Un total de 95.029 audiencias de lobby y/o gestión de intereses particulares se han efectuado desde noviembre de 2014 al 31 de julio pasado, de acuerdo al informe consolidado por el Consejo para la Transparencia.

Dicho reporte, que consigna la información disponible en el sitio Infolobby.cl, revela que continúan siendo los alcaldes quienes concentran el mayor número de audiencias, con 39,59% (37.573 reuniones). Les siguen los directores regionales de servicios públicos (9,58%), los directores de obras municipales (9,69%) y los secretarios regionales ministeriales (7,08%).

Los organismos que más reportaron audiencias son:

 

 

Los tres municipios que aún no registran información de Ley de Lobby, pues no han reportado sus sujetos pasivos y, en consecuencia, no presentan registros de ninguna índole son:

 

 

4.668 lobbistas registrados
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, se contabilizan 4.668 lobbistas y 87.090 gestores de intereses particulares, quienes han sostenido encuentros con 4.191 sujetos pasivos (autoridades).

A la fecha, la entidad más representada en dichas reuniones es la Cámara Chilena de la Construcción, totalizando 210 audiencias.

En cuanto a los donativos reportados por autoridades (sujetos pasivos), desde noviembre de 2014 al 31 de julio pasado suman 11.910, los que fueron recibidos por 1.714 autoridades.

 

Los cargos que declaran haber recibido más Donativos son:

 

 Por último, en materia de viajes, las autoridades han informado 100.930 desplazamientos, con un gasto total de $ 13.960.347.457

El Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió solicitar la instrucción de sumario a 15 Corporaciones Municipales que arrojaron bajos niveles de cumplimiento en transparencia activa, lo que se evidenció al revisar la información que deben publicar en sus sitios electrónicos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia.

El proceso de fiscalización, que indagó la información publicada en junio de este año, se enmarca en un seguimiento que realizó el CPLT a 32 de las 53 corporaciones municipales existentes en el país y que habían tenido un desempeño más bajo en la última medición efectuada en febrero pasado. En dicha fiscalización el puntaje promedio de las 53 corporaciones municipales alcanzó un 61,2%, mientras que 32 de ellas tuvieron un desempeño promedio de 49,8%.

Por dicho motivo, el CPLT fiscalizó nuevamente en junio a esas 32 corporaciones y detectó que si bien, en promedio, el resultado subió a 66,8%, hubo 15 entidades que aún no logran resultados satisfactorios.

De acuerdo a criterios que consideran su nivel de desarrollo, acorde a la tipología establecida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), el CPLT solicitó la instrucción de sumario a la Contraloría General de la República para las siguientes corporaciones municipales: Macul, Lo Prado, Renca, San Joaquín, Antofagasta, Quilpué, Valparaíso, La Florida, Iquique, Quinchao, Pozo Almonte, Buin, San Bernardo, Panguipulli y Queilen.

“Nos preocupa la lentitud de la incorporación del principio de transparencia a este ámbito de la gestión municipal. Creemos que aún falta que los alcaldes le tomen el peso a la importancia de transparentar su gestión y demuestren con hechos concretos su real voluntad política de ponerse al día en esta materia”, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.

En el análisis por materias, en general, los mayores incumplimientos corresponden a la ausencia de información o la publicación de antecedentes desactualizados respecto a Actos con efectos sobre terceros, Presupuesto, Contrataciones y Personal.

El Consejo para la Transparencia solicitó a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) quien, a juicio de esta institución, podría haber incurrido en una denegación infundada de acceso a la información, ante la solicitud de un ciudadano que, en septiembre de 2015, le pidió la identidad de los pilotos que actuaron en el bombardeo de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, entre otros antecedentes.

La decisión del Consejo se fundamenta en que la FACH denegó la información, argumentando que los antecedentes se habían remitido y formaban parte de causas judiciales que debían mantenerse en reserva.

Para resolver el amparo interpuesto, el Consejo para la Transparencia consultó sobre la entrega de la información a los ministros en visita a cargo de las causas judiciales mencionadas, Miguel Vásquez y Adriana Sottovia. El ministro Vásquez señaló que “no es efectivo que la FACH hubiere entregado alguna información”, mientras que la ministra Sottovia informó que “no consta información en el expediente de la causa”.

El Consejo acogió el amparo y ordenó a la FACH la entrega de la información.

Recién el 20 de mayo de 2016, apercibido por el cumplimiento de lo resuelto, el Comandante en Jefe de la FACH señaló que “no existen registros o documentación relacionados con la identidad de los pilotos”, añadiendo que “se realizó una revisión a las dependencias (…) efectuándose una revisión de los archivos correspondientes al 11 de septiembre de 1973 (…) concluyéndose que no existen registros o documentación relacionados con la materia”.

Ante esta contradicción, el Consejo para la Transparencia, en el cumplimiento de su misión de resguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de velar por el cumplimiento por parte de los organismos de responder fundadamente a las solicitudes de los ciudadanos, resolvió solicitar a la Contraloría la instrucción del sumario administrativo ya mencionado.

Ver oficio completo

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) firmó un convenio de colaboración con el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), en pro del fortalecimiento de la transparencia y la probidad.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María y el presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Con este convenio, que también ya fue suscrito por los partidos Democracia Cristiana, Liberal, Socialista y Renovación Nacional, el Consejo busca entregar orientación y asesoría a la colectividad en el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales dispuestas en materia de probidad, transparencia y deberes de acceso a la información. A su vez, en él se establece el compromiso de la UDI de promover el registro de sus candidatos a alcalde en el sitio electrónico “Candidato Transparente”, plataforma creada por el Consejo para la Transparencia.

El presidente del CPLT, José Luis Santa María señaló que “es importante para el país que los partidos políticos, y en este caso la UDI, adhieran a prácticas de transparencia con el fin de contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente de la UDI sostuvo que “la transparencia es relevante y creemos que parte de la desconfianza tiene que ver con la opacidad de los partidos políticos. Es importante que los partidos se abran y den a conocer todos los antecedentes relacionados con la toma de decisiones, sus integrantes y los acuerdos y lo concerniente a ingresos y egresos financieros”.

 

En el marco del desarrollo de la Fase Participativa del proceso denominado “Una Constitución para Chile”, y tras la solicitud de pronunciamiento por parte del Consejo Ciudadano de Observadores como también de los diputados Nicolás Monckeberg y Juan Antonio Coloma respecto del tratamiento y acceso a los datos y respuestas de los ciudadanos que han participado en esta instancia, el Consejo para la Transparencia entregó al Ministerio del Interior, a la Secretaría General de la Presidencia y al Consejo Ciudadano de Observadores una serie de recomendaciones en materia de protección de datos personales.

Con el objetivo de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N°19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, este Consejo indicó que la recolección de información con la finalidad de elaborar un documento de Bases Ciudadanas para una Constitución no se ha ajustado a la observancia de los principios generales en materia de protección de datos personales y a las normas legales respectivas”. Y añadió que el tratamiento de dichos datos “exige establecer mecanismos de privacidad por diseño apropiados y adoptar medidas de información, seguridad y confidencialidad previas a la implementación del proceso de recolección”.

Dado esto, señala el Consejo para la Transparencia, “en las etapas siguientes del proceso deben corregirse los procedimientos de recolección y tratamiento de los datos”.

Junto con entregar una batería de recomendaciones, el Consejo manifestó su disposición para colaborar y participar en las instancias que se estimen pertinentes con el fin de avanzar en estas materias”.

El Consejo para la Transparencia fiscalizó el nivel de cumplimiento de las Fundaciones de la Presidencia de la República en materias de Transparencia Activa y los resultados arrojaron un puntaje de 93,06%, lo que representa un aumento de 2,21 puntos respecto de 2015 cuando alcanzaron un nivel de 90,85%.

El proceso de fiscalización, que se realizó en mayo pasado, abarcó a siete fundaciones: Fundación de la Familia, Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile; Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer – PRODEMU; Fundación Tiempos Nuevos; Fundación Artesanías de Chile; Fundación Integra y Fundación Chilenter.

En la fiscalización —la cuarta que se aplica a estas entidades—, se evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia (Ley 20.285), y la Instrucción General N°11 del Consejo para la Transparencia. Ello significa que en sus sitios electrónicos deben mantener a disposición permanente del público —y actualizada de manera mensual— información relativa a su estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones; la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones; contrataciones y transferencias de fondos públicos; y auditorías, entre otros ítems.

De las 7 fundaciones fiscalizadas en este proceso, Fundación de la Familia y Fundación Integra alcanzaron los mayores niveles de cumplimiento con 99,29% y 99,62%, respectivamente.

En tanto, las fundaciones con menores niveles de cumplimiento fueron Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (84,37%) y Chilenter (85,56%).

Puntajes de cumplimiento en Transparencia Activa y sus variaciones respecto a otros años:

 

En cuanto al cumplimiento por materia, los menores puntajes se produjeron en los ítems de Auditorías, Trámites, Subsidios y Beneficios u Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros.

 

 

Marcelo Drago, Consejero del Consejo para la Trasparencia participó esta semana en el seminario sobre la discusión de la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la información Pública que impulsa Transparencia Venezuela.

En su visita el consejero expuso junto al Relator Especial para la Libertad de Expresión e Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza en el Foro: El Derecho a saber en el continente.

Por otra parte, Drago mantuvo una extensa agenda de reuniones con el equipo técnico de la Comisión Mixta de Acceso a la Información Pública y organizaciones de la sociedad civil. A su vez, aprovecho la instancia para visitar a la Asociación Civil Transparencia Venezuela y contar la experiencia chilena en materia de transparencia y acceso a la información pública y el rol del Consejo para la Transparencia.

Revisa la entrevista aquí

Noticia relacionada

Al cumplirse 10 meses de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby para el mundo municipal, existen 60 municipios que a la fecha no reportan audiencias de lobby o gestión de intereses particulares de sus alcaldes.

De acuerdo al último informe del Consejo para la Transparencia, basado en antecedentes consolidados hasta el 31 de mayo en el sitio electrónico Infolobby, el listado de las municipalidades que no han reportado audiencias de sus jefes comunales son:

VER LISTADO

Según el informe, del total de autoridades, los alcaldes son quienes concentran mayormente este tipo de reuniones, con un total de 30.445 audiencias de lobby y/o gestión de intereses particulares, lo que representa un 38,6% de las 78.831 reuniones que se acumulan desde que debutó la Ley de Lobby en noviembre de 2014.

Es así como, los cargos con más audiencias desde la entrada en vigencia de la norma, son:

o Alcalde: con 30.445 (38,6%)
o Otro: con 9.401 (11,9%)
o Director regional de servicio público: con 7.812 (9,9%)
o Director de obras municipales: con 6.816 (8,6%)
o Secretario regional ministerial: con 5.788 (7,3%)

 

Más de 1.200 lobbistas se han reunido con los municipiosEn total, en el ámbito municipal se han registrado 45.758 audiencias (sostenidas por alcaldes, secretarios municipales y directores de obras), en las que han participado 1.221 lobbistas y 41.981 gestores de intereses particulares.

Respecto de los viajes en el mundo municipal, se ha informado sobre 14.397, con un gasto total de $3.116.093.904.

En materia de donativos, el informe contabiliza 3.071, que fueron recibidos por 579 sujetos pasivos.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) firmó un convenio de colaboración con el Partido Renovación Nacional (RN), en pro del fortalecimiento de la transparencia y la probidad.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María y el presidente de RN, Cristián Monckeberg.

Con este convenio, que también ya fue suscrito por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal y el Partido Socialista, el Consejo busca entregar orientación y asesoría en el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales dispuestas en materia de probidad en el ejercicio de la función pública, prevención de conflictos de intereses, transparencia y deberes de acceso a la información y, por su parte, dichas colectividades se sumen a la iniciativa “Candidato Transparente”, que impulsa el Consejo.

Según el presidente del CPLT, José Luis Santa María “Es muy grato para nosotros que el Partido Renovación Nacional se adhiera a estas prácticas de transparencia con el fin de contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía y esperamos que más coaliciones se sumen para apoyarlos en cumplir con la nueva legislación hacia los partidos políticos”.

Por su parte, el presidente de RN, Cristián Monckeberg sostuvo que “Con esta firma esperamos que el Consejo para la Transparencia con la experiencia que tiene nos acompañe a adecuarnos a esta nueva legislación, ya que por nuestra parte este convenio es un compromiso institucional que esperamos acompañe a Renovación Nacional en la lógica de sumarse a las normas de transparencia y probidad exigidas”.

Por segunda vez el Consejo para la Transparencia (CPLT) fiscalizó el nivel de cumplimiento en Transparencia Activa de 15 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las cuales obtuvieron un puntaje promedio de 82,87%.

El proceso de fiscalización realizado en marzo de 2016 (con información publicada en febrero de 2016), revisó los antecedentes disponibles en los sitios electrónicos de las Seremis de Salud, como también la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia.

El puntaje obtenido en transparencia activa por las Seremis de Salud las ubica por debajo de otras instituciones públicas como los organismos de la administración central (92%), empresas públicas (93%), y fundaciones de la Presidencia (90%), superando sólo a los municipios, corporaciones municipales y universidades (64%, 45% y 80% respectivamente).

En comparación a otras instituciones del sector Salud, las Seremis de Salud continúan estando por debajo en su nivel de cumplimiento en transparencia activa. Es así como los puntajes promedio obtenidos en 2014 por los servicios de salud fue de 91%; los hospitales, 90%; y las subsecretarías, 86%, entre otros.

Según esta última fiscalización, las seremis con cumplimiento mayor a 90% son las de las regiones de Los Ríos y Coquimbo (93,41% y 91,63%, respectivamente) y el puntaje más bajo lo obtuvo la Seremi de Salud de Maule con un 69,48%.

RESULTADOS
Al analizar los puntajes por ítems, los resultados más bajos (con puntajes inferiores al 57%) corresponden a la publicación de materias tales como Facultades, Funciones y Atribuciones, Mecanismos de Participación, Contrataciones, Actos con efectos sobre terceros.

 

Es así como los mayores incumplimientos de estas instituciones se debieron a información no existente o desactualizada como, por ejemplo:

• No informan Facultades, Funciones y Atribuciones: Seremis de Salud de Valparaíso y Aysén.

• No informan Mecanismos de Participación: Seremis de salud de Antofagasta, Valparaíso, La Araucanía y Los Lagos.

• No informan Contrataciones: Seremis de salud de Antofagasta, Atacama y Maule.

• No informan Actos con efectos sobre terceros: Seremis de Tarapacá, Maule, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

 

RANKING 2015 – 2016

 

 

La Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, persigue una activa intervención e involucramiento de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas que adoptan los órganos de la Administración del Estado, debido a lo cual, propende a la apertura de espacios y mecanismos de articulación entre los órganos públicos y los diversos actores sociales, así como la creación de instrumentos y procedimientos puestos a disposición de los ciudadanos para facilitar la intervención e involucramiento que se persigue.

Si bien esta ley no es vinculante a este Consejo, dado su carácter autónomo, las orientaciones de ésta sí lo convoca a establecer formalmente y promover espacios de participación ciudadana. Por esto el Consejo Directivo acordó incluir un mecanismo adicional de Participación Ciudadana a los ya existentes, denominado Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de carácter consultivo, el cual estará conformado de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro y personas naturales, que tengan relación con la misión de esta Corporación.

El Consejo de la Sociedad Civil será un órgano de carácter consultivo y deliberativo conformado de manera diversa, representativa y pluralista, que estará compuesto por representantes de las diversas asociaciones sin fines de lucro como asimismo, personas naturales relacionadas con las políticas, servicios, programas y/o planes que ejecuta el Consejo para la Transparencia.

El objetivo del COSOC será colaborar y apoyar, cada vez que sea requerido por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en las acciones, políticas y programas impulsados por esta corporación, participando con carácter consultivo en su diseño, implementación y evaluación.

Para postular te invitamos a completar el siguiente formulario de postulación adjuntando la debida Manifestación de Interés.

Formulario postulación COSOC