na activa participación en encuentros para intercambiar experiencias en el marco de la pandemia en materia de acceso a la información probidad y transparencia tendrá la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. (más…)
Con gran convocatoria se llevó a cabo esta semana la primera reunión de 2021 de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que agrupa a entidades de los sectores público y privado, poderes del Estado, organizaciones sociales, academia y organismos multilaterales.
En el encuentro plenario encabezado por Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, y Claudia Mojica, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas (PNUD) en Chile, se presentó la cuenta pública 2020 dando a conocer los principales hitos y actividades de los grupos de trabajo de la red durante el año pasado.
En su intervención, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, agradeció a los miembros de la Alianza y felicitó el esfuerzo constante y sostenido impulsado por los organismos que conforman este grupo. Además de renovar el compromiso de la entidad que encabeza con la UNCAC, destacó que esto tiene aún más relevancia en un momento en el que se enfrentan “gran cantidad de definiciones hacia el futuro, que nos hacen pensar en la necesidad de fortalecer un ecosistema de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción que nos compromete a todos”.
Asimismo, y en la lógica del rol del Consejo, su titular sostuvo que “No hay duda de los avances que ha tenido nuestro país en esta materia, hemos robustecido nuestra normativa y el rol de nuestras instituciones. Pero esto no es suficiente, la lucha contra la corrupción es constante”.
En el encuentro participaron además los representantes de los cinco grupos de trabajo de UNCAC; entre ellos la Contraloría General de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Policía de Investigaciones, la Comisión para el Mercado Financiero, Alliance for Integrity y la Fundación Generación Empresarial.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado para combatir la corrupción y las faltas a la probidad, es la internalización por parte de los servidores públicos de las normativas y obligaciones existentes en estas materias. Así lo estableció el IX Estudio Nacional de Funcionarios Públicos 2020 elaborado por el Consejo para la Transparencia.
En el apartado sobre corrupción, el sondeo del CPLT mostró una buena noticia asociada al estancamiento de la percepción de corrupción u ocurrencia de irregularidades en 2020. De acuerdo a los datos, más de un cuarto de los funcionarios encuestados (28%) señaló haberse informado directamente o a través de terceros de algún acto de corrupción o irregularidad grave, cifra que, pese a ser alta se mantiene relativamente estable respecto de la medición anterior, en que alcanzó el 27%.
Asimismo, más de la mitad de los funcionarios declaró que hoy los casos de corrupción son más fáciles de detectar que hace 10 años, lo que fortalecería la idea de que este tipo de hechos se han estabilizado, pues pese a la mayor facilidad para descubrirlos, los niveles de conocimiento no registraron alzas.
Malas noticias: cabos sueltos que obstaculizan la prevención
“En este estudio, que evalúa la percepción de los funcionarios públicos, hemos identificado algo que es preocupante y que se asocia a dificultades o cabos sueltos que muchas veces ponen en jaque los mecanismos para combatir la corrupción”, explicó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
“En específico, me refiero al desconocimiento por parte de los funcionarios de los canales para denunciar y a la desconfianza que estos manifiestan sobre la real utilidad de develar este tipo de casos” detalló. Si bien los resultados sugieren la existencia de mecanismos institucionales para prevenir la corrupción en cerca de la mitad de los organismos públicos, se observa un importante déficit en la promoción de la denuncia y de canales para presentarla.
Lo primero queda evidenciado en un bajo porcentaje de funcionarios que declaran saber que en su institución existen procedimientos efectivos para proteger al denunciante: sólo 32% lo afirmó al ser consultado. Con respecto al desconocimiento por parte de los servidores públicos asociados a mecanismos para denunciar, el 42% de los encuestados indicó conocer dónde hacerlo.
Desde el organismo destacaron que es complejo que este tipo de información sea bajo entre funcionarios no profesionales (37%) en relación al conocimiento que declararon tener los directivos (74%). Lo anterior dado que los estamentos no profesionales y los profesionales registraron cifras más altas en aquellas preguntas asociadas a si han sabido de hechos de corrupción (28% no profesionales, y 22% los directivos).
Temor y percepción de ineficacia ante actos de denuncia
Negativa es la evidencia de una elevada percepción de temor y de ineficacia del acto de denunciar; razones que avalarían la no denuncia. “Es decir, opera como desincentivo el creer que no se tomarán efectivamente cartas en el asunto o que las cosas no cambiarán tras entregar antecedentes sobre irregularidades”, dijo la titular del Consejo. Al igual que en el caso del desconocimiento, estas aseveraciones tienen mayor nivel de acuerdo el 2020 que el 2019: “Las personas que denuncian una situación de corrupción pueden hacerse enemigos innecesariamente” (53% en 2019 y 56% en 2020) y “no sé si vale la pena denunciar porque después no se hará nada al respecto” (40% y 51%, respectivamente).
“Ante la profunda crisis de confianza que atravesamos desde hace años en el país, es prioritario entregar más elementos a la ciudadanía para ejercer un mayor control sobre los actos de las autoridades, pero también a los funcionarios y a las entidades públicas para que internalicen procedimientos y mecanismos anticorrupción”, finalizó de la Fuente.
El estudio del Consejo fue desarrollado entre noviembre de 2020 y enero de 2021 y consideró la opinión de 2.445 funcionarios de todo el país, incluyendo a trabajadores de organismos de la administración central, municipios y organismos autónomos del Estado.
Brechas de conocimiento y una baja institucionalización de procedimientos y mecanismos sobre protección de datos personales en el sector estatal, identifican los funcionarios públicos en sus organizaciones acorde a parte de las evidencias que arrojó IX Estudio de Percepción de Funcionarios Públicos del Consejo para la Transparencia sobre derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Estos resultados contrastan con el consenso existente entre el personal del Estado sobre la importancia de hacer exigibles derechos asociados al tratamiento, gestión y adecuado resguardo de la información personal de los ciudadanos.
“Nuestra misión institucional apunta al fortalecimiento de nuestra democracia, garantizando que las herramientas de la Ley de Transparencia puedan ser usadas por la ciudadanía para ejercer control social, pedir rendiciones de cuentas a las instituciones públicas y a las autoridades, y proteger nuestros datos personales. La Ley de Transparencia, en su artículo 33 letra m, faculta al Consejo para velar por la protección de datos personales en los organismos públicos que son sujetos obligados –básicamente ministerios, servicios públicos, universidades públicas, municipios, entre otros-”, comentó la presidenta del CPLT.
El estudio mostró que al igual que en el año anterior, en 2020 sólo 3 de cada 10 funcionarios públicos afirmaron que existían en su institución mecanismos y procedimientos para proteger los datos de los ciudadanos. Una cifra que baja aún más al preguntar por la existencia de un funcionario encargado de la protección de datos personales, llegando a 2 de cada 10 de los consultados en el sondeo.
Desafíos en capacitación
Se identificaron también bajos niveles de capacitación en temáticas de protección de datos personales, con 3 de cada 10 funcionarios que dicen haberlas recibido, explicó De la Fuente. Al respecto, la cientista política aludió al trabajo que se desarrolla desde el CPLT en cuanto a la promoción de derechos fundamentales.
“Desde el Consejo tenemos desafíos ante los cuales responder en materia de transparencia y protección de datos personales, tanto en materia de capacitación como de generar conciencia sobre la relevancia de estos temas, no sólo entre los ciudadanos sino también entre los funcionarios del Estado”, dijo la titular de Transparencia.
La presidenta del CPLT agregó que se está reforzando este trabajo con la inclusión de la protección de datos personales en sus acciones formativas, por ejemplo, mediante el desarrollo de cursos específicos sobre el tema en el portal educativo aulatransparente.cl En 2020, el organismo, a través de su Dirección de Promoción, Formación y Vinculación, consiguió aumentar en un 26% el número de personas capacitadas con respecto a 2019, y este año mantendrá dichas acciones con foco en funcionarios públicos, autoridades electas y profesores.
Otros hallazgos
El sondeo también mostró diferencias entre estamentos, siendo los funcionarios con cargos directivos y profesionales los que declararon tener mayor conocimiento sobre mecanismos o procedimientos para proteger datos al interior de la institución, con un 44% del estamento directivo y un 33% del profesional, contrastando con el estamento no profesional, grupo en el que un 28% afirmó conocer sobre estas cuestiones.
Una tendencia similar se identificó respecto del conocimiento que tiene el personal de la ley de protección de datos personales, donde un 69% de los directivos y un 53% de los profesionales manifestaron conocer la ley. Significativamente menores fueron las cifras asociadas a los no profesionales: un 37% de este grupo señala conocer que existe una normativa y un 16% que existe un organismo que vela por su cumplimiento .
Minuta Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios Públicos 2020
La entidad europea se ha destacado en la lucha y prevención de este flagelo a nivel global y el pasado 15 de febrero subrayó el trabajo de la Alianza en su proyecto “B20 Collective Action Hub”, el cual reúne a unas 260 iniciativas, publicaciones, análisis y herramientas de todo el mundo que trabajan en esta línea de acción.
Desde el CPLT se destacó que el organismo ha formado de distintos grupos que se han creado en casi 10 años de trabajo y que reúnen a representantes de diversas instituciones públicas, mundo privado y de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
Entre sus fines, la UNCAC busca fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia. Asimismo, promueve la implementación y difusión de la Convención de Naciones Unidas, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principios en ella contenidos.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, hizo un llamado a las autoridades a concentrarse en los debates sustantivos en esta materia, vinculados con facilitar en forma proactiva el acceso a información a comunidades escolares ante un eventual regreso a las salas de clases de los establecimientos educacionales del país. Subrayó que la “ésta es un insumo clave para que las familias confíen en los fundamentos de las acciones que impulsan las autoridades y tomen decisiones sobre temas tan importantes como las que se relacionan con sus hijos, hijas y familias”.
La presidenta del organismo comentó que “como Consejo hemos remarcado en varias oportunidades durante la emergencia por Covid-19 que parte fundamental de la estrategia para enfrentarla es entregar a las personas información clara, oportuna y lo más completa posible”. Apuntó a que “Éste es un desafío central ante un posible retorno a clases”.
De la Fuente agregó: “durante la pandemia hemos apuntado a la relevancia de entregar información oportuna a las ciudadanas y ciudadanos que permita confiar en las decisiones. Esto con el fin de que las personas puedan construir las certezas necesarias en un contexto complejo como el que plantea la emergencia por Covid-19, con sus consecuencias no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales. Esto se ha visto particularmente relevado en el ámbito educacional, donde las brechas claramente se han profundizado”.
La representante del CPLT hizo un llamado a las autoridades a entregar antecedentes sobre los elementos que se toman en cuenta para tomar decisiones que indicen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía y en específico en este caso sobre calendarios, hitos, articulación de la vuelta a clases presenciales con la estrategia de vacunación o planes de transportes, entre otras cuestiones.
“En temas tan relevantes para la gente, así lo hemos planteado desde el inicio de la emergencia sanitaria, las instituciones no sólo deben adoptar acciones eficaces. Tan importante como eso, es que las decisiones tengan legitimidad ante la ciudadanía”, dijo De la Fuente.
“Las personas requieren información y entender los fundamentos de las decisiones que se van tomando, ese es el camino para que se logre confiar en las acciones que promueven las autoridades. Para eso creemos que es prioritario que haya acceso claro y oportuno a antecedentes sobre estas decisiones y sobre las razones por las cuales se invita a la comunidad a adherir a ellas”, finalizó.
