Entre el 14 y el 17 de octubre de 2025, nuestro consejero, Bernardo Navarrete, fue parte del programa “Ética y Transparencia”, organizado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) del Gobierno de Colombia.
Durante su participación, abordó los vínculos entre ética, transparencia y gestión pública, desarrollando diversas conferencias en sedes regionales de la ESAP.
El consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, sostuvo una reunión con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo Peiretti, con el objetivo de conocer la situación comunal en materia de transparencia, acceso a la información pública e integridad.
En el encuentro participaron también Patricia Jiménez, encargada de la Unidad de Transparencia, junto a Juan Carrión, profesional de la misma unidad, quienes presentaron los principales avances y desafíos del municipio en estas materias.
La visita se enmarca en la agenda de trabajo que el CPLT desarrolla con distintos gobiernos locales, orientada a fortalecer la gestión de la información pública y promover una cultura de transparencia e integridad en el ámbito municipal.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) entró de lleno al debate por la transparencia del presupuesto y advirtió sobre una grave debilidad en el control del uso de los millonarios recursos provenientes del royalty minero por las municipalidades y sugirió al Congreso corregirla durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2026.
La Ley de Presupuestos 2024 y demás normativa administrativa aplicable estableció el deber de las municipalidades de enviar trimestralmente un reporte a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos, obligando además a que los municipios publiquen en sus sitios de transparencia activa dichos reportes. Sin embargo, la polémica surge porque, a diferencia de 2024, la Ley de Presupuestos 2025 no incluyó obligaciones de transparencia activa respecto de dichos reportes, que, además, pasaron a ser una obligación anual para las municipalidades, por aplicación de la Ley N° 21.591 sobre Royalty a la Minería que comenzó a regir este año, restringiendo así el acceso ciudadano a información clave sobre el uso de estos fondos.
Para entender la magnitud de los recursos públicos involucrados, es pertinente recordar que en 2024 se entregaron más de $93 mil millones a 307 municipalidades del país con cargo a al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), debiendo estas subir en sus sitios de transparencia activa los reportes enviados a la SUBDERE trimestralmente.
Esa medida permitió, un control oportuno y público del destino de los dineros. De hecho, el CPLT realizó una fiscalización extraordinaria para el período 2024 que implicó una revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, la que reveló serios incumplimientos: un 61% de las municipalidades beneficiadas por el royalty no cumplió cabalmente con la obligación de publicar los reportes, según exige la normativa. Además, se constató gran disparidad en el destino que se dio a estos recursos: solo un 37% fue a inversión, mientras que un 23% se usó en bienes y servicios de consumo, un 18% en transferencias corrientes —algunas difíciles de rastrear—, un 12% en adquisición de activos no financieros y un 8% en gastos de personal.
Sin embargo, y tal como se señaló, para 2025 se eliminó de la Ley de Presupuestos y su normativa asociada la obligación de reporte trimestral a SUBDERE y publicación en transparencia activa, por lo que recién en marzo de 2026, cuando SUBDERE reciba los informes anuales de las municipalidades, se podrá conocer cómo se gastaron los más de $218 mil millones que recibieron las comunas en 2025.
Ante este escenario, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó: “Mientras no se corrija esta deficiencia de forma definitiva en la normativa asociada al Royalty Minero, no podemos retroceder en transparencia. Sostenemos que, tal como en 2024, la Ley de Presupuestos 2026 debe volver a establecer obligaciones periódicas de elaboración y publicación en transparencia activa de los reportes de uso de los fondos provenientes del royalty. Los municipios administran recursos que pertenecen a todos los chilenos y la ciudadanía tiene derecho a saber oportunamente cómo se están gastando”.
El CPLT subrayó que la discusión presupuestaria abre una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas a nivel local y evitar espacios de discrecionalidad en el uso de los fondos del royalty, que deben priorizar la inversión y el desarrollo comunal.
El consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, sostuvo una reunión con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y la directora jurídica, Estefany Alarcón, con el objetivo de dialogar sobre cómo promover una gestión local más abierta, íntegra y accesible en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Durante el encuentro, el consejero Navarrete destacó que “la transparencia es la base de una gestión municipal democrática y eficiente. Es fundamental que las autoridades locales trabajen de la mano con la ciudadanía para garantizar que la información pública sea accesible, clara y oportuna”.
Por su parte, la alcaldesa Karina Delfino valoró el trabajo conjunto con el CPLT y la importancia de fortalecer las iniciativas en esta materia. “El acceso a la información y la transparencia son pilares esenciales para construir confianza y mejorar la relación entre los municipios y las comunidades”, señaló la jefa comunal.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que ya se encuentran disponibles, a través de la plataforma InfoProbidad (www.infoprobidad.cl), las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional que participarán en las elecciones de noviembre próximo.
En el caso de la carrera presidencial, ya se encuentran publicadas las declaraciones de las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei; y de los candidatos Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, lo que permite a la ciudadanía conocer su situación patrimonial, actividades económicas y profesionales, así como eventuales vínculos que pudiesen generar conflictos de interés.
La presidenta del CPLT, Natalia González, relevó el rol que cumple este mecanismo de transparencia y probidad en el actual proceso electoral: “El sentido de esta obligación legal es que tanto los votantes como los órganos fiscalizadores puedan identificar situaciones que eventualmente configuraren conflictos de interés, de manera que estos puedan ser debidamente gestionados en la oportunidad correspondiente. Esta herramienta nos permite advertir cuando concurren a la vez el interés general con un interés particular, a fin de poder exigir siempre la primacía del primero”
El acceso a estas declaraciones se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700 Sobre Votaciones Populares y Escrutinio en relación con la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de intereses, que establecen la obligación de los candidatos de realizar y presentar estos antecedentes como un requisito para que el SERVEL pueda admitir su candidatura.
La información es entregada por el SERVEL al Consejo para la Transparencia, entidad esta última que la pone a disposición de toda la ciudadanía en la plataforma InfoProbidad que administra, facilitando el escrutinio público y promoviendo una discusión electoral con mayores estándares de transparencia.
La consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), María Jaraquemada, participó en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), realizada entre el 6 y el 10 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, España.
Durante la actividad, Jaraquemada fue parte de la sesión temática “Del derecho a saber al poder de incidir: acceso a la información pública”, en la que compartió panel con representantes de organismos internacionales como Transparencia Internacional y Access Info Europe.
El encuentro reunió a más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil e instituciones de diversos países, con el propósito de promover el gobierno abierto, la rendición de cuentas y la colaboración entre distintos actores para fortalecer la transparencia pública.
En la sesión se abordaron los principales desafíos en la implementación del Derecho de Acceso a la Información, su impacto en la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y las oportunidades y tensiones que surgen con la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión estatal.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, el Portal de Transparencia del Estado recibió 4.094.673 visitas, lo que representa un alza en comparación con las 4.093.747 del primer semestre del año pasado. En cuanto a una de las acciones fundamentales que permite realizar este portal, se ingresaron 155.529 solicitudes de acceso a información electrónicas a órganos de la Administración del Estado, superando las 153.304 del primer semestre de 2024.
Entre las cifras más relevantes de este primer semestre, se registraron 7.139 casos ingresados, entre amparos y reclamos, lo que representa un aumento del 0,5% respecto de los 7.102 contabilizados en el mismo período de 2024. El alza confirma la tendencia creciente en el uso de los mecanismos de acceso a la información pública.
En contra de las decisiones del CPLT, se interpusieron 109 reclamos de ilegalidad, más del doble de los 52 interpuestos en el mismo período de 2024, lo que evidencia el aumento en el uso de la posibilidad que tiene la ciudadanía de solicitar a los tribunales superiores de justicia la revisión de las decisiones del CPLT. Al respecto, es relevante también destacar que, entre el 01 de enero y el 30 de mayo del presente año, un 93% de los recursos judiciales interpuestos contra decisiones del CPLT han sido resueltos ratificando dichas decisiones.
En cuanto al trabajo de resolución anticipada de casos, en este período fueron derivados al Sistema Anticipado de Resolución de Conflictos (SARC) 3.013 casos, con un 86,5% de éxito, superando el 81,6% alcanzado el primer semestre del año anterior.
En materia de fiscalización, entre el 01 de enero y el 30 de mayo del 2025, un 72,6% de los organismos sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia fueron objeto de acciones de fiscalización por parte del CPLT. Además, en ese período se finalizaron 6 fiscalizaciones y se encontraban en proceso otras 6.
En cuanto a las consecuencias de los casos o fiscalizaciones, al primer semestre del presente año se encontraban 237 organismos con investigaciones sumarias instruidas en su contra por el CPLT y 77 con investigaciones sumarias resueltas, esto representa respecto del mismo período del año anterior un alza de más del 300% y más del 80%, respectivamente.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló “Si se analizan las cifras de este primer semestre, se evidencia un uso creciente de las herramientas que la Ley de Transparencia y el CPLT ponen a disposición de la ciudadanía. Si se mantiene la tendencia, nuevamente tendremos un año con más de 300.000 solicitudes de acceso a la información dirigidas a los órganos de la Administración del Estado, barrera que se ha superado desde el año 2023. Por su parte, en el ingreso de casos sucede algo similar, estimamos que nuevamente tendremos un año con más de 13.000 casos ingresados al CPLT, lo que viene ocurriendo desde 2022. Lo anterior, no hace más que confirmar que cada vez más personas ejercen su derecho a saber y confían en el Consejo como garante de ese derecho. Nuestro compromiso es a seguir fortaleciendo los mecanismos que aseguren respuestas oportunas y eficaces desde los organismos públicos”.
Asimismo, el Consejo llevó a cabo 40 actividades de formación en el primer semestre de 2025, capacitando a más de 7.400 personas —entre funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y estudiantes— en materias vinculadas al derecho de acceso a la información y transparencia activa.
El consejero del CPLT, Roberto Munita, participó de la inauguración del X Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT) en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.
En la sesión de apertura, Munita, expuso sobre los principales desafíos de la transparencia en un contexto de cambio e incertidumbre marcados por la irrupción de la inteligencia artificial.
El Congreso continúa esta semana en la Universidad Jaume I, en Castellón de la Plana, con paneles y mesas de trabajo orientados a gobierno abierto, integridad pública y transparencia en entornos digitales.
Con gran convocatoria se realizó este viernes la Jornada de Actualización de Enlaces de Transparencia, organizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y con la presencia de representantes de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La actividad reunió a cerca de 200 funcionarios públicos en el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia.
La instancia se enmarcó en una serie de jornadas de capacitación que el CPLT y la SUBDERE están desarrollando en distintas regiones del país, con el propósito de fortalecer el trabajo de los encargados de transparencia de todos los servicios públicos y reforzar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa asociada.
La actividad se inició con las palabras de bienvenida de la presidenta del CPLT, Natalia González Bañados y de Valeria Lübbert Álvarez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia.
Durante la mañana, se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero abordó los desafíos en la publicación del personal y sus remuneraciones en los portales de transparencia activa de cada institución, con exposiciones de Isabel Figueroa, analista de la Unidad de Normativa y Regulación; Atilio Crovo, jefe del Área de Fiscalización de Cumplimiento; y Francisco Astudillo, jefe de la Unidad de Portal de Transparencia.
Tras una pausa, se llevó a cabo el segundo panel, centrado en la instrucción general del CPLT sobre transparencia presupuestaria y la publicación de actos con efectos sobre terceros. Las presentaciones estuvieron a cargo de Alejandra Olivares, analista de la Unidad de Normativa y Regulación, y nuevamente de Atilio Crovo, quienes profundizaron en aspectos normativos y de fiscalización, respectivamente.
“Hoy vivimos una crisis de desconfianza en las instituciones que es catalizada por los escándalos de corrupción que nos han sacudido los últimos años, la mayoría de los cuales suponen un mal uso de los recursos públicos. Por eso es tan importante la transparencia y el acceso a la información en materia de gestión de los recursos fiscales, porque es una de las áreas de mayor interés público y donde más propiamente se ejerce el control social”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
Cada panel incluyó una ronda de preguntas y un diálogo abierto entre los expositores y los asistentes, marcando un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias que contribuye a consolidar una cultura de transparencia en el sector público.
El Portal de Transparencia del Estado, que creó, administra y opera el Consejo para la Transparencia, superó los 50 millones de visitas desde su creación, un hito histórico que refleja el creciente interés de la ciudadanía por acceder a información pública y ejercer su derecho a saber. La plataforma se ha convertido en el principal canal digital para revisar y solicitar información al Estado y una herramienta concreta de fiscalización ciudadana, periodismo de investigación y participación democrática.
A través del Portal, cualquier persona puede:
Desde su lanzamiento en 2013, se han dirigido por su intermedio más de 2,3 millones de solicitudes de acceso a la información a organismos públicos, y cerca de 20.000 funcionarios públicos están registrados como usuarios activos que gestionan sus contenidos y respuestas dentro del sistema. Solo en 2024, se registraron más de 700 mil visitas mensuales, consolidando al Portal como uno de los sitios del Estado más utilizados por la ciudadanía.
Además, el sitio ha sido optimizado para funcionar en celulares y tablets, con un diseño inclusivo que incorpora lenguaje claro, facilitando su uso a personas de distintas edades, niveles educativos o con poca experiencia digital.
“La ciudadanía está usando crecientemente el Portal de Transparencia como una herramienta concreta para ejercer su derecho a saber. Este hito muestra que las personas no solo valoran la transparencia, sino que la necesitan y la exigen. Como Consejo, nuestro desafío es seguir fortaleciendo esta plataforma para que sea cada vez más útil, simple y accesible”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
Lo que partió como una iniciativa voluntaria —sin obligación legal para los organismos públicos de adscribirse— hoy integra más de mil instituciones, entre ellas ministerios, municipalidades, universidades, hospitales y empresas públicas. Gracias a este nivel de integración, el Portal ha sido clave para investigaciones sobre uso de fondos públicos, probidad, gestión institucional y acceso a derechos sociales.
“El Portal no es solo una vitrina digital de la Administración del Estado: es una herramienta de empoderamiento ciudadano y una vía directa para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Nos enorgullece que millones de personas lo estén utilizando y seguiremos trabajando para consolidar aún más esta cultura de la transparencia ya instalada”, añadió la presidenta del Consejo.
El Portal de Transparencia se enmarca en una trayectoria más amplia de hitos en modernización digital que ha convertido al CPLT en un referente tecnológico dentro del sector público chileno.
Algunos de sus principales logros incluyen:
Este enfoque sostenido en innovación ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, posicionando al Consejo como referente en transparencia digital, eficiencia institucional y empoderamiento ciudadano.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó una nueva fiscalización extraordinaria con el objeto de caracterizar la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios de Royalty Minero correspondientes a 2024 y una muestra de 2025. Específicamente, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591 que es la que establece este impuesto específico que se aplica a las grandes empresas explotadoras mineras, así como el deber de las municipalidades de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos. Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa cómo se gestionaron esos recursos, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos.
La metodología empleada por el CPLT para el período 2024, fue la revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, así como la realización de solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE y a una muestra que consideró los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos como consecuencia de la recepción de estos fondos. Para el período 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de este grupo de 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos.
Dentro de los principales hallazgos de la investigación para el período 2024, se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente (187) no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos en el ítem “Información Presupuestaria”, sub ítem “Informe fondos transitorios Royalty a la Minería. Ley de Presupuestos 2024”. Al respecto, cabe destacar que las comunas beneficiarias fueron 307, entre las que se distribuyó $93.645 millones, los cuales son de libre disposición para los propósitos que cumplen las municipalidades, con la limitación de que no pueden utilizarse para el pago de deudas.
En relación con los tipos de incumplimiento de los 187 municipios con infracciones, estos fueron no habilitar el sub ítem específico de Royalty, no publicar los reportes de rendición de fondos, subir información incompleta o publicar los reportes en un sub ítem distinto al que establece la normativa.
Respecto de las 38 comunas que no recibieron Fondos Puente, pero igualmente debían informar en sus portales que no eran beneficiarias, un 24% no cumplió con esta obligación.
En cuanto a la ejecución de los recursos en 2024, pudo extraerse de la información enviada por las municipalidades a la SUBDERE, que la totalidad de los municipios beneficiarios de los Fondos Puente imputaron los dineros a algún ítem presupuestario, de los que un 97% reporta haber hecho algún gasto con cargo a estos. El análisis reveló además que, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal. Entre los 5 mayores receptores se cuentan Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana.
Por su parte, entre los 5 mayores gastos reportados se evidencia una amplia diversidad de usos. El gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.670 millones. Lo sigue, la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones, La Granja en aseo domiciliario por $732 millones, Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.
En cuanto al detalle de la ejecución misma de los recursos, también se reporta una gran variedad de usos para este período, detectándose transferencias a corporaciones municipales de salud, educación y deporte, así como ayudas sociales a personas naturales y organizaciones comunitarias. También celebraciones comunales, producción de eventos, compra de vehículos municipales como ambulancias, buses y camiones aljibe y adquisición de mobiliario y equipos computacionales, entre otros.
En relación con este mismo periodo (2024), de 21 solicitudes de información enviadas a la muestra de 20 municipios, un 71% respondió en plazo, un 14% fuera de plazo y un 14% derechamente no respondió.
En cuanto al período 2025, la revisión de los portales de transparencia activa de la muestra de 20 municipios arrojó que solo el 20% reporta voluntariamente algún tipo de información sobre la ejecución de los recursos, con formatos dispares entre sí.
Sobre estos hallazgos, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que: “La normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos. El compromiso de nuestra corporación es a acortar esta brecha con todas las herramientas que la ley nos otorga”.
La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, participó del workshop y seminario coorganizado por la agencia del gobierno sueco para la paz, la seguridad y el desarrollo, Folke Bernadotte Academy, y la organización intergubernamental, International IDEA, llevados a cabo en la capital sueca, Estocolmo. En esas actividades se abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la democracia, especialmente en elecciones, la prestación de servicios por parte del Estado y la participación ciudadana.
En la instancia, González presentó la experiencia chilena en materia de uso y regulación de algoritmos en el sector público, destacando los avances del país en la construcción de un marco de transparencia algorítmica que busca equilibrar los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial.
En su intervención, titulada “Balancing AI’s Promise and Peril: Chile’s Journey Toward Smarter Regulation on AI”, González subrayó que en Chile ya se ha identificado la aplicación de sistemas automatizados de decisión en áreas tan sensibles como salud, orden público, educación, seguridad social, medioambiente y economía, lo que refuerza la necesidad de contar con reglas claras que aseguren su uso responsable y transparente frente a la ciudadanía.
La presidenta del CPLT explicó que el antecedente de las recomendaciones en materia de transparencia algorítmica elaboradas por el Consejo fue un proceso participativo iniciado en 2022, que incluyó 3 mesas de trabajo con representantes de más de 25 instituciones públicas y estudios piloto en 4 organismos del Estado. Estos esfuerzos dieron origen a las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica, contenidas en la Resolución Exenta N°372 del CPLT de fecha 12 de agosto de 2024 y publicadas el 30 de agosto del mismo año, que buscan orientar a los órganos de la Administración del Estado en la rendición de cuentas sobre el uso de sistemas automatizados frente a la ciudadanía.
“La transparencia es una condición esencial para que la inteligencia artificial en el sector público genere confianza y legitimidad democrática. No se trata solo de adoptar tecnología, sino de hacerlo asegurando que las personas comprendan cómo se toman decisiones que les afectan directamente en el ejercicio de sus derechos y conozcan qué tipo de datos personales se tratan para ello”, sostuvo González en su presentación.
Finalmente, destacó que una característica fundamental de la publicidad que se promueve a través de las recomendaciones es el lenguaje claro, de manera que se pueda facilitar a la ciudadanía comprender una temática que de por si es compleja. Relevó que además el CPLT publicó una Guía de Transparencia Algorítmica que busca orientar la adopción, por parte de los organismos del Estado, de las recomendaciones del Consejo y que se encuentra disponible en www.consejotransparencia.cl.
Con esta participación, el CPLT reafirma su compromiso de promover un uso transparente, ético y responsable de la inteligencia artificial, contribuyendo desde Chile al debate global sobre el futuro de la regulación de esta tecnología.
