Con la presencia de los alcaldes de la región de Antofagasta, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la undécima jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la segunda región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la II región son igual de críticos, ya que un 79% de sus habitantes —siete de cada diez personas— cree que los actos que atentan contra la probidad no son finalmente castigados.
Además, un 58% de los habitantes de esa zona del país cree que la corrupción en las instituciones públicas “está muy extendida” y un 57% considera que el sector público es “muy corrupto”.
La encuesta del CPLT reveló también un alza en la valoración del acceso a la información pública como un derecho en comparación a 2015. Así, mientras un 87% de los chilenos cree que los organismos del Estado están obligados a responder las solicitudes ciudadanas de información, en el caso de Antofagasta la cifra es bastante similar, con un 86%.
En tanto, un 86% de los antofagastinos está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada a través de la Ley de Transparencia, tienen derecho a reclamar, lo que llega al 88% a nivel nacional.

Organismos con más solicitudes en la II región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.
Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
Desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 268 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos. (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia mayo de 2017; 4.357 están dirigidas a algún organismo de la II región.
De hecho, entre 2013 y mayo de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la municipalidad de Antofagasta (1.126), la municipalidad de Calama (564) y la Municipalidad de Taltal (360).
Asimismo, desde abril de 2009 a mayo de 2017, han ingresado al CPLT 19.742 casos por denegación o entrega incompleta de información pública. La Región de Antofagasta acumula históricamente un total de 389 casos ingresados. De ese total, 34 han sido presentados este año.
Las instituciones de la región más con más reclamos son la Municipalidad de Antofagasta (42 casos), la Seremi de Bienes Nacionales (28 casos) y la Municipalidad de Taltal (20 casos).

 

El 19 de junio pasado, y tras dos años de tramitación, la Corte Suprema respaldó una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y le ordenó a la Superintendencia de Pensiones hacer entrega de la información solicitada por un ciudadano en el año 2015.
Se trata de Claudio Reyes Rojas, que en junio de ese año exigió conocer “el Plan de Negocios presentado por la AFP Argentum a la Superintendencia de Pensiones, el cual fue remitido entre septiembre y diciembre de 2014, en el marco de la petición de aprobación de la fusión con AFP Cuprum”.
Sin embargo, la compañía aludida se negó a la entrega de la información, argumentando que los datos solicitados eran antecedentes de carácter sensible y su publicidad, comunicación o conocimiento “afectaría gravemente su esfera de derechos de carácter comercial o económico”.
A partir de ese momento se inició una disputa judicial que concluyó recién la semana pasada, cuando la Corte Suprema ratificó la resolución del CPLT y revalidó el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental.
El fallo del máximo tribunal sostiene que, tratándose de derechos sociales, que deben ser prestados por las AFP que administran los fondos aportados por cada trabajador, el Estado debe cumplir un eficaz rol de garantía en cuanto al acceso para todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas.
Asimismo, la resolución agrega que “el derecho a conocer hechos de relevancia pública que ocurren en el medio social y su veracidad, facilita el control ciudadano en los asuntos de interés general, por lo que es obligación del Estado garantizar la libre circulación de la información”, recalcando que las AFP’s “satisfacen una necesidad social (…) por lo que el análisis del asunto debe ser abordado con una mirada de interés público, ya que una mirada puramente comercial y privatista, arrojaría un resultado incoherente con la finalidad protectora que supone la seguridad social”.
El fallo de la Corte Suprema puede ser revisado en el sitio del Poder Judicial con el siguiente rol: 49981 – 2016, mientras que la resolución del CPLT está disponible en el sitio www.consejotransparencia.cl bajo el rol C1510-15.

Con la asistencia de representantes, delegaciones y expertos de 11 países, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Red Iberoamericana de Protección de Datos dieron inicio al XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, evento en el que debatieron acerca de cómo avanzar en el resguardo y garantía de la información privada de las personas ante la masiva recolección de datos personales.
El encuentro, que por primera vez se realiza en Chile, abordó en su primera jornada temáticas como el Derecho al Olvido que, en algunos países, permite que los ciudadanos exijan la eliminación de su información personal de ciertas bases de datos como también de contenidos considerados como ofensivos o perjudiciales en internet.
Asimismo, la instancia sirvió para debatir acerca del uso y masificación de cámaras de seguridad, drones y otros dispositivos de tele vigilancia y el manejo que se realiza sobre las imágenes captadas, pues actualmente no existe en Chile una reglamentación en torno al tratamiento de esta información.
“Sin mecanismos de defensa y una regulación acorde con las nuevas tecnologías, el tratamiento de estos datos puede afectar nuestra vida autónoma. Y si bien en el ocaso del milenio pasado, nuestro país dictó una de las leyes de protección de datos pioneras en la región, hoy asistimos a un desfase regulatorio considerable dado que dicha ley data de 1999”, explicó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
“Actualmente se encuentran en tramitación dos proyectos de ley que buscan reformar significativamente el régimen legal de protección de datos en nuestro país. Celebramos el impulso de los colegisladores y esperamos que el resultado de la amplia deliberación se ajuste a los más altos estándares comparados en materia de protección de datos”, agregó Santa María.
En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, valoró la instancia de reflexión en torno a la Protección de Datos Personales y advirtió que el Gobierno ya se encuentra trabajando en la promulgación de una norma adecuada.
“Tenemos un gran desafío en crear las reglas para regular las conductas en esta era digital. Se trata de diseñar instituciones, marcos normativos e incentivos que permitan generar convergencia entre la información personal, las libertades individuales y el interés público”, señaló la autoridad.
El llamado Big Data, o la recolección y almacenamiento masivo de datos personales, fue otro de los ejes de la discusión impulsada por el CPLT. Diariamente, los ciudadanos entregan información personal de manera casi inconsciente, a través de las búsquedas en Internet, transferencias bancarias, posteos a través de las redes sociales o la entrega del RUT en distintos centros comerciales. Dicha información puede ser vendida a terceros sin el consentimiento de sus titulares, lo que genera una profunda reflexión acerca de cómo promover la protección de los datos personales como un derecho fundamental amparado en nuestra legislación.
El XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, que se extenderá hasta mañana jueves 21 de julio, contó además con la participación de parlamentarios, autoridades, representantes de empresas privadas y expertos de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, la Dirección Nacional de Protección de Datos de Argentina y compañías internacionales como Google, Facebook, Microsoft y HP.
El seminario también puede ser seguido a través de las redes sociales con el hashtag #cuidatusdatos y a través de Streaming en el sitio web del CPLT: www.consejotransparencia.cl

 

Luego de dos años de un aumento sostenido, las empresas públicas y sociedades donde el Estado tiene más de un 50% de participación, bajaron su porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Así lo devela la quinta fiscalización realizada por el CPLT a 29 compañías del Estado para verificar el cumplimiento de la Transparencia Activa, que es toda aquella información que por ley las instituciones deben publicar a través de sus sitios web.

El proceso de revisión, que se realizó entre abril y mayo de este año, consideró la publicación de diversas materias, como los estados financieros, las memorias anuales, la estructura orgánica y las remuneraciones de las planas ejecutivas o directorios, entre otros ítems.

A nivel general, las empresas lograron un puntaje promedio de 89,52% de cumplimiento en Transparencia Activa. Esto es 5,39 puntos porcentuales menos que lo registrado en la medición del año 2016, donde las compañías alcanzaron un puntaje promedio de 94,91%.

En ese sentido, fueron las Sociedades las que tuvieron un peor puntaje de cumplimiento promedio, con un 73,71% (16,39 puntos porcentuales menos que en 2016, donde el puntaje fue de 90,10%). En tantos, las Empresas Públicas registraron un 96,63% en la medición de este año, mientras que en 2016, el puntaje fue de 97,32%.

Los ítems con mejor desempeño en la evaluación fueron: “Composición del Directorio y Responsables de la Gestión”, “Aspectos Generales”, “Filiales o Coligadas y todas las entidades” y “Marco Normativo aplicable”.
En tanto, las materias con menor puntaje fueron: “Estados Financieros y Memorias anuales”, “Estructura Orgánica y funciones de cada unidad”, Información consolidada del Personal” y “Remuneración de Directores, Presidente o Vicepresidente Ejecutivo”. Esta última materia descendió en 16,9 puntos porcentuales en relación al año anterior.

Este año, 14 empresas lograron un puntaje de cumplimiento promedio de 100%, mientras que en 2016 fueron 13:

– Codelco
– Banco Estado
– Polla
– Correos Chile
– Enaer
– Asmar
– Casa de Moneda
– Puerto Arica
– Portuaria TSV
– Empresa Portuaria Austral
– Empresa Portuaria Iquique
– Puerto Chacabuco
– Empresa Portuaria Valparaíso
– Puerto San Antonio

En tanto, las compañías con los puntajes más bajos en esta fiscalización fueron Econssa Chile (69,62%), Enacar (47,1%), Sacor (45,1%) y Sasipa (40,9%).

En relación a las variaciones porcentuales, las tres empresas que lograron incrementar más su puntaje de cumplimiento en comparación a la fiscalización del año 2016, son la Empresa Portuaria Coquimbo (+15,42%), Asmar (+6,67%) y la Casa de Moneda (4,46%).

En tanto, las compañías que registraron un mayor descenso en sus puntajes fueron la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada (SASIPA) (-45,65%), la Empresa Nacional del Carbón (-39,85%) y Econssa (-30,38%).

Ranking general de Empresas y Sociedades del Estado:

 

Con la presencia de los alcaldes de la región de La Araucanía, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la décima jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la novena región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la IX región son igual de críticos, ya que un 78% de sus habitantes —siete de cada diez personas— cree que los actos que atentan contra la probidad no son finalmente castigados.
La encuesta también pone en evidencia la importancia que están dando los ciudadanos a la transparencia como valor que debe preponderar en los organismos públicos. Así, para el 73% de los ciudadanos de la región la Araucanía, el atributo más importante que debe tener una institución pública es la transparencia.
El estudio reveló además un alza en la valoración del acceso a la información pública como un derecho, que es mayor en el caso de la novena región. Así, mientras un 87% de los chilenos cree que los organismos del Estado están obligados a responder las solicitudes ciudadanas de información, aumentando 7 puntos porcentuales en relación al 2015, en el caso de la Araucanía la cifra es de un 96%.
En tanto, un 98% de los ciudadanos de esta zona del país está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada, las personas tienen derecho a reclamar, lo que llega al 88% a nivel nacional, con un alza de 9 puntos respecto de 2015.

Organismos con más solicitudes en la IX región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.
Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
Desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 268 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos. (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia mayo de 2017; 12.049 están dirigidas a algún organismo de la IX región.
De hecho, entre 2013 y mayo de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (2.377), la Seremi de Salud de La Araucanía (1.139) y la Municipalidad de Temuco (776).
Asimismo, desde abril de 2009 a mayo de 2017, han ingresado al CPLT 19.742 casos por denegación o entrega incompleta de información pública. La Región de La Araucanía acumula históricamente un total de 596 casos ingresados. De ese total, 64 han sido presentados este año.
Las instituciones de la región más con más reclamos son la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (68 casos), la Municipalidad de Cholchol (25 casos) y la Municipalidad de Lautaro (20 casos).

El Consejero del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, participó en discusión sobre Proyecto de Ley que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional (INE) en la Comisión de Economía del Senado. El objetivo es dar a conocer observaciones y propuestas sobre perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información, respecto a este proyecto de ley.

El proyecto propone mejorar la actual regulación del secreto estadístico. Se actualiza el concepto de secreto, su alcance y el ámbito de aplicación, para que el INE pueda mantener la información en reserva hasta que sea divulgada por la autoridad competente.

Al respecto la postura del Consejo para la Transparencia hace hincapié en los siguientes puntos:

1) La importancia de regular debidamente causales de reserva o secreto relativas al secreto estadístico. El Consejo para la Transparencia reconoce la necesidad de que legislativamente se regule de forma adecuada el secreto estadístico. Por lo tanto, no se opone a la existencia de causales de secreto o reserva cuando se trata de la protección de datos personales. No obstante, el proyecto de ley debe lograr un justo equilibrio en mantener el acceso a la información y la protección de ciertos datos, permitiendo el control social y la revisión por parte de órganos independientes.

2) La ampliación del secreto afectaría el control social y la confianza pública en las cifras oficiales. Las solicitudes de acceso a la información y respectivos amparos en materia estadística, ponen en evidencia la necesidad de conocer y revisar antecedentes o bases de datos en los que se fundan las cifras oficiales. Lo anterior ha exigido darle un contorno objetivo al secreto estadístico, permitiendo el acceso no sólo a cifras oficiales sino también a información no oficial, cifras intermedias y a datos que carecen de calidad mínima. Toda esta información es necesaria para poder contrastar y evaluar la calidad de las cifras oficiales, facilitando el control social. Los criterios anteriores han sido ratificados por los Tribunales Superiores de Justicia.

3) La redacción actual impide un control de la denegación de acceso a la información por un tercero imparcial. El proyecto de ley actual presume el grave daño al sistema y valida a priori una eventual denegación de un cumulo de información bajo la exclusiva calificación del INE.

Más información sobre el proyecto en Observatorio Legislativo de Transparencia

Con la presencia de los alcaldes de la región de Los Ríos, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la novena jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la XIV región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la XIV región son igual de críticos, pues un 44% afirma que los actos que atentan contra la probidad quedan impunes.
Pese a esta visión, el estudio del CPLT evidencia que un 51% de los encuestados de todo Chile cree que la corrupción es hoy más fácil de detectar en comparación a cinco años atrás, cifra que desciende a un 46% en el caso de la XIV región y que refleja la creciente desconfianza de quienes viven en esta zona del país.
La encuesta también pone en evidencia la importancia que están dando los ciudadanos a la transparencia como valor que debe preponderar en los organismos públicos. Así, para el 65% de los ciudadanos de la región de Los Ríos, el atributo más importante que debe tener una institución pública es justamente la transparencia.
En tanto, un 87% de los ciudadanos de esta zona del país está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada, las personas tienen derecho a reclamar, lo que llega al 88% a nivel nacional, con un alza de 9 puntos respecto de 2015.

Organismos con más solicitudes en la XIV región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.
Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
Desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 250 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos. (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia abril de 2017; 4.166 están dirigidas a algún organismo de la XIV región.
De hecho, entre 2013 y abril de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Valdivia (761), la Municipalidad de Panguipulli (425) y la Municipalidad de La Unión (286).
Asimismo, desde abril de 2009 a abril de 2017, han ingresado al CPLT 19.358 casos por denegación o entrega incompleta de información pública. La Región de Los Ríos acumula históricamente un total de 188 casos ingresados. De ese total, 25 han sido presentados este año.
Las instituciones de la región con más reclamos son la Municipalidad de Valdivia (29 casos), la Municipalidad de Panguipulli (8 casos) y la Municipalidad de Lanco (7 casos).

 

Con la presencia de los alcaldes de la región de Magallanes, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la novena jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la duodécima región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la XII región son igual de críticos, pues un 68% de los magallánicos —casi siete de cada diez personas— cree que los actos de corrupción que se registran en el país quedan impunes. Además, un 56% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida” y otro 71% afirma que el sector público es “muy corrupto”.
Pese a esta visión, el estudio del CPLT evidencia que un 51% de los encuestados de todo Chile cree que la corrupción es hoy más fácil de detectar en comparación a cinco años atrás, cifra que desciende a un 28% en el caso de la duodécima región y que refleja la creciente desconfianza de quienes viven en esta zona del país.
Tanto a nivel nacional como en esta región, se indica que los actos que atentan contra la probidad son más detectables gracias a que “existe más tecnologías, transparencia y acceso a la información”.
Esta encuesta también pone en evidencia la importancia que están dando los ciudadanos a la transparencia como valor que debe preponderar en los organismos públicos. Así, para el 71% de los ciudadanos de la región de Magallanes, uno de los atributos más importantes que debe tener una institución pública es la transparencia.

El estudio reveló además un alza en la valoración del acceso a la información pública como un derecho, que es menor en el caso de la duodécima región. Así, mientras un 87% de los chilenos cree que los organismos del Estado están obligados a responder las solicitudes ciudadanas de información, aumentando 7 puntos porcentuales en relación al 2015, en el caso de Magallanes la cifra es de un 76%.
En tanto, un 78% de los ciudadanos de esta zona del país está de acuerdo con que si un organismo público no entrega la información solicitada, las personas tienen derecho a reclamar, lo que llega al 88% a nivel nacional, con un alza de 9 puntos respecto de 2015.
De igual manera, los magallánicos muestran una menor valoración del acceso a la información pública, ya que un 42% la consideran “útil” y un 43% “necesaria”.

Organismos con más solicitudes en la XII región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.
Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
Desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 250 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos. (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia abril de 2017; 2.539 están dirigidas a algún organismo de la XII región.
De hecho, entre 2013 y abril de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Punta Arenas (507), la Municipalidad de Puerto Natales (227) y la Municipalidad de Porvenir (209).
Asimismo, desde abril de 2009 a abril de 2017, han ingresado al CPLT 19.358 casos por denegación o entrega incompleta de información pública. La Región de Magallanes acumula históricamente un total de 110 casos ingresados. De ese total, 6 han sido presentados este año.
Las instituciones de la región más con más reclamos son la Corporación Municipal de Punta Arenas (11 casos), el Servicio de Salud de Magallanes (7 casos), la Municipalidad de Porvenir (7 casos), y la Intendencia regional de Magallanes y Antártica Chilena (6 casos).

 

Con la presencia de los alcaldes de la región de Coquimbo, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la octava jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.
Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la cuarta región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.
“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el consejero del CPLT, Marcelo Drago.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.
Los habitantes de la IV región son igual de críticos, pues 8 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 62% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 45% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la IV región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.
Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Drago, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 250 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos. (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia abril de 2017; 6.539 están dirigidas a algún organismo de la IV región.
De hecho, entre 2013 y abril de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Coquimbo (1.301), la Municipalidad de La Serena (1.194) y la Seremi de Salud de Coquimbo (678).
Asimismo, desde abril de 2009 a abril de 2017, han ingresado al CPLT 19.358 casos por denegación o entrega incompleta de información pública. La Región de Coquimbo acumula históricamente un total de 329 casos ingresados. De ese total, 43 han sido presentados este año.
Las instituciones de la región con más reclamos son la Municipalidad de Coquimbo (32 casos), la Municipalidad de La Serena (17 casos), la Seremi de Bienes Nacionales (17 casos), y la Municipalidad de La Higuera (13 casos).

 

Con el objetivo de descentralizar y promover el acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Universidad Andrés Bello (UNAB) lanzaron hoy el primer Observatorio Regional de Transparencia de la quinta región.
La instancia de colaboración, que dependerá de la Escuela de Trabajo Social de esta universidad, también permitirá fomentar la investigación, la docencia y el control ciudadano entre quienes viven en la región de Valparaíso.
De hecho, los estudiantes y académicos de este plantel realizarán seguimientos y fiscalizaciones que permitirán develar el estado de la transparencia en esta zona del país, ya que según el último Estudio Nacional de Transparencia del CPLT, un 89% de quienes viven en la quinta región cree que los actos de corrupción que se registran en Chile quedan impunes. La cifra es superior al promedio nacional, que fue de un 85%.
“Además de un amplio despliegue nacional, que incluye a todas las regiones del país, la presentación de nuestro primer observatorio en la Región de Valparaíso nos permitirá robustecer y promover un derecho que fortalece la democracia y mejora la confianza entre los ciudadanos con las instituciones del Estado”, explicó el director general del CPLT, Raúl Ferrada, detallando que otro de los objetivos centrales de este acuerdo es entregar a estudiantes y profesores, herramientas ligadas a la Ley de Transparencia, que este año cumplió ocho años desde su promulgación.
Este es el sexto convenio que el CPLT firma con alguna universidad del país, pues ya existen Observatorios Regionales de Transparencia en las universidades de Concepción en la Región del Biobío; Católica de Temuco en la Araucanía; de Talca en el Maule; de Los Lagos en Puerto Montt y en Coquimbo gracias a un convenio con la U. Central.
“(El beneficio de este acuerdo) radica en empoderar a distintos actores en el derecho de acceso a información, motivar la consecución de buenas prácticas de transparencia y la eliminación de barreras de acceso a información al interior de instituciones públicas”, señaló Rodrigo Cortés, director de la carrera de Trabajo Social de la UNAB en Viña del Mar.

 

A partir de hoy y desde cualquier parte de Chile, los ciudadanos de todo el país ya pueden conocer las declaraciones de intereses y patrimonio de quienes competirán en las elecciones primarias del 2 de julio.

Para ello, sólo basta con ingresar al sitio InfoProbidad.cl, un portal del Consejo para la Transparencia y Contraloría, que hasta ahora ya cuenta con 13.662 declaraciones publicadas. De ese total, 33 corresponden a los candidatos independientes o que forman parte de los conglomerados políticos Chile Vamos y Frente Amplio.

El 11 de abril de 2016, se promulgó la ley 20.900, para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que modificó la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo que, junto con la declaración de las candidaturas, los candidatos deben efectuar una declaración de patrimonio e intereses, en los términos que señala la ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

Así y con miras a fortalecer las capacidades de la sociedad civil para complementar el control social, el CPLT y Contraloría promovieron la creación de este innovador sitio web, que además, permite descargar de manera abierta los datos publicados.

Más información en: www.infoprobidad.cl

Con la presencia de varios alcaldes de la región de Aysén, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la séptima jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

La instancia sirvió para promover una serie de herramientas creadas por el CPLT destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia, que además contó con la asistencia de numerosos funcionarios municipales, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también, los ediles de la región de Aysén renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Las municipalidades tienen un gran desafío y deben redoblar sus esfuerzos para presentar a la ciudadanía más y mejores detalles de su gestión. Por ejemplo, una de las iniciativas que el Consejo para la Transparencia está promoviendo es la transmisión de las sesiones de los Concejos Municipales a través de Internet”, afirmó el director general del CPLT, Raúl Ferrada.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la undécima región son igual de críticos, pues el 90% —9 de cada 10 personas— consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son castigados, un 47% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 81% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la región de Aysén
En el mes de marzo de este año, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.
“Nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos. Los vecinos necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo obtener a un subsidio, cómo se financió la plaza de su barrio o qué argumentos tuvieron a la vista las autoridades al decidir la construcción de un edificio o cambiar, por ejemplo, el plano regulador de una comuna”, agregó Ferrada, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 242 mil peticiones ciudadanas.
De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos (55.880 solicitudes en 2015 versus 123.219 peticiones de información en 2016).
Del total de solicitudes realizadas en el sitio web www.portaltransparencia.cl, 2.187 están dirigidas a algún organismo de la XI región y los temas más recurrentes son: salud, economía y educación.
Así, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son Municipalidad de Coyhaique (455), la Municipalidad de Cisnes (205) y la Municipalidad de Cochrane (189).
Asimismo, entre abril de 2009 y marzo de 2017, han ingresado al CPLT 133 casos provenientes de la región de Aysén por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Coyhaique (12 casos), la Seremi de Salud de Aysén (7), la Municipalidad de Puerto Aysén (6) y la Seremi de Bienes Nacionales de la región de Aysén (6).
En relación a la Transparencia Activa, que es aquella información que por ley los organismos deben publicar en sus sitios web, la región de Aysén obtuvo un 84% de cumplimiento durante el año 2016, lo que la transforma en la tercera región de Chile con más acatamiento de esta norma, bajo la región de Magallanes (90% de cumplimiento) y Atacama (91%).
En cuanto a los municipios, las comunas que tienen mayor nivel de cumplimiento en Transparencia Activa en esta zona del país son las municipalidades de Cisnes (92%), Río Ibáñez (87%) y Tortel (85%). Coyhaique se ubica en el sexto lugar, con un 75% de cumplimiento.