Más de 50 alumnos de la carrera de Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco participaron en el Taller de Habilitación en el Derecho de Acceso a Información Pública, jornada de formación liderada por la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González. Esta instancia tuvo como objetivo acercar la Ley de Transparencia a la comunidad universitaria y promover su uso como una herramienta con múltiples propósitos: de investigación, para resolver necesidades cotidianas y, en general, para realizar control social.

La actividad reunió a estudiantes, profesores y autoridades universitarias interesadas en ahondar en cómo ejercer el derecho de acceso a la información pública, a través de solicitudes dirigidas a los organismos del Estado, revisar transparencia activa y cómo las herramientas que provee la Ley de Transparencia pueden contribuir a una gestión más abierta y responsable.

Esta iniciativa forma parte del plan nacional de formación del CPLT, que recorre distintas regiones del país para sensibilizar a distintos grupos de la ciudadanía sobre los beneficios y alcances de la Ley de Transparencia, fortaleciendo las capacidades locales para ejercer este derecho y contribuir a una gestión pública más cercana y transparente.

Asimismo, el equipo técnico del CPLT, junto a su presidenta, sostuvieron una jornada de trabajo con el Director de Administración y Finanzas y el equipo de transparencia del Gobierno Regional de la Araucanía (GORE Araucanía), a fin de analizar en detalle los resultados que obtuvieron en la fiscalización de cumplimiento de transparencia activa que hizo el CPLT a los gobiernos regionales en marzo del presente año.

En dicha fiscalización, el GORE Araucanía obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 43.9%, es decir, −32.2 puntos por debajo de la media del país, por lo que se abordaron los procedimientos para revertir estos puntajes, así como una serie de recomendaciones en la publicación de las materias que presentaban las mayores brechas, tales como presupuesto y su ejecución y transferencias de fondos públicos.

“Estas instancias se enmarcan en la facultad de promoción del Consejo para la Transparencia. Si bien es fundamental nuestra labor de garantía del derecho de acceso a información pública y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia, las cuales pueden desencadenar una sanción para los responsables de infracciones, también es de máxima prioridad acercar la Ley de Transparencia tanto a los funcionarios públicos como la sociedad civil. Esta es una tarea constante en que esta corporación está comprometida de lleno”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, expuso en el Panel “Balance del cumplimiento de la Ley de Transparencia en los municipios y el avance hacia una gestión cercana a la comunidad”, realizado en el marco del seminario macro zonal organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en la comuna de Concón, Quinta Región, denominado “Actualizaciones del marco normativo municipal: nueva legislación y contraloría”.

Durante su presentación, González entregó un balance actualizado sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos locales y sus entidades relacionadas: asociaciones, corporaciones y fundaciones municipales. Al respecto, destacó que, si bien en 2025 las municipalidades presentaron un alza en el cumplimiento de transparencia activa con respecto al año anterior, alcanzando un 81,6%, los últimos registros de sus entidades relacionadas iban en dirección contraria. Específicamente, relevó que en 2024 el cumplimiento de las corporaciones municipales fue de tan solo un 37% y de las asociaciones municipales de un 56%.

Asimismo, analizó los resultados de fiscalizaciones específicas que se realizaron este año al mundo local respecto de temáticas focalizadas. Primero, abordó la fiscalización de registros múltiples de personal, en la que se evidenció que había 81.112 registros múltiples en 324 municipalidades del país, es decir, casos en los cuales un funcionario aparecía como contratado más de una vez. El 73% de los casos se trataba de funcionarios contratados en una misma institución, mientras que el 27% en instituciones distintas.

En segundo término, expuso sobre los resultados de la fiscalización acerca del uso de los recursos del impuesto Royalty Minero, los cuales en 2024 alcanzaron los $93 mil millones repartidos a 307 comunas. La investigación detectó que en ese año un 61% de las municipalidades beneficiarias no cumplió plenamente con la obligación de publicar en transparencia activa los reportes de ejecución del uso de estos recursos. Adicionalmente, mostró una gran diversidad en los destinos de los fondos. Mientras un 38% se utilizó en iniciativas de inversión, se destinó un 8% en gastos de personal, 24% en bienes y servicios de consumo, 18% en transferencias corrientes y un 12% en adquisición de activos no financieros.

Durante el panel, Natalia González también se refirió a la facultad sancionatoria del CPLT respecto de las municipalidades y sus entidades asociadas, explicando los tipos de conductas que son sancionadas, detallando las que se verifican más habitualmente y cuál es el resultado. Al respecto, relevó que entre 2022 y 2024 la gran mayoría de las investigaciones sumarias se instruyeron por infracciones a obligaciones de transparencia activa y terminaron en la imposición de una multa (siendo escasos los casos de sobreseimiento o absolución).

Finalmente, la presidenta del CPLT destacó también las acciones institucionales orientadas a fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales, como el programa InfoEnlaces, el plan de certificación de enlaces de transparencia y las capacitaciones conjuntas que realiza el CPLT con SUBDERE, además de iniciativas educativas que promueven el derecho de acceso a la información entre estudiantes y organizaciones sociales.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que en septiembre de 2024 las municipalidades del país concentraban el 47% del total del personal de la Administración del Estado, según su fiscalización extraordinaria sobre la materia elaborada por el Área de Fiscalización Aplicada del organismo este año.

El estudio —que comparó los datos de septiembre de 2023 y 2024 disponibles en los portales de transparencia activa de cada institución— reveló que el número total de personas que trabajan en la Administración del Estado a septiembre de 2024 asciende a 841.613, de las que un 47% corresponde a personal municipal (392.170 funcionarios) y un 53% a la Administración Central (449.443 funcionarios), confirmando el rol clave que cumplen los gobiernos locales en la gestión pública del país.

La fiscalización detectó que un 8% de los municipios no publica o mantiene desactualizada la información sobre su personal, infringiendo su obligación de transparencia activa establecida en la Ley de Transparencia y su normativa asociada.

En otros casos, respecto de aquellos municipios que publican total o parcialmente fuera del Portal de Transparencia administrado por el CPLT, se constató que utilizan formatos no reutilizables —como archivos PDF—, lo que dificulta el control ciudadano y el acceso a información precisa sobre sus dotaciones y remuneraciones.

La presidenta del CPLT, Natalia González, subrayó que “las municipalidades son la cara más visible del Estado y concentran una enorme proporción de los funcionarios públicos del país. Además, en 2024 el gasto en personal de las municipalidades alcanzó casi un 50% del total de sus gastos, lo justifica que se trate de una temática de especial interés ciudadano, respecto de la cual debe exigirse una máxima rendición de cuentas. Por eso, es fundamental que toda la información sobre su personal esté disponible, actualizada y en formatos abiertos, porque la transparencia es una condición necesaria de una gestión eficiente y responsable de los recursos locales”.

El informe muestra además que la dotación municipal se ha mantenido estable entre 2023 y 2024, con una variación de apenas 287 funcionarios menos para 2024, lo que refleja equilibrio en el empleo público local. Las regiones Metropolitana, Biobío y Maule concentran la mayor cantidad de funcionarios —más de 180 mil personas en conjunto—, y las municipalidades con más personal son Talca, Santiago, Puerto Montt, Temuco y Chillán, todas capitales regionales o provinciales.

En cuanto a las modalidades de contratación, el personal de planta representa el 32% del total municipal, seguido de honorarios con 24% y por quienes trabajan bajo el Código del Trabajo y a contrata ambos con 22%, respectivamente. A nivel de sectores, cerca del 40% de los funcionarios municipales se desempeñan en el área de educación, seguida por gestión municipal con 36% y salud con 24%, mientras que la gestión de los cementerios concentra menos del 1% del total.

Al respecto, González agrego que “esta fiscalización sobre la dotación de personal de la Administración del Estado, que comprende —por cierto— a las municipalidades, es un ejercicio que hacemos de forma periódica y que seguiremos haciendo, ya que entendemos que es información fundamental para la formulación de políticas públicas. Es nuestro mandato fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar que el sector público, la academia, los medios y, en general, la ciudadanía, puedan acceder a esta información”.

El CPLT anunció que continuará reforzando su labor de fiscalización, así como también sus programas de capacitaciones y acompañamiento técnico para mejorar los niveles de cumplimiento en materia de transparencia activa, especialmente en el ámbito municipal, donde la información pública permite fortalecer la confianza y el control ciudadano sobre la gestión local del Estado.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) incorporó en la portada de su sitio web una nueva sección de Visualizaciones, que reúne datos e indicadores sobre materias como Transparencia, Acceso a la Información y Lobby, con el objetivo de facilitar el acceso público a información relevante y fortalecer el control ciudadano.

Los contenidos están organizados por tema y presentados mediante miniaturas interactivas que permiten acceder a gráficos dinámicos, mapas y series temporales, entregando una visión clara y comparativa sobre distintas dimensiones del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Entre los temas disponibles se incluyen análisis sobre Solicitudes de Acceso a la Información, casos por organismo, casos judicializados, registros de agenda pública y Declaraciones de Interés y Patrimonio, con opciones de exploración por año, tipo de institución, cargo o región.

Cada recurso fue diseñado  para ser intuitiva y accesible, incorporando filtros y herramientas que permiten personalizar la exploración de datos. Con ello, el CPLT busca promover el uso activo de la información pública y garantizar que distintos actores —como organismos del Estado, academia, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía— puedan acceder y comprender de manera sencilla los datos disponibles.

El consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, participó en el XXIX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), titulado “Transparencia Digital y Algoritmos: Hacia una Gobernanza Abierta y Responsable de Infraestructuras Tecnológicas para el Acceso a la Información Pública”.

El encuentro reunió a representantes de distintos países de Iberoamérica con el propósito de favorecer el intercambio de buenas prácticas, modelos de gestión y mecanismos facilitadores, promoviendo que la transparencia se consolide como un valor indispensable de la gobernanza democrática.

En la instancia, el consejero Navarrete participó en el segundo panel, “Arquitectura y diseño de indicadores de transparencia digital y casos de buenas prácticas en materia de transparencia”, donde se abordaron los desafíos de la transformación digital y el desarrollo de indicadores que fortalezcan la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su última fiscalización anual sobre el personal de la Administración del Estado, que compara las cifras de septiembre de 2023 con las de septiembre de 2024 publicadas en los portales de transparencia de las instituciones indagadas. La Administración del Estado comprende tanto la Administración Central del Estado (Presidencia y delegaciones presidenciales, ministerios y subsecretarías, servicios dependientes de estos últimos, entre otros) como las municipalidades.

El informe evidenció que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024 la dotación total de la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas. De este total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%). Las cifras relevan que en este período el alza fue exclusivamente en los organismos centrales, que aumentaron casi 10 mil trabajadores, mientras que los municipios mostraron una leve baja de 287.

El análisis mostró que en la Administración Central predomina el empleo a contrata, que concentra un 61% de la dotación, seguido de un 18% de planta, un 14% de sujeción al Código del Trabajo y un 7% honorarios. Se advirtió, además, que casi la totalidad de los órganos analizados parece no cumplir con la limitación que establece el Estatuto Administrativo de que el total de sus funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta.

Asimismo, se constata que los sectores de salud y educación siguen siendo los que más personal concentran, con un 50% de total (más de 223 mil funcionarios) y un 17% (más de 77 mil funcionarios), respectivamente.

En tanto, en el nivel municipal, la cifra se ha mantenido estable en torno a los 392 mil funcionarios, con un promedio cercano a los 1.100 funcionarios por institución, y una distribución territorial encabezada por la Región Metropolitana con más de 85 mil trabajadores, seguida por Biobío con 51 mil y Maule con 46 mil. Valparaíso se ubica en cuarto lugar, con más de 43 mil funcionarios municipales, mientras que las regiones extremas de Magallanes y Aysén presentan las cifras más bajas.

El detalle por modalidad de contratación en los municipios indica que el personal de planta es la principal forma de contratación, con un 32% del total de la dotación municipal, seguida por honorarios con 24% y sujeción al Código del Trabajo y contrata, ambos con 22%, respectivamente. En relación con el personal a honorarios, se puede observar que, en comunas con alta población, como Maipú y Puente Alto, la proporción de funcionarios contratados bajo esa modalidad es especialmente elevada, alcanzando un 67% y un 58% de su dotación, respectivamente. También destaca el caso de Coquimbo, donde casi la mitad de su personal trabaja bajo esta modalidad.

Adicionalmente, cerca del 40% de los funcionarios municipales se desempeñan en el área de educación, seguida por gestión municipal con 36% y salud con 24%, mientras que la gestión de los cementerios concentra menos del 1% del total.

La fiscalización del CPLT también detectó que un 4% de los organismos de la Administración Central y un 8% de los municipios no publicaron de forma íntegra o actualizada la información sobre su personal en transparencia activa, incumpliendo con lo que establece la Ley de Transparencia y su normativa asociada.

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, recalcó que: “En 2024 el gasto en personal en los organismos de la Administración Central fue de un 21,9% del total del presupuesto ejecutado. Por su parte, en los municipios alcanzó un 48,6% respecto del total de gastos de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de recursos públicos muy relevante, que lo hace una temática de especial interés ciudadano, y respecto de la cual este Consejo tendrá especial cuidado en fiscalizar que la información sea clara, accesible, completa y debidamente actualizada”.

González agrego que “esta fiscalización sobre la dotación de personal de la Administración del Estado es un ejercicio que hacemos de forma periódica y que seguiremos haciendo, ya que entendemos que es información fundamental para la formulación de políticas públicas. Es nuestro mandato fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar que el sector público, la academia, los medios y, en general, la ciudadanía, puedan acceder a esta información”.

En esta indagación se consideraron para 2024 un total de 752 sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, conformados por 407 organismos de la Administración Central del Estado y las 345 municipalidades. Sus resultados serán remitidos tanto a la Contraloría General de la República como a la Dirección de Presupuestos.

Informe de Fiscalización Personal Administración del Estado 2025

El Consejo para la Transparencia (CPLT) abrió una inédita consulta pública para recibir opiniones, comentarios y sugerencias respecto de sus “Recomendaciones sobre Gestión Documental en el marco del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública”, cuya primera versión fue elaborada por el organismo y puesta en consulta. Este documento tiene por objeto permitir a la Administración del Estado la sistematización de información para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia activa y, a su vez, facilitar a la entrega de información solicitada por las personas en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

Esta iniciativa se enmarca en la Política de Participación del CPLT, que define la consulta pública como un mecanismo de participación ciudadana cuyo propósito es recoger las opiniones, comentarios y sugerencias de la ciudadanía, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, academia y grupos de interés, para que puedan expresar, de manera informada, sus apreciaciones sobre materias previamente definidas por el CPLT.

“La gestión documental y archivística y la digitalización son condiciones previas y necesarias para que la Administración del Estado pueda cumplir con sus obligaciones de transparencia de manera más eficiente y eficaz. Si bien entendemos que para aquellos órganos más pequeños y con menos recursos es un esfuerzo muy importante ceñirse a todas las recomendaciones, en el largo plazo vale la pena, pues no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, sino que también permite una respuesta más rápida y completa a las solicitudes de acceso a la información. Es más, una mejor gestión documental y uso de la tecnología mejora la eficiencia del órgano en todos sus aspectos. Por eso es tan recomendable empezar a adoptar gradualmente estas recomendaciones”, destacó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González Bañados.

González agregó que “No hay que olvidar que la Ley de Transformación Digital del Estado impone una serie de obligaciones de digitalización y deberá implementarse gradualmente a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo anterior, vemos también estas recomendaciones como una doble oportunidad: subirse al carro de la digitalización y a la vez usar estas herramientas tecnológicas para ajustar los sistemas informáticos en materia de gestión documental”.

Las recomendaciones elaboradas por el Consejo apuntan a fortalecer los sistemas de gestión documental de los organismos públicos, promoviendo la adopción de políticas y buenas prácticas que aseguren la correcta organización, conservación y trazabilidad de los documentos, tanto físicos como digitales.

En términos simples, mejorar la gestión documental significa ordenar y administrar de mejor manera los archivos e información pública, de modo que los servicios del Estado puedan encontrar, resguardar y entregar esa información de forma más rápida, completa y segura a las personas.

Entre las principales medidas, el CPLT propone vincular las políticas de transparencia con los procedimientos de gestión documental, regular el ciclo de vida de los documentos —desde su creación hasta su archivo o eliminación— y establecer mecanismos claros de registro, acceso y trazabilidad.

El documento también recomienda implementar sistemas unificados de gestión documental, reforzar la protección de datos personales y sensibles, e incorporar medidas de seguridad informática y ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información pública. Además, sugiere eliminar progresivamente la coexistencia de archivos digitales y en papel, destinar presupuesto para mejorar los índices de madurez digital, y capacitar a funcionarios en esta materia, reconociendo el vínculo directo entre una adecuada gestión documental y el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Asimismo, el CPLT recomienda alinear los proyectos de gestión documental con los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) e incorporar incentivos que promuevan su correcta implementación. El documento releva también la importancia de adoptar buenas prácticas internacionales, como las de la Norma ISO 15489-1 sobre gestión de documentos, y el Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que entrega herramientas modulares y graduales para fortalecer la organización y preservación de los archivos públicos.

El CPLT invita a todas las personas y organizaciones interesadas a participar activamente en este proceso de consulta pública, cuyo propósito es avanzar hacia una gestión documental moderna, segura y alineada con los estándares internacionales, que permita mejorar la disponibilidad, trazabilidad y preservación de la información pública en beneficio de la ciudadanía.

La consulta estará abierta hasta el jueves 6 de noviembre de 2025, y las observaciones podrán realizarse a través del sitio web institucional www.consejotransparencia.cl

Entre el 14 y el 17 de octubre de 2025, nuestro consejero, Bernardo Navarrete, fue parte del programa “Ética y Transparencia”, organizado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) del Gobierno de Colombia.

Durante su participación, abordó los vínculos entre ética, transparencia y gestión pública, desarrollando diversas conferencias en sedes regionales de la ESAP.

El consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, sostuvo una reunión con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo Peiretti, con el objetivo de conocer la situación comunal en materia de transparencia, acceso a la información pública e integridad.

En el encuentro participaron también Patricia Jiménez, encargada de la Unidad de Transparencia, junto a Juan Carrión, profesional de la misma unidad, quienes presentaron los principales avances y desafíos del municipio en estas materias.

La visita se enmarca en la agenda de trabajo que el CPLT desarrolla con distintos gobiernos locales, orientada a fortalecer la gestión de la información pública y promover una cultura de transparencia e integridad en el ámbito municipal.

El consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, sostuvo una reunión con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y la directora jurídica, Estefany Alarcón, con el objetivo de dialogar sobre cómo promover una gestión local más abierta, íntegra y accesible en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Durante el encuentro, el consejero Navarrete destacó que “la transparencia es la base de una gestión municipal democrática y eficiente. Es fundamental que las autoridades locales trabajen de la mano con la ciudadanía para garantizar que la información pública sea accesible, clara y oportuna”.

Por su parte, la alcaldesa Karina Delfino valoró el trabajo conjunto con el CPLT y la importancia de fortalecer las iniciativas en esta materia. “El acceso a la información y la transparencia son pilares esenciales para construir confianza y mejorar la relación entre los municipios y las comunidades”, señaló la jefa comunal.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) entró de lleno al debate por la transparencia del presupuesto y advirtió sobre una grave debilidad en el control del uso de los millonarios recursos provenientes del royalty minero por las municipalidades y sugirió al Congreso corregirla durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2026.

La Ley de Presupuestos 2024 y demás normativa administrativa aplicable estableció el deber de las municipalidades de enviar trimestralmente un reporte a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos, obligando además a que los municipios publiquen en sus sitios de transparencia activa dichos reportes. Sin embargo, la polémica surge porque, a diferencia de 2024, la Ley de Presupuestos 2025 no incluyó obligaciones de transparencia activa respecto de dichos reportes, que, además, pasaron a ser una obligación anual para las municipalidades, por aplicación de la Ley N° 21.591 sobre Royalty a la Minería que comenzó a regir este año, restringiendo así el acceso ciudadano a información clave sobre el uso de estos fondos.

Para entender la magnitud de los recursos públicos involucrados, es pertinente recordar que en 2024 se entregaron más de $93 mil millones a 307 municipalidades del país con cargo a al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), debiendo estas subir en sus sitios de transparencia activa los reportes enviados a la SUBDERE trimestralmente.

Esa medida permitió, un control oportuno y público del destino de los dineros. De hecho, el CPLT realizó una fiscalización extraordinaria para el período 2024 que implicó una revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, la que reveló serios incumplimientos: un 61% de las municipalidades beneficiadas por el royalty no cumplió cabalmente con la obligación de publicar los reportes, según exige la normativa. Además, se constató gran disparidad en el destino que se dio a estos recursos: solo un 37% fue a inversión, mientras que un 23% se usó en bienes y servicios de consumo, un 18% en transferencias corrientes —algunas difíciles de rastrear—, un 12% en adquisición de activos no financieros y un 8% en gastos de personal.

Sin embargo, y tal como se señaló, para 2025 se eliminó de la Ley de Presupuestos y su normativa asociada la obligación de reporte trimestral a SUBDERE y publicación en transparencia activa, por lo que recién en marzo de 2026, cuando SUBDERE reciba los informes anuales de las municipalidades, se podrá conocer cómo se gastaron los más de $218 mil millones que recibieron las comunas en 2025.

Ante este escenario, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó: “Mientras no se corrija esta deficiencia de forma definitiva en la normativa asociada al Royalty Minero, no podemos retroceder en transparencia. Sostenemos que, tal como en 2024, la Ley de Presupuestos 2026 debe volver a establecer obligaciones periódicas de elaboración y publicación en transparencia activa de los reportes de uso de los fondos provenientes del royalty. Los municipios administran recursos que pertenecen a todos los chilenos y la ciudadanía tiene derecho a saber oportunamente cómo se están gastando”.

El CPLT subrayó que la discusión presupuestaria abre una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas a nivel local y evitar espacios de discrecionalidad en el uso de los fondos del royalty, que deben priorizar la inversión y el desarrollo comunal.

Informe Royalty

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que ya se encuentran disponibles, a través de la plataforma InfoProbidad (www.infoprobidad.cl), las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional que participarán en las elecciones de noviembre próximo.

En el caso de la carrera presidencial, ya se encuentran publicadas las declaraciones de las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei; y de los candidatos Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, lo que permite a la ciudadanía conocer su situación patrimonial, actividades económicas y profesionales, así como eventuales vínculos que pudiesen generar conflictos de interés.

La presidenta del CPLT, Natalia González, relevó el rol que cumple este mecanismo de transparencia y probidad en el actual proceso electoral: “El sentido de esta obligación legal es que tanto los votantes como los órganos fiscalizadores puedan identificar situaciones que eventualmente configuraren conflictos de interés, de manera que estos puedan ser debidamente gestionados en la oportunidad correspondiente. Esta herramienta nos permite advertir cuando concurren a la vez el interés general con un interés particular, a fin de poder exigir siempre la primacía del primero”

El acceso a estas declaraciones se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700 Sobre Votaciones Populares y Escrutinio en relación con la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de intereses, que establecen la obligación de los candidatos de realizar y presentar estos antecedentes como un requisito para que el SERVEL pueda admitir su candidatura.

La información es entregada por el SERVEL al Consejo para la Transparencia, entidad esta última que la pone a disposición de toda la ciudadanía en la plataforma InfoProbidad que administra, facilitando el escrutinio público y promoviendo una discusión electoral con mayores estándares de transparencia.