El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su última fiscalización anual sobre el personal de la Administración del Estado, que compara las cifras de septiembre de 2023 con las de septiembre de 2024 publicadas en los portales de transparencia de las instituciones indagadas. La Administración del Estado comprende tanto la Administración Central del Estado (Presidencia y delegaciones presidenciales, ministerios y subsecretarías, servicios dependientes de estos últimos, entre otros) como las municipalidades.
El informe evidenció que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024 la dotación total de la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas. De este total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%). Las cifras relevan que en este período el alza fue exclusivamente en los organismos centrales, que aumentaron casi 10 mil trabajadores, mientras que los municipios mostraron una leve baja de 287.
El análisis mostró que en la Administración Central predomina el empleo a contrata, que concentra un 61% de la dotación, seguido de un 18% de planta, un 14% de sujeción al Código del Trabajo y un 7% honorarios. Se advirtió, además, que casi la totalidad de los órganos analizados parece no cumplir con la limitación que establece el Estatuto Administrativo de que el total de sus funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta.
Asimismo, se constata que los sectores de salud y educación siguen siendo los que más personal concentran, con un 50% de total (más de 223 mil funcionarios) y un 17% (más de 77 mil funcionarios), respectivamente.
En tanto, en el nivel municipal, la cifra se ha mantenido estable en torno a los 392 mil funcionarios, con un promedio cercano a los 1.100 funcionarios por institución, y una distribución territorial encabezada por la Región Metropolitana con más de 85 mil trabajadores, seguida por Biobío con 51 mil y Maule con 46 mil. Valparaíso se ubica en cuarto lugar, con más de 43 mil funcionarios municipales, mientras que las regiones extremas de Magallanes y Aysén presentan las cifras más bajas.
El detalle por modalidad de contratación en los municipios indica que el personal de planta es la principal forma de contratación, con un 32% del total de la dotación municipal, seguida por honorarios con 24% y sujeción al Código del Trabajo y contrata, ambos con 22%, respectivamente. En relación con el personal a honorarios, se puede observar que, en comunas con alta población, como Maipú y Puente Alto, la proporción de funcionarios contratados bajo esa modalidad es especialmente elevada, alcanzando un 67% y un 58% de su dotación, respectivamente. También destaca el caso de Coquimbo, donde casi la mitad de su personal trabaja bajo esta modalidad.
Adicionalmente, cerca del 40% de los funcionarios municipales se desempeñan en el área de educación, seguida por gestión municipal con 36% y salud con 24%, mientras que la gestión de los cementerios concentra menos del 1% del total.
La fiscalización del CPLT también detectó que un 4% de los organismos de la Administración Central y un 8% de los municipios no publicaron de forma íntegra o actualizada la información sobre su personal en transparencia activa, incumpliendo con lo que establece la Ley de Transparencia y su normativa asociada.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, recalcó que: “En 2024 el gasto en personal en los organismos de la Administración Central fue de un 21,9% del total del presupuesto ejecutado. Por su parte, en los municipios alcanzó un 48,6% respecto del total de gastos de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de recursos públicos muy relevante, que lo hace una temática de especial interés ciudadano, y respecto de la cual este Consejo tendrá especial cuidado en fiscalizar que la información sea clara, accesible, completa y debidamente actualizada”.
González agrego que “esta fiscalización sobre la dotación de personal de la Administración del Estado es un ejercicio que hacemos de forma periódica y que seguiremos haciendo, ya que entendemos que es información fundamental para la formulación de políticas públicas. Es nuestro mandato fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar que el sector público, la academia, los medios y, en general, la ciudadanía, puedan acceder a esta información”.
En esta indagación se consideraron para 2024 un total de 752 sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, conformados por 407 organismos de la Administración Central del Estado y las 345 municipalidades. Sus resultados serán remitidos tanto a la Contraloría General de la República como a la Dirección de Presupuestos.
Informe de Fiscalización Personal Administración del Estado 2025
