Representantes de organismos internacionales, academia, sector público y sociedad civil coincidieron en que el principal desafío ya no es solo garantizar el derecho a solicitar información, sino avanzar hacia una transparencia más proactiva, comprensible y adaptada a la era digital.

A veinte años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile, que marcó un precedente histórico al reconocer el acceso a la información pública como un derecho humano en Chile y Latinoamérica, la Oficina Regional de Unesco Santiago, la Escuela de Gobierno UC y el Consejo para la Transparencia reunió a representantes de organismos internacionales, instituciones públicas, academia y sociedad civil para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la transparencia en América Latina.

“Claude Reyes nos recordó que la información en poder del Estado no pertenece al Estado, sino a las personas. Ese cambio, que parece simple, transformó la relación entre ciudadanía y poder público: pasamos de la discrecionalidad a la obligación de justificar” fueron las palabras inaugurales del director de la Escuela de Gobierno UC, Eduardo Valenzuela. Agregó que el aporte de la academia es “generar conocimiento, promover el encuentro entre perspectivas diversas y formar profesionales capaces de abordar los problemas públicos con rigor, apertura y sentido democrático. Porque no existe buen gobierno sin transparencia, pero tampoco sin evidencia, deliberación y diversidad de miradas”.

La directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, Esther Kuisch Laroche, destacó que los 20 años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile constituyen una oportunidad para reconocer los avances que ha experimentado América Latina en materia de transparencia y acceso a la información, así como para reflexionar sobre los desafíos que persisten. Una de ellas, el desarrollo de nuevas plataformas digitales y la Inteligencia Artificial, “estas transformaciones ofrecen nuevas oportunidades, pero también plantean interrogantes sobre la transparencia, la confiabilidad de la información, las desigualdades digitales y la capacidad de las personas para desenvolverse de manera crítica en estos entornos”, concluyó.

Durante el evento, se reconoció a quienes presentaron el recurso el año 2006: Marcel Claude, Sebastián Cox, y Arturo Longton; y a los abogados que defendieron la causa: Juan Pablo Olmedo, Ciro Colombara, y Moises Sánchez.

Acceso a la información y democracia

El primer panel estuvo compuesto por Guilherme Canela, director de la División de Inclusión y Políticas Digitales y Transformación Digital, UNESCO (París); Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en estos temas; María Jaraquemada, consejera Consejo para la Transparencia (Chile); y Paulette Desormaux, vicepresidenta América Transparente y profesora de la Facultad de Comunicaciones UC.

“A dos décadas del fallo Claude Reyes vs. Chile, el acceso a la información pública no puede limitarse únicamente a responder solicitudes ciudadanas: el gran desafío hoy es fortalecer la transparencia proactiva. Reflexionamos sobre la necesidad de que el Estado ponga a disposición de las personas información oportuna, comprensible y de calidad, un compromiso que cobra aún más relevancia frente a la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la exigencia de explicabilidad en el sector público”, indicó María Jaraquemada consejera del Consejo para la Transparencia.

Los panelistas coincidieron en avanzar hacia modelos de transparencia activa, donde la información de interés público esté disponible de manera simple y accesible, reduciendo las barreras para que las personas puedan encontrarla, comprenderla y utilizarla.

Asimismo, se abordaron las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información y agilizar procesos, junto con la necesidad de resguardar principios fundamentales como la máxima divulgación y la transparencia como criterio rector de la actuación pública. La conversación también puso énfasis en que el acceso a la información debe ir más allá de la mera entrega de documentos, contribuyendo a una comprensión efectiva de los asuntos públicos y al fortalecimiento de la libertad de expresión, el pluralismo y la rendición de cuentas.

Del caso Claude Reyes a la consolidación del derecho en América Latina

El segundo panel analizó el impacto regional que tuvo la sentencia Claude Reyes vs. Chile en la consolidación del acceso a la información como un derecho humano reconocido por el sistema interamericano. Participaron Mónica Reinoso Curay, Coordinadora General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Defensoría Pública del Pueblo (Ecuador); Eduardo Luna, exdirector general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán; y Gloria de la Fuente, profesora Escuela Gobierno UC.

Los expositores destacaron el cambio conceptual que implicó situar a las personas en el centro de este derecho, estableciendo que corresponde al Estado justificar de manera excepcional las razones para restringir información y no a la ciudadanía demostrar por qué la requiere. También se relevó el carácter instrumental del acceso a la información, en tanto permite ejercer otros derechos y fortalece la participación ciudadana y el control democrático.

Junto con reconocer los importantes avances registrados durante las últimas dos décadas, los panelistas coincidieron en que uno de los desafíos pendientes es avanzar desde una lógica predominantemente reactiva hacia modelos más proactivos de transparencia. Esto implica ampliar la difusión de información pública, reducir los espacios de opacidad institucional y garantizar que los datos y antecedentes de interés público sean accesibles para las personas antes de que deban solicitarlos.

Transparencia, inteligencia artificial e información de interés público

El tercer panel abordó los desafíos que plantea el rápido desarrollo de la inteligencia artificial para el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Los expositores coincidieron en que, lejos de asumir una mirada fatalista frente a estas tecnologías, es necesario avanzar en marcos regulatorios y capacidades institucionales que permitan aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos.

Alberto Coddou, profesor de College y la Escuela de Gobierno UC, enfatizó en la oportunidad de que Chile asuma un liderazgo en esto, gracias a los datos que ya tiene a diferencia de otros países pertenecientes a la OEA, entidad que él asesora.

En el mismo panel se encontraba Patricia Diaz Rubio, directora ejecutiva Wikimedia, quien señaló que el elefante de la habitación es que los entusiastas de la IA no están participando de estas conversaciones más críticas. Con el uso de la IA, “Ese ideario de optimización no sé si es lo mejor. La democracia tiene mucho de deliberación y de humano. Tenemos que ir en la línea de lo colectivo”, agregó. Idea con la que coincidió Marco Mendiburu, consultor regional de la UNESCO de Argentina., también parte del panel. “El diálogo entre personas es fundamental, y la colaboración. Los órganos garantes tienen que profundizar sus conocimientos de la IA”, sostuvo.