• Según el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT), los chilenos y chilenas manifiestan altos niveles de preocupación ante un eventual uso malicioso de su información personal. Como contrapunto, declaran menos resguardos cuando se trata de situaciones en las que se exponen o entregan datos en línea, pese al uso intensivo de ellos en transacciones e interacciones electrónicas.
• Sondeo estableció también desconocimiento generalizado de las normativas e instituciones encargadas de garantizar la protección de los datos personales.
• “Chile está al debe en materia de protección de datos personales”, dijo el titular del CPLT, Jorge Jaraquemada Roblero.

Altos niveles de preocupación ante la posibilidad de que los datos personales sean mal utilizados, mostró el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) en su apartado sobre protección de datos personales.

Nueve de cada diez encuestados manifestó algún nivel de preocupación –“preocupado” o “muy preocupado”- por el uso inadecuado que pueden hacer empresas e instituciones de sus antecedentes personales (85%) como datos de contacto y de la vida privada –el estado civil-. El mayor recelo a que su información sea usada para un fin que no fue consentido se plantea en relación al RUT (60%), el domicilio particular (55%) y el número de teléfono móvil o fijo (con un 52%).

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada Roblero, “los resultados de nuestro sondeo apuntan a que el avance vertiginoso de las tecnologías de la información y el desarrollo de la economía digital, ha impactado en la ciudadanía que se da cuenta de que sus datos son cada vez más solicitados e inevitablemente se eleva la preocupación ante un eventual mal uso”.

En contrapunto, los participantes en el estudio apuntaron a niveles de desconfianza más bajos en el caso de actividades y transacciones en línea,  dado que manifiestan menores niveles de resguardo. Así se evidencia en relación al uso de aplicaciones (48%), redes sociales (47%), acceso a wifi gratuito (44%) y compras electrónicas (44%).

Ante esta evidencia, Jaraquemada explicó que “hoy en día la transferencia y uso de datos, es parte de nuestro día a día, y el tema central es quién tiene el control sobre los datos. Y en esto hay que ser claros: los datos personales son nuestros, por lo que debemos mantener el control sobre ellos y definir qué hace qué con mis datos”.

El representante del Consejo detalló que “se podría pensar que las acciones que dejan más expuestas la privacidad de las personas están en el ámbito digital, porque mantener el control sobre mis datos es más compleja en ese contexto. Paradójicamente, la gente se muestra más preocupada por una mala utilización de sus datos personales en contextos de interacción formal y presencial, que cuando realiza actividades on line”. Asimismo, explicó que sólo un tercio de los ciudadanos que adquieren un servicio u obtienen una aplicación web o móvil se informa de las condiciones de privacidad.

En este sentido el representante del CPLT apuntó a la necesidad de que las entidades asuman responsabilidades en este ámbito “Sea una acción presencial, como entregar el Rut en una tienda o en una compra en línea, las empresas e instituciones deben hacer un uso adecuado y seguro de los datos que recolectan”.

Con respecto a un uso inadecuado de datos personales por parte de ciertas empresas o instituciones 6 de cada 10 chilenos se mostraron más preocupados por abusos de este tipo de información en transacciones bancarias (61%), trámites en empresas de servicios o grandes tiendas (57%), compras presenciales en farmacias y supermercados (56%), entre otros.

Respecto de estas cifras, Jaraquemada comentó que “Son los riesgos inherentes a aplicar una ley de hace dos décadas a una realidad que no se visualizaba en ese tiempo, tanto en el ámbito tecnológico como normativo” a partir de una legislación que data de 1999. “Chile está al debe en materia de protección de datos personales”, espetó.

Explicó asimismo, que existe un amplio incumplimiento a la legislación vigente como por ejemplo “informar adecuadamente a los titulares de los datos respecto al uso que se les dará a los mismos o al “principio de finalidad, resultando frecuente que los datos personales sean recolectados con un fin específico y determinado, pero su posterior tratamiento se aleje de dicho fin”.

Sobre el marco que regula la protección de datos personales y la institución responsable de su cumplimiento, el estudio arrojó que prima el desconocimiento. El sondeo reveló que 8 de cada 10 consultados no sabe si existe alguna ley que regule esta materia, y 9 de cada 10 encuestados dice que desconoce la existencia de una institución que garantice el resguardo de los datos personales.

Al respecto, Jaraquemada comentó que: “Resulta urgente la existencia de un organismo independiente que sea garante del derecho, especializado y que entregue las garantías suficientes para un adecuado tratamiento de datos, evitando los constantes incumplimientos y vulneraciones”, dijo el presidente del Consejo.

Respecto de los avances normativos, detalló que el proyecto de ley actualmente en trámite en la Comisión de Constitución del Senado, “es una buena iniciativa de ley, a la altura de los mejores estándares internacionales y que pone al Consejo para la Transparencia –además- como órgano independiente garante de la Protección de Datos Personales. A nuestro juicio somos la única entidad que por nuestra autonomía y experiencia diaria en la materia puede asumir este desafío”.

Para Jaraquemada la entidad que preside  tiene “una orgánica sólida, destacada en el mundo y puesta como ejemplo, nosotros siempre hemos tenido  la responsabilidad de velar por la Protección de Datos Personales en el Estado y llevamos aplicando criterios y generando jurisprudencia sobre la materia desde la creación de nuestra institucionalidad”. “Asumir este desafío implica mucha responsabilidad y estamos preparados para ello. No existe en Chile un mejor garante de datos personales que el CPLT”, finalizó.

Entre el lunes 27 y miércoles 29 de mayo se desarrolla en nuestro país el Cyber Day, que contará con la participación de más de 370 marcas participantes.

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En la cita en Cartagena de Indias, Colombia, se abordaron los desafíos en el ámbito de resguardo de datos personales ante la irrupción de la Inteligencia Artificial, servicios de Internet, entre otras temáticas. (más…)

• A juicio del titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona que fue acusada por estafa vía el uso de un sistema de reconocimiento facial, esto “cuestiona al sistema” al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.
• Asimismo, apuntó a lo intrusivo de estas medidas, y que pueden generar situaciones en que “paguen justos por pecadores”

Tras conocerse detalles de la denuncia difundida por La Tercera PM de una mujer sin antecedentes penales, que acusa error de identificación vía sistema de reconocimiento facial y que a partir de ello habría sido vinculada a un caso de estafa con un cheque falso en diciembre de 2018, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, enfatizó que: “de comprobarse este caso, para nosotros es de extrema gravedad”.

El titular de Transparencia aclaró que hechos como éste apuntarían a un uso de “tecnología intrusiva de forma incorrecta”, lo que sumado a que el país no cuenta con una legislación actualizada y eficaz en materia de protección de datos personales no otorga a la ciudadanía “instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos”.

Asimismo, el representante del Consejo insistió en que para evitar este tipo de situaciones se requiere con urgencia perfeccionar la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Al respecto espetó: “Necesitamos con urgencia poner al día la normativa para que el propio Consejo para la Transparencia garantice el derecho a la protección de datos personales”

“Todos coincidimos que la Seguridad Pública es un bien a preservar y perfeccionar, pero muy distinto es que personas inocentes tengan que sufrir este problema y, finalmente, paguen justos por pecadores”, finalizó Jaraquemada.

Entre el 13 y el 16 de mayo una delegación del Consejo para la Transparencia (CPLT) ha participado en el XVII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la información (RTA) de países iberoamericanos, en Río de Janeiro, Brasil.

Una instancia en la que sus integrantes intercambian experiencias relevantes en materia de transparencia y acceso a la información a nivel regional y eventuales formas para generar sinergias entre órganos similares; todo ello con el fin de fortalecer nuestros sistemas democráticos.

El Consejo integra el equipo directivo de esta organización y trabaja activamente en los programas que buscan evaluar las leyes de acceso a la información y las funciones de órganos a cargo de la transparencia en los distintos países miembros de esta Red.

Para la Jefa de la delegación chilena, Andrea Ruiz, nuestra participación en la RTA es importante porque nos da la oportunidad para intercambiar experiencias relevantes en materia de transparencia y acceso a la información a nivel regional y generar sinergias entre órganos similares con el fin de fortalecer nuestros sistemas democráticos.

Subrayando la importancia de “Acuerdo Nacional Anticorrupción” para nuestro país, inauguró el Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, la charla de la experta en corrupción de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman: “El impacto económico de la corrupción”, que se efectuó en Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica en un esfuerzo conjunto con el CPLT.

En la ocasión el titular de transparencia señaló que a su juicio: “la corrupción es una amenaza real para la democracia” y que “generar estándares altos en materia de integridad pública parece ser uno de nuestros grandes desafíos”

El Presidente del CPLT sostuvo, también, que según datos de la Encuesta Nacional de Transparencia: “Hoy solo un 23% de los chilenos tiene confianza en el sector público y un 25% en el privado” y que “8 de cada 10 chilenos cree que las instituciones públicas son corruptas o muy corruptas”

Asimismo, Jaraquemada señaló que la transparencia era “un antídoto eficaz contra la corrupción, que hoy vemos en múltiples casos es una amenaza real para nuestra democracia” por lo que, a su juicio, “es urgente avanzar hacia los más altos estándares de integridad en la función pública”

El Presidente del Consejo para Transparencia explicó a los asistentes del porqué es necesario que los poderes del Estado firmen un “Acuerdo Nacional Anticorrupción”, iniciativa que empuja el CPLT y que se encuentra trabajando en una etapa de levantamiento de iniciativas de ley inconclusas y experiencia internacional comparada.

Por la tarde la experta en corrupción de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman, participó de una segunda charla en la Universidad Adolfo Ibánez, oportunidad en la que fue acompañada por el Consejero Marcelo Drago.

El titular del Consejo para la transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, afirmó que parte de las acciones apuntan a transparentar procesos y a aumentar el control social, lo que fortalece la democracia. (más…)

• Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por lo que a su juicio es una generalización de la corrupción en distintas instituciones, lo que estaría socavando “los pilares de la democracia”.

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• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, anunció la propuesta tras plantearla al ministro SEGPRES, Gonzalo Blumel, en una reunión protocolar sostenida esta mañana, y que pone la expertiz del Consejo al servicio del desarrollo de propuestas basadas en experiencias internacionales. 
• Esta convocatoria implica, además, levantar información de todas aquellas medidas anunciadas desde el año 1994 -con la primera agenda a favor de la probidad- hasta la última agenda Engel.

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Jaraquemada propone controles externos además de subrayar la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Región de O’Higgins.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por los hechos que se han conocido recientemente y que afectan al Ministerio Público, tras la seguidilla de denuncias y acusaciones vinculadas a dos de sus persecutores.

El titular del CPLT calificó de “graves” los hechos afirmando que “implican horadar de forma paulatina la credibilidad de nuestras instituciones”. A partir de un análisis general, Jaraquemada explicó que en el país “pasamos desde un estadio donde teníamos irregularidades o corrupción en casos aislados, a una situación donde la frecuencia ha aumentado mucho y además se ha ido generalizando”.

Asimismo, apuntó a que “Más allá de la cuestión específica, de una institución o de otra, lo verdaderamente preocupante tiene que ver con que en el último tiempo hemos ido conociendo una serie de situaciones de carácter irregular y en algunos casos de carácter derechamente delictivo, que han ido horadando la credibilidad que la ciudadanía tiene respecto de un sinnúmero de instituciones que son pilares fundamentales de la democracia”.

Consultado por las acciones que podrían emprenderse para enfrentar esta situación, el presidente del Consejo espetó que un camino podría ser tomar crisis como estas como “una ventana de oportunidad”. Afirmó que “lo han sido en otros momentos de nuestra historia a partir de hechos puntuales que han generado crisis o polémica y que han gatillado una serie de cambios por la vía regulatoria, lo que ha conllevado un salto cualitativo que nos ha permitido superar este tipo de dilemas”.

También apuntó a la necesidad de controles externos, como en el caso de la Fiscalía. “Frente al tema del Ministerio Público una solución que se ha visto en la experiencia comparada es que los controles sean externos y no solamente estén entregados a la mera autoregulación de la propia institución”, finalizó el representante del Consejo.

Días antes el titular de Transparencia subrayó la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la fiscalía de Rancagua.

• No es primera vez que el Consejo para la Transparencia (CPLT) debe defender en Tribunales una decisión en la que ordena a una institución de las FFAA la entrega de antecedentes sobre viajes del alto mando. En esta ocasión, de forma inédita, alegó el consejero Marcelo Drago, quien estuvo acompañado del Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y el consejero y ex presidente, Marcelo Drago, estuvieron esta mañana en la Tercera Sala de la Corte Suprema representando a la entidad en el alegato por una causa que se origina en una decisión de su Consejo Directivo que ordenó a la Armada de Chile entregar antecedentes sobre viajes del alto mando naval desde que asumiera su actual comandante en jefe, Julio Leiva, y que ha sido denegada por la entidad aludiendo a la causal de reserva por eventual afectación de la seguridad y defensa nacionales.

De forma inédita, el consejero Drago representó al CPLT y solicitó el rechazo al recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la institución uniformada, en contra de los jueces de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto ante el mencionado tribunal (Rol N° 409-2018), primera instancia a la que recurrió la institución naval para revertir la decisión del CPLT que considera que la información tiene carácter público.

Una vez alegada la causa, el Presidente del CPLT manifestó que la entidad que representa apuntó a dar relevancia a este tipo de casos -lo que explica que haya alegado un consejero-, puesto que “pone de relieve la importancia que para el Consejo tiene en su totalidad defender este tipo de cuestiones, particularmente cuando afectan a instituciones que son muy relevantes para la institucionalidad chilena”.

Asimismo, Jaraquemada detalló que el objetivo de estas acciones es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a información pública que obra en entidades del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

“Lo que el Consejo hace es garantizar el derecho de acceso (a la información), que es una herramienta que permite a los ciudadanos realizar un escrutinio, un control social que eventualmente puede dar pie –como ha sido en innumerables casos conocidos previamente- a conocimiento de irregularidades”, afirmó.

La causa se originó en la denegación por parte de la Armada de dar acceso al “detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período a cargo de la institución”, así como los viajes realizados por todos sus vicealmirantes, detallando además fecha y costo para la institución, como se lee en la decisión el amparo rol C1180-18, acogido parcialmente por el Consejo Directivo del CPLT.

Respecto de esta decisión del Consejo, que ha sido llevada por el CDE a la Corte de Apelaciones –que ratificó el fallo del CPLT- y ahora a la Corte Suprema, el titular de Transparencia subrayó que a su juicio en este caso no había riesgo para la seguridad nacional.

“Aquí no hay cuestiones de seguridad nacional envueltas. Ese es el juicio que hace el Consejo, aquí no se está pidiendo que temas que pudieran afectar esa causal de reserva explicita que contempla nuestra legislación. Se está ordenando entregar simplemente la oportunidad, la fecha y los montos de viajes de los altos mandos de la Armada”, espetó.

En paralelo, el CPLT remitió los antecedentes de esta causa a la Contraloría, la que inició proceso sancionatorio en enero de 2019, por eventual infracción a la Ley de Lobby, puesto que dos de los viajes que no han sido informados por la Armada fueron difundidos a través de la web de la institución uniformada.

El representante del CPLT agregó que en este caso en particular “Es la misma Ley del Lobby la que la que señala expresamente que los viajes –la oportunidad, los montos, la función que se cumplió- debe ser publicada de manera proactiva en una página web”. Sin embargo, apuntó “aquí hay por así decirlo una doble negativa: primero negarse a entregar esta información específica  por el derecho de acceso a la información pública que ejerce un ciudadano y segundo, no haber publicado en la oportunidad debida esto como establece la Ley del Lobby” y sí haberlo difundido en el sitio institucional.