El 20 de abril se conmemoraron ocho años desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, una norma que además de cambiar la relación de las personas con las instituciones del Estado, empoderó a los ciudadanos al permitirle acceder a información que hasta antes de esta ley, permanecía mayoritariamente oculta.

Aprovechando ese hito, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encargado de promover y fiscalizar el cumplimiento de esta ley, realizó su VIII Seminario de Transparencia, una instancia en la que se repasó el importante aumento de solicitudes de información durante los dos últimos años.

Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, administrado por el CPLT, el número de peticiones ciudadanas creció de 55.880 en 2015 a 123.219 en 2016, lo que significa que los chilenos hicieron una reclamación de información cada cuatro minutos a los organismos del Estado.

“Esas cifras nos llenan de satisfacción, pero tenemos muy claro que permear en la conciencia ciudadana la trascendencia de este derecho es un proceso paulatino y que requiere de un esfuerzo transversal (…) en el escenario actual, cruzado por confianzas fragmentadas y credibilidades debilitadas, el surgimiento de una ciudadanía demandante de una mayor transparencia, integridad y probidad es el aliciente más potente para consolidar el derecho de acceso a la información pública”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

El seminario, que contó con la presencia de autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil, contempló la realización de dos talleres. En el primero se discutieron los alcances y desafíos de la Ley del Lobby, que permite que cualquier persona conozca el detalle de viajes, donativos y audiencias de las autoridades del país.

Según la plataforma del CPLT, www.infolobby.cl, hasta ahora hay más de 23 mil autoridades y funcionarios públicos que ya están reportando su información. Asimismo, desde el año 2014, se han registrado 153.057 audiencias; 157.057 viajes y 16.739 donativos.

En la instancia, también se repasaron los alcances de las nuevas exigencias de publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio, que obliga a autoridades y grupos de funcionarios públicos entregar información acerca de su situación patrimonial. Hasta ahora, el sitio www.infoprobidad.cl alberga 12.409 declaraciones.

“Estas dos iniciativas constituyen valiosas herramientas para el control social y estimamos que su implementación contribuye a un funcionamiento y gestión más transparente de las instituciones públicas y de quienes trabajan en ellas”, agregó Santa María.

En tanto, en el segundo taller se analizaron los casos más emblemáticos resueltos recientemente por el CPLT, tales como la publicación íntegra de la Ley Reservada del Cobre y la divulgación de las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), tras acoger la petición de una persona que solicitó conocer documentos de todas las sesiones realizadas por ese organismo entre 1989 y 2012, como también los documentos de acuerdos o resoluciones adoptadas en dichas reuniones.

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Con la presencia de varios alcaldes de la región de la región Metropolitana, el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron la cuarta jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

La instancia sirvió para promover una serie de herramientas creadas por el CPLT destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia, que además contó con la asistencia de numerosos funcionarios municipales, no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la región Metropolitana renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Las municipalidades tienen un gran desafío y deben redoblar sus esfuerzos para presentar a la ciudadanía más y mejores detalles de su gestión. Por ejemplo, una de las iniciativas que el Consejo para la Transparencia está promoviendo es la transmisión de las sesiones de los Concejos Municipales a través de Internet”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la región Metropolitana son igual de críticos, pues 6 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 65% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 71% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la región Metropolitana
Hace poco más de un mes, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“Nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos. Los vecinos necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo obtener a un subsidio, cómo se financió la plaza de su barrio o qué argumentos tuvieron a la vista las autoridades al decidir la construcción de un edificio o cambiar, por ejemplo, el plano regulador de una comuna”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 131.043 están dirigidas a algún organismo de la RM.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Subsecretaría de Educación (5.354 peticiones); la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (5.051) y Gendarmería (4.820).

Asimismo, entre abril de 2009 y marzo de 2017, han ingresado al CPLT 11.743 casos provenientes de la región Metropolitana por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son Carabineros (643); Gendarmería (327) y el Servicio de Impuestos Internos (314).

 

Con la presencia de alcaldes de la región de Los Lagos, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la tercera jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los niveles de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la décima región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el director general del CPLT, Raúl Ferrada.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la X región son igualmente críticos, pues 7 de cada 10 personas (75%) consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son finalmente castigados. Además, un 54% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida y un 54% afirma que el sector público es “muy corrupto”.

Organismos con más solicitudes en la X región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Ferrada, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes registradas en el sitio dependiente del Consejo para la Transparencia hacia febrero de 2017; 6.539 están dirigidas a algún organismo de la X región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Puerto Varas (650); la Municipalidad de Osorno (621) y la Municipalidad de Castro (369).

Asimismo, han ingresado al CPLT 539 casos provenientes de la décima región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son laSeremi de Salud de Los Lagos (35 casos); la Municipalidad de Castro (28 casos) y la Municipalidad de Puerto Varas (27 casos).

 

Con la presencia de alcaldes de la región del Biobío, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la segunda jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la octava región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el consejero del CPLT, Marcelo Drago.
Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la VIII región son igual de críticos, pues 7 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 64% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la VIII región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Drago, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 17.067 están dirigidas a algún organismo de la VIII región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Concepción (1.804); la Municipalidad de Chillán (766) y la Municipalidad de Talcahuano (745).

Asimismo, han ingresado al CPLT 1.087 casos provenientes de la octava región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Los Ángeles (142 casos); la Municipalidad de Concepción (130 casos) y la Seremi de Salud del Biobío (52 casos).

A nivel nacional, existen 355 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 134 (38%) corresponden al cargo de alcalde. En la región del Biobío, 71 funcionarios han sido sancionados, 23 (32%) de los cuales son alcaldes.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $$19.240.800, que equivale al 17% del total nacional.

 

En el marco del Plan Anual de Fiscalización, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició hoy el proceso de Auditorías en Transparencia, con una primera visita al Servicio Civil.

En reunión con el Director Nacional del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, junto al Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, y la Directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, se entregó a dicha institución un pre informe de resultados.

El objetivo de este proceso es revisar el cumplimiento de normas e instrucciones generales dictadas por el Consejo tanto en Transparencia Activa como Derecho de Acceso a la Información Pública. De esta manera, el equipo de Auditores en Transparencia del CPLT, revisa los antecedentes remitidos por la entidad fiscalizada, identifica eventuales hallazgos y elabora un informe, del cual se deriva un plan de acción para corregir las observaciones detectadas.

Según el Director General del Consejo, Raúl Ferrada, “este modelo de trabajo tiene por meta ser oportuno al entregar los resultados, con la finalidad de ofrecer una mejora de procesos oportuna y continua, e incentivar las buenas prácticas de transparencia para generar valor a las instituciones”.

Por su parte, el Director Nacional del Servicio Civil, Rodrigo Egaña, tras recibir el pre informe de su servicio, sostuvo que “ha sido una visita muy útil. Hemos visto los temas en que tenemos que mejorar la transparencia. Creemos que son observaciones importantes que nos hace el Consejo, que debemos mirar e implementar todas las recomendaciones para cumplir un 100%”.

Estas Auditorías en Transparencia se complementan con visitas en terreno y están dirigidas a organismos tales como subsecretarías, intendencias, gobernaciones provinciales, hospitales, servicios de salud, municipalidades, corporaciones municipales y universidades. En total, se fiscalizarán bajo esta modalidad 87 instituciones, 33 de ellas en la Región Metropolitana.

 

A la medianoche de este 31 de marzo se acaba el plazo para que autoridades y funcionarios públicos entreguen sus declaraciones de intereses y patrimonio para cumplir con lo contenido en la ley 20.880 de Probidad en la Función Pública.

Según esta norma, las declaraciones y sus concernientes actualizaciones, se deberán efectuar a través de un formulario electrónico único, que será revisado por los respectivos jefes de servicio. Después de esa primera etapa, que concluye hoy, se derivarán las declaraciones a la Contraloría, las que una vez revisadas, serán remitidas al Consejo para la Transparencia para su posterior publicación en el sitio www.infoprobidad.cl

Es importante considerar que no todas las declaraciones deben estar disponibles en esta página web. Según el respectivo reglamento, sólo son públicas las declaraciones de, por ejemplo, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, alcaldes, concejales y otras autoridades.

El resto de las declaraciones, que conforman el grueso de los funcionarios que por la nueva ley deben declarar, no serán públicas en el portal, pero quedarán en resguardo del órgano fiscalizador del poder correspondiente.

Estas obligaciones forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y buscan elevar los estándares y exigencias para quienes ejercen funciones en alguna institución del Estado, revelando su situación patrimonial mientras ejercen su cargo.

De hecho, la ley es clara en señalar que las declaraciones “deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Además, deberá actualizarse por última vez dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones”.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, destacó la utilidad del sitio: “esta plataforma permite que cualquier persona, desde cualquier parte del país, verifique y fiscalice el cumplimiento de la norma y las declaraciones publicadas. Sin embargo, creemos que nuestro rol más importante es promover entre ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos la importancia que tiene cumplir con la Ley de Probidad y de cómo esta norma fortalece la democracia y el control social”, señaló.

Los declarantes deberán reportar, por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes para evitar irregularidades o anomalías que podrían afectar sus labores al interior de una institución.

Hasta este mediodía ya se encuentran en línea 2.895 declaraciones publicadas: 14 de ellas corresponden a ministros de Estado; 22 son de subsecretarios; 268 de alcaldes y 1.500 son de concejales. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Contraloría se encuentran en proceso de análisis alrededor de 60 mil declaraciones.

En este contexto, el proceso de actualización de la plataforma será permanente y sostenido, lo que deriva en que cada vez habrá más información disponible para el análisis y control social, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de esta importante innovación legal.

 

Después de varios años de inmovilidad, los municipios de todo el país podrán extender sus plantas de funcionarios a contar del año 2018, lo que no sólo permitirá la contratación de más profesionales, sino que además, favorecerá la posibilidad de crear unidades exclusivas de transparencia.

Y pese a que varias comunas ya cuentan con divisiones encargadas de atender las solicitudes ciudadanas y de promover el derecho de acceso a la información, el aumento de plantas permitirá que estas unidades cuenten con jefaturas establecidas —y su consiguiente responsabilidad administrativa— y un presupuesto pre asignado.

Por esa razón, y en el marco del XIII Congreso Nacional de Municipalidades que se realiza en Viña del Mar, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, instó a los municipios a comprometerse con la probidad creando de manera definitiva las llamadas Unidades de Transparencia.

“Este incremento del personal que podrán efectuar los municipios no sólo supone serios desafíos en materia de presupuesto, gestión y administración, sino que también representa una ocasión para sellar un verdadero compromiso con la transparencia creando unidades cien por ciento dedicadas a promover y facilitar el acceso a la información de los ciudadanos”, señaló Santa María, invitando a alcaldes y concejos municipales a comprometerse de manera efectiva con esta norma que permite que cualquier persona exija datos públicos.

Según las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los alcaldes podrán modificar las plantas y efectuar el respectivo encasillamiento de los funcionarios entre el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2019. Luego de ese periodo, el aumento de las plantas sólo se podrá realizar cada 8 años, por lo que Santa María llamó a los ediles a no perder esta oportunidad.

“Esperamos que muchas administraciones comunales se hagan cargo de este llamado y releven el rol de la transparencia al interior de los municipios sin olvidar que nuestro foco son los ciudadanos”, agregó.

Promover el interés sobre la regulación en materia de transparencia y difundir la jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información en Chile. Ese es uno de los objetivos del ciclo de charlas que el Consejo para la Transparencia (CPLT) está organizando junto a la Academia Judicial en cinco cortes de Apelaciones del país.

Ya se han llevado a cabo 2 chaarlas una en el tribunal de alzada de Concepción y en la Corte de Apelaciones de Arica, donde ministros de Corte, abogados integrantes, relatores, jueces de jurisdicción y diversos funcionarios asistieron a la jornada “Criterios Jurisprudenciales de aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia”.

En la instancia no sólo se pormenorizaron los alcances y detalles de la Ley 20.285, sino que además, se abordaron casos que ayudaron a entender las implicancias de los fallos de reclamos de ilegalidad, recursos de queja y recursos de protección interpuestos en contra de actos y decisiones del CPLT, así como los requerimientos de inaplicabilidad promovidos en contra de preceptos de la ley de Transparencia.

 

A las actividades han asistido el Consejero del CPLT, Marcelo Drago, la Directora Jurídica CPLT, Andrea Ruíz, representantes de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Arica y el académico Enrique Rajevic, quien abordó la historia de la ley de Transparencia, su importancia y una variada jurisprudencia asociada a esta norma, promulgada hace nueve años.

“Esta garantía, aun no consagrada como quisiéramos en la Constitución, ha ido tomando paulatinamente mayor trascendencia entre los chilenos, quienes poco a poco se han empoderado y han aprendido utilizar y aprovechar las ventajas de esta ley”, afirmó Drago.

“Nuestro rol se basa en la promoción de una cultura de la transparencia entre los ciudadanos y las instituciones públicas, pero además, pretendemos crear conciencia acerca de cómo una política de puertas abiertas puede reestablecer las confianzas en todo el país”, agregó el representante del CPLT, recalcando que este ciclo de charlas también busca estrechar el trabajo y el relacionamiento institucional con el Poder Judicial.

Las próximas charlas se desarrollarán en Puerto Montt (5 de abril), Valparaíso (26 de abril) e Iquique (3 de mayo).

 

Con la presencia de alcaldes de la región del Biobío, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la segunda jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.
En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la octava región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el consejero del CPLT, Marcelo Drago.

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Los habitantes de la VIII región son igual de críticos, pues 7 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes, un 64% de quienes viven en la zona cree que el sector público es “muy corrupto” y un 52% considera que la corrupción en las instituciones públicas está “muy extendida”.

Organismos con más solicitudes en la VIII región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

Por esa razón, el CPLT inició un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Drago, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido más de 228 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Del total de solicitudes realizadas en el sitio web dependiente del Consejo para la Transparencia, 17.067 están dirigidas a algún organismo de la VIII región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Concepción (1.804); la Municipalidad de Chillán (766) y la Municipalidad de Talcahuano (745).

Asimismo, han ingresado al CPLT 1.087 casos provenientes de la octava región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Los Ángeles (142 casos); la Municipalidad de Concepción (130 casos) y la Seremi de Salud del Biobío (52 casos).

A nivel nacional, existen 262 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 124 (47%) corresponden al cargo de alcalde.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $$19.240.800, que equivale al 17% del total nacional.

 

 

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ordenar la publicación de un conjunto de actas del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, luego de rechazar el reclamo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado —en representación del Estado Mayor Conjunto— en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia.

La sentencia del tribunal de alzada ratifica de este modo lo resuelto por el Consejo para la Transparencia que, en marzo de 2015, acogió parcialmente un amparo presentado en contra del Estado Mayor Conjunto por una ciudadana que pidió acceder a las actas del COSENA.

En esa oportunidad, tras analizar el caso (C2803-15) y revisar, luego de una medida para mejor resolver decretada por el CPLT, las materias abordadas en dichas actas, el Consejo ordenó la entrega de una serie de éstas, salvo aquellas relacionadas con temas que pudieran afectar la seguridad nacional. Dicha decisión fue adoptada en votación unánime por los consejeros Vivianne Blanlot Soza, José Luis Santa María Zañartu, Marcelo Drago Aguirre y Jorge Jaraquemada Roblero.

El fallo dictado por la 2° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, analizó la publicidad de las actas en cuanto a su contenido y el estatuto jurídico vigente antes y después de la Reforma Constitucional del 2005, y concluye que son públicas las actas del COSENA desde 1989 al año 2005 (fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional), como también las emitidas con posterioridad a dicho año, salvo aquellas que pudieran afectar la Seguridad de la Nación, en lo relativo a materias vinculadas con la defensa nacional y las relaciones internacionales.

Además, respecto de las sesiones celebradas en 2005 y 2012, el tribunal advierte al COSENA que no haber levantado actas de dichas reuniones “constituye una omisión que no puede volver a repetirse”, pues con ello, se ha afectado el principio de publicidad y transparencia.

Por último, y respecto del alegato del Estado Mayor Conjunto en cuanto a que el Consejo para la Transparencia es incompetente para pronunciarse sobre esta materia, la Corte de Apelaciones desestimó ese argumento señalando que “si bien las actas requeridas son originadas por un órgano de rango constitucional como es el COSENA, dichos documentos obran en poder del Estado Mayor Conjunto, en su rol de custodio”, resultando aplicable respecto de los documentos requeridos, el principio de publicidad establecido en el artículos 8° de la Constitución Política, validando así la facultad del Consejo para la Transparencia para pronunciarse sobre esta materia.

 

Con la presencia de alcaldes de la región de O’Higgins, el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) concretaron hoy la primera jornada del programa “Modelo de Gestión en Transparencia Municipal”.

Este plan promueve la utilización de herramientas destinadas a mejorar los nivele de transparencia entre los municipios, la participación ciudadana, el uso de los datos abiertos y la protección de los datos personales.

En la instancia no sólo se debatió acerca de la probidad que debe prevalecer entre las administraciones comunales, sino que también los ediles de la sexta región renovaron su compromiso con la Transparencia Municipal y el Acceso a la Información.

“Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones —públicas y privadas— han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción”, afirmó el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

 

Indicó que, de acuerdo al VIII Estudio Nacional de Transparencia, un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en nuestro país quedan impunes y un 60% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida. Los habitantes de la VI región son más críticos, pues 9 de cada 10 personas consideran que los delitos que atentan contra la probidad quedan impunes y un 50% de quienes viven en la zona cree que el sector público es muy corrupto.

 

Organismos con más solicitudes en la VI región
El CPLT es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que permite que cualquier ciudadano exija la entrega de la información que permanece en las instituciones del Estado.

A partir de hoy, el CPLT inicia un despliegue territorial que abarca las quince regiones del país para promover el acceso a la información y el Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM), un programa que entrega herramientas destinadas a mejorar la probidad.

“En momentos en que la demanda por una mayor probidad y transparencia es creciente, los ciudadanos están llamados a ser activos fiscalizadores y una herramienta clave para ello es justamente el derecho de acceso a la información”, agregó Santa María, recalcando que desde el año 2013, el Portal de Transparencia del CPLT ha recibido 430 mil peticiones ciudadanas. De hecho, sólo durante el año 2016, los chilenos duplicaron sus solicitudes de información en relación al año 2015 y, en promedio, hubo una petición cada cuatro minutos.

Con ello, el Portal de Transparencia del CPLT acumula desde el año 2013, 228.592 solicitudes de información. De este total, 9.882 están dirigidas a algún organismo de la VI región.

De hecho, entre 2013 y febrero de este año, las tres entidades que han debido responder más solicitudes ciudadanas son la Municipalidad de Pichilemu (242); la Municipalidad de Rancagua (206) y la Seremi de Salud de O’Higgins (108).

Asimismo, han ingresado al CPLT 693 casos provenientes de la sexta región por denegación o entrega incompleta de información pública. Las instituciones con más casos son la Municipalidad de Rancagua (73 casos); la Municipalidad de San Fernando (58 casos) y la Municipalidad de Rengo (42 casos).

A nivel nacional, existen 355 funcionarios sobre los cuales se han aplicado sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia, de los cuales 134 (38%) corresponden al cargo de alcalde. En la región de O´Higgins, 47 funcionarios han sido sancionados, 18 (38%) de los cuales son alcaldes.

Respecto del monto recaudado, a nivel país existe una recaudación por concepto de multas que alcanza a $ 116.523.784; y en la región, el monto alcanza a $11.672.867, que equivale al 10% del total nacional.