La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, explicó que la fiscalización del organismo permite mapear solo una parte del gasto estatal en publicidad en medios de comunicación, dadas algunas inconsistencias en los datos. “Pese a las inconsistencias que identificamos en algunos datos, que esperamos subsanar a partir de algunas propuestas del Consejo, este esfuerzo permitió establecer una concentración”, entre otros, en el grupo El Mercurio y Archi. (más…)
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) al ordenar a Gendarmería de Chile la entrega de las identidades de internos del Centro Penal Punta de Peuco en cuyos fallos judiciales se explicite que han sido condenados por “delitos de lesa humanidad”.
El caso fue presentado ante el Consejo (amparo rol C887-21) tras la respuesta de la institución penitenciaria derivando la solicitud al Poder Judicial, argumentando falta de competencia en la materia e indicando que era dicha entidad la competente para dar respuesta al requerimiento por tener detalle de las sentencias y poder así determinar la calificación de “delitos de lesa humanidad”.
El CPLT estableció en este caso que al tratarse de antecedentes relativos a condenas penales, actualmente en cumplimiento, tanto la Constitución como la ley establecen su calidad de públicos, agregando que en cada centro penitenciario se debe tener un registro con esta información.
El órgano reclamado aún puede recurrir de queja ante la Corte Suprema hasta este jueves 14 de abril.
El encuentro se da en un contexto de cambio de gobernanza sanitaria y desafíos en este ámbito.
Con el objetivo de analizar el impacto de la desinformación en procesos electorales y en la democracia, la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en TechCamp Chile en la First Alumni Reunion -o el primer encuentro de ex alumnos –, actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país y la Fundación Multitudes.
En el encuentro la titular del CPLT sostuvo que “a través de esta iniciativa se hace una labor muy importante, no solo como una reflexión a nuevos desafíos, sino que también un compromiso serio por acciones concretas”.
De la Fuente, se refirió a materias de género en política y el cambio de escenario en este sentido, subrayando que “hoy, por primera vez en Chile, aumentó la paridad en cargos ministeriales, marcando una señal importante de cambios y desafíos para mantenerlo en el futuro, son señales positivas.” Sin embargo, se refirió también a las brechas sociales identificadas en pandemia que afectaron mayormente a mujeres y el impacto de campañas de desinformación.
En el marco de este taller, encabezado por la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes y miembro del Comité Directivo para el Avance de los Derechos Humanos de la Cumbre para la Democracia, Paulina Ibarra, se desarrolló además una conferencia sobre cómo prevenir la exclusión de las mujeres de los procesos democráticos, a cargo Betilde Muñoz-Pogossian, Directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA y un módulo sobre “Oportunidades para Alumni TechCamp Chile: Proceso de subvención y más”, a cargo de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE.UU.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la consagración de la libertad de expresión como derecho fundamental, acorde a lo aprobado en el borrador del nuevo texto constitucional, destacado su calidad de derecho habilitante para exigir la rendición de cuentas y permitir la búsqueda de la verdad, entre otras cuestiones.
“La libertad de expresión constituye un pilar de la democracia”, afirmó. “Es un derecho recogido en la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, por lo que es deber del Estado promoverla y protegerla”, dijo. Asimismo, enfatizó: “como sociedad (se debe) ser inclaudicables en su defensa, evitando cualquier tipo de consigna que relativice su valor”.
Sobre la redacción propuesta planteó que “dispone de un marco amplio para entender qué significa y qué abarca su ejercicio”. “A su vez, prohibió la censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, lo que “se vincula con la libre búsqueda, recepción y difusión de informaciones e ideas de toda índole y, en ese marco, mantiene un vínculo estrecho con el acceso a la información, derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tribunales superiores de justicia chilenos”.
De la Fuente afirmó además que “los espacios de ejercicio de este derecho deben asegurarse y evitar limitantes propias de sistemas donde la censura, la imposición arbitraria de información y el control, cualquiera que éste sea, lo coarten”.
También se refirió a la aprobación del “pluralismo informativo, la proscripción de sistemas monopólicos de información y, consecuentemente, la promoción de la desconcentración de los medios, asegurando de esta forma la diversidad de la información”.
“Algunos de estos elementos, atienden a un sistema que otorgue espacios para la autorregulación, promoviendo que los medios adopten reglas de conductas, y que garanticen la no afectación de la libertad de expresión, lo que parece coherente con la entidad y contenido de este derecho, y la función que cumple en nuestro sistema institucional”, finalizó
En el marco de la firma de un convenio en materia de transparencia e integridad pública con el Gobierno Regional de O’Higgins iniciativa que busca promover mecanismos y herramientas de transparencia y el derecho de acceso a la información. (más…)
Tras una serie de situaciones de abuso y violencia informadas en medios de comunicación en los últimos días en diversos establecimientos del país, el Consejo para la Transparencia requirió antecedentes que promuevan el acceso a información entre padres y apoderados, y permitan dimensionar la problemática.
Con la finalidad de levantar información pública relevante sobre hechos de violencia que ocurren al interior de los establecimientos educacionales, así como conocer cómo cuáles son las acciones que ha requerido la Superintendencia de de Educación como órgano fiscalizador, el Consejo para la Transparencia (CPLT) requirió vía oficio una serie de antecedentes a la Superintendencia de Educación (Nº 53, del 23 de marzo de 2022).
En la comunicación, el organismo solicitó antecedentes asociados, entre otras materias, a la cantidad de establecimientos escolares que cuentan con reglamentos o protocolos de convivencia, número de denuncias realizadas en esta materia, procesos de fiscalización impulsados por la Superintendencia.
El requerimiento del CPLT, acorde a lo que comentó su titular, Gloria de la Fuente, apunta a conocer cómo se ha dado cumplimiento en los últimos años a lo dispuesto en la Ley General de Educación, que norma los términos y la elaboración de un “Manual de Convivencia, o apartado de convivencia contenido en el Reglamento Interno”, según corresponda, de los establecimientos de educación del país..
“Creemos que hay que levantar antecedentes sobre temas de interés público que permita a los padres y apoderados estar más informados no sólo sobre formas y canales de denuncia, sino también conocer la dimensión de una problemática que en el último tiempo ha afectado a distintos establecimientos educacionales”, dijo De la Fuente. Y agregó que, “de esta forma, usamos el derecho a acceder a información pública como llave para ejercer otros derechos”, enfatizó.
Asimismo, subrayó la relevancia de colaborar en la búsqueda de soluciones: “Se requiere una reflexión de las instituciones y de las personas sobre un problema que requiere que abordemos como sociedad desde las distintas competencias, facultades y posibilidades de acción”.
El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido. (más…)
La ratificación de Chile se traduce, entre otras cuestiones, en un fortalecimiento al derecho de acceso a la información promoviendo el ejercicio de otros derechos.
La titular del CPLT, acompañada del consejo directivo de la entidad, abordó desafíos y brechas en materia de transparencia e instó a avanzar “no solamente en la Ley de Acceso a la Información Pública sino también en temas de probidad, que tienen que ver fundamentalmente con mayor control y apertura de la información del Estado para ciudadanos y ciudadanas”.
Tras un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, en el que participaron en representación del Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidenta, Gloria de la Fuente, y los consejeros, Natalia González, Francisco Javier Leturia y Bernardo Navarrete, la titular del organismo manifestó la necesidad de avanzar materias de transparencia e integridad en lo público, temáticas que calificó como “fundamentales para nuestro país y este ciclo político y de gobierno que se inicia”.
“Creemos que es una señal potente para el fortalecimiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia”, agregó.
La representante del CPLT calificó de “muy buena” la recepción de las nuevas autoridades en este ámbito. Al respecto comentó: “Tenemos un proyecto de ley que está saliendo del segundo trámite y que entendemos que ya tiene suficientes consensos para poder avanzar. Hemos encontrado una buena acogida del gobierno que esperamos se materialice en los próximos días en un empuje sustantivo a la iniciativa que adecua la legislación vigente”, espetó.
Apuntó a la necesidad de que “los ciudadanos puedan tener una nueva ley de transparencia, porque creemos que eso es lo que mejora el estándar de la democracia y la disponibilidad de las autoridades a rendir cuentas”.
Sobre la iniciativa de ley en este ámbito que se tramita en el Parlamento la titular del organismo explicó que “En esta etapa, creemos que esta readecuación legislativa que implica este proyecto de ley debieran poder avanzar como está. Varias de las cosas que eran de interés del Consejo quedaron contenidas ahí”. Sin embargo, enfatizó: “hay muchas otras que no, pero entendemos que cuando el proceso constituyente termine y dependiendo cómo quede el acceso a la información instalado como derecho fundamental reconocido podremos avanzar hacia una legislación mucho mejor y en base a estándares internacionales también”.
De la Fuente destacó después del encuentro “un compromiso presidencial en período de campaña, una iniciativa que impulsó el Consejo para la Trasparencia” que involucra avanzar en materias de transparencia “no solamente en la Ley de Acceso a la Información Pública sino también en temas de probidad, que tienen que ver fundamentalmente con mayor control y apertura de la información del Estado para ciudadanos y ciudadanas”.
Parte de las conclusiones de expertos de Chile, Argentina y Uruguay en países de la región que se reunieron esta mañana para analizar el proceso de implementación de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Algunos de los retos legislativos y de modernización en el ámbito de la transparencia que plantean a nivel regional estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de Transparencia 2.0 en materia de derecho de acceso a la información como un derecho fundamental para toda persona, planteó un panel de expertos en el marco de un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile y Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
A partir de un sólido piso regional, que pasó por la concientización del derecho de acceso, se requiere de un “salto cualitativo” focalizado en mejorar la calidad de la información, planteó Jaime Moreno-Valle Oficial Jurídico Principal, Departamento de Derecho Internacional Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, detalló algunas ventajas que permiten reducir la tendencia al secretismo y como herramienta practica a la que pueden recurrir los países miembros.
Desde la revisión de la experiencia de Chile, Argentina y Uruguay –considerados “de avanzada en el tema de acceso a la información pública” en palabras del representante y coordinador de la Oficina Regional América del Sur Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, Eduardo Bertoni-, se plantearon las brechas entre lo que establece la Ley Modelo, con un impacto concreto en las políticas públicas y legislaciones de cada país.
En la exposición del caso chileno, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, ésta destacó la ampliación de las obligaciones de transparencia más allá del ámbito estatal, por ejemplo en el caso de los partidos políticos, gremios y organizaciones sin fines de lucro. También apuntó a lo clave del aprendizaje derivado de la pandemia y que se traduce en instalar el concepto de transparencia proactiva, así como en la experiencia derivada de la crisis social de octubre de 2019, que plantea lo relevante de un articulado específico en materia de acceso a la información y derechos humanos.
La titular del CPLT afirmó además respecto de los retos que impone esta herramienta en el ámbito de las democracias representativas aparece “la garantía de derechos fundamentales para hacer tres cosas claves para cualquier norma de acceso a información pública en función del contexto democrático en el que se inserta: combatir la corrupción (…), hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades y actúa como derecho llave”. Sobre esto último enfatizó en la experiencia adquirida en el contexto de pandemia, que apunta al derecho de acceso a la información como habilitante del ejercicio de otros derechos, no sólo para el conocimiento de información asociada a la emergencia sanitaria sino también de prestaciones que buscaban palear los efectos de la crisis.
María Gracia Andía, titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó algunos desafíos en materia de transparencia planteados por la OEA como: foco en órganos garantes, perspectiva de género, promover la visibilización de grupos vulnerables, entre otros. Estamos mirando y trabajando hacia ello interpelados por la Ley Modelo, dijo.
Asimismo, Eduardo Bertoni, apuntó a la necesidad de “asegurar que todas las personas en las Américas, independiente de la jurisdicción en la que se encuentren, siendo migrantes y habiendo tanta movilidad en nuestro hemisferio en estos momentos, puedan gozar del mismo nivel de protección en términos de acceso a la información pública”.
La experiencia indica que toda instancia de renovación de la ley puede ser “peligrosa” al estar presente a tentación de promover cambios regresivos, porque a las autoridades no les gusta que las controlen y el ojo ciudadano. Aquí aparece la Ley Modelo como “barrera de contención”, dijo el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Uruguay, Gabriel Dellpiazzo.
En tanto, el director ejecutivo del IIDH, Joseph Thompson, comentó que se trata de temas que “afectan no solo una faceta de la libertad de expresión” -como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, sino también con la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
Proyecto de “adecuación” en trámite
En relación al proyecto de ley que moderniza la Ley de acceso a la información pública, actualmente en trámite en el Parlamento, De la Fuente enfatizó en que “lamentablemente, terminada la legislatura, no tuvimos la oportunidad de ver una nueva ley”. Apuntó además a los déficits que a su juicio plantea la iniciativa y que evidencian con claridad estándares internacionales como el de la OEA: “Estamos discutiendo en el Congreso una readecuación legislativa y no Ley de Transparencia 2.0 porque varias cuestiones contenidas en la Ley Modelo van mucho más allá de lo que quisiéramos y de lo que aspira la legislación (a nivel nacional)”, agregó.
Asimismo, afirmó que la Ley Modelo podría permitir un “envión” para realizar propuestas legislativas una vez que se apruebe el proyecto de “adecuación” y tras el proceso constituyente, indicando que se espera que en la nueva carta fundamental quede reconocido explícitamente el derecho de acceso a la información y la autonomía del órgano garante.
Reunión de la RTA 2022
En abril se desarrollará en Chile, de manera híbrida, un encuentro de los países que integran la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), que se realizará de manera híbrida en abril de este año en Chile y en el que se abordarán estos y otros temas relevantes en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información como un derecho humano fundamental.
