Un incremento del 62% experimentó el registro de lobbistas y gestores de intereses que han sostenido audiencias con autoridades públicas, de acuerdo al último informe del sitio electrónico Infolobby.cl, administrado por el Consejo para la Transparencia, y que entrega la información acumulada entre el 28 de noviembre y el 31 de julio pasados.

De acuerdo al reporte, durante julio se reportaron 234 nuevos lobbistas y 2.966 gestores de interés particular, en contraste a los 366 y 4.726 que, respectivamente, figuraban al 30 de junio pasado.

Con ello, hoy se cuenta un total de 600 lobbistas y 7.692 gestores de intereses particulares a nivel nacional. De ellos, 329 lobbistas y 4.717 gestores de intereses corresponden a actividades realizadas en regiones, exceptuando a la Metropolitana.

Tras 8 meses de vigencia de la Ley de Lobby, y según los antecedentes entregados por las diversas reparticiones públicas al sitio web Infolobby.cl, entre noviembre y julio pasado se han efectuado 5.927 audiencias en las que han participado 1.031 sujetos pasivos (autoridades).

Hasta la fecha, julio ha sido el mes con más audiencias reportadas (1.830), lo que representa un alza de 12% respecto a junio (1.634).

Director regional de servicio público, el cargo con más reuniones

A su vez, la entidad más representada en estas reuniones continúa siendo la Cámara Chilena de la Construcción (46).

En tanto, los cargos con más reuniones de lobby son “Director regional de servicio público” (1.298), seguido por “Secretario regional ministerial” (1.063) y “Diputado” (682).

Con respecto a los viajes, se han efectuado 10.531 traslados entre noviembre y julio pasado, con un gasto total de $ 1.551.210.156.

Y en el caso de los donativos, el balance contabiliza un total de 2.136, los que fueron recibidos por 401 sujetos pasivos.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Ministerio de Medio Ambiente dieron a conocer hoy dos sistemas que permitirán fortalecer el acceso a la información ambiental del país.

Se trata del Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA, y el Portal de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC. Ambas plataformas se enmarcan en la profundización de la implementación del Principio 10, en tanto contribuyen a mejorar el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana.

El jefe de la división Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, y la Directora de Estudios del CPLT, Daniela Moreno, detallaron las iniciativas que buscan profundizar y promover la calidad y transparencia de la información a fin de desarrollar una gestión ambiental más inclusiva.

“Los temas medioambientales son de gran interés para la ciudadanía pues son relevantes para su calidad de vida. Acceder a esta información pública puede generar impacto en la vida de las personas, por lo que estas plataformas representan un avance en la entrega útil y de manera fácil de información”.

Por su parte, el jefe de la división Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, señaló que “para el Ministerio es de gran valor estar trabajando en conjunto con el Consejo para la Transparencia en estos sistemas que dan respuesta a la necesidad de contar con mayor información y de calidad para la ciudadanía”.

 

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Vivianne Blanlot, emplazó hoy a las municipalidades a elevar sus estándares de transparencia y adoptar medidas de gestión transparente tales como publicar las declaraciones de intereses y patrimonio de alcaldes, concejales, secretarios municipales y directores de obras.

Asimismo, Blanlot instó a los futuros candidatos a las elecciones municipales a suscribir un compromiso ante el Consejo para la Transparencia denominado “Campaña Transparente”. La iniciativa consiste en que los postulantes se comprometan a adoptar un conjunto de acciones protransparencia durante sus campañas, las que serán publicadas en un sitio electrónico “para que los ciudadanos puedan conocer la información de quienes postulan a gobernar sus comunas”, explicó la presidenta del CPLT.

En su intervención en el “XII Congreso Nacional de Municipalidades”, Blanlot dijo que “la batalla contra la corrupción requiere esfuerzos más decididos y radicales de todos los actores y uno crucial son ustedes, los municipios. Para este paso sólo bastan la voluntad política y una abierta disposición a incursionar en nuevas fórmulas en favor de la transparencia. Ya no hay tiempos ni excusas para ejecutar los cambios que sean necesarios para avanzar hacia mayores estándares de transparencia y apertura de información pública”.

La presidenta del Consejo para la Transparencia detalló una serie de propuestas que los municipios debieran ejecutar para recuperar la confianza de la ciudadanía.

En ese sentido, Vivianne Blanlot los instó a adherir al Portal de Transparencia del Estado; incorporar las declaraciones de Patrimonio e Intereses a las páginas de Transparencia Activa; abordar la discrecionalidad municipal en materia de compras públicas; adherir a un modelo de Transparencia Presupuestaria; y que los alcaldes y concejales realicen, antes de dejar sus cargos, Cuentas Públicas Participativas.

A través de un trabajo en conjunto y de colaboración por incorporar las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, la Bolsa de Santiago con apoyo del Consejo para la Transparencia habilitó un nuevo espacio en su renovado sitio web, denominado Bolsa Transparente, a través del cual la comunidad podrá interiorizarse sobre los principales conceptos de la industria financiera y su funcionamiento.

El gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez, explicó que esta iniciativa, creada en el marco de la alianza suscrita a fines de 2014 con el Consejo para la Transparencia, “es un paso más dentro de una estrategia de educación financiera, que apunta a profundizar la entrega de información al mercado, generando una mayor confianza en la toma de decisiones por parte de los actores del sector”.

Por su parte, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, señaló que “la habilitación de nuevos espacios que permiten a los ciudadanos acceder a mayor información, como es el caso de la sección Bolsa Transparente, resulta relevante y útil especialmente en un área que requiere del manejo de contenidos técnicos y complejos para una adecuada toma de decisiones”.

Además, indicó Blanlot, esta iniciativa “es una muestra concreta del trabajo colaborativo y fructífero que se ha generado entre el Consejo para la Transparencia con el sector privado, en este caso, la Bolsa de Santiago”.

A través de la Bolsa Transparente, los usuarios podrán informarse sobre la Ley del Mercado de Valores y las normativas internas emitidas por la Bolsa de Santiago, conocer los productos y servicios que ofrece la Bolsa, así como familiarizarse con el área de Educación Financiera de la institución y los canales de vinculación para inversionistas y público en general, entre otras materias.

La sección Bolsa Transparente se suma al rediseño del sitio web de la institución, el cual está pensado para que inversionistas, clientes y público en general, encuentren toda la información relevante del mercado bursátil de una manera simple, fácil y dinámica. Por medio de preguntas frecuentes y definiciones breves de palabras claves, los usuarios podrán aprender más de los principales conceptos de la industria financiera.
Actualmente, el sitio web es una de las plataformas más visitadas en el país, con un promedio mensual de 130.000 usuarios y más de 2.000.0000 de páginas vistas.

El rediseño de la página web se realizó sobre la base de un completo estudio de usabilidad aplicado a nivel de los clientes de la plataforma y, por esa razón, se orienta a mejorar su experiencia de navegación, ofreciendo además una serie de novedades, secciones y herramientas, entre las que destaca un nuevo gráfico de análisis técnico, presentado en un formato más amigable y simple de consultar, visualizar y utilizar a través de celulares y tablets.

Revisa la sección Bolsa Transparente aquí

Nuevamente el ámbito educacional aparece en las decisiones del Consejo para la Transparencia. En el presente caso, una persona solicitó diversa información relativa a las visitas de Evaluación de los Establecimientos Educacionales durante los años 2013 y 2014. En particular requirió: “a) Número de visitas; b) Tipo de visitas; c) Nombre y Número de establecimientos evaluados; d) Número de evaluadores por visita; e) Profesiones de los evaluadores; f) Categorización de los establecimientos educacionales (Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente); y, g) Informes de las visitas a los establecimientos educacionales.”.

La Agencia de Calidad de la Educación remitió gran parte de la información solicitada, sin embargo, tratándose de los informes de vistas, se negó a la entrega, indicando que no es posible acceder a lo solicitado, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 Nº 1 letra b) de la Ley de Transparencia, proceder a su entrega afecta el debido funcionamiento del Servicio, toda vez que dicha información es un antecedente previo de una política pública que aún no se ha implementado. Se trata de un caso de secreto o reserva fundado en el denominado privilegio deliberativo, que derivo en la presentación del respectivo amparo ante esta Corporación.

El Consejo, en fallo de mayoría, acogió el amparo y ordenó la entrega de la información requerida pues se “advierte que no concurre el primero de los requisitos que habilitan la configuración de la causal de reserva alegada. En este sentido, se hace presente que el hecho de encontrarse el Sistema en un período de marcha blanca, (Sistema que se encuentra previamente establecido y aprobado, y en ejecución), no reviste una entidad tal que constituya, en la especie, un proceso deliberativo propiamente tal, es decir, no se trata de un proceso que se encuentra pendiente de decisión. Al contrario, de los antecedentes y alegaciones se desprende que en este caso, la política pública, esto es, la decisión referida a la ordenación de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, y de evaluación de dichos establecimientos y sus sostenedores en base a los estándares indicativos de desempeño, ya fue adoptada en una etapa previa por parte de la Autoridad.”.

Agrega la decisión que “se debe señalar que los informes requeridos, aún en su fase de marcha blanca, no constituyen uno de los insumos que fueren considerados por la Autoridad para el diseño y adopción de la decisión en torno a las políticas públicas sobre ordenación y evaluación de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado”. Por lo anterior, atendido que los informes requeridos no constituyen antecedentes previos de una política pública, esto es, de un proceso que se encuentre pendiente de decisión, sino que por el contrario, se trata de un instrumento sobre el cual ya existe una decisión, el Consejo Directivo, por la mayoría de sus miembros acogió el amparo y ordenó la entrega de la información.

Finalmente señaló que “la reclamada ha indicado que los instrumentos requeridos al encontrarse en fase de marcha blanca, no corresponden a sus versiones definitivas, por lo que los informes emitidos, conforme a ellos, podrían variar a futuro. Sobre esta alegación, referida a la falta de validación de la información, esto es, información no oficial o que pudiere cambiar en el futuro”, dicha alegación no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, ya que tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si la información solicitada se encuentra en proceso de validación, procedería que este órgano, al momento de hacer entrega de la misma, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de la falta de validez o de confiabilidad estadística que a nivel individual o por alumno.

Esta decisión se tomo por la mayoría de los Consejeros presentes don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

No obstante lo anterior, el Consejero don Marcelo Drago Aguirre, estuvo por rechazar el amparo, indicando que “divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de este disidente supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Agencia de Calidad de la Educación en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el literal b) del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que la divulgación de los ya referidos antecedentes, supondría afectar el normal desarrollo de las funciones de la Agencia de Calidad de la Educación, por cuanto de conocerse sus informes de evaluaciones, ello eventualmente podría restar margen de discrecionalidad a la toma de una decisión sobre el particular.”.

A un mes de que la Ley del Lobby comience a regir para alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de todo el país, se realizaron dos actividades de capacitación dirigidas a los representantes del mundo municipal de las regiones del Bío Bío y del Maule, las que estuvieron a cargo del Consejo para la Transparencia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En la VIII Región, y ante la presencia de alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana y Tomé, se abordaron los alcances de la norma y los procedimientos que deberán efectuar para registrar e informar sus audiencias de lobby, viajes y donativos a contar del próximo 28 de agosto.

La jornada de capacitación, que se prolongará hasta el viernes 31 de julio para abarcar a las 54 comunas de la VIII Región, fue inaugurada por el intendente Rodrigo Díaz, y la Directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, Alejandra Sepúlveda.

“La publicación de las audiencias, viajes y donativos que las autoridades comunales deberán a comenzar a registrar constituye un instrumento de alta importancia tanto para los ciudadanos como para sus representantes. Esta norma permitirá democratizar el acceso a las autoridades y transparentar el lobby”, señaló Alejandra Sepúlveda.

Añadió que la implementación de dicha norma “representa un progreso en el quehacer público, de cara a una ciudadanía que demanda mayor transparencia, uno de los elementos cruciales para recuperar la confianza de las personas en el Estado”.

Por otra parte, en la región del Maule, y ante la presencia de alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de Rauco, San Clemente, Colbún, Talca, Maule, San Javier, Empedrado, Constitución, Curanipe, Chanco, Cauquenes, Retiro, Parral, Longaví, Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares, se abordaron los alcances de la norma y los procedimientos que deberán efectuar para registrar e informar sus audiencias de lobby, viajes y donativos a la entrada en vigencia de la Ley del Lobby.

La jornada de capacitación en la VII Región, fue inaugurada por el alcalde de Rauco, Enrique Olivares, junto al Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

En su intervacnción, Raúl Ferrada hizo énfasis en que, “el Consejo para la Transparencia mantendrá su atención permanente sobre el entendido que los registros por Ley de Lobby se basan en un instrumento inédito, que podrá requerir ajustes y profundización en el futuro, para solucionar temas de procedimiento o para avanzar hacia una mayor transparencia. Añadió que, “Tenemos la convicción que este paso representa un progreso en el quehacer público, de cara a una ciudadanía que necesita una mayor transparencia para recobrar la confianza en el Estado y sus representantes”.

A partir del 28 de agosto, unos 3.563 representantes del ámbito municipal a nivel nacional se sumarán a los 4.146 sujetos pasivos que escalonadamente se han ido incorporando a la Ley de Lobby y que actualmente están reportando sus reuniones con lobbistas y gestores de intereses particulares, antecedentes que pueden ser consultados por los ciudadanos en el sitio electrónico www.infolobby.cl

En las jornadas de capacitación, además de detallar los contenidos de la Ley 20.730, se mostró cómo funciona la plataforma Ley del Lobby y el portal de consolidación de datos InfoLobby, administrado por el Consejo para la Transparencia.

Más de 4 mil audiencias en 7 meses

En los siete meses de vigencia de la Ley de Lobby, un total de 366 lobbistas y más de 4.700 gestores de intereses particulares han sostenido reuniones con autoridades públicas.

Dichos encuentros, que suman 4.018 audiencias entre noviembre 2014 y el 30 de junio pasado, contaron con la participación de 826 sujetos pasivos (representantes de organismos públicos).
Además, entre noviembre y el 30 de junio pasado se han efectuado 7.494 viajes, con un gasto total de $ 1.245.202.456. En tanto, en el mismo lapso se contabilizan un total de 1.745 donativos.

Balance de lobby en las regiones visitadas

En el caso de la VIII región, los registros de agendas de las autoridades regionales dan cuenta de 284 audiencias en las que han participado 427 lobbistas y gestores de intereses particulares. Además, se han registrado 347 viajes y 112 donativos entre noviembre y el 30 de junio pasado.

Mientras que en la Región del Maule, los registros de agenda de las autoridades muestran 164 audiencias en las que participaron 175 lobbistas y gestores de intereses particulares. También se han registrado 373 viajes y 47 donativos en el mismo período.

Los consejeros del Consejo para la Transparencia, encabezados por su presidenta, Vivianne Blanlot, se reunieron hoy con Nicolás Eyzaguirre, titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), con el objetivo de presentar las propuestas de la institución en materia de transparencia y probidad.

En el encuentro participaron los consejeros José Luis Santa María y Marcelo Drago y, por parte de la Segpres, también estuvo presente la subsecretaria Patricia Silva.

Al finalizar la actividad, la presidenta del CPLT, Vivianne Blanlot, señaló que “como Consejo para la Transparencia expusimos temas relativos a la reforma constitucional en materia de acceso al información pública, la reforma a la

Ley de Transparencia y la regulación en materia de datos personales”.
A su vez, añadió, “se expresó el interés de que los diversos proyectos de la agenda de transparencia y probidad incorporen el componente de transparencia en su regulación”.

A un mes de que la Ley del Lobby comience a regir para alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de todo el país, se realizaron hoy dos jornadas de capacitación a los representantes del mundo municipal de las regiones de Coquimbo y Tarapacá, que estuvieron a cargo del Consejo para la Transparencia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La jornada de capacitación en la Cuarta Región contó con la presencia de Jorge Jaraquemada, Consejero del Consejo para la Transparencia; y representantes de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, y se abordaron los alcances de la norma y los procedimientos que deberán efectuar para registrar e informar sus audiencias de lobby, viajes y donativos a contar del próximo 29 de agosto.

Ante la presencia de alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de Coquimbo, La Serena, Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca, Andacollo, La Higuera, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, Montepatria, Ovalle, Punitaqui y Río Hurtado, el Consejero Jorque Jaraquemada señaló que “en medio de la creciente demanda ciudadana por una mayor transparencia y probidad, tanto de los actores públicos como privados, el debut de la Ley de Lobby en el mundo municipal surge como una oportunidad de abrir su gestión de cara a sus vecinos, más allá del imperativo legal”, señaló Jaraquemada.

Añadió que la implementación de dicha norma permitirá a los ciudadanos “observar en detalle las actividades que realizan las autoridades comunales como también los grupos de interés que interactúan con los representantes municipales. De esta forma podrán ejercer un control social sobre el proceder del poder público, lo que constituye un avance en transparencia, pilar fundamental en la reconstrucción de la confianza pública”.

Al mismo tiempo, en la primera región, ante la presencia de representantes municipales de Alto Hospicio, Iquique, Camiña, Colchane, Huara, Pica y Pozo Almonte, el Director General del CPLT, Raúl Ferrada, señaló que “la publicación de las actividades de las autoridades representa un instrumento de alta importancia para ciudadanos y para autoridades”. Y añadió que “la transparencia pública es hoy una condición esencial de legitimidad. La ley de Lobby, qué duda cabe, constituye un nuevo aporte para enriquecerla”.

A partir del 29 de agosto, unos 3.563 representantes del ámbito municipal a nivel nacional se sumarán a los 5.533 sujetos pasivos que escalonadamente se han ido incorporando a la Ley de Lobby y que actualmente están reportando sus reuniones con lobbistas y gestores de intereses particulares, antecedentes que pueden ser consultados por los ciudadanos en el sitio electrónico www.infolobby.cl.

En las jornadas de capacitación, además de detallar los contenidos de la Ley 20.730, se mostró cómo funciona la plataforma Ley del Lobby y el portal de consolidación de datos InfoLobby, administrado por el Consejo para la Transparencia.

Más de 4 mil audiencias en 7 meses

En los siete meses de vigencia de la Ley de Lobby, un total de 366 lobbistas y 4.700 gestores de intereses particulares han sostenido reuniones con autoridades públicas.

En el caso de la Región de Tarapacá, hasta hoy se han registrado 128 audiencias, 95 viajes con un costo de más de 10 millones de pesos, 178 gestores de interés y 15 lobbistas, mientras que en la Región de Coquimbo los registros de agendas de las autoridades regionales dan cuenta de 145 audiencias en las que han participado 250 lobbistas y gestores de intereses particulares. Además, se han registrado 306 viajes y 17 donativos entre noviembre y el 30 de junio.

El último informe del sitio electrónico Infolobby, administrado por el Consejo para la Transparencia, revela que desde el 29 de noviembre y el 30 de junio pasados, un total de 366 lobbistas y 4.726 gestores de intereses particulares han participado en audiencias de lobby.

De acuerdo a dicha plataforma electrónica, en ese período se efectuaron 4.018 audiencias en las que 815 sujetos pasivos (autoridades) estuvieron presentes en ellas.

Desde que debutó la Ley de Lobby, en noviembre pasado, la empresa que concentra el mayor número de audiencias de lobby es “Consultores en Asuntos Públicos S.A. / Imaginacción”, con 29 reuniones hasta el 30 de junio.

A su vez, la entidad más representada en estas reuniones con las autoridades —en el lapso noviembre-junio— es la Cámara Chilena de la Construcción (32 audiencias), seguida por la Fundación Multitudes (12) y la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (10).

Audiencias aumentan 43% en junio

En lo que va de vigencia de la ley, junio es el mes con mayor volumen de audiencias reportadas (1.611), lo que representa un aumento de 43% respecto a las 1.126 registradas en mayo.

En ellas, los cargos con más reuniones de lobby son “Director regional de servicio público” (788), “Secretario regional ministerial” (698) y “Diputado” (504).

Respecto de los viajes en dicho lapso, se han efectuado 7.494 traslados entre noviembre y junio pasados, con un gasto total de $ 1.245.202.456.

Y en el caso de los donativos, el balance contabiliza un total de 1.745, los que fueron recibidos por 335 sujetos pasivos.

Cifras

 

A menos de dos meses de que la Ley de Lobby comience a regir para alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de todo el país, se realizó hoy una jornada doble de capacitación a los representantes del mundo municipal de las regiones de Arica y Parinacota y de la Región de Los Ríos. Ambas instancias estuvieron a cargo del Consejo para la Transparencia y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En el norte del país, y ante la presencia de alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de Arica, Camarones, General Lagos y Putre, se abordaron los alcances de la norma y los procedimientos que deberán efectuar para registrar e informar sus audiencias de lobby, viajes y donativos a contar del próximo 29 de agosto.

La jornada de capacitación, que se realizó en dependencias de la Contraloría Regional, contó con la presencia de José Luis Santa María, consejero del Consejo para la Transparencia; y Rodrigo Mora, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

“Más que nunca las personas exigen que Chile avance en transparencia y probidad y, por lo mismo, la Ley de Lobby cobra una relevancia mayor y constituye una oportunidad para mejorar la relación de confianza con la ciudadanía, con sus vecinos”, señaló José Luis Santa María.

Añadió que dicha norma “es una buena instancia para dejar a la vista de todos, de manera transparente, la forma en que ustedes están gestionando sus encuentros y audiencias. Sin duda, las personas valorarán esta nueva manera de publicitar sus agendas”.

Mientras tanto en Valdivia, Región de los Ríos, participaron representantes municipales de Panguipulli, Frutono, Máfil, Paillaco, Valdivia, Corral, Lago Ranco, Lanco, Los Lagos, La Unión, Mariquina y Río Bueno.

El Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, destacó en Valdivia que “Nuestro objetivo es entregar a los representantes del mundo regional y municipal una completa instrucción respecto de los contenidos de la ley, la forma en que ella se aplica en las actividades cotidianas y los procedimientos que deben contemplarse”.

A partir del 29 de agosto, unos 3.563 representantes del ámbito municipal a nivel nacional se sumarán a los 4.146 sujetos pasivos que escalonadamente se han ido incorporando a la Ley de Lobby y que actualmente están reportando sus reuniones con lobbistas y gestores de intereses particulares, antecedentes que pueden ser consultados por los ciudadanos en el sitio electrónico www.infolobby.cl.

En las jornadas de capacitación, además de detallar los contenidos de la Ley 20.730, se mostró cómo funciona la plataforma Ley del Lobby y el portal de consolidación de datos InfoLobby, administrado por el Consejo para la Transparencia.

Más de 4 mil audiencias en 7 meses

En los siete meses de vigencia de la Ley de Lobby, un total de 363 lobbistas y 4.694 gestores de intereses particulares han sostenido reuniones con autoridades públicas.

Dichos encuentros, que suman 4.005 audiencias entre noviembre 2014 y el 30 de junio pasado, contaron con la participación de 825 sujetos pasivos (representantes de organismos públicos).

A dos meses de que la Ley de Lobby comience a regir para alcaldes, concejales, directores de obras y secretarios municipales de todo el país, este viernes 3 de julio se realizó una jornada de capacitación para autoridades y representantes del mundo municipal a cargo del Consejo para la Transparencia, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Las capacitación contempló instruir a los jefes edilicios de las comunas, como también a concejales, directores de obras y secretarios municipales, respecto de los alcances de esta norma y los procedimientos que deberán efectuar para registrar e informar sobre sus audiencias de lobby, viajes y donativos a contar del próximo 29 de agosto.

La jornada de capacitación a alcaldes de la Región de Los Lagos contó con la presencia de Marcelo Drago, Consejero del Consejo para la Transparencia; Nofal Abud Maeztu, Intendente de la región y representantes de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

En el encuentro Marcelo Drago, Consejero del Consejo para la Transparencia sostuvo que “con reglas claras y procedimientos por todos conocidos, esta regulación los puede resguardar de las presiones corporativas de que pudieran ser objeto”, agregando que “esta ley, no cabe duda, está lejos de ser una ley perfecta. Pero es un positivo punto de partida”.

La jornada de capacitación al mundo municipal contempla, además de detallar los contenidos de la Ley 20.730, mostrar el uso de la plataforma Ley del Lobby, la cual se les facilitará a los municipios y el portal de consolidación de datos InfoLobby.

Un ciudadano solicitó del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, diversa información respecto de un contrato celebrado con un particular para la prestación de servicios médicos de anestesia, en concreto requirió: a) Copia de los informes mensuales de asistencia (según sistema de control horario fijado) que la empresa ha entregado de acuerdo al contrato; b) Copia del informe mensual de actividades y/o planillas mensuales con el resumen de los turnos efectuados en el Complejo de acuerdo al contrato; c) Copia de los libros de cirugía y/o registro del jefe de pabellón en donde conste la prestación de los servicios por parte de los profesionales de la empresa en los horarios establecidos por el contrato; d) Sanciones o multas efectuadas a la empresa, con identificación del evento; e) Nómina con nombre de los anestesistas presentados por la empresa y autorizados por el Complejo Asistencial para ejecutar el contrato, junto con sus respectivas actualizaciones y f) Identificación de la parte técnico-administrativa designada por el recinto para el contrato.

El hospital denegó parte de la información, por lo que el ciudadano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información fundado en que recibió respuesta negativa, particularmente por la oposición de terceros, en concreto de la Sociedad de Profesionales Médicos Morpheus S.A.

El Consejo acogió el amparo y ordenó la entrega de la información requerida pues la información “corresponde a antecedentes que el órgano reclamado debe tener en su poder, a fin de velar por el fiel cumplimiento del contrato celebrado con la Sociedad de Profesionales Médicos Morpheus S.A. A mayor abundamiento, el mismo contrato, que se ha tenido a la vista por este Consejo, establece que se pagará por hora de anestesista en turno diurno o de 24 horas, para lo cual se revisarán las planillas según información del sistema de control. En consecuencia y de los antecedentes previamente indicados se advierte que la información solicitada, es documentación elaborada por el órgano requerido, con el objeto de establecer el cumplimiento de la empresa contratada, fiscalizando así el eficiente desarrollo del contrato celebrado.”.

Agrega el Consejo que “la publicidad de dicha información se justifica, teniendo presente que existe una evidente necesidad de control social sobre la información pedida, toda vez que se trata por un lado de la prestación de un servicio en el ámbito de la salud pública, que fue celebrado mediante la figura del trato directo a suma alzada, lo que ha impedido conocer las condiciones de contratación del servicio en cuestión, por lo que resulta muy razonable permitir acceder a la información sobre los parámetros mínimos de cumplimiento del contrato celebrado”.

Finalmente se indica que “respecto de la alegación de la afectación a los derechos económicos y comerciales, relativa a que se estaría entregando información estratégica, este Consejo no vislumbra de qué modo se afectan dichos derechos invocados, especialmente considerando que la información pedida dice relación con el cumplimiento de las condiciones del contrato de prestación de servicios celebrado entre la empresa que formula la oposición y el órgano reclamado, pero en ningún caso se refiere a las relaciones contractuales entre los médicos y técnicos involucrados y la empresa contratista en cuestión, o su dotación total de personal, por lo que no aparece que se trate de información comercial secreta, cuya naturaleza le otorgue una ventaja competitiva que deba resguardarse, y que pueda considerarse estratégica, por lo que se desestimará tal alegación.”.

Ver decisión web