El Consejo para la Transparencia está impulsando acciones de refuerzo de seguridad digital en el Portal de Transparencia del Estado que utilizan más de mil cien organismos públicos del país. Lo anterior, con el objetivo de proteger los accesos, ordenar el uso de claves y prevenir problemas que puedan afectar la atención de solicitudes de información pública que dirigen las personas a dichos organismos o bien la publicación de información exigida por la Ley de Transparencia.

La medida apunta a acciones concretas, tales como que las instituciones revisen quiénes de sus funcionarios tienen acceso al portal, eliminen usuarios que ya no correspondan, actualicen permisos, eviten compartir claves y reporten rápidamente cualquier situación sospechosa.

Actualmente, el Portal de Transparencia del Estado reúne a 1.102 organismos públicos, entre ellos servicios de la Administración Central del Estado, gobiernos regionales, municipalidades, corporaciones y asociaciones municipales, y otras instituciones obligadas por la Ley de Transparencia. A modo de ejemplo, y para comprender la magnitud del tráfico digital que se desarrolla a través de este sitio, solo en abril de 2026 registró más de 821 mil visitas y 32.528 solicitudes de acceso a información pública fueron dirigidas por su intermedio.

Desde el CPLT explicaron que el objetivo es simple: reforzar la ciberseguridad de una de las principales puertas digitales que tiene la ciudadanía para pedir información al Estado y revisar antecedentes que deben estar disponibles permanentemente.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando hablamos de transparencia, también hablamos de confianza. Si miles de personas usan este portal para revisar o solicitar información pública, es fundamental que los organismos mantengan sus accesos ordenados, sus claves protegidas y sus usuarios actualizados. Son medidas simples, pero muy importantes para cuidar el funcionamiento del sistema y el adecuado resguardo de información institucional”.

El trabajo impulsado por el Consejo considera recomendaciones prácticas para los equipos encargados de transparencia, entre ellas: usar contraseñas robustas y únicas, no compartir credenciales, revisar periódicamente los usuarios activos, asignar permisos solo a quienes realmente los necesitan y eliminar accesos de personas que dejaron de cumplir funciones vinculadas al portal.

También se pidió a los organismos públicos reforzar el cuidado frente a correos sospechosos, no abrir enlaces desconocidos, usar equipos y redes de wifi institucionales y reportar de inmediato cualquier actividad extraña como accesos no autorizados o malware, phishing o smishing.

Desde el Consejo señalaron que esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo orientada a mejorar los estándares de seguridad, disponibilidad y confianza de los canales digitales de transparencia. Para ello, el organismo continuará incluyendo estas temáticas en sus capacitaciones habituales, a fin de orientar y compartir buenas prácticas con las instituciones públicas que utilizan esta plataforma.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó una nueva guía que explica, en simple, la forma en que los órganos de la Administración del Estado deben dar cumplimiento a las obligaciones de publicación de información que se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.

La guía no crea nuevas obligaciones. Lo que hace es ordenar lo que ya se debe transparentar por mandato de la referida ley de presupuestos, pero que, dada su extensión y complejidad, en la práctica se hace difícil de publicar sin mediar orientaciones. Por lo anterior, este documento clarifica a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas cómo publicar estos antecedentes sobre el uso de recursos públicos, permitiendo a la ciudadanía entender en qué se gastan.

Dentro de la información que se debe publicar se encuentra, por ejemplo, las actas de evaluación de licitaciones y compras, que son el documento donde se explica qué empresas participaron, cómo se evaluó su oferta y por qué se eligió a una sobre otras. Asimismo, hay que publicar información que se debe remitir al Congreso Nacional, tal como el cronograma mensual de gastos o las contrataciones y desvinculaciones de funcionarios.

Adicionalmente, la guía aborda cómo publicar los gastos asociados a avisaje y publicidad, debiendo informarse el contenido publicado, cuánto se pagó, en qué medios se difundió y quién fue contratado para ello, entre otros aspectos. También se incluye la publicación de información sobre transferencias de recursos a fundaciones u otras entidades privadas, debiendo explicitarse información de la entidad receptora, del proyecto que se financió y el monto de dinero entregado, entre otros antecedentes.

Del mismo modo, existen orientaciones tanto para los gobiernos regionales como para las municipalidades que son beneficiarios de recursos provenientes de la Ley del Royalty, para publicar cómo se ejecutan dichos fondos.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “esta guía busca algo bien concreto: orientar a las distintas reparticiones públicas para que cumplan cabalmente sus obligaciones de transparencia presupuestaria, y así las personas puedan entender en qué se están usando los recursos fiscales”.

“Cuando la información no está o está mal publicada, las personas no pueden ejercer control. Por eso es importante ordenar qué se publica y cómo. No hay que olvidar que, si algún órgano de la Administración del Estado falla en estos deberes de transparencia presupuestaria, las personas pueden recurrir ante el Consejo para la Transparencia y el incumplimiento derivar en la aplicación de una sanción”, agregó González.

El CPLT también invita a la ciudadanía a revisar esta guía, dado que es una herramienta útil para saber qué información se puede exigir. El documento ya está disponible en www.cplt.cl.

Revisa la guía

Un informe internacional elaborado por la Folke Bernadotte Academy (FBA), organismo del gobierno sueco dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores especializado en paz, seguridad y desarrollo, destacó al Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile como caso pionero en América Latina por su trabajo en avanzar hacia mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos frente al uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas en el sector público.

El reporte, titulado AI and the New Shape of Democratic Power and Peace Processes, analiza cómo la inteligencia artificial está transformando la democracia, la prestación de servicios públicos, la participación ciudadana y los procesos de paz, en un contexto global marcado por el avance acelerado de nuevas tecnologías y crecientes desafíos para la confianza pública.

En ese marco, el informe releva la experiencia del CPLT como ejemplo concreto de cómo las instituciones públicas pueden avanzar en reglas y estándares para que el uso de inteligencia artificial en el Estado no opere como una “caja negra” frente a la ciudadanía, especialmente cuando estas herramientas pueden incidir en la adopción de decisiones, la prestación de servicios o el otorgamiento de beneficios a la población.

El documento recuerda que, ya en 2020, el Consejo para la Transparencia investigó el uso de inteligencia artificial en el sector público chileno y detectó que estas herramientas estaban siendo utilizadas en procesos estratégicos y de apoyo, pero muchas veces sin suficiente información disponible para las personas. Esa falta de claridad, advierte el informe, puede afectar la confianza pública, considerada un pilar esencial de la democracia.

Luego de esa fase inicial, y como uno de los hitos destacados del trabajo del CPLT en el área, dictó en agosto de 2024 la Resolución N°372, documento que el informe identifica como la primera recomendación de América Latina sobre transparencia algorítmica en el sector público. Esta recomendación establece criterios para que los organismos informen de manera clara sobre los sistemas tecnológicos de decisión automatizada que utilizan, sus objetivos, funcionamiento, datos empleados, resultados esperados y mecanismos de responsabilidad.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, quien fue mencionada en el informe por su aporte en la exposición del caso chileno incluido en la sección sobre inteligencia artificial y servicios públicos, señaló que “cuando el Estado usa herramientas tecnológicas para apoyar decisiones que afectan a las personas, ellas tienen derecho a saber que existen, para qué se usan y qué resguardos tienen. La innovación pública es necesaria para lograr mayor eficiencia, pero debe avanzar de la mano de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los datos personales”.

El informe también subraya que la inteligencia artificial puede mejorar la entrega de servicios públicos, facilitar la participación ciudadana y apoyar procesos de paz; y aborda casos de éxito en ese sentido. Pero también advierte que, sin reglas claras, puede aumentar la desinformación, profundizar desigualdades, reproducir sesgos y debilitar la responsabilidad de las instituciones frente a la ciudadanía.

En esa línea, el documento plantea que la IA no debe ser entendida como una solución en sí misma, sino como una herramienta cuyo impacto dependerá de la capacidad de los Estados para gobernarla. Para el caso chileno, el trabajo del CPLT aparece como una experiencia orientada a alinear la innovación pública y la eficiencia con valores democráticos, transparencia y resguardo de derechos.

Durante 2025, el Consejo también publicó una guía práctica para apoyar a los organismos públicos en la implementación de sus recomendaciones y así facilitar que la información sobre herramientas tecnológicas sea comprensible, útil y accesible para las personas.

El reconocimiento internacional se da en medio de una discusión cada vez más urgente sobre cómo modernizar las normas de transparencia frente al avance de nuevas tecnologías en el Estado. Para ello, el CPLT presentó este año al Presidente de la República y a ambas mesas del Congreso una propuesta de “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, a fin de que sea adoptada y así se aborden finalmente estos desafíos pendientes. Para ver más sobre esta propuesta de modernización de una normativa que lleva más de 17 años de vigencia, visite: https://www.consejotransparencia.cl/cplt-entrega-propuesta-de-nueva-ley-de-transparencia-para-chile-al-presidente-electo/).

Revisa el informe aquí:

El Consejo para la Transparencia (CPLT) evaluó en septiembre de 2025 el nivel de acceso a la información sobre sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas en organismos de la Administración Central, así como el grado de adhesión a las Recomendaciones de Transparencia Algorítmica emitidas por dicha corporación. La revisión se focalizó en aquellos sistemas que apoyan o inciden en la toma de decisiones vinculadas al acceso a subsidios, beneficios o servicios públicos.

El análisis alertó sobre las brechas existentes en el acceso a información sobre estas herramientas tecnológicas que usan algoritmos para – por ejemplo – cruzar datos u ordenar antecedentes, y que impactan directamente en la vida de las personas. Ellas tienen incidencia en una serie de materias, tales como otorgamiento de licencias médicas o pensiones, admisión escolar, subsidios, reclamos de consumidores y asignación de locales de votación, entre otros.

Respecto de la metodología usada, el CPLT ingresó solicitudes de acceso a la información pública a 18 instituciones donde se identificó el uso potencial de este tipo de herramientas en procesos vinculados a beneficios, subsidios o servicios, con el fin de caracterizarlas. En dichas solicitudes se les requirió informar sobre materias como la existencia de manuales, la participación de terceros en el diseño de estas tecnologías, convenios de colaboración, auditorías de los sistemas y protección de datos personales. Como una segunda acción, se revisaron los sitios web de transparencia activa de dichos organismos, así como de otros 10 organismos que tenían habilitado en éstos un apartado especial para publicar antecedentes sobre estas tecnologías, tal como lo recomienda el CPLT.

Entre los principales resultados en relación con las solicitudes de acceso a información, se detectó que la Subsecretaría de Redes Asistenciales respondió fuera del plazo legal. Por su parte, se identificaron 5 instituciones que no entregaron todos los antecedentes solicitados: FONASA, Instituto de Previsión Social, Servicio Electoral, Subsecretaría de Educación y Superintendencia de Seguridad Social.

Además, de las 18 instituciones consultadas, 10 informaron contar con sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. En específico, la Subsecretaría de Evaluación Social, en el Registro Social de Hogares; el Instituto de Previsión Social (IPS), respecto de la Pensión Garantizada Universal; la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el proceso de nominación de liquidadores o veedores; la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en materia de licencias médicas y subsidios maternales; el SERNAC, para analizar reclamos; el SERVEL, en la asignación de locales de votación; la Subsecretaría de Educación, respecto del Sistema de Admisión Escolar; FONASA, en la gestión de licencias médicas; y la Subsecretaría de Ciencias en la iniciativa “Robot de Datos Abiertos”.

En cuanto a la revisión realizada por el CPLT a los sitios web de transparencia activa de los 10 organismos que respondieron las solicitudes de información señalando que contaban con estas herramientas tecnológicas, 6 no tienen en sus sitios web el apartado especial para publicar antecedentes sobre ellas, según lo recomienda el CPLT. Asimismo, de la revisión a los sitios de los 10 organismos que sí tienen habilitado este apartado especial, solo 3 publicaban información siguiendo las recomendaciones del CPLT, mientras que los 7 restantes declaran que no cuentan con este tipo de herramientas.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “Es positivo que el Estado se apoye en herramientas tecnológicas que puedan asistirlo en hacer más eficiente y eficaz su labor. Ahora bien, nuestra Constitución señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, y eso no cambia por el hecho que esos procedimientos que apoyan el proceso de toma de decisiones utilicen tecnología o algoritmos, más aún cuando pueden afectar el acceso de una persona a un beneficio, una licencia médica, una pensión, un colegio o un servicio público. Así, las personas tienen derecho a saber cómo funcionan, qué datos utilizan y qué resguardos existen respecto de su propia información, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan ser aplicables, conforme a las reglas establecidas en la materia. La modernización tecnológica en el proceso decisional es bienvenida, pero debe ser comprensible, explicable y sujeta a revisión”.

Desde el Consejo advirtieron que este tipo de tecnologías puede mejorar la gestión pública, pero su uso debe ir asociado a mayores estándares de transparencia, conforme a las reglas generales. Esto implica informar de manera simple qué herramienta se utiliza, para qué sirve, qué datos procesa, si intervienen terceros en su diseño, cuánto costó su desarrollo y si existen auditorías, informes o evaluaciones sobre su funcionamiento.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer un nuevo informe que muestra cómo la ciudadanía está usando cada vez más la Ley de Transparencia para pedir información a sus municipalidades. Según el estudio, las solicitudes de acceso a información pública dirigidas a municipios pasaron de 2.440 al año en 2013 a 113.502 en 2024, el registro anual más alto del período analizado.

El informe, elaborado por la Unidad de Estudios y Relacionamiento Institucional del CPLT, busca encontrar relaciones entre la capacidad de los municipios para responder a solicitudes y publicar la información exigida por la Ley de Transparencia (transparencia activa); la demanda de las personas por información vía solicitudes; y el contexto local de estas, dado por su ruralidad, nivel de pobreza, grado de digitalización y participación electoral.

Se analizaron 779.181 solicitudes ingresadas entre 2013 y 2024, que fueron dirigidas a 336 municipalidades del país adscritas al Portal de Transparencia del Estado. La investigación revela que los municipios son una de las principales puertas de entrada para que las personas ejerzan su derecho a saber, ya que concentran más de un tercio de todas las solicitudes de información pública a nivel nacional en el período estudiado.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “estos datos muestran que la ciudadanía está preguntando más que nunca a sus municipios. Las personas quieren saber cómo se gastan los recursos públicos, qué contratos existen, cómo se toman las decisiones locales y qué pasa con temas que afectan directamente su vida cotidiana, tales como permisos, beneficios o programas sociales”.

El estudio detecta una serie de paradojas. Constata, en primer lugar, que, aunque los municipios han mejorado fuertemente los niveles de publicación de información en sus sitios web —pasando de un cumplimiento en transparencia activa de 54% en 2013 a 78% en 2024—, las solicitudes siguieron aumentando. Para el CPLT, esto muestra que no basta con publicar más datos: la información debe ser clara, útil, fácil de encontrar y responder a las preguntas reales de las personas.

Al respecto, Natalia González agregó que “Estos resultados refuerzan la idea que hemos venido señalando: necesitamos una modernización de la Ley de Transparencia. Nuestra propuesta busca fortalecer la transparencia activa, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables. En definitiva, ganar en calidad del dato publicado y simplificar a las personas la búsqueda de información pública que hoy tiene que hacer”.

El informe muestra además que el uso de la Ley de Transparencia no se distribuye por igual en todos los territorios. En números absolutos, las municipalidades con más solicitudes entre 2013 y 2024 son principalmente grandes comunas de la Región Metropolitana o capitales regionales, como Antofagasta, Santiago, Las Condes, Maipú y Providencia, que son las que mayor cantidad de solicitudes han recibido. Sin embargo, cuando las cifras se ajustan por población en cantidad de solicitudes por cada 10.000 habitantes, el mapa cambia: comunas con baja población, muchas de ellas rurales o aisladas, aparecen con un uso mucho más intenso del derecho a saber, con casos como Río Verde, Timaukel, Ollagüe, Laguna Blanca, Lago Verde y Tortel, que se ubican en la parte superior del ranking.

El estudio identifica asimismo una correlación clara entre ruralidad y uso de la Ley de Transparencia: a mayor ruralidad, mayor tasa de solicitudes por cada 10.000 habitantes. También muestra que en comunas con menor digitalización tiende a registrarse un uso más intenso de solicitudes formales, lo que sugiere que, en territorios con menos herramientas digitales disponibles, la ciudadanía recurre más a este mecanismo para obtener información pública.

En materia de respuesta, el informe muestra que las municipalidades mantienen un desempeño general relativamente positivo. En 2024, entregaron respuesta en el 91,9% de las solicitudes, es decir, en 9 de cada 10 requerimientos ingresados. Además, la mediana de respuesta se mantuvo entre 17 y 19 días hábiles durante el período analizado, menor al plazo legal de 20 días (ampliable en 10 días en caso de prórroga). Sin embargo, el promedio en los tiempos de respuesta superó el referido plazo legal.

Adicionalmente, el estudio comprende un análisis de tópicos de las solicitudes recibidas por las municipalidades en el 2024, a fin de entender cuáles son las materias más requeridas por las personas. La indagación arroja que “obras/DOM (Dirección de Obras Municipales)” con el 22% y “permisos de circulación” con el 17%, predominan. Los siguen “participación ciudadana” con un 15%, y “contratos/recursos humanos” con cerca del 10%.

El Consejo señaló que estos hallazgos refuerzan la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia, mejorar la calidad de la información publicada y avanzar hacia herramientas más simples y accesibles para la ciudadanía. La meta, enfatizaron, es que cualquier persona, sin importar la comuna donde viva, pueda ejercer efectivamente su derecho a saber.

La iniciativa “Transparencia desde el primer día” consistente en un ciclo de formación dirigido a autoridades, así como a encargados de transparencia (enlaces) y demás funcionarios de la Administración Central del Estado, busca acompañar a las nuevas autoridades, sus equipos y enlaces de transparencia en las distintas reparticiones públicas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia desde el inicio de su gestión

El programa comenzó en febrero, con charlas a los ministros y subsecretarios designados por el entonces electo presidente de la República. Tras el proceso de instalación del gobierno, continuarán las capacitaciones, esta vez, con el foco puesto en los equipos de transparencia de las diversas subsecretarias y servicios de la Administración Central, de manera que la transparencia esté incorporada en la forma en que se toman decisiones, se publica información y se responde a las personas.

El plan apunta a entregar herramientas prácticas para que los distintos servicios publiquen correctamente la información que exige la ley, respondan mejor las solicitudes de acceso a información pública y, en general, eviten errores, atrasos o incumplimientos que puedan afectar el derecho a saber de las personas.

La iniciativa considera tres jornadas temáticas, en modalidad híbrida, que se realizarán entre junio y agosto. El ciclo abordará, entre otras materias, la normativa legal y administrativa vigente en materia de transparencia activa (publicación de información del Estado exigida por la ley), con foco en transparencia presupuestaria; resultados de anteriores fiscalizaciones a la Administración; uso del Portal de Transparencia del Estado; gestión de solicitudes de acceso a información pública; causales de reserva de la información pública; sanciones por incumplimiento de la Ley de Transparencia; y jurisprudencia administrativa y judicial en la materia. En las instancias se revisarán casos reales y habrá espacios para resolver preguntas de los asistentes.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó que el objetivo es instalar la transparencia desde el comienzo de las nuevas gestiones públicas. “Estamos conscientes de que, al instalarse el nuevo gobierno en marzo, no solo asumieron nuevas autoridades, como subsecretarios o jefes de servicio, también es habitual que ocurran ciertas reconfiguraciones en los equipos de trabajo, y el caso de los equipos de transparencia no es la excepción. Este ciclo busca que los enlaces y funcionarios cuenten con herramientas concretas para cumplir con la ley y así fortalecer la confianza en las instituciones”, señaló.

El programa se suma al trabajo de formación que el CPLT ha impulsado en todo el país. Solo en 2025, el Consejo capacitó a más de 11 mil personas en materias de transparencia y acceso a la información pública, a través de jornadas presenciales, híbridas y remotas. Asimismo, impulsó “Aula Transparente”, la plataforma de formación del Consejo, que cuenta con cursos asincrónicos gratuitos disponibles para funcionarios y la ciudadanía en general, en que pueden formarse en materias de transparencia y acceso a información, lobby, protección de datos personales y probidad.

La primera jornada se realizó este 4 de junio y estuvo enfocada en analizar las obligaciones de publicación de información exigida por ley, el uso del Portal de Transparencia del Estado y el modelo de fiscalización del CPLT. La segunda, fijada para el 10 de julio, abordará la gestión de solicitudes de acceso a la información, amparos y causales de reserva. El ciclo cerrará el 7 de agosto con una sesión sobre incumplimientos de la Ley de Transparencia, sanciones, y jurisprudencia administrativa y judicial.

Desde el CPLT explicaron que el trabajo con enlaces es clave, ya que son quienes cumplen un rol directo en la publicación de información, la gestión de solicitudes de acceso a la información pública por parte de las personas y la coordinación interna para publicar y responder dentro de los plazos legales.

La iniciativa también se vincula con la agenda de modernización de la Ley de Transparencia que impulsa el Consejo, orientada a fortalecer y modernizar los estándares de publicación de la información del Estado y avanzar hacia un Estado más abierto, simple y accesible para las personas.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, información consolidada sobre 155 multas impagas correspondientes a sanciones aplicadas por el CPLT durante el período que va entre enero 2022 a enero 2026 a autoridades y funcionarios públicos por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa.

La entrega fue realizada por el Consejo Directivo del CPLT, liderado por su presidenta, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, como parte de las gestiones que está impulsando la institución para asegurar y reforzar la coordinación institucional, de manera que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen.

De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables.

Respecto de los sancionados, en ciertos casos acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público.

Desde el CPLT explicaron que el Consejo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar las multas cuando corresponde. Una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, competente para realizar las acciones destinadas a obtener el pago de las multas adeudadas.

“Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley. Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Entre ellas, fiscalizamos, instruimos los procedimientos sancionatorios cuando corresponde, y sancionamos con multas cuando se constatan las infracciones legales, todo ello tras un debido proceso y conforme al marco legal vigente. Hoy estamos realizando las gestiones necesarias de coordinación institucional con la Subsecretaría de Hacienda para que la Tesorería General de la República cobre aquellas multas impuestas por el CPLT y que están impagas”, dijo la presidenta del CPLT, Natalia González.

Según lo establecido en la Ley de Transparencia, estas sanciones pueden ir entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y de lo acreditado en el respectivo procedimiento.

El catastro muestra que más de dos tercios de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa, es decir, información que los organismos deben mantener publicada y actualizada en el Portal de Transparencia -o sus sitios web si no están adscritos al Portal-, como contratos, compras, personal, remuneraciones, ejecución presupuestaria y otros antecedentes muy relevantes para el control ciudadano. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas.

Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas.

El Consejo para la Transparencia fiscalizó en 2025 a 71 instituciones del sector educación —18 universidades estatales, 15 centros de formación técnica estatales y 38 servicios locales de educación pública— para revisar si mantienen disponible, actualizada y completa la información que exige la Ley de Transparencia en sus sitios de transparencia activa.

El resultado global mostró un avance relevante: el cumplimiento promedio llegó a 83,24%, más de 11 puntos sobre el 71,73% registrado en 2024.

Sin embargo, la fiscalización también detectó casos críticos. Por ello, el CPLT acordó instruir investigaciones sumarias en los organismos que registren índices inferiores al 65% de cumplimiento y que ya hayan sido fiscalizados en más de un proceso, con el objetivo de corregir incumplimientos persistentes y asegurar que la información pública esté efectivamente disponible para la ciudadanía.

Se encuentran en dicha situación 5 organismos fiscalizados: el CFT de Aysén, con 0% de cumplimiento; la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 41,4%; el CFT de Coquimbo, con 60,03%; la Universidad de Chile, con 61,98%; y el CFT de Los Ríos, con 64,89%.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, afirmó que los resultados muestran avances muy valorables, pero también revelan que aún existen zonas opacas en instituciones que administran recursos públicos y cumplen funciones clave para la ciudadanía.

“Cuando una institución del Estado no publica adecuadamente su presupuesto, sus compras, sus contrataciones o sus actos administrativos, se está afectando directamente el derecho de las personas a saber cómo se usan los recursos públicos. En educación, donde se administran cuantiosos recursos y se toman decisiones que impactan a miles de comunidades educativas, la transparencia no puede ser parcial ni depender de la voluntad de cada organismo”, señaló González.

El informe muestra diferencias importantes entre los distintos tipos de instituciones. Los servicios locales de educación pública fueron los que registraron el mayor cumplimiento promedio, con 85,27%, lo que representa un alza de 19,17 puntos respecto del año anterior. En tanto, los centros de formación técnica estatales alcanzaron 79,41%, con un incremento de 16,82 puntos frente a 2024.

La principal alerta se concentró en las universidades estatales, que bajaron de 86,70% en 2024 a 82,17% en 2025. Según el reporte, 11 de las 18 universidades fiscalizadas disminuyeron su nivel de cumplimiento, con caídas relevantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Chile.

La fiscalización identificó además las materias con mayores dificultades. En las universidades estatales: sanciones impuestas conforme a la Ley de Transparencia, con 30,8%; actos y resoluciones con efectos sobre terceros, con 55,9%, y subsidios y beneficios, con 63,2%. En los CFT, las principales falencias se observaron en presupuesto, con un cumplimiento de 51,11%, y en adquisiciones o contrataciones, con 63,56%. En los SLEP, la materia más débil fue también adquisiciones y contrataciones, con 54,73%, seguida por presupuesto, con 69,74%, y mecanismos de participación ciudadana, con 72,05%.

Entre los mejores resultados destacan la Universidad de La Serena, el CFT de Los Lagos y el SLEP Costa Central, todos con 100% de cumplimiento. También hubo mejoras significativas en organismos que habían sido objeto de investigaciones sumarias en 2024: 12 de 13 instituciones aumentaron sus niveles de cumplimiento, con un alza promedio superior a 61 puntos porcentuales.

“Estos datos confirman la importancia de fiscalizar de manera permanente. Vemos que la acción fiscalizadora y sancionatoria del Consejo tiene un efecto claro en materia de aumento de los estándares de transparencia de las instituciones sancionadas. En paralelo, seguiremos promoviendo y fortaleciendo capacidades de los equipos de transparencia de cada institución, a través de nuestras capacitaciones. La meta es que cada entidad pueda cumplir cabalmente con las exigencias de la Ley de Transparencia y que los antecedentes estén disponibles, actualizados y sean comprensibles para cualquier persona. No hay que olvidar que la transparencia activa es una herramienta concreta de control ciudadano y permite prevenir espacios de discrecionalidad, desorden o mal uso de recursos públicos”, agregó la presidenta del CPLT.

El Consejo para la Transparencia recalcó que continuará monitoreando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el sector educación, así como ofreciendo instancias de capacitación a lo largo de todo el país en materia de transparencia y acceso a la información.

Resumen fiscalización: 

Fiscalización: 

El acceso a información clave sobre el uso de recursos públicos sigue presentando brechas relevantes en la Administración Central del Estado, especialmente la información presupuestaria y sobre adquisiciones y contrataciones, según la última fiscalización del Consejo para la Transparencia, que evaluó el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa en el período 2025.

La investigación analizó la disponibilidad, completitud y actualización de la información que la Ley de Transparencia obliga a publicar respecto de 338 organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo secretarías regionales ministeriales, delegaciones presidenciales regionales y provinciales, servicios de salud, hospitales, fuerzas armadas, servicios dependientes de ministerios, entre otros. Excluye a las subsecretarías, que fueron evaluadas separadamente (para más información ver: https://www.consejotransparencia.cl/a-pesar-del-alza-en-transparencia-de-las-subsecretarias-en-2025-cplt-detecta-que-persisten-brechas-en-adquisiciones-contrataciones-e-informacion-presupuestaria/).

Desde una vista agregada, la fiscalización reveló que el nivel de cumplimiento observado en este sector alcanza un promedio de 88,33%, representando un alza del orden de más de 10 puntos porcentuales respecto del año anterior (78,1%). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de información en áreas muy relevantes para que las personas puedan controlar cómo se usan los recursos públicos.

La materia con el más bajo cumplimiento es la información presupuestaria con un 57,56%. Dentro de esta materia, el ítem “gastos de representación, protocolo y ceremonial” son los antecedentes que se mantienen menos accesibles al público, con un 40,76% de cumplimiento. En concreto, 60 instituciones no publican este tipo de gastos y otras 33 los mantienen desactualizados. Lo siguen los ítems “modificaciones presupuestarias” con apenas un 45,89% de cumplimiento y “ejecución presupuestaria” que llega a 63,35%.

A esto se suma otro foco crítico: adquisiciones y contrataciones, que fue la segunda materia peor evaluada. En el detalle de los ítems que la conforman, “contratos formalizados mediante órdenes de compra” registra el menor índice de acceso con solo un 35,4% de cumplimiento. Ello, a pesar de ser un ítem que experimentó una importante alza respecto de 2024 de más de 21 puntos porcentuales. En la práctica, en 2025, 117 organismos no publicaron adecuadamente esta información, pese a su relevancia para conocer cómo se ejecuta el gasto público.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, advirtió que estas cifras reflejan una deuda estructural: “Las mayores opacidades del Estado siguen concentrándose en cómo se usan los recursos públicos. Cuando esta información no está disponible o está desactualizada, se debilita el control ciudadano y la rendición de cuentas. Por eso, estamos impulsando una modernización a la Ley de Transparencia que eleve y modernice los estándares y cierre progresivamente estos vacíos”.

El informe también muestra dispersión en el desempeño institucional. Mientras 46 organismos alcanzaron cumplimiento total del 100%, otros presentan rezagos significativos: 9 instituciones obtuvieron niveles críticos de cumplimiento, promediando 60 puntos o menos. Asimismo, se destaca que este año 65 instituciones bajaron su nivel de cumplimiento respecto del proceso del año anterior.

Desde el Consejo advierten que estos resultados – que serán enviados a la Contraloría General de la República – evidencian que las principales fallas se producen en la publicación de materias que requieren actualización permanente y que son clave para el control social del Estado.

Revisa el informe: 

Resumen de fiscalización: 

El Consejo para la Transparencia dio a conocer un informe inédito que, por primera vez, levanta una radiografía nacional sobre cómo las instituciones públicas organizan internamente sus equipos de transparencia, quiénes están a cargo de responder solicitudes de información y publicar los antecedentes que corresponden y qué condiciones reales tienen para cumplir la Ley N°20.285 (Ley de Transparencia).

El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se basa en una encuesta que fue aplicada el 2025 a 1.110 instituciones públicas obligadas por la Ley de Transparencia y registró 955 respuestas válidas, equivalente a una tasa de respuesta de 85,9%.

Uno de los principales hallazgos es que, aunque la transparencia está instalada en gran parte del Estado, muchas veces funciona con equipos mínimos. A nivel general, 34,1% de los organismos declara que estas tareas recaen en una sola persona y 29,3% en dos personas. Es decir, cerca de dos tercios de las instituciones concentran la gestión de transparencia en equipos de una o dos personas.

La presidenta del CPLT, Natalia González, afirmó que “este informe es inédito porque permite mirar por dentro cómo está funcionando la transparencia en el Estado. No basta con que existan obligaciones legales: se necesitan equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía. Es justamente por ello, que este Consejo concentra sus esfuerzos en capacitar a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas, de forma constante y a lo largo de todo el país”.

Si el análisis se desagrega por tipo de organismo, se detectan diferencias relevantes entre ellos. Por ejemplo, en las municipalidades, 44,3% declara que estas labores recaen en una sola persona; en las corporaciones municipales, la cifra sube a 45,3%; y en las asociaciones de municipalidades llega a 65,7%.

No obstante lo anterior, el estudio muestra que existe una instalación formal importante: 86,9% de los organismos declara contar con al menos una persona designada ante el CPLT para gestionar sus obligaciones de transparencia y 93,5% señala tener una unidad, dependencia o persona encargada de transparencia activa y acceso a la información. Sin embargo, 33,7% no dispone de un acto administrativo que formalice funciones y responsabilidades, lo que evidencia que en una proporción relevante de instituciones estas tareas aún dependen de arreglos internos poco institucionalizados.

El segundo dato clave es que 79,4% de las personas responsables de transparencia designadas ante el CPLT no tienen dedicación exclusiva, por lo que cumplen esta función junto con otras tareas institucionales. En cuanto a la dedicación horaria, 57,1% dedica solo entre 1 y 10 horas semanales a labores de transparencia activa y acceso a la información, un 12,1% entre 11 y 20 horas semanales, un 9.6% entre 21 y 30 horas semanales, y solo un 21,2% más de 30 horas semanales.

Al desagregar la dedicación horaria por tipo de organismo, los promedios más altos están en ministerios, subsecretarías y seremis, con 21,3 horas semanales, y en municipalidades, con 20,9 horas. En el otro extremo, las empresas públicas que registran 1,7 horas semanales, y las asociaciones de municipalidades 5,2 horas.

González agregó que “La forma en que cada repartición gestiona el cumplimiento de la ley de transparencia es un asunto de competencia de cada uno de los jefes de servicio, quienes deben asignar el personal y el presupuesto correspondiente. Dicho eso, el cumplimiento de la ley de transparencia no es opcional, de manera que cada una de estas autoridades es responsable de gestionar adecuadamente esta materia para no caer en infracciones por incumplimientos a las obligaciones de transparencia activa y al deber de responder, en tiempo y forma, a las solicitudes de acceso a la información pública. No olvidemos que la ciudadanía espera respuestas oportunas, completas y claras y que, si ello no ocurre, el CPLT puede aplicar las sanciones establecidas en la ley”.

El CPLT sostuvo que este censo entrega una línea de base para orientar acciones de capacitación, acompañamiento y fiscalización, además de aportar antecedentes para el debate sobre la modernización de la Ley de Transparencia. El organismo enfatizó que garantizar el acceso a la información pública no depende solo de normas, sino también de equipos suficientes, funciones claras y dedicación para responder a las personas.

Revisa el informe:

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, participó en São Paulo, Brasil, en el panel internacional “Transparencia, integridad y acceso inclusivo a la información pública en Iberoamérica”, instancia que formó parte del 30º Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 2026, que reunió entre el 12 y 14 de mayo a los organismos garantes en la materia de los distintos países de la región.

La participación de Chile en esta cita se dio en el marco de la presencia activa del CPLT en la RTA, una de las principales redes internacionales dedicadas a fortalecer el derecho de acceso a la información pública, promover buenas prácticas, impulsar estándares comunes y consolidar la transparencia como una herramienta clave para la democracia, la integridad y la confianza ciudadana.

En ese espacio, González comenzó contextualizando la utilidad que ha tenido la Ley de Transparencia en Chile a lo largo de sus 17 años de vigencia. Sin embargo, recalcó la necesidad actual de modernizar esta normativa, a fin de resolver una serie de desafíos actuales. Entre ellos, se refirió a la aplicación expresa de esta legislación a entidades que cumplen una función administrativa y reciben recursos públicos, así como el poder avanzar en transparencia de los algoritmos que usa el Estado de manera creciente.

Ante la pregunta de cómo mantener vivo el derecho de acceso a la información pública, instó a los asistentes a evaluar la implementación de las leyes de transparencia de cada uno de sus países y tomar acciones de gestión o legislativas, dependiendo de los resultados de dicha evaluación. Asimismo, hizo una invitación a fortalecer el rol promotor de cada entidad, en un doble sentido: aumentar las capacidades de los funcionarios públicos y la ciudadanía, pero también a saber escuchar las propuestas de mejora que levantan los mismos usuarios en cada instancia de capacitación y considerarlas en los planes de mejora continua de cada servicio.

A continuación, expuso la experiencia chilena del CPLT en su rol de promoción del derecho de acceso a la información pública, detallando las acciones que ha llevado adelante en materia de formación y capacitación. Al respecto, y en términos generales, se destaca que en 2025 el Consejo realizó 123 actividades de capacitación a lo largo de todo el país, capacitando a 11.521 personas, incluyendo funcionarios públicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En el detalle, uno de los principales ejes presentados fue el Plan de Habilitación en Derecho de Acceso a la Información Pública (Plan DAI), iniciativa que acerca la transparencia a la ciudadanía, especialmente a organizaciones sociales, estudiantes, dirigentes comunitarios, personas mayores, comunidades indígenas, y grupos con mayores dificultades para relacionarse con el Estado. En ella se enseña de manera práctica cómo usar la Ley de Transparencia para enfrentar problemas concretos de sus comunidades, desde seguridad barrial, salud, vivienda, medioambiente y espacios públicos, hasta control del gasto municipal y acceso a servicios sociales, entre otras temáticas de su interés.

Durante 2025, las actividades del Plan DAI contaron con 1.012 participantes en seis regiones del país, mediante talleres presenciales y virtuales que explicaron cómo ejercer el derecho de acceso a la información y acompañaron a las personas en la formulación de solicitudes, el seguimiento de respuestas y, cuando correspondió, la presentación de reclamos ante el Consejo.

“La transparencia no puede ser un derecho reservado para quienes conocen el lenguaje del Estado. Nuestro desafío es que cualquier persona, desde una junta de vecinos, una comunidad escolar, una organización social o un territorio apartado, pueda saber qué preguntar, dónde hacerlo y, en definitiva, encuentre la información pública que busca. Ese es el sentido de nuestro trabajo de formación: que la Ley de Transparencia sea una herramienta para mejorar la vida de las personas”, señaló Natalia González.

Otra de las iniciativas expuestas fue Aula Transparente, plataforma formativa del CPLT que ofrece cursos gratuitos y asincrónicos para funcionarios públicos, la sociedad civil y el mundo educativo. En 2025, esta herramienta registró 4.736 personas inscritas y más de 13 mil visitas. Entre enero y abril de 2026, ya sumaba 2.330 nuevas personas inscritas, reflejando un creciente interés por aprender sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, Ley del Lobby o protección de datos personales.

Finalmente hizo un repaso por otra serie de herramientas e instancias que el CPLT lleva adelante en su rol promotor. Destacó la sección “CPLT en línea”, en donde el Consejo pone a disposición información sobre transparencia en formatos ciudadanos. Asimismo, la existencia de su Consejo de la Sociedad Civil, órgano consultivo que nutre la labor del Consejo. Adicionalmente, se refirió a las sesiones públicas que hace de forma habitual el CPLT en colegios del país, así como a su ya tradicional concurso de video escolares, ambas instancias enfocadas en el aprendizaje de estudiantes.

El panel fue moderado por Valmir Gomes Dias, Oidor General del Estado de São Paulo, y contó además con representantes de los órganos garantes en transparencia de República Dominicana, Buenos Aires y México.

Desde el CPLT destacaron que la presencia de Chile en esta instancia internacional permitió mostrar avances concretos en formación ciudadana y promoción del derecho de acceso a la información, además de fortalecer la cooperación con otros países y recoger buenas prácticas para seguir modernizando la política de transparencia en Chile.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer su memoria institucional 2025, que muestra un aumento consistente en el uso de las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de la ciudadanía.

Durante el año pasado, el CPLT recibió 14.429 casos, la cifra anual más alta desde su instalación en 2009. De ellos, el 83,6% correspondió a amparos, presentados cuando una persona estima que un organismo no respondió una solicitud de acceso a información pública, negó información o entregó una respuesta incompleta; mientras que el 16,4% fueron reclamos por eventuales incumplimientos a obligaciones de transparencia activa.

El informe también revela el creciente uso del Portal de Transparencia del Estado, que en 2025 superó las 8,1 millones de visitas y acumuló más de 56 millones desde su creación en 2013. A través de esta plataforma se ingresaron 311.483 solicitudes de acceso a información pública a distintos organismos de la Administración del Estado, consolidando por tercer año consecutivo una cifra superior a las 300 mil solicitudes anuales.

La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que “los datos son claros: las personas están usando más que nunca la Ley de Transparencia para pedir información pública, controlar las decisiones de las autoridades y exigir rendición de cuentas y explicaciones. Ese aumento nos desafía a seguir reduciendo los tiempos, fortaleciendo la fiscalización y modernizando la institucionalidad para responder mejor a las necesidades de las personas”, señaló.

Durante 2025, el CPLT resolvió 13.380 casos, con un tiempo promedio de tramitación de 68 días, bajando así 5 días respecto del promedio de 2024 (73 días), manteniendo la tendencia de acortar los plazos de tramitación, a pesar de recibir más ingresos cada año.

De estos casos, el 32% fue declarados inadmisible, disminuyendo la inadmisibilidad un 6% respecto del año anterior, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia. Además, un 37% terminó mediante el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, mecanismo creado por el CPLT que permite gestionar la entrega de información sin necesidad de llegar a una decisión de fondo, ahorrando así tiempo de tramitación y mejorando la experiencia del usuario. Por su parte, un 30% de los casos requirió una decisión de fondo del Consejo. De ellos, un 52% fue acogido totalmente, un 16,6% acogido parcialmente y un 31,4% rechazados.

El balance también da cuenta de un año marcado por fiscalizaciones de alto interés público. El CPLT revisó materias como listas de espera, instrumentos de gestión de desastres, planes y consejos comunales de seguridad pública, registros laborales múltiples de funcionarios, uso de recursos del royalty minero, dimensión del personal de la Administración del Estado, gastos de representación y compra o arriendo de terrenos por parte de municipalidades.

Asimismo, destacó la fiscalización realizada a las 345 municipalidades del país en materia de transparencia activa, que arrojó un cumplimiento promedio de 81,7%, el nivel más alto registrado para este grupo de organismos. Las regiones con mejores resultados fueron la Metropolitana, con 85,8%; Valparaíso, con 84,8%; y Atacama, con 84,4%, sin perjuicio de detectarse falencias en áreas altamente sensibles para las personas, como lo es en qué se gasta el presupuesto municipal.

El documento también releva el despliegue del CPLT en formación y promoción. Durante 2025 se realizaron 123 actividades de capacitación, con 11.521 participantes, además del lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa destinada a acercar contenidos sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y probidad a funcionarios públicos y a la ciudadanía, a través de cursos asincrónicos. Asimismo, el Consejo puso en marcha la “Academia de Enlaces”, consistente en un programa de certificación de los encargados de transparencia de instituciones públicas, que comenzó con enlaces de distintas municipalidades en 2025 y se extenderá este 2026 a enlaces de corporaciones municipales y la Administración Central.

Natalia González agregó que el aumento en el uso de la Ley de Transparencia debe ir acompañado de una modernización normativa: “Chile cuenta con una institucionalidad que ha cumplido un rol clave durante más de 17 años, pero los desafíos actuales hacen necesaria una modernización. Se requiere consolidar un sistema único de transparencia, igual para todos los poderes del Estado y órganos autónomos constitucionales; elevar los estándares de transparencia activa, pasando a que la publicación de información en formatos reutilizables sea la regla general sobre las solicitudes individuales de cada persona; fortalecer las facultades de fiscalización del CPLT; y asegurar que toda institución que ejerza una función pública y administre recursos públicos esté sujeta a reglas claras de rendición de cuentas”, sostuvo.

Balance 2025

La memoria 2025 del CPLT se encuentra disponible en https://www.consejotransparencia.cl/informacion-institucional/.