Parte de las conclusiones de expertos de Chile, Argentina y Uruguay en países de la región que se reunieron esta mañana para analizar el proceso de implementación de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Algunos de los retos legislativos y de modernización en el ámbito de la transparencia que plantean a nivel regional estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana de Transparencia 2.0 en materia de derecho de acceso a la información como un derecho fundamental para toda persona, planteó un panel de expertos en el marco de un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile y Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
A partir de un sólido piso regional, que pasó por la concientización del derecho de acceso, se requiere de un “salto cualitativo” focalizado en mejorar la calidad de la información, planteó Jaime Moreno-Valle Oficial Jurídico Principal, Departamento de Derecho Internacional Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, detalló algunas ventajas que permiten reducir la tendencia al secretismo y como herramienta practica a la que pueden recurrir los países miembros.
Desde la revisión de la experiencia de Chile, Argentina y Uruguay –considerados “de avanzada en el tema de acceso a la información pública” en palabras del representante y coordinador de la Oficina Regional América del Sur Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, Eduardo Bertoni-, se plantearon las brechas entre lo que establece la Ley Modelo, con un impacto concreto en las políticas públicas y legislaciones de cada país.
En la exposición del caso chileno, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, ésta destacó la ampliación de las obligaciones de transparencia más allá del ámbito estatal, por ejemplo en el caso de los partidos políticos, gremios y organizaciones sin fines de lucro. También apuntó a lo clave del aprendizaje derivado de la pandemia y que se traduce en instalar el concepto de transparencia proactiva, así como en la experiencia derivada de la crisis social de octubre de 2019, que plantea lo relevante de un articulado específico en materia de acceso a la información y derechos humanos.
La titular del CPLT afirmó además respecto de los retos que impone esta herramienta en el ámbito de las democracias representativas aparece “la garantía de derechos fundamentales para hacer tres cosas claves para cualquier norma de acceso a información pública en función del contexto democrático en el que se inserta: combatir la corrupción (…), hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades y actúa como derecho llave”. Sobre esto último enfatizó en la experiencia adquirida en el contexto de pandemia, que apunta al derecho de acceso a la información como habilitante del ejercicio de otros derechos, no sólo para el conocimiento de información asociada a la emergencia sanitaria sino también de prestaciones que buscaban palear los efectos de la crisis.
María Gracia Andía, titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó algunos desafíos en materia de transparencia planteados por la OEA como: foco en órganos garantes, perspectiva de género, promover la visibilización de grupos vulnerables, entre otros. Estamos mirando y trabajando hacia ello interpelados por la Ley Modelo, dijo.
Asimismo, Eduardo Bertoni, apuntó a la necesidad de “asegurar que todas las personas en las Américas, independiente de la jurisdicción en la que se encuentren, siendo migrantes y habiendo tanta movilidad en nuestro hemisferio en estos momentos, puedan gozar del mismo nivel de protección en términos de acceso a la información pública”.
La experiencia indica que toda instancia de renovación de la ley puede ser “peligrosa” al estar presente a tentación de promover cambios regresivos, porque a las autoridades no les gusta que las controlen y el ojo ciudadano. Aquí aparece la Ley Modelo como “barrera de contención”, dijo el presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Uruguay, Gabriel Dellpiazzo.
En tanto, el director ejecutivo del IIDH, Joseph Thompson, comentó que se trata de temas que “afectan no solo una faceta de la libertad de expresión” -como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, sino también con la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
Proyecto de “adecuación” en trámite
En relación al proyecto de ley que moderniza la Ley de acceso a la información pública, actualmente en trámite en el Parlamento, De la Fuente enfatizó en que “lamentablemente, terminada la legislatura, no tuvimos la oportunidad de ver una nueva ley”. Apuntó además a los déficits que a su juicio plantea la iniciativa y que evidencian con claridad estándares internacionales como el de la OEA: “Estamos discutiendo en el Congreso una readecuación legislativa y no Ley de Transparencia 2.0 porque varias cuestiones contenidas en la Ley Modelo van mucho más allá de lo que quisiéramos y de lo que aspira la legislación (a nivel nacional)”, agregó.
Asimismo, afirmó que la Ley Modelo podría permitir un “envión” para realizar propuestas legislativas una vez que se apruebe el proyecto de “adecuación” y tras el proceso constituyente, indicando que se espera que en la nueva carta fundamental quede reconocido explícitamente el derecho de acceso a la información y la autonomía del órgano garante.
Reunión de la RTA 2022
En abril se desarrollará en Chile, de manera híbrida, un encuentro de los países que integran la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), que se realizará de manera híbrida en abril de este año en Chile y en el que se abordarán estos y otros temas relevantes en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información como un derecho humano fundamental.
