Como parte de nuestro quehacer en promocionar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el contexto de la semana de Gobierno Abierto #OpenGovWeek que se celebra una vez al año de manera global y simultánea entre todos los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), este jueves participamos de manera activa con un stand informativo en la Feria de Gobierno Abierto en la Plaza de la Constitución. El objetivo es dar a conocer a la ciudadanía y funcionarios públicos sobre el rol del Consejo para la Transparencia (CPLT), sus herramientas y cómo el Gobierno Abierto ayuda a reconocer este derecho.

En la instancia integrantes de la Unidad de Promoción y Formación del CPLT entregaron material educativo, orientaciones y asesoría a personas a realizar solicitudes de información tanto para responder a distintas iniciativas en el control ciudadano que realizan en sus comunas, como también a responder a inquietudes y consultas sobre temáticas de su vida cotidiana.

El encuentro que busca compartir experiencias, buenas prácticas y abordar el escenario actual y desafíos respecto a la transparencia, la probidad y el combate a la corrupción es organizado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres y reunió a diferentes organismos entre los que se cuentan las carteras de Vivienda, Medio Ambiente y Ciencia además de la Contraloría General de la República, LabGob, PNUD, entre otros.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una serie de reclamos de ilegalidad interpuestos en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT) ratificando la orden de entregar copia de los contratos firmados por el Estado para la compra de vacunas contra el Covid-19 (amparos roles C1863-21, C585-21, C1049-21, C2104-21, C2977-21, C3810-21 y C5814-21).

La tercera sala del tribunal de alzada estableció en fallos unánimes lo ya planteado por el CPLT, relativo al carácter público y de interés ciudadano de estas materias, asociadas a salud pública. Asimismo, en su pronunciamiento destacaron lo ya establecido por el Consejo en el sentido de que las empresas farmacéuticas -como terceros involucrados que deben ser consultados por el organismo público que es objeto de este tipo de solicitudes de información-, no habrían demostrado de manera fehaciente la causal para mantener la información bajo reserva, asociada al interés nacional y a eventuales perjuicios económicos de difundirse los antecedentes requeridos.

“Si tú puedes dar información hay que darla, y si en un contrato hay unas cláusulas muy delicadas, éstas se pueden borrar, no se entregan esas cláusulas”, explicó el titular del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. “La discusión que se tuvo fue entre un gobierno que no quería entregar nada y el Consejo, que empujó por la entrega de algunas cosas” y no por mantener todo bajo reserva, detalló el presidente del CPLT. Asimismo, subrayó la relevancia de este pronunciamiento, en el que “queda consolidado el criterio de que existe un interés público y un interés superior de la comunidad en conocer contratos delicados como los de las vacunas”.

Las empresas podrán presentar recursos de queja en contra de los integrantes de la sala que emitió los fallos, acción que puede realizar hasta el 18 de mayo.

Un plazo de 10 días hábiles contados desde el 9 de mayo tiene el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) para responder al oficio que enviamos desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitando, entre otras antecedentes, el número de migrantes ingresados al país desde marzo de 2020.

Como CPLT requerimos la cantidad de personas con residencia definitiva, temporal y permanencia transitoria, además de información sobre los permisos de residencia, beneficiarios de una visa de estudiante, residente sujeto a contrato o residente temporario que se hubiesen entregado previo a la entrada en vigencia de la Ley N°21.325.

Asimismo, requerios el número de aquellos extranjeros a quienes se les ha reconocido la condición de refugiados, en el caso de contar con un “permiso de residencia por razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 21.325, o una visación de residencia temporaria, según corresponda; o bien, ya tuvieren un permiso de residencia permanente, o residencia definitiva, según corresponda”, se lee en el documento.

“En un contexto de crisis humanitaria y ante la sensibilidad de este tema, se requiere tener conocimiento real de la situación”, dijo el presidente del CPLT, Francisco Leturia. “Se conoció en estos días el inicio del funcionamiento de un Consejo de Política Migratorio que trabajará en las acciones en esta materia, liderado por la cartera de Interior, y creemos que para poder avanzar en este sentido se deben abrir datos que son de base para iniciar estas discusiones”, aseveró.

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Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades y las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días.

El titular del CPLT calificó de “grave” el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. “Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar”, dijo. “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público”, agregó.

Además, comentó que “cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie”. “No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra”, “no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna”, acotó.

Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, “más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear”.

Modificar norma de reserva

Aludiendo a una norma antigua del Código de Justicia Militar, el código 436, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han mantenido bajo reserva diversa información como las dotaciones. Al respecto, Leturia afirmó: “desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue”.

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El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, informó que esta semana presentará al Consejo Directivo del organismo, una solicitud para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales tras haberse vencido el 22 de abril pasado la fecha para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de ex autoridades de salud en plena crisis sanitaria por Covid-19.

Al respecto, el presidente del CPLT señaló que “en la próxima sesión de Consejo propondré a los demás consejeros de la Corporación, el inicio de una investigación sumaria sobre el particular”.

Cabe recordar que esta decisión deriva de un amparo presentado ante el Consejo que determinó la entrega al solicitante de los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales –entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020– por el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y el ex ministro Jaime Mañalich. A esta lista se suman los correos de otros funcionarios del Ministerio de Salud, entre otros, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.

El CPLT ya impulsó procesos sancionatorios en contra de las subsecretarías del Ministerio de Salud –la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales– luego de detectar que no estaban cumpliendo con las obligaciones de respuesta a solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia. Estas acciones derivaron en sanciones a las autoridades, aplicándose en el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, multas de un 45% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria) y en el caso del ex subsecretario de Redes Asistenciales, multas de un 35% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria), respectivamente, de las remuneraciones, por no cumplimiento de decisiones del Consejo y por la no entrega de información.

Previo a la entrega de esta información, el Minsal debe tarjar la información personal que pueda estar contenida en estas comunicaciones.

Tras incorporarse como socio al proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes de la Universidad Adolfo Ibáñez –con apoyo del BID Lab- el CPLT, en conjunto con el BIDLab llevará a cabo tres talleres participativos con 21 organismos públicos.

Este viernes el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, un proceso participativo con organismos del Estado y que permitirá el desarrollo de una herramienta inédita en la región para regular la transparencia algorítmica en el sector público.

La directora de Jurídica del CPLT, Ana María Muñoz, detalló que a partir de la incorporación de la entidad en calidad de socio al proyecto Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes, iniciativa ejecutada por la UAI y que cuenta además con el apoyo del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo-, se desarrollarán tres mesas de trabajo durante el mes de mayo.

A través de un convenio, ambas instituciones trabajarán en alianza para elaborar y dictar una instrucción general (IG) de transparencia activa de algoritmos, una herramienta jurídicamente vinculante para el sector público chileno. El desarrollo de esta herramienta incorpora un proceso colaborativo a partir de un trabajo con funcionarios de distintos organismos públicos, un piloto y una consulta pública.

En la generación de esta instrucción general sobre algoritmos y transparencia se alinean los objetivos del proyecto Algoritmos Éticos y del Consejo, al constituir un avance clave en la adopción de estándares éticos en el uso de sistemas automatizados por parte del Estado.

En la línea de fortalecimiento de un ecosistema de normas e instituciones que luchan contra la corrupción y promueven la transparencia, rendición de cuentas y la integridad, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, participó en la primera reunión ampliada del año 2022 de la Alianza Anticorrupción (UNCAC).

En su intervención en este encuentro, el titular del CPLT destacó el compromiso y el entusiasmo de la entidad que lidera para seguir impulsando un trabajo coordinado: “dado que los problemas son grandes, la unión hace la fuerza.

(…) tenemos que acelerar, tenemos que juntarnos más, tenemos que aumentar esa coordinación. Y desde ya les doy gracias por el trabajo, la iniciativa, la coordinación”. Agregó: “La transparencia (…) ayuda a muchas cosas, y a lo de las cosas a las que ayuda es a disminuir los espacios de corrupción”.

Asimismo, enfatizó en el trabajo que debe realizarse en el ámbito del narcotráfico y en el sector privado: “Hay temas nuevos que tenemos que resolver como por ejemplo si es que hay o no corrupción en el mundo privado. Creo que si lo hay, y habrá que tomar otras medidas”.

Durante la reunión y en virtud de lo acordado en la 10° Reunión Ampliada de la Alianza Anticorrupción UNCAC celebrada en octubre de 2021, se eligió a la Cámara de Comercio de Santiago como la Presidencia de la Alianza Anticorrupción.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia junto a los consejeros Bernardo Navarrete, Gloria de la Fuente y Natalia González, sostuvieron hoy un encuentro con integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral (SERVEL), encabezado por Andrés Tagle, para acordar acciones coordinadas como parte de un proceso de acompañamiento que permita colaborar con la transparencia en los próximos procesos electorales.

El titular del CPLT sostuvo que “Uno de los activos más importantes que tiene un país es la integridad y transparencia en sus procesos eleccionarios. En Chile hasta el momento no hemos tenido cuestionamientos a ese tipo de procesos y no queremos que nunca los haya. Por eso tenemos que tomar todas las medidas y todos los resguardos para poder garantizarle a todos los chilenos y chilenas que las elecciones siempre van a ser íntegras, impecables, transparentes y probas. En ese sentido llevamos trabajando varios meses con el Servel con una agenda de temas bastante importante”.

Asimismo, el presidente del organismo afirmó que “somos una institución autónoma y transparente y por lo tanto cuando les digamos a los chilenos que pueden confiar, como siempre han confiado, hemos decidido acelerar nuestra agenda de trabajo, que incluye muchísimos temas (…) y espero que tengamos muy buenos resultados”.

Por su parte, Andrés Tagle, presidente del Servel dijo que “ambos consejos veníamos trabajando desde hace un tiempo en una agenda bien concreta para la transparencia de las organizaciones. Y obviamente dado el incidente de publicación de ciertos datos personales hemos acordado reforzar esta colaboración y básicamente enfocarla a revisar y mejorar nuestros procedimientos de control y de datos personales y todo ello con el objeto de que ello no se repita en el futuro”.

Filtración de datos personales

Tras la publicación de datos personales y sensibles de cerca de 15 millones de votantes del padrón electoral que participó en los últimos comicios municipales en la web del Servel, el Consejo para la Transparencia ofició al organismo para pedir antecedentes sobre lo ocurrido y establecer acciones que permitan que esta situación no vuelva a ocurrir.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) pidió antecedentes al Servicio Electoral (SERVEL) vía oficio (NºE7392  del 02-05-2022) por la publicación de bases de datos que contenían información personal y sensible de los ciudadanos, incluyendo militancia política y otros datos.

Al respecto, el presidente del organismo, Francisco Leturia, afirmó: “Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.

Detalló que la solicitud que se realizará al servicio en cuestión, busca recabar detalles de lo ocurrido y explicó que el Consejo tiene facultades limitadas en esta materia. Por ello, subrayó la necesidad de contar con una normativa acorde a las necesidades actuales, apuntando que la regulación vigente data de 1999, previo al boom de Internet y de las redes sociales.

“Esta situación de vulnerabilidad de datos privados evidencia las mejoras y ajustes que nuestro ordenamiento legal requiere, porque con la legislación actual estas situaciones podrían seguir ocurriendo sin ninguna sanción”, dijo el titular del CPLT.

 

Accede al oficio NºE7392  del 02-05-2022: AQUÍ

Con fecha 29 de abril de 2022 y cumpliendo con lo estipulado en la Ley Nº 20.285, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) ratificó al consejero, Francisco Leturia Infante, como el nuevo presidente del órgano garante, cargo que desempeñará desde el 29 de abril de este año hasta el 29 de octubre 2023.

En votación unánime, en el marco de la sesión ordinaria N° 1273 del 29 de abril de 2022, Leturia asume tras la gestión de Gloria de la Fuente, quien finaliza su periodo en la misma fecha.

Francisco Leturia es abogado (UC) y Doctor en Derecho (Universidad de Salamanca). Actualmente es académico de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.

Ha participado como investigador y docente de pre y postgrado de universidades nacionales y extranjeras. Es autor de numerosas publicaciones en temas como debido proceso, libertad de expresión y derecho a la información, interpretación de los derechos constitucionales y modernización de la justicia.

La elección del presidente del Consejo Directivo se efectuó de acuerdo con lo contemplado por la norma de Transparencia que le otorga un carácter rotatorio a dicho cargo, marcando un nuevo periodo para la institución a cargo de promover y garantizar el acceso a la información pública en todo el país.

En la oportunidad Leturia agradeció el trabajo que hace más de una década han realizado todas las personas del equipo del Consejo para la Transparencia.

Además, indicó que “hemos ayudado a crear una cultura de la transparencia, que antes no existía y que son los cimientos para todo lo que estamos por hacer. Estamos aportando un nuevo Chile. Soñamos con mejorar nuestras vidas, empoderar a las personas, disminuir los espacios para las malas prácticas, los abusos y la corrupción. Por último, destacó que el CPLT, es una herramienta para garantizar unos de los derechos más importantes que es el derecho de todos a saber. Nos toca una época muy interesante llena de desafíos y estoy seguro de que vamos a hacer y avanzar en muchas cosas por nuestro país”.

• Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), presentó los principales hitos de la gestión 2021.
• Entre otros, los avances que se han evidenciado en materia normativa tras el anuncio del gobierno de empujar el proyecto de ley de transparencia actualmente en tramitación en el Congreso, y en el reconocimiento de principios clave para el quehacer de la institución, que pasarán al borrador del texto constitucional.

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En una ceremonia desarrollada el 29 de abril, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, firmó un convenio con la Contraloría General de la República, encabezada por su máxima autoridad Jorge Bermúdez.

Dicho acuerdo tiene entre sus principales objetivos fortalecer la coordinación para el buen uso de los recursos públicos y evitar actos que vulneren los principios de probidad y transparencia.

Para ello se ha propone trabajar en las siguientes líneas de trabajo: implementación de medidas asociadas a la Estrategia Nacional Anticorrupción propuestas por la Contraloría; robustecer el impacto y alcance del Laboratorio de Integridad, instancia creada por el Consejo y que apunta a la creación de innovación con miras a implementar mejores prácticas en materia de transparencia y probidad en municipios del país.

Otras propuestas están asociadas al ámbito de los datos abiertos, en particular, en lo relativo al incremento de niveles de trasparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía; y formación cívica y capacitación, trabajo que se plantea con el fin de concienciar a la población en general en materia de lucha contra la corrupción y acciones pro integridad. Para ello se proponen actividades coordinadas entre EducaTransparencia y Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría (CEA CGR) para el desarrollo de capsulas informativas y otras acciones de promoción