La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y rechazó el reclamo de ilegalidad, presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C5061-2021 dictada por el CPLT, que acogió el amparo por denegación de acceso a la información, ratificándose la obligación de la Armada de Chile de entregar la hoja de vida del ex comandante en jefe de la institución, Jorge Patricio Arancibia.

 

A partir de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia, tras la negativa de la Armada de Chile de entregar información sobre hoja de vida de Jorge Patricio Arancibia, el organismo ordenó al servicio la entrega de dichos antecedentes, estableciendo que no se demostraron las causales de reserva aludidas por la entidad pública, estipulando el resguardo de datos personales de contexto y sensibles.

 

El caso derivó de una solicitud de acceso de información en el que se requirió entrega de copia a la hoja de calificaciones y hoja de vida de la ex autoridad de la Armada, desde que ingresó a la institución hasta que se retiró el 18 de junio de 2001, cuando ocupaba el cargo de comandante en jefe.

 

Al respecto, el CPLT argumentó que lo anterior, se trata de información pública que obra en poder del órgano, acerca del desempeño funcionario, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte las funciones del órgano, la seguridad de la nación, el interés nacional, los derechos de las personas, la vida privada, ni el derecho a la honra de los funcionarios. No obstante, la institución puede recurrir a la Corte Suprema.

 

Asimismo, se representó a la Armada de Chile su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir bajo reserva a este Consejo para su análisis la información reclamada.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Red de Intercambio y Acceso a la Información (RTA) junto al Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial), organizaron el conversatorio regional “acceso a la información con perspectiva de género: avances y desafíos en iberoamérica”.

En el encuentro inaugurado por Blanca Lilia Ibarra, presidenta de la RTA junto a Sonia González, Coordinadora área de Gobernanza en programa EUROsociAL+/ FIIAPP y Sofia Chiraux, Asistente de proyecto – EUROsociAL+ Género en Expertise France enfatizaron en el trabajo en conjunto y los planes que fueron desarrollados a nivel nacional en cinco países de América Latina, con el objetivo de incluir una perspectiva de género en el ejercicio de derecho de acceso a la información, asimismo compartir y transferir las buenas prácticas internacionales de los órganos garantes y consensuar una visión común sobre los desafíos futuros de la RTA.

Luego, se realizó la charla sobre el enfoque de género en las políticas de Gobierno Abierto a cargo de Rosario Pavese, Coordinadora de Apoyo a Países – Open Government Partnership, OGP y se dio inicio al panel sobre seguimiento a los planes de trabajo trazados para américa latina donde compartieron experiencias Chile, El Salvador, Uruguay, Colombia y México.

Tras ello, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile y Secretaria Ejecutiva RTA entregó las principales conclusiones del plenario “el aprendizaje que se ha dado con el trabajo de intercambio de experiencias creo que ha sido relevante, porque nos da luces para generar iniciativas de la política pública que consolide la perspectiva de género como una cuestión importante”

La Titular del CPLT agregó que “se plantearon varios desafíos en cuento a materias de interoperabilidad e instructivos pero lo clave es buscar maneras en la RTA para mejorar la gestión del conocimiento, lograr crear nuevas políticas públicas e iniciativas en base a evidencias”.

Asimismo la titular del Consejo valoro declaraciones del nuevo comandante en jefe del Ejército sobre probidad y transparencia

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Esta tarde la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente sostuvo un reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Fuentes en donde acordaron la realización de una agenda de colaboración entre ambas instituciones, que contempla desarrollar capacitaciones y conversatorios en materia de probidad, buen gobierno, género y transparencia pública, entre otros.

La Titular del CPLT, sostuvo que “fue una reunión muy importante, protocolar, y estamos muy contentos con la recepción del presidente de la Corte Suprema, el objetivo fue proponer una agenda de trabajo en común que permita abrir el poder judicial hacia la ciudanía”.

Asimismo, de la Fuente recordó que “desde el Consejo hemos venido desarrollando ya hace un tiempo asesorías con las Cortes en general a nivel nacional en materias de transparencia, probidad y género y esta es una buena oportunidad para retomar este tipo de iniciativas”.

Lo anterior, es relevante ya que hoy desde el CPLT se están elaborando ciertas recomendaciones dirigidas a los organismos públicos obligados por la Ley de Transparencia, destinadas a promover la incorporación de una perspectiva de género en el cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa.

El Consejo para la Transparencia constantemente lleva a efecto capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos y sociedad civil en las áreas de sus competencias. A este respecto, se propone coordinar con la Comisión de Transparencia del Poder Judicial una reunión de revisión de aquellas materias en las cuales nuestra institución podría contribuir en los procesos de transparencia y publicidad dentro de dicho órgano del Estado.

 

Este miércoles, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, encabezó junto al Director ejecutivo del Fondo Solidario e Inversión Social (FOSIS), Felipe Bettancourt, una firma de un convenio de cooperación reciproca, lo que permitirá desarrollar diversas actividades dirigidas a potenciar la implementación de principios de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la Información Pública y Transparencia Activa y Proactiva, entre otras materias.

Al respecto, la titular del CPLT comentó: “hay una voluntad expresa de FOSIS de avanzar no solamente en cumplir con los mínimos de la ley de transparencia, sino que ir más allá, trabajar en transparencia proactiva”. Agregando que “nos alegra que esto se realizó a través de un proceso participativo con todos los COSOC a nivel nacional”.

La presidenta del CPLT, además enfatizó en que este acuerdo incluye apoyo procedimental del Portal de Transparencia, la Probidad, la Participación Ciudadana, y la protección de los datos personales, entre otras, así como también, implementar un plan de transparencia proactiva a nivel central y regional, que permita disponibilizar proactivamente, a través de plataformas electrónicas, información de interés para la ciudadanía, relacionada con el ámbito de sus competencias.

En tanto, Bettancourt sostuvo que “este convenio nos permite avanzar e institucionalizar la inquietud y motivación que tienen nuestros consejos de la sociedad civil a nivel nacional para trabajar en una mayor transparencia”.

Agregó que este acuerdo plantea diversas líneas de trabajo y pretende avanzar en tener instituciones públicas cada vez más confiables y colaboradoras del resto de la misión que tenemos como país de superar la pobreza”.

Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
“En 1 de cada 3 organismos prestadores de la red de salud pública, no se pudo acceder a los protocolos de atención de los organismos públicos” vinculados a la aplicación de la Ley Nº 21. 030  de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este fue uno de los hallazgos de la fiscalización impulsada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a 107 organismos públicos vinculados al ejercicio de este derecho acorde a la normativa vigente.

 

Asimismo, el proceso estableció que “existirían barreras de acceso a la información sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales”, como se lee en el informe que resultó tras analizar diversos documentos públicos de hospitales autogestionados y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y entidades de la Administración Central del Estado.

 

En particular, se estableció respecto de los protocolos —que reúnen prácticas, procedimientos, técnicas y requisitos para cualquiera de las tres causales— éstos no están disponibles de manera permanente para quien esté interesado. Asimismo, se logró evidencia que en ninguno de los organismos fiscalizados se tuvo acceso vía página transparencia activa, cuestión que para la titular del Consejo “claramente muestra que sin acceso a información es complejo ejercer otros derechos para muchas mujeres, y que complejizan la implementación de la ley”.

 

“A partir de este proceso hemos conseguido levantar una serie de evidencias asociada a problemas de acceso a información disponible para las mujeres o cualquier persona que desee conocer antecedentes sobre la prestación médica para interrumpir un embarazo. También identificamos y queremos subrayar problemas de control y de implementación de la política”. Además, apuntó a la evidencia de diversas necesidades que tienen las personas de acceder a estos procedimientos.

 

“Por ejemplo, identificamos que se registran 3 reclamos entre 2019 y 2020 hacia prestadores por la aplicación de esta ley y que fueron presentados ante la Superintendencia de Salud. La pregunta que emerge es ¿los reclamos son pocos porque no existe información sobre los procedimientos para hacer efectivo este derecho?. Creemos que es una de las razones que lo podría explicar”, dijo De la Fuente.

 

El CPLT además consignó en su reporte que la Superintendencia de Salud habría informado que no se han realizado fiscalizaciones asociadas a la implementación de esta ley. Además,  se pudo identificar que solo una SEREMI en todo el país ha realizado auditorías a las fichas clínicas vinculadas a éstos procedimiento (Los Lagos), en las cuales no constató ningún incumplimiento o irregularidad.

 

“Tenemos que poner en valor la información pública, entre otras cuestiones, para evaluar las políticas públicas que se implementan en las distintas administraciones. En un contexto en el que existe una normativa, que establece ciertos protocolos, el hacer efectivo el derecho exige el cumplimiento de estos procedimientos, a los que deben poder acceder libremente quienes estén interesados sino estamos contraviniendo otros derechos”, comentó De la Fuente.

 

¿Qué se analizó?

Desde el CPLT su titular explicó que la entidad que encabeza habría desarrollado un proceso de revisión de antecedentes disponibles en sitios web de transparencia activa en abril del año pasado y “en el segundo semestre de 2021 se inició una segunda fiscalización focalizada con el fin de obtener información de contraste y poder verificar la consistencia de la información entregada versus la publicada”. Así, comentó “se pudieron catastrar 58 protocolos, lo que representó, accediendo a información en un 55% de los casos”.

 

El proceso contempló la revisión una serie de documentos públicos y datos de instituciones adscritas Portal de Transparencia y una revisión sobre disponibilidad de información en distintas secciones de Transparencia Activa y sitios webs de los organismos de la administración del Estado, respecto a antecedentes sobre interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales establecidas acorde a la regulación.

 

Algunas entidades que informaron no contar con protocolos propios, remitieron información aludieron que se rigen por la Norma Técnica Nacional y/o la Ley Nº 21.030 —constatándose que la totalidad de éstos no tienen disponible esta información en sus sitios web. Asimismo, 5 hospitales afirmaron no tener un protocolo y/o los antecedentes requeridos al no contar con especialidad de ginecología y obstetricia, entre ellos los hospitales pediátricos — Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso),  Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río (HUAP), Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, Hospital Dr. Exequiel González Cortés (San Miguel, RM) y Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Independencia, RM), este último remitió un flujograma para derivaciones. Por su parte, el Servicio de Salud Iquique, remitió flujograma de atención.

 

Servicios de Salud, en su mayoría sin protocolo

 

Sobre las solicitudes que se realizaron en el marco del proceso –bajo la modalidad de usuario simulado- se observó que cerca de la mitad de los organismos fiscalizados —que tienen obligaciones acorde a la ley, no han diseñado un protocolo de atención específico para su establecimiento con la finalidad de atender a aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo “lo cual puede generar obstáculos al momento de comprender la aplicación del procedimiento vinculado a esta normativa”, se lee en el informe del CPLT.

 

En el caso de esta fiscalización se estableció que solo tres Servicios de Salud disponen de protocolo para regular internamente y en sus servicios dependientes la aplicación del procedimiento de IVE.

 

Escaso seguimiento

Otra problemática que mostró el proceso impulsado por el CPLT apunta a  la falta de seguimiento a la implementación de los procedimientos que se requieren para hacer efectivo el derecho a interrumpir el embarazo en las tres causales por parte de los organismos responsables durante los años 2019 y 2020. Esto dado que se han realizado pocos procesos de auditoría.

 

En el período analizado (2019-2020) se constituyeron 1.458 casos IVE en el sistema de salud pública. De este total, sólo 11 procedimientos han sido auditados a través de sus fichas y cuyas auditorías fueron efectuadas por una sola  Seremi de Salud de las 16 existentes.

 

“En este ámbito, se devela un bajo nivel de procesos de fiscalización por parte de los organismos competentes, a lo que se agrega a la dificultad de efectuar control social, por cuanto existe ausencia de información básica, en los canales de libre acceso, como transparencia activa o a través de motores de búsqueda, sobre la implementación de esta política pública”, concluyó el informe del Consejo.

 

Antecedentes de la Ley IVE

La normativa vigente fue promulgada en septiembre de 2017 y regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: la Ley establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando: 1) se encuentre en peligro la vida de la mujer; 2) exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero, y, 3) cuando un embarazo sea resultado de una violación.

 

Acorde a cifras del Departamento de Estadísticas e Información e Información de Salud (DEIS) citados en el informe del Consejo, entre enero de 2018 y diciembre de 2020 se habrían registrado un total de 2.192 casos en los cuales se configuró lo establecido por la norma en alguna de las tres causales contempladas, interrumpiéndose el embarazo en el 83% de dichos casos. La misma fuente mantiene disponible información que apunta a que la segunda causal representaría la mayor cantidad de procedimientos en el mismo período, registrando 883 interrupciones de un total de 1100 casos constituidos. Le sigue la primera causal, con un total 573 interrupciones de 687 casos. La tercera causal, en tanto, registró 371 interrupciones realizadas de un total de 403 casos.

 

 

Esta mañana, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente se reunió con Cristóbal Hahn, Juan Carlos Said y Juan José Lyon de América Transparente, instancia en donde acordó la realización de un trabajo conjunto para la mejora de buscadores de información, apoyo para la creación de un índice ciudadano de transparencia municipal y la generación de una comunidad de transparencia.

América Transparente nace gracias a la iniciativa de búsqueda de información en línea, pensando en el escrutinio público de la ciudadanía. Apuestan a un modelo colaborativo, con plataformas abiertas para que la ciudadanía pueda subir información, por ejemplo. Subrayaron la necesidad de accesibilidad de los datos que se disponen por transparencia activa en municipios.

Pensando en el rol ciudadano, Cristóbal Hahn de América Transparente señaló la necesidad de un cambio de cultura en municipios. En tanto, la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente subrayó la necesidad de generar condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer control social de manera expedita. Recordó que la primera tarea del Consejo fue que los municipios contaran con sitios web que alojaran información para disponer a la ciudadanía.

Lam titular del CPLT relevó, además, la importancia del COSOC en el CPLT, “que tiene representación regional y paritaria y que logró levantar la estrategia de incidencia en la Convención”, entre otras. Además, recordó que aún hay 8 municipios que no están en el portal de trasparencia, reconoció que existe una barrera de acceso en documentos digitales que disponen los municipios y destacó el ejemplo del municipio de Maipú, desde el punto de vista de transparencia y acceso a la información pública proactiva.

Finalmente, ambas entidades acordaron la realización de un trabajo conjunto para la mejora de buscadores de información, apoyo para la creación de un índice ciudadano de transparencia municipal y la generación de una comunidad de transparencia.

Con el objetivo de presentar el informe técnico que evaluó distintos mensajes que informaban el uso de cookies en la entrega de datos personales en línea desarrollado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT) Gloria de la Fuente junto a la Asesora Internacional, María Paz Canales de Derechos digitales comentaron los principales resultados en el marco del  cuarto Seminario de Ciencias del Comportamiento “Privacidad por defecto y darks patterns en el consentimiento de cookies”.

Tras la presentación del estudio desarrollado por SERNAC, la Titular del CPLT destacó el trabajo desarrollado por el organismo y la mirada relevante que han tenido en construir propuestas en políticas públicas basadas en evidencias, asimismo la información que han ido levantando en los ciclos de seminarios de Ciencias del Comportamiento.

Según De la Fuente, en esta investigación se consideró la opinión del Consejo, que, en el contexto político actual del país, involucra a distintos actores dentro del Estado, “porque no puede ser una discusión de nichos ya que cuando se habla de protección de datos personales, estamos hablando de derechos fundamentales”.

“En la actualidad, el procesamiento y almacenamientos de datos se ha ido incrementando y nos impulsa a un cambio radical, el uso del big data, la minería de datos, entre otros son parte importante del mapa de hoy que desafía no solamente a la gestión de la administración del Estado”, comentó la presidenta Consejo.

Por último, la Titular del CPLT reflexionó sobre la discusión de la protección de datos personales y el aporte que entrega SERNAC en las propuestas que están en el informe “considerando que hoy contamos con una legislación antigua del año 1999, aún no es posible actualizarla y la tarea debe estar enfocada en avanzar más allá, generando un marco regulatorio adecuado, en la lógica de un ecosistema, con una mirada más amplia en el tratamiento de datos personales que incluya un cambio cultural”.

Continuando con una serie de reuniones protocolares con autoridades municipales del país, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

La titular del CPLT afirmó que, ante los desafíos que enfrentan los gobiernos locales, en particular en el caso de los municipios, la edil de Lo Espejo manifestó un gran interés, preocupación y compromiso con avanzar en materias sobre acceso a la información, transparencia y en particular en temas de integridad pública.

En la reunión desarrollada en las dependencias del Consejo, la autoridad municipal de Lo Espejo planteó que “fue una instancia de colaboración y como municipalidad estamos muy interesados en articular el derecho de acceso a la información hacia los vecinos y la comunidad en general, porque lamentablemente nos hemos encontrado con algunas irregularidades de las gestiones anteriores”, agregando que “Tenemos toda la voluntad de mejorar los procesos y vamos a trabajar en distintas líneas junto al Consejo para poder ir transparentando nuestras gestiones”.

Asimismo, De la Fuente reiteró el compromiso del Consejo de avanzar en materia de transparencia con un foco descentralizado, manifestando la apertura a explorar un trabajo mancomunado para elevar los estándares de transparencia y probidad en la gestión municipal.

 

La máxima representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, relevó el principio de la transparencia –más allá del marco normativo- y  la necesidad de practicar éste y otros principios en todo ámbito, en el maco de la presentación de “Los 5 principios éticos para la vida pública, actividad organizada por la Contraloría General de la República (CGR).

La titular del CPLT participó de un panel en el que se analizaron cinco valores derivados de la Estrategia Anticorrupción del ente contralor y el impacto que su puesta en práctica puede tener para la democracia a partir del establecimiento de mínimos en la vida pública, tanto en la administración del Estado como en el sector privado.

En el encuentro, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, señaló que la corrupción es como el virus del Covid, el que va mutando como las “nuevas variantes”, y para enfrentarlas se requiere de nuevas herramientas. Sin embargo, apuntó, es necesario alcanzar un grado de inmunización a nivel social a partir de un marco de valores éticos y comunes frente a este fenómeno.

Ante la pregunta de si estos valores son relevantes en el contexto de la vida democrática, la titular del CPLT planteó que va más allá de cuestiones que deben inspirar en la esfera de lo público, sino que “son valores para la vida” que adquieren sentido en un contexto de comunidad. Apuntó a que países en los que están asentados estos principios también muestran índices de mejores niveles de vida y desarrollo humano.

Además, subrayó la importancia, en un contexto como el actual en que cada vez es más borrosa la frontera entre lo público y lo privado, la coherencia en el actuar. “Hacer aquello que se dice con coherencia entre discurso y práctica”, dijo. Acotó que parte de la crisis de confianza que se atraviesa en la actualidad deriva de dicha disonancia entre el discurso y la acción.

Asimismo, afirmó que ante la emergencia de una serie de casos de corrupción que han mermado la confianza pública, se requiere evitar que este tipo de comportamientos se considere como parte del funcionamiento institucional. El riesgo es “naturalizar” las prácticas de corrupción y parte de nuestro mapa político y social, dijo la presidenta del CPLT.

Hay que entender el impacto profundo que tiene este fenómeno en la calidad de vida de las personas. “El efecto real de las instituciones es muy nocivo”, puesto que implica un daño a la fe pública, al erario nacional y a la democracia.

Sobre el valor de la transparencia, la titular del Consejo se refirió a la necesidad de una construcción de un cultura que “debe estar en el ADN de las personas”. Reconoció los avances regulatorios en este ámbito, pero subrayó brechas asociadas a un real compromiso de la autoridad y de las entidades públicas ante el desafío es hacer la información inteligible, pero además ir más allá del piso mínimo. “Ayudan autoridades comprometidas en la materia” y la proactividad, enfatizó.

Los 5 principios éticos analizados

Los valores presentados fueron: integridad; empatía –en el tratamiento a los demás con dignidad y trabajar para ir en su ayuda-; liderazgo, transparencia –asociado a la rendición de cuentas y a la escrutinio de las decisiones, una huella de las decisiones-; y honestidad –actuaciones sinceras con lo que se piensa, dice y hace-.

En el panel participaron además la directora de Sistema Empresas B, María Elena Dressen, que planteó la relación entre el sector privado y las comunidades más allá de la responsabilidad social empresarial; y Mauricio Correa, académico de la Universidad Católica, quien apuntó el “buenintencionismo” o “abstraccionismo ético” asociado a valores desencarnados por lo que puso en contexto los principios en el contexto de las trasformaciones éticas del país en los últimos 30 años.

 

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• Destacó el enfoque preventivo de las acciones que implementarán en la policía uniformada y subrayó el rol del ente contralor, con el que han trabajado coordinadamente en pro de la instalación de un ecosistema de transparencia y probidad.

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