El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su reciente Fiscalización Especial sobre el acceso a información referente a las listas de espera en el sistema de salud pública durante el período que va de enero de 2023 a marzo de 2024. La investigación reveló problemas significativos en la gestión, registro y comunicación de estas listas, afectando la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer el estado del sistema de salud en este aspecto.

Los resultados de la fiscalización revelaron que al 31 de marzo de 2024 el promedio general de días de espera en las listas GES (Garantías Explícitas en Salud) retrasadas es de 138 días, mientras que para las intervenciones quirúrgicas el promedio asciende a 252 días. Se detectó que los hospitales de las macrozonas sur y austral presentan los tiempos de espera más prolongados, en contraste con la macrozona norte, donde los tiempos son los menores. En cuanto a la segmentación por tipo de patologías, los problemas de salud con mayor cantidad de garantías en espera son enfermedades de la visión, seguidas por enfermedades crónicas y tratamiento de cánceres. A su vez, el grupo con la mayor proporción de egresos corresponde a los tratamientos oncológicos, con 159.594 pacientes egresados en el período fiscalizado.

Según el informe, al 31 de marzo de 2024, se registraron 82.486 casos en listas de espera GES, según información proporcionada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sin embargo, se detectaron inconsistencias entre dicha información y aquella reportada por los Servicios de Salud y FONASA, también disímiles entre sí. Esta discrepancia entre los datos, genera incertidumbre sobre la veracidad de la información y dificulta la adopción de políticas públicas efectivas, basadas en evidencia.

Para la realización de la fiscalización, se realizaron solicitudes de acceso a información a los servicios de salud, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a instituciones castrenses de salud, y a los establecimientos autogestionados en red de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Al respecto, el informe señala que 14 instituciones no respondieron dentro de los plazos legales establecidos por la Ley de Transparencia y 40 no entregaron la totalidad de los datos requeridos. También se detectaron prácticas dilatorias en la derivación de solicitudes de información, lo que en algunos casos provocó la omisión o entrega incompleta de los datos requeridos. Todas estas falencias obstaculizan la posibilidad de la ciudadanía de hacer una evaluación del estado de situación de las listas de espera y afecta la confianza en la gestión del sistema de salud pública.

Asimismo, la fiscalización implicó la revisión de los sitios web de los servicios de salud del país, con el fin de poder saber si estos organismos, de forma proactiva, publican información sobre las cifras de listas de espera. El hallazgo al respecto es que solo 7 de los 29 servicios de salud revisados publican información sobre listas de espera, sin un estándar uniforme que permita a la ciudadanía conocer de manera clara y actualizada la situación.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió a los resultados de la investigación, destacando que: “El acceso a la información es un derecho fundamental de las personas y una herramienta para el control ciudadano. La falta de consistencia en la información sobre las listas de espera no solo vulnera este derecho, sino que también debilita la confianza en el sistema de salud pública. Por lo demás, vemos con preocupación que se recibió información de los servicios de salud de 26 sumarios por gestión de listas de espera, de los cuales solo uno estaba terminado. Como Consejo, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de fiscalización, corregir estas deficiencias en el acceso a la información y garantizar la disponibilidad de información fidedigna y oportuna para la ciudadanía”.

Informe de Fiscalización Especial: ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha concluido su proceso de fiscalización 2024, revelando importantes infracciones en el cumplimiento de las normas de transparencia activa – obligación de tener la información disponibilizada en sus sitios electrónicos – en los organismos de la Administración Central.

En esa línea, de los 16.350 ítems revisados, se identificaron un total de 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja un panorama preocupante sobre la gestión de la información pública.

El análisis evidenció que dos organismos concentran los mayores niveles de infracción: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 ítems incumplidos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28. Estas infracciones se concentran principalmente en áreas críticas como contratos formalizados mediante órdenes de compra, donde 219 organismos no cumplieron con los estándares; modificaciones presupuestarias, sin información adecuada en 214 organismos; y mecanismos de participación ciudadana en ejecución, que no fueron reportados en 186 organismos. Asimismo, las transferencias reguladas por la Ley N°19.862 presentaron deficiencias en 186 instituciones, mientras que las contrataciones de bienes inmuebles y aquellas realizadas fuera del Sistema de Compras Públicas mostraron incumplimientos en 153 y 173 casos, respectivamente.

A pesar de este escenario, algunos organismos demostraron un desempeño positivo. La Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos que cumplieron plenamente con las exigencias de transparencia activa, destacando como ejemplos de buenas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, el promedio general es preocupante: solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron adecuadamente la separación de adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios, lo que afecta directamente la trazabilidad y el control de los recursos públicos.

La revisión semiautomatizada y manual permitió identificar que las infracciones se concentran en los ítems incorporados tras la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N°500, siendo recurrentes los problemas en la actualización de información presupuestaria, la ausencia de registros de autoridades electas o designadas, y la carencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.

Ante estas deficiencias, el CPLT ha adoptado medidas inmediatas, como la apertura de investigaciones sumarias en los 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos, además de exigir pleno cumplimiento de las normativas a los organismos restantes. Asimismo, se realizará una nueva fiscalización en 2025 para verificar avances. Los resultados del proceso ya han sido notificados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, buscando reforzar la supervisión y promover mejoras estructurales en la gestión pública.

Sobre los resultados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo seguiremos trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público”.

El Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso de promover una administración pública transparente y eficiente, recordando que la transparencia no es solo un principio ético, sino una herramienta fundamental para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2024 a instituciones de educación superior estatales, en el que se evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa – esto es el acceso a información pública disponible – en universidades estatales, centros de formación técnica (CFT) y servicios locales de educación pública (SLEP). Los resultados muestran contrastes significativos con el año anterior: mientras las universidades estatales exhiben avances destacables, los SLEP registraron un retroceso alarmante de 21,9 puntos porcentuales, alcanzando un 66,1% de cumplimiento.

En términos de desempeño general, las universidades estatales mostraron una mejora de 10,92 puntos en comparación con 2023. El promedio de cumplimiento alcanzó un 86,7%, lo que representa el nivel más alto logrado por el sector desde 2013. Destacaron la Universidad de La Frontera (99,3%), la Universidad de O´Higgins (95,6%) y la Universidad de Aysén (95,3%) como las instituciones con mayor nivel de cumplimiento de transparencia activa. En contraste, las universidades con menor nivel de cumplimiento fueron la Universidad de Bío Bio (78,8%), la Universidad de Playa Ancha (75,16%) y la Universidad de Magallanes (55,6%).

Por su parte, los CFT lograron un índice promedio de cumplimiento de 62,59%, evidenciando un alza de 4,89 puntos porcentuales respecto al 2023. Dentro de este grupo, los únicos que obtuvieron un nivel de cumplimiento mayor a 90%, fueron los CFT Región Araucanía (94,22%) y CFT Región de Valparaíso (91,50%), mientras que los que obtuvieron peor nivel de cumplimiento fueron los CFT de la Región de O´Higgins y CFT de la Región de Aysén, ambos con 0%, por no poseer banner de transparencia activa. Losítems con mayores deficiencias en los CFT son el presupuesto asignado y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones, donde los niveles de cumplimiento son particularmente bajos.

En el caso de los SLEP, los resultados reflejan un retroceso significativo, pasando de un promedio de 88% en 2023 a un 66,10% en 2024, lo que significa una caída de 21,9 puntos porcentuales. Dentro de este grupo, los mejores evaluados fueron el SLEP Llanquihue con un 97,5% y el SLEPChinchorro con 95,5%, mientras que los que registraron peor cumplimiento, todos con 0% por no poseer banner de transparencia activa, son los SLEP del Pino, Marga Marga, Tamarugal, Elqui y Costa Central. Al igual que respecto a los CFT, las áreas con las mayores infracciones están dadas por la desactualización o no disponibilidad del presupuesto asignado y su ejecución, así como de adquisiciones y contrataciones.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Estos resultados nos muestran dos realidades. Por un lado, hay avances importantes, como los que exhiben las universidades estatales y CFT, pero, por otro lado, los retrocesos en los SLEP son una señal de alerta que debemos atender con urgencia. La transparencia activa es fundamental para garantizar la confianza ciudadana y fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones públicas, especialmente en sectores como la educación.”

El informe de fiscalización se realizó en octubre de 2024, combinó metodologías manuales y automatizadas, evaluando la disponibilidad, actualización y completitud de la información en materias como presupuesto, adquisiciones, participación ciudadana y estructura orgánica. En total, fueron evaluadas 18 universidades estatales, 15 CFT y 27SLEP.

El CPLT hace un llamado a las instituciones con bajos índices de cumplimiento a redoblar sus esfuerzos para mejorar la calidad y disponibilidad de la información que publican. Asimismo, reafirma su compromiso de trabajar con estas entidades para cerrar las brechas detectadas. Para conocer el informe completo de fiscalización 2024 y los puntajes detallados, visite www.cplt.cl.

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO “Universidades, Centros de Formación Técnica y Servicios Locales de Educación Pública”

El reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional 2024, reveló que nuestro país ha descendido al puesto 32 a nivel mundial, bajando 3 puestos desde el indicador del año pasado y, asimismo, obteniendo su puntaje más bajo desde que se realiza esta medición.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, esta es una señal que hay que ponerle atención: “Desde hace un tiempo, hemos insistido que existe un quiebre entre la percepción internacional sobre la corrupción en Chile que es muy positiva respecto de aquello que los chilenos percibimos de nuestras propias instituciones, de hecho, es la 6ta preocupación de los chilenos. En este sentido, la baja en el índice de percepción de la corrupción a nivel internacional confirma esta preocupación”.

Además, el titular del CPLT, enfatizó en que “confiamos en que la estrategia nacional de integridad pública obligue a los organismos del Estado, incluso a los privados, a cooperar interagencialmente para hacerse cargo de la creciente preocupación y malestar que manifiestan los chilenos respecto a la corrupción en nuestro país”.

El informe revela que Chile ha experimentado una reducción significativa de su puntaje en los últimos años. Desde 2012, el país ha perdido 9 puntos, cayendo de 72 a 63 en 2024. En el período entre 2014 y 2016, se registró la mayor caída, pasando de 73 a 66 puntos. Sin embargo, la tendencia negativa se ha acentuado en los últimos dos años, bajando 4 puntos entre 2022 y 2024. Mientras Chile pierde posiciones en el ranking mundial, países como Uruguay han consolidado su liderazgo en la región con un puntaje de 76 en 2024, ampliando aún más la brecha con Chile.

El índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) es un indicador global que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de diversos países (181 en el último de 2024). Este indicador es desarrollado por Transparencia Internacional desde 1995.

El ejercicio de fiscalización 2024, implicó la evaluación delas 345 municipalidades del país, revelando un promedio general de cumplimiento del 78,1%, lo que significó un leve descenso de 1,2 puntos respecto al período anterior (2022-2023). Entre los casos más críticos, la Municipalidad de María Elena obtuvo el puntaje más bajo, con apenas un 2,82% de cumplimiento, seguida de Vicuña (45,18%), María Pinto (45,76%) y Calama (46,06%). En el extremo opuesto, cuatro municipalidades destacaron por alcanzar un cumplimiento del 100%: Providencia, O’Higgins, Osorno y Freirina, consolidándose como referentes en la aplicación de la normativa de transparencia activa.

El informe también subrayó que las materias con mayores niveles de incumplimiento fueron las relacionadas con contratos formalizados mediante órdenes de compra, que presentaron un índice de apenas 37,24%, los pasivos de corporaciones municipales, con un cumplimiento de solo el 27,91% y mecanismos de participación ciudadana en ejecución con un 22,6%. Estos datos evidencian problemas estructurales en áreas cruciales como la gestión presupuestaria y la información vinculada a adquisiciones fuera del sistema de compras públicas.

Desde un análisis regional, las disparidades son evidentes. Los promedios de cumplimiento de las municipalidades de las regiones de Atacama, Aysén y Los Lagos lideraron los resultados con promedios de cumplimiento de 84,7%, 84,1% y 82,2% respectivamente. Por el contrario, las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Coquimbo obtuvieron los puntajes más bajos, con promedios que bordearon el 60%.

A nivel de recursos, los municipios clasificados como tipo 1 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con mayor capacidad económica, promediaron un cumplimiento de 82,6%, mientras que aquellos clasificados como tipo 5, con menos recursos, solo alcanzaron un 75,6%.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó que “Uno de nuestros compromisos es garantizar la transparencia activa en el país. Este proceso no solo busca identificar falencias, sino también aplicar las medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley, lo que es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El 100% de cumplimiento no es una opción, es un deber”.

Las medidas correctivas a las municipalidades con bajo nivel de cumplimiento incluyen la elaboración de planes de acción específicos que permitan subsanar las deficiencias detectadas, tales como la actualización oportuna de la información publicada, la implementación de sistemas de monitoreo interno para asegurar la disponibilidad de datos clave y la capacitación del personal encargado de la gestión de transparencia activa. Estas acciones serán verificadas en futuras fiscalizaciones, y los organismos que no cumplan con estas exigencias podrán enfrentar sanciones adicionales.

El CPLT notificará estos resultados a la Contraloría General de la República y a las comisiones de Gobierno del Congreso Nacional, con el propósito de garantizar el seguimiento de las medidas correctivas implementadas. Asimismo, el informe servirá como base para las fiscalizaciones previstas para 2025, con el objetivo de elevar los estándares de transparencia en todas las municipalidades del país.

 

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO Municipalidades 2024 – Transparencia Activa

En el marco del Seminario Internacional de Seguridad Municipal “Realidad, Estrategias e Institucionalidad de las policías de Prevención del Delito en Chile y América Latina”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, presentó un análisis sobre cómo el crimen organizado y la corrupción afectan las instituciones públicas en América Latina y especialmente en Chile, abordando además el rol de la transparencia en estos fenómenos.

En la ponencia, el titular del CPLT, enfatizó que América Latina se posiciona como la región más peligrosa del mundo, con la tasa más alta de homicidios, que son atribuibles en un 50% al crimen organizado. Estas estructuras “cartelizadas”no solo generan violencia, sino que también manipulan economías locales y sistemas políticos, erosionando la democracia y obstaculizan la cooperación internacional. ”Latransparencia puede actuar como una herramienta disruptiva, pero no es suficiente por sí sola sin medidas complementarias como sanciones efectivas, controles estatales robustos y participación ciudadana activa”, advirtió Navarrete.

Se abordó la falta de transparencia como uno de los factores que determinan la proliferación de corrupción, junto con el monopolio y la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de la autoridad. Respecto a esto último, se relevó el modelo chileno del “alcalde fuerte”, que concentra poder político y administrativo en una sola figura, caracterizado por alta discrecionalidad en la gestión de recursos, lo que aumenta el riesgo de corrupción y captura institucional por el crimen organizado. Ante este modelo, señaló que “una propuesta interesante para contrarrestar el monopolio y la discrecionalidad del alcalde en Chile es sustraer la función de administración de recursos del alcalde, manteniendo su función política y de dirección, pasando la función administrativa a un administrador municipal independiente del alcalde, que no tenga una dependencia jerárquica respecto de él”

Agregó que, según los datos del Ministerio Público, Chile ha experimentado en los últimos años un aumento consistente en la ocurrencia de delitos funcionarios. Sin embargo, constató que “los resultados de los workshops que hemos realizado en una serie de comunas a lo largo del país,reflejan que la percepción de riesgo de corrupción o captura de los funcionarios municipales es muy baja. Esta disociación entre realidad y percepción podría estar asociada a las limitaciones en los mecanismos municipales internos de prevención como son los comités de ética”.

Adicionalmente, el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, subrayó que “es urgente avanzar hacia un estándar uniforme de transparencia que abarque todos los órganos del Estado, eliminando los regímenes especiales del poder legislativo, judicial y la mayoría de los órganos autónomos constitucionales”, y añadió que “la lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral que no solo ataque las consecuencias del problema, sino que también fortalezca la capacidad estatal para prevenirlo. En esa línea, una de las mayores falencias que tenemos es falta de coordinación entre los órganos que forman el sistema de integridad del Estado, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero o el propio CPLT. Recordemos que no existe en Chile una Agencia Nacional Anticorrupción que lleve a cabo estar coordinación”.

En el ejercicio de su mandato legal de promover y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia  acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia, como ente rector del país en la materia, ha iniciado investigaciones sumarias contra las subsecretarías de Turismo, Derechos Humanos y de las Culturas y las Artes.

Estas investigaciones se derivan de resultados obtenidos en la fiscalización ordinaria de cumplimiento de las normas de transparencia activa durante 2024. Esto significa la obligación de los servicios públicos de publicar aquella información que establece la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) a través de sus sitios electrónicos.

Los informes indicaron un nivel de cumplimiento inferior al 80% en las obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia. De las 34 subsecretarías evaluadas este año, las tres mencionadas presentaron los mayores niveles de incumplimiento, afectando directamente el acceso ciudadano a información fundamental.

Principales hallazgos de la fiscalización:

1.- Subsecretaría de Turismo: 74,56% de cumplimiento

• Incumplimientos en 10 ítems obligatorios de transparencia activa:
• No publicación de su estructura orgánica, bonificaciones, cargos de elección popular o designación, mecanismos de participación ciudadana, presupuesto asignado y sus modificaciones, gastos de representación, protocolo y ceremonial, y sanciones impuestas por Ley de Transparencia.
• Desactualización de actos y resoluciones con efectos sobre terceros, y ejecución presupuestaria.

2.- Subsecretaría de Derechos Humanos: 78,69% de cumplimiento

• Incumplimientos en 11 ítems obligatorios de transparencia activa:
• No publicación de su estructura orgánica, bonificaciones, cargos de elección popular o designación, contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, contratos formalizados por orden de compra, mecanismos de participación ciudadana, gastos de representación, protocolo y ceremonial, y sanciones impuestas por Ley de Transparencia.
• Desactualización de información sobre otras transferencias y ejecución presupuestaria.
• Información incompleta sobre modificaciones presupuestarias.

3.- Subsecretaría de las Culturas y las Artes: 60,64% de cumplimiento

• Incumplimientos en 11 ítems obligatorios de transparencia activa:
• Desactualización de información sobre bonificaciones, cargos de elección popular o designación, contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, otras transferencias, actos y resoluciones con efectos sobre terceros, subsidios y beneficios propios, nómina de beneficiarios, modificaciones y ejecución del presupuesto, gastos de representación, protocolo y ceremonial

Es importante destacar que la Ley de Transparencia establece – para el caso de incumplimientos injustificados a las normas sobre transparencia activa – sanciones correspondientes a multas que van desde 20% al 50% de la remuneración mensual bruta del infractor.

Al respecto, Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, afirmó: “La ciudadanía tiene derecho a acceder a información oportuna y completa sobre la gestión pública. Estas investigaciones son una señal clara de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal, cuyo incumplimiento injustificado amerita una sanción. Invitamos a las subsecretarías involucradas a corregir estas deficiencias con celeridad, reafirmando así su compromiso con la democracia y el buen gobierno”.

En la fiscalización realizada este año a las subsecretarías se detectaron, en términos generales, incumplimientos significativos en materias críticas como presupuesto asignado y ejecución (63,03%) y adquisiciones y contrataciones (69,79%). Estos resultados destacan la necesidad de reforzar la gestión de transparencia activa en estos organismos públicos, particularmente en áreas relacionadas con el uso de recursos públicos.

 

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO “Subsecretarías de Estado: Transparencia Activa 2024”

El Consejo para la Transparencia presentó los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada a 39 subsecretarías de la Administración Central del Estado que evaluó el acceso a la información sobre estudios e investigaciones financiados por éstas en 2023. La metodología ocupada fue dirigir solicitudes de acceso a información a cada una de estas entidades requiriendo información sobre la materia, así como revisar sus páginas web.

El análisis realizado permitió identificar que el gasto total reportado en estudios durante 2023 alcanzó los 126.000 millones de pesos, ejecutados por 30 de las 39 subsecretarías analizadas. La subsecretaría de Salud Pública destacó como el organismo que realizó el mayor gasto, representando el 27% del total. 

El informe reveló en 9 subsecretarías diferencias superiores a 700 mil pesos entre los montos de gastos en estudios e investigaciones reportados al CPLT y los publicados en el portal de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

Asimismo, la fiscalización constató problemas en el acceso a los estudios e investigaciones. Más del 66% de los estudios identificados y que formaron parte de la muestra no se encontraban disponibles en las páginas web de las subsecretarías, lo que implica que para que la ciudadanía pueda acceder a ellos deben ser requeridos expresamente mediante solicitudes de acceso a información. 

En cuanto a las modalidades de contratación, la inspección reveló un alto uso del trato directo: Más del 40% de los estudios o investigaciones revisados se adjudicaron bajo esta modalidad. De estos, el principal monto de dinero invertido es en estudios contratados bajo la causal de justificación “emergencia o imprevisto”, seguido de “especiales facultades del proveedor”. Respecto de estos últimos, solo en un 6% de los casos fue posible acceder en Mercado Público a los informes técnicos que justificaban la causal.

“Estos hallazgos muestran la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia en las contrataciones públicas. Los ciudadanos deben contar con información clara y accesible sobre cómo se invierten los recursos en estudios e investigaciones, que finalmente son los antecedentes que fundamentan las políticas públicas que los afectan directamente. Este informe nos muestra que hay tareas urgentes que atender. Una de ellas es acercar esta información a la ciudadanía, a través de la publicación proactiva, evitando que deba ser solicitada uno a uno”, afirmó Bernardo Navarrete, presidente del CPLT.

El CPLT, en su rol de garante del derecho de acceso a la información en Chile, hace un llamado a las subsecretarías a ajustar sus procedimientos y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia. Una de las prioridades debe ser mejorar la publicación proactiva de los informes de resultados de los estudios en las páginas web de los organismos, facilitando su consulta inmediata por parte de la ciudadanía.

Asimismo, el Consejo enviará oficios a la Dirección de Presupuestos, la Dirección de Compras Públicas y la Contraloría General de la República, informando los hallazgos y recomendando ajustes para fortalecer los mecanismos de control en la gestión de recursos públicos. 

“Esta fiscalización no solo busca exponer deficiencias, sino también inspirar cambios concretos que mejoren la rendición de cuentas en el Estado. Es fundamental garantizar a los ciudadanos el acceso a información que les permita evaluar cómo se están utilizando los recursos públicos. Donde hay un peso público, debe haber transparencia”, concluyó Navarrete.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, participó de una reunión de Directorio de la Fundación Generación Empresarial (FGE), en la que expuso la situación de la transparencia en el sector privado, y recomendó a este sector un monitoreo constante para adoptar prácticas más robustas en materia de rendición de cuentas, publicación de información y programas de cumplimiento.

Durante su presentación, se discutió con los directores presentes la situación actual del sector y los desafíos y oportunidades en la implementación de mayores estándaresde transparencia para privados en Chile. Respecto de los desafíos, Navarrete relevó especialmente la necesidad de mejorar la regulación de las entidades privadas que reciben fondos públicos. Al respecto, señaló que el proyecto de Ley de Transparencia 2.0 que se discute en el Congreso cuenta con hitos en esta agenda, estableciendo obligaciones específicas de transparencia activa para organizaciones sin fines de lucro que reciben financiamiento del Estado.

En relación con la situación actual de la transparencia aplicable a entidades privadas, se abordó la importancia de la adopción de modelos de prevención de delitos, la realización de auditorías externas y el desarrollo de sistemas de denuncia interna para prevenir irregularidades. Como claves en la materia, se destacaron:

En la oportunidad, Navarrete cerró señalando: “El sector privado tiene un rol fundamental en fortalecer la confianza y la sostenibilidad de nuestra economía. La transparencia no solo es una obligación legal para los órganos del Estado, sino una herramienta clave para construir legitimidad en el sector privado y atraer inversiones”.

El Presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, junto a nuestro director general, David Ibaceta, se reunieron con su SE el Presidente de la República, Gabriel Boric y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con quienes abordaron los principales desafíos en materia de transparencia en nuestro país; como son, la Ley de Transparencia 2.0, la Ley de Lobby y la Ley de Integridad Municipal.

Seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información en Chile a fin de fortalecer la transparencia y probidad públicas.

En un esfuerzo por fortalecer la probidad y transparencia en la gestión pública, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para entregarle la guía de obligaciones de probidad y transparencia destinada a las nuevas autoridades municipales y regionales del país que elaboró junto a la SUBDERE.

Este material se presenta como una herramienta fundamental para que las autoridades municipales y regionales inicien sus funciones dentro de un marco ético y legal. La guía aborda temas esenciales como la transparencia activa, el acceso a la información, la declaración de intereses y patrimonio, el lobby, la gestión documental, el deber de abstención y la protección al denunciante, entre otros aspectos clave.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la importancia de esta iniciativa: “Más de 200 alcaldes y 8 gobernadores regionales asumen el desafío de sus cargos sin haberlo ejercido el período anterior. Con ello, no solo deberán enfrentar los desafíos propios de sus funciones, sino que también el cumplimiento de una serie de obligaciones de transparencia y probidad contenidas en una frondosa normativa. Con esta guía, buscamos acompañar a las autoridades en el cumplimiento de sus responsabilidades, promoviendo una relación más cercana y honesta con la ciudadanía, de manera que logremos contribuir a detener el desplome de la confianza en las instituciones. No basta solo con fiscalizar.”.

La guía, que no solo se entregará a alcaldes, sino que también a los gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales en todo el país, forma parte de un esfuerzo integral del CPLT para promover una administración pública más abierta y confiable.

En la oportunidad, estuvieron presentes el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete; las consejeras Natalia González y María Jaraquemada; el consejero Roberto Munita y el director general del organismo, David Ibaceta.

Asimismo, y en el marco de esta iniciativa, este documento fue entregado al alcalde de Parral, Patricio Ojeda en las oficinas del CPLT.

Descarga la cartilla haciendo click aquí.

 

En un esfuerzo por fortalecer los principios de transparencia y probidad en la gestión pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) entregará a las nuevas autoridades, que asumieron sus cargos el pasado 6 de diciembre, una detallada guía sobre sus responsabilidades legales en materia de probidad y transparencia. 

Este material está dirigido a gobernadores regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales, para promover el inicio de sus funciones en un marco ético y transparente.

El documento aborda temas esenciales que serán clave para el desempeño de las nuevas autoridades, tales como:

Transparencia activa y acceso a la información (SAI): Las autoridades están obligadas a la publicación de información relevante de manera accesible y actualizada mensualmente en los portales oficiales. Además, las solicitudes de acceso a la información que se le dirijan a la institución en que ejercen sus cargos deberán ser respondidas en un plazo máximo de 20 días hábiles, prorrogables por 10 días adicionales en circunstancias excepcionales. Este procedimiento debe cumplirse sin la posibilidad de condicionar la respuesta en base a quién realiza la solicitud o con qué finalidad.

Declaración de intereses y patrimonio (DIP): Una de las primeras obligaciones de las nuevas autoridades será presentar su declaración jurada de intereses y patrimonio dentro de los primeros 30 días de asumido el cargo. Esta declaración, de carácter público, deberá actualizarse anualmente en marzo y al concluir sus funciones. Su correcta presentación es fundamental para prevenir y gestionar los conflictos de interés que puedan presentarse durante su gestión.

Gestión documental y protección al denunciante: La conservación y digitalización de documentos oficiales son esenciales para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Además, la guía incluye un énfasis en el Estatuto de Protección al Denunciante, que asegura un canal de denuncia electrónico con posibilidad de anonimato, a fin de evitar represalias contra quienes reporten irregularidades cometidas por quienes ejercen la función pública.

Registros de lobby y conflictos de interés: Las autoridades deberán mantener registros actualizados de audiencias, viajes y regalos recibidos en el marco de sus funciones, publicándolos mensualmente. Asimismo, la guía enfatiza la importancia de la abstención en decisiones donde estén involucrados intereses personales o de terceros que puedan afectar la imparcialidad del proceso de toma de decisión.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la relevancia de esta iniciativa en el contexto del inicio de nuevos mandatos: “Es fundamental que las autoridades que asumen comprendan la importancia de la transparencia y la probidad como pilares de su gestión. Esta guía es una herramienta útil para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones legales, y así garantizar un desempeño ético y responsable en el servicio público y fortalecer la confianza ciudadana.”

La guía será entregada a autoridades en todo el país, con el objetivo de promover una gestión pública alineada con los más altos estándares éticos y legales.

El CPLT reafirma su compromiso de acompañar y supervisar a las nuevas autoridades en la implementación de estas responsabilidades, promoviendo una administración pública más abierta y confiable.

Para más información y acceso a la guía haz click en el enlace a continuación:

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN