El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) deberá entregar información relacionada con el Censo de Vivienda de 2012, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificara la decisión del Consejo para la Transparencia.

El caso se inició en junio de 2013, cuando se solicitó diversa información al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), relacionada con datos estadísticos relativos a vivienda, levantada con motivo del proceso censal 2012.

El INE se negó a proporcionar la información argumentando que se encontraba sujeta a una auditoría interna, con la finalidad de llegar a la convicción que el proyecto de Censo 2012 contaba con resultados que posean niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad y de esa manera no afectar el debido cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo que refiere a la fiabilidad de los productos estadísticos que dependen de los resultados del censo. A juicio del INE, el mencionado instrumento censal, no gozaba de la estabilidad, oficialidad y formalidad para ser considerado como un acto o resolución del Estado sino hasta la conclusión de la auditoría técnica.

Debido a la negativa del INE a proporcionar la información, el solicitante presentó 6 amparos por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, organismo que en su sesión ordinaria Nº478, del 8 de noviembre de 2013, dictó la Decisión de Amparo Roles C1021-13,C1022-13,C1194-13,C1308-13,C1310-13 y C1315-13 que acogió totalmente 4 de estos amparos y parcialmente 2 de ellos.

Este Consejo consideró que el proceso censal 2012 se encontraba ya concluido en lo que refiere a sus etapas de recopilación, acopio y levantamiento de la información censal y que los cuestionamientos constituían un hecho público y notorio, de manera que no era posible advertir de qué forma el revelar tales antecedentes podría implicar presiones que perjudiquen el proceso de auditoría. Por el contrario, la publicidad de la base preliminar permitiría enriquecer el debate público, con la consiguiente capacidad para incentivar la adopción de la mejor decisión, beneficiando por esa vía el interés general. En definitiva, y desde esta perspectiva, el beneficio público de conocer dicha información era, a juicio de este Consejo, mayor que el daño que puede causar mantenerla en reserva.

Por lo anterior, el Consejo ordenó la entrega de una parte de la información solicitada , referida a datos estadísticos relacionados con el censo de vivienda, como por ejemplo, aquella relativa al tipo de vivienda y cantidad de personas por dormitorio a nivel nacional, cantidad de hogares con hacinamiento medio y crítico, según nivel educacional y nivel de allegamiento, cantidad de viviendas semipermanentes, viviendas precarias, entre otras.

En contra de dicha decisión, el 10 de diciembre de 2013 el INE presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado; y luego recurrió de queja ante la Corte Suprema, la que desechó tal recurso, confirmando la decisión del Consejo para la Transparencia, por lo que el INE deberá proporcionar al solicitante la información señalada en la referida decisión.

 

Un 78% de las solicitudes de información pública formuladas por los ciudadanos a través del Portal de Transparencia del Estado están dirigidas a los municipios, de acuerdo a las cifras entregadas por el Consejo para la Transparencia (CPLT), encargado de administrar dicha plataforma digital.

De los 16.150 requerimientos de información ingresados al Portal de Transparencia desde su debut en abril de 2013, 12.519 fueron enviados a las municipalidades, seguidas por los organismos públicos con 2.648, el CPLT con 882 y, por último, el Poder Judicial con 101.

El Portal de Transparencia del Estado es una gran ventanilla virtual que reúne a 369 instituciones públicas (237 municipios, 130 organismos públicos, al Poder Judicial y el CPLT), a través de la cual las personas pueden solicitar antecedentes públicos, ejerciendo su derecho de acceso a la información pública.

Junto con administrar el Portal, el Consejo para la Transparencia ha impartido capacitación a los funcionarios públicos totalizando a agosto más de 2.650 funcionarios capacitados. Es así como, durante este mes, se capacitó a 26 municipios de la región de La Araucanía, actividad que se desarrolló en la ciudad de Temuco y Padre las Casas, y que contó con la asistencia de 120 funcionarios de las municipalidades de IX región, entre ellos encargados de transparencia, directores de unidades y encargados de oficina de partes.

 

Con la presencia de altas autoridades y representantes de organizaciones ciudadanas ligadas a la transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer hoy los resultados de la primera Cuenta Pública Participativa realizada por el organismo, innovadora práctica que recogió la opinión de la ciudadanía respecto del quehacer de la institución. Asimismo, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, entregó un balance de la gestión del organismo en sus cinco años de existencia.

 

Entre los principales resultados, Jaraquemada destacó el mayor ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Sólo a nivel de la administración central, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en 2009, han ingresado más de 248 mil solicitudes de acceso a la información pública a los diferentes servicios públicos y el 52% de ellas han sido dirigidas a ministerios sociales.

A su vez, desde abril de 2009 a la fecha, se han interpuesto 8.987 amparos ante el Consejo para la Transparencia lo que da cuenta “de cómo las personas han utilizado esta herramienta en el ámbito de sus necesidades más sentidas y comienzan a tomar conciencia de que éste es un derecho garantizado cuyo ejercicio puede ser amparado por este Consejo”, indicó Jaraquemada.

Asimismo, el presidente del CPLT explicó que cada vez existe mayor información disponible en los sitios electrónicos de los organismos públicos, como también un mayor conocimiento y valoración de la ley y de la institucionalidad por parte de la ciudadanía. Ello se vio incrementado especialmente tras la primera campaña por TV abierta realizada por el CPLT, cuyo eslogan fue: “Si te niegan información recurre a nosotros”. Dicha iniciativa derivó en un aumento significativo del nivel de conocimiento de la ley, que actualmente alcanza el 19,7%, y del Consejo, que bordea el 21,1%.

A su vez, resaltó el funcionamiento del Portal de Transparencia del Estado que hoy congrega a 360 organismos como también la capacitación impartida a más de 41 mil personas a nivel nacional.

“En este escenario, la participación ciudadana ha revestido una importancia mayor y es por ello que hemos sido consistentes en escuchar a la ciudadanía a través de diversos estudios y acciones que este año hemos querido complementar, por primera vez, con una Cuenta Pública Participativa, mediante la cual sometemos al control social nuestra propia gestión institucional”, señaló Jorge Jaraquemada.

Para ello, el Consejo puso a disposición de la ciudadanía la Memoria Institucional 2013 en el sitio electrónico de la institución y, durante un mes, se habilitó un canal para recibir sus comentarios, opiniones y sugerencias, todas las cuales fueron analizadas y contestadas de manera personalizada.

Según detalló Jorge Jaraquemada, los ciudadanos manifestaron tres grandes temas: fortalecer las atribuciones del Consejo para avanzar hacia una fiscalización efectiva del cumplimiento de las obligaciones de la ley; la importancia de maximizar la difusión de la transparencia y la labor institucional; y favorecer un lenguaje sencillo, ciudadano, en la entrega de información por parte del Estado.

El presidente del Consejo indicó que “dichos aportes no sólo nos permiten sentir el “pulso” de las expectativas de las personas respecto de la ley, su uso y el rol del Consejo, sino también afinar el diseño de las acciones y herramientas que se considerarán en futuras planificaciones de nuestra institución”.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza; el ministro Secretario General de Gobierno, Alvaro Elizalde; y representantes de la Secretaría General de la Presidencia, del Consorcio para la Transparencia y Chile Transparente.

Acerca de la Cuenta Pública Participativa del Consejo para la Transparencia

Resultados Cuenta Pública Participativa

Discurso Presidente Jorge Jaraquemada

Video Ceremonia Cuenta Pública Participativa

El Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, participó como invitado en el seminario “Transparencia y Carabineros”, organizado por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

La cita, dirigida a oficiales en programa de perfeccionamiento profesional, tuvo por objetivo reflexionar acerca del rol de la Transparencia en Carabineros de Chile y cómo la institución de seguridad se ha convertido en una de las más transparentes en la administración pública.

En su intervención, Ferrada señaló que el sentido de la Transparencia es fundamental cuando es entendido como un derecho de tercera generación y que el cambio cultural debe apuntar hacia entender que la regla general es la transparencia.

“Este es un derecho de democracias desarrolladas. Estamos hablando de un alto nivel de debate público. No hablamos de un tema menor. Esto estructura el Estado y es un elemento esencial para la democracia, por eso es tan exigente con las instituciones. Por eso cualquier persona puede pedir información pública, no importa si es mayor o menor de edad, o el nivel educacional o patrimonial que tenga”, señaló Ferrada.

El Director General del CPLT sostuvo que “El acceso a la información pública es equivalente a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, intimidad. Hay un catálogo de derechos que reconoce la Constitución de Chile y de otros países. Acceder a información es el ejercicio de un derecho humano fundamental”.

El Director General de Consejo para la Transparencia relevó lo importante del cambio cultural que se requiere para construir una sociedad más transparente y democrática. “La transparencia requiere un cambio cultural, estos cambios son estructurales y tienen que ver con el capital social, con costumbres y hábitos. Cuando hablamos de acceso a la información pública hablamos de un proyecto de largo aliento, es constituyente de la evaluación del Estado. Hoy hablamos de servidores públicos, constantemente escrutados por la ciudadanía de forma independiente a cualquier condición. Por el hecho de ser persona, tiene este derecho a preguntar y pedir explicaciones y todos los que estamos en la gestión pública tenemos la obligación de responder”.

• Detalle del puntaje obtenido por los 345 municipios.

La tercera fiscalización de transparencia activa a municipios realizada por el Consejo para la Transparencia, entre abril y junio pasado, arrojó que las municipalidades alcanzan un puntaje promedio de 56% de cumplimiento en esta materia. Dicha cifra representa un avance de 8,6 puntos respecto de 2013, cuando obtuvieron un 47,4%. Aunque el resultado representa una mejora, los municipios están lejos del cumplimiento en transparencia activa que tienen los organismos públicos, que promedian un 96%.

El proceso fiscalizador del Consejo para la Transparencia abarcó a los 345 municipios del país y evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia contenidas en el artículo 7°, el cumplimiento de las Instrucciones Generales y el Oficio N°431 del Consejo para la Transparencia. A su vez, se revisó la existencia de buenas prácticas y usabilidad, temas que, si bien fueron evaluados, no forman parte del puntaje final.

De las 345 municipalidades, 22 obtuvieron más de 90% de cumplimiento mientras que 23 subieron sus puntajes en más de 50 puntos respecto de 2013.

Los resultados también arrojan que 148 municipios disminuyeron sus puntajes respecto de 2013, lo que representa un 42,9% del total. En 2013, en cambio, 95 municipalidades habían experimentado una caída en sus niveles de cumplimiento en transparencia activa.

Los principales incumplimientos detectados corresponden a materias que no tienen links (no están operativos o no presentan información) y a información desactualizada e incompleta de personal, compras, subsidios y beneficios.

Otro hallazgo del proceso fiscalizador del CPLT es que aquellos municipios que habían sido objeto de sumarios por faltas en materias de transparencia, muestran una evidente mejoría en sus niveles de cumplimiento. Es así como los 88 municipios que fueron sumariados en 2013, elevaron su puntaje promedio de 16,58% a 51,28%, lo que representa un alza de 34,7 puntos.

DETALLE DE RESULTADOS

• El puntaje promedio de las Municipalidades en Transparencia Activa fue de 55,9%.

• Ello representa una mejoría de 8,56 puntos respecto de lo registrado en fiscalización realizada por el CPLT en 2013 y que había arrojado 47,43% como puntaje promedio.

• El incremento experimentado en el período 2013-2014 es inferior al registrado entre 2012 y 2013 cuando hubo un alza de 17,2 puntos.

 

• En cuanto a las municipalidades que alcanzaron un mayor nivel de cumplimiento, hay dos que registraron un 100% (La Serena y Providencia), mientras que en total son 22 las que obtuvieron más de 90 puntos.

• A su vez, 23 municipios aumentaron más de 50 puntos su nivel de cumplimiento respecto de 2013.

• Los municipios con mayores alzas son:

 

• Los municipios que experimentaron mayores bajas en 2014 son:

 

• En cuanto a las buenas prácticas observadas:
o 59 municipalidades publican las remuneraciones líquidas
o 19 informan la declaración de patrimonio e intereses
o 49 publican los subsidios y beneficios a los que se puede acceder por su intermedio

• Respecto de los resultados en Usabilidad, el puntaje promedio fue de 76,52%.

Información adicional

Bajo el título “Hacia una nueva normativa sobre la protección de los datos personales en Chile”, y con el patrocinio de la Subsecretaría de Economía, la Fundación Pro Acceso y el Consejo para la Transparencia (CPLT), se realizó un espacio de análisis sobre la protección de datos personales que convocó a autoridades y expertos en la materia.

La actividad se inició con el discurso del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, quien afirmó que “es una tarea prioritaria fortalecer el estatuto normativo de protección de datos personales en nuestro país, afianzando los principios y criterios comúnmente aceptados en las buenas prácticas internacionales, definiendo con claridad las condiciones sobre las cuales terceros pueden acceder y hacer uso de ellos, garantizando el derecho de cada cual a controlar quién, cómo, dónde y con qué objetivo accede y eventualmente realiza tratamiento de sus datos”.

El primer panel de discusión, titulado “El reconocimiento constitucional de la protección de los datos personales en la era de la información”, contó con la participación del senador y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia de la Cámara Alta, Felipe Harboe; el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, Rubén Burgos; la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú; y el Director Ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz.

Luego, en el panel titulado: “Sobre una nueva institucionalidad en la protección de datos personales”, expusieron el senador y presidente de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia del Congreso, Hernán Larraín; el abogado y presidente Comité de Innovación y Propiedad Intelectual de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AMCHAM, Guillermo Carey; el abogado y coordinador de investigación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, Daniel Alvarez; y la Directora Ejecutiva de la Fundación Pro Acceso, María José Poblete.

Finalmente, la Subsecretaria del Ministerio de Economía, Katia Trusich, dirigió algunas palabras manifestando que “iniciativas como éstas son un gran aporte a la discusión y van en la línea de lo que necesitamos para lograr en el menor tiempo posible un sistema de protección de las personas en el tratamiento de sus datos personales que sea completo, efectivo y asegure un total respeto de los derechos fundamentales de todos”.

El Consejo para la Transparencia resolvió acoger el amparo Rol C58-14, deducido en contra de la Armada de Chile y en el cual se solicitaba entregar información respecto de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, relativas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de la dotación del Comando de Fuerzas Especiales.

El uniformado había requerido a la Armada de Chile dicha información, pero la institución denegó su entrega argumentando que dichas actas son secretas, ante lo cual recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia.
El Consejo Directivo del CPLT derivó el amparo al Comandante en Jefe de la Armada de Chile para que precisara las causales de secreto o reserva de la información.

En sus descargos y observaciones, el órgano del Estado señaló, entre otros argumentos, que de acuerdo a la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, las actas en cuestión “son soberanas en cuanto a las condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos, ajenos a las respectivas instituciones castrenses, la revisión de los fundamentos de sus decisiones”.

Tras realizar una audiencia pública donde fueron escuchadas ambas partes y luego de analizar los antecedentes, el Consejo determinó ordenar la entrega de dichas actas, aludiendo entre otros argumentos, a que el conocimiento de las evaluaciones y calificaciones del solicitante “no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación”.

El Consejo indicó que “si bien la ley dispone que las actas serán secretas, a juicio de este Consejo, el conocimiento de las actas de las juntas de selección y apelación requeridas, que contienen el mérito de las calificaciones de un sargento 2° de Artillería, no permite tener por configurada la afectación a la Seguridad de la Nación alegada. Esto por cuanto en la especie conocer el mérito de las calificaciones y fundamentos de las evaluaciones de un sargento 2°, relativos a su propio desempeño funcionario, no genera la afectación en análisis. A este respecto, el Consejo ha dado lugar a la causal de reserva alegada, en aquellos casos en que el conocimiento de la información involucra la revelación de antecedentes, tales como, aquellos relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos entre otros”.

Añade que, “en el presente caso, no se aprecia cómo la información relativa a las calificaciones de un funcionario podría afectar la seguridad de la Nación, especialmente tomando en cuenta los antecedentes de hecho que ha descrito la Armada de Chile tanto en sus descargos como aquellos acompañados a la Audiencia Pública convocada en este caso. Esto se ve reforzado por el hecho que la Armada en tales presentaciones, no ha acreditado cómo la divulgación de tales actas, en aquella parte vinculada con el Sr. Pérez Terán, pueda afectar la seguridad de la Nación, sino que ha fundado la causal, en rigor, en la jerarquía de la norma que la contiene. La Armada ha tenido la posibilidad de exhibir tales documentos, a objeto de revisar en concreto la información solicitada y de fundar la causal de reserva alegada, acreditando una expectativa razonable de daño o afectación presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. Sin embargo, no ha explicado de qué manera conocer esos antecedentes afectaría la seguridad de la Nación, razón por la cual, a juicio de este Consejo, no puede entenderse verificada en este amparo”.

La decisión de acoger el amparo fue acordada por la unanimidad de los consejeros Jorge Jaraquemada (Presidente), Vivianne Blanlot, Alejandro Ferreiro y José Luis Santa María. Y, en virtud de ella, se requirió a la Armada de Chile entregar al solicitante copia de las actas de las juntas de Selección y de Apelación, correspondientes al período de calificación 2012-2013, referidas al sargento segundo Andrés Pérez Terán, de dotación del Comando de Fuerzas Especiales, debiendo aplicar, previo a su entrega, según corresponda, el principio de divisibilidad, consagrado en la letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia.

Con la presencia de autoridades y representantes del mundo académico, centros de estudios y organizaciones ciudadanas, el Consejo para la Transparencia presentó su primer número de la Revista Transparencia y Sociedad (T&S), publicación semestral que busca posicionarse como referente y espacio obligado de consulta en materias de transparencia y temáticas afines. El objetivo es contribuir a la consolidación de un campo de investigación de incipiente desarrollo en nuestro país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, encabezó el lanzamiento destacando que esta nueva publicación responde a un anhelo de larga data en el Consejo, que se sustenta en la promoción y difusión de la transparencia y el derecho de acceso, además de generar un espacio de debate y discusión académica en las materias de nuestra competencia que permita la ampliación de la base de conocimiento disponible en torno a la relevancia del derecho de acceso a la información, la transparencia y sus efectos en la sociedad.

Por su parte, el académico en Derecho Constitucional de la UDP y miembro del Comité Científico, Tomas Vial, agradeció la labor de todos quienes participaron en la primera edición e instó a convocar en la segunda publicación, con el objetivo de continuar entregando miradas que generen un debate amplio y multidisciplinario en materias de transparencia que sean útiles para la sociedad.

Por su parte, el abogado de la Universidad Católica y nuevo integrante del Comité Científico de T&S, Sebastián Soto, resaltó el valor de la revista y entregó su visión de cada uno de los artículos de la primera edición, en lo que constituyó un breve resumen desde la perspectiva nacional hasta la experiencia del acceso a la información en Latinoamérica.

 

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Rodrigo Mora; el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo; el ex Consejero y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Roberto Guerrero; así como de distintos representantes de instituciones que han colaborado con la labor del Consejo y en los esfuerzos por instalar la transparencia como un valor fundamental para la gestión pública.

Acerca de la RevistaLa Revista T&S dirigida a autoridades, académicos y profesionales de diversos ámbitos y quehaceres relacionados con la política pública de Transparencia y Acceso a la Información, la conforma un Comité Científico nacional e internacional. Este lo integran académicos y expertos de reconocida trayectoria en los ámbitos de transparencia, gestión y políticas públicas, modernización del Estado y calidad democrática, donde participan Rafael Blanco, Claudio Nash, Juan Cristóbal Peña, Alfredo Rehren, Marcela Ríos y Tomás Vial. A ellos se suman, desde el extranjero, Manuel Villoria, Guilherme Canela de Souza, Guillermo Cejudo y Paloma Baena.

El primer número contiene diversas temáticas:
“Hacia una propuesta de transparencia en los partidos políticos de Chile”, de Emilio Moya Díaz y Verónica Cid Botteselle.

“Una revisión sobre las tensiones entre el derecho a la información y el derecho a la verdad histórica”, de Rodrigo Mora Ortega.

“El Derecho de Acceso a la Información Pública como Principio de Acción en la Modernización de la Gestión Pública y del Estado: Mediciones y Efectos en Chile”, de Eolo Díaz-Tendero y Daniel Pefaur.

“La experiencia mexicana de medición y efectos del acceso a la información en la gestión del Gobierno”, de José Luis Marzal Ruiz y Justino José Núñez Quiroz.

“Medición y efectos del acceso a la información en la Gestión del Estado (Brasil)”, de Anjuli Tostes Faria Osterne junto a Jéssica Schuenck De Melo.

Con miras al segundo número de la revista, el Consejo está convocando a distintos autores para que envíen hasta el 30 de octubre de 2014 sus contribuciones basadas en estudios empíricos, ensayos y comunicación de experiencias relevantes en materia de gestión, docencia e implementación de la transparencia en nuestro país y el mundo.

T&S y sus contenidos se publicarán bajo licencia Creative Commons License 3.0, esto como parte del compromiso del CPLT con la difusión del conocimiento y el fomento de la reutilización de la información pública.

Todos los detalles para enviar sus artículos están en el banner de la Revista T&S al final del sitio www.cplt.cl

El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, participó como invitado en el seminario “Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública”, organizado por la fundación trasandina Nuevas Generaciones, en Buenos Aires.

La cita, dirigida a ex becarios de la fundación y asesores de diputados y senadores del Congreso de la Nación de Argentina, tuvo por objetivo reflexionar acerca del rol de la Transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia.

En entrevista con el medio argentino, Infobae TV, Jaraquemada señaló que el sentido de la Transparencia es fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer control social respecto del actuar los organismos públicos y quienes los dirigen.

“Con la información pública a la que logra acceder un ciudadano, puede, con conocimiento de causa, hacer un escrutinio de lo que las autoridades están realizando, y por lo tanto, lo importante es que este derecho, sea percibido como tal por la ciudadanía, que haya un órgano autónomo que lo regule y tenga herramientas de fiscalización y sanción” señaló Jaraquemada.

El presidente del CPLT sostuvo que “América Latina está traspasada por una fragilidad institucional que tiene que ver con la prevalencia de instituciones informales como la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, etc. Por eso, avanzar en posibilitar el derecho a información es tremendamente relevante”.

Sobre las autoridades en la región, el Presidente del Consejo para la Transparencia dijo que muchas veces se da que quienes llegan al poder sienten que pueden tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía y que la información a la que acceden es de su propiedad. Jaraquemada explicó que esto perjudica el registro público, pues dichas autoridades suelen llevarse con ellos la información al dejar sus cargos. “El gran desafío es que las autoridades en América Latina entiendan que en la medida en que se avance en transparencia se avanza también en la confianza en las instituciones, y en nuestro continente, recuperar la confianza institucional, lo único que hace, es robustecer nuestras democracias”.

Accede a la entrevista completa de Infobae TV

Desde el 7 al 10 de julio, el Consejo para la Transparencia está participando en el II Encuentro Anual del Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsocial), en La Antigua, Guatemala.

Jorge Jaraquemada, Presidente del Consejo para la Transparencia, además de representar a la Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), fue invitado a formar parte del seminario internacional “Mejora de la coordinación interinstitucional en casos de corrupción y delitos económico-financieros” y, específicamente, a integrar la mesa redonda: “Mejor calidad del gasto, mayor impacto en las políticas”. En dicha instancia, compartió reflexiones junto a José Luis Machinea, ex Ministro de Economía y Hacienda de Argentina; Ricardo Martner, Coordinador de Área Fiscal de la División de Desarrollo Económico, CEPAL; Alma Eunice Rendón, Directora General de la Coordinación Intersecretarial, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana SEGOB, México y Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social, CEPAL.

Además, el presidente del CPLT estará presente en panel “Experiencias internacionales de cooperación en la lucha contra la corrupción” junto a Rocío Paniagua, Asesora de Proyectos de International Bar Association y Ramses Barrera, Red de Recuperación de Activos de GAFISUD.

La actividad, patrocinada por EUROsocial, tiene por objetivo reunir a los principales actores del Programa, en diferentes seminarios que involucran áreas sobre Política Sociales, Finanzas Públicas, Gobernabilidad democrática y Justicia y Seguridad. Con ello, se busca ofrecer un espacio de debate que sirva para mejorar algunos factores clave para el éxito del Programa y para madurar una forma de cooperación que ha demostrado ser eficaz.

AGENDA ACTIVIDADES

 

Una mayoritaria valoración de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública por parte de los trabajadores públicos arrojó el II Estudio Nacional de Funcionarios, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Dicha investigación evidenció que el 57% de los funcionarios del sector público considera útil la transparencia en el Estado y un 94% cree que el acceso de los ciudadanos a la información pública es necesario.

La encuesta, que busca analizar el nivel de penetración de la cultura de la probidad entre los funcionarios del sector público, se realizó a 1.059 trabajadores de instituciones estatales y municipalidades de las 15 regiones del país.

Los resultados indican que el 64% de los funcionarios cree que el Estado es “transparente” y un 56% lo califica como “eficiente”.

En cuanto a quiénes hacen uso del derecho de acceso a la información pública, los trabajadores opinan que es la propia administración pública la que más utiliza esta garantía (16,3%), seguida por los periodistas (14,9%) y la ciudadanía (14,6%).

Consultados sobre cuál es la principal razón por la cual se pide información pública, el 23,8% sostuvo que es “para conocer o postular a beneficios y subsidios”, mientras que un 17,7% cree que es para “solucionar un problema” y un 14,4% “para desenmascarar una irregularidad”.

En cuanto a los beneficios que reporta para el país la existencia de la política de transparencia, el 54% opina que brinda información a los ciudadanos sobre lo que hace el Estado, mientras que un 51% sostiene que fomenta la participación ciudadana. A su vez, mayoritariamente creen que genera un mayor acercamiento entre las personas y los organismos públicos (59%) y mejora la imagen de las instituciones y funcionarios públicos (48%).

“La valoración que los funcionarios tienen de la Ley de Transparencia radica en los beneficios concretos que pueden observar tanto para el país, los ciudadanos y ellos mismos. Pueden constatar, en su trabajo diario, que gracias a la Ley de Transparencia se ha generado un mayor acercamiento entre los ciudadanos y los organismos públicos y que ha mejorado su imagen ante la población”, afirmó el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

El II Estudio Nacional del CPLT también arrojó que un 93,8% de los funcionarios considera que la ciudadanía tiene derecho a reclamar cuando un organismo público no entrega la información que solicitó.

 

A su vez, un 86,5% cree que, cuando una persona pide información a un organismo del Estado, éste está obligado a entregarla. En tanto, un 89% opina que “hay cierta información que, por su naturaleza, debe ser mantenida bajo secreto/reserva”.

PRESENTACIÓN RESULTADOS

ESTUDIO FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Hasta la Dirección General de Carabineros llegaron esta mañana el Director General del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, su Director Jurídico, Rubén Burgos y el Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo, David Ibaceta, para la ceremonia de firma de un convenio de cooperación entre el Consejo para la Transparencia (CPLT) y Carabineros de Chile, con miras la implementación de un sistema piloto de notificación electrónica de amparos y reclamos para agilizar los tiempos de tramitación de los mismos.

Raúl Ferrada, destacó que “con este convenio, Carabineros y el CPLT innovan en el procedimiento de resolución de amparos con el propósito de dar una respuesta más oportuna a los solicitantes de información a través de la implementación de un proyecto piloto que podría extenderse en el futuro a otros organismos”.

En la misma línea, el Coronel Ramiro Larraín, Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros, señaló que “este convenio constituye en un gran avance con miras a una futura digitalización y no sólo significa una agilización del sistema, sino que un ahorro de importante en cuanto a recursos humanos y materiales”.

En la cita, el coronel Larraín reiteró el compromiso de Carabineros con la transparencia y el acceso a la información pública de los cuidadanos, expresando el interés institucional en avanzar en una relación de colaboración permanente con el Consejo para la Transparencia.