El Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por su presidenta, Natalia González, y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, sostuvieron una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que se le hizo entrega formal de una propuesta normativa para nueva Ley de Acceso a la Información Pública para el país.

Durante el encuentro, el Consejo Directivo presentó los fundamentos de su propuesta, elaborada a partir de más de 16 años de aplicación de la Ley de Transparencia en el país y de la experiencia acumulada del CPLT en garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información pública, contenida en un basta jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. Asimismo, la iniciativa se originó a partir de un proceso de consulta en que participaron centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil abocadas a la probidad y transparencia, encargados de transparencia de distintas instituciones públicas, usuarios de la ley, periodistas, organismos internacionales, académicos y exconsejeros del CPLT.

El documento entregado plantea la necesidad de actualizar y perfeccionar el marco normativo vigente, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, responder a los desafíos de la transformación digital del Estado y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Entre sus ejes centrales, el CPLT propone consolidar un sistema único de transparencia, incorporando al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales, y consolidando así su rol como órgano garante del sistema en su totalidad. Junto con ello, y dada la necesidad de fortalecer el control en el buen uso de los recursos públicos, se propone ampliar el universo de entidades sujetas a la Ley de Transparencia, incorporando a aquellas entidades de derecho privado, pero que cumplen funciones administrativas-públicas y reciben financiamiento estatal.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Si bien la Ley de Transparencia trajo consigo cambios impensados y sumamente valorables, luego de más de 16 años de vigencia, existen una serie de desafíos pendientes y oportunidades de mejora que es tiempo de abordar. Creemos que el proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que se tramita en el Congreso Nacional desde el 2018, ha quedado superado por el paso del tiempo, la envergadura de los retos a abordar y el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que esta propuesta de nueva Ley de Transparencia para Chile viene a responder a esos desafíos”. Agregó que “se trata de una modernización profunda a la Ley de Transparencia, construida en base a la evidencia y a un proceso participativo que incorporó a la sociedad civil y academia”.

Las propuestas del CPLT incluyen establecer la transparencia activa como regla general, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables, fortaleciendo la interoperabilidad entre plataformas estatales vinculadas a transparencia, probidad, lobby, compras públicas e integridad. Asimismo, se plantea consolidar el Portal de Transparencia del Estado como una herramienta obligatoria y articuladora del sistema.

Otro eje relevante es la incorporación expresa de la transparencia algorítmica, otorgando al CPLT competencias como órgano garante de la publicidad y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas utilizados por el Estado, considerando su impacto en los derechos fundamentales de las personas.

El documento también aborda el perfeccionamiento del procedimiento de acceso a la información, proponiendo mejoras en plazos, notificaciones electrónicas a terceros, mecanismos alternativos de resolución de controversias y un procedimiento sancionatorio único, proporcional y aplicable a todos los sujetos obligados.

Desde el Consejo para la Transparencia se subrayó que la entrega de este documento busca aportar insumos técnicos al próximo gobierno y al debate legislativo, reafirmando el compromiso institucional del CPLT con una ley moderna y que esté al servicio de las personas, centrada en el derecho de ellas a acceder a la información pública para el correspondiente control social.

El Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025, que analizó el nivel de acceso a información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024. Se trata de aquellos gastos, autorizados por el marco jurídico vigente, en que se incurre para la realización de inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres, siempre que guarden relación con las funciones del organismo que incurre en ellos y participen sus autoridades superiores.

El proceso de fiscalización consideró a 419 instituciones públicas, y constató que, si bien 158 organismos cumplen con la obligación de informar este tipo de gastos, existen falencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que generan dificultades que no permiten realizar un completo escrutinio respecto del destino de estos recursos públicos. En específico, el informe reveló que 95 organismos (23%) no cumplieron con su obligación de informar correctamente estos gastos, ya sea por no contar con la sección específica y obligatoria de transparencia activa para publicarlos (63) o por no contar con información de gastos de representación y protocolo sin incluir un mensaje que indicara que no ejecutaron recursos por este concepto (32).

Conforme se señaló, solo 158 instituciones informaron haber realizado este tipo de gastos durante 2024, los que, en conjunto, sumaron $3.428 millones. Sin embargo, el Consejo constató que hay $781 millones en gastos —casi una cuarta parte del total— en que no es posible identificar con claridad para qué se usaron, debido a descripciones genéricas o antecedentes incompletos que impiden conocer la actividad que fue financiada con recursos públicos.

Respecto de los montos más altos sin que se identificara la actividad asociada, los dos organismos con la mayor cantidad de gasto con esta falencia forman parte de la Administración Central. En primer lugar, la Presidencia de la República, en cuyos registros asociados se identificaron gastos informados solo como “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, sin detallar la actividad específica que justificó dichos desembolsos. En estos casos, los enlaces disponibles conducen a procesos de compra que no permiten conocer el contexto del gasto. En segundo lugar, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, donde algunos registros describen conceptos como “arreglos florales” o “abarrotes para gabinete”, sin precisar la actividad asociada.

La fiscalización también evidenció que, dentro de los gastos ejecutados en 2024, hay registros por $221 millones que no permiten identificar claramente qué bien o servicio fue contratado, precisamente porque ni la descripción del gasto ni los documentos asociados entregan antecedentes suficientes para entender su destino. Por ejemplo, en la Armada de Chile, se detectaron gastos informados bajo descripciones amplias como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo”, acompañadas de documentos que no permiten identificar con claridad el bien o servicio contratado.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “La ejecución presupuestaria de los distintos organismos públicos constituye un deber de transparencia activa, cuyo cumplimiento no es opcional. Cuando la información relativa al destino, objetivo y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado respecto del buen uso de los recursos de todos los chilenos. No publicar información, o publicar información parcial, como aquella que indica el monto del gasto, pero sin explicar cuál fue el bien o servicio contratado o el contexto del gasto no cumple con el estándar de transparencia que exige la Ley de Transparencia y su normativa asociada.”.

“Este tipo de gastos está autorizado por el marco legal vigente. Empero, y como mandata la ley, deben transparentarse y ponerse la información a disposición de la ciudadanía de manera completa, sobre todo si se considera que se trata de gastos que deben ser excepcionales y estar plenamente justificados”, agregó González.

Respecto del destino de los recursos informados para 2024, la fiscalización evidenció también que los mayores montos se concentraron en producción de eventos (36%), servicios de banquetería y coffee break (16%) y arriendo de equipos audiovisuales (10%). En cuanto al propósito más habitual de los gastos, fue la destinación a ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones con un 43% del gasto total.

Frente a estos resultados, el Consejo para la Transparencia anunció que oficiará a los organismos que presentaron incumplimientos para que den pleno cumplimiento a la normativa, y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, a la Dirección de Presupuestos, a la SUBDERE, a la AGORECHI y a la Contraloría General de la República, además de impulsar acciones para mejorar la claridad y calidad de la información publicada.

 

“Aula Transparente” es una iniciativa educativa inédita que busca acercar a funcionarios públicos y a toda la ciudadanía el conocimiento sobre transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, probidad y rendición de cuentas, todo en un lenguaje claro, simple y accesible.

Disponible en www.aulatransparente.cl, esta inédita herramienta gratuita permite a funcionarios públicos, docentes, estudiantes y personas de la sociedad civil capacitarse de manera autónoma y certificada, a través de cursos asincrónicos estructurados en módulos claros, accesibles y con enfoque ciudadano.

En sus poco más de 4 meses desde que fue lanzada oficialmente, el portal ha generado un interés masivo, recibiendo más de 12.000 visitas y registrando más de 5300 inscritos en los cursos e-learning que ofrece, con una tasa de aprobación del 51%.

En “Aula Transparente” los usuarios pueden acceder a una amplia oferta de cursos, cápsulas interactivas, videos explicativos y guías prácticas, entre los que destacan:

• “Cómo solicitar información pública paso a paso”, donde se enseña a realizar solicitudes de acceso a información pública a organismos de la Administración del Estado, seguir su tramitación y conocer los plazos y derechos asociados.
• “Transparencia Activa”, que aborda qué información deben publicar los municipios, gobiernos regionales y servicios públicos, entre otros, según la normativa aplicable. Provee de ejemplos prácticos sobre cómo revisar y comprender los portales institucionales.
• “Protección de datos personales en la vida cotidiana”, que entrega herramientas para cuidar la privacidad digital y conocer los derechos frente al mal uso de datos.
• “Acceso a la información para estudiantes y organizaciones sociales”, que muestra cómo usar la transparencia como herramienta de participación ciudadana y control social.
• “Ética y probidad en la gestión pública”, un curso introductorio sobre valores, conflictos de interés y deberes de los funcionarios del Estado.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “hasta el momento la plataforma ha tenido una gran acogida por parte de funcionarios públicos, sobre todo del área municipal, que representa un 63% de los usuarios inscritos. Esto es una buena noticia, porque confirma su interés en capacitarse de manera autónoma y perfeccionarse en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa asociada. Sin embargo, esta es solo una cara de la moneda, dado que las personas también tienen un importante rol que cumplir en el uso de las herramientas que esta ley pone a su disposición, por lo que la invitación es a que visiten nuestra plataforma y se informen de sus derechos”.

“Queremos que la transparencia se aprenda, se entienda y se viva. Con Aula Transparente, cualquier ciudadano, desde Arica a Punta Arenas, puede capacitarse, aprender a usar la Ley de Transparencia y entender cómo participar activamente en la fiscalización pública”, agregó.

Con esta nueva iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso con la educación cívica digital y la construcción de una cultura de transparencia más cercana, inclusiva y colaborativa, que promueva una relación más abierta entre las personas y las instituciones del Estado.

En el marco de su tercera sesión, celebrada este 21 de enero, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia designó a su nueva directiva.

En la instancia, Patricio Segura, representante de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, fue electo como presidente del COSOC, mientras que Michel Figueroa, del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, asumió como presidente subrogante.

Tras su elección, Patricio Segura señaló que su presidencia tendrá un énfasis en el rol de articulación y modelación del COSOC, destacando la importancia de recoger las distintas miradas de este cuerpo colegiado.

Por su parte, Michel Figueroa destacó el valor del COSOC como un espacio de trabajo colaborativo, señalando que la expectativa es avanzar en la articulación de las organizaciones de la sociedad civil para promover y fortalecer el ecosistema de acceso a la información en el país.

Con esta elección, el Consejo de la Sociedad Civil del CPLT queda conformado de la siguiente manera: Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, que ejerce la presidencia; el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, como suplente de la presidencia; y las siguientes organizaciones: Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU); Asociación Nacional de Periodistas Jubilados (ANPJ); Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral (CER); Comité de Seguridad Comunitaria Parque Residencial Alameda; Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS); Fundación Autismo Quilpué; Fundación Formando Jóvenes – IdeaPaís; Fundación Jaime Guzmán; Fundación Trascender; y la ONG de Desarrollo Simón de Cirene.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) se desplegó en la región de Tarapacá, con una serie de actividades de fortalecimiento del derecho de acceso a información pública, que contaron con la presencia de la presidenta del Consejo, Natalia González.

El jueves se realizó un taller en el Servicio de Salud de Tarapacá dirigido tanto a funcionarios como a la ciudadanía, con el objeto de profundizar su conocimiento sobre la Ley de Transparencia y explicar cómo funcionan las herramientas que dicha normativa pone a su disposición. Dicha instancia tuvo lugar en el edificio de la SEREMI de Salud de Tarapacá, ubicada en Iquique, e incluyó el análisis de casos prácticos de redacción de solicitudes de acceso a la información, así como la revisión de transparencia activa de servicios públicos. Estos ejercicios buscaron dotar a los asistentes de capacidades para conocer antecedentes sobre gestión pública, contratos y uso de recursos fiscales, reforzando la transparencia como una herramienta clave de control social y rendición de cuentas.

Adicionalmente, este viernes se realizó una jornada de capacitación sobre la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, dirigida a encargados de transparencia de los servicios públicos de la Región de Tarapacá, actividad que fue liderada por la presidenta del CPLT. La instancia se desarrolló entre las 10:00 y las 13:30 horas en el Salón Jorge Iturra del Gobierno Regional de Tarapacá, ubicado en Iquique. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los equipos regionales y prevenir incumplimientos a la Ley de Transparencia, en un contexto donde la región enfrenta retrocesos relevantes en materia de cumplimiento.

Según las últimas fiscalizaciones publicadas del CPLT, el promedio de cumplimiento en transparencia activa de los organismos de la Administración Central en Tarapacá cayó de 84,9% en 2023 a 78,7% en 2024, lo que significa una baja de 6,2 puntos porcentuales. A nivel nacional, la caída de los organismos de la Administración Central fue aún mayor, pasando de 87,2% a 78,1% en el mismo período.

En cuanto al rendimiento de las municipalidades en 2024, el promedio de las 7 municipalidades de Tarapacá fue de 74.1%, existiendo una gran dispersión de resultados entre ellas. Mientras Pozo Almonte y Pica superaron el 90% de cumplimiento, comunas como Colchane (65.9%), Iquique (64,5%) y Huara (55,6%) se ubicaron muy por debajo del promedio nacional comunal, evidenciando brechas relevantes en la publicación de información obligatoria.

Durante la jornada se abordaron errores que el CPLT detecta de manera recurrente en sus procesos de fiscalización, como respuestas incompletas a solicitudes de acceso a la información, uso incorrecto de causales de reserva, confusión entre solicitudes de información y otros trámites administrativos, y problemas en el cumplimiento de los plazos legales, situaciones que afectan directamente el derecho de las personas a saber.

La capacitación puso especial énfasis en la correcta publicación de información de alto interés ciudadano en los portales de transparencia activa, como remuneraciones, dotación de personal, ejecución presupuestaria, beneficios y programas públicos, materias donde habitualmente se concentran una parte importante de las observaciones del Consejo al fiscalizar. También se abordaron las características esenciales de los procesos sancionatorios que lleva adelante el CPLT ante incumplimientos de la Ley de Transparencia.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Con jornadas como estas buscamos, por una parte, que las personas conozcan cada vez más la Ley de Transparencia, la valoren como una herramienta útil para acceder a información que les compete y les afecta directamente, y sepan que el Consejo para la Transparencia existe para apoyarlos en esta búsqueda. Por otra parte, queremos traspasar a los servicios públicos el valor que tiene la transparencia para la ciudadanía, avanzando de una mirada de cumplimiento formal, a una verdadera cultura de la transparencia institucional, que en el largo plazo los beneficia”.

Agregó que “Cuando hay errores o retrasos en las respuestas a los requerimientos de lo que las personas necesitan saber, se afecta directamente la confianza ciudadana. Estas capacitaciones buscan justamente prevenir esos incumplimientos y fortalecer el trabajo de los equipos regionales”.

Asimismo, la presidenta González, junto a un equipo del CPLT, se reunió con funcionarios encargados de transparencia y control del Gobierno Regional de Tarapacá, en una jornada de trabajo destinada a revisar su gestión de transparencia, resolver dudas y compartir buenas prácticas fortalecer su desempeño. Respecto a esto último, se valoró en la instancia la mejoría que ha experimentado dicho gobierno regional en el último año. Mientras en 2024 presentaba un cumplimiento 66.4%, ubicándose 10.3 puntos bajo el promedio de los gobiernos regionales a nivel nacional, en 2025 llegó a 83% de cumplimiento, situándose 6,9 puntos por encima del promedio de sus símiles a nivel país.

Esta actividad forma parte del trabajo permanente del CPLT por acercar la transparencia a las regiones, fortalecer las capacidades de los servicios públicos locales y promover una gestión más abierta, responsable y alineada con el derecho de acceso a la información pública.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una fiscalización sobre cómo el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entrega y publica información relacionada con los recursos que transfiere a instituciones encargadas de atender a niños, niñas y adolescentes vulnerados (entidades privadas sin fin de lucro que son organismos colaboradores acreditados). La fiscalización también incluyó el acceso a información sobre las acciones de supervisión del Servicio hacia estos organismos.

La metodología usada consistió en dirigir dos solicitudes de acceso a información al Servicio, así como revisar la información publicada en su página web, a fin de detectar eventuales infracciones a sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información o transparencia activa.

En términos generales, los resultados evidenciaron que, a través de la Ley de Transparencia, es posible acceder a información relevante sobre las transferencias y supervisiones efectuadas por Servicio a los organismos colaboradores acreditados, relevando el valor de las herramientas que esta ley pone a disposición de las personas para efectuar control sobre estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, la inspección realizada por el CPLT develó ciertos incumplimientos a la Ley de Transparencia. Específicamente, respecto de las solicitudes de acceso a información dirigidas al Servicio, ambas fueron respondidas fuera del plazo legal. En relación con transparencia activa, se detectó la ausencia de un convenio de transferencia de recursos a un organismo colaborador y de una resolución que establecía sanciones a uno de estos organismos.

Respecto de la caracterización de los aportes financieros transferidos por el Servicio en 2024, los datos muestran traspasos por más de $277 mil millones a 138 organismos colaboradores acreditados. El análisis evidencia una distribución altamente concentrada: diez instituciones recibieron casi la mitad del total, y solo tres de ellas —Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa— superaron los $18 mil millones cada una, acumulando más del 20% del presupuesto anual total destinado a programas de protección.

La mayor parte del dinero se destinó a dos líneas de acción: intervenciones ambulatorias de reparación de daño (58%) y cuidado alternativo (32%), esta última que supone la acogida de niños, niñas y adolescentes, separados temporalmente de sus familias por orden de un tribunal, en residencias institucionales o familias de acogida.

En cuanto a la distribución territorial, el análisis muestra que Antofagasta, Arica, Iquique y Viña del Mar destacan como los principales focos de inversión, superando los 7 mil millones de pesos en transferencias recibidas cada una. Dentro de las diez comunas que más fondos recibieron, las siguen otras comunas fuera de la Región Metropolitana, aunque en su mayoría capitales regionales.

Por otra parte, la fiscalización del CPLT abordó los datos sobre las fiscalizaciones realizadas por el Servicio a los organismos colaboradores acreditados entre 2021 y 2024. Dichos antecedentes revelan un panorama preocupante: de las 1.589 fiscalizaciones históricas, un 39% terminó con resultados negativos. Esto significa que 2 de cada 5 fiscalizaciones detectaron fallas en programas financiados con recursos públicos, incluyendo problemas de seguridad, infraestructura deficiente, documentación incompleta, falta de personal adecuado o deficiencias en el trato hacia los niños y adolescentes atendidos.

El Servicio informó también un total de 92 sanciones aplicadas a organismos colaboradores entre 2021 y 2024. De ellas, un 35% correspondió a infracciones graves que derivaron en multas del 15% al 30% del financiamiento entregado, término anticipado de convenios o incluso pérdida total de la acreditación, lo que impide seguir recibiendo recursos públicos. Dentro de las irregularidades detectadas se registraron gastos no justificados por más de $85 millones, incumplimientos graves en residencias, falta de equipamiento básico, retrasos en denuncias obligatorias ante Fiscalía o Tribunales de Familia y documentación laboral incompleta.

Finalmente, el CPLT realizó una revisión de los informes de supervisión del Servicio respecto de una muestra de proyectos de los 5 organismos colaboradores que recibieron mayor cantidad de recursos en 2024. De los proyectos analizados, tres de cuatro fueron evaluados como insuficientes, y fueron ejecutados por Corporación Opción, Fundación Ciudad del Niño y Fundación Mi Casa. Las deficiencias detectadas incluyen ausencia de documentos esenciales de los niños, equipos profesionales incompletos, infraestructura insegura y percepción negativa de los propios niños y adolescentes respecto del trato recibido. Solo uno de los proyectos revisados, ejecutado por SERPAJ, obtuvo una evaluación destacada.

Para la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, “estos hallazgos evidencian la utilidad de la Ley de Transparencia para informarse y efectuar control social en un área de inminente interés público como es el cuidado de nuestros niños, en que además el Estado invierte cuantiosos recursos”.

González agregó que “Sin embargo, hay ciertos aspectos en los que es necesario seguir aumentando el estándar de transparencia. Por una parte, detectamos ciertas infracciones a la Ley de Transparencia, tanto en su arista de transparencia activa como en cuanto al derecho de acceso a la información pública de las personas, por lo que oficiaremos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para que ajuste sus procedimientos. Por otra parte, la investigación sugiere que casi un 40% de las fiscalizaciones realizadas por este servicio a los organismos colaboradores terminó con resultados negativos, por lo que remitiremos dicha información a la Contraloría General de la República, al gobierno y a las comisiones respectivas del parlamento, para los fines que estimen pertinentes. La coordinación entre los órganos del Estado es fundamental para aumentar los estándares de transparencia y control”.

Informe Transferencias Instituciones Colaboradoras Servicio de Protección

El GobLab de la Escuela de Gobierno UAI desarrolló la Ficha de Transparencia Algorítmica, una herramienta alineada con las recomendaciones que el Consejo para la Transparencia ha entregado en esta materia, y que ya cuenta con pilotos aplicados.

Durante 2025 se han conocido los primeros resultados de instituciones públicas que aplicaron las herramientas de algoritmos éticos diseñadas por el GobLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde el Consejo para la Transparencia es socio del proyecto que las sostiene. La Ficha de Transparencia Algorítmica, una de las tres herramientas desarrolladas, genera un documento claro, accesible y fácil de entender que resume la información clave sobre un sistema de decisiones automatizado (SDA). Este instrumento cumple una doble función: transparentar el funcionamiento de un algoritmo o sistema de inteligencia artificial ante usuarios finales y actores externos, y servir como estándar de documentación interna para los sistemas automatizados implementados por organizaciones públicas o privadas.

“En esta herramienta, utilizamos el término SDA para referirnos a algoritmos, sistemas de inteligencia artificial o modelos de aprendizaje automático (machine learning) que intervienen en procesos de toma de decisiones, ya sea de forma automática o asistida. Elegimos este término para alinearnos con las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica del Consejo para la Transparencia (CPLT), las cuales promueven su uso en el contexto nacional. Las preguntas del cuestionario incorporan y organizan los contenidos sugeridos por el CPLT, ayudando así a identificar áreas clave a transparentar y avanzar en el cumplimiento de buenas prácticas de gobernanza algorítmica” señaló María Paz Hermosilla, directora del GobLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Dentro de los 13 pilotos que aplicaron las herramientas en proyectos institucionales de IA y ciencia de datos, destaca la experiencia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Instituto de Previsión Social (IPS) quienes, aplicaron la ficha y luego publicaron información de sus algoritmos y sus usos en sus respectivos portales institucionales web. El SENCE aplicó la ficha en su proyecto Sistema de Análisis de Bolsas de Empleos (SABE) y posteriormente se documentó su experiencia con el uso de esta herramienta (Ver experiencia aquí).

Por su parte, el IPS ha disponibilizado información relacionada a algoritmos utilizados en su trabajo institucional, habilitando “Transparencia Algorítmica” en su portal de transparencia activa (Ver más). De forma particular y tras haber piloteado su modelo predictivo de no cobros PGU, se documentó su experiencia con el uso de la herramienta diseñada por el GobLab. (Ver experiencia aquí)

Al respecto, el consejero del CPLT, Bernardo Navarrete, sostuvo que: “Las recomendaciones de transparencia algorítmica son el resultado del esfuerzo por avanzar en mayor transparencia y explicabilidad de los sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas, sobre todo cuando estos son utilizados por los órganos públicos para la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. En el contexto en que hoy nos encontramos, resulta fundamental que la información sobre estos sistemas de decisiones se conozca y se publique en los sitios web de los servicios de forma clara, accesible y actualizada.

Además, añadió: “Según nuestros registros son cada vez más los servicios que utilizan estos sistemas en el ejercicio de sus competencias públicas. Ya en 2021, identificamos el uso de 92 sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas, en 42 instituciones públicas en Chile. Sin embargo, hay un déficit en la información que se conoce de ellos, cómo operan, sus lógicas, qué datos utilizan y cómo se puede reclamar de sus decisiones”.

Con estas recomendaciones, el CPLT orienta a los órganos públicos sujetos a la Ley de Transparencia, sobre cómo publicar de modo uniforme y sistematizado la información de relevancia respecto de sus sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas.

La ciudadanía está usando la Ley de Transparencia como nunca en Chile. Según el balance 2025 del Consejo para la Transparencia (CPLT), entre el 01 de enero y el 30 de septiembre, las personas han iniciado 10.738 casos ante el CPLT con el objeto de que se les garantice su derecho a acceder a información pública. Al mismo tiempo, el Portal de Transparencia del Estado, plataforma a través de la cual se pueden iniciar estos procedimientos, dirigir solicitudes de acceso a la información y revisar transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado, superó los 6,1 millones de visitas.

Estas cifras evidencian un creciente interés de las personas de buscar por sí mismas respuestas sobre temáticas asociadas a información pública tan relevante como gasto y compras públicas, contratos celebrados, decisiones de la autoridad, reuniones sostenidas o viajes realizados, entre otras materias de alto interés ciudadano.

Respecto de los casos iniciados ante el CPLT en este período, los datos muestran una mejoría en el acceso a información pública respecto del mismo período del año anterior. Ello, dado que los casos en que se dio por entregada la información aumentaron de un 25% a un 30%, por lo que se verificó en mayor medida la hipótesis en que el CPLT dio por terminada la controversia entre los solicitantes de información y los órganos requeridos de forma anticipada, aplicando en gran medida su Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), sin tener que pasar a conocer el fondo del asunto (lo que implica ponderar alegaciones y pruebas que puedan presentar las partes), ahorrando así tiempo de resolución de los casos. Asimismo, los casos declarados inadmisibles por el CPLT disminuyeron de un 39% a un 32%, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia.

A esto se sumó el enorme interés por entender cómo funcionan las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de las personas. En el período analizado, ingresaron más de 18.500 consultas al CPLT para saber cómo pedir información, cómo reclamar u otras dudas relacionadas con el quehacer institucional. Por su parte, a nivel territorial, el Consejo capacitó a cerca de 9000 personas en distintas regiones del país, desde estudiantes y vecinos hasta organizaciones sociales y funcionarios públicos.

Adicionalmente, el CPLT ejerció su facultad fiscalizadora con decisión: 250 organismos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia se encuentran al cierre del período con investigaciones sumarias instruidas en su contra por infracciones a dicha normativa. De estos organismos, casi un 80% corresponde a municipalidades o corporaciones, fundaciones y asociaciones relacionadas a estas. Además, en dicho período, el CPLT resolvió 88 investigaciones sumarias, de las cuales el 59% terminó con la aplicación de sanciones, lo que evidencia que aún hay fallas relevantes, pero que también existe una respuesta institucional concreta para corregir malas prácticas.

En lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Lobby, el CPLT también pone a disposición de las personas los principales datos asociados, a través de su portal www.infolobby.cl. Al respecto, se evidenció que, al 30 de septiembre de 2025, los servicios públicos registraron 61.694 audiencias de lobby, 46.577 viajes de funcionarios y 2.736 donativos recibidos, cifras que están por debajo de los registros del año pasado en el mismo período, lo que sugiere una posible disminución en el uso del portal de lobby del Estado.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó al respecto que “las cifras de este año nos sugieren una consolidación de la cultura de la transparencia. Cada vez más personas están interiorizadas en las herramientas que pone la Ley de Transparencia a su disposición y están exigiendo la respectiva rendición de cuentas a sus autoridades, tanto del nivel nacional como el regional y local”.

Agregó que “cualquier persona, sin importar dónde viva o a qué se dedique, puede solicitar a los órganos de la Administración del Estado información pública, sin necesidad de expresar motivos. Y si un servicio no responde, no entrega lo solicitado o contesta parcialmente, el solicitante puede iniciar un amparo ante el CPLT para que intervengamos y le garanticemos el cumplimiento de la ley. De la misma forma, si una persona considera que un servicio no cumple con sus obligaciones de transparencia activa (publicaciones exigidas por ley), puede iniciar un procedimiento de reclamo ante este Consejo. El derecho a saber no es negociable: es una herramienta que está empoderando a la ciudadanía y cambiando la relación entre el Estado y las personas”.

Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores diera a conocer la información relativa al presupuesto y recursos públicos destinados por el Gobierno a la promoción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de Naciones Unidas, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ratificó dicho acto propio de la Cancillería, resolviendo que dicha información es esencialmente pública, al no configurarse ninguna causal legal de reserva que lo impida.

El pronunciamiento responde a la solicitud presentada por los diputados Christian Moreira y Felipe Donoso, quienes pidieron al CPLT aclarar si el Ejecutivo podía mantener en reserva el costo fiscal asociado a la campaña internacional de la exmandataria, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores señalara inicialmente que parte de dicha información estaría vinculada al “interés nacional”.

El Consejo Directivo del CPLT, integrado por su presidenta Natalia González y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, concluyó que no se advierte una afectación presente ni probable al interés nacional que justifique aplicar la causal de secreto del artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia. Por el contrario, sostuvo que se trata de información relativa al uso, gestión y ejecución de recursos públicos, que debe permanecer identificable, sistematizada y disponible para escrutinio ciudadano.

En su análisis, el CPLT enfatizó que la regla general en Chile es la publicidad de la información y que cualquier excepción debe interpretarse de forma estricta, debiendo acreditarse con precisión el daño que provocaría su divulgación. En este caso, el organismo determinó que no se advirtieron perjuicios a relaciones exteriores ni a otros bienes jurídicos protegidos por la ley con la suficiente especificidad.

Como se indicó precedentemente, el pronunciamiento consideró en su argumentación la situación de ya haberse hecho públicos por la Cancillería antecedentes sobre la materia. Específicamente, reveló que se habían ejecutado US$ 17.423 en viáticos, estadía y pasajes, y que se proyectaba un gasto de US$ 40.000 adicionales para la fase final de la campaña. Para el CPLT, los gastos efectivamente realizados —por efectuarse con cargo a fondos fiscales— son susceptibles de ser conocidos, conforme a la debida rendición de cuentas que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado.

La presidenta del Consejo, Natalia González, destacó que la decisión apunta a reforzar el estándar democrático de control ciudadano: “Por regla general, toda disposición de recursos fiscales debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se asignan, administran y ejecutan estos fondos, más aún cuando se trata de iniciativas de alto interés público y proyección internacional”.

Finalmente, el CPLT señaló que todo uso futuro de recursos públicos, incluidos en el presupuesto a ejecutar y ejecutados en lo sucesivo para estos fines de la postulación, también será información esencialmente pública, salvo que se acredite en el caso concreto que concurren una o más causales de reserva establecidas en la ley.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó una nueva plataforma en su sitio web (www.consejotransparencia.cl) que ya está disponible para toda la ciudadanía y que permite conocer, de manera visual e interactiva, una serie de estadísticas sobre los organismos de la Administración del Estado relacionadas al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, lobby y probidad.

A través de gráficos, mapas y datos actualizados, las personas pueden conocer las solicitudes de acceso a información dirigidas a cada organismo, los casos de amparos o reclamos y aquellos que fueron judicializados, así como información sobre los registros de agenda pública (audiencias, viajes y donativos) y declaraciones de intereses y patrimonio de autoridades, con opciones de exploración por año, tipo de institución, cargo o región.

Esta nueva herramienta pone a disposición pública información que habitualmente estaba contenida en informes técnicos, ahora presentada de forma más sencilla y comprensible. Por ejemplo, los usuarios pueden revisar cuántos amparos o reclamos de transparencia activa se han presentado contra ministerios, servicios públicos o municipios a lo largo de los años, cómo se han resulto esos procedimientos, o qué regiones muestran mayores avances o brechas.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “con esta nueva plataforma queremos que cualquier persona pueda acceder a la información pública de manera simple, directa y desde cualquier lugar. La transparencia no solo debe cumplirse, debe entenderse, y por eso estamos transformando los datos en información accesible para todos. Esta es una iniciativa que se enmarca en los constantes esfuerzos de este Consejo por fortalecer la apertura de datos en lenguaje claro”.

Agregó que “cuando los datos se muestran en línea y de forma visual, se facilita el control ciudadano y se fortalece la confianza en las instituciones. Nuestro compromiso es acercar la información pública a las personas, para que puedan mirar por sí mismas cómo se gestiona la transparencia en Chile”.

Es importante destacar también que esta plataforma forma parte de la estrategia de modernización digital del CPLT y de su compromiso con una gestión más abierta y participativa. La información está disponible en línea, puede ser consultada desde cualquier dispositivo y, en algunos casos, descargada para su análisis o fines de investigación.

Con esta iniciativa, el Consejo busca facilitar aún más el acceso a la información, promover su reutilización por periodistas, investigadores u organizaciones sociales, y fortalecer la rendición de cuentas del sector público, instando a todos los órganos del Estado a aumentar la apertura y comprensión de los datos públicos en el país.

Revísa CPLT en Línea en el siguiente link: https://cplt.cl/cplt-en-linea/ 

Nuestro consejero Bernardo Navarrete participó en el Seminario de Integridad: Desafíos del Compliance en lo Público, realizado en el Centro Cívico de Lo Barnechea.

La actividad reunió a autoridades, académicos y especialistas para conversar y debatir sobre cómo fortalecer la transparencia y prevenir malas prácticas en los municipios.

Durante su presentación, Navarrete enfatizó la necesidad de que las instituciones públicas cuenten con responsables dedicados a promover la integridad y velar por que los procesos se desarrollen de manera correcta. Subrayó que estas labores deben ejercerse con independencia y con controles claros, para asegurar que la ciudadanía confíe en la gestión local. Estas ideas forman parte de su trabajo académico sobre cómo mejorar los sistemas municipales para evitar irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas.

El consejero también recalcó que, a diferencia del mundo privado, en el sector público la prioridad es administrar los recursos en beneficio de las personas, lo que implica altos estándares de transparencia y conducta ética. Estos elementos son clave para reforzar la confianza ciudadana, tal como reflejan los análisis comparativos sobre integridad municipal.

El seminario contó además con la participación del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, la gerenta regional de Integridad de Softys, Mitsy Valenzuela, y el coordinador de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Pedro Bravo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de un análisis masivo de solicitudes de acceso a información dirigidas a través del Portal de Transparencia del Estado a los órganos de la Administración del Estado entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. Se detectaron más de 10.800 solicitudes con algún tipo de infracción en su tramitación, situación que afecta directamente el derecho de las personas a recibir información pública oportunamente.

En total, se revisaron 103.572 solicitudes ingresadas por personas de todo el país. De ellas, el CPLT identificó tres tipos de incumplimientos a la Ley de Transparencia:
–    5.370 solicitudes fueron respondidas fuera del plazo legal, en 402 instituciones.
–    2.300 solicitudes fueron prorrogadas de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo que establece la ley, por parte de 333 organismos.
–    3.177 solicitudes no registran respuesta pese a que el plazo legal ya había vencido, lo que se verificó en 211 instituciones.

Respecto a las solicitudes que no registran respuesta, los casos más críticos se dieron en municipios. Específicamente, las municipalidades de Lonquimay, Alto Biobío y Putre, que registraron más de 55 solicitudes sin respuesta cada una, lo que representa tasas superiores al 85% de no respuesta respecto del universo total de solicitudes recibidas por cada municipalidad.

A nivel de la Administración Central, destacan los casos del Hospital de Lota y el Hospital Regional de Talca con 19 y 52 solicitudes sin respuesta, respectivamente, lo que representa tasas superiores al 40% de no respuesta respecto del universo total de solicitudes recibidas por cada hospital. También es relevante la situación del Servicio Nacional de Migraciones, que, si bien presenta una tasa del 17,7% de no respuesta, es la institución que nominalmente registra la mayor cantidad de solicitudes sin respuesta, con un total de 1160.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando un órgano público no responde a tiempo o derechamente no responde, no solo incumple la Ley de Transparencia, sino que deja a una persona esperando una información que puede ser clave para su vida diaria, o a un académico para un análisis que aporte al mejoramiento de una política pública o a la prensa en investigaciones asociadas a casos de corrupción. Necesitamos que todas las instituciones del Estado entiendan que la transparencia no es un mero trámite, es un derecho de las personas”.

El CPLT explicó que la fiscalización se realizó mediante herramientas automatizadas que permiten detectar, en tiempo real, infracciones como atrasos en respuestas a solicitudes de información, prórrogas notificadas extemporáneamente o simplemente la ausencia total de respuesta, con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema y reforzar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

¿Qué exige la ley a los órganos públicos que reciben una solicitud de información?
La Ley de Transparencia obliga a todos los órganos de la Administración del Estado a responder las solicitudes de acceso a información pública dentro de 20 días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otros 10 en casos calificados. Es importante destacar que cuando un organismo no responde, responde fuera de plazo o prorroga extemporáneamente su plazo de respuesta, está infringiendo la ley, y el CPLT puede:

–    Oficiar al servicio, solicitando medidas inmediatas de ajuste de procedimientos.
–  Conocer de amparos que inicien los solicitantes de la información y ordenar su entrega en caso de estimar que es pública.
–    Iniciar procedimientos sancionatorios, que pueden culminar con multas al jefe del servicio infractor.
–    Abrir nuevos procesos de fiscalización para revisar la evolución de su funcionamiento.

 

Fiscalización Masiva Tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información vía Portal de Transparencia