Con la presencia de varios alcaldes de la región de Iquique, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la sexta jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
La instancia sirvió para promover una serie de herramientas creadas por el CPLT destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia, que además contó con la asistencia de numerosos funcionarios municipales, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la región de Tarapacá renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Las municipalidades tienen un gran desafío y deben redoblar sus esfuerzos para presentar a la ciudadanía más y mejores detalles de su gestión. Por ejemplo, una de las iniciativas que el Consejo para la Transparencia está promoviendo es la transmisión de las sesiones de los Concejos Municipales a través de Internet”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la primera región son igual de críticos, pues 8 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son castigados, un 66% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 63% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la región de Tarapacá
En el mes de marzo de este año, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
“Nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos. Los vecinos necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo obtener a un subsidio, cómo se financió la plaza de su barrio o qué argumentos tuvieron a la vista las autoridades al decidir la construcción de un edificio o cambiar, por ejemplo, el plano regulador de una comuna”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas.
De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes realizadas en el sitio web www.portaltransparencia.cl, 3.435 están dirigidas a algún organismo de la I región.
Así, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son Municipalidad de Iquique (796), la Seremi de Salud de Tarapacá (782) y la Municipalidad de Alto Hospicio (347).
Asimismo, entre abril de 2009 y marzo de 2017, han ingresado al CPLT 257 casos provenientes de la región de Tarapacá por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Universidad Arturo Prat (30 casos), la Municipalidad de Iquique (20) y la Seremi de Salud de la región (13 casos).

Este concurso busca identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las mejores prácticas, experiencias y/o innovaciones que las instituciones públicas chilenas lleven a cabo para consolidar e incrementar la Transparencia y el Acceso a la Información en el ejercicio de sus funciones y demás actividades de interés general.

Podrán participar distintos sujetos obligados (organismos públicos) de la Ley de Transparencia en las siguientes categorías:
• Categoría Organismos de la Administración Central, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.
• Categoría Municipalidades y Corporaciones Municipales.
• Categoría Empresas Públicas.
• Categoría Universidades.

Las instituciones públicas interesadas en participar en el Concurso deberán completar formulario online y adjuntar los antecedentes solicitados. El plazo para la recepción de postulaciones vence el viernes 28 de julio a las 18:00 hrs.

Este concurso surge de la propuesta denominada “Yo promuevo transparencia”, a través de la plataforma “Ideas.Info: Tus ideas en Transparencia”, en la que se propuso “un concurso anual para funcionarios públicos en el que el Consejo para la Transparencia premiara o reconociera la promoción de la transparencia y el acceso a la información en los diferentes órganos de la administración del Estado”. Esta petición alcanzó la meta de 1.000 firmas en un período de 6 meses, por lo que el Consejo para la Transparencia se comprometió a emitir un pronunciamiento oficial al respecto.

FORMULARIO

Con la presencia de varios alcaldes de la región de la región de Valparaíso, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la quinta jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

La instancia sirvió para promover una serie de herramientas creadas por el CPLT destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia, que además contó con la asistencia de numerosos funcionarios municipales, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la región de Valparaíso renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Las municipalidades tienen un gran desafío y deben redoblar sus esfuerzos para presentar a la ciudadanía más y mejores detalles de su gestión. Por ejemplo, una de las iniciativas que el Consejo para la Transparencia está promoviendo es la transmisión de las sesiones de los Concejos Municipales a través de Internet”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la quinta región son igual de críticos, pues 8 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son castigados, un 60% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 53% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la región de Valparaíso
En el mes de marzo, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“Nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos. Los vecinos necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo obtener a un subsidio, cómo se financió la plaza de su barrio o qué argumentos tuvieron a la vista las autoridades al decidir la construcción de un edificio o cambiar, por ejemplo, el plano regulador de una comuna”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web www.portaltransparencia.cl, 19.480 están dirigidas a algún organismo de la V región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son el Servicio Nacional de Aduanas (2.240), la Subsecretaría de Pesca (1.287) y la Municipalidad de Valparaíso (1.094). Asimismo, entre abril de 2009 y marzo de 2017, han ingresado al CPLT 1.798 casos provenientes de la región de Valparaíso por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son el Servicio Nacional de Aduanas (80); la Municipalidad de Algarrobo (72) y la municipalidad de Valparaíso (71).

En el marco de la inauguración del año académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS), el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, dictó una charla magistral sobre “Transparencia y función pública” a la comunidad académica y estudiantil.

La actividad contó con la presencia de Rafael Rosell, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales junto a Luis Bates, Director del Centro Educación Ciudadana, quienes dieron unas palabras de bienvenida y concordaron en que “la transparencia es una herramienta para reducir los índices de corrupción del país” haciendo un llamado a la universidad y sus estudiantes a relevar el rol de la transparencia en la vida académica.

Tras ello, fue el turno de la charla acerca de la “Transparencia y función pública” que ofreció José Luis Santa María, Presidente CPLT, quien se refirió al escenario de transparencia en tiempos de desconfianza pública, la relación entre transparencia, sociedad civil y academia y finalmente, los objetivos de bien común que impone la transparencia en el relación entre el mundo universitario y el sector público. “La transparencia no sólo alcanza al aparataje estatal sino también –qué duda cabe– a la sociedad en su conjunto, a la ciudadanía en general y a las universidades en particular”, sostuvo Santa María.

Clase magistral USS 2017 “Transparencia y función pública”

A fines del año pasado, se inició un proceso de colaboración entre Costa Rica y Chile que esta semana sumó un valioso paso: una delegación del país centroamericano llegó hasta Santiago para realizar una pasantía en el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Además de reunirse con expertos locales y autoridades, el objetivo de esta visita es conocer más de cerca la experiencia chilena en la implementación de la Ley de Transparencia, que este año cumple ocho años desde su promulgación.

Actualmente, Costa Rica no cuenta con una legislación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto, alianza internacional de la que este país es miembro desde 2012, se aprobó un plan de acción con dieciocho compromisos.

Uno de ellos es la promulgación de un “Decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, que permitirá al Poder Ejecutivo garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, completa y accesible.

Con la finalidad de generar un proceso de acompañamiento en esta trascendental materia, el CPLT inició una asesoría técnica al Gobierno de Costa Rica en 2016, que consideró, en una primera etapa, la visita de una delegación chilena a San José para traspasar conocimientos y herramientas útiles en diversas materias.

Esta iniciativa desplegada por el Consejo para la Transparencia es financiada con el apoyo de Fondo Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 

El 20 de abril se conmemoraron ocho años desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, una norma que además de cambiar la relación de las personas con las instituciones del Estado, empoderó a los ciudadanos al permitirle acceder a información que hasta antes de esta ley, permanecía mayoritariamente oculta.

Aprovechando ese hito, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de esta ley, realizó su VIII Seminario de Transparencia, una instancia en la que se repasó el importante aumento de solicitudes de información durante los dos últimos años.

Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, administrado por el CPLT, el número de peticiones ciudadanas creció de 55.880 en 2015 a 123.219 en 2016, lo que significa que los chilenos hicieron una reclamación de información cada cuatro minutos a los organismos del Estado.

“Esas cifras nos llenan de satisfacción, pero tenemos muy claro que permear en la conciencia ciudadana la trascendencia de este derecho es un proceso paulatino y que requiere de un esfuerzo transversal (…) en el escenario actual, cruzado por confianzas fragmentadas y credibilidades debilitadas, el surgimiento de una ciudadanía demandante de una mayor transparencia, integridad y probidad es el aliciente más potente para consolidar el derecho de acceso a la información pública”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

El seminario, que contó con la presencia de autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil, contempló la realización de dos talleres. En el primero se discutieron los alcances y desafíos de la Ley del Lobby, que permite que cualquier persona conozca el detalle de viajes, donativos y audiencias de las autoridades del país.

Según la plataforma del CPLT, www.infolobby.cl, hasta ahora hay más de 23 mil autoridades y funcionarios públicos que ya están reportando su información. Asimismo, desde el año 2014, se han registrado 153.057 audiencias; 157.057 viajes y 16.739 donativos.

En la instancia, también se repasaron los alcances de las nuevas exigencias de publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio, que obliga a autoridades y grupos de funcionarios públicos entregar información acerca de su situación patrimonial. Hasta ahora, el sitio www.infoprobidad.cl alberga 12.409 declaraciones.

“Estas dos iniciativas constituyen valiosas herramientas para el control social y estimamos que su implementación contribuye a un funcionamiento y gestión más transparente de las instituciones públicas y de quienes trabajan en ellas”, agregó Santa María.

En tanto, en el segundo taller se analizaron los casos más emblemáticos resueltos recientemente por el CPLT, tales como la publicación íntegra de la Ley Reservada del Cobre y la divulgación de las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), tras acoger la petición de una persona que solicitó conocer documentos de todas las sesiones realizadas por ese organismo entre 1989 y 2012, como también los documentos de acuerdos o resoluciones adoptadas en dichas reuniones.

Galería de Fotos

Con la presencia de varios alcaldes de la región de la región Metropolitana, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la cuarta jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

La instancia sirvió para promover una serie de herramientas creadas por el CPLT destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia, que además contó con la asistencia de numerosos funcionarios municipales, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la región Metropolitana renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Las municipalidades tienen un gran desafío y deben redoblar sus esfuerzos para presentar a la ciudadanía más y mejores detalles de su gestión. Por ejemplo, una de las iniciativas que el Consejo para la Transparencia está promoviendo es la transmisión de las sesiones de los Concejos Municipales a través de Internet”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la región Metropolitana son igual de críticos, pues 6 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 65% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 71% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la región Metropolitana
Hace poco más de un mes, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“Nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos. Los vecinos necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo obtener a un subsidio, cómo se financió la plaza de su barrio o qué argumentos tuvieron a la vista las autoridades al decidir la construcción de un edificio o cambiar, por ejemplo, el plano regulador de una comuna”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 131.043 están dirigidas a algún organismo de la RM.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Subsecretaría de Educación (5.354 peticiones); la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (5.051) y Gendarmería (4.820).

Asimismo, entre abril de 2009 y marzo de 2017, han ingresado al CPLT 11.743 casos provenientes de la región Metropolitana por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son Carabineros (643); Gendarmería (327) y el Servicio de Impuestos Internos (314).

 

Con la presencia de alcaldes de la región de Los Lagos, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la tercera jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la décima región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el director general del CPLT, Raúl Ferrada.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la X región son igualmente críticos, pues 7 de cada 10 personas (75%) consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son finalmente castigados. Además, un 54% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida y un 54% afirma que el sector público es “muy corrupto”.

Organismos con más solicitudes en la X región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Ferrada, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia febrero de 2017; 6.539 están dirigidas a algún organismo de la X región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Puerto Varas (650); la Municipalidad de Osorno (621) y la Municipalidad de Castro (369).

Asimismo, han ingresado al CPLT 539 casos provenientes de la décima región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son laSeremi de Salud de Los Lagos (35 casos); la Municipalidad de Castro (28 casos) y la Municipalidad de Puerto Varas (27 casos).

 

Con la presencia de alcaldes de la región del Biobío, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la segunda jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la octava región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el consejero del CPLT, Marcelo Drago.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la VIII región son igual de críticos, pues 7 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 64% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la VIII región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Drago, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 17.067 están dirigidas a algún organismo de la VIII región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Concepción (1.804); la Municipalidad de Chillán (766) y la Municipalidad de Talcahuano (745).

Asimismo, han ingresado al CPLT 1.087 casos provenientes de la octava región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Los Ángeles (142 casos); la Municipalidad de Concepción (130 casos) y la Seremi de Salud del Biobío (52 casos).

A nivel nacional, existen 355 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 134 (38%) corresponden al cargo de alcalde. En la región del Biobío, 71 funcionarios han sido sancionados, 23 (32%) de los cuales son alcaldes.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $$19.240.800, que equivale al 17% del total nacional.

 

En el marco del Plan Anual de Fiscalización, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició hoy el proceso de Auditorías en Transparencia, con una primera visita al Servicio Civil.

En reunión con el Director Nacional del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, junto al Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, y la Directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, se entregó a dicha institución un pre informe de resultados.

El objetivo de este proceso es revisar el cumplimiento de normas e instrucciones generales dictadas por el Consejo tanto en Transparencia Activa como Derecho de Acceso a la Información Pública. De esta manera, el equipo de Auditores en Transparencia del CPLT, revisa los antecedentes remitidos por la entidad fiscalizada, identifica eventuales hallazgos y elabora un informe, del cual se deriva un plan de acción para corregir las observaciones detectadas.

Según el Director General del Consejo, Raúl Ferrada, “este modelo de trabajo tiene por meta ser oportuno al entregar los resultados, con la finalidad de ofrecer una mejora de procesos oportuna y continua, e incentivar las buenas prácticas de transparencia para generar valor a las instituciones”.

Por su parte, el Director Nacional del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, tras recibir el pre informe de su servicio, sostuvo que “ha sido una visita muy útil. Hemos visto los temas en que tenemos que mejorar la transparencia. Creemos que son observaciones importantes que nos hace el Consejo, que debemos mirar e implementar todas las recomendaciones para cumplir un 100%”.

Estas Auditorías en Transparencia se complementan con visitas en terreno y están dirigidas a organismos tales como subsecretarías, intendencias, gobernaciones provinciales, hospitales, servicios de salud, municipalidades, corporaciones municipales y universidades. En total, se fiscalizarán bajo esta modalidad 87 instituciones, 33 de ellas en la Región Metropolitana.

 

A la medianoche de este 31 de marzo se acaba el plazo para que autoridades y funcionarios públicos entreguen sus declaraciones de intereses y patrimonio para cumplir con lo contenido en la ley 20.880 de Probidad en la Función Pública.

Según esta norma, las declaraciones y sus concernientes actualizaciones, se deberán efectuar a través de un formulario electrónico único, que será revisado por los respectivos jefes de servicio. Después de esa primera etapa, que concluye hoy, se derivarán las declaraciones a la Contraloría, las que una vez revisadas, serán remitidas al Consejo para la Transparencia para su posterior publicación en el sitio www.infoprobidad.cl

Es importante considerar que no todas las declaraciones deben estar disponibles en esta página web. Según el respectivo reglamento, sólo son públicas las declaraciones de, por ejemplo, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, alcaldes, concejales y otras autoridades.

El resto de las declaraciones, que conforman el grueso de los funcionarios que por la nueva ley deben declarar, no serán públicas en el portal, pero quedarán en resguardo del órgano fiscalizador del poder correspondiente.

Estas obligaciones forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y buscan elevar los estándares y exigencias para quienes ejercen funciones en alguna institución del Estado, revelando su situación patrimonial mientras ejercen su cargo.

De hecho, la ley es clara en señalar que las declaraciones “deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Además, deberá actualizarse por última vez dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones”.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, destacó la utilidad del sitio: “esta plataforma permite que cualquier persona, desde cualquier parte del país, verifique y fiscalice el cumplimiento de la norma y las declaraciones publicadas. Sin embargo, creemos que nuestro rol más importante es promover entre ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos la importancia que tiene cumplir con la Ley de Probidad y de cómo esta norma fortalece la democracia y el control social”, señaló.

Los declarantes deberán reportar, por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes para evitar irregularidades o anomalías que podrían afectar sus labores al interior de una institución.

Hasta este mediodía ya se encuentran en línea 2.895 declaraciones publicadas: 14 de ellas corresponden a ministros de Estado; 22 son de subsecretarios; 268 de alcaldes y 1.500 son de concejales. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Contraloría se encuentran en proceso de análisis alrededor de 60 mil declaraciones.

En este contexto, el proceso de actualización de la plataforma será permanente y sostenido, lo que deriva en que cada vez habrá más información disponible para el análisis y control social, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de esta importante innovación legal.

 

Después de varios años de inmovilidad, los municipios de todo el país podrán extender sus plantas de funcionarios a contar del año 2018, lo que no sólo permitirá la contratación de más profesionales, sino que además, favorecerá la posibilidad de crear unidades exclusivas de transparencia.

Y pese a que varias comunas ya cuentan con divisiones encargadas de atender las solicitudes ciudadanas y de promover el derecho de acceso a la información, el aumento de plantas permitirá que estas unidades cuenten con jefaturas establecidas —y su consiguiente responsabilidad administrativa— y un presupuesto pre asignado.

Por esa razón, y en el marco del XIII Congreso Nacional de Municipalidades que se realiza en Viña del Mar, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, instó a los municipios a comprometerse con la probidad creando de manera definitiva las llamadas Unidades de Transparencia.

“Este incremento del personal que podrán efectuar los municipios no sólo supone serios desafíos en materia de presupuesto, gestión y administración, sino que también representa una ocasión para sellar un verdadero compromiso con la transparencia creando unidades cien por ciento dedicadas a promover y facilitar el acceso a la información de los ciudadanos”, señaló Santa María, invitando a alcaldes y concejos municipales a comprometerse de manera efectiva con esta norma que permite que cualquier persona exija datos públicos.

Según las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los alcaldes podrán modificar las plantas y efectuar el respectivo encasillamiento de los funcionarios entre el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2019. Luego de ese periodo, el aumento de las plantas sólo se podrá realizar cada 8 años, por lo que Santa María llamó a los ediles a no perder esta oportunidad.

“Esperamos que muchas administraciones comunales se hagan cargo de este llamado y releven el rol de la transparencia al interior de los municipios sin olvidar que nuestro foco son los ciudadanos”, agregó.