Con la suscripción de 18 compromisos de trabajo colaborativo culminó el XII Encuentro Regional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), celebrado en Quito, Ecuador.

El evento, en el que participaron representantes de los países miembros de la RTA, de la OEA, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Global Initiative for Fiscal Transparency, fue encabezado por el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santa María.

“Han sido dos días de fructífero debate y reflexión en torno a los desafíos y avances que enfrentamos en la consolidación del derecho de acceso a la información pública y la transparencia. Hemos avanzado en importantes acuerdos y en identificar aquellas sinergias con la OEA, con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, representantes de la sociedad civil ecuatoriana y chilena, que nos permitirán estrechar de manera colaborativa los trabajos que todos estamos desplegando en la instalación de una cultura de la transparencia”, señaló.

Santa María destacó el debate de jurisprudencia “donde pudimos analizar y compartir las posturas que nos ha tocado adoptar en la resolución de casos” y resaltó los avances registrados en materia de Archivos, Indicadores y en la plataforma de Jurisprudencia que debutará el próximo año y que contendrá las decisiones en materia de acceso a la información pública adoptadas en los distintos países.

A través de 19 compromisos en las más diversas áreas, diferentes ministerios, organismos públicos y empresas del Estado, presentaron el tercer Plan de Acción de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP).

Esta iniciativa, que busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas entre las instituciones públicas desde el año 2011, es un acuerdo de carácter internacional que hoy está suscrito por 64 países de manera voluntaria.

Chile manifestó su intención de unirse a esta alianza hace cinco años y desde ese momento ya ha implementado dos planes de acción: el primero fue ejecutado entre los años 2012 y 2013 y el segundo, entre 2014 y 2016.

En esta oportunidad, la mesa de trabajo permanente que impulsa esta alianza en el país, presentó el tercer Plan de Acción para el periodo 2016 – 2018. Dicha instancia es multisectorial y está presidida por la Comisión de Probidad de la Segpres y apoyada por diferentes entidades, como el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Este Plan de Acción fue desarrollado a través de un proceso multilateral y contiene una serie de compromisos concretos que fortalecen la probidad, pero también la innovación.

“Hay una sintonía perfecta entre los objetivos del Gobierno Abierto y la misión institucional del Consejo para la Transparencia (…) por eso, queremos promover, desde el punto de vista sustantivo, una profunda y constante participación de la ciudadanía en este tema”, explica Raúl Ferrada, director general del CPLT, detallando que hoy nuestro país mantiene un rol de liderazgo en la región en materias de probidad y transparencia.

Así, y en el marco de este tercer plan de acción, el CPLT adoptó tres compromisos para los próximos dos años.
El primero, denominado “Modelo de trabajo y recursos de Lenguaje Claro en la Administración Pública”, pretende desarrollar un sistema que potencie la utilización de expresiones comprensibles y claras en la comunicación del Estado y sus instituciones con los ciudadanos. El segundo compromiso, titulado “Modelo de Gobierno Abierto a nivel subnacional”, apunta a la creación de políticas de gestión y probidad entre los municipios del país, mientras que el tercer acuerdo adoptado por el CPLT también se dirige a las administraciones comunales y fue bautizado como “Modelo de Gestión de Transparencia Municipal 2.0”. Este punto busca mejorar los estándares de transparencia a nivel comunal a través de nuevas herramientas de gestión e innovación.

El panel que acompañó la presentación de los compromisos adoptados por el CPLT, estuvo también conformado por Juan Manuel Sánchez, director general de Obras Públicas; Trinidad Inostroza, directora de ChileCompra y Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco.

Desde el 8 hasta el 11 de noviembre el Consejo para la Transparencia (CPLT) participó en Santiago del XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, evento internacional de carácter anual cuyo objetivo es compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas y gestión en el Estado.

La inauguración estuvo a cargo del Secretario General CLAD, Gregorio Montero, la presidenta CLAD, Liliana Caballero y la transmisión de unas palabras de bienvenida de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Durante la semana, el Consejo para la Transparencia participó en un panel sobre Estrategias integrales de participación en la gestión para mejorar la confianza de los ciudadanos en el Estado siendo parte de esta mesa Daniela Moreno, Directora de Estudios del CPLT, asimismo integró otro panel Eduardo González, Director de Desarrollos y Procesos junto a Gastón Avendaño, Jefe Unidad de Sistemas, ambos del CPLT llamado Fortaleciendo el gobierno abierto mediante la cooperación entre órganos del Estado en el marco de experiencias en implementación de portales ciudadanos en políticas públicas de transparencia.

Ambos paneles tuvieron la misma área temática sobre Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana en el sector público.

Stand Consejo para la Transparencia durante Congreso CLAD 2016

Paralelo a todas las actividades. el CPLT estuvo presente con un stand exponiendo diversas iniciativas de la institución, tales como: Portal de Transparencia, EducaTransparencia, Infolobby, Infoprobidad, Transparencia Presupuestaria, RTA, Modelo de Gestión Transparencia Municipal, Observatorios Legislativo y Regionales e Ideas Info.

Con la presencia de representantes de 20 países, se dio inicio hoy en Quito, Ecuador, al XII Encuentro Regional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA.

La cita, que se extenderá hasta mañana, tiene por objetivo reflexionar acerca de los avances de la política de transparencia y revisión de los proyectos en curso de la RTA para el fortalecimiento de la política en la región, identificando nuevos desafíos, potenciando las redes de trabajo y relevando nuevas líneas de trabajo y fuentes de financiamiento para proyectos de cooperación futuros.

El encuentro fue inaugurado por el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, José Luis Santa María, quien señaló que “esperamos que este nuevo encuentro sea una instancia fructífera para todos, que refuerce el espíritu de intercambio de buenas prácticas y aprendizajes que ha dinamizado esta alianza desde su fundación y que la articulación de nuestros esfuerzos se traduzca en ciudadanos más empoderados y conscientes de su derecho a solicitar información pública al Estado”.

En la jornada de hoy, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, abordó materias relativas a la jurisprudencia y se refirió al trabajo de formación que está desarrollando en el marco del diplomado regional de la RTA.

Por su parte, Octavio del Fávero, Coordinador Legislativo de Ciudadano Inteligente, mostró la plataforma Partidos Públicos.cl, y Tania Sánchez, de “Global Iniciative for Fiscal Transparency”, expuso sobre orientaciones y estándares que deben estar presentes en el ámbito de la transparencia fiscal.

Durante el día, se realizarán talleres sobre jurisprudencia, se revisará el estado de avance del trabajo en materias de Archivos e Indicadores, y habrá un encuentro con representantes de sociedad civil.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en el Reclamo de Ilegalidad, interpuesto en contra de la Decisión del Consejo (C1180-16) que rechazó un amparo en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), a través del cual el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), reclamó por recibir respuesta negativa a la solicitud de antecedentes médicos de un paciente, en particular, las licencias médicas correspondientes al período 2000-2010 y el registro de consultas médicas efectuadas en el mismo período.

Tras esto, el IST dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de FONASA, el cual fue rechazado por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, por resultar aplicables las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 Nº 2 y N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo regulado en los Art. 2 letra g) y Art. 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, ya que se trata de datos sensibles de un tercero.

En contra de dicha decisión, el IST presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, fundado en la infracción del Art. 10 de la Ley N°19.628, por cuanto dicho artículo permitiría, a su juicio, que el IST pueda acceder a datos sensibles de sus pacientes que obren en poder de FONASA, cuando sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

El reclamo fue rechazado por la Corte, compartiendo los argumentos del CPLT, en el sentido de que las normas que excepcionalmente permiten el acceso a datos sensibles de las personas, referidos a su salud, deben ser interpretadas en forma restrictiva, de modo que su tratamiento debe hacerse con importantes restricciones, a fin de limitar el acceso a éstos por personas distintas a su titular, ello por cuanto resulta evidente el peligro que para éste pude significar la utilización de la referida información en manos de terceras personas, por lo que ha confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia Rol C1180-16, de modo que el IST no podrá acceder a los datos de salud del paciente, ni siquiera bajo justificación de establecer si le correspondían y desde cuándo, los beneficios de la Ley N° 16.774.

El Consejo para la Transparencia ordenó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) entregar los certificados de línea de crédito y otros antecedentes de las empresas oferentes que participaron en la licitación de raciones alimenticias para el período 2016-2019.

El caso se gatilló luego de que una persona solicitara a la JUNAEB la copia de los certificados de línea de crédito disponible presentados por todos los participantes en dicho proceso. Tras la negativa del organismo de entregar la información, el ciudadano recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia (rol C640-16).

Al respecto, y a la luz de la análisis del caso, el Consejo ha sostenido que los antecedentes presentados durante una licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria, un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados deben poseer el mismo carácter. De hecho, respecto del proceso licitatorio consultado, dada su importancia, amerita que se tomen los resguardos correspondientes, a fin de evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños y jóvenes beneficiarios.

De este modo, de la revisión de la información solicitada por el ciudadano, se concluyó que sólo la documentación tributaria aportada por las empresas oferentes queda cubierta por lo establecido en el artículo 35 del Código Tributario, el cual descansa en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar.

Dado ello, el Consejo acogió parcialmente el amparo y requirió a la JUNAEB entregar los certificados de línea de crédito disponible y copia de los anexos 69, como de los documentos adjuntos a éste presentados por todos los oferentes participantes en la licitación, salvo la documentación tributaria.

Con el objetivo de promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia como un valor de la función pública en los ámbitos de sus respectivas competencias, el Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento suscribieron un convenio de colaboración para la implementación del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) y notificación electrónica.

El acuerdo, firmado por el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, y el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Andrés Pennycook, establece las bases de una colaboración y coordinación institucional, con el fin de optimizar los procedimientos de amparos y reclamos y, específicamente, agilizar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos, lo que facilita el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

En la ceremonia de firma, el Presidente del Consejo, José Luis Santa María, y el consejero Marcelo Drago, destacaron la favorable disposición de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de avanzar en esta fórmula que va en directo beneficio de la ciudadanía.

Un convenio de colaboración con el fin de trabajar de manera conjunta en la implementación de acciones orientadas a compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la administración financiera del Estado suscribieron el Consejo para la Transparencia y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

El acuerdo, firmado por el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, y el Director Nacional de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, contempla el compromiso de compartir las mejores prácticas en los procesos internos de las áreas asociadas al presupuesto, contabilidad y tesorería, promoviendo nuevas ideas o adaptaciones en ambas entidades.

Asimismo, convinieron en promover el principio de la transparencia en la administración financiera y explorar la factibilidad de generar una red de colaboración en estas materias, integrando a otros órganos del Estado.

El pasado 28 de septiembre se publicó en el Diario Oficial, la Instrucción General N° 12 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa de los Partidos Políticos, la cual comenzará a regir el próximo 12 de octubre de 2016.

Luego de las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, la que establece nuevas obligaciones, entre las que destacan la necesidad de mantener diversos antecedentes actualizados y a disposición del público en sus sitios electrónicos, el Consejo para la Transparencia dictó instrucciones respecto de la manera de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa con el objeto de facilitar la comprensión de aquellas materias que los partidos políticos deben publicar por transparencia activa.

La Instrucción General (IG) sobre transparencia activa de los partidos políticos establece:

1. Materias a informar: Aquella información que los partidos políticos deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en forma completa y actualizada, al menos trimestralmente, y desagregada en las categorías independientes que se indican en cada caso.
2. Sujetos obligados: Se especifica que rige dicha IG a todos los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos ante el Servicio Electoral.
3. Actualización y completitud: Se indica que la actualización de la información deberá efectuarse en forma trimestral, y dentro de los 10 primeros días hábiles del mes posterior a la conclusión del trimestre respectivo. Por tanto, corresponde actualizar en enero, abril, julio y octubre.
4. Información Histórica: Se considera buena práctica incorporar la información histórica recopilada desde la entrada en vigencia de la ley.
5. Usabilidad: Se precisa que la información deberá disponerse de un modo que permita su fácil identificación y acceso expedito.
6. Restricciones de uso: Los partidos políticos no podrán establecer condiciones de uso o restricciones al empleo de la información que deban publicar por transparencia activa en sus sitios electrónicos, cuando dicha restricción carezca de fundamento legal
7. Links a páginas web de terceros: En caso de que los partidos políticos utilicen links a otras páginas web de organismos de la Administración del Estado o de instituciones, públicas o privadas, que presten servicios de información institucional, serán en todo caso responsables
8. Portal de Transparencia: Se precisa que el CPLT pondrá a disposición de los partidos políticos la página web denominada “Portal de Transparencia”.
9. Responsables del cumplimiento de los deberes de transparencia activa: Se señala que la determinación del responsable deberá ser comunicada por escrito al Consejo para la Transparencia, dentro de los diez días siguientes a la designación.
10. Buenas prácticas: Los partidos políticos podrán publicar, bajo dicha denominación, información de forma voluntaria, indicándose algunos ejemplos en esta materia.
11. Vigencia y Normas transitorias.

El quinto proceso de fiscalización en transparencia activa realizada por el Consejo para la Transparencia a los 345 municipios del país arrojó un nivel de cumplimiento de 76,9%, lo que representa una mejora de 12.2 puntos porcentuales respecto del año pasado, cuando alcanzaron un 64,7%.

La fiscalización —realizada entre junio y agosto pasado— consistió en revisar sus sitios electrónicos y verificar si cumplen con publicar de manera periódica y actualizada toda la información que especifica la Ley de Transparencia, tales como compras, presupuesto, auditorías, personal y sus remuneraciones, entre otros ítems.

Los 10 municipios que obtuvieron los puntajes más altos son:

En tanto, los municipios que arrojaron los menores rendimientos en esta materia son:

De acuerdo a la fiscalización, uno de los mayores incumplimientos detectados se refiere a la ausencia de información o antecedentes desactualizados en materia presupuestaria.

“La transparencia en la gestión presupuestaria es fundamental no sólo por un tema de probidad y de obligación legal, sino también por el derecho que tienen los ciudadanos de poder controlar y saber en qué y cómo se gastan los recursos de su comuna. En los casos en que ello no se cumple, los vecinos no tienen cómo saber si se han ido cumpliendo los programas propuestos por sus alcaldes”, indicó el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.

A su vez, también se detectaron falencias en información relativa a mecanismos de participación ciudadana y actos con efectos sobre terceros.

“En la práctica, el impacto que ello tiene es que los vecinos no pueden conocer antecedentes sobre concesiones, autorizaciones o permisos otorgados por la municipalidad ni tampoco revisar los llamados a concursos para futuros proyectos o programas comunales. Y, en cuanto a los mecanismos de participación, cuando dicha información no está disponible, las personas están impedidas de saber cómo involucrarse o cómo ser parte de las actividades de su comuna”, agregó Santa María.

Región de Magallanes obtiene la mejor nota en Derecho de Acceso a la Información
En tanto, entre marzo y agosto, también se fiscalizó el tratamiento que los municipios dan a las solicitudes de información pública que reciben (Derecho de Acceso a la Información).

Mediante la técnica de “usuario simulado”, el equipo de fiscalizadores del Consejo para la Transparencia envió solicitudes de información a las 345 municipalidades. Todas ellas lograron ingresar, pero hubo 38 que no fueron respondidas.

Ello arrojó un resultado promedio de 88,4%, 34,1 puntos porcentuales más que el año pasado.

Al analizar el nivel de cumplimiento por región, el resultado es el siguiente:

Con ocasión del décimo aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Claude Reyes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó el Seminario Internacional que tuvo por objeto generar un espacio de análisis y reflexión que reunió a destacadas personalidades nacionales e internacionales para debatir respecto de los alcances que tuvo dicho dictamen y su influencia en el desarrollo de las leyes de transparencia y acceso a la información pública en Chile y la Región.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María en sus palabras de bienvenida sostuvo que “La dictación de la sentencia del caso Claude Reyes marca el inicio y rumbo del Consejo, consagrado explícitamente a promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública y fomentar la institucionalización de una cultura de la transparencia en nuestro país.

A su vez, destacó que “aún quedan desafíos para avanzar en perfeccionamientos normativos que releven a rango constitucional el derecho de acceso a la información” y reiteró que “Chile requiere de un sistema integral de transparencia y terminar con el modelo fraccionado que rige actualmente”.

A continuación el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, realizó una charla magistral bajo el título: “A una década del caso Claude Reyes y otros vs. Chile: El impacto de la decisión de la corte interamericana de derechos humanos”.

Tras ello, se realizó una mesa de conversación para analizar el impacto de la sentencia a cargo del Director del CPLT, Raúl Ferrada quien compartió junto al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi; el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo mora y ex Presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.

Por último, para abordar la transparencia y el derecho de acceso a la información y su conexión con la ciudadanía se llevó a cabo el panel a cargo de la Directora Jurídica del CPLT, Andrea Ruiz junto al Consejero de Comunicación e Información de Unesco para Chile y Mercosur, Guillherme Canela de Souza; la Secretaría Ejecutiva Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA), Gabriel Delpiazzo, el Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la libre expresión e información, Moisés Sánchez y Enrique Rajevic, ex Director Jurídico del Consejo para la Transparencia.

Por otra parte y aprovechando la instancia el Consejo para la Transparencia lanzó una nueva iniciativa que permite a la ciudadanía el acceso a información legislativa llamada Observatorio Legislativo de Transparencia, conoce el sitio aquí.

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