• Seminario Virtual “Webinar: Pandemia de Desinformación y Transparencia como Antídoto”.

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Informamos que está disponible el concurso por Alta Dirección Pública para el cargo de Director/a General del Consejo para la Transparencia.

La postulación tiene plazo hasta el 05/04/2021 23:59:59.

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La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, detalló estadísticas que apuntan a un incremento de solicitudes de acceso a la información a entidades cuyo quehacer se asocia con la gestión de la pandemia, y un aumento de los casos presentados ante el organismo por faltas de respuesta, respuestas insatisfactorias o fuera de plazo.

“La información pública de calidad y oportuna puede salvar vidas”, dijo la titular de la entidad e hizo un llamado a mantener y en algunos casos a elevar niveles de transparencia a partir de la experiencia adquirida en 2020.
A poco más de un año de registrarse los primeros casos y decesos por Covid-19 en Chile, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la transparencia y el acceso a la información en un contexto de emergencia. “Cuidar la transparencia y el acceso a la información sobre las acciones y el fundamento de las decisiones que toman las autoridades, en un contexto como éste, es un pilar fundamental de la gestión de la emergencia”, dijo.

La presidenta del Consejo recalcó que “ante el alto nivel de contagio y nuevas medidas restrictivas, sigue siendo un desafío mantener y en algunos casos elevar los niveles de transparencia, tomando en consideración la experiencia adquirida en esta emergencia”. “La información pública de calidad y oportuna puede salvar vidas”, agregó la titular de Transparencia

A partir de un balance estadístico realizado por la entidad con cifras del 2020, el CPLT evidenció un incremento de las solicitudes de información dirigidas a organismos públicos cuyo quehacer puede vincularse con distintas dimensiones y etapas de la emergencia. Estas mostraron un incremento de un 40% de las cifras de requerimientos en el caso del Registro Civil -que subió del sexto al segundo lugar de los organismos más solicitados entre 2019 y el año pasado-; y el de la Subsecretaría de Salud Pública, que avanzó cinco puestos, quedando en el séptimo lugar en 2020, con más de un 20% de solicitudes por sobre lo registrado en 2019, detalló la representante del CPLT.

 

Aprendizajes en pandemia

“Una de las lecciones que esperamos aprendan las instituciones es que la transparencia y el acceso a la información son centrales para conocer los fundamentos de las decisiones que toman las autoridades y para generar confianza en la decisión misma, lo que resulta condición ineludible si se quiere dotar de legitimidad a dichas decisiones y que éstas sean cumplidas por las personas”. Así respondió De la Fuente en su reflexión tras un año de emergencia.

 

Explicó que el Consejo para la Transparencia ha desarrollado una serie de acciones en el marco de la emergencia sanitaria “orientadas a garantizar el respeto al derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la información en poder de los organismos de la Administración del Estado”. Esto dado que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Chile el ejercicio de este derecho fundamental se mantiene vigente en el contexto del Estado de Excepción Constitucional, comentó la titular del CPLT y, también así lo hizo el Consejo Directivo de la institución a través de una declaración pública en los inicios de la crisis sanitaria.

 

De la Fuente detalló que el organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, ha enviado una serie de comunicaciones, recordatorios y recomendaciones a las entidades públicas y autoridades para “mantener inalterable el ejercicio del control ciudadano y el ejercicio del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”. Asimismo destacó el desarrollo de una serie de procesos de fiscalización en el sector sanitario: “En paralelo, hemos fiscalizado, realizado sugerencias para mejorar procesos y recordado las obligaciones que las entidades públicas tienen en esta materia”.

 

Casos presentados ante el Consejo

El balance 2020 de la entidad mostró también “un aumento de reclamos presentados ante el Consejo para la Transparencia entre 2019 y 2020, ocupando los primeros lugares de las instituciones más reclamadas la Subsecretaría de Salud Pública (con 336 casos), el Registro Civil (con 223) y Carabineros (con 207)”.

Sobre esta situación, De la Fuente explicó que esto no es una tendencia que se dé sólo en Chile y el tema se ha analizado en foros iberoamericanos. “Se ha evidenciado que la normativa, al menos en cuanto a los reclamos, es sensible a las coyunturas políticas y sociales que viven los países. Así lo vimos en Chile con el movimiento social y sus efectos a partir del 18 de octubre de 2019 y posteriormente con la pandemia” y sus efectos.

 

Resguardar información personal

Otra dimensión de la pandemia que destacó De la Fuente fue la asociada a la protección de datos personales. “Otra cuestión fundamental sigue siendo el tratamiento y medidas de seguridad que se implementan en materia de protección de datos personales y sensibles, dado que el estado de salud de una persona está bajo un régimen de resguardo aún mayor”. Apuntó a la necesidad de reforzar tareas pedagógicas y educativas entre organismos públicos y ciudadanía “para crear conciencia, en especial bajo una norma sobre protección de datos personales obsoleta como la chilena”, escenario en el que es clave “hacerse cargo de los desafíos que impone Internet, el uso de redes sociales y fenómenos como la desinformación o las noticias falsas”.

• La titular del Consejo para la Transparencia analizó, en encuentro con autoridades de transparencia de América Latina y representantes de la OCDE, cómo en el marco de la emergencia sanitaria este derecho fundamental se pone al servicio de la ciudadanía.
  Asimismo, reflexionaron sobre formas de enfrentar la corrupción que “termina perjudicando a la ciudadanía en general, pero particularmente a los que menos tienen”.

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• Seminario Virtual “Fortaleciendo la Democracia Latinoamericana a través de la Transparencia post COVID-19”.

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Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente destacó el ejercicio del derecho de acceso a información pública sobre el uso del agua como clave para la gestión de un recurso cada vez más escaso en Chile y a nivel mundial.

La titular del CPLT comentó algunas cifras respecto de la demanda ciudadana por información que ha identificado el organismo que encabeza. En concreto, la cifra de solicitudes de acceso a información dirigidas a la Dirección General de Aguas (DGA) –acorde a registros del Portal de Transparencia del Estado- posiciona a este organismo en el décimo lugar de las entidades más consultadas por la ciudadanía desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia.

Detalló además que, a marzo de 2021, se han presentado ante el Consejo para la Transparencia un total de 203 amparos, por denegación de acceso a información en el caso de la DGA. De éstos, 56 han sido declarados admisibles y en un 70% de ellos los fallos del CPLT favorecieron al solicitante, ordenándose la entrega, total o parcial de la información.

Desde el Consejo detallaron que en un 94% del total de reclamos que se han presentado ante el organismo por eventual incumplimiento a disposiciones de Transparencia Activa a la Dirección General de Aguas (18), es decir, denuncias asociadas a información que el usuario considera deberían estar publicadas en la web de este servicio, fueron declarados inadmisibles. En su mayoría, el CPLT estableció que había ausencia de infracción (14 casos) y en 3 casos, el reclamante no entregó antecedentes para aclarar aspectos de su caso al momento de ser solicitados por el CPLT.

“Ante un escenario cada vez más complejo en cuanto a disponibilidad de agua, no sólo para riego sino para consumo humano, sumado a las proyecciones meteorológicas que indican que hay una disminución de precipitaciones y aumentos de temperaturas, creemos que es necesario contar con información cada vez más clara y centralizada con respecto a este recurso, con miras al desarrollo de políticas públicas que sean conocidas y que sean legitimadas por la ciudadanía , a partir de la confianza que genera el acceso a información”, afirmó la presidenta de la entidad.

Asimismo, destacó el uso de la Ley de Transparencia para ejercer “derecho llave”, es decir, que las personas puedan solicitar información pública de manera tal que puedan ejercer otros derechos. Al respecto dijo: “a partir del derecho que tiene cualquier persona a acceder a información de entidades públicas, podemos proteger adecuadamente otro derecho humano el derecho al agua, porque nos entrega insumos para dar cuenta de inequidades o ilegalidades ante los organismos competentes”.

La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, detalló estadísticas que apuntan a un incremento de solicitudes de acceso a la información a entidades cuyo quehacer se asocia con la gestión de la pandemia, y un aumento de los casos presentados ante el organismo por faltas de respuesta, respuestas insatisfactorias o fuera de plazo.
“La información pública de calidad y oportuna puede salvar vidas”, dijo la titular de la entidad e hizo un llamado a mantener y en algunos casos a elevar niveles de transparencia a partir de la experiencia adquirida en 2020.
A poco más de un año de registrarse los primeros casos y decesos por Covid-19 en Chile, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se refirió a la relevancia de la transparencia y el acceso a la información en un contexto de emergencia. “Cuidar la transparencia y el acceso a la información sobre las acciones y el fundamento de las decisiones que toman las autoridades, en un contexto como éste, es un pilar fundamental de la gestión de la emergencia”, dijo.

 

La presidenta del Consejo recalcó que “ante el alto nivel de contagio y nuevas medidas restrictivas, sigue siendo un desafío mantener y en algunos casos elevar los niveles de transparencia, tomando en consideración la experiencia adquirida en esta emergencia”. “La información pública de calidad y oportuna puede salvar vidas”, agregó la titular de Transparencia

 

A partir de un balance estadístico realizado por la entidad con cifras del 2020, el CPLT evidenció un incremento de las solicitudes de información dirigidas a organismos públicos cuyo quehacer puede vincularse con distintas dimensiones y etapas de la emergencia. Estas mostraron un incremento de un 40% de las cifras de requerimientos en el caso del Registro Civil -que subió del sexto al segundo lugar de los organismos más solicitados entre 2019 y el año pasado-; y el de la Subsecretaría de Salud Pública, que avanzó cinco puestos, quedando en el séptimo lugar en 2020, con más de un 20% de solicitudes por sobre lo registrado en 2019, detalló la representante del CPLT.

 

Aprendizajes en pandemia

“Una de las lecciones que esperamos aprendan las instituciones es que la transparencia y el acceso a la información son centrales para conocer los fundamentos de las decisiones que toman las autoridades y para generar confianza en la decisión misma, lo que resulta condición ineludible si se quiere dotar de legitimidad a dichas decisiones y que éstas sean cumplidas por las personas”. Así respondió De la Fuente en su reflexión tras un año de emergencia.

 

Explicó que el Consejo para la Transparencia ha desarrollado una serie de acciones en el marco de la emergencia sanitaria “orientadas a garantizar el respeto al derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la información en poder de los organismos de la Administración del Estado”. Esto dado que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Chile el ejercicio de este derecho fundamental se mantiene vigente en el contexto del Estado de Excepción Constitucional, comentó la titular del CPLT y, también así lo hizo el Consejo Directivo de la institución a través de una declaración pública en los inicios de la crisis sanitaria.

 

De la Fuente detalló que el organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, ha enviado una serie de comunicaciones, recordatorios y recomendaciones a las entidades públicas y autoridades para “mantener inalterable el ejercicio del control ciudadano y el ejercicio del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”. Asimismo destacó el desarrollo de una serie de procesos de fiscalización en el sector sanitario: “En paralelo, hemos fiscalizado, realizado sugerencias para mejorar procesos y recordado las obligaciones que las entidades públicas tienen en esta materia”.

 

Casos presentados ante el Consejo

El balance 2020 de la entidad mostró también “un aumento de reclamos presentados ante el Consejo para la Transparencia entre 2019 y 2020, ocupando los primeros lugares de las instituciones más reclamadas la Subsecretaría de Salud Pública (con 336 casos), el Registro Civil (con 223) y Carabineros (con 207)”.

Sobre esta situación, De la Fuente explicó que esto no es una tendencia que se dé sólo en Chile y el tema se ha analizado en foros iberoamericanos. “Se ha evidenciado que la normativa, al menos en cuanto a los reclamos, es sensible a las coyunturas políticas y sociales que viven los países. Así lo vimos en Chile con el movimiento social y sus efectos a partir del 18 de octubre de 2019 y posteriormente con la pandemia” y sus efectos.

 

Resguardar información personal

Otra dimensión de la pandemia que destacó De la Fuente fue la asociada a la protección de datos personales. “Otra cuestión fundamental sigue siendo el tratamiento y medidas de seguridad que se implementan en materia de protección de datos personales y sensibles, dado que el estado de salud de una persona está bajo un régimen de resguardo aún mayor”. Apuntó a la necesidad de reforzar tareas pedagógicas y educativas entre organismos públicos y ciudadanía “para crear conciencia, en especial bajo una norma sobre protección de datos personales obsoleta como la chilena”, escenario en el que es clave “hacerse cargo de los desafíos que impone Internet, el uso de redes sociales y fenómenos como la desinformación o las noticias falsas”.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre temas vinculados a la transparencia tras un año de pandemia por Covid-19, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, participó de un encuentro internacional sobre acceso a la información y restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, el que fue organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador.

 

Algunas de las problemáticas planteadas en esta instancia se asociaron con el eventual peligro de acciones regresivas en materia de transparencia o la visualización de que las obligaciones impuestas por la normativa son un obstáculo para el quehacer de las autoridades.

 

Como contrapartida se destacó el rol que pueden ejercer los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y el rol de la ciudadanía desde el control social; el contar con un ecosistema integrado de instituciones y normativas que funcione; y un concierto internacional que reitere que derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no quedan subordinados en estado de excepción constitucional.

 

En la instancia, la titular de Transparencia (CPLT) se refirió a las principales acciones impulsadas por la entidad que encabeza para garantizar el ejercicio fundamental de acceso a la información, como pieza clave de un ecosistema de transparencia, probidad y acceso a la información y anticorrupción “que se ha ido haciendo más sólido” y que ha permitido avanzar de manera sustantiva en estas materias.

 

Detalló también una serie de iniciativas que ha promovido el organismo que lidera y que están “muy en la línea de lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales no quedan subsumidos en estado de excepción constitucional”.

 

Con este marco, De la Fuente, se refirió al control que pueden ejercer los ciudadanos y las organizaciones sociales para hacer exigibles estos derechos: “El poder generar garantías para la transparencia y acceso a la información pública no solo depende de los órganos garantes, que tienen un rol fundamental, sino de la ciudadanía, y es clave lo que la sociedad civil puede hacer en esta materia”.

 

En su intervención, la representante del CPLT expuso sobre experiencias adquiridas en el marco de la emergencia por Covid-19 en Chile y comentó que una de las cosas que se ha ido instalando a nivel nacional, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Transparencia 2.0 es que debe primar la transparencia activa, es decir, la mayor cantidad de información debiera estar publicada y la solicitud de acceso a la información debiera ser la excepción.

 

Respecto de restricciones a la entrega de información pública, De la Fuente expuso sobre causales de reserva específicas establecidas por ley, cada vez más acotadas en función de lo que la normativa establece, y sobre una jurisprudencia asentada.

 

Transparencia y salud

En materia de salud pública planteó que el Consejo para la Transparencia ha sido claro en su postura respecto de la gestión de la emergencia que parte importante de combatirla eficazmente “depende de que las personas legitimen y acompañen las decisiones de la autoridad, lo que tiene que ver con conocer los fundamentos de las decisiones”. Respecto de acciones asociadas a las cuarentenas o al proceso de vacunación aseveró: “Hay que entregar esta información a la ciudadanía, porque esto no solamente tiene que ver con el derecho fundamental sino también con la legitimidad y el éxito de las propias políticas públicas”, y apuntó a la relevancia de la transparencia activa y también proactiva.

 

Participaron además en este encuentro Cristina Pérez del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Funde-Alac), el director de estudios legales de FUSADES e integrante del grupo promotor, Javier Castro, y la periodista de investigación de Revista Factum, Jessica Ávalos.

na activa participación en encuentros para intercambiar experiencias en el marco de la pandemia en materia de acceso a la información probidad y transparencia tendrá la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. (más…)

Con gran convocatoria se llevó a cabo esta semana la primera reunión de 2021 de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que agrupa a entidades de los sectores público y privado, poderes del Estado, organizaciones sociales, academia y organismos multilaterales.

En el encuentro plenario encabezado por Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, y Claudia Mojica, Representante Residente del Programa de Naciones Unidas (PNUD) en Chile, se presentó la cuenta pública 2020 dando a conocer los principales hitos y actividades de los grupos de trabajo de la red durante el año pasado.

En su intervención, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, agradeció a los miembros de la Alianza y felicitó el esfuerzo constante y sostenido impulsado por los organismos que conforman este grupo. Además de renovar el compromiso de la entidad que encabeza con la UNCAC, destacó que esto tiene aún más relevancia en un momento en el que se enfrentan “gran cantidad de definiciones hacia el futuro, que nos hacen pensar en la necesidad de fortalecer un ecosistema de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción que nos compromete a todos”.

Asimismo, y en la lógica del rol del Consejo, su titular sostuvo que “No hay duda de los avances que ha tenido nuestro país en esta materia, hemos robustecido nuestra normativa y el rol de nuestras instituciones. Pero esto no es suficiente, la lucha contra la corrupción es constante”.

En el encuentro participaron además los representantes de los cinco grupos de trabajo de UNCAC; entre ellos la Contraloría General de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Policía de Investigaciones, la Comisión para el Mercado Financiero, Alliance for Integrity y la Fundación Generación Empresarial.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado para combatir la corrupción y las faltas a la probidad, es la internalización por parte de los servidores públicos de las normativas y obligaciones existentes en estas materias. Así lo estableció el IX Estudio Nacional de Funcionarios Públicos 2020 elaborado por el Consejo para la Transparencia.

 

En el apartado sobre corrupción, el sondeo del CPLT mostró una buena noticia asociada al estancamiento de la percepción de corrupción u ocurrencia de irregularidades en 2020. De acuerdo a los datos, más de un cuarto de los funcionarios encuestados (28%) señaló haberse informado directamente o a través de terceros de algún acto de corrupción o irregularidad grave, cifra que, pese a ser alta se mantiene relativamente estable respecto de la medición anterior, en que alcanzó el 27%.

 

Asimismo, más de la mitad de los funcionarios declaró que hoy los casos de corrupción son más fáciles de detectar que hace 10 años, lo que fortalecería la idea de que este tipo de hechos se han estabilizado, pues pese a la mayor facilidad para descubrirlos, los niveles de conocimiento no registraron alzas.

 

Malas noticias: cabos sueltos que obstaculizan la prevención 

“En este estudio, que evalúa la percepción de los funcionarios públicos, hemos identificado algo que es preocupante y que se asocia a dificultades o cabos sueltos que muchas veces ponen en jaque los mecanismos para combatir la corrupción”, explicó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.

 

“En específico, me refiero al desconocimiento por parte de los funcionarios de los canales para denunciar y a la desconfianza que estos manifiestan sobre la real utilidad de develar este tipo de casos” detalló. Si bien los resultados sugieren la existencia de mecanismos institucionales para prevenir la corrupción en cerca de la mitad de los organismos públicos, se observa un importante déficit en la promoción de la denuncia y de canales para presentarla.

 

Lo primero queda evidenciado en un bajo porcentaje de funcionarios que declaran saber que en su institución existen procedimientos efectivos para proteger al denunciante: sólo 32% lo afirmó al ser consultado. Con respecto al desconocimiento por parte de los servidores públicos asociados a mecanismos para denunciar, el 42% de los encuestados indicó conocer dónde hacerlo.

 

Desde el organismo destacaron que es complejo que este tipo de información sea bajo entre funcionarios no profesionales (37%) en relación al conocimiento que declararon tener los directivos (74%). Lo anterior dado que los estamentos no profesionales y los profesionales registraron cifras más altas en aquellas preguntas asociadas a si han sabido de hechos de corrupción (28% no profesionales, y 22% los directivos).

 

Temor y percepción de ineficacia ante actos de denuncia

Negativa es la evidencia de una elevada percepción de temor y de ineficacia del acto de denunciar; razones que avalarían la no denuncia. “Es decir, opera como desincentivo el creer que no se tomarán efectivamente cartas en el asunto o que las cosas no cambiarán tras entregar antecedentes sobre irregularidades”, dijo la titular del Consejo. Al igual que en el caso del desconocimiento, estas aseveraciones tienen mayor nivel de acuerdo el 2020 que el 2019: “Las personas que denuncian una situación de corrupción pueden hacerse enemigos innecesariamente” (53% en 2019 y 56% en 2020) y “no sé si vale la pena denunciar porque después no se hará nada al respecto” (40% y 51%, respectivamente).

 

“Ante la profunda crisis de confianza que atravesamos desde hace años en el país, es prioritario entregar más elementos a la ciudadanía para ejercer un mayor control sobre los actos de las autoridades, pero también a los funcionarios y a las entidades públicas para que internalicen procedimientos y mecanismos anticorrupción”, finalizó de la Fuente.

 

El estudio del Consejo fue desarrollado entre noviembre de 2020 y enero de 2021 y consideró la opinión de 2.445 funcionarios de todo el país, incluyendo a trabajadores de organismos de la administración central, municipios y organismos autónomos del Estado.

• Con miras a las elecciones del próximo 11 de abril, el Consejo para la Transparencia (CPLT), ofició a alcaldes del país para recomendar acciones excepcionales en materia de transparencia y probidad del gasto municipal, en particular en contextos en los que las autoridades van a la reelección y deben hacer campaña y asegurar el buen funcionamiento de los municipios.
• El organismo sugiere como fórmula habilitar un apartado de información en la web de cada municipalidad, es decir, reforzar la transparencia proactiva e ir más allá de la ley para transparentar estos gastos.

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