El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización de transparencia activa a las municipalidades. El análisis evaluó el nivel de cumplimiento de las municipalidades, en el año 2025, con la obligación que les impone la Ley de Transparencia de publicar y actualizar mensualmente una serie de información de naturaleza pública. La escala de evaluación va del 100% a 0%, siendo el 100% asignado a aquellas municipalidades que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones de transparencia activa.

El nivel de cumplimiento de los 345 municipios alcanzó un promedio de 81,76%, lo que representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide. Respecto del proceso de fiscalización del año 2024, cuyo resultado fue de 78,1%, se registró un aumento de 3,66 puntos porcentuales.

Sin embargo, el informe también detectó brechas relevantes en materias críticas, pese a tratarse de información que por ley debe estar disponible de forma permanente, actualizada y completa. Entre las principales falencias detectadas en áreas específicas, se advierte que la publicación de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros —decisiones municipales que impactan directamente a personas y empresas— alcanza solo un 64,2% de cumplimiento, con numerosos casos de información incompleta, desactualizada o derechamente inaccesible.

A ello le sigue la información presupuestaria, que llega apenas a un 67,6%, concentrando los menores niveles de cumplimiento en la publicación de pasivos municipales y de corporaciones municipales. Luego, como el tercer ítem con menor puntaje, encontramos compras y adquisiciones, con un 67,8% de cumplimiento. Al respecto, los sub-ítems más críticos fueron contratación de bienes muebles y servicios, en que el cumplimiento cae drásticamente a solo un 42,5%, y contrataciones formalizadas por orden de compra, con un 61,1%.

Desde un análisis particularizado por municipalidad, se destacan 3 municipios en los que no se detectaron infracciones, logrando un 100% de cumplimiento: Curacaví, San Fabián y Punta Arenas. Por el contrario, el reporte también revela que un 12% del total de municipalidades se mantiene bajo el 65% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, y, entre ellas, 7 municipalidades no superan el 50% de cumplimiento: San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que: “Es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades. Me parece que es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.

La autoridad agregó que “No obstante lo anterior, la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones, lo que es fundamental en una democracia”, señaló.

Desde el CPLT indicaron que la publicación de los resultados de esta fiscalización vendrá acompañada de acciones de seguimiento, exigencias de corrección y la instrucción de procedimientos sancionatorios contra aquellos municipios que presentan los niveles más bajos de cumplimiento. Asimismo, se informó que el reporte de fiscalización sería enviado a la Contraloría General de la República, para que sea usado para los fines que estime pertinentes. De esta forma, el Consejo reitera que la transparencia es una obligación legal y un derecho de las personas.

Informe Transparencia Activa municipalidades 2025

En el marco del proceso de instalación del nuevo Gobierno, el Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció un programa nacional de inducción denominado “Transparencia desde el primer día”, dirigido a todas las nuevas autoridades de la Administración Central, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que asumen como parte de su gestión en materia de transparencia, acceso a la información pública y probidad.

La iniciativa comenzó en enero del presente año, en una jornada en que el Director General del CPLT, David Ibaceta, realizó capacitaciones en la Oficina del Presidente Electo, a quienes nombraría ministros. En la instancia, se abordaron – desde la práctica – las leyes de transparencia, de lobby y de probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, entre otros aspectos relevantes.

El programa contempla la entrega del Manual de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública para Autoridades 2026, documento que sistematiza las principales obligaciones legales en la materia y traduce la normativa vigente en instrucciones claras y prácticas para facilitar su cumplimiento.

El texto detalla, entre otros aspectos, los plazos para responder solicitudes de acceso a la información —20 días hábiles prorrogables excepcionalmente—, las causales estrictas de secreto o reserva, las exigencias de transparencia activa, la obligación de realizar una declaración de intereses y patrimonio, el registro de audiencias, viajes y donativos bajo la Ley de Lobby, el deber de abstención ante conflictos de interés y las responsabilidades asociadas a la gestión y conservación de documentos públicos.

El plan de acción no se limita a la entrega del referido manual, sino que también incluye un robusto calendario de capacitaciones a realizarse fundamentalmente en el primer semestre del presente año. En ellas, el CPLT abordará, entre otras materias, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, con foco presupuestario; el procedimiento asociado al derecho de acceso a la información y las causales de reserva; y los sistemas de fiscalización y sancionatorio del Consejo.

Además, todos los funcionarios públicos podrán ingresar a Aula Transparente (www.aulatransparente.cl), plataforma formativa del CPLT que permite acceder a cursos, contenidos prácticos y herramientas de autoaprendizaje en materias de transparencia y acceso a la información, protección de datos y probidad administrativa. A través de este sistema, las nuevas autoridades y sus equipos podrán reforzar conocimientos y actualizarse de manera permanente durante los primeros meses de gestión.

Desde el Consejo recordaron que el incumplimiento de la Ley de Transparencia habilita al CPLT para que, previa instrucción del respectivo procedimiento sancionatorio, pueda sancionar con multas que van desde el 20% hasta el 50% de la remuneración al jefe de servicio e incluso también al funcionario responsable en ciertos casos.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “la instalación de un nuevo gobierno es una oportunidad para fortalecer estándares institucionales. Nuestro rol es orientar, acompañar y también fiscalizar y sancionar cuando corresponde. La transparencia exige preparación, conocimiento de las obligaciones legales y comprensión de las consecuencias concretas de su incumplimiento”.

Con esta estrategia, el CPLT reafirma su papel como garante del derecho de acceso a la información en el país, prestando acompañamiento técnico y formación especializada en la instalación del nuevo Gobierno, pero manteniendo su potestad fiscalizadora y sancionatoria.

Revisa el documento: Manual de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública para Autoridades 2026

Una nueva fiscalización del Consejo para la Transparencia a las subsecretarías del Estado respecto del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa evidenció un alto nivel general de cumplimiento para el año 2025, con un promedio de 94,83%. Ello, significó un aumento en 4,2 puntos porcentuales respecto de lo promediado el 2024. Sin embargo, este análisis también detectó brechas en la disponibilización de información necesaria para que la ciudadanía ejerza control del gasto público.

Específicamente, en el desglose por materia, la con el más bajo índice de cumplimiento fue “adquisiciones o contrataciones”, que alcanzó un 79,9%. Dentro de dicha materia, el ítem que registra el porcentaje más bajo de cumplimiento, con un promedio de 52,6%, es la información relativa a los contratos formalizados mediante la emisión de órdenes de compra. En este ítem, 9 de 19 subsecretarías que utilizan este mecanismo no publican los antecedentes exigidos por la normativa, limitando la posibilidad de que la ciudadanía pueda revisar cómo se realizan estas contrataciones. Le sigue el ítem de contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativas a bienes muebles o servicios, con un promedio de 69%.

La segunda materia peor evaluada fue “presupuesto asignado y su ejecución”, con un 81,7%. Dentro de esta materia, el ítem donde persisten las mayores dificultades es la publicación de modificaciones presupuestarias, que llega al 77,5% de cumplimiento promedio.

Al observar el desempeño de los organismos, seis subsecretarías lograron cumplimiento total (100%), sin registrar infracciones en ninguna de las materias evaluadas. Se trata de Educación Parvularia, Turismo, Interior, Presidencia, Deporte y Fuerzas Armadas.

En contraste, la Subsecretaría de Seguridad Pública, evaluada por primera vez tras iniciar funciones en abril de 2025, obtuvo el resultado más bajo del proceso, con un 83,57%, concentrando observaciones principalmente en materias de adquisiciones o contrataciones y participación ciudadana. A ella, le siguen Pesca y Acuicultura (84,9%), Bienes Nacionales (87,5%), Transportes (87,97%), Educación (89,72%), Educación Superior (89,97%) y la Subsecretaría General de Gobierno (89,97%).

“Tenemos un aumento significativo en el índice promedio de cumplimiento en las subsecretarías en 2025, lo que es una buena noticia en un doble sentido. Por una parte, se nota un esfuerzo que se ha hecho desde los jefes de servicio hasta los equipos de transparencia de cada subsecretaría. Por la otra, vemos que este Consejo tiene resultados concretos, tanto en su labor de promoción, a través de capacitaciones, como en su labor fiscalizadora y sancionatoria. Esto último, porque las tres subsecretarías que enfrentaron investigaciones sumarias por sus bajos rendimientos en 2024 registraron en 2025 una mejora promedio de 26,53 puntos porcentuales, lo que demuestra que el control y el seguimiento inciden directamente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.

González agregó que “sin perjuicio de lo anterior, no hay que perder el foco en que tener el 100% de cumplimiento debe ser la norma y el objetivo de cada institución obligada por la Ley de Transparencia. Cuando no está plenamente disponible la información sobre cómo se contrata o cómo se ejecuta el presupuesto, se debilita el derecho de las personas a fiscalizar al Estado. Se trata de información esencial sobre el uso de recursos públicos”.

Desde el Consejo para la Transparencia informaron que estos resultados serán la base para acciones de seguimiento reforzado, con especial atención en las materias con menores índices de cumplimiento. Además, estos antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes.

Informe Subsecretarías de Estado TA 2025

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria que evalúa el nivel de acceso a la información de las municipalidades respecto del uso de recursos públicos destinados a la compra y arriendo de terrenos, casas y edificios durante el año 2024. Este ítem de gasto superó los $68 mil millones de pesos a nivel nacional, según el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y la sección de Reportes Financieros y Presupuestarios Municipales del sitio de Contraloría General de la República (CGR).

La fiscalización analizó, respecto de los arriendos, la información publicada en transparencia activa por una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas por ser aquellas que mayor porcentaje de su gasto total destinaron a arriendos según el SINIM. Respecto de las compras, se dirigieron solicitudes de acceso a información a las 105 municipalidades que, de acuerdo con la revisión masiva de transparencia activa de todos los municipios en contraste con la información del SINIM y la CGR, informaron haber adquirido bienes inmuebles en 2024.

En el caso de las compras, de los 105 municipios que informaron gasto en este ítem, solo siete publicaron los contratos de compraventa respectivos en sus sitios web. Paralelamente, se le hizo a cada uno una solicitud de acceso a información para que entregara la nómina de bienes inmuebles adquiridos en 2024, los contratos de compraventa, los actos administrativos que los aprueban, las actas de los concejos municipales que aprueban cada compra y los informes de tasación que respaldan el valor de cada operación. Ante estas solicitudes, un 55% incumplió el procedimiento legal de acceso a información pública, ya sea por no responder, hacerlo fuera de plazo, efectuar prórrogas extemporáneas o entregar información incompleta. Asimismo, un 38% incurrió en incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, ya que entregó datos personales —como RUT, domicilios, firmas o cuentas bancarias— sin el debido tarjado, exponiendo información que la ley obliga a resguardar.

En materia de arriendos, el informe identificó que, de la muestra de 35 municipios, tres de ellos (Antogafasta, Primavera y Rancagua) no cuentan con información al respecto en sus sitios de transparencia activa, a pesar de haber ejecutado gastos en este ítem según SINIM. Asimismo, la revisión constató problemas reiterados en la publicación de información, como: contratos no publicados o desactualizados, enlaces que no conducen a los documentos, montos informados sin aclarar si corresponden a valores mensuales o totales, y registros genéricos que no permiten conocer con claridad el destino de los inmuebles. Se detectó, además, que un 4,2% de los arriendos son con fines habitacionales para funcionarios municipales, incluido un alcalde.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando la inversión pública es por montos tan relevantes como los que destinan las municipalidades a la compra o arriendo de inmuebles se justifica un especial interés público en conocer esta información, y es en áreas como esta en las que el Consejo para la Transparencia pone el foco. Esta información es necesaria para que las personas puedan controlar que se trate de operaciones por valores ajustados a mercado, justificados en el interés general y no particular, y consistentes con las funciones y atribuciones municipales”. Agregó que “los hallazgos son preocupantes, justamente porque en muchos casos la información disponible no permite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer este examen, lo cual llama especialmente la atención si consideramos que en los últimos años hemos sido testigos de una serie de cuestionamientos a ciertas compras municipales de inmuebles”.

Finalmente, el Consejo para la Transparencia informó que los antecedentes levantados en esta fiscalización serán remitidos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que el organismo de control adopte las medidas que estime pertinentes, en el marco de sus atribuciones legales.

Análisis de gastos municipales en bienes inmuebles

El Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por su presidenta, Natalia González, y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, sostuvieron una reunión con el entonces presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que se le hizo entrega formal de una propuesta normativa para nueva Ley de Acceso a la Información Pública para el país. Semanas más tarde, con el asumido Gobierno ya instalado, se hizo lo propio con al ministro del Interior, Claudio Alvarado y el de la secretaria general de la Presidencia, José García Ruminot en el Palacio de La Moneda.

Durante los encuentros, el Consejo Directivo presentó los fundamentos de su propuesta, elaborada a partir de más de 16 años de aplicación de la Ley de Transparencia en el país y de la experiencia acumulada del CPLT en garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información pública, contenida en un basta jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. Asimismo, la iniciativa se originó a partir de un proceso de consulta en que participaron centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil abocadas a la probidad y transparencia, encargados de transparencia de distintas instituciones públicas, usuarios de la ley, periodistas, organismos internacionales, académicos y exconsejeros del CPLT.

El documento entregado a las autoridades plantea la necesidad de actualizar y perfeccionar el marco normativo vigente, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, responder a los desafíos de la transformación digital del Estado y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Entre sus ejes centrales, el CPLT propone consolidar un sistema único de transparencia, incorporando al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales, y consolidando así su rol como órgano garante del sistema en su totalidad. Junto con ello, y dada la necesidad de fortalecer el control en el buen uso de los recursos públicos, se propone ampliar el universo de entidades sujetas a la Ley de Transparencia, incorporando a aquellas entidades de derecho privado, pero que cumplen funciones administrativas-públicas y reciben financiamiento estatal.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Si bien la Ley de Transparencia trajo consigo cambios impensados y sumamente valorables, luego de más de 16 años de vigencia, existen una serie de desafíos pendientes y oportunidades de mejora que es tiempo de abordar. Creemos que el proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que se tramita en el Congreso Nacional desde el 2018, ha quedado superado por el paso del tiempo, la envergadura de los retos a abordar y el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que esta propuesta de nueva Ley de Transparencia para Chile viene a responder a esos desafíos”. Agregó que “se trata de una modernización profunda a la Ley de Transparencia, construida en base a la evidencia y a un proceso participativo que incorporó a la sociedad civil y academia”.

Las propuestas del CPLT incluyen establecer la transparencia activa como regla general, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas estatales vinculadas a transparencia, probidad, lobby, compras públicas e integridad. Asimismo, se plantea consolidar el Portal de Transparencia del Estado como una herramienta obligatoria y articuladora del sistema.

Otro eje relevante es la incorporación expresa de la transparencia algorítmica, otorgando al CPLT competencias como órgano garante de la publicidad y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas utilizados por el Estado, considerando su impacto en los derechos fundamentales de las personas.

El documento también aborda el perfeccionamiento del procedimiento de acceso a la información, proponiendo mejoras en plazos, notificaciones electrónicas a terceros, mecanismos alternativos de resolución de controversias y un procedimiento sancionatorio único, proporcional y aplicable a todos los sujetos obligados.

Desde el Consejo para la Transparencia se subrayó que la entrega de este documento busca aportar insumos técnicos al próximo gobierno y al debate legislativo, reafirmando el compromiso institucional del CPLT con una ley moderna y que esté al servicio de las personas, centrada en el derecho de ellas a acceder a la información pública para el correspondiente control social.

Propuesta: Una nueva Ley de Transparencia para Chile

 

El Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025, que analizó el nivel de acceso a información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024. Se trata de aquellos gastos, autorizados por el marco jurídico vigente, en que se incurre para la realización de inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres, siempre que guarden relación con las funciones del organismo que incurre en ellos y participen sus autoridades superiores.

El proceso de fiscalización consideró a 419 instituciones públicas, y constató que, si bien 158 organismos cumplen con la obligación de informar este tipo de gastos, existen falencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que generan dificultades que no permiten realizar un completo escrutinio respecto del destino de estos recursos públicos. En específico, el informe reveló que 95 organismos (23%) no cumplieron con su obligación de informar correctamente estos gastos, ya sea por no contar con la sección específica y obligatoria de transparencia activa para publicarlos (63) o por no contar con información de gastos de representación y protocolo sin incluir un mensaje que indicara que no ejecutaron recursos por este concepto (32).

Conforme se señaló, solo 158 instituciones informaron haber realizado este tipo de gastos durante 2024, los que, en conjunto, sumaron $3.428 millones. Sin embargo, el Consejo constató que hay $781 millones en gastos —casi una cuarta parte del total— en que no es posible identificar con claridad para qué se usaron, debido a descripciones genéricas o antecedentes incompletos que impiden conocer la actividad que fue financiada con recursos públicos.

Respecto de los montos más altos sin que se identificara la actividad asociada, los dos organismos con la mayor cantidad de gasto con esta falencia forman parte de la Administración Central. En primer lugar, la Presidencia de la República, en cuyos registros asociados se identificaron gastos informados solo como “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, sin detallar la actividad específica que justificó dichos desembolsos. En estos casos, los enlaces disponibles conducen a procesos de compra que no permiten conocer el contexto del gasto. En segundo lugar, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde algunos registros describen conceptos como “arreglos florales” o “abarrotes para gabinete”, sin precisar la actividad asociada.

La fiscalización también evidenció que, dentro de los gastos ejecutados en 2024, hay registros por $221 millones que no permiten identificar claramente qué bien o servicio fue contratado, precisamente porque ni la descripción del gasto ni los documentos asociados entregan antecedentes suficientes para entender su destino. Por ejemplo, en la Armada de Chile, se detectaron gastos informados bajo descripciones amplias como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo”, acompañadas de documentos que no permiten identificar con claridad el bien o servicio contratado.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “La ejecución presupuestaria de los distintos organismos públicos constituye un deber de transparencia activa, cuyo cumplimiento no es opcional. Cuando la información relativa al destino, objetivo y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado respecto del buen uso de los recursos de todos los chilenos. No publicar información, o publicar información parcial, como aquella que indica el monto del gasto, pero sin explicar cuál fue el bien o servicio contratado o el contexto del gasto no cumple con el estándar de transparencia que exige la Ley de Transparencia y su normativa asociada.”.

“Este tipo de gastos está autorizado por el marco legal vigente. Empero, y como mandata la ley, deben transparentarse y ponerse la información a disposición de la ciudadanía de manera completa, sobre todo si se considera que se trata de gastos que deben ser excepcionales y estar plenamente justificados”, agregó González.

Respecto del destino de los recursos informados para 2024, la fiscalización evidenció también que los mayores montos se concentraron en producción de eventos (36%), servicios de banquetería y coffee break (16%) y arriendo de equipos audiovisuales (10%). En cuanto al propósito más habitual de los gastos, fue la destinación a ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones con un 43% del gasto total.

Frente a estos resultados, el Consejo para la Transparencia anunció que oficiará a los organismos que presentaron incumplimientos para que den pleno cumplimiento a la normativa, y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, a la Dirección de Presupuestos, a la SUBDERE, a la AGORECHI y a la Contraloría General de la República, además de impulsar acciones para mejorar la claridad y calidad de la información publicada.

Informe Fiscalización Gastos de Representación

El Consejo para la Transparencia (CPLT), en su rol de coordinador del grupo de trabajo “Indicadores y Estudios Comparados” de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), lideró la elaboración de un inédito estudio comparativo que analizó a 23 instituciones públicas que garantizan la transparencia en Iberoamérica y que son miembros de la RTA, principal instancia en la materia de la región.

El informe muestra que solo un 17% de los países (Chile, Brasil y Argentina) han incorporado inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la atención de solicitudes de acceso a la información y reclamos, lo que los posiciona como referentes en eficiencia, innovación y servicio a la ciudadanía.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló al respecto que “compararnos con nuestros pares en la región nos permite aprender de su experiencia y buenas prácticas, aportándonos valiosos insumos para avanzar en la mejora continua de nuestro rol garante, fiscalizador y promotor del derecho de acceso a la información pública en Chile”. Agregó que “específicamente sobre la incorporación de tecnología a nuestro quehacer, el estudio confirma el esfuerzo que ha hecho el Consejo en innovar y buscar eficiencia en sus procesos, incorporando sistemas de automatización. Ello nos permitirá, en definitiva, mejorar la experiencia usuaria de las personas que ejercen su derecho a acceder a información pública y de las instituciones que tienen que responder a sus requerimientos”.

El estudio también aborda si las decisiones de las instituciones de transparencia de cada país son obligatorias para los organismos públicos, criterio que en el caso del CPLT de Chile sí está presente (se ubica en el grupo del 74% de órganos cuyas decisiones son obligatorias), lo que refuerza su capacidad de fiscalización y cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia.

Además, se analizó si los órganos garantes de transparencia supervisan directamente a todos los organismos sujetos a la Ley de Transparencia de cada país y si tienen facultades para sancionar incumplimientos. En estos ítems también destacó la robustez de Chile y el CPLT, marcando una diferencia con varios otros países, cuyos órganos de transparencia aplican controles parciales (un 21% supervisa muestras y un 9% no supervisa) o carecen de herramientas sancionatorias (más del 50% no puede imponer sanciones).

En cuanto a la existencia de portales únicos para que los ciudadanos puedan solicitar información a las instituciones públicas de su país y acceder a sus sitios de transparencia activa, la investigación también posiciona a Chile dentro del grupo de países que sigue este estándar. Ello simplifica la búsqueda de datos públicos y permite dar seguimiento a cada solicitud con trazabilidad y transparencia.

El informe resalta, además, junto a iniciativas de otros países, el trabajo del CPLT en educación y sensibilización ciudadana, con plataformas educativas, programas de capacitación para funcionarios, periodistas y organizaciones sociales, y acciones para fomentar una cultura del derecho a saber.

Adicionalmente, se destaca del análisis la sección que aborda la extensión de las atribuciones de los órganos garantes a los distintos poderes del Estado y órganos autónomos. En ella, se vislumbra una manifiesta oportunidad de mejora para Chile, puesto que mientras el CPLT tiene plenas atribuciones únicamente sobre el poder ejecutivo, varios órganos de otros países indicaron tener atribuciones que se extienden también a los poderes legislativo y judicial y a órganos autónomos.

“Es innegable el aporte que ha significado la Ley de Transparencia para el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, a casi 17 años de su entrada en vigencia, es necesaria una modernización que responda a las necesidades actuales y este estudio nos confirma aquello. Desde el Consejo, creemos que es posible avanzar – al igual como lo han hecho varios países de la región – sujetando a todos los órganos del Estado al régimen general de transparencia, sin regímenes especiales y atenuados para los poderes legislativo, judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales“, señaló Natalia González.

El estudio fue aprobado en la XXIX Asamblea de la RTA desarrollada en México en 2025 y servirá de base para nuevos acuerdos de cooperación técnica entre los países miembros, con el objetivo de seguir elevando los estándares de transparencia en Hispanoamérica. De hecho, el CPLT se encuentra actualmente liderando la profundización de este estudio, etapa 2 que será presentada en mayo de este año en la XXX Asamblea de la RTA que se realizará en la ciudad de Sao Paulo.

Estudio RTA 

“Aula Transparente” es una iniciativa educativa inédita que busca acercar a funcionarios públicos y a toda la ciudadanía el conocimiento sobre transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, probidad y rendición de cuentas, todo en un lenguaje claro, simple y accesible.

Disponible en www.aulatransparente.cl, esta inédita herramienta gratuita permite a funcionarios públicos, docentes, estudiantes y personas de la sociedad civil capacitarse de manera autónoma y certificada, a través de cursos asincrónicos estructurados en módulos claros, accesibles y con enfoque ciudadano.

En sus poco más de 4 meses desde que fue lanzada oficialmente, el portal ha generado un interés masivo, recibiendo más de 12.000 visitas y registrando más de 5300 inscritos en los cursos e-learning que ofrece, con una tasa de aprobación del 51%.

En “Aula Transparente” los usuarios pueden acceder a una amplia oferta de cursos, cápsulas interactivas, videos explicativos y guías prácticas, entre los que destacan:

• “Cómo solicitar información pública paso a paso”, donde se enseña a realizar solicitudes de acceso a información pública a organismos de la Administración del Estado, seguir su tramitación y conocer los plazos y derechos asociados.
• “Transparencia Activa”, que aborda qué información deben publicar los municipios, gobiernos regionales y servicios públicos, entre otros, según la normativa aplicable. Provee de ejemplos prácticos sobre cómo revisar y comprender los portales institucionales.
• “Protección de datos personales en la vida cotidiana”, que entrega herramientas para cuidar la privacidad digital y conocer los derechos frente al mal uso de datos.
• “Acceso a la información para estudiantes y organizaciones sociales”, que muestra cómo usar la transparencia como herramienta de participación ciudadana y control social.
• “Ética y probidad en la gestión pública”, un curso introductorio sobre valores, conflictos de interés y deberes de los funcionarios del Estado.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “hasta el momento la plataforma ha tenido una gran acogida por parte de funcionarios públicos, sobre todo del área municipal, que representa un 63% de los usuarios inscritos. Esto es una buena noticia, porque confirma su interés en capacitarse de manera autónoma y perfeccionarse en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa asociada. Sin embargo, esta es solo una cara de la moneda, dado que las personas también tienen un importante rol que cumplir en el uso de las herramientas que esta ley pone a su disposición, por lo que la invitación es a que visiten nuestra plataforma y se informen de sus derechos”.

“Queremos que la transparencia se aprenda, se entienda y se viva. Con Aula Transparente, cualquier ciudadano, desde Arica a Punta Arenas, puede capacitarse, aprender a usar la Ley de Transparencia y entender cómo participar activamente en la fiscalización pública”, agregó.

Con esta nueva iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso con la educación cívica digital y la construcción de una cultura de transparencia más cercana, inclusiva y colaborativa, que promueva una relación más abierta entre las personas y las instituciones del Estado.

En el marco de su tercera sesión, celebrada este 21 de enero, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia designó a su nueva directiva.

En la instancia, Patricio Segura, representante de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, fue electo como presidente del COSOC, mientras que Michel Figueroa, del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, asumió como presidente subrogante.

Tras su elección, Patricio Segura señaló que su presidencia tendrá un énfasis en el rol de articulación y modelación del COSOC, destacando la importancia de recoger las distintas miradas de este cuerpo colegiado.

Por su parte, Michel Figueroa destacó el valor del COSOC como un espacio de trabajo colaborativo, señalando que la expectativa es avanzar en la articulación de las organizaciones de la sociedad civil para promover y fortalecer el ecosistema de acceso a la información en el país.

Con esta elección, el Consejo de la Sociedad Civil del CPLT queda conformado de la siguiente manera: Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, que ejerce la presidencia; el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, como suplente de la presidencia; y las siguientes organizaciones: Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU); Asociación Nacional de Periodistas Jubilados (ANPJ); Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral (CER); Comité de Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda; Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS); Fundación Autismo Quilpué; Fundación Formando Jóvenes – IdeaPaís; Fundación Jaime Guzmán; Fundación Trascender; y la ONG de Desarrollo Simón de Cirene.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) se desplegó en la región de Tarapacá, con una serie de actividades de fortalecimiento del derecho de acceso a información pública, que contaron con la presencia de la presidenta del Consejo, Natalia González.

El jueves se realizó un taller en el Servicio de Salud de Tarapacá dirigido tanto a funcionarios como a la ciudadanía, con el objeto de profundizar su conocimiento sobre la Ley de Transparencia y explicar cómo funcionan las herramientas que dicha normativa pone a su disposición. Dicha instancia tuvo lugar en el edificio de la SEREMI de Salud de Tarapacá, ubicada en Iquique, e incluyó el análisis de casos prácticos de redacción de solicitudes de acceso a la información, así como la revisión de transparencia activa de servicios públicos. Estos ejercicios buscaron dotar a los asistentes de capacidades para conocer antecedentes sobre gestión pública, contratos y uso de recursos fiscales, reforzando la transparencia como una herramienta clave de control social y rendición de cuentas.

Adicionalmente, este viernes se realizó una jornada de capacitación sobre la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, dirigida a encargados de transparencia de los servicios públicos de la Región de Tarapacá, actividad que fue liderada por la presidenta del CPLT. La instancia se desarrolló entre las 10:00 y las 13:30 horas en el Salón Jorge Iturra del Gobierno Regional de Tarapacá, ubicado en Iquique. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los equipos regionales y prevenir incumplimientos a la Ley de Transparencia, en un contexto donde la región enfrenta retrocesos relevantes en materia de cumplimiento.

Según las últimas fiscalizaciones publicadas del CPLT, el promedio de cumplimiento en transparencia activa de los organismos de la Administración Central en Tarapacá cayó de 84,9% en 2023 a 78,7% en 2024, lo que significa una baja de 6,2 puntos porcentuales. A nivel nacional, la caída de los organismos de la Administración Central fue aún mayor, pasando de 87,2% a 78,1% en el mismo período.

En cuanto al rendimiento de las municipalidades en 2024, el promedio de las 7 municipalidades de Tarapacá fue de 74.1%, existiendo una gran dispersión de resultados entre ellas. Mientras Pozo Almonte y Pica superaron el 90% de cumplimiento, comunas como Colchane (65.9%), Iquique (64,5%) y Huara (55,6%) se ubicaron muy por debajo del promedio nacional comunal, evidenciando brechas relevantes en la publicación de información obligatoria.

Durante la jornada se abordaron errores que el CPLT detecta de manera recurrente en sus procesos de fiscalización, como respuestas incompletas a solicitudes de acceso a la información, uso incorrecto de causales de reserva, confusión entre solicitudes de información y otros trámites administrativos, y problemas en el cumplimiento de los plazos legales, situaciones que afectan directamente el derecho de las personas a saber.

La capacitación puso especial énfasis en la correcta publicación de información de alto interés ciudadano en los portales de transparencia activa, como remuneraciones, dotación de personal, ejecución presupuestaria, beneficios y programas públicos, materias donde habitualmente se concentran una parte importante de las observaciones del Consejo al fiscalizar. También se abordaron las características esenciales de los procesos sancionatorios que lleva adelante el CPLT ante incumplimientos de la Ley de Transparencia.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Con jornadas como estas buscamos, por una parte, que las personas conozcan cada vez más la Ley de Transparencia, la valoren como una herramienta útil para acceder a información que les compete y les afecta directamente, y sepan que el Consejo para la Transparencia existe para apoyarlos en esta búsqueda. Por otra parte, queremos traspasar a los servicios públicos el valor que tiene la transparencia para la ciudadanía, avanzando de una mirada de cumplimiento formal, a una verdadera cultura de la transparencia institucional, que en el largo plazo los beneficia”.

Agregó que “Cuando hay errores o retrasos en las respuestas a los requerimientos de lo que las personas necesitan saber, se afecta directamente la confianza ciudadana. Estas capacitaciones buscan justamente prevenir esos incumplimientos y fortalecer el trabajo de los equipos regionales”.

Asimismo, la presidenta González, junto a un equipo del CPLT, se reunió con funcionarios encargados de transparencia y control del Gobierno Regional de Tarapacá, en una jornada de trabajo destinada a revisar su gestión de transparencia, resolver dudas y compartir buenas prácticas fortalecer su desempeño. Respecto a esto último, se valoró en la instancia la mejoría que ha experimentado dicho gobierno regional en el último año. Mientras en 2024 presentaba un cumplimiento 66.4%, ubicándose 10.3 puntos bajo el promedio de los gobiernos regionales a nivel nacional, en 2025 llegó a 83% de cumplimiento, situándose 6,9 puntos por encima del promedio de sus símiles a nivel país.

Esta actividad forma parte del trabajo permanente del CPLT por acercar la transparencia a las regiones, fortalecer las capacidades de los servicios públicos locales y promover una gestión más abierta, responsable y alineada con el derecho de acceso a la información pública.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización sobre cómo el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entrega y publica información relacionada con los recursos que transfiere a instituciones encargadas de atender a niños, niñas y adolescentes vulnerados (entidades privadas sin fin de lucro que son organismos colaboradores acreditados). La fiscalización también incluyó el acceso a información sobre las acciones de supervisión del Servicio hacia estos organismos.

La metodología usada consistió en dirigir dos solicitudes de acceso a información al Servicio, así como revisar la información publicada en su página web, a fin de detectar eventuales infracciones a sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información o transparencia activa.

En términos generales, los resultados evidenciaron que, a través de la Ley de Transparencia, es posible acceder a información relevante sobre las transferencias y supervisiones efectuadas por Servicio a los organismos colaboradores acreditados, relevando el valor de las herramientas que esta ley pone a disposición de las personas para efectuar control sobre estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, la inspección realizada por el CPLT develó ciertos incumplimientos a la Ley de Transparencia. Específicamente, respecto de las solicitudes de acceso a información dirigidas al Servicio, ambas fueron respondidas fuera del plazo legal. En relación con transparencia activa, se detectó la ausencia de un convenio de transferencia de recursos a un organismo colaborador y de una resolución que establecía sanciones a uno de estos organismos.

Respecto de la caracterización de los aportes financieros transferidos por el Servicio en 2024, los datos muestran traspasos por más de $277 mil millones a 138 organismos colaboradores acreditados. El análisis evidencia una distribución altamente concentrada: diez instituciones recibieron casi la mitad del total, y solo tres de ellas —Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa— superaron los $18 mil millones cada una, acumulando más del 20% del presupuesto anual total destinado a programas de protección.

La mayor parte del dinero se destinó a dos líneas de acción: intervenciones ambulatorias de reparación de daño (58%) y cuidado alternativo (32%), esta última que supone la acogida de niños, niñas y adolescentes, separados temporalmente de sus familias por orden de un tribunal, en residencias institucionales o familias de acogida.

En cuanto a la distribución territorial, el análisis muestra que Antofagasta, Arica, Iquique y Viña del Mar destacan como los principales focos de inversión, superando los 7 mil millones de pesos en transferencias recibidas cada una. Dentro de las diez comunas que más fondos recibieron, las siguen otras comunas fuera de la Región Metropolitana, aunque en su mayoría capitales regionales.

Por otra parte, la fiscalización del CPLT abordó los datos sobre las fiscalizaciones realizadas por el Servicio a los organismos colaboradores acreditados entre 2021 y 2024. Dichos antecedentes revelan un panorama preocupante: de las 1.589 fiscalizaciones históricas, un 39% terminó con resultados negativos. Esto significa que 2 de cada 5 fiscalizaciones detectaron fallas en programas financiados con recursos públicos, incluyendo problemas de seguridad, infraestructura deficiente, documentación incompleta, falta de personal adecuado o deficiencias en el trato hacia los niños y adolescentes atendidos.

El Servicio informó también un total de 92 sanciones aplicadas a organismos colaboradores entre 2021 y 2024. De ellas, un 35% correspondió a infracciones graves que derivaron en multas del 15% al 30% del financiamiento entregado, término anticipado de convenios o incluso pérdida total de la acreditación, lo que impide seguir recibiendo recursos públicos. Dentro de las irregularidades detectadas se registraron gastos no justificados por más de $85 millones, incumplimientos graves en residencias, falta de equipamiento básico, retrasos en denuncias obligatorias ante Fiscalía o Tribunales de Familia y documentación laboral incompleta.

Finalmente, el CPLT realizó una revisión de los informes de supervisión del Servicio respecto de una muestra de proyectos de los 5 organismos colaboradores que recibieron mayor cantidad de recursos en 2024. De los proyectos analizados, tres de cuatro fueron evaluados como insuficientes, y fueron ejecutados por Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa. Las deficiencias detectadas incluyen ausencia de documentos esenciales de los niños, equipos profesionales incompletos, infraestructura insegura y percepción negativa de los propios niños y adolescentes respecto del trato recibido. Solo uno de los proyectos revisados, ejecutado por SERPAJ, obtuvo una evaluación destacada.

Para la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, “estos hallazgos evidencian la utilidad de la Ley de Transparencia para informarse y efectuar control social en un área de inminente interés público como es el cuidado de nuestros niños, en que además el Estado invierte cuantiosos recursos”.

González agregó que “Sin embargo, hay ciertos aspectos en los que es necesario seguir aumentando el estándar de transparencia. Por una parte, detectamos ciertas infracciones a la Ley de Transparencia, tanto en su arista de transparencia activa como en cuanto al derecho de acceso a la información pública de las personas, por lo que oficiaremos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para que ajuste sus procedimientos. Por otra parte, la investigación sugiere que casi un 40% de las fiscalizaciones realizadas por este servicio a los organismos colaboradores terminó con resultados negativos, por lo que remitiremos dicha información a la Contraloría General de la República, al gobierno y a las comisiones respectivas del parlamento, para los fines que estimen pertinentes. La coordinación entre los órganos del Estado es fundamental para aumentar los estándares de transparencia y control”.

Informe Transferencias Instituciones Colaboradoras Servicio de Protección

El GobLab de la Escuela de Gobierno UAI desarrolló la Ficha de Transparencia Algorítmica, una herramienta alineada con las recomendaciones que el Consejo para la Transparencia ha entregado en esta materia, y que ya cuenta con pilotos aplicados.

Durante 2025 se han conocido los primeros resultados de instituciones públicas que aplicaron las herramientas de algoritmos éticos diseñadas por el GobLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde el Consejo para la Transparencia es socio del proyecto que las sostiene. La Ficha de Transparencia Algorítmica, una de las tres herramientas desarrolladas, genera un documento claro, accesible y fácil de entender que resume la información clave sobre un sistema de decisiones automatizado (SDA). Este instrumento cumple una doble función: transparentar el funcionamiento de un algoritmo o sistema de inteligencia artificial ante usuarios finales y actores externos, y servir como estándar de documentación interna para los sistemas automatizados implementados por organizaciones públicas o privadas.

“En esta herramienta, utilizamos el término SDA para referirnos a algoritmos, sistemas de inteligencia artificial o modelos de aprendizaje automático (machine learning) que intervienen en procesos de toma de decisiones, ya sea de forma automática o asistida. Elegimos este término para alinearnos con las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica del Consejo para la Transparencia (CPLT), las cuales promueven su uso en el contexto nacional. Las preguntas del cuestionario incorporan y organizan los contenidos sugeridos por el CPLT, ayudando así a identificar áreas clave a transparentar y avanzar en el cumplimiento de buenas prácticas de gobernanza algorítmica” señaló María Paz Hermosilla, directora del GobLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Dentro de los 13 pilotos que aplicaron las herramientas en proyectos institucionales de IA y ciencia de datos, destaca la experiencia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Instituto de Previsión Social (IPS) quienes, aplicaron la ficha y luego publicaron información de sus algoritmos y sus usos en sus respectivos portales institucionales web. El SENCE aplicó la ficha en su proyecto Sistema de Análisis de Bolsas de Empleos (SABE) y posteriormente se documentó su experiencia con el uso de esta herramienta (Ver experiencia aquí).

Por su parte, el IPS ha disponibilizado información relacionada a algoritmos utilizados en su trabajo institucional, habilitando “Transparencia Algorítmica” en su portal de transparencia activa (Ver más). De forma particular y tras haber piloteado su modelo predictivo de no cobros PGU, se documentó su experiencia con el uso de la herramienta diseñada por el GobLab. (Ver experiencia aquí)

Al respecto, el consejero del CPLT, Bernardo Navarrete, sostuvo que: “Las recomendaciones de transparencia algorítmica son el resultado del esfuerzo por avanzar en mayor transparencia y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas, sobre todo cuando estos son utilizados por los órganos públicos para la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. En el contexto en que hoy nos encontramos, resulta fundamental que la información sobre estos sistemas de decisiones se conozca y se publique en los sitios web de los servicios de forma clara, accesible y actualizada.

Además, añadió: “Según nuestros registros son cada vez más los servicios que utilizan estos sistemas en el ejercicio de sus competencias públicas. Ya en 2021, identificamos el uso de 92 sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas, en 42 instituciones públicas en Chile. Sin embargo, hay un déficit en la información que se conoce de ellos, cómo operan, sus lógicas, qué datos utilizan y cómo se puede reclamar de sus decisiones”.

Con estas recomendaciones, el CPLT orienta a los órganos públicos sujetos a la Ley de Transparencia, sobre cómo publicar de modo uniforme y sistematizado la información de relevancia respecto de sus sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas.