El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió al conversatorio denominado “La importancia del sistema de integridad en la gestión pública”, instancia que sirvió para dar el puntapié al nuevo sistema de Integridad que implementó el Senado de la República.

La medida tiene como finalidad evitar las malas prácticas y la corrupción entre los funcionarios a través de un conjunto de políticas, prácticas y mecanismos que promuevan la ética, la transparencia, la legalidad y la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas que el Senado desarrolla.

En la actividad, que se llevó a cabo en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional (BCN), estuvo presente, además del presidente del CPLT, la contralora (S) de la República, Dorothy Pérez, la senadora e integrante de la comisión de Ética y Transparencia, Luz Ebensperger, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán y la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lubbert, entre otras autoridades.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió respuesta del MINSAL al oficio en que solicitaba entregar información relacionada a los procedimientos y gestión de las listas de espera en atenciones de salud y cirugías del sector público. Esto tras conocerse un informe de auditoría que hizo la Contraloría General de la República (CGR) al Hospital Sótero del Río, en el cual se detectó que 100 cirugías a funcionarios y sus familiares fueron efectuadas en tiempo récord, saltándose las listas de espera.

El documento enviado al CPLT por el subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Osvaldo Salgado, señala que “tomado conocimiento del informe final de la auditoría, la subsecretaría de Redes Asistenciales se apersonó en el Complejo Asistencial sosteniendo reunión con el equipo directivo del Servicio de Salud y del establecimiento, donde se analizó el informe y conclusiones de la auditoría, se reforzó la normativa e indicaciones que regulan el proceso, y se comprometieron a llevar adelante acciones de revisión de los procesos, control y plan de trabajo para dar respuesta a las observaciones de la CGR. Como resultado de lo anterior y dando cumplimiento a lo instruido por la CGR, mediante el cual se solicita la instrucción de un procedimiento disciplinario, la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente instruyó un sumario administrativo, el cual aún está en curso”.

“Finalmente, se convocó a reunión a los directores de los 29 servicios de salud del país, con el objetivo de reforzar los lineamientos normativos del procedimiento de gestión y registro de lista de espera y la regulación existente para la entrega de prestaciones GES y No GES”, cierra el oficio.

Al respecto, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente cumple la ley al instruir un sumario para perseguir las responsabilidades por la gestión inaceptable de listas de espera que se realizó en el Hospital Sótero del Río. Sin embargo, no sabremos si la medida es efectiva, hasta ver en su resultado la aplicación de sanciones. En este punto, y desde una perspectiva de acceso a la información, es importante relevar que no existe información agregada y de fácil acceso ciudadano sobre los resultados de sumarios administrativos iniciados por este y otros servicios de salud, ni de los órganos del Estado en general, lo que impide evaluar la efectividad del sumario como una herramienta legal para perseguir responsabilidades. Lo cual toma especial relevancia, si se considera que como herramienta se le critica por la eventual falta de imparcialidad e independencia del investigador del sumario que puede terminar investigando a su jefatura directa o al jefe superior del servicio”.

“Colar a pacientes por sobre otros, en vulneración de los criterios de priorización establecidos, genera muertes. No hay que olvidar que según lo informado por el mismo MINSAL, en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron esperando una atención (10 % más que el 2021); y, en el primer cuatrimestre del 2023, fallecieron 10.447 personas más, de las cuales 976 esperaban atenderse en hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, agregó Navarrete.

En cuanto a los procedimientos de gestión y registro de listas de espera y el criterio de oportunidad para brindar la atención de salud consultados por el CPLT, el MINSAL respondió distinguiendo entre prestaciones GES y no GES.

Respecto de las primeras, sostiene que la gestión de las listas de espera se realiza a través de una plataforma denominada Sistema de Información de Gestión de Garantías Explícitas en Salud (SIGGES), y que los plazos máximos de otorgamiento de prestaciones están establecidos por la normativa vigente para cada uno de los 87 problemas de salud garantizados.

En cuanto a las prestaciones no GES, la gestión y registro de las listas de espera se rige por la norma técnica, manual y demás normativa correspondiente, la que, a su vez, no establece plazos máximos de otorgamiento de prestación, pero sí criterios generales de priorización para usuarios en espera de consulta de especialistas o de intervenciones quirúrgicas, que son:

1.- Considerar criticidad de riesgo vital: de acuerdo con el riesgo biomédico del usuario, el cual, al no recibir atención inmediata presenta riesgo de muerte.

2.- Secuela funcional grave: toda aquella situación en la que si no se realiza una atención oportuna tendrá, como consecuencia, pérdida de funcionalidad de carácter grave e irreversible.

3.- Trasplantes.

Por su parte, y en relación con las funciones de cada órgano y las responsabilidades funcionarias involucradas, el documento advierte que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales son responsables de generar elementos normativos rectores y lineamientos de gestión de las listas de espera. Agrega que son los servicios de salud los responsables de gestionar las listas de espera de acuerdo con dichas normas y lineamientos.

El Consejo para la Transparencia entregó las principales cifras de la labor que por ley le compete realizar: garantizar, fiscalizar y promover el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en nuestro país.

Dentro de los hallazgos, se destaca que el año pasado más de 7 millones quinientos mil personas accedieron al portal de transparencia de los distintos servicios públicos, cerca de 520 mil más que el 2022, lo que significa un incremento de 7,5% en un año.

En tanto, las solicitudes de acceso a información pública que se realizaron a dichos servicios fueron cerca de 300 mil, aproximadamente 40 mil más que el 2022.

Por su parte, poco más de 15 mil autoridades registraron su declaración de intereses y patrimonio, cerca de 3 mil más que el 2022.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, estos datos “revelan la importancia que este servicio está teniendo para la sociedad. Estamos hablando de que más de un tercio de los chilenos pudo acceder a información, que antes de publicada la ley, no existía en los diversos medios electrónicos de los servicios públicos o que estos no tenían la obligación de entregar. También es importante destacar el aumento en las solicitudes de acceso a información, ya que implica que cada día tenemos más ciudadanos vigilantes del accionar de las autoridades. Seguiremos trabajando porque más chilenos accedan a la plataforma y puedan ejercer el rol fiscalizador que corresponde en una democracia robusta, ya que es la única forma de disminuir los espacios de opacidad y crecer en transparencia”.

En otras materias hay bajas. En cuanto a las donaciones o regalos que se les entregan a las autoridades, el 2023, se registraron 3 mil ochocientos y el 2022 fueron publicados, casi 7 mil. Por su parte, las audiencias en la plataforma de lobby se mantuvieron similares: 73.773 en 2023 v/s 79.714 el 2022.

En otra línea, el 2023 se registraron 58 mil seiscientos viajes de autoridades, mientras que, en el 2022, 55 mil doscientos.

Por su parte, el servicio garante de la transparencia del país llevó a cabo una serie de fiscalizaciones de cumplimiento en transparencia activa – esto es que los servicios públicos tengan en sus plataformas digitales la información que por Ley de Transparencia deben tener – en: Municipalidades, subsecretarías, empresas públicas, universidades estatales, entre otras. En esa línea, y ante vulneraciones a la Ley de Transparencia, inició 143 sumarios administrativos el año pasado, 74 más que el año 2022.

Por último, el CPLT implementó 74 actividades para promover la transparencia de la función pública con más de 12.500 funcionarios capacitados en un despliegue por 13 regiones del país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió al lanzamiento de la política de integridad de la Municipalidad de Renca, que considera la implementación de un Código de Ética, un Reglamento de Transparencia y un Manual de Probidad, así como el establecimiento de un canal de denuncias anónimas, a través del cual funcionarios y vecinos puedan dar cuenta de cualquier situación irregular de que puedan tener conocimiento.

En la oportunidad, el titular del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la iniciativa, señalando que “es muy importante lo que ustedes están haciendo; han ido avanzando bastante. Yo creo que esta es de las únicas municipalidades que tiene un sistema de integridad pública que se está articulando como tal. Es importante destacar que sólo 65 comunas en Chile tienen un código de ética, que ni siquiera son como el que tienen ustedes, en términos prácticos. Es decir, el 19% de las comunas tiene algo cercano a lo que podría considerarse un código de ética. Por tanto, el desafío de ir avanzando en la implementación de este tipo de instrumentos es enorme”.

Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló que “para fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones, es crucial que actuemos con determinación y firmeza. El 2023 terminamos de redactar un código de ética y buenas prácticas, que nació de una encuesta de integridad municipal en la que participó toda la comunidad funcionaria de Renca. Este código, que estamos firmando ahora, es un paso en la dirección correcta: Un paso a un municipio más transparente con nuestros vecinos y vecinas, y de cara al país”.

A la ceremonia asistieron, además del Presidente del CPLT, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Municipalidad de Temuco y funcionarios de la Municipalidad de Renca.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, junto al director general, David Ibaceta, recibieron a los nuevos consejeros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada y Roberto Munita, quienes fueron propuestos por el Presidente de la República, Gabriel Boric y ratificados por el Senado.

En la oportunidad, el titular del CPLT, les dio la bienvenida y les detalló los principales lineamientos y desafíos que está llevando adelante la institución.

Tanto María Jaraquemada como Roberto Munita pasan a formar parte del Consejo para la Transparencia como consejeros por un período de 6 años.

De esta forma, el consejo directivo del CPLT queda conformado de la siguiente manera:

Bernardo Navarrete Yáñez – Presidente

Natalia González Bañados  – Consejera

María Jaraquemada Hederra  – Consejera

Roberto Munita Morgan – Consejero

 

Conoce a nuestros nuevos consejeros:

 

María Jaraquemada Hederra

Abogada de la Universidad Católica con Magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa; en la Fundación Ciudadanía Inteligente como Directora de Investigación e Incidencia; en Espacio Público como Directora de Incidencia y Coordinadora del Observatorio Anticorrupción y la Red Anticorrupción Latinoamericana, así como Oficial de Programa de Chile y el Cono Sur en IDEA Internacional, donde prestó apoyo al proceso constituyente de Chile. Además, se ha desempeñado como Directora Ejecutiva de Chile Transparente.  A contar de enero de 2024, integrará el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia por un periodo de 6 años.

 

Roberto Munita Morgan

Abogado y Magíster en Sociología de la Universidad Católica, Máster en Gestión Política de la George Washington University, USA, y Doctor (C) en Comunicaciones UC. Ha sido asesor político, legislativo y comunicacional por más de una década, tanto en el Senado (2007-2008 y 2020-2023), como en la Cámara de Diputados (2010-2014). Además, fue jefe de estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres (2018-2020).Es profesor de ramos relacionados con asuntos públicos, comunicación política y comunicación estratégica en la Universidad Católica  y la Universidad  Andes. A contar de enero de 2024, integrará el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia por un período de 6 años.

Durante el mes de enero se llevaron a cabo 20 reuniones estratégicas en las que cada unidad, área y coordinación de nuestra organización, presentó una evaluación del año 2023 y proyectó acciones para este 2024.

Estas encuentros han sido parte fundamentales para el inicio de la implementación del Plan Estratégico 2024-2026 del Consejo para la Transparencia, lo cual se complementó con la definición de planes operativos a través de la plataforma de gestión estratégica PRISMA, hito implementado con 100% de los planes comprometidos subidos en el plazo.

En las citas, lideradas por el Director General, se valoró el profesionalismo y compromiso desplegado, reconociendo el arduo trabajo realizado por cada equipo y la importancia de mantener el entusiasmo y responsabilidad para proyectar nuestra institución a futuro.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó del lanzamiento de la plataforma de transparencia www.transparencia.cifchile.cl (PTT) de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), la cual pone a disposición de la ciudadanía información detallada de las transferencias de valor que se realizan desde las farmacéuticas asociadas a la CIF a los profesionales de la salud, las organizaciones de la salud e instituciones médicas y las organizaciones de pacientes; así como el gasto de las primeras en investigación y desarrollo (I+D).

En su presentación, el titular del CPLT valoró este paso de la CIF, sin embargo, destacó que “quedaba mucho por avanzar en esta materia”. En ese sentido, informó que, con el objeto de aportar en la mejora continua de esta iniciativa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una revisión comparativa de la información publicada por la CIF en su sitio web www.cifchile.cl y en la PTT con los requisitos estipulados por la Ley de Transparencia en concordancia con la Instrucción General N°5 del CPLT sobre Transparencia Activa para Empresas Públicas. “El estudio arrojó 8 recomendaciones que enviaremos en un breve plazo a la CIF. Adicionalmente, acordamos con sus autoridades realizar el mismo examen en 1 año más, para poder revisar los avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones”, agregó Navarrete.

Adicionalmente, el presidente Navarrete señaló que “es importante observar cómo va a funcionar el sistema de solución de controversias que propone la CIF. Ello, dado que entrega a la Universidad Católica la potestad de administrar los arbitrajes a través de los cuales se van a conocer y fallar causas y reclamos en materias éticas”.

El panel contó, además, con la participación de la nueva presidenta del Colegio Médico, Dra. Ana María Arriagada; los senadores Juan Luis Castro y Francisco Chahuán; la presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico, Dra. Gladys Bórquez; la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada; el jefe del Depto. de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias de la Subsecretaría de Salud Pública, Juan Francisco Collao.

En el marco del plan del Consejo para la Transparencia (CPLT) para aumentar los niveles de transparencia y probidad en el sector médico y farmacéutico, en diciembre pasado, su presidente, Bernardo Navarrete, asistió a la reunión ordinaria del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile (COLMED) con el fin de tratar temas asociados al derecho de acceso a la información sobre el quehacer médico y específicamente sobre la cantidad de licencias médicas emitidas.

Posteriormente, Navarrete recibió el doctor Rodrigo Salinas, secretario de ese departamento, con quien profundizó esta y otras materias. En la cita, el Dr. Salinas constató que en Chile no existe un catastro público de cantidad de licencias médicas emitidas por cada médico, por lo que se acordó estudiar la necesidad, viabilidad y pertinencia de un registro de estas características.

Además, se acordó que el CPLT colaboraría con la comisión que creó el COLMED junto a la Superintendencia de Salud para elaborar un proyecto de ley en el que se propone la creación de un registro centralizado, obligatorio y público de médicos habilitados para el ejercicio de la profesión; así como la creación de tribunales éticos para quienes practiquen la medicina.

Adicionalmente, se abordó la temática de las interacciones entre médicos y farmacéuticas, identificándose como un área fértil para que se verifiquen conflictos de interés. Ello dado que estas últimas gastan un porcentaje importante de sus presupuestos en marketing, es decir, en pagos a médicos en forma de entradas a congresos, speaker fees, alojamiento, etcétera, con el objeto de que estos receten sus medicamentos. Específicamente, se discutió acerca del proyecto de ley “Fármacos 2”, que busca solucionar la opacidad de esta área, estableciendo la publicidad de estos pagos e información relacionada, dejando al reglamento la forma en que esta información se debe publicar.

Asimismo, el titular del CPLT asistió a una reunión con la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) en la que se presentó una versión preliminar del portal de transparencia de información del sector, relativa a la relación entre farmacéuticas y médicos, que lanzarán el 22 de enero. En ella, el CPLT acordó colaborar en el diseño de la página web, realizando observaciones y recomendaciones desde una perspectiva ciudadana y de lenguaje claro.

Por último, es importante destacar que, dentro de sus facultades, el CPLT puede fiscalizar al sector mediante el Instituto de Salud Pública, órgano encargado del control sanitario de los productos farmacéuticos y que está a cargo del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos. Al respecto, uno de los principales criterios de la jurisprudencia del CPLT es que los antecedentes presentados para tramitar la incorporación de un nuevo producto farmacéutico en el indicado registro, incluidos los estudios, tienen carácter de información pública, por lo que deben ser entregados si son solicitados por la ciudadanía. La reserva aplica por excepción solo a los productos farmacéuticos que contengan una nueva entidad química, pero no para los bioequivalentes.

El CPLT fundamento su criterio en que “existe un evidente interés social en conocer información referida al cumplimiento de los requisitos mínimos respecto a los productos farmacéuticos, por cuanto la transparencia del proceso, y en consecuencia su publicidad, permite un control social al sector”.

Bernardo Navarrete expuso en talleres que impulsó en las municipalidades de Puente Alto y Peñalolén, donde abordó los problemas de corrupción y captura por redes criminales de la principal ventanilla de atención del Estado: los municipios.

Estos conversatorios forman parte de un plan de trabajo para el 2024 que el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) planea llevar adelante en la mayoría de las municipalidades del país con el fin de potenciar y robustecer la probidad y transparencia en su gestión.

En la ocasión, que contó con los alcaldes de las comunas German Codina y Carolina Leitao, respectivamente, el presidente del CPLT planteó que si bien las cifras sobre percepción internacional de Chile respecto de sus niveles de corrupción nos pone en lugares comparables a Dinamarca, Alemania y Suecia; ocurre todo lo contrario cuando se atiende a la percepción de los chilenos. “Esta brecha se manifiesta en que desde el año 2000, la corrupción ha escalado 10 puestos, posicionándose como uno de los principales problemas del país (quinto más prioritario)”, señaló Navarrete. Agregó que aquello se explica con los peaks de percepción de corrupción de los períodos 2016-17 y 2023, coincidiendo con los escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas y el denominado “caso convenios”, respectivamente.

En cuanto a percepción que existe de las municipalidades, el mandamás del ente rector de transparencia añadió que los ciudadanos sienten una gran desconfianza frente a estas instituciones, cercana al 70%. En esa línea, argumentó que en los últimos 3 años ha habido una caída significativa en la satisfacción y aprobación de su labor. “Este es un punto crítico entendiendo el diseño de prestación de servicios del modelo de gobierno local chileno”, dijo Bernardo Navarrete.

Por último, en la ponencia se propusieron algunas medidas para poder mitigar esta problemática. Una de ellas es avanzar en la implementación de códigos de ética en las municipalidades como herramientas de gestión de riesgo para prevenir y combatir el incumplimiento normativo. Navarrete argumentó que “las más de 50 comunas que han implementado estos códigos muestran un mejor desempeño en el diagnóstico de integridad y probidad de la SUBDERE 2022 que aquellas que no lo han hecho”.

Navarrete planteó, por último, que los códigos de ética son frágiles para abordar la corrupción y deben complementarse con un programa de compliance, esto es, en la práctica, un plan que asegura el cumplimiento de leyes y regulaciones estableciendo procedimientos específicos y mecanismos de control para prevenir y detectar conductas indebidas.

“Estas medidas son complementarias y esenciales en el ámbito público para promover la integridad y la responsabilidad”, cerró el Pdte. del CPLT.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, instruyó oficiar a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras el escándalo por las irregularidades detectadas en el Hospital Sótero del Río de Puente Alto, relacionadas a procedimientos de gestión en materia de listas de espera. Además del MINSAL, se ofició también al Director Nacional de FONASA, Camilo Cid y al subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Osvaldo Salgado.

En esta línea, el Consejo para la Transparencia dio 10 días para que estos organismos entreguen la información requerida sobre los procedimientos de gestión, registro y comunicación de listas de espera para atenciones en salud e intervenciones quirúrgicas, tanto GES como no GES.

En lo específico, el servicio fiscalizador en transparencia solicitó la entrega de los criterios utilizados para elaborar y gestionar las listas de espera; la identificación de los funcionarios intervinientes en el marco de esos procedimientos, especificando roles y funciones; y las medidas de control aplicables, entre otras materias.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló al respecto: “Los chilenos nos hemos informado de lo ocurrido en el hospital Sotero del Río. Este hecho podría ser constitutivo de delito y en ese contexto e instruido se oficie a la ministra de salud, al subsecretario de redes asistenciales y al director de FONASA que, en un plazo de 10 días, nos informen sobre todo aquellos antecedentes que nos permitan entender qué ocurrió en una situación que no solo puede indignar a la opinión pública, sino a cualquier usuario del sistema público de salud”.

Esta acción se adoptó, en el marco de las competencias del Consejo para la Transparencia relacionadas con la promoción de la transparencia de la función pública y la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y en especial atención al recientemente difundido informe de auditoría de la Contraloría al Hospital Sótero del Río. Dicho informe, detectó que, entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, 100 cirugías a funcionarios o sus familiares fueron efectuadas en tiempo récord, saltándose las listas de espera.

Se tomó la decisión considerando además que, según informó el MINSAL a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto en junio de 2023, entre enero y abril de 2023, 10.447 personas fallecieron esperando una atención. De ellas, 9.139 aguardaban una consulta médica, 648, una odontológica, y 660, una intervención quirúrgica. Respecto de estas últimas, se contabilizan 302.267 realizadas en el período de tiempo indicado, con una mediana de espera de 326 días.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización ordinaria de cumplimiento de las normas sobre transparencia activa en los sitios electrónicos de las 39 subsecretarías de Estado, arrojando resultados preocupantes. Entre agosto y septiembre de 2023, se encontró que el cumplimiento promedio de las normas sobre transparencia activa alcanzó un 79,47%, siete puntos menos que en la última medición.

El análisis arrojó que los niveles de mayor cumplimiento lo obtuvieron, en primer lugar, la subsecretaría del Deporte con un 95,83%; en segundo, Vivienda y Urbanismo con un 95,47% y en tercera posición Medio Ambiente, con un 95,40%.

Por el contrario, las subsecretarías de más bajo desempeño fueron Interior con un 59,21%, Trabajo con un 56,35% y Pesca y Acuicultura con un 54,87%, en último lugar.

Adicionalmente, el estudio indicó que las materias mejor evaluadas en cumplimiento de transparencia activa fueron los datos relativos a personal y remuneraciones con un 97,1%; participación en otras entidades con un 95,9%; y adquisiciones y contrataciones con un 91,4%.

Mientras tanto, las más bajas fueron presupuesto asignado y su ejecución con un 66,3% y transferencias de fondos públicos con un 62,8% de cumplimiento.

El recientemente asumido presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, señaló que “los números en materia de transparencia activa vienen a la baja, en instancias en que todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia debiesen estar cercanos al 100 por ciento de cumplimiento. Los niveles que arrojó nuestra fiscalización revelan que, en ciertas materias, como presupuestos asignados, su ejecución y transferencias de fondos públicos, no se está cumpliendo la ley. Esto aumenta los espacios de sospecha y opacidad, generando un daño a nuestra democracia y por añadidura sigue debilitando la confianza en las instituciones. Es por ello que este Consejo estableció un plazo extraordinario de 10 días hábiles para que las subsecretarías puedan subsanar los incumplimientos que detectamos, y tras esa fecha, si no están corregidas las infracciones, iniciaremos las investigaciones sumarias que correspondan, a fin de aplicar las sanciones que sean procedentes, de ser el caso”.

Además, expresó especial preocupación por el bajo porcentaje de cumplimiento respecto de la información relativa a transferencia de fondos públicos: “hoy más que nunca debemos transparentar en qué y a quién entregamos recursos que son de todos los chilenos. La crisis de confianza en las instituciones está en juego, sobre todo cuando las personas no pueden acceder a información que la ley obliga a publicar”, finalizó el titular del CPLT.

Ante estos resultados, el Consejo para la Transparencia resolvió adoptar, entre otras medidas:

1. Otorgar un plazo único y extraordinario de 10 días hábiles para la subsanación de las infracciones e incumplimientos detectados, en que las subsecretarías deberán presentar un informe de cumplimiento y medidas adoptadas para dichos fines.
2. Activar una línea de seguimiento una vez vencido el plazo ya mencionado, con el fin de verificar la subsanación de las infracciones. En base a los resultados de este seguimiento, se propondrá la instrucción de procedimientos sancionatorios en los casos que corresponda.

 

Mayor control en publicación de personal, remuneraciones y publicación de la información histórica entre los principales cambios. (más…)