El Consejo para la Transparencia firmó en la Región de La Araucanía un convenio con la Universidad Católica de Temuco para implementar el segundo Observatorio Regional que permitirá investigar, evaluar y generar conocimiento desde la óptica de la transparencia.

Tras la firma la universidad se convirtió en la segunda institución de educación superior en el país en apoyar esta iniciativa. Así lo manifestó el director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, quien además destacó que “para nosotros es un proyecto muy relevante, puesto que pretendemos vincularnos con instituciones de educación superior de prestigio de todo el país y así establecer una instancia permanente de evaluación de los avances y retrocesos de la política de acceso a la información, analizando temas locales desde la mirada de la transparencia”.

Para la UC Temuco, este convenio y la creación del Observatorio va en “directa relación con la misión que tenemos como institución de aportar al desarrollo de la región”, señaló el rector Dr. Aliro Bórquez, quien destacó que “con este Observatorio vamos a vincularnos directamente con la ciudadanía, ayudando desde la academia y la investigación a difundir y entregar información que será de real utilidad a las personas”.

Observatorio Regional de Transparencia

Para la instalación de esta iniciativa se trabajará con el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UC Temuco y se generará un equipo articulado entre académicos y estudiantes de las carreras de Ciencia Política, Sociología y Administración Pública, para posteriormente ampliarlo a otras carreras de las ciencias sociales en el futuro.

En una primera etapa, se “levantará información para ir conociendo los niveles de transparencia de los servicios públicos en la región y cómo se está dando la relación entre ciudadano e instituciones en un contexto donde hay baja confianza y una sensación de corrupción en las entidades públicas, por lo que creemos necesario realizar una especie de barómetro de cómo la región y sus instituciones se comportan respecto a estos temas”, señaló el académico Emilio Moya, quien agregó que “vamos a trabajar con las metodologías ya desarrolladas, lo importante para nosotros es ser lo más riguroso posibles, por lo que aplicaremos metodologías ya estandarizadas”.

Uno de los principales aportes que realizará el Observatorio este año será en el ámbito de las elecciones, puesto que “pensamos levantar información y hacer un seguimiento de los candidatos a elecciones este año y así ayudar a la ciudadanía a que puedan tomar una decisión informada al momento de votar por un determinado candidato”, afirmó el académico Emilio Moya.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas entregar el texto de la Ley Reservada del Cobre, tras acoger parcialmente la petición de una persona que solicitó copia íntegra de la Ley Nº 13.196, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, y sus modificaciones. Dicha subsecretaría había denegado el acceso al cuerpo legal, argumentando que divulgar la información requerida podría afectar la seguridad nacional.

Tras esto, el solicitante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia.

El Consejo Directivo acordó, para los efectos de resolver acertadamente el amparo, requerir a la reclamada copia íntegra de la información objeto del reclamo. Con el texto a la vista, los consejeros del Consejo para la Transparencia revisaron su contenido y resolvieron por unanimidad que la Ley Reservada del Cobre es pública, salvo el artículo 3° inciso primero, el que debe mantenerse en reserva pues su publicidad afectaría la seguridad de la Nación.

El órgano reclamado tendrá que hacer entrega al solicitante en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, copia del texto completo de la Ley Reservada del Cobre, debiendo reservar única y exclusivamente el artículo 3° de dicha Ley, como asimismo, entregar sus modificaciones posteriores.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la sociedad civil y el control social respecto de los estándares de Transparencia en instituciones públicas regionales y con ello, promover la instalación de una cultura de la Transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) firmó hoy el primer convenio de colaboración con la Universidad de Talca (UTAL) para implementar el Observatorio Regional de Transparencia.

En la Región del Maule se llevó a cabo la firma de convenio entre Álvaro Rojas Marín, Rector de la Universidad de Talca y Raúl Ferrada, director general del CPLT.

El Rector de la casa de estudios, dijo que “el tema de la transparencia es conocido, por lo que sumarnos a esta iniciativa de crear un Observatorio Regional para mejorar la gestión pública es relevante y sobretodo poder capacitar a nuestros estudiantes para continuar impulsando buenas practicas”.

Por su parte, el director general del CPLT, sostuvo que “Es la primera universidad estatal en firmar este convenio y esperamos trabajar en conjunto para instalar este proyecto innovador con ustedes y transferir conocimientos y experiencias que involucren desafíos y que contribuya a promocionar temas de transparencia relevantes para la comunidad”.

Observatorio Regional en Transparencia
El proyecto de observatorios regionales, se refiere a la generación de una Red de actores interesados en la Transparencia (voluntarios por la Transparencia) al alero de la impronta y visibilidad de Universidades Regionales.
Dispone a la Universidad de herramientas de control social para verificar el cumplimiento de transparencia de instituciones públicas regionales y su beneficio radica en empoderar a distintos actores en el Derecho de Acceso a Información, motivar la consecución de buenas prácticas de transparencia y la eliminación de barreras de acceso a información al interior de instituciones públicas.

 

Por la unanimidad de sus miembros, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia nombró al Consejero, José Luis Santa María Zañartu como nuevo presidente de la institución, cargo que desempeñará hasta el 29 de octubre de 2017.

Con dicha votación, registrada en la sesión ordinaria N° 701 del 26 de abril pasado, José Luis Santa María reemplaza a Vivianne Blanlot, quien finalizó su período como presidente el jueves 28 de abril de 2016.
La elección de la presidencia del Consejo Directivo se efectuó de acuerdo a lo contemplado por la Ley de Transparencia que le otorga un carácter rotatorio a la presidencia.

José Luis Santa María Zañartu es abogado de la Universidad de Chile desde 1968. Fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 1998 a 2002.

Durante su carrera profesional se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión prestando asesorías a diferentes empresas, principalmente del rubro energético, tales como Chilectra, de 1969 a 1980; Chilgener, de 1980 a 1981; Compañía General de Electricidad S.A., de 1981 a 1997; Mediciones Geolec-Schlumberger desde 1980 a la fecha.

Además, se desempeña como director de la Industria Frigorífico Simunovic de Punta Arenas desde 1980; fue director de TERRASUR S.A. filial de EFE, es director y abogado de Estrella Petrolera de Chile S.A y fue miembro del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

Actualmente es consultor del estudio jurídico Grünwald y Cía., e integrante del estudio jurídico Pérez Donoso y Compañía Ltda. y es miembro del Colegio de Abogados.

Fue designado consejero del Consejo para la Transparencia por el presidente Sebastián Piñera previo acuerdo del Senado en noviembre de 2011, asumiendo su cargo por un período de seis años.

Labores del presidente del Consejo Directivo

El presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia tiene como principal atribución, según lo establece el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirimir en aquellos casos en que exista empate en sus decisiones.

Por su parte, los Estatutos de Funcionamiento del organismo le otorgan la representación protocolar del Consejo Directivo en reuniones, ceremonias, conferencias y actos en general y la de desempeñar la vocería pública del Consejo Directivo, en las materias y de acuerdo a los criterios generales que éste acuerde.

Al cumplirse siete años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información, el Consejo para la Transparencia presenta en dichos documentos los resultados de su gestión durante el año pasado e invita a la ciudadanía a participar entregando sus opiniones sobre el rol y desempeño institucional.

Dichos comentarios y propuestas son luego analizados al interior del Consejo y se da respuesta individual a cada persona que participó en este proceso. Dichas opiniones sirven de orientación y enriquecimiento para el proceso de planificación de las acciones e iniciativas futuras.

En un banner especialmente diseñado y publicado en la web del CPLT www.cplt.cl, están la información y enlaces necesarios para participar en esta iniciativa, junto a una infografía sobre la gestión 2015.

Para participar en la Cuenta Pública Participativa 2016 del Consejo para la Transparencia, haga clic en este enlace y siga las instrucciones.

Dado el fallecimiento del ex Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar y el duelo nacional de tres días, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia ha resuelto cancelar el VII Seminario Internacional de Transparencia y todas las actividades relacionadas.

Como institución adherimos al sentir de su familia, a quienes les hemos transmitido nuestras condolencias.

 

Un total de 61.342 audiencias de lobby y/o gestión de intereses particulares se han efectuado desde noviembre de 2014 al 31 de marzo pasado, de acuerdo al informe consolidado entregado hoy por el Consejo para la Transparencia.

Dicho reporte, que consigna la información disponible en el sitio Infolobby.cl, revela que los alcaldes son quienes concentran el mayor número de audiencias de este tipo, con un 37,9% (23.290 reuniones). Les siguen los directores regionales de servicios públicos (10,22%) con 6.269 reuniones y los directores de obras municipales (8,69%) con 5.330 reuniones.

En tanto, los jefes comunales con mayor cantidad de Registros de Agenda Pública informados (Audiencias, Viajes y/o Donativos) son los de Teno 1.275, Quilicura (1.083), Curacaví (912), Pumanque (843), San Nicolás (732) y San Esteban (638).

3.233 lobbistas registrados

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, se contabilizan 3.233 lobbistas y 61.342 gestores de intereses particulares, quienes han sostenido encuentros con 5.600 sujetos pasivos (autoridades). A la fecha, la entidad más representada en dichas reuniones es la Cámara Chilena de la Construcción, totalizando 175 audiencias; como también es la empresa dedicada al lobby con más audiencias registradas con 34 reuniones.

Más de 9 mil donativos desde noviembre de 2014

En cuanto a los donativos reportados por los sujetos pasivos, desde noviembre de 2014 al 31 de marzo pasado suman 9.277, los que fueron recibidos por 1.531 autoridades.

En marzo, específicamente, se informaron 445 artículos, equivalente al 150% de lo reportado en febrero de 2016.
Los cargos que declaran haber recibido más donativos durante el mes de marzo son: Concejales 26,9%; Ministros (17,75%); Alcaldes (13,93%) y Subsecretarios (7,64%), entre otros.

En materia de viajes, las autoridades han informado 67.728 desplazamientos, con un gasto total de $ 9.604.931.389.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Estado Mayor Conjunto entregar las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), tras acoger la petición de una persona que solicitó conocer las actas de todas las sesiones realizadas por ese organismo entre 1989 y 2012, como también los documentos de acuerdos o resoluciones adoptadas en dichas reuniones. El Estado Mayor Conjunto denegó el acceso a lo solicitado, argumentando que la información requerida podría afectar la seguridad de la nación.

Tras esto, la solicitante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia.

El Consejo Directivo procedió a revisar y analizar cada uno de los antecedentes, en el que se pudo constatar que en el período requerido, entre 1989 y 2012, se levantaron las actas número 4° hasta 24°.

Tras ello, por unanimidad los consejeros acogieron el requerimiento en contra del Estado Mayor Conjunto, quien deberá entregar las actas salvo aquellas en las que se determinó que debe mantenerse la reserva por involucrar materias de defensa nacional, seguridad de la Nación e interés nacional (actas N° 8 (exclusivamente en aquella parte referida a materias de defensa nacional) ,10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20, por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en lo relativo a Seguridad de la Nación e Interés Nacional).

El órgano reclamado tendrá que hacer entrega en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, copia de las actas del COSENA, de las sesiones celebradas, desde 1989 hasta la entrada en vigencia de la ley N° 20.050 (2005) así como los documentos inmediatamente emanados de los acuerdos o resoluciones adoptadas en cada una de las sesiones celebradas en dicho período, respecto de las cuales el órgano hubiere declarado su publicidad.

Copia de las actas del COSENA, de las sesiones celebradas, desde 1989 hasta la entrada en vigencia de la ley N° 20.050 (2005), específicamente: N° 4, 5, 6, 7, 8 (específicamente en aquella parte referida al debate en torno al Informe Rettig), 9, 11, 15, 16, 21, 22, 23 y 24, así como los acuerdos o resoluciones adoptadas en cada una de las sesiones celebradas en dicho período referidos a dichas actas.
Por último, copia de aquellas actas del COSENA, de las sesiones celebradas desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.050, hasta 2012, así como los documentos inmediatamente emanados de los acuerdos o resoluciones adoptadas en cada una de las sesiones celebradas en dicho período, con excepción expresa de aquellas actas respecto de las cuales la mayoría de los miembros del COSENA hubiere determinado su reserva, conforme lo dispuesto en el artículo 107 inciso tercero de la Carta Fundamental.

 

En representación de la Presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), el Consejero del CPLT, José Luis Santa María, inauguró esta mañana el taller de Trabajo del Programa de la Comisión Europea EUROsociAL II y la RTA.

El Consejero destacó que desde su creación “la RTA en su rol de promover, garantizar y fiscalizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en Iberoamérica, ha ido instalando los pilares para promocionar y posicionarlo como una herramienta útil para los ciudadanos y con el apoyo de EUROsociAL, ha capacitado a sus pares mediante el intercambio de conocimiento, levantamiento de buenas prácticas, proyectos piloto, seminarios y visitas técnica”.

EUROsociAL ha trabajado en la dinamización de diferentes redes regionales, facilitando algunas de sus reuniones, apoyando sus programas de trabajo, y generando plataformas colaborativas de gestión del conocimiento, de intercambio de información, buenas prácticas y gestión de proyectos.

El trabajo con la RTA es un espacio formal de diálogo y cooperación para promover el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública entre sus miembros, principalmente las Unidades Garantes del acceso a la información de cada país.

Uno de los resultados más importantes del Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL II ha sido el apoyo a proyectos estratégicos de la RTA: 1) Mecanismos alternativos de resolución de controversias; 2) Creación de un sistema de medición del derecho de acceso a la información pública; 3) Modelo Regional de Gestión Documental y de Archivos; 4) Transparencia de partidos políticos.

En el marco del XI Encuentro Internacional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), el Consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, participó en una reunión con el Presidente de la República de Honduras, Orlando Hernández, quien invitó a la delegación internacional de miembros de la Red al Palacio Presidencial de Honduras para tratar los principales temas de transparencia y acceso a la información que importan a la región.

Luego del encuentro, que se extendió por más de una hora, la delegación de la RTA se dirigió al Encuentro Nacional de Transparencia del IAiP de Honduras en el Hotel Real Continental.

La actividad convocó a los distintos poderes del Estado Hondureño, además de representantes de 15 países de Iberoamérica para presentar los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública del órgano garante de Honduras.

La comitiva del CPLT también está integrada por el Director de Operaciones y Sistemas, Eduardo González, quien junto al Consejero Santa María, representan la presidencia de la RTA en este XI Encuentro internacional de la agrupación en Honduras.

El pasado miércoles 30 de marzo se realizó la clase de bienvenida a los estudiantes del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la escuela de postgrado del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Inició esta primera clase el Director del Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Frühling, quien explicó la importancia del magíster y la visión del que es formar líderes para la gestión del sector público, que impulsen los procesos de modernización de la gestión pública, para hacer del aparato público un actor fundamental en el proceso democrático del país.

A continuación, el Coordinador del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Cristian Pliscoff, invitó a participar al Consejero del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago quien expuso acerca de la “Transparencia y el desafío de nuestra institucionalidad”.

Drago explicó el origen de la ley de transparencia en el país, el uso y las implicancias, además de mostrar cifras de la gestión del Consejo para la Transparencia y los desafíos que actualmente existen. Luego, contestó preguntas de los alumnos quienes se mostraron interesados en el tema.

Revisa la presentación del Consejo para la Transparencia aquí.

El Consejo para la Transparencia dio a conocer el IV Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2015, medición que en esta oportunidad incluyó preguntas acerca de la percepción que tienen los propios trabajadores del Estado sobre faltas a la probidad o situaciones reñidas con la transparencia.

La encuesta, realizada entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre 2015, abarcó una muestra de 1.085 casos (392 funcionarios municipales y 693 funcionarios de la administración central), con un margen de error de 3%.

Según el sondeo, el 33% de los funcionarios considera que “mucha gente está involucrada” en actos de corrupción en los organismos públicos. Esta apreciación es compartida por el 54% de ciudadanos, según el Estudio Nacional de Transparencia 2015, también desarrollado por el Consejo.

Además, tanto los funcionarios públicos como los ciudadanos consideran que quienes cometen actos de corrupción quedan en su mayoría impunes y no son castigados (75% y 84%, respectivamente).

 

El estudio revela también que un 13% de los funcionarios reconoce que, en el marco de sus funciones, alguna vez le han ofrecido una coima, regalo, soborno o propina a cambio de ayudar a alguien para obtener alguna ventaja o beneficio. Esta cifra sube a un 17% en el caso de los trabajadores públicos de regiones versus un 8% de quienes laboran en servicios públicos de la Región Metropolitana.

Respecto a qué ocurre en su entorno laboral, un 44% reconoce que “ha escuchado o sabido que en su institución se manipulen/intervengan procesos de selección de personal”, 42% que se favorezca irregularmente a ciertas personas en la obtención de beneficios, 22% que se favorezca a proveedores específicos y un 14% que se presione para participar en actividades políticas.

 

Además, en una escala de 1 a 10, el 34% de los funcionarios observa que en los organismos públicos existen “muchas oportunidades” de cometer actos de corrupción (valores de 7 a 10 en la escala). Esta apreciación es mejor cuando se consulta a los funcionarios de estamentos superiores. Es así como el 35% de los no profesionales concuerda con esa apreciación, mientras que esa percepción baja a 32% en los profesionales y a 20% en el grupo directivo.

 

Entre las cosas que facilitan que se cometan actos de corrupción, los funcionarios públicos indican la falta de supervisión y fiscalización (16%), el tráfico de influencias (10%), el cuoteo y favores (9%) y falta de transparencia (8%).

Por el contrario, consultados por los factores que pudieran actuar como disuasivos de los actos de corrupción, mencionan la Ley de Transparencia (24%), que exista una mayor fiscalización (17%), la probidad administrativa (9%) y que las sanciones sean más efectivas (7%).

 

El estudio muestra que los funcionarios públicos que conocen la Ley de Transparencia tienen una percepción más positiva y, por tanto, tienen una visión menos crítica respecto de sus instituciones en comparación con quienes no la conocen. Lo mismo ocurre con aquellos que valoran la existencia de la transparencia en el Estado y quienes han realizado algún curso o capacitación en temas de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información.

Por otro lado, mayoritariamente consideran que hoy es más fácil detectar los casos de corrupción que hace 5 años (54%), principalmente debido a la existencia de la Ley de Transparencia.

“La transparencia y el acceso a la información pública, entonces, estaría siendo percibida, tanto por funcionarios públicos como por ciudadanos, como un elemento disuasivo de las prácticas de corrupción, dado que esto contribuiría a que dichas prácticas son hoy más fáciles de detectar. De esta manera, es posible observar oportunidades para la profundización de la transparencia pública como un elemento a considerar en los fundamentos de la administración del Estado, junto con la adopción de los principios del acceso a la información y la rendición de cuentas como parte de una mirada integral de la prevención de la corrupción en el país”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot.