org.
La representante de OCAC enfatizó en que mujeres, niñas y adolescentes experimentan este tipo de violencia no sólo en páginas web como Nido.org sino también en redes sociales, sistemas de mensajería instantánea y en otras plataformas que operan vía Internet. “Hoy en día las redes sociales, el (ambiente) on line, el ciber espacio finalmente es tierra de nadie y (esto releva) la importancia de legislar cómo nos podemos configurar como sujetos de derecho en ese espacio”.
El titular del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, reiteró la relevancia del establecimiento de un marco normativo robusto en materia de protección de datos personales, que “contenga las sanciones penales para situaciones más complejas, pero que establezca un piso general base a todos los ciudadanos”. En este sentido, Drago enfatizó en la necesidad de contar con una ley que permita que “cada persona tenga el control sobre sus datos, incluyendo sus imágenes, que son datos sensibles, en todas las instancias”.
El presidente del CPLT subrayó que la protección de datos personales es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución desde 2018, por lo que comentó que en el marco del debate que se ha iniciado en ciertos grupos de la población que están más expuestos a abusos en las redes sociales y en otras instancias en el ámbito digital, el perfeccionamiento de la Ley de Protección de Datos Personales contribuye con “establecer el piso mínimo base para poder proteger los datos de cada persona, y sobre esa legislación establecer las sanciones penales para situaciones más reprochables como las que hemos conocido: el uso de imágenes para amenaza, acoso, en definitiva dañar a las personas”.
El CPLT pretende reunirse con diversas organizaciones no gubernamentales y sondea sostener encuentros con representantes del Ejecutivo y Legislativo para levantar información desde distintos puntos de vista con miras a perfeccionar la ley de protección de datos personales y sensibilizar sobre la importancia de estos cambios normativos.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) valoró el trabajo desarrollado por el grupo de expertos en Anticorrupción y Transparencia que se desarrolló en nuestro país en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) la semana pasada.
En la apertura de este taller de trabajó – que contó con la presencia del presidente del CPLT, el ministro de la Secretaría General de Gobierno (SEGPRES), Gonzalo Blumel, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott-, se abordó, entre otras temáticas, el rol de entidades de Gobierno en la implementación de iniciativas pro integridad y transparencia a partir del uso de tecnología.
En esta instancia, en la que se mostraron buenas prácticas del sector público en materia de prevención de la corrupción, el presidente del Consejo, Marcelo Drago, detalló los alcances de dos iniciativas impulsadas por el CPLT y que han permitido elevar los niveles de transparencia en el Estado: Infolobby e Infoprobidad. Ambas plataformas digitales permiten acceder a millones de registros sobre autoridades y funcionarios en materia de audiencias, viajes donativos y declaraciones de intereses y patrimonio, entre otros.
Para Chile una de las prioridades de este año APEC es la sociedad digital, por lo que adquiere relevancia definir un marco regulatorio común en materia de protección de datos personales, una de las dimensiones adquiere relevancia considerando el flujo de datos en el marco de una Economía Digital.
En este marco, el presidente del Consejo -institución que participa como delegado en el grupo de trabajo sobre protección de datos-, expuso detalles de la ley vigente en esta materia en nuestro país y los avances del proyecto que moderniza la normativa. Su redacción actual amplía las facultades del CPLT, por su carácter autónomo e independiente, y establece que sería el órgano garante del cumplimiento de las obligaciones legales sobre protección de datos personales.
Titular del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, subrayó que los gastos reservados estaban destinados a materias de inteligencia, defensa y seguridad nacional no para viajes, regalos ni sobresueldos.
Tras participar en la apertura del taller sobre el rol del Gobierno en la implementación de programas de integridad y transparencia en el marco de la APEC Chile 2019, el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, instó a modificar sustantivamente la normativa en materia de gastos reservados en la FFAA y de orden como a lo que consideró “un uso abusivo del concepto de seguridad nacional”
“Hay que modificar sustantivamente la normativa en materia de gastos reservados, hay que establecer controles tanto a nivel político del Ministerio de Defensa y del Congreso Nacional, también fortalecer el rol de la Contraloría General de la República respecto de eso y establecer que la propia Contraloría también deba rendir cuenta de esos controles ante el Congreso, es indispensable reformar esto”, espetó.
Finalizada la actividad en la que participó junto al ministro de Segpres, Gonzalo Blumel; el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, Drago afirmó a la prensa que además era indispensable reformar el artículo 436 del Código de justicia militar, que establece –precisamente- los secretos militares.
“Ha habido un uso abusivo del concepto de seguridad nacional para mantener en reserva información que debiera ser pública y ahí están los viajes por ejemplo, muchos de ellos son completamente protocolares, registrados en los sitios web, sin embargo a la hora de solicitar la información se deniega y se aducen materias de seguridad nacional”, subrayó.
Asimismo, el Presidente del CPLT sostuvo que también había que revisar los montos asociados a gastos reservados porque a su juicio “si se logran defraudar cifras como las que hemos conocido y nadie se da cuenta o lo echa de menos, quiere decir que los montos originales también pueden haber estado abultados”
“Los gastos reservados están destinados a materias de inteligencia, contrainteligencia, materias vinculadas con la defensa y la seguridad nacional, no son para viajes superfluos, no son para regalos fastuosos, no son para dotar de sobresueldos a una cantidad de funcionarios del Estado… y por eso creemos que hay que revisar esa normativa en profundidad”, concluyó.
