Con el objetivo de revisar y dar seguimiento a acuerdos y compromisos adquiridos en 2021, además de dar a conocer detalles del Plan Estratégico 2021 – 2024, se realizó hoy la primera sesión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información (ICIC).
“Una cuestión que quedó en evidencia en el contexto de la crisis por Covid-19 es que la gestión de una emergencia, en ese caso sanitaria, tiene una componente central que es el acceso a información contrastable y de fuentes oficiales para legitimar las decisiones y lograr que las personas sigan las directrices que se les entregan”, explicó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente al presentar la campaña que impulsan con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) “Verano Seguro” .
Al respecto, detalló que con esta acción se busca “promover el fortalecimiento del acceso a información a través de canales oficiales sobre mecanismos de prevención o de gestión de desastres”. “Creemos que es una forma de reducir el impacto de la desinformación y noticias falsas o engañosas en situaciones de emergencia, que perjudican la adecuada comunicación de riesgo”, agregó.
“A partir de esta primera acción conjunta, vinculada a una campaña de la ONEMI, como Consejo queremos enfatizar en la necesidad de dar prioridad y promover las fuentes verificables como estrategia para enfrentar la desinformación y ayudar a la identificación de contenidos falsos, manipulados o engañosos”, sostuvo la presidenta del CPLT.
“Desde las facultades del Consejo para la Transparencia, quisimos avanzar en este ámbito de la gestión del riesgo de desastres”. Y agregó: “la pandemia nos mostró que las personas deben no sólo tener acceso a información para poder comprender las medidas que se plantean, sino también para confiar en ellas y seguir las directrices de las autoridades”, detalló De la Fuente.
“Queremos velar por una ciudadanía informada no sólo desde la perspectiva de procesos políticos clave para el país, como una elección presidencial o el proceso constituyente”, explicó.
Por su parte, Ricardo Toro, Director Nacional de ONEMI señaló que: “Uno de nuestros pilares fundamentales es la entrega de información a la comunidad, tanto en la preparación como en la respuesta a una emergencia. Por ello, valoramos esta alianza con el Consejo para la Transparencia, que nos permite fortalecer la difusión de los contenidos en el ámbito de la prevención, además de impulsar el uso de canales oficiales, tanto de ONEMI como de aquellos organismos que pertenecen al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, tales como: CONAF, Sernageomin, el Centro Sismológico Nacional, Bomberos de Chile, entre otros, ya sea a través de sus cuentas de redes sociales páginas web o las oficinas de información ciudadana”.
Por otra parte, sobre la iniciativa “Verano Seguro”, actualmente en desarrollo, la autoridad indicó que “En temporada estival, las familias visitan lugares con geografías diferentes, lo que obliga necesariamente a saber cuáles son los principales riesgos que coexisten en dichos territorios. En este contexto, hacemos un llamado a utilizar la herramienta “Visor Chile Preparado”, a través de ella cualquier persona podrá conocer por medio de su ubicación la exposición frente a aquellas amenazas de mayor connotación a nivel nacional: Volcánica, Incendios Forestales y Tsunami”.
Campaña #NoTeDejesEngañar
En el marco de la campaña de ONEMI, que promociona recomendaciones y la herramienta “Visor Chile Preparado”, el Consejo reforzará acciones de comunicación con contenidos vinculados a recomendaciones para evitar o poner freno a la circulación de noticias falsas o contenidos manipulados.
Así también para desincentivar el consumo y circulación de mensajes provenientes de cuentas parodia u otras fuentes no oficiales –como supuestos “adivinos”- que dicen tener la capacidad de predecir catástrofes o publican contenidos inapropiados que pueden confundir a la ciudadanía. Ocurrió en tiempos de pandemia por Covid-19, con la circulación de mensajes afirmando que se debía solicitar permiso de Carabineros para evacuar en períodos en los que había toque de queda.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que implica ordenar a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) la entrega de su plan de prevención y control de ingreso a las dependencias de dicha entidad, localizadas en la comuna de Santiago (rol amparo C6504-21).
Ello tras el rechazo de parte del tribunal de alzada de un reclamo de ilegalidad presentado en contra del CPLT, que estableció la calidad de pública de la información solicitada vía Ley de Transparencia.
El caso fue presentado ante el Consejo tras alegarse una respuesta parcial a una serie de preguntas planteadas a la DGMN, entre otras, el protocolo o información sobre el procedimiento que deben seguir aquellas personas que quieran ingresar a la Oficina de Informaciones del cantón de Santiago, así como de documentos que establezcan que dicha instancia corresponde a una unidad militar.
En relación a los procedimientos de acceso, el Consejo dio orden de entregar al reclamante de la copia íntegra del documento “Plan de Protección y Control, Responsabilidades y Obligaciones del Personal de Guardia” de la DGMN.
La Quinta Sala de la Corte de Santiago estableció por su parte que acorde a los antecedentes presentados ante el CPLT, la Dirección de Movilización se habría limitado a sostener que el documento requerido es de carácter reservado, sin entregar los fundamentos que permitan acreditar adecuadamente dicha afirmación.
Asimismo, explicitó que no se habría amparado en causales de reserva del artículo 21 de la normativa de Transparencia, en relación a la afectación a la seguridad de la Nación. “Mal puede pretenderse que este Tribunal declare la ilegalidad de la decisión de amparo reclamada, por no haberse pronunciado el CPLT respecto de defensas que no formaron parte de la controversia en sede administrativa, ni tampoco se contienen en la decisión que se objeta”, se lee en el fallo (Rol Nº 575-2021).
Vía Ley de Transparencia se solicitó al organismo recaudador detalle de convenios suscritos con empresas concesionarias detrás de Universidad de Chile, Colo-Colo, Deportes Copiapó, Everton, entre otros, para conocer las obligaciones que se establecen en dichos instrumentos. Santiago Wanderers habría sido el único club que tras la consulta entregó lo requerido.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) la entrega de copia de los oficios y otros documentos, asociados a montos por deudas tributarias y condonaciones de intereses y multas que el organismo contemple en convenios y haya aplicado a clubes de fútbol profesional.
Esto tras acoger un amparo (rol C5606-2) presentado en contra del organismo recaudador, la que había negado la entrega de los antecedentes alegando, acorde a lo que establece la normativa, la afectación de derecho de terceros -en este caso las empresas y sociedades vinculadas a los planteles deportivos-, y otras causales como la afectación del “secreto tributario”, acorde a lo planteado por algunos de los clubes cuya información se requirió.
En la decisión del CPLT, el solicitante pidió respaldos de actos administrativos que involucran a “organizaciones deportivas que mantenían deudas tributarias con el Fisco” y que suscribieron convenios de pago con la Tesorería “distinguiendo entre aquellas que optasen por transformarse en corporaciones o fundaciones destinadas a desarrollar actividades deportivas profesionales, los que optasen por transformarse en sociedades anónimas deportivas profesionales, y regulando de forma especial el caso de las que se encontraban en estado de insolvencia o en quiebra a la fecha de publicación de la ley y participaban en torneos deportivos profesionales”.
En el reclamo se agrega: “En el caso de estas últimas, se dispuso que debían entregar por escritura pública la concesión del uso y goce de todos sus bienes, a una sociedad anónima abierta, por el plazo que establecieran las partes, el cual no podría ser inferior a treinta años ni, en todo caso, al tiempo necesario para pagar la deuda tributaria exigible a la fecha de suscripción del contrato de concesión. Dicho plazo tuvo que subinscribirse al margen del convenio de pago suscrito con la Tesorería General de la República. Otorgada la escritura pública de concesión, la sociedad concesionaria asumió los derechos y las obligaciones emanados del convenio de pago y, por el solo ministerio de la ley, se constituyó como codeudora solidaria de esa deuda tributaria. Se regula, además, la oportunidad del pago de las cuotas anuales, la forma de determinar el monto de éstas, la fiscalización y el eventual incumplimiento del pago”.
Información no es secreta
En su decisión, el Consejo estableció que este tipo de antecedentes tienen “naturaleza pública” y agregó que su conocimiento “permite el control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes, y consecuencialmente en los ingresos del Estado”. también señaló que la información “no es secreta y que se encuentra publicada en diversos medios de prensa, por lo que la calidad de deudores de los contribuyentes aludidos constituye un hecho público y notorio”.
Entre planteles que manifestaron su oposición a la entrega de los antecedentes se cuentan Azul-Azul., la sociedad Blanco y Negro S.A. y Club Deportes Copiapó S.A.D.P., que aludieron a la afectación de “derechos de carácter comercial o económico de los clubes de fútbol profesional chileno”, cuestión que también argumentó el Club de Deportes Everton de Viña del Mar S.A.D.P.
Algo similar planteó el Club Deportivo Ñublense S.A.D.P., que pidió rechazar la solicitud afirmando que su divulgación “atentaría claramente contra nuestro prestigio comercial y la honra de nuestras Instituciones ya que los terceros interesados en invertir, al enterarse de nuestro comportamiento comercial se desmotivarían a invertir en las Sociedades Anónimas, produciendo graves pérdidas de índole económicas y de prestigio, lo que atenta contra el Derecho a la privacidad, la honra y Derechos Comerciales”.
Los que informan no tener convenios o entregaron detalles
En el caso se deja constancia que clubes como el Club de Deportes Cobresal habría informado no mantener este tipo de convenios con el organismo recaudador. Lo mismo ocurriría en el caso de OHiggins SADP, que en su calidad de continuadora legal de la Corporación Club Deportivo OHiggins, informó que: “Al momento de hacernos cargo el 01 de Enero 2006 como continuadores legales de la Corporación Club Deportivo OHIGGINS ellos mantenían una deuda con la Tesorería General de la República, razón por lo cual hicimos un convenio de pago de corto plazo el que fue oportunamente pagado”.
En tanto, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers remitió al Consejo copia del Convenio suscrito con la Tesorería en diciembre de 2006, y otra documentación asociada al caso.
Una reflexión y revisión histórica y de los principales hitos del sistema y norma de transparencia en Chile y sus desafíos, realizó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, ante estudiantes de postgrado de la Universidad Complutense de Madrid.
En la actividad, organizada por el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración de la mencionada casa de estudios, la titular del CPLT contextualizó su intervención en un marco de crisis de confianza que afecta a los organismos del sector público y a las instituciones en general, y detalló la labor del Consejo.
Agregó que parte del escenario actual es la desconexión de los actores políticos con la ciudadanía. En el caso chileno recordó lo ocurrido durante el estallido social de 2019 y también la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, en las que la “transparencia pasa a ser más necesaria que nunca”.
En dicho escenario subrayó, entre otras cuestiones, una visión de la transparencia que vincula estas materias y los avances en este ámbito con la calidad de la democracia. Asimismo, apuntó a la necesidad de promover y fortalecer un ecosistema de transparencia e integridad en lo público, en las que operan normas e instituciones, y que deben propender a acciones cada vez más coordinadas. Apuntó a que, desde el punto de vista de las necesidades que presentan las democracias de hoy, “es el salto que las instituciones debieran dar para contribuir a una mejor calidad de éstas”.
“La discusión sobre tema de políticas públicas no puede obviar el impacto de la transparencia”, agregó De la Fuente.
Acceso a la información como derecho fundamental
Destacó la mirada clave asociada al reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental, revisando una serie de convenios y acuerdos suscritos por el país y que son referentes en este sentido.
“A veces nos quedamos con la mirada del acceso a la información solo como política pública y no como un derecho. Nosotros hablamos de un derecho humano fundamental, reconocido por el derecho internacional y, por lo tanto, inalienable”, dijo. Comentó que esta mirada fue clave en el contexto de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció esta perspectiva al inicio de la emergencia sanitaria al establecer que “los derechos fundamentales no pueden postergarse”, entre ellos el derecho de acceso a información pública y el derecho a la protección de datos personales.
Nuevo ciclo político
De la Fuente comentó además el estado actual del proyecto de ley que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, al que refirió como un ajuste normativo. Revisó también una serie de datos para referir a la crisis de confianza institucional, en parte importante asociada a una percepción de corrupción creciente, entre otras entidades, en las del sector público, lo que plantea retos relevantes y a lo que calificó como “oportunidades” con miras al nuevo ciclo político que se inicia a partir de un cambio de administración y al proceso constituyente.
En dicho marco, la titular del Consejo destacó el rol de la transparencia para recuperar la confianza, a partir de la percepción de la corrupción, permitiendo el control social y haciendo exigible la rendición de cuentas. Además, destacó el aporte a la mejora de la eficiencia de la gestión pública y al uso del derecho de acceso a la información como derecho llave, es decir, para acceder a otros derechos.
