El próximo 15 de diciembre se realizará la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia.

En esta primera sesión se tratarán los siguientes temas:
– Presentación de Marco Estratégico CPLT, expone Unidad de Planificación y Calidad.

– Presentación de los principales resultados de Estudio Nacional de Transparencia 2016, Estudio Nacional de Funcionarios Públicos y Cuenta Pública Participativa, expone Dirección de Estudios.

– Presentación de Política de Participación CPLT, expone Unidad de Promoción y Clientes.

La próxima convocatoria será en enero 2017 donde se espera realizar un ejercicio de levantamiento de propuestas que refuercen las líneas de trabajo de este Consejo para el próximo año.

El encuentro será el próximo 15 de diciembre a las 10 horas en dependencias institucionales (Morandé 360, piso8). Agradecemos desde ya confirmar su asistencia, en caso de no poder asistir podrá designar un reemplazante para estos efectos previo aviso.

Con más de 300 asistentes del área docente, académica y estudiantes de pedagogía se llevó a cabo hoy el 2° Seminario “Formación Ciudadana y Transparencia: Recursos y Desafíos para la Comunidad Escolar”, actividad organizada por el Consejo para la Transparencia junto a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El encuentro fue inaugurado por el Vicedecano de la Facultad de Educación de la UC, Andrés Bernasconi, quien agradeció la instancia para compartir y conocer nuevas propuestas educativas con foco en la transparencia.

Por su parte, la Directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, Alejandra Sepúlveda, sostuvo que “el Consejo ha desarrollado varios recursos didácticos y herramientas educativas sobre formación ciudadana y transparencia para apoyar procesos educativos y facilitar la labor docente”. Asimismo, aprovechó la instancia para presentar el nuevo portal educativo “Escuela Ciudadana”.

Durante la jornada, el Coordinador Nacional de Educación Media de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Marco Ávila, realizó una presentación llamada “Contexto y desafíos de la política pública para la Formación Ciudadana”, donde analizó qué busca la nueva ley del Plan de Formación Ciudadana.

A su vez, se reunieron distintos expertos para discutir sobre materias de educación y transparencia en el Panel sobre acciones y recursos para la Formación Ciudadana conformado por María Rosario Navarro, directora del portal Educar Chile de Fundación Chile; Werner Westermann, jefe del programa de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional; Maximiliano Tham, investigador de Educación y Desarrollo Humano del PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo; Claudia Morales, directora de la ONG Escuela Ciudadana y Juan Pablo Camps, analista de la Unidad de Promoción del Consejo para la Transparencia.

A poco más de una semana de la nueva rendición de la PSU y como parte de su misión institucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) reiteró las recomendaciones entregadas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) para mejorar los niveles de transparencia en torno al examen que cada año determina el ingreso de los estudiantes al sistema universitario.

Dichas recomendaciones están orientadas a perfeccionar la entrega de resultados y a visibilizar más datos en torno a la elaboración del test que será rendido por más de 250 mil jóvenes.

Las sugerencias emitidas por el Consejo para la Transparencia son:

1. Informar sobre el comportamiento de los puntajes de la PSU en función de criterios territoriales (por región, provincia o comuna) o temporales; de la naturaleza de los establecimientos educacionales y del origen social de los estudiantes, de manera de permitir evaluar y comparar resultados.

2. Informar las evaluaciones generales y de impacto del proceso de rendición de las pruebas de selección universitaria en consideración a los propósitos y objetivos trazados en el diseño original, como también estudios o auditorías efectuados al proceso y sus resultados; el costo total de la PSU y los ingresos por concepto de inscripción.

3. Poner a disposición la información señalada, precedentemente, en un formato que permita la utilización, revisión e interrelación de los datos en ella incluidos.

A casi un mes de que entrara en vigencia la Instrucción General del Consejo para la Transparencia (CPLT), que obliga a que los Partidos Políticos publiquen detalles de su gestión interna y otros antecedentes, ya trece conglomerados han adherido al Portal de Transparencia del Estado, administrado por el CPLT.

Esta plataforma permite que cualquier persona pueda conocer datos específicos de los partidos políticos, como su organigrama, pactos electorales a los que adscriben, sus sedes a lo largo de todo el país o el número de adherentes que registran.

Asimismo, y partir de enero y abril próximo, el sitio contendrá información tal como las declaraciones de intereses y patrimonio de la directiva del conglomerado y sus candidatos; los ingresos y gastos realizados en una determinada campaña o incluso, las donaciones y aportes percibidos por la institución.

Todo esto está contemplado en las obligaciones que deben cumplir de acuerdo a la nueva Ley de Partidos Políticos.

“En tiempos donde prevalece una mirada crítica sobre el sistema político en general, es bueno que la ciudadanía pueda acceder a información de los partidos políticos a través de este portal. Ahora, la tarea es que el grupo de conglomerados que ya se han sumado a la plataforma mantengan sus datos actualizados y entreguen información de manera certera y oportuna. Asimismo, esperamos que más entidades adhieran a este portal”, señala José Luis Santa María, presidente del CPLT.

A la fecha, los trece partidos que ya están publicando antecedentes de su gestión interna en el sitio www.portaltransparencia.cl, son:

– Partido Evolución Política (Evópoli)
– Partido Demócrata Cristiano (DC)
– Partido Comunista Chile (PC)
– Partido Progresista (PRO)
– Partido Socialista de Chile (PS)
– Partido Radical Socialdemócrata (PRSD)
– Partidos Ecologista Verde (PEV)
– Partidos Humanista (PH)
– Partido por la Democracia (PPD)
– Partido Renovación Nacional (RN)
– Partido Unión Demócrata Independiente (UDI)
– Partido Todos
– Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (MIRAS)

Crecen solicitudes ciudadanas
El Portal de Transparencia del Estado es una iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparencia que debutó en Agosto de 2013. Desde ese momento, el sitio ha recibido 183.394 solicitudes de información y actualmente, los ciudadanos pueden acceder a la información de 675 organismos de todo el país.

De hecho, solo en octubre pasado, la plataforma recepcionó 10.748 solicitudes, y fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con 261 requerimientos, la institución más solicitada. Más abajo le siguieron, Gendarmería (253) y la Subsecretaría de Educación (252).

Durante este año, es el Ministerio de Educación el organismo que más ha recibido solicitudes ciudadanas, con 4.278 requerimientos. Luego, se ubican la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) (3.936) y Gendarmería de Chile (3.823).

Y con 103.147 solicitudes desde 2013, son los municipios los organismos más demandados por las personas a la hora de exigir datos públicos. En ese sentido, y con 36.769 requerimientos, las comunas de la Región Metropolitana son las que más peticiones de información han recibido en lo que va del año.

Le siguen las municipalidades de la Región del Biobío, con 13.330 solicitudes y Valparaíso, con 10.485 requerimientos.

En relación a la distribución y género de los solicitantes, el 64% de quienes han pedido información a través del portal durante este año han sido hombres, mientras que un 36% corresponde a mujeres.

El promedio mensual de visitas al sitio dependiente del CPLT en los últimos 3 meses es de 186.766 accesos, mientras que las materias más revisadas por los ciudadanos son “personal y remuneraciones” y “actos y resoluciones con efectos sobre terceros”, que tienen relación con acciones administrativas como permisos, concesiones o concursos públicos, entre otras.

En todo Chile existen 53 Corporaciones Municipales, encargadas de administrar y gestionar el funcionamiento de dos áreas particularmente sensibles e importantes para la ciudadanía: la salud y la educación.

Algunas de estas entidades tienen presupuestos, personal y recursos físicos a veces superiores a los propios municipios, por lo que el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa es de gran interés para los ciudadanos.

Sólo desde hace tres años las Corporaciones Municipales del país están obligadas a rendir públicamente los detalles de su gestión financiera y administrativa de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia.

Por eso, desde 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició un plan de fiscalización y acompañamiento, que ha redundado en la mejora sustancial de las Corporaciones Municipales en cuanto al cumplimiento de la norma que promueve la probidad y el acceso a la información.

Por ejemplo, de las quince Corporaciones Municipales sumariadas en 2014, el puntaje de cumplimiento promedio ascendió de 6,03% a un 51,81% durante este año, lo que representa un alza de 45,78 puntos porcentuales.

Lo mismo se observa entre las 25 Corporaciones Municipales con orden de sumario tras la fiscalización de 2015: de un puntaje promedio de cumplimiento de 30,13%, todas duplicaron su buen desempeño y aumentaron a un 62,32% en 2016, equivalente a un crecimiento de 32,19 puntos porcentuales.

Estos resultados dan cuenta del impacto que tienen las fiscalizaciones realizadas por el CPLT en el desempeño de estos organismos y el cumplimiento en Transparencia Activa, que exige que estas entidades publiquen detalles de su gestión administrativa y financiera a través de sus sitios web.

“La gran mayoría de las corporaciones y comunas fiscalizadas aumentaron de manera sustantiva sus niveles de transparencia, por lo que nuestra evaluación no puede ser más que positiva. De hecho, promovemos un completo programa de capacitación y fiscalización que incluye a muchos más órganos públicos”, explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que “cuando una institución mejora sus índices de transparencia, no solo se aleja de la corrupción, sino que se acerca a la ciudadanía y le entrega más y mejor información”.

Con todo esto, se puede señalar que en la práctica, los ciudadanos tienen un mejor acceso a:

a) Información sobre cuáles son los establecimientos educacionales de la comuna, sus direcciones y los mecanismos de postulación.

b) Datos acerca de cómo acceder a diversos beneficios, como la educación parvularia para los hijos e hijas de las madres que trabajan.

c) Cómo acceder a los programas de educación especial de la comuna.

d) Cuáles son los establecimientos de atención primaria de urgencias de la comuna, sus ubicaciones y horarios.

e) Programas de tratamiento de drogas para niños, niñas y adolescentes, entre otros.

 

Evolución de los sumarios
Desde el año 2013, el CPLT ha solicitado 59 sumarios para diversas Corporaciones Municipales del país. De este total, 55 sumarios han surgido tras un proceso de revisión de este Consejo, mientras que los cuatro procesos restantes tienen que ver con la presentación de algún reclamo.

Del total de sumarios generados después de una fiscalización, 15 fueron solicitados en 2014; 25 el año 2015 y 15 este 2016.
La última revisión del CPLT sobre las Corporaciones Municipales se concretó en febrero de este año. Dicho proceso de fiscalización concluyó que en materia de Transparencia Activa, estos organismos lograron un puntaje promedio de cumplimiento de un 61,28%. Este resultado es un 15,84% superior a la puntuación obtenida por estas entidades en 2015, cuando alcanzaron un 45,44%.

 

Dentro de los principales incumplimientos observados por el CPLT en esta fiscalización se encuentran la información desactualizada o incompleta de datos relevantes relacionados a personal, remuneraciones, compras, contrataciones, gestión presupuestaria y actos con efectos sobre terceros, como concesiones o concursos públicos.

Programa de fiscalización a Corporaciones Municipales:
Para seguir evaluando el desempeño de las Corporaciones Municipales, comprobar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y promover mejoras en materia de Transparencia Activa, el CPLT está ejecutando una serie de auditorías en todo el país.

En todo Chile existen 53 Corporaciones Municipales, encargadas de administrar y gestionar el funcionamiento de dos áreas particularmente sensibles e importantes para la ciudadanía: la salud y la educación.

Algunas de estas entidades tienen presupuestos, personal y recursos físicos a veces superiores a los propios municipios, por lo que el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa es de gran interés para los ciudadanos.

Sólo desde hace tres años las Corporaciones Municipales del país están obligadas a rendir públicamente los detalles de su gestión financiera y administrativa de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia.

Por eso, desde 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició un plan de fiscalización y acompañamiento, que ha redundado en la mejora sustancial de las Corporaciones Municipales en cuanto al cumplimiento de la norma que promueve la probidad y el acceso a la información.

Por ejemplo, de las quince Corporaciones Municipales sumariadas en 2014, el puntaje de cumplimiento promedio ascendió de 6,03% a un 51,81% durante este año, lo que representa un alza de 45,78 puntos porcentuales.

Lo mismo se observa entre las 25 Corporaciones Municipales con orden de sumario tras la fiscalización de 2015: de un puntaje promedio de cumplimiento de 30,13%, todas duplicaron su buen desempeño y aumentaron a un 62,32% en 2016, equivalente a un crecimiento de 32,19 puntos porcentuales.

Estos resultados dan cuenta del impacto que tienen las fiscalizaciones realizadas por el CPLT en el desempeño de estos organismos y el cumplimiento en Transparencia Activa, que exige que estas entidades publiquen detalles de su gestión administrativa y financiera a través de sus sitios web.

“La gran mayoría de las corporaciones y comunas fiscalizadas aumentaron de manera sustantiva sus niveles de transparencia, por lo que nuestra evaluación no puede ser más que positiva. De hecho, promovemos un completo programa de capacitación y fiscalización que incluye a muchos más órganos públicos”, explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que “cuando una institución mejora sus índices de transparencia, no solo se aleja de la corrupción, sino que se acerca a la ciudadanía y le entrega más y mejor información”.

Con todo esto, se puede señalar que en la práctica, los ciudadanos tienen un mejor acceso a:
a) Información sobre cuáles son los establecimientos educacionales de la comuna, sus direcciones y los mecanismos de postulación.
b) Datos acerca de cómo acceder a diversos beneficios, como la educación parvularia para los hijos e hijas de las madres que trabajan.
c) Cómo acceder a los programas de educación especial de la comuna.
d) Cuáles son los establecimientos de atención primaria de urgencias de la comuna, sus ubicaciones y horarios.
e) Programas de tratamiento de drogas para niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Evolución de los sumarios
Desde el año 2013, el CPLT ha solicitado 59 sumarios para diversas Corporaciones Municipales del país. De este total, 55 sumarios han surgido tras un proceso de revisión de este Consejo, mientras que los cuatro procesos restantes tienen que ver con la presentación de algún reclamo.

Del total de sumarios generados después de una fiscalización, 15 fueron solicitados en 2014; 25 el año 2015 y 15 este 2016.

La última revisión del CPLT sobre las Corporaciones Municipales se concretó en febrero de este año. Dicho proceso de fiscalización concluyó que en materia de Transparencia Activa, estos organismos lograron un puntaje promedio de cumplimiento de un 61,28%. Este resultado es un 15,84% superior a la puntuación obtenida por estas entidades en 2015, cuando alcanzaron un 45,44%.

Dentro de los principales incumplimientos observados por el CPLT en esta fiscalización se encuentran la información desactualizada o incompleta de datos relevantes relacionados a personal, remuneraciones, compras, contrataciones, gestión presupuestaria y actos con efectos sobre terceros, como concesiones o concursos públicos.

Programa de fiscalización a Corporaciones Municipales:
Para seguir evaluando el desempeño de las Corporaciones Municipales, comprobar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y promover mejoras en materia de Transparencia Activa, el CPLT está ejecutando una serie de auditorías en todo el país

Con la suscripción de 18 compromisos de trabajo colaborativo culminó el XII Encuentro Regional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), celebrado en Quito, Ecuador.

El evento, en el que participaron representantes de los países miembros de la RTA, de la OEA, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Global Initiative for Fiscal Transparency, fue encabezado por el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santa María.

“Han sido dos días de fructífero debate y reflexión en torno a los desafíos y avances que enfrentamos en la consolidación del derecho de acceso a la información pública y la transparencia. Hemos avanzado en importantes acuerdos y en identificar aquellas sinergias con la OEA, con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, representantes de la sociedad civil ecuatoriana y chilena, que nos permitirán estrechar de manera colaborativa los trabajos que todos estamos desplegando en la instalación de una cultura de la transparencia”, señaló.

Santa María destacó el debate de jurisprudencia “donde pudimos analizar y compartir las posturas que nos ha tocado adoptar en la resolución de casos” y resaltó los avances registrados en materia de Archivos, Indicadores y en la plataforma de Jurisprudencia que debutará el próximo año y que contendrá las decisiones en materia de acceso a la información pública adoptadas en los distintos países.

A través de 19 compromisos en las más diversas áreas, diferentes ministerios, organismos públicos y empresas del Estado, presentaron el tercer Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP).

Esta iniciativa, que busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas entre las instituciones públicas desde el año 2011, es un acuerdo de carácter internacional que hoy está suscrito por 64 países de manera voluntaria.

Chile manifestó su intención de unirse a esta alianza hace cinco años y desde ese momento ya ha implementado dos planes de acción: el primero fue ejecutado entre los años 2012 y 2013 y el segundo, entre 2014 y 2016.

En esta oportunidad, la mesa de trabajo permanente que impulsa esta alianza en el país, presentó el tercer Plan de Acción para el periodo 2016 – 2018. Dicha instancia es multisectorial y está presidida por la Comisión de Probidad de la Segpres y apoyada por diferentes entidades, como el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Este Plan de Acción fue desarrollado a través de un proceso multilateral y contiene una serie de compromisos concretos que fortalecen la probidad, pero también la innovación.

“Hay una sintonía perfecta entre los objetivos del Gobierno Abierto y la misión institucional del Consejo para la Transparencia (…) por eso, queremos promover, desde el punto de vista sustantivo, una profunda y constante participación de la ciudadanía en este tema”, explica Raúl Ferrada, director general del CPLT, detallando que hoy nuestro país mantiene un rol de liderazgo en la región en materias de probidad y transparencia.

Así, y en el marco de este tercer plan de acción, el CPLT adoptó tres compromisos para los próximos dos años.
El primero, denominado “Modelo de trabajo y recursos de Lenguaje Claro en la Administración Pública”, pretende desarrollar un sistema que potencie la utilización de expresiones comprensibles y claras en la comunicación del Estado y sus instituciones con los ciudadanos. El segundo compromiso, titulado “Modelo de Gobierno Abierto a nivel subnacional”, apunta a la creación de políticas de gestión y probidad entre los municipios del país, mientras que el tercer acuerdo adoptado por el CPLT también se dirige a las administraciones comunales y fue bautizado como “Modelo de Gestión de Transparencia Municipal 2.0”. Este punto busca mejorar los estándares de transparencia a nivel comunal a través de nuevas herramientas de gestión e innovación.

El panel que acompañó la presentación de los compromisos adoptados por el CPLT, estuvo también conformado por Juan Manuel Sánchez, director general de Obras Públicas; Trinidad Inostroza, directora de ChileCompra y Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco.

Desde el 8 hasta el 11 de noviembre el Consejo para la Transparencia (CPLT) participó en Santiago del XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, evento internacional de carácter anual cuyo objetivo es compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas y gestión en el Estado.

La inauguración estuvo a cargo del Secretario General CLAD, Gregorio Montero, la presidenta CLAD, Liliana Caballero y la transmisión de unas palabras de bienvenida de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Durante la semana, el Consejo para la Transparencia participó en un panel sobre Estrategias integrales de participación en la gestión para mejorar la confianza de los ciudadanos en el Estado siendo parte de esta mesa Daniela Moreno, Directora de Estudios del CPLT, asimismo integró otro panel Eduardo González, Director de Desarrollos y Procesos junto a Gastón Avendaño, Jefe Unidad de Sistemas, ambos del CPLT llamado Fortaleciendo el gobierno abierto mediante la cooperación entre órganos del Estado en el marco de experiencias en implementación de portales ciudadanos en políticas públicas de transparencia.

Ambos paneles tuvieron la misma área temática sobre Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana en el sector público.

Stand Consejo para la Transparencia durante Congreso CLAD 2016

Paralelo a todas las actividades. el CPLT estuvo presente con un stand exponiendo diversas iniciativas de la institución, tales como: Portal de Transparencia, EducaTransparencia, Infolobby, Infoprobidad, Transparencia Presupuestaria, RTA, Modelo de Gestión Transparencia Municipal, Observatorios Legislativo y Regionales e Ideas Info.

Con la presencia de representantes de 20 países, se dio inicio hoy en Quito, Ecuador, al XII Encuentro Regional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA.

La cita, que se extenderá hasta mañana, tiene por objetivo reflexionar acerca de los avances de la política de transparencia y revisión de los proyectos en curso de la RTA para el fortalecimiento de la política en la región, identificando nuevos desafíos, potenciando las redes de trabajo y relevando nuevas líneas de trabajo y fuentes de financiamiento para proyectos de cooperación futuros.

El encuentro fue inaugurado por el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santa María, quien señaló que “esperamos que este nuevo encuentro sea una instancia fructífera para todos, que refuerce el espíritu de intercambio de buenas prácticas y aprendizajes que ha dinamizado esta alianza desde su fundación y que la articulación de nuestros esfuerzos se traduzca en ciudadanos más empoderados y conscientes de su derecho a solicitar información pública al Estado”.

En la jornada de hoy, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, abordó materias relativas a la jurisprudencia y se refirió al trabajo de formación que está desarrollando en el marco del diplomado regional de la RTA.

Por su parte, Octavio del Fávero, Coordinador Legislativo de Ciudadano Inteligente, mostró la plataforma Partidos Públicos.cl, y Tania Sánchez, de “Global Iniciative for Fiscal Transparency”, expuso sobre orientaciones y estándares que deben estar presentes en el ámbito de la transparencia fiscal.

Durante el día, se realizarán talleres sobre jurisprudencia, se revisará el estado de avance del trabajo en materias de Archivos e Indicadores, y habrá un encuentro con representantes de sociedad civil.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en el Reclamo de Ilegalidad, interpuesto en contra de la Decisión del Consejo (C1180-16) que rechazó un amparo en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), a través del cual el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), reclamó por recibir respuesta negativa a la solicitud de antecedentes médicos de un paciente, en particular, las licencias médicas correspondientes al período 2000-2010 y el registro de consultas médicas efectuadas en el mismo período.

Tras esto, el IST dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de FONASA, el cual fue rechazado por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, por resultar aplicables las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 Nº 2 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo regulado en los Art. 2 letra g) y Art. 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, ya que se trata de datos sensibles de un tercero.

En contra de dicha decisión, el IST presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, fundado en la infracción del Art. 10 de la Ley N°19.628, por cuanto dicho artículo permitiría, a su juicio, que el IST pueda acceder a datos sensibles de sus pacientes que obren en poder de FONASA, cuando sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

El reclamo fue rechazado por la Corte, compartiendo los argumentos del CPLT, en el sentido de que las normas que excepcionalmente permiten el acceso a datos sensibles de las personas, referidos a su salud, deben ser interpretadas en forma restrictiva, de modo que su tratamiento debe hacerse con importantes restricciones, a fin de limitar el acceso a éstos por personas distintas a su titular, ello por cuanto resulta evidente el peligro que para éste pude significar la utilización de la referida información en manos de terceras personas, por lo que ha confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia Rol C1180-16, de modo que el IST no podrá acceder a los datos de salud del paciente, ni siquiera bajo justificación de establecer si le correspondían y desde cuándo, los beneficios de la Ley N° 16.774.

El Consejo para la Transparencia ordenó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) entregar los certificados de línea de crédito y otros antecedentes de las empresas oferentes que participaron en la licitación de raciones alimenticias para el período 2016-2019.

El caso se gatilló luego de que una persona solicitara a la JUNAEB la copia de los certificados de línea de crédito disponible presentados por todos los participantes en dicho proceso. Tras la negativa del organismo de entregar la información, el ciudadano recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia (rol C640-16).

Al respecto, y a la luz de la análisis del caso, el Consejo ha sostenido que los antecedentes presentados durante una licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria, un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados deben poseer el mismo carácter. De hecho, respecto del proceso licitatorio consultado, dada su importancia, amerita que se tomen los resguardos correspondientes, a fin de evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños y jóvenes beneficiarios.

De este modo, de la revisión de la información solicitada por el ciudadano, se concluyó que sólo la documentación tributaria aportada por las empresas oferentes queda cubierta por lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, el cual descansa en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar.

Dado ello, el Consejo acogió parcialmente el amparo y requirió a la JUNAEB entregar los certificados de línea de crédito disponible y copia de los anexos 69, como de los documentos adjuntos a éste presentados por todos los oferentes participantes en la licitación, salvo la documentación tributaria.