Por cuarto año consecutivo, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concretó un nuevo proceso de fiscalización a Empresas Públicas y sociedades en las cuales el Estado tiene una participación mayor al 50%.

El proceso de revisión, que se realizó entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre de este año, consideró el desempeño de las compañías en relación a la Transparencia Activa, que corresponde a toda aquella información que las empresas deben publicar por ley en sus respectivos sitios web.

Las treinta empresas fiscalizadas fueron evaluadas en diversas materias y se analizó la publicación de la información relacionada a sus estados financieros, su estructura orgánica, las remuneraciones y viáticos de la plana directiva, entre otros aspectos.

A nivel general, las empresas lograron un puntaje promedio de 94,91% de cumplimiento en Transparencia Activa. Esto es, 1,6 puntos porcentuales más que la medición del año 2015, donde las compañías alcanzaron una puntuación de un 93,31%.

“Las empresas del Estado tienen una responsabilidad ineludible con la transparencia, pues de su desempeño dependen recursos públicos que benefician a todos los chilenos”, explicó el presidente del CPLT, José Luis Santa María, recalcando que “la transparencia es un activo que no solo fomenta la correcta gestión empresarial sino que, además, tiene un profundo impacto en la reputación corporativa”.

Asimismo, y con un 97,32% de cumplimiento, las Empresas Públicas lograron un mejor desempeño que las Sociedades del Estado, que registraron un puntaje promedio de 90,19%.

 

Con ello, el listado de las trece empresas que lograron un 100% de cumplimiento son:

– Codelco
– EFE
– Famae
– Econssa Chile
– Polla
– Puerto San Antonio
– Correos Chile
– Enaer
– Portuaria TSV
– Puerto Arica
– Empresa Portuaria Austral
– Empresa Portuaria Valparaíso
– Empresa Portuaria Iquique

En tanto, las compañías con los puntajes más bajos en esta fiscalización fueron:

– Sociedad Agrícola Sacor
– Puerto Coquimbo
– Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas
– Sociedad Agrícola y Servicios de Isla de Pascua (Sasipa)
– Empresa Nacional del Carbón (Enacar)

En relación a las variaciones porcentuales, las tres empresas que lograron incrementar más su puntaje de cumplimiento en comparación a la fiscalización del año 2015, son Enami (+27,8%), la Empresa Portuaria Austral (+14,2%) y la Empresa Portuaria Valparaíso (+11,7%).

En tanto, las compañías que registraron una mayor baja en su desempeño fueron la Empresa Portuaria Coquimbo (-22,5%), la Casa de Moneda de Chile (-4,5%) y la Empresa Nacional del Carbón (-3,4%).

 

Buenas prácticas y autoevaluaciónPara promover la extensión de buenas prácticas al interior de las compañías, el CPLT envió en agosto de este año un oficio destinado a fomentar procesos de autoevaluación a 33 empresas.

Las firmas debían analizar su propio desempeño en Transparencia Activa y remitir sus conclusiones al CPLT hasta el 30 de septiembre de este año. De ese llamado, solo 26 empresas enviaron sus respuestas.

Bajo esta autoevaluación, las 26 compañías que reportaron sus análisis alcanzaron un puntaje promedio de cumplimiento de un 98,67%, esto es, 3,76% más que la fiscalización realizada por el CPLT.

 

 

A través de una sentencia pronunciada este lunes cinco de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un Recurso de Protección interpuesto por Juan Manuel Zolezzi Cid, rector de la Universidad de Santiago (Usach), en contra de dos resoluciones del Consejo para la Transparencia emitidas en julio y agosto de este año. Una de ellas ordenó la aplicación de una multa del 20% en la remuneración mensual del rector, por infringir lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Transparencia, por no entregar oportunamente la información en la forma decretada, una vez que ésta fue ordenada por una resolución ejecutoriada. La segunda de las resoluciones rechazó el recurso de reposición presentado por el rector, cuyo fin era dejar sin efecto dicha multa.

Los hechos que originaron la aplicación de la sanción se remontan al año 2013, a raíz de dos solicitudes de información realizadas por ex docentes de la USACH, a quienes se les suprimieron sus cargos a raíz de un proceso de reestructuración impulsado por el rector Zolezzi. Los académicos solicitaron a la casa de estudios los antecedentes que tuvo en consideración esa autoridad universitaria para decidir la supresión de sus cargos, los que no fueron entregados.

Lo anterior motivó que los solicitantes de información dedujeran ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), una serie amparos (roles C171-13, C573-13, C574-13, y C1151-13) que fueron acogidos dando la razón a los ex docentes.

Sin embargo, la Universidad presentó tres reclamos de ilegalidad en contra de las decisiones de amparo del CPLT ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los cuales fueron rechazados por el tribunal de alzada, concluyendo que las decisiones del CPLT se ajustan a derecho y que “la información requerida existe en poder de la universidad y debe ser proporcionada”.

En consecuencia, correspondía que la USACH entregara la información requerida, en la forma y dentro de los plazos dispuestos. No obstante, ello no fue cumplido, lo que fue denunciado por los ex docentes ante el CPLT.
Tras ello, el CPLT solicitó el cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Apelaciones, circunstancia que no se verificó por parte del rector, incurriendo con ello en un incumplimiento a las normas que regulan el derecho el derecho de acceso a la información pública.

En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo del CPLT determinó solicitar a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo en contra del rector Zolezzi que concluyó con la multa del 20% de su remuneración.

Tras esto, la autoridad universitaria interpuso un recurso de protección lo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones, ratificando que la potestad sancionatoria por incumplimientos a la Ley de Transparencia, radica únicamente en el CPLT y que es indelegable.

Respecto a los hechos que constituyen la infracción (la no entrega oportuna de la información ordenada), el fallo señala que dicha conducta quedó establecida en el sumario, siendo improcedente intentar eximirse de su responsabilidad y concluyendo que las resoluciones que aplican una multa de 20% de la remuneración mensual a Zolezzi no resultan ilegales ni arbitrarias.

 

Poco más de dos meses han pasado desde que Argentina aprobó su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este hito no solo fue inédito para la nación trasandina, sino que vino a complementar la red de más de quince países de la región que hoy cuentan con normativas que fomentan el control ciudadano.

Chile, que ya completa siete años desde que se promulgó su propia ley de acceso a la información pública, comenzó a “exportar” su experiencia a través del programa de asistencia técnica sobre la implementación de la Ley de Transparencia a la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Interior argentino. Este proyecto de colaboración es financiado con el apoyo de Fondo Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dicho proceso se inició esta semana con el arribo a Buenos Aires de una comitiva del CPLT encabezada por el presidente de la institución, José Luis Santa María y el director general de la entidad, Raúl Ferrada.

En el marco de la visita, se realizaron talleres técnicos y hubo reuniones con autoridades, funcionarios públicos, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la internalización de esta norma.

“La cooperación y los aprendizajes compartidos potencian la misión de instalar una cultura de la transparencia en nuestros países, elemento esencial que favorece la probidad, fortalece nuestras instituciones y crea sociedades más participativas”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

El proceso de acompañamiento del CPLT en Argentina consta de varias fases y se extenderá hasta el año 2018.

El papel de Fondo Chile

Desde que la Ley de Transparencia entró en vigencia en 2009, el CPLT ha debido experimentar un proceso de implementación que implicó observar la experiencia internacional y crear diversas herramientas destinadas a favorecer el acceso a la información.

Con el fin de compartir esta experiencia y el modelo chileno a otros países, el CPLT participó, en marzo de 2016, en la convocatoria “Fondos Chile”, un programa de financiamiento que permite costear iniciativas de cooperación internacional en diversas materias. Este programa fue instaurado en noviembre de 2011 por el Gobierno de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La creación de este fondo busca contribuir, en su primera fase, la consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (ODM). Actualmente, en su segunda fase, el Fondo orientará su acción a enfrentar los desafíos planteados en la Agenda para el Desarrollo Post 2015, promoviendo acciones de Cooperación Sur-Sur (CSS), compartiendo las experiencias chilenas en temas económicos y sociales con países de igual o menor desarrollo.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió acoger el amparo de un ciudadano que el pasado siete de julio solicitó a Carabineros de Chile el detalle de su dotación nacional desagregada por plantas entre los años 2010 y 2016.

La institución se negó a facilitar dicha información por considerar que los datos exigidos “son considerados secretos” de acuerdo al Código de Justicia Militar. De hecho la institución recalcó que la divulgación de estas cifras produciría un “daño o detrimento” a sus funciones”, ya que la entrega de la información, “implicaría dar a conocer la planificación institucional que gobierna el actuar de la entidad” y se obstaculizaría la aplicación de “técnicas y tácticas adecuadas” para mantener o restablecer el orden público.

El 22 de julio de 2016, el solicitante acudió al CPLT y presentó un amparo, ya que se le estaba negando su derecho de acceso a la información.
En el análisis y en la discusión realizada por el consejo directivo del CPLT, se advirtió que Carabineros “no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida” por el ciudadano y se recalcó que la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado “se presume pública”.

Para sustentar esta visión, el CPLT consideró que la divulgación de los datos exigidos van “en beneficio de la transparencia necesaria para el legítimo control social” y que su publicación ayudaría a evaluar el “cumplimiento de la función pública desempeñada por la institución”.

De hecho, el CPLT le recordó a Carabineros que en otras ocasiones ya se había decretado la divulgación de datos similares relacionados a la dotación de efectivos a través de las leyes sobre el aumento del personal que se han tramitado en diferentes oportunidades, y se destacó que cuerpos policiales en el extranjero, como el de Nueva York, mantienen un sistema de información en línea que permite que los ciudadanos comprueben el número de empleados de la fuerza uniformada.

Con todo esto, el CPLT resolvió el 15 de noviembre acoger el amparo deducido por el ciudadano en contra de Carabineros de Chile y ordenó a la institución entregar la dotación total del personal policial para cada año (y desagregada por plantas), en un plazo que no supere los cinco días hábiles contados desde la decisión del Consejo. Asimismo, se recomienda a la institución “avanzar en promover y fomentar los procesos de publicidad y transparencia sobre la planta del personal y dotación”.

“Como un paso trascendental en pos de la transparencia pública” fue calificada por el Consejo para la Transparencia la aprobación de la ley que pone fin a la reserva de la Ley del Cobre.

Esto, porque el miércoles 23 de noviembre, el Congreso dio luz verde a las indicaciones que decretan la publicación íntegra y actualizada de dicho cuerpo legal que, desde 1976, permanecía restringido.

“Esta decisión va en línea con nuestro predicamento en torno a la necesidad de fortalecer el control social y promover una cultura de transparencia y probidad en todos los niveles”, indicaron los consejeros del CPLT en carta a El Mercurio.

Cabe recordar que, en marzo pasado el CPLT resolvió de forma unánime ordenar la entrega de la Ley Reservada del Cobre a un ciudadano que, haciendo uso de la Ley de Transparencia, había solicitado al órgano correspondiente acceder a su contenido, lo que le fue denegado. La resolución del CPLT se fundó en que las normas deben ser públicas para que ellas puedan ser conocidas y cumplidas por todos.

A juicio de los consejeros, el paso dado en el Congreso releva “el principio democrático de publicidad de las leyes, despeja un espacio de opacidad y amplía las posibilidades de los ciudadanos de ejercer el control social sobre las instituciones”.

 

Ocho meses han pasado desde que el Consejo para la Transparencia (CPLT) firmó su primer acuerdo de colaboración con la Universidad de Talca. Dicha alianza fue el puntapié inicial para comenzar a forjar una red de Observatorios Regionales de Transparencia que hoy ya cuenta con el apoyo de seis planteles universitarios —públicos y privados— de varias ciudades del país.

Esta red de observatorios es una instancia de colaboración, mediante la participación activa de agentes locales, que permitirá identificar de mejor manera las falencias y barreras que enfrentan los ciudadanos que solicitan información pública.

Para sellar lineamientos y compartir experiencias y resultados, este 23 y 24 de noviembre se concretó el primer encuentro entre el CPLT y esta red de observatorios regionales que, hasta ahora, está conformado por las siguientes casas de estudios:

– Universidad Católica de Temuco
– Universidad de Los Lagos
– Universidad Central (Sede La Serena)
– Universidad de Talca
– Universidad de Concepción
– Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar)

“En estos meses de trabajo y cooperación, no solo hemos aprendido lecciones de manera mutua, sino que también hemos visualizado un valioso e interesante panorama a nivel nacional. Hemos descubierto realidades a nivel local que nos develan falencias muy particulares, pero que también nos invitan a mejorar”, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, recalcando el valor del trabajo en terreno que han desarrollado los planteles.

Es justamente ese trabajo de campo realizado por las universidades el que permitirá al CPLT reforzar sus esfuerzos de promoción y capacitación de la Ley de Transparencia con el fin de que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información pública de manera efectiva y oportuna.

Asimismo, este encuentro contó con el ventajoso aporte que hoy tienen las organizaciones Chile Transparente, Ciudadano Inteligente y la fundación Piensa, que colaboraron activamente en el diseño de nuevas estrategias para promover la probidad y el control social.

 

El próximo 15 de diciembre se realizará la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia.

En esta primera sesión se tratarán los siguientes temas:
– Presentación de Marco Estratégico CPLT, expone Unidad de Planificación y Calidad.

– Presentación de los principales resultados de Estudio Nacional de Transparencia 2016, Estudio Nacional de Funcionarios Públicos y Cuenta Pública Participativa, expone Dirección de Estudios.

– Presentación de Política de Participación CPLT, expone Unidad de Promoción y Clientes.

La próxima convocatoria será en enero 2017 donde se espera realizar un ejercicio de levantamiento de propuestas que refuercen las líneas de trabajo de este Consejo para el próximo año.

El encuentro será el próximo 15 de diciembre a las 10 horas en dependencias institucionales (Morandé 360, piso8). Agradecemos desde ya confirmar su asistencia, en caso de no poder asistir podrá designar un reemplazante para estos efectos previo aviso.

Con más de 300 asistentes del área docente, académica y estudiantes de pedagogía se llevó a cabo hoy el 2° Seminario “Formación Ciudadana y Transparencia: Recursos y Desafíos para la Comunidad Escolar”, actividad organizada por el Consejo para la Transparencia junto a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El encuentro fue inaugurado por el Vicedecano de la Facultad de Educación de la UC, Andrés Bernasconi, quien agradeció la instancia para compartir y conocer nuevas propuestas educativas con foco en la transparencia.

Por su parte, la Directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, Alejandra Sepúlveda, sostuvo que “el Consejo ha desarrollado varios recursos didácticos y herramientas educativas sobre formación ciudadana y transparencia para apoyar procesos educativos y facilitar la labor docente”. Asimismo, aprovechó la instancia para presentar el nuevo portal educativo “Escuela Ciudadana”.

Durante la jornada, el Coordinador Nacional de Educación Media de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Marco Ávila, realizó una presentación llamada “Contexto y desafíos de la política pública para la Formación Ciudadana”, donde analizó qué busca la nueva ley del Plan de Formación Ciudadana.

A su vez, se reunieron distintos expertos para discutir sobre materias de educación y transparencia en el Panel sobre acciones y recursos para la Formación Ciudadana conformado por María Rosario Navarro, directora del portal Educar Chile de Fundación Chile; Werner Westermann, jefe del programa de Formación Cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional; Maximiliano Tham, investigador de Educación y Desarrollo Humano del PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo; Claudia Morales, directora de la ONG Escuela Ciudadana y Juan Pablo Camps, analista de la Unidad de Promoción del Consejo para la Transparencia.

A poco más de una semana de la nueva rendición de la PSU y como parte de su misión institucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) reiteró las recomendaciones entregadas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) para mejorar los niveles de transparencia en torno al examen que cada año determina el ingreso de los estudiantes al sistema universitario.

Dichas recomendaciones están orientadas a perfeccionar la entrega de resultados y a visibilizar más datos en torno a la elaboración del test que será rendido por más de 250 mil jóvenes.

Las sugerencias emitidas por el Consejo para la Transparencia son:

1. Informar sobre el comportamiento de los puntajes de la PSU en función de criterios territoriales (por región, provincia o comuna) o temporales; de la naturaleza de los establecimientos educacionales y del origen social de los estudiantes, de manera de permitir evaluar y comparar resultados.

2. Informar las evaluaciones generales y de impacto del proceso de rendición de las pruebas de selección universitaria en consideración a los propósitos y objetivos trazados en el diseño original, como también estudios o auditorías efectuados al proceso y sus resultados; el costo total de la PSU y los ingresos por concepto de inscripción.

3. Poner a disposición la información señalada, precedentemente, en un formato que permita la utilización, revisión e interrelación de los datos en ella incluidos.

A casi un mes de que entrara en vigencia la Instrucción General del Consejo para la Transparencia (CPLT), que obliga a que los Partidos Políticos publiquen detalles de su gestión interna y otros antecedentes, ya trece conglomerados han adherido al Portal de Transparencia del Estado, administrado por el CPLT.

Esta plataforma permite que cualquier persona pueda conocer datos específicos de los partidos políticos, como su organigrama, pactos electorales a los que adscriben, sus sedes a lo largo de todo el país o el número de adherentes que registran.

Asimismo, y partir de enero y abril próximo, el sitio contendrá información tal como las declaraciones de intereses y patrimonio de la directiva del conglomerado y sus candidatos; los ingresos y gastos realizados en una determinada campaña o incluso, las donaciones y aportes percibidos por la institución.

Todo esto está contemplado en las obligaciones que deben cumplir de acuerdo a la nueva Ley de Partidos Políticos.

“En tiempos donde prevalece una mirada crítica sobre el sistema político en general, es bueno que la ciudadanía pueda acceder a información de los partidos políticos a través de este portal. Ahora, la tarea es que el grupo de conglomerados que ya se han sumado a la plataforma mantengan sus datos actualizados y entreguen información de manera certera y oportuna. Asimismo, esperamos que más entidades adhieran a este portal”, señala José Luis Santa María, presidente del CPLT.

A la fecha, los trece partidos que ya están publicando antecedentes de su gestión interna en el sitio www.portaltransparencia.cl, son:

– Partido Evolución Política (Evópoli)
– Partido Demócrata Cristiano (DC)
– Partido Comunista Chile (PC)
– Partido Progresista (PRO)
– Partido Socialista de Chile (PS)
– Partido Radical Socialdemócrata (PRSD)
– Partidos Ecologista Verde (PEV)
– Partidos Humanista (PH)
– Partido por la Democracia (PPD)
– Partido Renovación Nacional (RN)
– Partido Unión Demócrata Independiente (UDI)
– Partido Todos
– Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (MIRAS)

 

Crecen solicitudes ciudadanas
El Portal de Transparencia del Estado es una iniciativa impulsada por el Consejo para la Transparencia que debutó en Agosto de 2013. Desde ese momento, el sitio ha recibido 183.394 solicitudes de información y actualmente, los ciudadanos pueden acceder a la información de 675 organismos de todo el país.

De hecho, solo en octubre pasado, la plataforma recepcionó 10.748 solicitudes, y fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con 261 requerimientos, la institución más solicitada. Más abajo le siguieron, Gendarmería (253) y la Subsecretaría de Educación (252).

 

Durante este año, es el Ministerio de Educación el organismo que más ha recibido solicitudes ciudadanas, con 4.278 requerimientos. Luego, se ubican la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) (3.936) y Gendarmería de Chile (3.823).

Y con 103.147 solicitudes desde 2013, son los municipios los organismos más demandados por las personas a la hora de exigir datos públicos. En ese sentido, y con 36.769 requerimientos, las comunas de la Región Metropolitana son las que más peticiones de información han recibido en lo que va del año.

Le siguen las municipalidades de la Región del Biobío, con 13.330 solicitudes y Valparaíso, con 10.485 requerimientos.

En relación a la distribución y género de los solicitantes, el 64% de quienes han pedido información a través del portal durante este año han sido hombres, mientras que un 36% corresponde a mujeres.

El promedio mensual de visitas al sitio dependiente del CPLT en los últimos 3 meses es de 186.766 accesos, mientras que las materias más revisadas por los ciudadanos son “personal y remuneraciones” y “actos y resoluciones con efectos sobre terceros”, que tienen relación con acciones administrativas como permisos, concesiones o concursos públicos, entre otras.

 

En todo Chile existen 53 Corporaciones Municipales, encargadas de administrar y gestionar el funcionamiento de dos áreas particularmente sensibles e importantes para la ciudadanía: la salud y la educación.

Algunas de estas entidades tienen presupuestos, personal y recursos físicos a veces superiores a los propios municipios, por lo que el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa es de gran interés para los ciudadanos.

Sólo desde hace tres años las Corporaciones Municipales del país están obligadas a rendir públicamente los detalles de su gestión financiera y administrativa de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia.

Por eso, desde 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició un plan de fiscalización y acompañamiento, que ha redundado en la mejora sustancial de las Corporaciones Municipales en cuanto al cumplimiento de la norma que promueve la probidad y el acceso a la información.

Por ejemplo, de las quince Corporaciones Municipales sumariadas en 2014, el puntaje de cumplimiento promedio ascendió de 6,03% a un 51,81% durante este año, lo que representa un alza de 45,78 puntos porcentuales.

Lo mismo se observa entre las 25 Corporaciones Municipales con orden de sumario tras la fiscalización de 2015: de un puntaje promedio de cumplimiento de 30,13%, todas duplicaron su buen desempeño y aumentaron a un 62,32% en 2016, equivalente a un crecimiento de 32,19 puntos porcentuales.

 

En todo Chile existen 53 Corporaciones Municipales, encargadas de administrar y gestionar el funcionamiento de dos áreas particularmente sensibles e importantes para la ciudadanía: la salud y la educación.

Algunas de estas entidades tienen presupuestos, personal y recursos físicos a veces superiores a los propios municipios, por lo que el cumplimiento de las normas de Transparencia Activa es de gran interés para los ciudadanos.

Sólo desde hace tres años las Corporaciones Municipales del país están obligadas a rendir públicamente los detalles de su gestión financiera y administrativa de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia.

Por eso, desde 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició un plan de fiscalización y acompañamiento, que ha redundado en la mejora sustancial de las Corporaciones Municipales en cuanto al cumplimiento de la norma que promueve la probidad y el acceso a la información.

Por ejemplo, de las quince Corporaciones Municipales sumariadas en 2014, el puntaje de cumplimiento promedio ascendió de 6,03% a un 51,81% durante este año, lo que representa un alza de 45,78 puntos porcentuales.

Lo mismo se observa entre las 25 Corporaciones Municipales con orden de sumario tras la fiscalización de 2015: de un puntaje promedio de cumplimiento de 30,13%, todas duplicaron su buen desempeño y aumentaron a un 62,32% en 2016, equivalente a un crecimiento de 32,19 puntos porcentuales.

Estos resultados dan cuenta del impacto que tienen las fiscalizaciones realizadas por el CPLT en el desempeño de estos organismos y el cumplimiento en Transparencia Activa, que exige que estas entidades publiquen detalles de su gestión administrativa y financiera a través de sus sitios web.

“La gran mayoría de las corporaciones y comunas fiscalizadas aumentaron de manera sustantiva sus niveles de transparencia, por lo que nuestra evaluación no puede ser más que positiva. De hecho, promovemos un completo programa de capacitación y fiscalización que incluye a muchos más órganos públicos”, explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María, detallando que “cuando una institución mejora sus índices de transparencia, no solo se aleja de la corrupción, sino que se acerca a la ciudadanía y le entrega más y mejor información”.

Con todo esto, se puede señalar que en la práctica, los ciudadanos tienen un mejor acceso a:
a) Información sobre cuáles son los establecimientos educacionales de la comuna, sus direcciones y los mecanismos de postulación.
b) Datos acerca de cómo acceder a diversos beneficios, como la educación parvularia para los hijos e hijas de las madres que trabajan.
c) Cómo acceder a los programas de educación especial de la comuna.
d) Cuáles son los establecimientos de atención primaria de urgencias de la comuna, sus ubicaciones y horarios.
e) Programas de tratamiento de drogas para niños, niñas y adolescentes, entre otros.

 

Evolución de los sumarios
Desde el año 2013, el CPLT ha solicitado 59 sumarios para diversas Corporaciones Municipales del país. De este total, 55 sumarios han surgido tras un proceso de revisión de este Consejo, mientras que los cuatro procesos restantes tienen que ver con la presentación de algún reclamo.

Del total de sumarios generados después de una fiscalización, 15 fueron solicitados en 2014; 25 el año 2015 y 15 este 2016.

La última revisión del CPLT sobre las Corporaciones Municipales se concretó en febrero de este año. Dicho proceso de fiscalización concluyó que en materia de Transparencia Activa, estos organismos lograron un puntaje promedio de cumplimiento de un 61,28%. Este resultado es un 15,84% superior a la puntuación obtenida por estas entidades en 2015, cuando alcanzaron un 45,44%.

Dentro de los principales incumplimientos observados por el CPLT en esta fiscalización se encuentran la información desactualizada o incompleta de datos relevantes relacionados a personal, remuneraciones, compras, contrataciones, gestión presupuestaria y actos con efectos sobre terceros, como concesiones o concursos públicos.

Programa de fiscalización a Corporaciones Municipales:
Para seguir evaluando el desempeño de las Corporaciones Municipales, comprobar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y promover mejoras en materia de Transparencia Activa, el CPLT está ejecutando una serie de auditorías en todo el país