Inédita Evaluación: CPLT detecta brechas de información sobre sistemas tecnológicos automatizados y semiautomatizados que usa el Estado para tomar decisiones

El Consejo para la Transparencia (CPLT) evaluó en septiembre de 2025 el nivel de acceso a la información sobre sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas en organismos de la Administración Central, así como el grado de adhesión a las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica emitidas por dicha corporación. La revisión se focalizó en aquellos sistemas que apoyan o inciden en la toma de decisiones vinculadas al acceso a subsidios, beneficios o servicios públicos.

El análisis alertó sobre las brechas existentes en el acceso a información sobre estas herramientas tecnológicas que usan algoritmos para – por ejemplo – cruzar datos u ordenar antecedentes, y que impactan directamente en la vida de las personas. Ellas tienen incidencia en una serie de materias, tales como otorgamiento de licencias médicas o pensiones, admisión escolar, subsidios, reclamos de consumidores y asignación de locales de votación, entre otros.

Respecto de la metodología usada, el CPLT ingresó solicitudes de acceso a la información pública a 18 instituciones donde se identificó el uso potencial de este tipo de herramientas en procesos vinculados a beneficios, subsidios o servicios, con el fin de caracterizarlas. En dichas solicitudes se les requirió informar sobre materias como la existencia de manuales, la participación de terceros en el diseño de estas tecnologías, convenios de colaboración, auditorías de los sistemas y protección de datos personales. Como una segunda acción, se revisaron los sitios web de transparencia activa de dichos organismos, así como de otros 10 organismos que tenían habilitado en éstos un apartado especial para publicar antecedentes sobre estas tecnologías, tal como lo recomienda el CPLT.

Entre los principales resultados en relación con las solicitudes de acceso a información, se detectó que la Subsecretaría de Redes Asistenciales respondió fuera del plazo legal. Por su parte, se identificaron 5 instituciones que no entregaron todos los antecedentes solicitados: FONASA, Instituto de Previsión Social, Servicio Electoral, Subsecretaría de Educación y Superintendencia de Seguridad Social.

Además, de las 18 instituciones consultadas, 10 informaron contar con sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. En específico, la Subsecretaría de Evaluación Social, en el Registro Social de Hogares; el Instituto de Previsión Social (IPS), respecto de la Pensión Garantizada Universal; la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el proceso de nominación de liquidadores o veedores; la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en materia de licencias médicas y subsidios maternales; el SERNAC, para analizar reclamos; el SERVEL, en la asignación de locales de votación; la Subsecretaría de Educación, respecto del Sistema de Admisión Escolar; FONASA, en la gestión de licencias médicas; y la Subsecretaría de Ciencias en la iniciativa “Robot de Datos Abiertos”.

En cuanto a la revisión realizada por el CPLT a los sitios web de transparencia activa de los 10 organismos que respondieron las solicitudes de información señalando que contaban con estas herramientas tecnológicas, 6 no tienen en sus sitios web el apartado especial para publicar antecedentes sobre ellas, según lo recomienda el CPLT. Asimismo, de la revisión a los sitios de los 10 organismos que sí tienen habilitado este apartado especial, solo 3 publicaban información siguiendo las recomendaciones del CPLT, mientras que los 7 restantes declaran que no cuentan con este tipo de herramientas.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Es positivo que el Estado se apoye en herramientas tecnológicas que puedan asistirlo en hacer más eficiente y eficaz su labor. Ahora bien, nuestra Constitución señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, y eso no cambia por el hecho que esos procedimientos que apoyan el proceso de toma de decisiones utilicen tecnología o algoritmos, más aún cuando pueden afectar el acceso de una persona a un beneficio, una licencia médica, una pensión, un colegio o un servicio público. Así, las personas tienen derecho a saber cómo funcionan, qué datos utilizan y qué resguardos existen respecto de su propia información, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan ser aplicables, conforme a las reglas establecidas en la materia. La modernización tecnológica en el proceso decisional es bienvenida, pero debe ser comprensible, explicable y sujeta a revisión”.

Desde el Consejo advirtieron que este tipo de tecnologías puede mejorar la gestión pública, pero su uso debe ir asociado a mayores estándares de transparencia, conforme a las reglas generales. Esto implica informar de manera simple qué herramienta se utiliza, para qué sirve, qué datos procesa, si intervienen terceros en su diseño, cuánto costó su desarrollo y si existen auditorías, informes o evaluaciones sobre su funcionamiento.

Cada vez más vecinos preguntan a sus municipios: Informe del CPLT detecta que solicitudes de información suben de 2.440 a más de 113 mil en 12 años

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer un nuevo informe que muestra cómo la ciudadanía está usando cada vez más la Ley de Transparencia para pedir información a sus municipalidades. Según el estudio, las solicitudes de acceso a información pública dirigidas a municipios pasaron de 2.440 al año en 2013 a 113.502 en 2024, el registro anual más alto del período analizado.

El informe, elaborado por la Unidad de Estudios y Relacionamiento Institucional del CPLT, busca encontrar relaciones entre la capacidad de los municipios para responder a solicitudes y publicar la información exigida por la Ley de Transparencia (transparencia activa); la demanda de las personas por información vía solicitudes; y el contexto local de estas, dado por su ruralidad, nivel de pobreza, grado de digitalización y participación electoral.

Se analizaron 779.181 solicitudes ingresadas entre 2013 y 2024, que fueron dirigidas a 336 municipalidades del país adscritas al Portal de Transparencia del Estado. La investigación revela que los municipios son una de las principales puertas de entrada para que las personas ejerzan su derecho a saber, ya que concentran más de un tercio de todas las solicitudes de información pública a nivel nacional en el período estudiado.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “estos datos muestran que la ciudadanía está preguntando más que nunca a sus municipios. Las personas quieren saber cómo se gastan los recursos públicos, qué contratos existen, cómo se toman las decisiones locales y qué pasa con temas que afectan directamente su vida cotidiana, tales como permisos, beneficios o programas sociales”.

El estudio detecta una serie de paradojas. Constata, en primer lugar, que, aunque los municipios han mejorado fuertemente los niveles de publicación de información en sus sitios web —pasando de un cumplimiento en transparencia activa de 54% en 2013 a 78% en 2024—, las solicitudes siguieron aumentando. Para el CPLT, esto muestra que no basta con publicar más datos: la información debe ser clara, útil, fácil de encontrar y responder a las preguntas reales de las personas.

Al respecto, Natalia González agregó que “Estos resultados refuerzan la idea que hemos venido señalando: necesitamos una modernización de la Ley de Transparencia. Nuestra propuesta busca fortalecer la transparencia activa, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables. En definitiva, ganar en calidad del dato publicado y simplificar a las personas la búsqueda de información pública que hoy tiene que hacer”.

El informe muestra además que el uso de la Ley de Transparencia no se distribuye por igual en todos los territorios. En números absolutos, las municipalidades con más solicitudes entre 2013 y 2024 son principalmente grandes comunas de la Región Metropolitana o capitales regionales, como Antofagasta, Santiago, Las Condes, Maipú y Providencia, que son las que mayor cantidad de solicitudes han recibido. Sin embargo, cuando las cifras se ajustan por población en cantidad de solicitudes por cada 10.000 habitantes, el mapa cambia: comunas con baja población, muchas de ellas rurales o aisladas, aparecen con un uso mucho más intenso del derecho a saber, con casos como Río Verde, Timaukel, Ollagüe, Laguna Blanca, Lago Verde y Tortel, que se ubican en la parte superior del ranking.

El estudio identifica asimismo una correlación clara entre ruralidad y uso de la Ley de Transparencia: a mayor ruralidad, mayor tasa de solicitudes por cada 10.000 habitantes. También muestra que en comunas con menor digitalización tiende a registrarse un uso más intenso de solicitudes formales, lo que sugiere que, en territorios con menos herramientas digitales disponibles, la ciudadanía recurre más a este mecanismo para obtener información pública.

En materia de respuesta, el informe muestra que las municipalidades mantienen un desempeño general relativamente positivo. En 2024, entregaron respuesta en el 91,9% de las solicitudes, es decir, en 9 de cada 10 requerimientos ingresados. Además, la mediana de respuesta se mantuvo entre 17 y 19 días hábiles durante el período analizado, menor al plazo legal de 20 días (ampliable en 10 días en caso de prórroga). Sin embargo, el promedio en los tiempos de respuesta superó el referido plazo legal.

Adicionalmente, el estudio comprende un análisis de tópicos de las solicitudes recibidas por las municipalidades en el 2024, a fin de entender cuáles son las materias más requeridas por las personas. La indagación arroja que “obras/DOM (Dirección de Obras Municipales)” con el 22% y “permisos de circulación” con el 17%, predominan. Los siguen “participación ciudadana” con un 15%, y “contratos/recursos humanos” con cerca del 10%.

El Consejo señaló que estos hallazgos refuerzan la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia, mejorar la calidad de la información publicada y avanzar hacia herramientas más simples y accesibles para la ciudadanía. La meta, enfatizaron, es que cualquier persona, sin importar la comuna donde viva, pueda ejercer efectivamente su derecho a saber.

Transparencia desde el primer día: CPLT inicia plan de capacitación para nuevos funcionarios públicos

La iniciativa “Transparencia desde el primer día” consistente en un ciclo de formación dirigido a autoridades, así como a encargados de transparencia (enlaces) y demás funcionarios de la Administración Central del Estado, busca acompañar a las nuevas autoridades, sus equipos y enlaces de transparencia en las distintas reparticiones públicas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia desde el inicio de su gestión

El programa comenzó en febrero, con charlas a los ministros y subsecretarios designados por el entonces electo presidente de la República. Tras el proceso de instalación del gobierno, continuarán las capacitaciones, esta vez, con el foco puesto en los equipos de transparencia de las diversas subsecretarias y servicios de la Administración Central, de manera que la transparencia esté incorporada en la forma en que se toman decisiones, se publica información y se responde a las personas.

El plan apunta a entregar herramientas prácticas para que los distintos servicios publiquen correctamente la información que exige la ley, respondan mejor las solicitudes de acceso a información pública y, en general, eviten errores, atrasos o incumplimientos que puedan afectar el derecho a saber de las personas.

La iniciativa considera tres jornadas temáticas, en modalidad híbrida, que se realizarán entre junio y agosto. El ciclo abordará, entre otras materias, la normativa legal y administrativa vigente en materia de transparencia activa (publicación de información del Estado exigida por la ley), con foco en transparencia presupuestaria; resultados de anteriores fiscalizaciones a la Administración; uso del Portal de Transparencia del Estado; gestión de solicitudes de acceso a información pública; causales de reserva de la información pública; sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia; y jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. En las instancias se revisarán casos reales y habrá espacios para resolver preguntas de los asistentes.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó que el objetivo es instalar la transparencia desde el comienzo de las nuevas gestiones públicas. “Estamos conscientes de que, al instalarse el nuevo gobierno en marzo, no solo asumieron nuevas autoridades, como subsecretarios o jefes de servicio, también es habitual que ocurran ciertas reconfiguraciones en los equipos de trabajo, y el caso de los equipos de transparencia no es la excepción. Este ciclo busca que los enlaces y funcionarios cuenten con herramientas concretas para cumplir con la ley y así fortalecer la confianza en las instituciones”, señaló.

El programa se suma al trabajo de formación que el CPLT ha impulsado en todo el país. Solo en 2025, el Consejo capacitó a más de 11 mil personas en materias de transparencia y acceso a la información pública, a través de jornadas presenciales, híbridas y remotas. Asimismo, impulsó “Aula Transparente”, la plataforma de formación del Consejo, que cuenta con cursos asincrónicos gratuitos disponibles para funcionarios y la ciudadanía en general, en que pueden formarse en materias de transparencia y acceso a información, lobby, protección de datos personales y probidad.

La primera jornada se realizó este 4 de junio y estuvo enfocada en analizar las obligaciones de publicación de información exigida por ley, el uso del Portal de Transparencia del Estado y el modelo de fiscalización del CPLT. La segunda, fijada para el 10 de julio, abordará la gestión de solicitudes de acceso a la información, amparos y causales de reserva. El ciclo cerrará el 7 de agosto con una sesión sobre incumplimientos de la Ley de Transparencia, sanciones, y jurisprudencia administrativa y judicial.

Desde el CPLT explicaron que el trabajo con enlaces es clave, ya que son quienes cumplen un rol directo en la publicación de información, la gestión de solicitudes de acceso a la información pública por parte de las personas y la coordinación interna para publicar y responder dentro de los plazos legales.

La iniciativa también se vincula con la agenda de modernización de la Ley de Transparencia que impulsa el Consejo, orientada a fortalecer y modernizar los estándares de publicación de la información del Estado y avanzar hacia un Estado más abierto, simple y accesible para las personas.

 

CPLT entrega a Hacienda información de deudores: autoridades y funcionarios públicos acumulan 155 multas por incumplir la Ley de Transparencia

El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, información consolidada sobre 155 multas impagas correspondientes a sanciones aplicadas por el CPLT durante el período que va entre enero 2022 a enero 2026 a autoridades y funcionarios públicos por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa.

La entrega fue realizada por el Consejo Directivo del CPLT, liderado por su presidenta, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, como parte de las gestiones que está impulsando la institución para asegurar y reforzar la coordinación institucional, de manera que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen.

De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables.

Respecto de los sancionados, en ciertos casos acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público.

Desde el CPLT explicaron que el Consejo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar las multas cuando corresponde. Una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, competente para realizar las acciones destinadas a obtener el pago de las multas adeudadas.

“Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley. Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Entre ellas, fiscalizamos, instruimos los procedimientos sancionatorios cuando corresponde, y sancionamos con multas cuando se constatan las infracciones legales, todo ello tras un debido proceso y conforme al marco legal vigente. Hoy estamos realizando las gestiones necesarias de coordinación institucional con la Subsecretaría de Hacienda para que la Tesorería General de la República cobre aquellas multas impuestas por el CPLT y que están impagas”, dijo la presidenta del CPLT, Natalia González.

Según lo establecido en la Ley de Transparencia, estas sanciones pueden ir entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y de lo acreditado en el respectivo procedimiento.

El catastro muestra que más de dos tercios de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa, es decir, información que los organismos deben mantener publicada y actualizada en el Portal de Transparencia -o sus sitios web si no están adscritos al Portal-, como contratos, compras, personal, remuneraciones, ejecución presupuestaria y otros antecedentes muy relevantes para el control ciudadano. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas.

Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas.

CPLT fiscaliza educación y anuncia investigaciones sumarias para organismos con bajo 65% de cumplimiento en la publicación de información exigida por ley

El Consejo para la Transparencia fiscalizó en 2025 a 71 instituciones del sector educación —18 universidades estatales, 15 centros de formación técnica estatales y 38 servicios locales de educación pública— para revisar si mantienen disponible, actualizada y completa la información que exige la Ley de Transparencia en sus sitios de transparencia activa.

El resultado global mostró un avance relevante: el cumplimiento promedio llegó a 83,24%, más de 11 puntos sobre el 71,73% registrado en 2024.

Sin embargo, la fiscalización también detectó casos críticos. Por ello, el CPLT acordó instruir investigaciones sumarias en los organismos que registren índices inferiores al 65% de cumplimiento y que ya hayan sido fiscalizados en más de un proceso, con el objetivo de corregir incumplimientos persistentes y asegurar que la información pública esté efectivamente disponible para la ciudadanía.

Se encuentran en dicha situación 5 organismos fiscalizados: el CFT de Aysén, con 0% de cumplimiento; la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 41,4%; el CFT de Coquimbo, con 60,03%; la Universidad de Chile, con 61,98%; y el CFT de Los Ríos, con 64,89%.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que los resultados muestran avances muy valorables, pero también revelan que aún existen zonas opacas en instituciones que administran recursos públicos y cumplen funciones clave para la ciudadanía.

“Cuando una institución del Estado no publica adecuadamente su presupuesto, sus compras, sus contrataciones o sus actos administrativos, se está afectando directamente el derecho de las personas a saber cómo se usan los recursos públicos. En educación, donde se administran cuantiosos recursos y se toman decisiones que impactan a miles de comunidades educativas, la transparencia no puede ser parcial ni depender de la voluntad de cada organismo”, señaló González.

El informe muestra diferencias importantes entre los distintos tipos de instituciones. Los servicios locales de educación pública fueron los que registraron el mayor cumplimiento promedio, con 85,27%, lo que representa un alza de 19,17 puntos respecto del año anterior. En tanto, los centros de formación técnica estatales alcanzaron 79,41%, con un incremento de 16,82 puntos frente a 2024.

La principal alerta se concentró en las universidades estatales, que bajaron de 86,70% en 2024 a 82,17% en 2025. Según el reporte, 11 de las 18 universidades fiscalizadas disminuyeron su nivel de cumplimiento, con caídas relevantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Chile.

La fiscalización identificó además las materias con mayores dificultades. En las universidades estatales: sanciones impuestas conforme a la Ley de Transparencia, con 30,8%; actos y resoluciones con efectos sobre terceros, con 55,9%, y subsidios y beneficios, con 63,2%. En los CFT, las principales falencias se observaron en presupuesto, con un cumplimiento de 51,11%, y en adquisiciones o contrataciones, con 63,56%. En los SLEP, la materia más débil fue también adquisiciones y contrataciones, con 54,73%, seguida por presupuesto, con 69,74%, y mecanismos de participación ciudadana, con 72,05%.

Entre los mejores resultados destacan la Universidad de La Serena, el CFT de Los Lagos y el SLEP Costa Central, todos con 100% de cumplimiento. También hubo mejoras significativas en organismos que habían sido objeto de investigaciones sumarias en 2024: 12 de 13 instituciones aumentaron sus niveles de cumplimiento, con un alza promedio superior a 61 puntos porcentuales.

“Estos datos confirman la importancia de fiscalizar de manera permanente. Vemos que la acción fiscalizadora y sancionatoria del Consejo tiene un efecto claro en materia de aumento de los estándares de transparencia de las instituciones sancionadas. En paralelo, seguiremos promoviendo y fortaleciendo capacidades de los equipos de transparencia de cada institución, a través de nuestras capacitaciones. La meta es que cada entidad pueda cumplir cabalmente con las exigencias de la Ley de Transparencia y que los antecedentes estén disponibles, actualizados y sean comprensibles para cualquier persona. No hay que olvidar que la transparencia activa es una herramienta concreta de control ciudadano y permite prevenir espacios de discrecionalidad, desorden o mal uso de recursos públicos”, agregó la presidenta del CPLT.

El Consejo para la Transparencia recalcó que continuará monitoreando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el sector educación, así como ofreciendo instancias de capacitación a lo largo de todo el país en materia de transparencia y acceso a la información.

Resumen fiscalización: 

Fiscalización: 

Fiscalización del CPLT detecta que gastos de representación y compras son las zonas más opacas de la Administración Central del Estado

El acceso a información clave sobre el uso de recursos públicos sigue presentando brechas relevantes en la Administración Central del Estado, especialmente la información presupuestaria y sobre adquisiciones y contrataciones, según la última fiscalización del Consejo para la Transparencia, que evaluó el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa en el período 2025.

La investigación analizó la disponibilidad, completitud y actualización de la información que la Ley de Transparencia obliga a publicar respecto de 338 organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo secretarías regionales ministeriales, delegaciones presidenciales regionales y provinciales, servicios de salud, hospitales, fuerzas armadas, servicios dependientes de ministerios, entre otros. Excluye a las subsecretarías, que fueron evaluadas separadamente (para más información ver: https://www.consejotransparencia.cl/a-pesar-del-alza-en-transparencia-de-las-subsecretarias-en-2025-cplt-detecta-que-persisten-brechas-en-adquisiciones-contrataciones-e-informacion-presupuestaria/).

Desde una vista agregada, la fiscalización reveló que el nivel de cumplimiento observado en este sector alcanza un promedio de 88,33%, representando un alza del orden de más de 10 puntos porcentuales respecto del año anterior (78,1%). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de información en áreas muy relevantes para que las personas puedan controlar cómo se usan los recursos públicos.

La materia con el más bajo cumplimiento es la información presupuestaria con un 57,56%. Dentro de esta materia, el ítem “gastos de representación, protocolo y ceremonial” son los antecedentes que se mantienen menos accesibles al público, con un 40,76% de cumplimiento. En concreto, 60 instituciones no publican este tipo de gastos y otras 33 los mantienen desactualizados. Lo siguen los ítems “modificaciones presupuestarias” con apenas un 45,89% de cumplimiento y “ejecución presupuestaria” que llega a 63,35%.

A esto se suma otro foco crítico: adquisiciones y contrataciones, que fue la segunda materia peor evaluada. En el detalle de los ítems que la conforman, “contratos formalizados mediante órdenes de compra” registra el menor índice de acceso con solo un 35,4% de cumplimiento. Ello, a pesar de ser un ítem que experimentó una importante alza respecto de 2024 de más de 21 puntos porcentuales. En la práctica, en 2025, 117 organismos no publicaron adecuadamente esta información, pese a su relevancia para conocer cómo se ejecuta el gasto público.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que estas cifras reflejan una deuda estructural: “Las mayores opacidades del Estado siguen concentrándose en cómo se usan los recursos públicos. Cuando esta información no está disponible o está desactualizada, se debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas. Por eso, estamos impulsando una modernización a la Ley de Transparencia que eleve y modernice los estándares y cierre progresivamente estos vacíos”.

El informe también muestra dispersión en el desempeño institucional. Mientras 46 organismos alcanzaron cumplimiento total del 100%, otros presentan rezagos significativos: 9 instituciones obtuvieron niveles críticos de cumplimiento, promediando 60 puntos o menos. Asimismo, se destaca que este año 65 instituciones bajaron su nivel de cumplimiento respecto del proceso del año anterior.

Desde el Consejo advierten que estos resultados – que serán enviados a la Contraloría General de la República – evidencian que las principales fallas se producen en la publicación de materias que requieren actualización permanente y que son clave para el control social del Estado.

Revisa el informe: 

Resumen de fiscalización: 

CPLT revela inédita radiografía de la transparencia en el Estado: 34% deja esta tarea en una sola persona y cerca del 80% de los encargados de transparencia no tiene dedicación exclusiva

El Consejo para la Transparencia dio a conocer un informe inédito que, por primera vez, levanta una radiografía nacional sobre cómo las instituciones públicas organizan internamente sus equipos de transparencia, quiénes están a cargo de responder solicitudes de información y publicar los antecedentes que corresponden y qué condiciones reales tienen para cumplir la Ley N°20.285 (Ley de Transparencia).

El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se basa en una encuesta que fue aplicada el 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la Ley de Transparencia y registró 955 respuestas válidas, equivalente a una tasa de respuesta de 85,9%.

Uno de los principales hallazgos es que, aunque la transparencia está instalada en gran parte del Estado, muchas veces funciona con equipos mínimos. A nivel general, 34,1% de los organismos declara que estas tareas recaen en una sola persona y 29,3% en dos personas. Es decir, cerca de dos tercios de las instituciones concentran la gestión de transparencia en equipos de una o dos personas.

La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que “este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado. No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía. Es justamente por ello, que este Consejo concentra sus esfuerzos en capacitar a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas, de forma constante y a lo largo de todo el país”.

Si el análisis se desagrega por tipo de organismo, se detectan diferencias relevantes entre ellos. Por ejemplo, en las municipalidades, 44,3% declara que estas labores recaen en una sola persona; en las corporaciones municipales, la cifra sube a 45,3%; y en las asociaciones de municipalidades llega a 65,7%.

No obstante lo anterior, el estudio muestra que existe una instalación formal importante: 86,9% de los organismos declara contar con al menos una persona designada ante el CPLT para gestionar sus obligaciones de transparencia y 93,5% señala tener una unidad, dependencia o persona encargada de transparencia activa y acceso a la información. Sin embargo, 33,7% no dispone de un acto administrativo que formalice funciones y responsabilidades, lo que evidencia que en una proporción relevante de instituciones estas tareas aún dependen de arreglos internos poco institucionalizados.

El segundo dato clave es que 79,4% de las personas responsables de transparencia designadas ante el CPLT no tienen dedicación exclusiva, por lo que cumplen esta función junto con otras tareas institucionales. En cuanto a la dedicación horaria, 57,1% dedica solo entre 1 y 10 horas semanales a labores de transparencia activa y acceso a la información, un 12,1% entre 11 y 20 horas semanales, un 9.6% entre 21 y 30 horas semanales, y solo un 21,2% más de 30 horas semanales.

Al desagregar la dedicación horaria por tipo de organismo, los promedios más altos están en ministerios, subsecretarías y seremis, con 21,3 horas semanales, y en municipalidades, con 20,9 horas. En el otro extremo, las empresas públicas que registran 1,7 horas semanales, y las asociaciones de municipalidades 5,2 horas.

González agregó que “La forma en que cada repartición gestiona el cumplimiento de la ley de transparencia es un asunto de competencia de cada uno de los jefes de servicio, quienes deben asignar el personal y el presupuesto correspondiente. Dicho eso, el cumplimiento de la ley de transparencia no es opcional, de manera que cada una de estas autoridades es responsable de gestionar adecuadamente esta materia para no caer en infracciones por incumplimientos a las obligaciones de transparencia activa y al deber de responder, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública. No olvidemos que la ciudadanía espera respuestas oportunas, completas y claras y que, si ello no ocurre, el CPLT puede aplicar las sanciones establecidas en la ley”.

El CPLT sostuvo que este censo entrega una línea de base para orientar acciones de capacitación, acompañamiento y fiscalización, además de aportar antecedentes para el debate sobre la modernización de la Ley de Transparencia. El organismo enfatizó que garantizar el acceso a la información pública no depende solo de normas, sino también de equipos suficientes, funciones claras y dedicación para responder a las personas.

Revisa el informe:

CPLT expuso en encuentro internacional de la Red de Transparencia y Acceso a la Información su modelo de formación: más de 11 mil personas capacitadas en Chile en 2025

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, participó en São Paulo, Brasil, en el panel internacional “Transparencia, integridad y acceso inclusivo a la información pública en Iberoamérica”, instancia que formó parte del 30º Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 2026, que reunió entre el 12 y 14 de mayo a los organismos garantes en la materia de los distintos países de la región.

La participación de Chile en esta cita se dio en el marco de la presencia activa del CPLT en la RTA, una de las principales redes internacionales dedicadas a fortalecer el derecho de acceso a la información pública, promover buenas prácticas, impulsar estándares comunes y consolidar la transparencia como una herramienta clave para la democracia, la integridad y la confianza ciudadana.

En ese espacio, González comenzó contextualizando la utilidad que ha tenido la Ley de Transparencia en Chile a lo largo de sus 17 años de vigencia. Sin embargo, recalcó la necesidad actual de modernizar esta normativa, a fin de resolver una serie de desafíos actuales. Entre ellos, se refirió a la aplicación expresa de esta legislación a entidades que cumplen una función administrativa y reciben recursos públicos, así como el poder avanzar en transparencia de los algoritmos que usa el Estado de manera creciente.

Ante la pregunta de cómo mantener vivo el derecho de acceso a la información pública, instó a los asistentes a evaluar la implementación de las leyes de transparencia de cada uno de sus países y tomar acciones de gestión o legislativas, dependiendo de los resultados de dicha evaluación. Asimismo, hizo una invitación a fortalecer el rol promotor de cada entidad, en un doble sentido: aumentar las capacidades de los funcionarios públicos y la ciudadanía, pero también a saber escuchar las propuestas de mejora que levantan los mismos usuarios en cada instancia de capacitación y considerarlas en los planes de mejora continua de cada servicio.

A continuación, expuso la experiencia chilena del CPLT en su rol de promoción del derecho de acceso a la información pública, detallando las acciones que ha llevado adelante en materia de formación y capacitación. Al respecto, y en términos generales, se destaca que en 2025 el Consejo realizó 123 actividades de capacitación a lo largo de todo el país, capacitando a 11.521 personas, incluyendo funcionarios públicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En el detalle, uno de los principales ejes presentados fue el Plan de Habilitación en Derecho de Acceso a la Información Pública (Plan DAI), iniciativa que acerca la transparencia a la ciudadanía, especialmente a organizaciones sociales, estudiantes, dirigentes comunitarios, personas mayores, comunidades indígenas, y grupos con mayores dificultades para relacionarse con el Estado. En ella se enseña de manera práctica cómo usar la Ley de Transparencia para enfrentar problemas concretos de sus comunidades, desde seguridad barrial, salud, vivienda, medioambiente y espacios públicos, hasta control del gasto municipal y acceso a servicios sociales, entre otras temáticas de su interés.

Durante 2025, las actividades del Plan DAI contaron con 1.012 participantes en seis regiones del país, mediante talleres presenciales y virtuales que explicaron cómo ejercer el derecho de acceso a la información y acompañaron a las personas en la formulación de solicitudes, el seguimiento de respuestas y, cuando correspondió, la presentación de reclamos ante el Consejo.

“La transparencia no puede ser un derecho reservado para quienes conocen el lenguaje del Estado. Nuestro desafío es que cualquier persona, desde una junta de vecinos, una comunidad escolar, una organización social o un territorio apartado, pueda saber qué preguntar, dónde hacerlo y, en definitiva, encuentre la información pública que busca. Ese es el sentido de nuestro trabajo de formación: que la Ley de Transparencia sea una herramienta para mejorar la vida de las personas”, señaló Natalia González.

Otra de las iniciativas expuestas fue Aula Transparente, plataforma formativa del CPLT que ofrece cursos gratuitos y asincrónicos para funcionarios públicos, la sociedad civil y el mundo educativo. En 2025, esta herramienta registró 4.736 personas inscritas y más de 13 mil visitas. Entre enero y abril de 2026, ya sumaba 2.330 nuevas personas inscritas, reflejando un creciente interés por aprender sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, Ley del Lobby o protección de datos personales.

Finalmente hizo un repaso por otra serie de herramientas e instancias que el CPLT lleva adelante en su rol promotor. Destacó la sección “CPLT en línea”, en donde el Consejo pone a disposición información sobre transparencia en formatos ciudadanos. Asimismo, la existencia de su Consejo de la Sociedad Civil, órgano consultivo que nutre la labor del Consejo. Adicionalmente, se refirió a las sesiones públicas que hace de forma habitual el CPLT en colegios del país, así como a su ya tradicional concurso de video escolares, ambas instancias enfocadas en el aprendizaje de estudiantes.

El panel fue moderado por Valmir Gomes Dias, Oidor General del Estado de São Paulo, y contó además con representantes de los órganos garantes en transparencia de República Dominicana, Buenos Aires y México.

Desde el CPLT destacaron que la presencia de Chile en esta instancia internacional permitió mostrar avances concretos en formación ciudadana y promoción del derecho de acceso a la información, además de fortalecer la cooperación con otros países y recoger buenas prácticas para seguir modernizando la política de transparencia en Chile.

Balance histórico 2025: CPLT resolvió más de 13 mil casos sobre información pública y Portal de Transparencia superó los 8 millones de visitas

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer su memoria institucional 2025, que muestra un aumento consistente en el uso de las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de la ciudadanía.

Durante el año pasado, el CPLT recibió 14.429 casos, la cifra anual más alta desde su instalación en 2009. De ellos, el 83,6% correspondió a amparos, presentados cuando una persona estima que un organismo no respondió una solicitud de acceso a información pública, negó información o entregó una respuesta incompleta; mientras que el 16,4% fueron reclamos por eventuales incumplimientos a obligaciones de transparencia activa.

El informe también revela el creciente uso del Portal de Transparencia del Estado, que en 2025 superó las 8,1 millones de visitas y acumuló más de 56 millones desde su creación en 2013. A través de esta plataforma se ingresaron 311.483 solicitudes de acceso a información pública a distintos organismos de la Administración del Estado, consolidando por tercer año consecutivo una cifra superior a las 300 mil solicitudes anuales.

La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que “los datos son claros: las personas están usando más que nunca la Ley de Transparencia para pedir información pública, controlar las decisiones de las autoridades y exigir rendición de cuentas y explicaciones. Ese aumento nos desafía a seguir reduciendo los tiempos, fortaleciendo la fiscalización y modernizando la institucionalidad para responder mejor a las necesidades de las personas”, señaló.

Durante 2025, el CPLT resolvió 13.380 casos, con un tiempo promedio de tramitación de 68 días, bajando así 5 días respecto del promedio de 2024 (73 días), manteniendo la tendencia de acortar los plazos de tramitación, a pesar de recibir más ingresos cada año.

De estos casos, el 32% fue declarados inadmisible, disminuyendo la inadmisibilidad un 6% respecto del año anterior, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia. Además, un 37% terminó mediante el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, mecanismo creado por el CPLT que permite gestionar la entrega de información sin necesidad de llegar a una decisión de fondo, ahorrando así tiempo de tramitación y mejorando la experiencia del usuario. Por su parte, un 30% de los casos requirió una decisión de fondo del Consejo. De ellos, un 52% fue acogido totalmente, un 16,6% acogido parcialmente y un 31,4% rechazados.

El balance también da cuenta de un año marcado por fiscalizaciones de alto interés público. El CPLT revisó materias como listas de espera, instrumentos de gestión de desastres, planes y consejos comunales de seguridad pública, registros laborales múltiples de funcionarios, uso de recursos del royalty minero, dimensión del personal de la Administración del Estado, gastos de representación y compra o arriendo de terrenos por parte de municipalidades.

Asimismo, destacó la fiscalización realizada a las 345 municipalidades del país en materia de transparencia activa, que arrojó un cumplimiento promedio de 81,7%, el nivel más alto registrado para este grupo de organismos. Las regiones con mejores resultados fueron la Metropolitana, con 85,8%; Valparaíso, con 84,8%; y Atacama, con 84,4%, sin perjuicio de detectarse falencias en áreas altamente sensibles para las personas, como lo es en qué se gasta el presupuesto municipal.

El documento también releva el despliegue del CPLT en formación y promoción. Durante 2025 se realizaron 123 actividades de capacitación, con 11.521 participantes, además del lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa destinada a acercar contenidos sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y probidad a funcionarios públicos y a la ciudadanía, a través de cursos asincrónicos. Asimismo, el Consejo puso en marcha la “Academia de Enlaces”, consistente en un programa de certificación de los encargados de transparencia de instituciones públicas, que comenzó con enlaces de distintas municipalidades en 2025 y se extenderá este 2026 a enlaces de corporaciones municipales y la Administración Central.

Natalia González agregó que el aumento en el uso de la Ley de Transparencia debe ir acompañado de una modernización normativa: “Chile cuenta con una institucionalidad que ha cumplido un rol clave durante más de 17 años, pero los desafíos actuales hacen necesaria una modernización. Se requiere consolidar un sistema único de transparencia, igual para todos los poderes del Estado y órganos autónomos constitucionales; elevar los estándares de transparencia activa, pasando a que la publicación de información en formatos reutilizables sea la regla general sobre las solicitudes individuales de cada persona; fortalecer las facultades de fiscalización del CPLT; y asegurar que toda institución que ejerza una función pública y administre recursos públicos esté sujeta a reglas claras de rendición de cuentas”, sostuvo.

Balance 2025

La memoria 2025 del CPLT se encuentra disponible en https://www.consejotransparencia.cl/informacion-institucional/.

CPLT detecta 50 entidades municipales sin página de transparencia y otras con fallas principalmente en publicación de escala de sueldos, contratos y presupuesto

50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).

Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).

Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.

Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.

“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.

Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.

Con la presencia del Pdte. de la República: CPLT presenta propuestas para modernizar la Ley de Transparencia y entrega balance anual en que reporta alza de 60% en investigaciones sumarias

En el marco del seminario internacional “La inteligencia artificial al servicio del acceso a la información”, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, dio cuenta de los principales hitos de gestión de la corporación en 2025. La actividad contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la presidenta del Senado y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot.

Durante su intervención, la presidenta del CPLT puso énfasis en el fortalecimiento del rol fiscalizador del organismo, destacando que durante 2025 se instruyeron 330 investigaciones sumarias, la cifra anual más alta en la historia de la institución, lo que representa un aumento cercano al 60% respecto del año anterior.

En paralelo, relevó el impacto del sistema de acceso a la información en la ciudadanía. Solo en 2025 se registraron más de 300 mil solicitudes de acceso a información pública, acumulando más de 2,4 millones desde 2013.

Asimismo, informó que el año pasado el Consejo tramitó más de 14 mil casos entre amparos y reclamos, y que, de los reclamos de ilegalidad interpuestos en tribunales contra sus decisiones, obtuvo resultados favorables en el 89% de casos, consolidando su jurisprudencia en materia de acceso a la información pública.

En materia de eficiencia, destacó una mejora en los tiempos de resolución de casos, pasando de 73 a 68 días promedio por caso. A ello se suma el fortalecimiento de las plataformas digitales, en particular el Portal de Transparencia del Estado de Chile, que superó los 8 millones de visitas durante el último año y acumula más de 56 millones desde su creación en 2013, integrando a más de 1.000 instituciones públicas en un solo sistema.

En el ámbito de formación, el CPLT capacitó en 2025 a más de 11.500 personas, a través de 123 actividades desarrolladas a lo largo de todo el país, reforzando la promoción del derecho de acceso a la información.

Junto con las cifras de gestión, González presentó los principales ejes de la propuesta de nueva Ley de Transparencia impulsada por el organismo. La iniciativa busca ampliar dicha ley en un sistema único de transparencia para todos los poderes del Estado. Además, pretende: incorporar a entidades que cumplen una función administrativa y se financian con recursos públicos, que hoy disputan su calidad de obligadas; fortalecer la transparencia activa, estableciendo como regla general la publicación proactiva de información relevante en vez de las solicitudes de acceso a información uno a uno; y consolidar una plataforma única de acceso a información pública, integrada, que facilite el uso de esta información por parte de la ciudadanía.

Asimismo, la propuesta plantea fortalecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias del CPLT; avanzar en transparencia algorítmica, estableciendo reglas para transparentar el uso de sistemas automatizados en el Estado y su impacto en las decisiones públicas; y hacer una serie de ajustes procedimentales, reduciendo plazos y simplificando trámites.

“No desaprovechemos la oportunidad de avanzar unidos en transparencia y mayor rendición de cuentas”, señaló la presidenta del CPLT al terminar su alocución.

El seminario internacional también contempló paneles especializados sobre transparencia, acceso a la información y su relación con la inteligencia artificial, con la participación de expertos nacionales e internacionales, así como la entrega de reconocimientos a funcionarios encargados de transparencia de distintas reparticiones públicas que cursaron el programa de formación de enlaces de transparencia ofrecido por el CPLT.

La actividad marcó además el cierre de la denominada “Semana de la Transparencia 2026” organizada por el CPLT, que incluyó un despliegue a nivel nacional de sus funcionarios en terreno, quienes acudieron a municipalidades, gobiernos regionales, y servicios de la Administración Central a entregar material útil en materia de probidad y transparencia a sus autoridades y encargados de transparencia. Entre las iniciativas destacó la realización de una sesión pública del Consejo Directivo del CPLT en el Liceo de San Felipe, donde estudiantes pudieron conocer en vivo el funcionamiento del organismo y se pudo acercar su rol a la comunidad escolar.

 

CPLT en Cifras

 

Transparencia en municipalidades: A pesar del alza en el cumplimiento general, CPLT detecta fallas en presupuestos y compras

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización de transparencia activa a las municipalidades. El análisis evaluó el nivel de cumplimiento de las municipalidades, en el año 2025, con la obligación que les impone la Ley de Transparencia de publicar y actualizar mensualmente una serie de información de naturaleza pública. La escala de evaluación va del 100% a 0%, siendo el 100% asignado a aquellas municipalidades que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones de transparencia activa.

El nivel de cumplimiento de los 345 municipios alcanzó un promedio de 81,76%, lo que representa el nivel de desempeño más alto desde que se mide. Respecto del proceso de fiscalización del año 2024, cuyo resultado fue de 78,1%, se registró un aumento de 3,66 puntos porcentuales.

Sin embargo, el informe también detectó brechas relevantes en materias críticas, pese a tratarse de información que por ley debe estar disponible de forma permanente, actualizada y completa. Entre las principales falencias detectadas en áreas específicas, se advierte que la publicación de los actos y resoluciones con efectos sobre terceros —decisiones municipales que impactan directamente a personas y empresas— alcanza solo un 64,2% de cumplimiento, con numerosos casos de información incompleta, desactualizada o derechamente inaccesible.

A ello le sigue la información presupuestaria, que llega apenas a un 67,6%, concentrando los menores niveles de cumplimiento en la publicación de pasivos municipales y de corporaciones municipales. Luego, como el tercer ítem con menor puntaje, encontramos compras y adquisiciones, con un 67,8% de cumplimiento. Al respecto, los sub-ítems más críticos fueron contratación de bienes muebles y servicios, en que el cumplimiento cae drásticamente a solo un 42,5%, y contrataciones formalizadas por orden de compra, con un 61,1%.

Desde un análisis particularizado por municipalidad, se destacan 3 municipios en los que no se detectaron infracciones, logrando un 100% de cumplimiento: Curacaví, San Fabián y Punta Arenas. Por el contrario, el reporte también revela que un 12% del total de municipalidades se mantiene bajo el 65% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, y, entre ellas, 7 municipalidades no superan el 50% de cumplimiento: San Ignacio, Malloa, Peñaflor, Antuco, Hualañé, Vichuquén y Victoria.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que: “Es valorable el aumento en los índices de cumplimiento de las municipalidades. Me parece que es fruto de un doble esfuerzo: de los alcaldes y sus equipos de transparencia, por una parte, y, por la otra, de la incansable labor de este Consejo, tanto en la arista de la promoción, ofreciendo capacitaciones y orientación a lo largo de todo el país, como en su rol de fiscalización y sanción, que ha dado resultados concretos”.

La autoridad agregó que “No obstante lo anterior, la obligación y el objetivo de cada municipalidad debe ser el 100% de cumplimiento. Vemos que todavía persisten bajos niveles de publicidad en materias que son fundamentales para la ciudadanía. Cuando hay falencias en la publicación de información sobre presupuestos, compras o decisiones que afectan a terceros, se vulnera el derecho a saber y se debilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones, lo que es fundamental en una democracia”, señaló.

Desde el CPLT indicaron que la publicación de los resultados de esta fiscalización vendrá acompañada de acciones de seguimiento, exigencias de corrección y la instrucción de procedimientos sancionatorios contra aquellos municipios que presentan los niveles más bajos de cumplimiento. Asimismo, se informó que el reporte de fiscalización sería enviado a la Contraloría General de la República, para que sea usado para los fines que estime pertinentes. De esta forma, el Consejo reitera que la transparencia es una obligación legal y un derecho de las personas.

Informe Transparencia Activa municipalidades 2025