El Consejo para la Transparencia (CPLT) abrió oficialmente la convocatoria para participar en la quinta versión de su Concurso Escolar de Videos 2025, una iniciativa que busca promover el interés de estudiantes y docentes por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, a través de la creatividad audiovisual.

Este año el certamen invita a reflexionar y responder —mediante un video de entre 30 y 60 segundos— a la pregunta: ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas digitales para construir instituciones más transparentes? El material debe ser subido a YouTube y enviado a través de un formulario que está disponible en www.consejotransparencia.cl.

“El mundo está cambiando rápidamente con la irrupción de nuevas tecnologías, y queremos que los estudiantes se conviertan en protagonistas del debate que generan desde sus propias experiencias y realidades. Con este concurso buscamos fomentar una ciudadanía que desde temprana edad esté activa y consciente del rol de la transparencia y el acceso a información pública en nuestra democracia”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

La convocatoria está dirigida a grupos de estudiantes de 7º básico a 4º medio de todo Chile, quienes deben estar acompañados por un docente guía. Los videos deben explicar, de manera clara, sencilla y con lenguaje cercano, cómo la inteligencia artificial puede contribuir a fortalecer la transparencia en las instituciones públicas.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto de 2025, y los ganadores se darán a conocer el 19 de agosto, a través del sitio web del Consejo (www.consejotransparencia.cl). La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco del Seminario Anual del CPLT, programado para el 22 de agosto en la ciudad de Concepción.

El concurso contempla premios en dinero para los primeros y segundos lugares en tres macrozonas del país (norte, centro y sur), además de la difusión de los videos ganadores en las redes sociales y plataformas del Consejo.

Con esta iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso con la formación cívica y digital de las nuevas generaciones, promoviendo valores fundamentales como la probidad, la transparencia y la prevención de la corrupción desde la sala de clases.

Cabe recordar que en la edición anterior se presentaron a postulación más de 660 videos y fueron las regiones de Atacama, Antofagasta, Ñuble, Maule, Aysén y Los Ríos las que se llevaron el podio de los ganadores.

Con el objetivo de acercar el derecho de acceso a la información pública a toda la ciudadanía y fortalecer una cultura pro transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó InfoEnlaces, plataforma educativa centrada exclusivamente en temas de transparencia y acceso a información pública, probidad, protección de datos y rendición de cuentas.

El lanzamiento oficial de InfoEnlaces se realizó este viernes 25 de julio, en el marco de la Jornada de Actualización de Enlaces del Consejo, desarrollada en el Archivo Nacional. La actividad reunió a funcionarios y funcionarias de diversos organismos de la Administración Central del Estado, quienes participaron de exposiciones especializadas y espacios de capacitación en materia de acceso a la información.

La jornada contó con las palabras inaugurales de la presidenta del CPLT, Natalia González, y de la secretaria ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lubbert. Posteriormente, se abordaron temas clave como casos de denegación de información por distracción indebida de las funciones del órgano requerido, las fiscalizaciones del CPLT, el uso del procedimiento sancionatorio y sus recomendaciones en transparencia algorítmica. En ese contexto, se llevó a cabo el hito de presentación de la plataforma InfoEnlaces, instancia que marcó un nuevo paso en la estrategia de promoción del CPLT.

Disponible en www.infoenlaces.cl, esta inédita herramienta gratuita permite a funcionarios públicos, docentes, estudiantes y personas de la sociedad civil capacitarse de manera autónoma y certificada, a través de cursos asincrónicos estructurados en módulos claros, accesibles y con enfoque ciudadano.

“InfoEnlaces es un nuevo esfuerzo de nuestra institución por fomentar una cultura de la transparencia en el país, tarea permanente en nuestro rol promotor del derecho de acceso a la información pública”, destacó la presidenta del CPLT, Natalia González, quien subrayó que “A través de estos cursos se puede acceder a definiciones, conceptos y temas que son de interés para funcionarios que trabajan en distintas instituciones públicas, pero también para organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y, en general, cualquier ciudadano. Con esto buscamos dar a conocer los canales para obtener información del Estado, lo que constituye un derecho que tiene toda persona por el hecho de serlo, sin distinción”.

Los cursos incluyen evaluaciones en línea y otorgan un diploma de aprobación una vez cumplidos los requisitos, lo que permite validar los conocimientos adquiridos. Además, todo el material es descargable, y el diseño de la plataforma permite un acceso flexible, desde cualquier dispositivo y sin limitaciones horarias.

 

 

Oferta de cursos y módulos destacados:

• Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información Pública: explica las etapas del proceso para solicitar información y los principios del derecho de acceso.
• Transparencia Activa: aborda la normativa aplicable y buenas prácticas para poner a disposición de la ciudadanía información pública de forma clara y directa.
• Protección de Datos Personales: profundiza en la Ley 19.628, incluyendo el tratamiento de datos de menores y en plataformas abiertas.
• Ley del Lobby: detalla obligaciones, sanciones y cómo solicitar audiencias conforme a la Ley 20.730.
• Lenguaje Claro: promueve una comunicación más comprensible entre instituciones y personas, facilitando el acceso efectivo a la información.
• Participación ciudadana en la gestión local: busca dar a conocer los fundamentos, normativas y herramientas asociadas a este tipo de participación.

Asimismo, InfoEnlaces incluye contenidos orientados al ámbito educativo, con recursos para estudiantes y docentes que deseen incorporar temas como la transparencia, la participación ciudadana y la probidad en sus asignaturas.

Esta innovadora plataforma posiciona al CPLT como pionero en la formación en transparencia y acceso a información pública a nivel nacional y regional, entregando una herramienta única, inclusiva y de alto valor público para fomentar el empoderamiento ciudadano y el buen funcionamiento del Estado.

En un esfuerzo por fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y reducir la brecha entre la ciudadanía y el Estado, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha anunciado el lanzamiento del “Plan de Habilitación del Derecho de Acceso a Información Pública (DAI)”. Esta iniciativa busca capacitar a las personas y comunidades en el uso adecuado de la Ley de Transparencia, permitiéndoles identificar, abordar y canalizar necesidades individuales y colectivas vinculadas con instituciones públicas.

El programa contempla la realización de talleres presenciales, organizados en colaboración con municipios, centros de salud familiar (CESFAM), establecimientos educacionales y otros actores relevantes de la sociedad civil. A través de una metodología participativa, los asistentes aprenderán a formular solicitudes de acceso a la información pública (SAI) de manera efectiva, con el fin de acceder a datos clave sobre temas de interés público, como salud, educación o medioambiente. Asimismo, se busca difundir recursos y datos disponibles en los sitios de transparencia activa de los organismos de la Administración del Estado.

La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que: “La Ley de Transparencia pone a disposición de las personas una serie de herramientas que les permiten acceder a información que puede generar un impacto directo en su calidad de vida, resolver dudas o fiscalizar las decisiones de autoridades que les afectan directamente. Con este plan, buscamos que la ciudadanía se apropie de este derecho, lo utilice estratégicamente y fortalezca su capacidad de informarse y exigir rendición de cuentas a las autoridades.”

El “Plan de Habilitación DAI” tendrá un cronograma de talleres a lo largo de 2025, abarcando distintas regiones del país y enfocándose en diversos grupos sociales.

Con esta iniciativa, el CPLT reafirma su compromiso de promover la transparencia y la participación ciudadana, buscando contribuir a generar una sociedad más informada y empoderada en el ejercicio de sus derechos.

En respuesta a una solicitud de diputado Juan Antonio Coloma, el Consejo para la Transparencia (CPLT) emitió un pronunciamiento respecto a la confidencialidad de los resultados del procedimiento de control de consumo de drogas aplicado al Presidente de la República, ministros de Estado y subsecretarios, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2025.

En específico, la solicitud de pronunciamiento requirió al CPLT pronunciarse sobre la coherencia del carácter reservado de dichos resultados con los principios de transparencia y probidad que rigen la función pública.

Tras un detallado análisis normativo, el consejo directivo del CPLT concluyó que los resultados individuales de estos exámenes deben ser considerados datos personales sensibles, por cuanto se refieren al estado de salud de las personas y se encuentran protegidos por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N°20.584 sobre derechos de los pacientes, lo que es también concordante con el Decreto N°1215 de 2006 del Ministerio del Interior que regula el procedimiento de control incorporado por la Ley Nº20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por tanto, no corresponde su publicación mientras no exista una ley especial que así lo disponga. Ello, justamente porque esta cuestión que no fue abordada en la Ley de Presupuestos 2025, que amplió la obligación de realización del test de drogas, entre otros, al Presidente de la República sin referirse a la publicidad de los resultados ni especificar un tipo de test en particular a aplicar.

“El Consejo reconoce el interés público que existe en el control del consumo de drogas por parte de autoridades. Sin embargo, ese interés debe ser equilibrado con el respeto a los derechos fundamentales, como lo son la vida privada y la protección de los datos personales. Por ello, históricamente la jurisprudencia de este Consejo ha acogido el acceso a información estadística o despersonalizada sobre la materia, pero no a los resultados específicos de funcionarios de la Administración del Estado”, sostiene la presidenta del CPLT, Natalia González.

En su análisis, el CPLT también explicó que el procedimiento utilizado por SENDA para autoridades de la Administración del Estado se ajusta al marco legal vigente, y difiere de la normativa especial que rige los test de drogas aplicables a los diputados, que es de una naturaleza distinta, y que establece expresamente la publicidad de los resultados.

El Consejo terminó razonando que toda medida que implique acceso público a resultados individuales de test de drogas de funcionarios públicos en los términos pretendidos debe regularse por ley.

El consejero del Consejo para la Transparencia, Roberto Munita, participó en representación del CPLT, como expositor en una mesa del capítulo de Derecho del Seminario IAMCR 2025, organizado por la Red Internacional de Investigadores en Comunicación y realizado en Singapur. La instancia reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre comunicación, regulación y nuevas tecnologías.

En su intervención, Munita presentó los avances del CPLT en materia de transparencia algorítmica, destacando el desarrollo de lineamientos institucionales para el uso responsable de sistemas automatizados en el Estado.

“Buscamos que el Estado también rinda cuentas de los algoritmos que usa día a día”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, al anunciar la publicación de la Guía para la Adopción de las Recomendaciones sobre Transparencia Algorítmica. Este documento busca orientar a las instituciones públicas para que publiquen información clara y precisa sobre los sistemas automatizados y semiautomatizados que utilizan en sus decisiones.

Esta herramienta elaborada por el CPLT responde a un desafío creciente: el uso de tecnologías de inteligencia artificial, basadas en algoritmos, que permiten contar con sistemas automatizados y semiautomatizados de decisión en el aparato público, que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, pero que pueden tener un profundo impacto en los servicios que reciben del Estado o en el ejercicio de sus derechos.

“Es positivo que el Estado chileno se modernice e incorpore herramientas tecnológicas en su quehacer al servicio de las personas. Al mismo tiempo, debe ir avanzando en dar garantías de que cuando utiliza sistemas automatizados para tomar decisiones, estos sean conocidos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué datos se usan, cómo se toman esas decisiones y cómo se pueden reclamar o cuestionar. En definitiva, entender estos sistemas que los afectan y que se usan cada día más”, añadió González.

La guía sistematiza tanto buenas prácticas generales de transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas (SDA), como específicas de transparencia proactiva en la materia. Las primeras incluyen directrices sobre lenguaje claro, transparencia en la contratación y desarrollo de SDA y en la atención a público, entre otros.

Por su parte, las recomendaciones específicas abordan concretamente qué información publicar, cómo presentarla y cómo resguardar datos personales o sensibles. Entre sus propuestas destaca la creación del ítem “Transparencia Algorítmica” dentro de los portales de transparencia activa de los organismos públicos, donde se deberá informar de manera mensual sobre:

• Qué SDA se están utilizando.
• En qué servicios, trámites o programas se aplican.
• Las especificaciones generales del sistema: su objetivo, funcionamiento y categorías de datos utilizadas.

Además, la guía recoge ejemplos de SDA hoy operativos, como el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC o el sistema predictivo de licencias médicas de la Superintendencia de Seguridad Social, y entrega criterios para abordar casos más complejos como los sistemas de caja negra o el uso de inteligencia artificial en atención ciudadana.

Este nuevo instrumento fue adoptado por el CPLT por Resolución Exenta N°372 del 12 de agosto de 2024 y busca facilitar una adopción progresiva y voluntaria por parte de los organismos públicos, en función de su nivel de madurez tecnológica.

“Con esta guía, el Consejo refuerza su compromiso con una transparencia que se adelanta, que hace comprensible a las personas información compleja y que está a la altura de los nuevos desafíos digitales”, concluyó la presidenta del CPLT.

La guía completa se encuentra disponible en el sitio web del Consejo: www.consejotransparencia.cl

El Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazó un requerimiento interpuesto contra la Municipalidad de Pichilemu en que se solicitaba acceder a mensajes de WhatsApp enviados entre el alcalde o directivos municipales y funcionarios de dicha municipalidad en el marco de fiscalizaciones al comercio local.

Si bien la decisión, adoptada por mayoría, consideró que tales mensajes se encuentran protegidos por el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas —según lo establece la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile—, el Consejo manifestó su preocupación institucional por el uso de esta vía para impartir instrucciones o directrices oficiales.

El órgano que supervigila la aplicación de la Ley de Transparencia en el país advirtió en su resolución que, conforme a lo sostenido por la Contraloría General de la República (CGR) en sus dictámenes, las instrucciones y directrices no deben impartirse por plataformas de mensajería privada, ya que las labores de fiscalización siempre deben plasmarse por vías formales, trazables y accesibles por la ciudadanía, tales como oficios, memorándum, resoluciones, informes, entre otros.

“Las decisiones de este consejo han sido consistentes en el tiempo respecto de que los mensajes de WhatsApp de funcionarios públicos son información reservada, respecto de las cuales se tiene una legítima expectativa de privacidad, que queda amparada por un derecho constitucional. Lo anterior, por supuesto, no impide que los tribunales de justicia u otros órganos facultados por la Constitución o las leyes, accedan o decreten el acceso a este tipo de comunicaciones en el marco de investigaciones penales y otros procedimientos”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González Bañados.

Agregó que “tampoco puede pasarse por alto que la Contraloría ha señalado que las instrucciones institucionales deben registrarse por canales formales, de lo que se sigue que deben ser trazables y estar disponibles para el control ciudadano”. Por lo anterior, el Consejo resolvió derivar los antecedentes del caso a la CGR, para que determine si el actuar del municipio se ajusta a los dictámenes que ese órgano ha emitido en esta materia.

Asimismo, el CPLT instruyó al Municipio de Pichilemu entregar al solicitante todos los antecedentes formales que den cuenta de la fiscalización realizada —como oficios, informes o resoluciones— distintos de los mensajes de WhatsApp.

La decisión se acordó con el voto disidente de la consejera María Jaraquemada, quien estimó que el amparo debía acogerse, dado que lo solicitado guarda relación con un procedimiento administrativo que debiese estar debidamente documentado, y no solo en plataformas privadas de mensajería.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) notificó el inicio de investigaciones sumarias en cinco Gobiernos Regionales, tras detectar eventuales infracciones a las normas de transparencia activa durante el proceso de fiscalización correspondiente al año 2025.

Las regiones involucradas son Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, donde se identificaron incumplimientos a los deberes legales de publicidad, actualización y completitud de información pública clave para la rendición de cuentas.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y el consecuente derecho a la información pública. La transparencia mandatada por el ordenamiento jurídico no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

Estas acciones surgen a partir de los resultados de la fiscalización realizada entre el 3 y el 20 de marzo, que reveló que los Gobiernos Regionales alcanzaron un promedio de cumplimiento de apenas 76,06%, lo que representa el peor resultado histórico desde que el Consejo comenzó estas mediciones en 2010.

El informe expone retrocesos significativos en varias regiones, como el caso del Gobierno Regional de La Araucanía, que bajó 35,6 puntos porcentuales respecto de 2024, seguido por Los Lagos, que descendió 23,5 puntos, y Magallanes, con una caída de 20,6 puntos. A nivel de ítems que deben publicarse, se observaron severas deficiencias en materias como transferencias de fondos públicos, con cumplimientos bajo el 50%, y en la información presupuestaria, donde los niveles de cumplimiento fueron especialmente bajos: solo un 35,7% en modificaciones presupuestarias y un 37,5% en presupuesto asignado. Asimismo, se constató que algunos gobiernos regionales no cumplían con publicar información histórica, como exige la normativa, y que persistían problemas en la divulgación de contrataciones y mecanismos de participación ciudadana. Estas omisiones afectan directamente la trazabilidad del uso de los recursos públicos y vulneran el estándar de publicidad que garantiza la Ley de Transparencia.

En contraste, solo cuatro Gobiernos Regionales superaron el 90% de cumplimiento: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%).

“La gran dispersión en los resultados evidencia que no existe un estándar mínimo común en materia de transparencia. No puede ser que el respecto de un derecho fundamental como el acceso a la información pública dependa de la región en la que viva la persona que lo ejerza”, enfatizó González.

El Consejo llamó a los Gobiernos Regionales a adoptar medidas correctivas de manera inmediata, valorando los esfuerzos que ya algunas de estas autoridades han manifestado públicamente para enmendar el rumbo, y reiteró su compromiso con ejercer su rol fiscalizador con rigor, fortaleciendo así la cultura de la transparencia en todo el país.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2025 a los 16 gobiernos regionales del país. Específicamente lo revisado fue transparencia activa, es decir, su obligación de publicar aquella información que establece la Ley de Transparencia y actualizarla mensualmente. El informe reveló un promedio nacional de cumplimiento de solo 76,06%, lo que representa el puntaje más bajo desde que se iniciaron estas evaluaciones en 2010, y consolida una tendencia a la baja ya registrada en el año anterior.

Entre las principales deficiencias detectadas, se encuentra la publicación de información presupuestaria y financiera, que conforme a la ley es pública. El cumplimiento en modificaciones presupuestarias apenas alcanzó un 35,7% y en presupuesto asignado, solo se logró un 37,5%. Por su parte, en materia de otras transferencias y aquellas reguladas por la Ley N° 19.862 que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, el cumplimiento promedio llegó solo hasta el 44,9% y 46,9%, respectivamente.

Fue justamente respecto de estas materias en las que además se detectaron inconsistencias entre la información reportada al Consejo por los gobiernos regionales y lo efectivamente publicado en sus sitios web oficiales.

Asimismo, destacan falencias en la publicación sobre mecanismos de participación ciudadana en ejecución con 50% de cumplimiento global y contrataciones de bienes y servicios y contratos relativos a propiedades, ambos con 54,5%.

Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “Este consejo ha llevado y seguirá llevando a cabo de manera habitual estas fiscalizaciones, ya que ello permite observar el rendimiento histórico de los gobiernos regionales en transparencia. Gracias a este trabajo constante, podemos, por ejemplo, comparar estos resultados con los del año pasado, evidenciando que persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan investigaciones por otras instancias fiscalizadoras y por el persecutor penal, cada uno en el ámbito de sus competencias, respecto de posibles usos irregulares de fondos públicos”.

“Poner a disposición de la ciudadanía la información pública que mandata la ley, es un primer paso para fiscalizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Ello, ya que permite a las personas en general, académicos, medios de comunicación y ciudadanos, entre otros, conocer, analizar y escrutar dicha información y así poder saber, por ejemplo, cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”, agregó González.

En cuanto a los rendimientos individuales de los gobiernos regionales, uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al Gobierno Regional de La Araucanía, que experimentó una caída de 35,6 puntos porcentuales respecto del año 2024, bajando de 79,5% a 43,9%. También se detectaron retrocesos significativos en Los Lagos (-23,5 puntos) y Magallanes (-20,6 puntos), este último habiendo liderado el ranking de cumplimiento en la fiscalización previa.

Asimismo, de la observación de los puntajes obtenidos por cada entidad, solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% de cumplimiento en materia de transparencia activa: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%). Por el contrario, Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos no alcanzaron el 65%.

“La gran dispersión en los resultados muestra una falta de estándares mínimos comunes. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia. Por lo anterior, constantemente estamos capacitando a los funcionarios públicos en la materia y recabando y analizando las mejores prácticas, de manera que puedan ser útiles a todas las instituciones para el adecuado cumplimiento de la ley, al tiempo de ejercer nuestra labor fiscalizadora y sancionatoria cuando corresponda”, enfatizó la presidenta del CPLT.

La fiscalización se realizó entre el 3 y el 20 de marzo de este año y combinó análisis semiautomatizados, revisión manual de sitios de transparencia activa y contraste con la información enviada por los propios gobiernos regionales.

El Consejo hizo un llamado a los gobiernos regionales a tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas, subrayando que el derecho de acceso a la información pública es un pilar de la democracia y la rendición de cuentas.

Informe Fiscalización GORES

 

En el marco del despliegue territorial del CPLT, el consejero Bernardo Navarrete presentó ante funcionarios municipales, concejales y dirigentes sociales de la comuna de Parral los resultados de un inédito estudio sobre la percepción de corrupción y riesgos de captura por crimen organizado en el ámbito local.

Durante el encuentro, Navarrete compartió los principales hallazgos de una encuesta aplicada a 207 funcionarios municipales, 4 concejales, 5 integrantes del COSOC y 22 representantes de juntas de vecinos. El objetivo del estudio es identificar percepciones diferenciadas entre actores clave del ecosistema municipal y entregar evidencia útil para fortalecer la gestión pública.

“La percepción ciudadana es una alerta temprana. Lo que vemos en Parral es una disonancia importante entre autoridades y organizaciones sociales respecto de los riesgos de corrupción. Mientras concejales y funcionarios tienden a percibir bajos niveles, las juntas de vecinos son mucho más críticas”, señaló Navarrete.

Uno de los datos que llamó la atención es que el 55% de los representantes de juntas de vecinos considera que la corrupción está ‘bastante’ o ‘muy extendida’ en la comuna, superando ampliamente a concejales y funcionarios, quienes mayoritariamente no perciben ámbitos problemáticos específicos.

Además, los miembros del COSOC manifestaron una percepción de alto riesgo de corrupción en la fiscalización de obras y en la asignación de contratos, mientras que los concejales no identificaron este último aspecto como preocupante.

En paralelo, el estudio abordó también la percepción de riesgo de captura por crimen organizado en distintas unidades municipales. Parral mostró niveles por debajo del promedio de las demás municipalidades del país encuestadas. Por ejemplo, las unidades de Desarrollo Comunitario Obras Municipales, Administración y Finanzas o Gestión del Riesgo de Desastres registraron una percepción de riesgo que se ubica por debajo del promedio de las municipalidades previamente analizadas.

La presentación incluyó también antecedentes de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Parral. Entre 2020 y 2024, se han formulado observaciones por temas como justificación de compras con sobreprecios, regularización contable de deudas, implementación de protocolos en entrega de ayudas sociales y mantenimiento de infraestructura de seguridad. Además, existen procesos sancionatorios pendientes por incumplimientos de transparencia activa en dos corporaciones municipales vinculadas a Parral.

“Medir, conocer y compartir estos resultados no busca estigmatizar a nadie, sino contribuir a una mejor gestión pública, fomentar la transparencia y incentivar la mejora continua a nivel local”, subrayó el consejero del CPLT.

El Consejo para la Transparencia continuará promoviendo este tipo de instancias en todo el país, como parte de su compromiso por fortalecer las capacidades institucionales, prevenir la corrupción y mejorar la integridad pública desde lo local.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, representó al Consejo para la Transparencia (CPLT) en la XVI Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), que se desarrolla entre el 23 y 25 de junio en Berlín, Alemania. La instancia reúne a autoridades de todo el mundo responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y en esta edición se centró en los desafíos del acceso a información medioambiental en la era digital.

Durante su intervención en el IV panel titulado “Analysis of the Escazú Agreement with Special Focus on Provisions on the Rights of Environmental Defenders in Latin America and the Caribbean”, la titular del CPLT destacó los avances de nuestro país en materia de transparencia ambiental, relevando la existencia de una institucionalidad sólida previa incluso a la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022.

“Chile cuenta con una arquitectura robusta que garantiza el acceso a información ambiental, con servicios especializados, portales abiertos a la ciudadanía, un Consejo para la Transparencia activo y tribunales ambientales. Nuestro desafío ahora es compatibilizar esa base institucional con lo que plantea Escazú y su implementación, evitando que los ciudadanos tengan que llegar a tribunales para resolver posibles incompatibilidades en el proceso de obtención de información ambiental”, señaló González.

En la instancia, la titular del CPLT abordó las cinco líneas del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, como asimismo el rol que ha jugado el CPLT en el acceso a información ambiental. Al respecto, subrayó  que “este consejo conoce habitualmente amparos sobre el acceso a información medioambiental, como, por ejemplo, aquellos relativos a la cantidad de antibióticos usados por empresas salmoneras en sus procesos productivos. Esto evidencia la necesidad de seguir capacitando a las personas para que sepan que las herramientas que le otorga la Ley de Transparencia sirven para conocer este tipo de asuntos que afectan directamente en su vida”.

La participación del CPLT en esta instancia internacional es clave para nuestro país y refuerza su compromiso con la promoción de una cultura de la transparencia y el acceso a la información como herramienta fundamental para la protección del medioambiente y los derechos de las personas.

En el marco de su misión por fortalecer la probidad y la transparencia en los procesos democráticos, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ya habilitó en la plataforma InfoProbidad el acceso público a las declaraciones de intereses y patrimonio de los precandidatos y precandidatas presidenciales que participarán en las elecciones primarias presidenciales del pacto “Unidad por Chile”, que tendrá lugar el próximo 29 de junio y en que concurrir a votar es voluntario.

A través del portal sitio www.infoprobidad.cl, la ciudadanía puede conocer en detalle la situación patrimonial, las actividades profesionales y posibles vínculos económicos de quienes buscan llegar a La Moneda, en línea con las obligaciones establecidas por la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés.

“En un año electoral, la transparencia no solo es un deber legal, sino un compromiso democrático con la ciudadanía”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González. Además, añadió: “Es importante destacar que esta obligación legal de realizar declaraciones de intereses y patrimonio permite visibilizar intereses económicos de autoridades o candidatos, a fin de que las personas y los órganos fiscalizadores puedan identificar posibles conflictos de interés, de manera que estos puedan ser debidamente gestionados. Esta herramienta nos permite advertir cuando concurren a la vez el interés general con un interés particular, a fin de poder exigir siempre la primacía del primero”.

Así, las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos a la primaria presidencial del pacto “Unidad por Chile”, Jeannette Jara, Carolina Tohá, Jaime Mulet y Gonzalo Winter, ya están disponibles para consulta directa en la plataforma indicada.