• Fiscalización del Consejo para la Transparencia logró identificar, a partir de la revisión de antecedentes publicados por el organismo en su sitio electrónico de Transparencia Activa, transferencias a los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca con descripciones genéricas por un monto que suma un total aproximado de 425 millones de dólares. 
• El organismo ofició a la entidad de salud solicitando complementar los antecedentes publicados y realizar los ajustes que estime pertinentes, entre otras cuestiones, indicando origen y finalidad de cada transferencia y revisando eventuales duplicidades de registros de los montos transferidos. 

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• La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente destacó la labor que el Consejo para la Transparencia realiza desde hace varios años a nivel municipal y detalló algunas acciones que iniciarán con los nuevos gobernadores regionales.  

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• La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, subrayó que “es necesario que la ciudadanía sepa que tiene herramientas para ejercer sus derechos y solicitar información a los organismos del Estado”. 
• La región se ubica en el puesto 13 de 16 a nivel país y según datos históricos ha recibido un total de 14.462 solicitudes de acceso a la información a organismos públicos. 

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El Consejo para la Transparencia ordenó a la Subsecretaría del Interior responder a una serie de consultas relacionadas con personas que podrán ser beneficiarias del proceso de regularización migratoria extraordinaria impulsado por el Ejecutivo. Entre otras materias: si podrán optar a este beneficio solicitantes de reconocimiento de refugio que ingresaron de manera irregular al país; o aquellos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados pero con posterioridad obtuvieron una residencia.

Lo anterior se establece en el marco de la decisión del CPLT de acoger un amparo (rol C3765-21) presentado ante el organismo luego de que la Subsecretaría proporcionara una respuesta que, acorde a lo establecido por el Consejo, “no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos planteados”.

La respuesta, de acuerdo al CPLT –encargado de garantizar el derecho de acceso a información pública- “no permite satisfacer las hipótesis y supuestos específicos planteados por el requirente con motivo de su solicitud de acceso, por cuanto contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los escenarios concretos expuestos”.

Para el Consejo, la información solicitada tiene calidad de pública y en su pronunciamiento se reconoce que debe publicarse en Transparencia Activa. Asimismo, subrayó que se trata de una “materia con interés público prevalente” y que los antecedentes requeridos permiten otorgar certidumbre sobre el nuevo marco normativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, además de orientar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración.

Respuesta de Interior

La Subsecretaría de Interior respondió a las preguntas realizadas sobre el proceso de regularización actual indicando que éste se rige por el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería. Además, aludió a lo establecido por la Resolución Exenta N° 1.769 fechada en 20 de abril de 2021, en la que el organismo aprobó la regularización de extranjeros ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y especificó los requisitos para ello.

Tras esta decisión, la Subsecretaría del Interior podrá presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en un plazo de 15 días corridos.

• El Consejo Directivo recalcó que las acciones propuestas apuntan a facilitar y aumentar el acceso a información, derecho fundamental que posibilita a la ciudadanía “ejercer un adecuado control social” sobre funciones públicas.
• Además, el oficio se envió al Servel con consideraciones específicas orientadas al resguardo de información personal contenida en el padrón electoral, como la preferencia política de los votantes, dato sensible que se encuentra bajo especial régimen de protección.

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A partir de un amparo presentado ante el Consejo para la Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación decidió ordenar la entrega de todos los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales –entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020– por el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y el ex ministro Jaime Mañalich. (más…)

• La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, subrayó que la ley regula audiencias, viajes y donativos y que dichos registros deben ingresarse en la plataforma Infolobby.cl, administrada por el organismo.

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• La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, subrayó que es una gran señal “que sean las mismas autoridades regionales las que quieran comprometerse con elevar los estándares en materia de transparencia”, inclusive más allá de lo establecido por ley.
• En la actividad participaron casi la totalidad de las autoridades electas, que asumirán sus cargos el próximo 14 de julio, e integrantes de sus equipos.

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• El Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Salud entregar copias de dichos documentos.
• Entidad privada interpuso cuatro requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra normas de la Ley de Transparencia, argumentando que son documentos de carácter privado.

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• La región se ubica en el puesto 14 de 16 a nivel país. Municipio de Arica, la Seremi de Salud y el Servicio de Salud concentran solicitudes de acceso a información según datos históricos del Consejo para la Transparencia (CPLT). 
• La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, subrayó que cualquier persona tiene “el derecho a solicitar información en poder de instituciones de la administración del Estado”.

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• La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente subrayó que “deben existir mecanismos idóneos para controlar que esos recursos sean bien utilizados y se orienten al bien común”.
• Se refirió a “la configuración de una política pública integral y coordinada, que conjugue la existencia armónica de normas sobre transparencia, probidad y anticorrupción”.

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