En el marco del despliegue territorial del CPLT, el consejero Bernardo Navarrete presentó ante funcionarios municipales, concejales y dirigentes sociales de la comuna de Parral los resultados de un inédito estudio sobre la percepción de corrupción y riesgos de captura por crimen organizado en el ámbito local.

Durante el encuentro, Navarrete compartió los principales hallazgos de una encuesta aplicada a 207 funcionarios municipales, 4 concejales, 5 integrantes del COSOC y 22 representantes de juntas de vecinos. El objetivo del estudio es identificar percepciones diferenciadas entre actores clave del ecosistema municipal y entregar evidencia útil para fortalecer la gestión pública.

“La percepción ciudadana es una alerta temprana. Lo que vemos en Parral es una disonancia importante entre autoridades y organizaciones sociales respecto de los riesgos de corrupción. Mientras concejales y funcionarios tienden a percibir bajos niveles, las juntas de vecinos son mucho más críticas”, señaló Navarrete.

Uno de los datos que llamó la atención es que el 55% de los representantes de juntas de vecinos considera que la corrupción está ‘bastante’ o ‘muy extendida’ en la comuna, superando ampliamente a concejales y funcionarios, quienes mayoritariamente no perciben ámbitos problemáticos específicos.

Además, los miembros del COSOC manifestaron una percepción de alto riesgo de corrupción en la fiscalización de obras y en la asignación de contratos, mientras que los concejales no identificaron este último aspecto como preocupante.

En paralelo, el estudio abordó también la percepción de riesgo de captura por crimen organizado en distintas unidades municipales. Parral mostró niveles por debajo del promedio de las demás municipalidades del país encuestadas. Por ejemplo, las unidades de Desarrollo Comunitario Obras Municipales, Administración y Finanzas o Gestión del Riesgo de Desastres registraron una percepción de riesgo que se ubica por debajo del promedio de las municipalidades previamente analizadas.

La presentación incluyó también antecedentes de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Parral. Entre 2020 y 2024, se han formulado observaciones por temas como justificación de compras con sobreprecios, regularización contable de deudas, implementación de protocolos en entrega de ayudas sociales y mantenimiento de infraestructura de seguridad. Además, existen procesos sancionatorios pendientes por incumplimientos de transparencia activa en dos corporaciones municipales vinculadas a Parral.

“Medir, conocer y compartir estos resultados no busca estigmatizar a nadie, sino contribuir a una mejor gestión pública, fomentar la transparencia y incentivar la mejora continua a nivel local”, subrayó el consejero del CPLT.

El Consejo para la Transparencia continuará promoviendo este tipo de instancias en todo el país, como parte de su compromiso por fortalecer las capacidades institucionales, prevenir la corrupción y mejorar la integridad pública desde lo local.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, representó al Consejo para la Transparencia (CPLT) en la XVI Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), que se desarrolla entre el 23 y 25 de junio en Berlín, Alemania. La instancia reúne a autoridades de todo el mundo responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y en esta edición se centró en los desafíos del acceso a información medioambiental en la era digital.

Durante su intervención en el IV panel titulado “Analysis of the Escazú Agreement with Special Focus on Provisions on the Rights of Environmental Defenders in Latin America and the Caribbean”, la titular del CPLT destacó los avances de nuestro país en materia de transparencia ambiental, relevando la existencia de una institucionalidad sólida previa incluso a la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022.

“Chile cuenta con una arquitectura robusta que garantiza el acceso a información ambiental, con servicios especializados, portales abiertos a la ciudadanía, un Consejo para la Transparencia activo y tribunales ambientales. Nuestro desafío ahora es compatibilizar esa base institucional con lo que plantea Escazú y su implementación, evitando que los ciudadanos tengan que llegar a tribunales para resolver posibles incompatibilidades en el proceso de obtención de información ambiental”, señaló González.

En la instancia, la titular del CPLT abordó las cinco líneas del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, como asimismo el rol que ha jugado el CPLT en el acceso a información ambiental. Al respecto, subrayó  que “este consejo conoce habitualmente amparos sobre el acceso a información medioambiental, como, por ejemplo, aquellos relativos a la cantidad de antibióticos usados por empresas salmoneras en sus procesos productivos. Esto evidencia la necesidad de seguir capacitando a las personas para que sepan que las herramientas que le otorga la Ley de Transparencia sirven para conocer este tipo de asuntos que afectan directamente en su vida”.

La participación del CPLT en esta instancia internacional es clave para nuestro país y refuerza su compromiso con la promoción de una cultura de la transparencia y el acceso a la información como herramienta fundamental para la protección del medioambiente y los derechos de las personas.

En el marco de su misión por fortalecer la probidad y la transparencia en los procesos democráticos, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ya habilitó en la plataforma InfoProbidad el acceso público a las declaraciones de intereses y patrimonio de los precandidatos y precandidatas presidenciales que participarán en las elecciones primarias presidenciales del pacto “Unidad por Chile”, que tendrá lugar el próximo 29 de junio y en que concurrir a votar es voluntario.

A través del portal sitio www.infoprobidad.cl, la ciudadanía puede conocer en detalle la situación patrimonial, las actividades profesionales y posibles vínculos económicos de quienes buscan llegar a La Moneda, en línea con las obligaciones establecidas por la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés.

“En un año electoral, la transparencia no solo es un deber legal, sino un compromiso democrático con la ciudadanía”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González. Además, añadió: “Es importante destacar que esta obligación legal de realizar declaraciones de intereses y patrimonio permite visibilizar intereses económicos de autoridades o candidatos, a fin de que las personas y los órganos fiscalizadores puedan identificar posibles conflictos de interés, de manera que estos puedan ser debidamente gestionados. Esta herramienta nos permite advertir cuando concurren a la vez el interés general con un interés particular, a fin de poder exigir siempre la primacía del primero”.

Así, las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos a la primaria presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Jaime Mulet y Gonzalo Winter, ya están disponibles para consulta directa en la plataforma indicada.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitándole aclarar, de forma más detallada, cómo fija el avalúo fiscal de cada inmueble no agrícola en el país, ya que el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el proceso de reavalúo de los mismos. Asimismo, solicito informar las medidas de transparencia y acceso a la información implementadas en dicho procedimiento.

La comunicación se funda en un intercambio previo que tuvieron ambas instituciones cuando en febrero el CPLT hizo un primer requerimiento de información al SII que fue respondido en marzo, en que se solicitaba información sobre el procedimiento de reavalúo de inmuebles no agrícolas, criterios usados, fundamentos y justificación de este, medidas de transparencia y publicidad para comunicar a los contribuyentes la información respecto a este proceso, entre otros aspectos.

En el nuevo documento, el CPLT plantea una serie de interrogantes con el fin de aclarar con mayor detalle de qué manera el SII fija el avalúo de las propiedades no agrícolas en nuestro país. Se solicitó que este organismo informe acerca de los mecanismos, herramientas y fuentes de información que utiliza para determinar el avalúo de cada inmueble, así como el procedimiento para el establecimiento de las denominadas “áreas homogéneas”, que agrupan a las propiedades según sus características. También se pidieron aclaraciones en relación con el peso o la importancia que se da a cada fuente de información y el criterio que se utiliza para que el avalúo fiscal represente un determinado porcentaje del valor comercial de cada inmueble.

Además, el CPLT solicitó que el SII dé a conocer los requisitos que determinan si una propiedad puede quedar exenta del pago de contribuciones, junto con las medidas de difusión que adopta el Servicio para dar a conocer esta información, y también el procedimiento para que los contribuyentes puedan reclamar el revalúo de sus bienes raíces. Finalmente, se solicitó información sobre cuántos reclamos se presentaron en el último proceso de revalúo, cuántos de ellos se acogieron y en qué se fundamentaron.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó que “la transparencia y el acceso a la información son un pilar para que los ciudadanos puedan entender cómo, sobre la base y el respeto del principio de legalidad tributaria, el Estado fija el avalúo de las propiedades, el cual tiene impactos financieros y tributarios en millones de familias en todo el país”. González agregó que “Si bien se han hecho esfuerzos por acercar el procedimiento de reavalúo a los contribuyentes, a través de guías y preguntas frecuentes, persisten diversas y relevantes interrogantes en relación a la determinación del avalúo y el procedimiento de reclamación, de manera que toda información complementaria que se pueda tener al respecto, en lenguaje claro, es necesaria. Esta acción del CPLT, en el marco de sus competencias, tiene por objeto garantizar que las personas cuenten con información suficiente, clara y oportuna en estas materias, de modo que el procedimiento sea más trazable, y se facilite el ejercicio de los reclamos que sean procedentes”.

El SII debe responder el conjunto de preguntas planteadas en un plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación del oficio.

Este martes 10 de junio, el consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Roberto Munita, participó en la presentación del nuevo Modelo de Transparencia de la Universidad Católica de Temuco.

Esta iniciativa de la casa de estudios busca integrar en una sola estructura los diversos mecanismos y procesos de la institución en materia de acceso a la información y rendición de cuentas y se enmarca en un esfuerzo por reforzar la confianza pública y promover una cultura de apertura institucional.

En su presentación, el consejero del CPLT, entregó recomendaciones prácticas sobre cómo debería funcionar el sitio web de la institución en materia de visualización de datos: “La transparencia es un camino, no se resuelve de un día para otro. Es clave usar lenguaje claro, ofrecer formatos accesibles y facilitar la navegación web, por ejemplo, destacando mejor el banner de acceso a transparencia. Esto no solo aplica a la UCT, sino a todas las instituciones comprometidas con el ecosistema de transparencia”.

Además, Munita destacó y valoró la iniciativa de la universidad, “Es una buena noticia que una universidad con trayectoria, como la Universidad Católica de Temuco, se sume de forma proactiva al tema de la transparencia. Este modelo va a ser útil para su misión institucional”.

Para conocer más detalles de la iniciativa se puede revisar el sitio web transparencia.uct.cl y secretariageneral.uct.cl. 

En el marco del Programa de Fiscalizaciones Extraordinarias realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció preocupantes falencias en la publicidad de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la información relacionada con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, mecanismos de coordinación local en materia de seguridad.

Esta iniciativa se enmarca en un programa intensivo de fiscalizaciones que el CPLT ya ha realizado, tales como las referidas a listas de espera en el sistema de salud pública, al cumplimiento en transparencia de los Servicios Locales de Educación o a la publicidad de instrumentos para la gestión de desastres, y que seguirá realizando, en diversas materias. Dichas investigaciones tienen por objeto relevar el derecho de acceso a información pública como una herramienta fundamental para controlar, por ejemplo, cómo las instituciones cumplen la legislación o cómo invierten los recursos públicos.

Respecto de esta nueva fiscalización, y a modo de contexto, es relevante precisar que la ley N°20.965 calificó como atribución esencial de los municipios, el elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Comunal de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, estableció que, para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el Consejo Comunal de Seguridad Pública (que se crea con carácter consultivo) y por cada uno de sus consejeros. Por su parte, las actas de estos consejos deben remitirse, por ley, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin perjuicio que, constituye una buena práctica de transparencia activa su publicación por los municipios.

Remisión de antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito

El CPLT analizó la información obtenida de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto de los Planes Comunales de Seguridad Pública que cada una de las 345 municipalidades debe elaborar, publicar y remitirle, conforme indica la ley. Al respecto, se evidenció que, si bien 307 municipios cuentan con un plan (89%), solo en 279 municipios estaban vigentes (81%).
Respecto de la remisión a dicha Subsecretaría de las actas de los Consejos Comunales de Seguridad correspondientes a los años 2023 y 2024, se verificó que 298 municipalidades, es decir, el 86% del total, sí enviaron esta información, según lo exige la ley. Sin embargo, solo 25 consejos (8,5%) cumplieron con el mínimo esperado de 24 actas, lo que sugiere una baja frecuencia de sesiones (la ley exige mínimo 1 al mes) o deficiencias en el envío de la documentación.

Incumplimientos de transparencia activa

Respecto de aquellos municipios que contaban con Planes Comunales de Seguridad Pública vigentes (279, correspondientes al 81%), se analizó una muestra priorizada de 70 comunas con altos niveles de vulnerabilidad, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual, constatándose que en 24 casos los planes no estaban publicados en su portal web o eran versiones desactualizadas. Es decir, esta infracción se evidenció en el 34% de las municipalidades de la muestra.
En relación con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, el informe detectó que 108 municipalidades (31%) no informan -en su planilla de mecanismos de participación ciudadana- la existencia de su Consejo Comunal de Seguridad, información que es obligatoria según la Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT (Resolución Exenta N°500), dado que exige publicar los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los que se encuentran los consejos consultivos.
Además, se reveló que solo 2 municipios (menos del 1%) cumplen con la totalidad de los requerimientos de transparencia activa definidos, en general, para los consejos consultivos, tales como nombre, objetivo, forma de integración, integrantes y si ellos representan a alguna institución, período de vigencia en sus funciones, etc. Mientras que 92 municipios (27%) no publican ninguno de estos campos exigidos.

Adicionalmente, se constató que 253 municipios (de los 345 revisados), equivalentes al 73%, no publican las actas correspondientes a las sesiones de estos consejos. Ello, pese a que publicarlas constituye una buena práctica reconocida en transparencia activa, que permite conocer los temas tratados, los acuerdos adoptados y la frecuencia de funcionamiento de estos espacios, que deben sesionar al menos una vez al mes según lo establece la normativa vigente. Todo esto, sin perjuicio de que se deben reservar aquellos pasajes de las actas cuya publicidad afectare la mantención del orden público, la seguridad pública o cualquier otro valor que la Ley de Transparencia establece como causal de reserva.
El reporte de fiscalización analizó, además, qué tipo de información se publicaba en dichas actas, para lo cual se consideró una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas también según su Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual. En específico, se revisaron 65 actas, de las cuales sólo 28 incluían los acuerdos tomados y apenas 12 mencionaban los temas a tratar en la siguiente sesión. Este nivel de heterogeneidad en la presentación de las actas limita el seguimiento ciudadano y dificulta el control social.

Reacciones desde el CPLT

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó estos hallazgos señalando que “en medio de una crisis de seguridad que es la principal preocupación de la ciudadanía según las encuestas, este informe revela que todavía hay un importante espacio de mejora en materia de acceso a información pública sobre estos temas. Dentro de las infracciones que más preocupa, vemos que un tercio de las municipalidades no publica dentro de sus mecanismos de participación ciudadana si cuenta o no con los Consejos Comunales de Seguridad. Asimismo, un 34% de las municipalidades de la muestra analizada no cuenta con su Plan Comunal de Seguridad Pública publicado o está desactualizado. Ello significa una barrera de acceso a las personas a un tema tan relevante como son las políticas locales de prevención de la delincuencia que los afectan”.
El Consejo para la Transparencia, en todos los procesos de fiscalización extraordinaria, ha requerido a todas las instituciones ajustar sus procedimientos de acceso a la información pública, para fortalecer los mecanismos de control social, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad ciudadana.

 

Informe de Fiscalización Extraordinaria: Publicidad de los Consejos Comunales de Seguridad Pública

El cumplimiento promedio en transparencia activa de las empresas públicas alcanzó un 94,8% en 2025, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto del año anterior (90,3%). A pesar de esta positiva alza, todavía 17 de las 33 entidades evaluadas presentan incumplimientos, según reveló el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esto implica, en la práctica, que más de la mitad de las empresas públicas no pone a disposición de la ciudadanía toda aquella información que la normativa aplicable exige, o lo hace de forma desactualizada, incompleta o sin el detalle requerido.

El proceso de fiscalización, realizado entre el 18 y el 28 de marzo del presente año, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) y la Instrucción General N°5 del CPLT. Esta normativa obliga a las empresas públicas a la publicación de materias como su estructura organizativa, personal y remuneraciones, estados financieros, individualización de quienes componen la administración superior e indicación de sociedades filiales, coligadas o en que tengan participación.

Fueron 16 empresas —seis más que en 2024— las que alcanzaron un 100% de cumplimiento, destacando por entregar información íntegra, actualizada y estructurada según los estándares exigidos. Mientras que 17 empresas presentaron algún tipo de infracción. Entre estas últimas, las que presentaron los niveles más preocupantes de cumplimiento fueron Empresa Fondo de Infraestructura S.A. que obtuvo solo un 39,6%, seguida por Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA con 70,8% y Metro S.A. con 83,1%.

En términos generales, entre los hallazgos más preocupantes se detectaron informaciones desactualizadas sobre el personal y sus remuneraciones, así como la de directivos y ejecutivos, y también omisiones o información incompleta sobre la estructura interna, funciones y marco normativo aplicable.

“Valoramos la mejora general en materia de transparencia activa, pero no podemos ignorar que más de la mitad de las empresas públicas aún tiene tareas pendientes que son relevantes. Estas cifras evidencian que aún hay zonas opacas en la gestión del Estado que deben corregirse con urgencia. Desde el Consejo para la Transparencia, seguiremos fiscalizando a las empresas públicas, con el objeto de que todas ellas alcancen el 100% de cumplimiento, que es el estándar que exige la normativa vigente”, sostuvo Natalia González, presidenta del CPLT.

El CPLT reiteró el llamado a las empresas públicas con infracciones a cumplir con su deber institucional, de manera de permitir a la ciudadanía ejercer de manera plena su derecho a acceder a información pública.

Informe Global Empresas Públicas 2025

Con un llamado a fortalecer los mecanismos de acceso a la información como vía para robustecer la democracia, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, inauguró el año académico 2025 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad UNIACC, dictando una clase magistral centrada en los avances, desafíos y relevancia del derecho de acceso a la información pública en Chile.

Durante su intervención, la presidenta subrayó que la transparencia cumple un rol fundamental en la consolidación del Estado de Derecho, la rendición de cuentas, el combate a la opacidad en la gestión pública y la construcción de confianza ciudadana, elementos esenciales para la legitimidad democrática.

En su exposición, Natalia González presentó cifras que reflejan la evolución y el impacto del sistema de transparencia en el país, destacando que el Portal de Transparencia del Estado desde su creación en 2013 ha recibido más de 50 millones de visitas y ha canalizado más de 2,2 millones de solicitudes de acceso a la información dirigidas a más de 1.060 organismos públicos, al 30 de abril de 2025. Asimismo, informó que el Consejo ha conocido históricamente más de 100 mil casos, de los cuales un 81% corresponde a amparos por denegación de información y un 19% a reclamos por incumplimiento de normas de transparencia activa, con un tiempo promedio de resolución de casos de 74 días corridos.

También destacó que el CPLT ha instruido 972 procedimientos sancionatorios, que han derivado en sanciones a más de 800 funcionarios públicos en cargos tanto del nivel central como regional y local.

En el ámbito de la promoción del derecho, se han realizado cerca de 1.800 actividades de formación y capacitación entre 2010 y abril de 2025, beneficiando a más de 197 mil personas entre autoridades, funcionarios y miembros de la sociedad civil.

La presidenta del CPLT enfatizó que, junto con estos logros, persiste el desafío de perfeccionar los instrumentos disponibles, fortalecer la fiscalización, innovar frente a nuevas exigencias y continuar promoviendo una cultura de transparencia activa. “Chile cuenta con una normativa robusta, pero todavía quedan desafíos pendientes, tales como homologar, equiparar y fortalecer las obligaciones de transparencia y acceso a la información de todo el sector público, incorporando al Poder Legislativo, Judicial y a todos los órganos con autonomía constitucional al régimen general de transparencia; o bien potenciar la transparencia activa con la tecnología disponible, a fin de que se convierta en la regla general de acceso a información por sobre las solicitudes individuales”, sostuvo.

La actividad contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, estudiantes y representantes del mundo público y privado, y reafirmó el rol del CPLT como garante del derecho de acceso a la información y como actor clave en la promoción de estándares de integridad, participación y control ciudadano en nuestro país.

Una nueva actividad de formación se llevó a cabo, esta vez en la región de Coquimbo, donde el Consejo para la Transparencia junto al apoyo de la SUBDERE capacitaron a funcionarios públicos en materias como cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a información pública.

En la instancia, se realizaron jornadas de trabajo y de diálogo con la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo y el Gobierno Regional donde se fueron identificando oportunidades de mejora para un cumplimiento más eficaz de las obligaciones de la ley de transparencia en nuestro país.

El Consejo para la Transparencia junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) culminaron con éxito dos jornadas de capacitación regional, marcando un hito en el fortalecimiento de la gestión municipal y el desarrollo local en las regiones de O’Higgins y Magallanes. Estas instancias de aprendizaje y colaboración reafirman el compromiso del CPLT y la SUBDERE con el fortalecimiento de la transparencia en los municipios chilenos.

En la Región de O’Higgins, específicamente en San Fernando, el Director General del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, lideraron un encuentro enfocado en impulsar el desarrollo local y potenciar las herramientas de gestión de los equipos municipales. La jornada permitió a los participantes adquirir nuevos conocimientos y estrategias para enfrentar los desafíos que se presentan en sus respectivas comunidades.

Posteriormente, el ciclo de capacitaciones cerró en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, específicamente en Punta Arenas, donde se abordaron los desafíos únicos que enfrentan los municipios del “fin del mundo”. Esta jornada estuvo dedicada a potenciar las capacidades de las administraciones locales de la zona austral, brindándoles herramientas adaptadas a sus necesidades específicas, con un especial énfasis en las obligaciones de Transparencia Activa.

Las iniciativas subrayan el compromiso de la SUBDERE, en conjunto con el CPLT, para que los municipios continúen brindando lo mejor a sus comunidades, fortaleciendo sus capacidades y fomentando el desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo la fiscalización del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) 2024, en la cual se revisó si los órganos de la Administración del Estado que están obligados a cumplir la Ley de Transparencia y que operan a través del Portal de Transparencia del Estado, cumplen los plazos legales para responder a las solicitudes de acceso a información pública que la ciudadanía les dirige. El período revisado fue entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024. Los resultados evidencian que persisten problemas en el acceso oportuno a dicha información.

Entre los principales hallazgos, se identificó que, de las más de 210.000 solicitudes de acceso a información pública dirigidas por la ciudadanía en el período analizado, 11.214 fueron respondidas fuera de plazo por parte de 474 servicios públicos. De éstas, 1.388 corresponden al Servicio Nacional de Migraciones, aunque este servicio se ubica en el puesto 229 de organismos que porcentualmente presentan esta infracción con mayor frecuencia.

Asimismo, se detectaron 1.524 solicitudes en las que se aplicó una prórroga extemporánea, es decir, que el órgano solicitado de información notificó al solicitante de la necesidad de contar con tiempo adicional para contestar, pero lo hizo fuera del plazo legal original para contestar. Esto ocurrió en 221 instituciones públicas.

Otro dato preocupante es que hubo 4.733 solicitudes con plazo legal vencido y que no fueron respondidas. Este incumplimiento también involucra a 221 sujetos obligados.

Si bien se observó una disminución en la proporción de solicitudes con plazo legal vencido que no fueron respondidas (bajando de 3,39% en 2023 a 2,25% en 2024) y en aquellas con prórroga extemporánea (de 2,44% a 0,72%), se evidenció un aumento en las solicitudes respondidas fuera de plazo, pasando de 4,63% en 2023 a 5,32% el año 2024.

La presidenta del CPLT, Natalia González, subrayó la importancia de mejorar los indicadores: “Si bien hay una disminución en algunas infracciones, el aumento de solicitudes respondidas fuera de plazo es una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública. En este sentido, es fundamental que sepan que este consejo no solo fiscaliza y sanciona las vulneraciones a la Ley de Transparencia, sino que también capacita a los órganos de la Administración del Estado para aumentar sus capacidades institucionales asociadas al cumplimiento a esta ley. El llamado es a aprovechar las instancias que el CPLT pone a disposición de las entidades que están obligadas a cumplirla”.

El CPLT insta a los organismos de la Administración del Estado a fortalecer sus procesos de gestión de solicitudes y cumplir oportunamente con la Ley de Transparencia, asegurando el legítimo derecho de la ciudadanía a saber.

Informe FISCALIZACIÓN MASIVA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN VÍA PORTAL DE TRANSPARENCIA

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, participó en el XXVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), realizado esta semana en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En la instancia, presentó los avances del país en materia de transparencia en el uso de algoritmos por parte del Estado, así como en la utilización de tecnologías para aumentar la eficiencia de las fiscalizaciones de transparencia y acceso a la información pública.

Durante su presentación, González destacó que el CPLT ha elaborado recomendaciones de transparencia algorítmica para que los organismos públicos informen de manera clara y accesible a la ciudadanía cuándo están usando sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas y cuáles son las lógicas que aplican a estos sistemas y su funcionamiento.

Estas buenas prácticas implican para los órganos públicos obligados por la Ley de Transparencia, el deber de comunicar por medios idóneos si utilizan herramientas de inteligencia artificial en su relación con la ciudadanía, tales como chatbots para asistir a la ciudadanía. La idea es que las personas siempre sepan si están siendo atendidas por una máquina o una persona y puedan entender cómo se toman ciertas decisiones que los afectan.

Además, compartió la experiencia chilena en el uso de herramientas digitales para supervisar a los organismos públicos a los que aplica la Ley de Transparencia. Explicó cómo el CPLT, en cumplimiento de su rol fiscalizador, introdujo, desde el año 2023 y de forma progresiva, tecnología dirigida a la automatización de procesos para analizar de manera más eficientes los datos de aquellas entidades que tiene que fiscalizar. De esta forma, evidenció que se han reducido los tiempos de fiscalización, se ha aumentado la certeza en la determinación de infracciones y la cobertura de las fiscalizaciones y se han focalizado de mejor manera los esfuerzos fiscalizadores.

Como un ejemplo de fiscalización aplicada con el uso de estas tecnologías, mostró a los presentes la revisión que hizo el CPLT respecto del número de personal de la Administración del Estado entre los meses de septiembre de 2022 y 2023, en la que se concluyó que habían más de 810 mil funcionarios públicos. Asimismo, se detectó que había un relevante porcentaje de organismos de la Administración del Estado que presentaba incumplimientos en la publicación de los datos asociados a “personal y remuneraciones”, ítem de publicación obligatoria establecido en la Ley de Transparencia y que es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

“Es importante que el Estado haga uso de las herramientas tecnológicas disponibles para otorgar un mejor y más eficiente servicio a las personas. También, es de la mayor relevancia, que el uso de esas herramientas se haga con pleno respeto de los derechos de las personas, lo que incluye adoptar todas las medidas para la debida protección de los datos personales, el resguardo y promoción de la transparencia en el uso de estas herramientas y sus características, y el derecho de acceso a la información pública, para el debido control ciudadano”, señaló González.

¿Qué es la RTA?

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es una instancia de colaboración e intercambio de experiencias entre organismos de distintos países de Iberoamérica que garantizan la transparencia y el acceso a la información pública en cada Estado. Está integrada por entidades de países como México, España, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Paraguay, El Salvador y Chile, entre otros.