CPLT instruyó investigaciones sumarias en las subsecretarías de salud por infracciones a la Ley de Transparencia en materia de acceso a información

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  • Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.   
  • Los procesos, que pueden extenderse por un plazo de 60 días, podrían implicar sanciones de entre un 20% y un 50% de las remuneraciones del jefe de servicio, es decir, de los subsecretarios. En el caso de Redes Asistenciales ésta no sería aplicable tras la renuncia de Arturo Zúñiga.    

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La transparencia no puede ser “privilegio de unos pocos” según representantes del CPLT

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  • La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente y el consejero Francisco Leturia refirieron a la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley de Transparencia 2.0.  
  • Manifestaron preocupación por falta de nombramientos de nuevos consejeros, lo que paraliza las funciones de su Consejo Directivo- que requiere de tres miembros para sesionar-. Sobre la selección de candidatos apuntaron a “conocimientos, competencias técnicas y capacidad de actuar con real independencia” en favor de la confianza ciudadana. 

“Queremos que la transparencia no sólo sea una buena palabra y un privilegio de unos pocos”.  Este es parte central del llamado que realizaron a las autoridades la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y el consejero de esta entidad, Francisco Leturia, a dar señales “acelerando el trámite legislativo y tomando las decisiones políticas que corresponden” para reforzar el valor de la transparencia y promover el derecho de acceso a la información entre los ciudadanos y ciudadanas.

“El proyecto de ley de “Transparencia 2.0”, actualmente en el Congreso, va por el camino correcto. Esperamos que la apertura del periodo para presentar indicaciones permita concretar los ajustes que efectivamente permitirán modernizar nuestra normativa y adecuarla a los estándares que hoy reclama la ciudadanía”, subrayaron.

“Nuestro último Estudio Nacional de Transparencia evidenció el reconocimiento transversal al derecho de acceso a la información, además hemos visto un importante aumento de casos, y con ello también la necesidad de incorporar a otros poderes del Estado y a una larga lista de órganos públicos y privados”, plantearon los representantes del CPLT entre las materias en las que se requiere seguir avanzando.

Uno de los puntos destacados por De la Fuente y Leturia refiere al propio Consejo para la Transparencia. En un contexto de desconfianza en las instituciones de la cual el CPLT no se ha desmarcado afirmaron que: “urgen ajustes a nuestro gobierno corporativo: mayor dedicación de sus consejeros, regulación de inhabilidades, conflictos de intereses y “puerta giratoria””. 

Preocupados por falta de quórum 

Actualmente, el Consejo Directivo del CPLT se ve imposibilitado de sesionar, dado que no cumple con el mínimo quórum requerido, que son tres consejeros. Ante ello, los dos integrantes actualmente en funciones manifestaron “preocupación” ante la paralización de funciones por la falta de nombramientos para integrar esta instancia.

“Hoy estamos preparados para enfrentar un mes sin quórum, no obstante, todas las señales apuntan a que ese plazo se extenderá, generando un problema a la ciudadanía. Sin duda, es un tema a corregir en la ley. Mientras, necesitamos del compromiso de las autoridades para sacar esta tarea adelante”, plantearon.

Nombramiento de consejeros

Los representantes del Consejo también se refirieron a un tema que ha generado debate en las últimas semanas: las designaciones de los nuevos consejeros -cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República y confirmados o rechazados por el Parlamento, siendo rechazados por la Comisión de Constitución del Senado a principios de noviembre.

Al respecto apuntaron a la necesidad de: “La implementación de estándares más altos en estas materias exige también un especial cuidado en el nombramiento de los nuevos consejeros. Solo candidatos con conocimientos, competencias técnicas y capacidad de actuar con real independencia permitirán generar la confianza que se requiere para que el Consejo pueda asumir las facultades necesarias para profundizar la transparencia en nuestro país”. 

Expertos en transparencia e integridad de la OCDE reconocen buenas prácticas del CPLT de Chile como útiles en contexto de pandemia

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  • Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, afirmó que “sin transparencia y acceso a la información no hay integridad”.  
  • Además, presentó detalles de fiscalizaciones focalizadas en el área de salud –en residencias sanitarias y compras de test rápidos de detección de Coronavirus-, y cifras a partir de datos de Infolobby, plataforma que reúne registros de audiencias, viajes y donativos de autoridades en el contexto de la pandemia, evidenciando alza de las videoconferencias y una caída de las audiencias presenciales.

Algunas experiencias exitosas desarrolladas en el país en favor de la promoción de la transparencia y la integridad presentó hoy la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente en la sesión del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública (SPIO en sus siglas en inglés) del foro global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la instancia, conformada por las autoridades públicas en Integridad y Anticorrupción del organismo, se abordó el cómo la transparencia y la integridad pueden contribuir con el fortalecimiento de la confianza. En este marco, la titular del CPLT destacó parte de las acciones impulsadas por el organismo chileno durante la pandemia con miras a facilitar el acceso de la ciudadanía a información para monitoreo y reforzamiento del accountability de las gestiones y rendición de cuentas de las autoridades.

A partir de la premisa “sin transparencia y acceso a la información no hay integridad”, la cientista política se refirió a las fiscalizaciones focalizadas en el área de salud, como, por ejemplo, las relacionadas con residencias sanitarias y compras de test rápidos de detección de Coronavirus considerando contratos realizados y requerimientos de información a organismos responsables.

También, la presidenta del Consejo subrayó entre los aprendizajes que ha dejado la crisis sanitaria, la efectividad de monitoreo en áreas específicas para la detección de irregularidades y como herramienta preventiva de corrupción. contribuyendo con el escrutinio social. A esto se suma la necesidad de una comunicación de resultados oportuna y una coordinación entre los actores con otros cuerpos de control.

Infolobby, práctica replicable según la OCDE  

En el encuentro de expertos y funcionarios de la SPIO se abordó también el borrador del informe que prepara la OECD sobre la implementación de las recomendaciones del organismo en materia de principios de transparencia e integridad en Lobby.

En ese documento se considera incluir como una buena práctica la plataforma Infolobby.cl que administra el Consejo para la Transparencia (CPLT), y que concentra más de 1 millón 900 mil registros de audiencias, viajes y donativos de las autoridades, sujetos que deben registrar este tipo de actividades.  En el mencionado reporte se hará un balance del progreso realizado por la OCDE y países seleccionados en la implementación de la Recomendación de 2010 sobre los Principios de Transparencia e Integridad en Lobby.

La titular de Transparencia presentó la iniciativa, gestionada por el Consejo, la que a ojos de la OECD es una práctica innovadora con respecto a lo que se hace en otros países. En el caso de Chile, los registros se asocian a las autoridades o sujetos pasivos de Lobby, lo que sería considerado adecuado para avanzar en este ámbito donde la implementación de medidas para la transparencia y la integridad sigue siendo un desafío.

De la Fuente reconoció el aporte que se ha hecho a partir de Infolobby y presentó cifras relativas a la caída de registros de audiencias presenciales, cercana a un 70%, y el incremento de las videoconferencias durante los meses de pandemia.  En el marco del debate de los expertos se hizo referencia a lo exitoso de la plataforma y al “impresionante” aporte realizado en materia de transparencia y big data.

Consejo para la Transparencia y Bicameral de Transparencia iniciarán agenda conjunta 

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  • Ampliarán convenio vigente a nuevos temas, dado que la Ley de Transparencia no contempla al Parlamento como sujeto obligado.  

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Presidenta del CPLT advierte que no modernizar la ley de protección de datos personales deja “expuestos” a los ciudadanos  

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  • Consultada sobre el uso masivo del RUT para la prestación de servicios y compra de bienes, entre otras situaciones cotidianas, la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a la urgencia de avanzar en el perfeccionamiento de la ley que resguarda la información personal, “con reglas que defiendan los intereses y derechos de todos”.

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Consejo para la Transparencia informa sobre caída de registro de audiencias y alza de videoconferencias en audiencias de Lobby 

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  • Presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destacó el modelo y la normativa en la materia, pero planteó necesidad de avanzar en obligaciones para lobistas y gestores de intereses. 

A seis años de la conmemoración de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, el Consejo para la Transparencia informó sobre la caída de las cifras de audiencias, viajes y donativos que deben registrar los cerca de 700 organismos públicos en su plataforma Infolobby.cl, derivadas primero del estallido social y luego de la pandemia por Covid-19.

Las bajas se evidencian al comparar las cifras entre de 2020 entre enero y octubre con las del año pasado, identificando una disminución promedio mensual de un 57,3% en el caso de las audiencias, un 65,1% en materia de viajes y un 66,7% en cuanto a los donativos recibidos.  Esto a partir del reporte mensual en 2019 de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; los números bajan a 3.327 audiencias, 2.495 viajes y 160 donativos.

Desde el Consejo subrayaron que los registros mostraron una caída inicial a fines de 2019 con respecto a meses anteriores, tanto en el caso de las audiencias y de los viajes, lo que se asociaría a las manifestaciones iniciadas en octubre del año pasado. Una tendencia a la baja que se mantuvo en los últimos meses de ese año, con cifras por debajo del promedio mensual en estos dos tipos de registros.

La tendencia descendente se mantuvo los primeros meses de 2020. Sólo en el mes de abril las audiencias bajaron en un 86,2% con respecto al mismo período de 2019, alcanzando las 1.213. Acorde a las estadísticas del CPLT, pese al aumento entre abril y octubre de este año de los registros reportados, los números siguen siendo inferiores a los datos históricos. Si se comparan las cifras de este período de tiempo versus los mismos meses del 2019, la disminución ha sido de un 59,2% para audiencias, 66,7% para viajes y 67,1% para donativos.

La presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, comentó que, pese a la reducción de registros, por ejemplo, en la categoría audiencias, se incrementan comunicaciones vía videoconferencia. “Vemos una baja de cerca de un 60% entre marzo y octubre de 2019 y 2020 –ya se había registrado una caída tras el estallido social- y eso apunta a que los encuentros presenciales pueden haber bajado, pero también a que muchas de las instancias de reunión se estén dando en contextos telemáticos”.

En cifras, el CPLT informó que Infolobby evidenció que un 76% de las audiencias en julio de este año fueron por videoconferencia”. La titular de la entidad detalló también que la caída en todo tipo de registros parece “lógico en el contexto de la emergencia sanitaria y el confinamiento. Esto quiere decir que partimos de la premisa de que las instituciones cumplen con las obligaciones establecidas en la ley y están registrando las audiencias efectivamente realizadas”.

La cientista política subrayó que las instituciones han tenido una serie de aprendizajes en estos meses y años, entre ellos la necesidad de actualizar la normativa que regula Lobby en Chile, evidenciándose más claramente la necesidad de cambiar el foco de la regulación desde la autoridad a los gestores de intereses o lobistas y empresas que realizan Lobby.

Sobre el particular dijo que la normativa “ha sido estos años un aporte, en el entendido de que nos ha permitido de manera concreta dar a conocer información valiosa sobre lo que las autoridades hacen en materia de audiencias, viajes y donativos. El modelo que tenemos ha demostrado que sirve y mucho. Incluso, es visto con interés a nivel internacional”.

Agregó que “Infolobby ha sido destacada por un reporte de la OECD publicado hace pocos días y que la próxima semana expondremos detalles de la plataforma y lo que hemos conseguido a partir de más de 1 millón 900 mil registros en el contexto de una reunión de la OECD en materia de transparencia e integridad”.

Sin embargo, dijo, esto no quiere decir que no haya necesidades de perfeccionamiento de la regulación. “Hemos identificado en estos años deficiencias, fundamentalmente por poner el foco en los sujetos pasivos, las autoridades. Esto fue un primer paso, pero ahora, la normativa no debiera centrarse sólo en la autoridad. Hay que avanzar en transparentar las acciones de otros actores que pueden incidir en la toma de decisiones en materias públicas. Por ello, hemos propuesto cambios para elevar estándares de conocimiento de una actividad que es lícita y que apunta a los lobistas y gestores de intereses, así como a las empresas que contratan estos servicios”.

Cambios con miras al control ciudadano

La presidenta del Consejo comentó que ya se han realizado algunos avances asociados a la plataforma dependiente del CPLT Infolobby. En 2018 se trabajó en modificaciones orientadas a ponerlo al servicio del ciudadano que busca información sobre actividades de lobby en un tema o proyecto determinado.

Al respecto, De la Fuente especificó: “Hicimos una serie de cambios en la plataforma, la que estaba pensada en las autoridades. Ese rediseño permitió dar un giro importante al portal del Lobby. El foco ahora está puesto en el ciudadano que quiere buscar información sobre temas, por ejemplo, sobre un proyecto de inversión o un proyecto de ley y ver quiénes han estado tratando de influir en el proceso de toma de decisiones, actividad completamente legítima, pero de la cual tenemos derecho a saber más”.

“Estamos ante una fuerte desconfianza ciudadana en las instituciones y esto exige reforzar lo que llamamos ecosistema de transparencia, acceso a la información pública e integridad. Parte de este ecosistema lo constituyen normativas como la Ley de Lobby, que nos permiten regular acciones de instituciones y autoridades y nos ayudan a poner luz allí donde muchas veces hay poca o no lo hay”, espetó la presidenta del CPLT.

 

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Tras hackeos y ataques informáticos CPLT dice que se debe “avanzar más rápido” en perfeccionamiento del marco regulatorio para proteger adecuadamente a las personas y sus datos

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Ocurridos una serie de incidentes que han involucrado accesos no autorizados a bases de datos y ataques a la ciberseguridad –como Banco Estado y servidores de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), que gestiona, entre otros servicios, la clave única y Comisaría Virtual-, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a superar las deficiencias del marco regulatorio chileno y “avanzar más rápido” en la tramitación de normativas centrales actualmente en discusión.  

 

El objeto de ello es el establecimiento de “un ambiente digital seguro y confiable, donde las brechas o pérdidas de información sean efectivamente notificadas a las víctimas y donde se centralice un modelo nacional de respuesta a incidentes informáticos”.  

  

Estas y otras situaciones que han afectado a algunas instituciones muy populares, afirmaron desde el CPLT, “debieran levantar las alertas y agilizar la discusión legislativa de varias de las iniciativas que están en el Congreso, además de dar el impulso definitivo al tan anhelado proyecto de ley marco sobre ciberseguridad”.  Apuntó a la relevancia de dar impulso al proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e instaurar un “ecosistema de seguridad de los datos que cuente con una normativa específica que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir tanto el sector público como el privado” 

  

En este sentido, detalló, que en el caso de la tramitación del proyecto de ley sobre delitos informáticos “el gobierno elevó la urgencia de su discusión, de manera que -resolviéndose los dos o tres asuntos que siguen siendo objeto de debate legislativo- el Congreso debiera despachar esta iniciativa”.  

 

Otra de las normas que requiere perfeccionarse para adecuarla a los cambios tecnológicos, dado que entró en vigencia a fines de 1999 y no se hace cargo de fenómenos como la digitalización y la “datificación” de la sociedad –que se han acelerado y profundizado con la pandemia por Covid-19-, es el actual proyecto de ley sobre protección de datos personales, que tras dos décadas “no ha logrado avanzar en su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, debido principalmente a la urgencia de las diversas iniciativas legales relativas al COVID-19”.  

  

Esta iniciativa, explicaron desde el Consejo resolverá “una buena parte de las brechas existentes en la normativa vigente”, entre ellas, el establecimiento de una autoridad pública de encargada del resguardo “efectivo” de datos personales, “responsabilidad que recaería en el Consejo para la Transparencia (CPLT)”, dijo De la Fuente.  

  

Lo anterior, dado que en la actualidad existen una serie de situaciones que no son consideradas en la ley como las sanciones tras producirse un incidente de seguridad de datos. “Chile requiere de una normativa que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir, tanto el sector público como el privado en este ámbito, para contar así con un ambiente digital seguro y confiable, donde las brechas o pérdidas de información sean efectivamente notificadas a las víctimas y donde se centralice un modelo nacional de respuesta a incidentes informáticos”, sostuvo la presidenta del Consejo.  

  

“Además, el proyecto permite elevar el nivel nacional de protección permitiendo flujos transfronterizos de datos personales con países de la Unión Europea”, apuntó la cientista política refiriendo a los alcances comerciales y de seguridad que tiene la modernización de la normativa.   

Presidenta del CPLT se reúne con máximo representante de la Corte Suprema para avanzar en agenda de transparencia

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  • La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) ya se ha reunido con el Contralor y el presidente de la Cámara de Diputados.  

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Corte de Apelaciones ratificó orden del CPLT a la Armada de entregar hoja de vida de almirantes en retiro

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  • El mismo tribunal falló acorde a otra decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) y desestimó causales para mantener bajo reserva información sobre ex director del SHOA, tarjando previamente datos personales.

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Presidenta del CPLT sobre perfeccionamiento a Ley del Lobby: “debe mejorar la regulación de los sujetos activos”

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A pocos días de una nueva conmemoración del inicio de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró el aporte que esta normativa ha hecho a la transparencia y probidad en el país, pero destacó que requiere una serie de ajustes para dar nuevos pasos en materia de control, involucrando no sólo a las autoridades sino al lobista y a las empresas que contratan Lobby.

“Se reconoce internacionalmente que en Chile hay una buena norma, pero entendemos que -pese a que hay un avance- esta Ley es de 2013, se debe mejorar la regulación de los sujetos activos”.

Para la titular del CPLT la regulación tiene pendiente aún reformas que, a su juicio, son clave en materia de transparencia y probidad para combatir la corrupción y, en definitiva, colaborar con el perfeccionamiento de la democracia. “El foco de la norma actual le pone casi todo el peso de la responsabilidad a los sujetos pasivos, es decir, autoridades que reciben o son sujetos de gestión de intereses, pero poca en los sujetos activos que gestionan los intereses de diverso tipo”.   

La legislación vigente en esta materia establece la obligación para la autoridad, que es sujeto pasivo de lobby, de llevar un registro de las audiencias otorgadas, aunque sin transparentar mayores antecedentes sobre los lobbistas más que los consignados por las mismas autoridades a partir de las respectivas audiencias. Esto implica que la ley sea más bien una agenda pública de las autoridades.

Bajo esta lógica y en paralelo a la ampliación de las obligaciones de Lobby a otros actores, el Consejo propone mejorar la calidad de los mismos, de manera de reforzar el control social de la actividad en distintos temas y conocer quién y por qué se busca influir en el proceso de toma de decisiones, actividad que es completamente legítima. “Aquí hay que avanzar a un mejor registro y más obligaciones”, espetó.

De la Fuente explicó que esta actividad, que es legítima, requiere una normativa perfeccionada con miras a acceder a más información: “Hay que entender que el lobby cuando es una actividad regulada permite disminuir los mantos de opacidad (…) Hay que erradicar espacios extrainstitucionales en la incidencia de toma de decisiones que, al final, lo que hacen, es establecer asimetrías entre las personas y eventualmente la comisión de delitos”.  

Caída de registros 

El Consejo para la Transparencia mantiene el portal electrónico “InfoLobby”, plataforma que consolida registros de audiencias, viajes, donativos, lobistas, gestores de interés, representados en audiencias, autoridades y organismos públicos, entre otros. Desde la entrada en vigencia de la ley en noviembre de 2014 y hasta el octubre de este año, se ha cuantificado la publicación de sobre 1 millón 900 mil registros.

El año 2019, se tuvo un promedio de reporte mensual de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; cifras que comparadas con las del 2020 han registrado una disminución promedio mensual de un 57,3% para audiencias, 65,1% para viajes y 66,7% para donativos. Lo anterior puede entenderse desde el impacto generado por la pandemia por Covid-19 en estas actividades. Si bien desde marzo a octubre 2020 han existido aumentos en los registros reportados, continúan siendo bajos respecto a datos históricos.

Sanciones  

En cuanto al régimen de sanciones que contempla la Ley Nº 20.730, éste también se centra principalmente en la autoridad y su responsabilidad administrativa en el caso de incumplimientos de los registros de agenda pública que regula esta normativa.  La propuesta del CPLT sobre el particular es analizar modalidades de enforcement de la legislación, mediante el establecimiento de sanciones especiales y la asignación la autoridad de un órgano de control especializado para ello. Lo anterior permitirá un mejor control y fiscalización de la transparencia del sistema de la ley y se facilitará el acceso a la información relativa al lobby y la gestión de intereses.

Tras decisión del CPLT Carabineros entrega información sobre funcionarios de civil que prestaron servicios durante el estallido social

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  • La institución había denegado la solicitud de acceso a estos antecedentes, realizada por un periodista de medio de comunicación digital, aludiendo que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones y la seguridad de la Nación, causales de reservas que fueron desestimadas parcialmente por el Consejo para la Transparencia (CPLT). 

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Presidenta del CPLT advierte sobre datos personales: “falta actualizar normas en función del cambio tecnológico”

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  • Gloria De la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), apuntó a la urgencia de hacerse cargo de modernizar la ley de protección de datos personales, que no se ha perfeccionado desde los años noventa.  

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