En el marco de los workshops sobre códigos de ética y percepción de riesgos de corrupción organizados por el Consejo para la Transparencia, el presidente de la entidad expuso en la Municipalidad de Codegua los principales hallazgos sobre la implementación de la normativa municipal de ética y la percepción de los funcionarios acerca de los riesgos de corrupción en el municipio.

Durante la presentación, se analizaron los resultados del diagnóstico realizado en Codegua luego de encuestar a los mismos funcionarios municipales, que evidenció fortalezas y mayor desarrollo en su código de ética en aspectos como sanciones, funciones del comité de ética y canales de difusión. Sin embargo, también se identificaron desafíos importantes en la composición del comité de ética, dada la ausencia de funcionarios de direcciones clave, y en el alcance de las regulaciones, que no cubren materias como la relación con los proveedores, el tráfico de influencias o el fraude al Fisco.

“Es fundamental que las municipalidades cuenten con códigos de ética sólidos y bien implementados, no solo como un elemento formal, si no, como una herramienta viva de su cultura organizacional. Ello fortalece la confianza ciudadana y reduce los riesgos de corrupción. En Codegua hemos visto avances significativos, pero también oportunidades de mejora que deben ser abordadas con compromiso”, destacó el presidente del Consejo para la Transparencia.

Además de la exposición, el presidente sostuvo una reunión con el alcalde de Codegua y el equipo municipal de transparencia, con quienes abordó estrategias para fortalecer la ética pública y mejorar la gestión de transparencia en la administración local. Durante el encuentro, se discutieron medidas concretas para reforzar la institucionalidad del comité de ética y mejorar los mecanismos de difusión y cumplimiento de normativas de transparencia.

El Consejo para la Transparencia continuará promoviendo estos espacios de discusión y evaluación en distintas comunas del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión pública.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para garantizar la accesibilidad universal a la información pública (Boletín N°16.358-35), el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete Yáñez, junto al Director General de la institución, David Ibaceta, expusieron la posición institucional del CPLT y propuestas de mejora de dicho proyecto ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la presentación, el CPLT destacó la importancia de promover y garantizar el acceso equitativo a la información pública para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. En ese sentido, se abordaron las modificaciones propuestas a la Ley de Transparencia (N°20.285), a la Ley sobre Procedimiento Administrativo (N°19.880) y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional (N°18.918), con el objetivo de eliminar barreras de acceso y fomentar el uso de tecnologías accesibles.

Entre los principales puntos expuestos, el CPLT enfatizó la necesidad de armonizar el mandato inmediato de digitalización del proyecto de ley con la Ley de Transformación Digital del Estado (N°21.180) ya aprobada, que establece una implementación gradual de la digitalización de los procedimientos administrativos. Asimismo, se advirtió sobre los eventuales costos económicos que implica la digitalización y adaptación de documentos a formatos accesibles, aspectos que no han sido debidamente cuantificados en el proyecto de ley.

Por otro lado, se plantearon preocupaciones respecto a las nuevas atribuciones que se establecían para el CPLT, específicamente en lo que respecta a una nueva causal de reclamo cuando la información no se entregara en formato universal. Ello, porque el establecimiento de nuevas funciones de servicios públicos es atribución exclusiva del Presidente de la República, de manera que mantenerlo podría hacer incurrir al proyecto en una eventual inconstitucionalidad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la inclusión, instando a que las modificaciones legales se realicen en coherencia con la normativa vigente y en favor de una accesibilidad universal real y efectiva.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su reciente Fiscalización Especial sobre el acceso a información referente a las listas de espera en el sistema de salud pública durante el período que va de enero de 2023 a marzo de 2024. La investigación reveló problemas significativos en la gestión, registro y comunicación de estas listas, afectando la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer el estado del sistema de salud en este aspecto.

Los resultados de la fiscalización revelaron que al 31 de marzo de 2024 el promedio general de días de espera en las listas GES (Garantías Explícitas en Salud) retrasadas es de 138 días, mientras que para las intervenciones quirúrgicas el promedio asciende a 252 días. Se detectó que los hospitales de las macrozonas sur y austral presentan los tiempos de espera más prolongados, en contraste con la macrozona norte, donde los tiempos son los menores. En cuanto a la segmentación por tipo de patologías, los problemas de salud con mayor cantidad de garantías en espera son enfermedades de la visión, seguidas por enfermedades crónicas y tratamiento de cánceres. A su vez, el grupo con la mayor proporción de egresos corresponde a los tratamientos oncológicos, con 159.594 pacientes egresados en el período fiscalizado.

Según el informe, al 31 de marzo de 2024, se registraron 82.486 casos en listas de espera GES, según información proporcionada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sin embargo, se detectaron inconsistencias entre dicha información y aquella reportada por los Servicios de Salud y FONASA, también disímiles entre sí. Esta discrepancia entre los datos, genera incertidumbre sobre la veracidad de la información y dificulta la adopción de políticas públicas efectivas, basadas en evidencia.

Para la realización de la fiscalización, se realizaron solicitudes de acceso a información a los servicios de salud, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a instituciones castrenses de salud, y a los establecimientos autogestionados en red de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Al respecto, el informe señala que 14 instituciones no respondieron dentro de los plazos legales establecidos por la Ley de Transparencia y 40 no entregaron la totalidad de los datos requeridos. También se detectaron prácticas dilatorias en la derivación de solicitudes de información, lo que en algunos casos provocó la omisión o entrega incompleta de los datos requeridos. Todas estas falencias obstaculizan la posibilidad de la ciudadanía de hacer una evaluación del estado de situación de las listas de espera y afecta la confianza en la gestión del sistema de salud pública.

Asimismo, la fiscalización implicó la revisión de los sitios web de los servicios de salud del país, con el fin de poder saber si estos organismos, de forma proactiva, publican información sobre las cifras de listas de espera. El hallazgo al respecto es que solo 7 de los 29 servicios de salud revisados publican información sobre listas de espera, sin un estándar uniforme que permita a la ciudadanía conocer de manera clara y actualizada la situación.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió a los resultados de la investigación, destacando que: “El acceso a la información es un derecho fundamental de las personas y una herramienta para el control ciudadano. La falta de consistencia en la información sobre las listas de espera no solo vulnera este derecho, sino que también debilita la confianza en el sistema de salud pública. Por lo demás, vemos con preocupación que se recibió información de los servicios de salud de 26 sumarios por gestión de listas de espera, de los cuales solo uno estaba terminado. Como Consejo, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de fiscalización, corregir estas deficiencias en el acceso a la información y garantizar la disponibilidad de información fidedigna y oportuna para la ciudadanía”.

Informe de Fiscalización Especial: ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha concluido su proceso de fiscalización 2024, revelando importantes infracciones en el cumplimiento de las normas de transparencia activa – obligación de tener la información disponibilizada en sus sitios electrónicos – en los organismos de la Administración Central.

En esa línea, de los 16.350 ítems revisados, se identificaron un total de 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja un panorama preocupante sobre la gestión de la información pública.

El análisis evidenció que dos organismos concentran los mayores niveles de infracción: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 ítems incumplidos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28. Estas infracciones se concentran principalmente en áreas críticas como contratos formalizados mediante órdenes de compra, donde 219 organismos no cumplieron con los estándares; modificaciones presupuestarias, sin información adecuada en 214 organismos; y mecanismos de participación ciudadana en ejecución, que no fueron reportados en 186 organismos. Asimismo, las transferencias reguladas por la Ley N°19.862 presentaron deficiencias en 186 instituciones, mientras que las contrataciones de bienes inmuebles y aquellas realizadas fuera del Sistema de Compras Públicas mostraron incumplimientos en 153 y 173 casos, respectivamente.

A pesar de este escenario, algunos organismos demostraron un desempeño positivo. La Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos que cumplieron plenamente con las exigencias de transparencia activa, destacando como ejemplos de buenas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, el promedio general es preocupante: solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron adecuadamente la separación de adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios, lo que afecta directamente la trazabilidad y el control de los recursos públicos.

La revisión semiautomatizada y manual permitió identificar que las infracciones se concentran en los ítems incorporados tras la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N°500, siendo recurrentes los problemas en la actualización de información presupuestaria, la ausencia de registros de autoridades electas o designadas, y la carencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.

Ante estas deficiencias, el CPLT ha adoptado medidas inmediatas, como la apertura de investigaciones sumarias en los 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos, además de exigir pleno cumplimiento de las normativas a los organismos restantes. Asimismo, se realizará una nueva fiscalización en 2025 para verificar avances. Los resultados del proceso ya han sido notificados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, buscando reforzar la supervisión y promover mejoras estructurales en la gestión pública.

Sobre los resultados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo seguiremos trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público”.

El Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso de promover una administración pública transparente y eficiente, recordando que la transparencia no es solo un principio ético, sino una herramienta fundamental para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL