El Consejo para la Transparencia estableció en su decisión, acorde a antecedentes que se manejaron durante la revisión del caso, que no sería comprensible la denegación de la existencia de esta información estadística, dado que se respondió a una solicitud similar en 2020. (más…)
El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para supervisión de estas empresas. (más…)
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en un conversatorio en el que se abordaron las tensiones de derechos que se evidencian en el ámbito de la transparencia y cómo evitar que puedan incidir en retrocesos relevantes.
La titular del CPLT relevó que dicha conmemoración constituye una oportunidad para reflexionar sobre el derecho de acceso a la información pública, entendido como un derecho humano, y sobre las tensiones entre derechos que pueden producirse a partir de requerimientos de información asociados a temáticas de género.
En este sentido, planteó algunas interrogantes como: ¿El lenguaje utilizado en una solicitud de acceso a la información representa amenazas a la democracia?, ¿esta solicitud es un camino para frenar cambios en materia de igualdad y no discriminación? ¿es el rol del Estado entregar información cuando el solicitante utiliza un tipo de lenguaje reprochable?
Al respecto enfatizó en la centralidad de la perspectiva de género para combatir la violencia contra la mujer y en la preocupación planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asociadas a referencias ésta de forma peyorativa como ideología de género. En esa línea, comentó, entre otras cuestiones, que dicha institución ha planteado que usos distorsionados de términos como éste, buscan justificar medidas regresivas, limitar los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+ incluyendo medidas legislativas, ejecutivas y judiciales.
“La etiqueta ideología de género surge como un contra discurso” y “se utiliza muchas veces por actores que buscan evitar la implementación de normas y políticas que promueva la tolerancia, la inclusión y no discriminación”, además de “justificar un régimen que proteja el supuesto orden natural”, dijo.
Asimismo, espetó que bajo ningún punto de vista el contenido de una solicitud de acceso a la información publica puede generar retrocesos en materia de derechos fundamentales y destacó la construcción de la jurispridencia del Consejo como mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones, detallando que este organismo ha hecho presente el deber del peticionario de referirse en términos respetuosos y convenientes en los requerimientos.
El conversatorio, organizado por la Universidad de Valparaíso, fue presentado por el rector de dicha casa de estudios, Osvaldo Corrales, y moderado por la secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la UV, Javiera Arce. La representante del CPLT compartió panel con la fiscal Ximena Chong y la periodista Paula Escobar.
“La existencia de la legitimidad de la actuación pública requiere como base mínima un Estado transparente en su accionar”, dijo titular de Transparencia, Gloria de la Fuente, en conversatorio organizado por la Contraloría General de la República.
La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, analizó en este espacio de reflexión los cambios que se han producido en materia de modernización del empleo público, enfatizando en que tras hechos derivados de la pandemia por Covid-19 y a dos años del estallido social avanzar en materia de empleo público sigue siendo “una necesidad imperiosa”.
“La existencia de la legitimidad de la actuación pública requiere como base mínima un Estado transparente en su accionar, y que la ciudadanía -más aún en esta lógica de cambio de paradigma de las democracias representativas y en esta relación más horizontal con la autoridad- tenga herramientas idóneas para conocer los fundamentos, decisiones y acciones que realizan las autoridades”, dijo la presidenta del CPLT.
Para De la Fuente, esta discusión es importante en un contexto en el que “se están generando debates muy importantes en torno al futuro, a una cierta mirada del Estado, a la función pública, en torno a lo que va a ser finalmente el resultado de un proceso constituyente” y ad portas del inicio de una nueva administración tanto en relación al poder Ejecutivo como al Legislativo.
En su intervención se refirió a la mirada desde el quehacer del Consejo respecto de temas de función pública y a cifras que levanta anualmente el organismo a través de la Encuesta Nacional de Transparencia –aplicada en ciudadanos y funcionarios-, de manera de entender cómo la transparencia “de alguna manera conversa con los desafíos que tenemos como país en este ámbito”.
La titular de Transparencia aludió a las facultades y trabajo del CPLT detallando que desde la entidad que encabeza “hemos empujado una discusión asociada a la transparencia en la función pública”.
Asimismo, afirmó que este debate debe darse no sólo en el entendido de la transparencia como política y el establecimiento de obligaciones de los organismos públicos para publicar y entregar información cuando los ciudadanos lo solicitan, sino desde el principio fundamental, amparado en el derecho internacional, que es coherente con los tratados y convenios que Chile ha suscrito en esta materia.
“Se trata de un derecho fundamental y en ese cuadro creemos que es un pilar muy importante del desarrollo dela función pública”, espetó.
La presidenta del CPLT entregó además algunas cifras que apuntan a una percepción negativa del quehacer del Estado, la que ha ido en aumento. Especificó que tras el estallido social la ciudadanía sigue percibiendo mayoritariamente al Estado como distante (82% acorde a los resultados del estudio 2020), maltratador (82%) y discriminador (82%). Si uno agrega a ese dato que sólo el 24% confía en el sector público, significa que hay un aumento significativo de una percepción negativa y que no hemos podido revertir de manera adecuada, comentó De la Fuente.
Las declaraciones de la titular de Transparencia se dieron en el contexto del conversatorio “Perspectiva para la Función Pública”, organizado por la Contraloría General de la República, en la que compartió panel con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, y el contralor Jorge Bermúdez.
Una serie de ideas y propuestas en favor del fortalecimiento de normativas e institucionalidad que conforman un ecosistema de transparencia e integridad en el Estado, entre ellas, el reconocimiento explícito del Derecho de Acceso a la Información Pública como un derecho fundamental en el nuevo texto constitucional, planteó la mañana de este miércoles la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional.
En la audiencia en la que la titular del CPLT participó de manera telemática desde Santiago y las y los constituyentes sesionaron en el ex club social de la ciudad de Lota, se refirió al principio de publicidad –reconocido constitucionalmente desde las reformas del año 2005- y que ha implicado una profundización y mejoras a los mecanismos de control del poder, objetivo en el que la transparencia y el acceso a la información emergen como elementos centrales.
“El principio de publicidad surge como categoría de derecho fundamental que apuntale el Estado democrático de derecho, porque fortalece el control social, colabora de manera eficaz en disminuir el distanciamiento entre los ciudadanos y gobernantes y en este cuadro, ayuda a la recuperación de la confianza”, afirmó.
Sin embargo, apuntó a un aspecto que calificó como “clave pensando en el futuro: un ecosistema en materia de transparencia e integridad en lo público. Creemos que es fundamental en la lógica de la recuperación de la confianza de la ciudadanía y por eso es importante profundizar este principio (de publicidad)”.
Uno de los ejes de su exposición se asoció a la necesidad de promover una ciudadanía informada de manera oportuna ante actos y decisiones de la administración, de manera de propender a un mejor ejercicio de control sobre procesos públicos que inciden en la vida de las personas, objetivo en el que colabora como pieza fundamental el derecho de acceso a la información de entidades públicas.
En este marco explicó que la consagración del derecho de acceso a la información en el texto constitucional conlleva, a su vez, la consolidación del acceso a la información pública como un mecanismo para el control social de la actividad pública, algo que hemos hablado no sólo a propósito de temas coyunturales, hay una discusión instalada en el sistema político chileno; la participación ciudadana informada y el ejercicio adecuado y oportuno de otros derechos, es decir, el derecho llave”, espetó.
Asimismo, De la Fuente apuntó al reconocimiento internacional de este derecho: “es importante recordar que existen diversos tratados internacionales vigentes y que han sido ratificados por el Estado de Chile que consagran el derecho fundamental a buscar y recibir información de toda índole y por cualquier procedimiento”.
Autonomía institucional
El director general, David Ibaceta, agradeció la oportunidad que se le dio al Consejo para la Transparencia como institución del Estado de dar cuenta de algunas cuestiones relevantes para la actividad que desarrolla el organismo, aludiendo a una discusión que calificó como “central” asociada a “la existencia de un órgano autónomo que controle, que supervigile, que garantice no tan solo el cumplimiento del principio de publicidad”, sino que “se transforme en una instancia adecuada en la cual efectivamente se pueda garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública”.
Asociado también a la institucionalidad puso en valor los mecanismos y procedimientos específicos de acuerdo a la actual configuración y apuntó a “que este órgano de control tenga asegurada su autonomía e independencia tiene que ver fundamentalmente con una idea que no está totalmente desarrollada en el sentido de que las competencias deben acceder hacia todos los órganos del Estado”.
