En el marco del Programa de Fiscalizaciones Extraordinarias realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció preocupantes falencias en la publicidad de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la información relacionada con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, mecanismos de coordinación local en materia de seguridad.

Esta iniciativa se enmarca en un programa intensivo de fiscalizaciones que el CPLT ya ha realizado, tales como las referidas a listas de espera en el sistema de salud pública, al cumplimiento en transparencia de los Servicios Locales de Educación o a la publicidad de instrumentos para la gestión de desastres, y que seguirá realizando, en diversas materias. Dichas investigaciones tienen por objeto relevar el derecho de acceso a información pública como una herramienta fundamental para controlar, por ejemplo, cómo las instituciones cumplen la legislación o cómo invierten los recursos públicos.

Respecto de esta nueva fiscalización, y a modo de contexto, es relevante precisar que la ley N°20.965 calificó como atribución esencial de los municipios, el elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Comunal de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, estableció que, para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el Consejo Comunal de Seguridad Pública (que se crea con carácter consultivo) y por cada uno de sus consejeros. Por su parte, las actas de estos consejos deben remitirse, por ley, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin perjuicio que, constituye una buena práctica de transparencia activa su publicación por los municipios.

Remisión de antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito

El CPLT analizó la información obtenida de la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto de los Planes Comunales de Seguridad Pública que cada una de las 345 municipalidades debe elaborar, publicar y remitirle, conforme indica la ley. Al respecto, se evidenció que, si bien 307 municipios cuentan con un plan (89%), solo en 279 municipios estaban vigentes (81%).
Respecto de la remisión a dicha Subsecretaría de las actas de los Consejos Comunales de Seguridad correspondientes a los años 2023 y 2024, se verificó que 298 municipalidades, es decir, el 86% del total, sí enviaron esta información, según lo exige la ley. Sin embargo, solo 25 consejos (8,5%) cumplieron con el mínimo esperado de 24 actas, lo que sugiere una baja frecuencia de sesiones (la ley exige mínimo 1 al mes) o deficiencias en el envío de la documentación.

Incumplimientos de transparencia activa

Respecto de aquellos municipios que contaban con Planes Comunales de Seguridad Pública vigentes (279, correspondientes al 81%), se analizó una muestra priorizada de 70 comunas con altos niveles de vulnerabilidad, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual, constatándose que en 24 casos los planes no estaban publicados en su portal web o eran versiones desactualizadas. Es decir, esta infracción se evidenció en el 34% de las municipalidades de la muestra.
En relación con los Consejos Comunales de Seguridad Pública, el informe detectó que 108 municipalidades (31%) no informan -en su planilla de mecanismos de participación ciudadana- la existencia de su Consejo Comunal de Seguridad, información que es obligatoria según la Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT (Resolución Exenta N°500), dado que exige publicar los mecanismos de participación ciudadana, dentro de los que se encuentran los consejos consultivos.
Además, se reveló que solo 2 municipios (menos del 1%) cumplen con la totalidad de los requerimientos de transparencia activa definidos, en general, para los consejos consultivos, tales como nombre, objetivo, forma de integración, integrantes y si ellos representan a alguna institución, período de vigencia en sus funciones, etc. Mientras que 92 municipios (27%) no publican ninguno de estos campos exigidos.

Adicionalmente, se constató que 253 municipios (de los 345 revisados), equivalentes al 73%, no publican las actas correspondientes a las sesiones de estos consejos. Ello, pese a que publicarlas constituye una buena práctica reconocida en transparencia activa, que permite conocer los temas tratados, los acuerdos adoptados y la frecuencia de funcionamiento de estos espacios, que deben sesionar al menos una vez al mes según lo establece la normativa vigente. Todo esto, sin perjuicio de que se deben reservar aquellos pasajes de las actas cuya publicidad afectare la mantención del orden público, la seguridad pública o cualquier otro valor que la Ley de Transparencia establece como causal de reserva.
El reporte de fiscalización analizó, además, qué tipo de información se publicaba en dichas actas, para lo cual se consideró una muestra de 35 municipalidades, seleccionadas también según su Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual. En específico, se revisaron 65 actas, de las cuales sólo 28 incluían los acuerdos tomados y apenas 12 mencionaban los temas a tratar en la siguiente sesión. Este nivel de heterogeneidad en la presentación de las actas limita el seguimiento ciudadano y dificulta el control social.

Reacciones desde el CPLT

La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó estos hallazgos señalando que “en medio de una crisis de seguridad que es la principal preocupación de la ciudadanía según las encuestas, este informe revela que todavía hay un importante espacio de mejora en materia de acceso a información pública sobre estos temas. Dentro de las infracciones que más preocupa, vemos que un tercio de las municipalidades no publica dentro de sus mecanismos de participación ciudadana si cuenta o no con los Consejos Comunales de Seguridad. Asimismo, un 34% de las municipalidades de la muestra analizada no cuenta con su Plan Comunal de Seguridad Pública publicado o está desactualizado. Ello significa una barrera de acceso a las personas a un tema tan relevante como son las políticas locales de prevención de la delincuencia que los afectan”.
El Consejo para la Transparencia, en todos los procesos de fiscalización extraordinaria, ha requerido a todas las instituciones ajustar sus procedimientos de acceso a la información pública, para fortalecer los mecanismos de control social, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad ciudadana.

 

Informe de Fiscalización Extraordinaria: Publicidad de los Consejos Comunales de Seguridad Pública

El cumplimiento promedio en transparencia activa de las empresas públicas alcanzó un 94,8% en 2025, lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto del año anterior (90,3%). A pesar de esta positiva alza, todavía 17 de las 33 entidades evaluadas presentan incumplimientos, según reveló el último informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esto implica, en la práctica, que más de la mitad de las empresas públicas no pone a disposición de la ciudadanía toda aquella información que la normativa aplicable exige, o lo hace de forma desactualizada, incompleta o sin el detalle requerido.

El proceso de fiscalización, realizado entre el 18 y el 28 de marzo del presente año, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) y la Instrucción General N°5 del CPLT. Esta normativa obliga a las empresas públicas a la publicación de materias como su estructura organizativa, personal y remuneraciones, estados financieros, individualización de quienes componen la administración superior e indicación de sociedades filiales, coligadas o en que tengan participación.

Fueron 16 empresas —seis más que en 2024— las que alcanzaron un 100% de cumplimiento, destacando por entregar información íntegra, actualizada y estructurada según los estándares exigidos. Mientras que 17 empresas presentaron algún tipo de infracción. Entre estas últimas, las que presentaron los niveles más preocupantes de cumplimiento fueron Empresa Fondo de Infraestructura S.A. que obtuvo solo un 39,6%, seguida por Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA con 70,8% y Metro S.A. con 83,1%.

En términos generales, entre los hallazgos más preocupantes se detectaron informaciones desactualizadas sobre el personal y sus remuneraciones, así como la de directivos y ejecutivos, y también omisiones o información incompleta sobre la estructura interna, funciones y marco normativo aplicable.

“Valoramos la mejora general en materia de transparencia activa, pero no podemos ignorar que más de la mitad de las empresas públicas aún tiene tareas pendientes que son relevantes. Estas cifras evidencian que aún hay zonas opacas en la gestión del Estado que deben corregirse con urgencia. Desde el Consejo para la Transparencia, seguiremos fiscalizando a las empresas públicas, con el objeto de que todas ellas alcancen el 100% de cumplimiento, que es el estándar que exige la normativa vigente”, sostuvo Natalia González, presidenta del CPLT.

El CPLT reiteró el llamado a las empresas públicas con infracciones a cumplir con su deber institucional, de manera de permitir a la ciudadanía ejercer de manera plena su derecho a acceder a información pública.

Informe Global Empresas Públicas 2025

Con un llamado a fortalecer los mecanismos de acceso a la información como vía para robustecer la democracia, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, inauguró el año académico 2025 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad UNIACC, dictando una clase magistral centrada en los avances, desafíos y relevancia del derecho de acceso a la información pública en Chile.

Durante su intervención, la presidenta subrayó que la transparencia cumple un rol fundamental en la consolidación del Estado de Derecho, la rendición de cuentas, el combate a la opacidad en la gestión pública y la construcción de confianza ciudadana, elementos esenciales para la legitimidad democrática.

En su exposición, Natalia González presentó cifras que reflejan la evolución y el impacto del sistema de transparencia en el país, destacando que el Portal de Transparencia del Estado desde su creación en 2013 ha recibido más de 50 millones de visitas y ha canalizado más de 2,2 millones de solicitudes de acceso a la información dirigidas a más de 1.060 organismos públicos, al 30 de abril de 2025. Asimismo, informó que el Consejo ha conocido históricamente más de 100 mil casos, de los cuales un 81% corresponde a amparos por denegación de información y un 19% a reclamos por incumplimiento de normas de transparencia activa, con un tiempo promedio de resolución de casos de 74 días corridos.

También destacó que el CPLT ha instruido 972 procedimientos sancionatorios, que han derivado en sanciones a más de 800 funcionarios públicos en cargos tanto del nivel central como regional y local.

En el ámbito de la promoción del derecho, se han realizado cerca de 1.800 actividades de formación y capacitación entre 2010 y abril de 2025, beneficiando a más de 197 mil personas entre autoridades, funcionarios y miembros de la sociedad civil.

La presidenta del CPLT enfatizó que, junto con estos logros, persiste el desafío de perfeccionar los instrumentos disponibles, fortalecer la fiscalización, innovar frente a nuevas exigencias y continuar promoviendo una cultura de transparencia activa. “Chile cuenta con una normativa robusta, pero todavía quedan desafíos pendientes, tales como homologar, equiparar y fortalecer las obligaciones de transparencia y acceso a la información de todo el sector público, incorporando al Poder Legislativo, Judicial y a todos los órganos con autonomía constitucional al régimen general de transparencia; o bien potenciar la transparencia activa con la tecnología disponible, a fin de que se convierta en la regla general de acceso a información por sobre las solicitudes individuales”, sostuvo.

La actividad contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, estudiantes y representantes del mundo público y privado, y reafirmó el rol del CPLT como garante del derecho de acceso a la información y como actor clave en la promoción de estándares de integridad, participación y control ciudadano en nuestro país.

Una nueva actividad de formación se llevó a cabo, esta vez en la región de Coquimbo, donde el Consejo para la Transparencia junto al apoyo de la SUBDERE capacitaron a funcionarios públicos en materias como cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a información pública.

En la instancia, se realizaron jornadas de trabajo y de diálogo con la Asociación de Municipios de la región de Coquimbo y el Gobierno Regional donde se fueron identificando oportunidades de mejora para un cumplimiento más eficaz de las obligaciones de la ley de transparencia en nuestro país.

El Consejo para la Transparencia junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) culminaron con éxito dos jornadas de capacitación regional, marcando un hito en el fortalecimiento de la gestión municipal y el desarrollo local en las regiones de O’Higgins y Magallanes. Estas instancias de aprendizaje y colaboración reafirman el compromiso del CPLT y la SUBDERE con el fortalecimiento de la transparencia en los municipios chilenos.

En la Región de O’Higgins, específicamente en San Fernando, el Director General del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, lideraron un encuentro enfocado en impulsar el desarrollo local y potenciar las herramientas de gestión de los equipos municipales. La jornada permitió a los participantes adquirir nuevos conocimientos y estrategias para enfrentar los desafíos que se presentan en sus respectivas comunidades.

Posteriormente, el ciclo de capacitaciones cerró en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, específicamente en Punta Arenas, donde se abordaron los desafíos únicos que enfrentan los municipios del “fin del mundo”. Esta jornada estuvo dedicada a potenciar las capacidades de las administraciones locales de la zona austral, brindándoles herramientas adaptadas a sus necesidades específicas, con un especial énfasis en las obligaciones de Transparencia Activa.

Las iniciativas subrayan el compromiso de la SUBDERE, en conjunto con el CPLT, para que los municipios continúen brindando lo mejor a sus comunidades, fortaleciendo sus capacidades y fomentando el desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo la fiscalización del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) 2024, en la cual se revisó si los órganos de la Administración del Estado que están obligados a cumplir la Ley de Transparencia y que operan a través del Portal de Transparencia del Estado, cumplen los plazos legales para responder a las solicitudes de acceso a información pública que la ciudadanía les dirige. El período revisado fue entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024. Los resultados evidencian que persisten problemas en el acceso oportuno a dicha información.

Entre los principales hallazgos, se identificó que, de las más de 210.000 solicitudes de acceso a información pública dirigidas por la ciudadanía en el período analizado, 11.214 fueron respondidas fuera de plazo por parte de 474 servicios públicos. De éstas, 1.388 corresponden al Servicio Nacional de Migraciones, aunque este servicio se ubica en el puesto 229 de organismos que porcentualmente presentan esta infracción con mayor frecuencia.

Asimismo, se detectaron 1.524 solicitudes en las que se aplicó una prórroga extemporánea, es decir, que el órgano solicitado de información notificó al solicitante de la necesidad de contar con tiempo adicional para contestar, pero lo hizo fuera del plazo legal original para contestar. Esto ocurrió en 221 instituciones públicas.

Otro dato preocupante es que hubo 4.733 solicitudes con plazo legal vencido y que no fueron respondidas. Este incumplimiento también involucra a 221 sujetos obligados.

Si bien se observó una disminución en la proporción de solicitudes con plazo legal vencido que no fueron respondidas (bajando de 3,39% en 2023 a 2,25% en 2024) y en aquellas con prórroga extemporánea (de 2,44% a 0,72%), se evidenció un aumento en las solicitudes respondidas fuera de plazo, pasando de 4,63% en 2023 a 5,32% el año 2024.

La presidenta del CPLT, Natalia González, subrayó la importancia de mejorar los indicadores: “Si bien hay una disminución en algunas infracciones, el aumento de solicitudes respondidas fuera de plazo es una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública. En este sentido, es fundamental que sepan que este consejo no solo fiscaliza y sanciona las vulneraciones a la Ley de Transparencia, sino que también capacita a los órganos de la Administración del Estado para aumentar sus capacidades institucionales asociadas al cumplimiento a esta ley. El llamado es a aprovechar las instancias que el CPLT pone a disposición de las entidades que están obligadas a cumplirla”.

El CPLT insta a los organismos de la Administración del Estado a fortalecer sus procesos de gestión de solicitudes y cumplir oportunamente con la Ley de Transparencia, asegurando el legítimo derecho de la ciudadanía a saber.

Informe FISCALIZACIÓN MASIVA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN VÍA PORTAL DE TRANSPARENCIA

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, participó en el XXVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), realizado esta semana en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En la instancia, presentó los avances del país en materia de transparencia en el uso de algoritmos por parte del Estado, así como en la utilización de tecnologías para aumentar la eficiencia de las fiscalizaciones de transparencia y acceso a la información pública.

Durante su presentación, González destacó que el CPLT ha elaborado recomendaciones de transparencia algorítmica para que los organismos públicos informen de manera clara y accesible a la ciudadanía cuándo están usando sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas y cuáles son las lógicas que aplican a estos sistemas y su funcionamiento.

Estas buenas prácticas implican para los órganos públicos obligados por la Ley de Transparencia, el deber de comunicar por medios idóneos si utilizan herramientas de inteligencia artificial en su relación con la ciudadanía, tales como chatbots para asistir a la ciudadanía. La idea es que las personas siempre sepan si están siendo atendidas por una máquina o una persona y puedan entender cómo se toman ciertas decisiones que los afectan.

Además, compartió la experiencia chilena en el uso de herramientas digitales para supervisar a los organismos públicos a los que aplica la Ley de Transparencia. Explicó cómo el CPLT, en cumplimiento de su rol fiscalizador, introdujo, desde el año 2023 y de forma progresiva, tecnología dirigida a la automatización de procesos para analizar de manera más eficientes los datos de aquellas entidades que tiene que fiscalizar. De esta forma, evidenció que se han reducido los tiempos de fiscalización, se ha aumentado la certeza en la determinación de infracciones y la cobertura de las fiscalizaciones y se han focalizado de mejor manera los esfuerzos fiscalizadores.

Como un ejemplo de fiscalización aplicada con el uso de estas tecnologías, mostró a los presentes la revisión que hizo el CPLT respecto del número de personal de la Administración del Estado entre los meses de septiembre de 2022 y 2023, en la que se concluyó que habían más de 810 mil funcionarios públicos. Asimismo, se detectó que había un relevante porcentaje de organismos de la Administración del Estado que presentaba incumplimientos en la publicación de los datos asociados a “personal y remuneraciones”, ítem de publicación obligatoria establecido en la Ley de Transparencia y que es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

“Es importante que el Estado haga uso de las herramientas tecnológicas disponibles para otorgar un mejor y más eficiente servicio a las personas. También, es de la mayor relevancia, que el uso de esas herramientas se haga con pleno respeto de los derechos de las personas, lo que incluye adoptar todas las medidas para la debida protección de los datos personales, el resguardo y promoción de la transparencia en el uso de estas herramientas y sus características, y el derecho de acceso a la información pública, para el debido control ciudadano”, señaló González.

¿Qué es la RTA?

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es una instancia de colaboración e intercambio de experiencias entre organismos de distintos países de Iberoamérica que garantizan la transparencia y el acceso a la información pública en cada Estado. Está integrada por entidades de países como México, España, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Paraguay, El Salvador y Chile, entre otros.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informa que, a contar de hoy, martes 29 de abril de 2025, Natalia González Bañados asume oficialmente la presidencia del organismo por 18 meses, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.285 (Ley de Transparencia).

Sucede en el cargo a Bernardo Navarrete Yáñez, quien culmina una destacada presidencia marcada por una intensa presencia en diversas comunas del país, robusteciendo así la transparencia en municipios. Asimismo, en su gestión se lanzó el programa de certificación de encargados de transparencia, se realizó una relevante cantidad de fiscalizaciones en acceso a la información pública y se avanzó con medidas de fortalecimiento institucional. Navarrete continuará como consejero del CPLT por 18 meses.

Natalia González Bañados es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de dicha universidad. Actualmente, es académica en Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo, entre otras labores.

De esta manera, el consejo directivo del Consejo para la Transparencia queda conformado por Natalia González como su presidenta, junto a los consejeros Bernardo Navarrete, María Jaraquemada y Roberto Munita.

Cabe destacar que, durante su trayectoria, Natalia González se ha posicionado como una voz experta en temas de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Su llegada a la presidencia del Consejo representa una oportunidad para consolidar los avances logrados en los últimos años y fortalecer líneas de trabajo como la educación ciudadana, la incidencia legislativa del CPLT en los proyectos de ley que se discute en el Congreso asociados a sus competencias, la innovación y la mejora continua de los estándares de transparencia.

El Consejo para la Transparencia agradece profundamente la contribución de Bernardo Navarrete, cuyo legado sienta las bases para una nueva etapa institucional, y extiende sus mejores deseos a Natalia González en su nuevo desafío.

La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relacionada con la ejecución de los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para realizar programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional. Dicha transferencia de recursos se materializó a través de la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.

La resolución se produce luego de que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitara al CUECh acceso a la información señalada y este se negara a entregársela, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio. Asimismo, y en lugar de responder, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias y, en definitiva, se impidiera la entrega de los antecedentes requeridos. El tribunal, sin embargo, desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT.

No contento con ello, el CUECh apeló ante la Corte Suprema, tribunal que volvió a desestimar su posición, confirmando que el consorcio —en tanto organismo que administra fondos públicos y que cumple una función pública como “cooperador de la función Estatal”— está sujeto a las obligaciones de transparencia activa y pasiva establecidas en la Ley de Transparencia, y, en definitiva, debe entregar la información requerida.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, valoró esta decisión subrayando que “Este fallo es sumamente relevante, pues confirma el criterio jurisprudencial que el CPLT ha venido aplicando. Si hay fondos públicos involucrados y se cumple una función pública administrativa, independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social”.

Con este fallo del 22 de abril del presente año, se allana el camino para que la ciudadanía conozca el detalle de la labor realizada por el CUECh en el marco del apoyo que prestó a la Convención Constitucional y por el cual recibieron cerca de 1000 millones de pesos de recursos fiscales.

En nuestro compromiso constante por mejorar la gestión digital y fortalecer la transparencia, hemos implementado en nuestras oficinas un Sistema de Monitoreo de Portales, impulsado por la Dirección de Desarrollo Digital, que optimiza el seguimiento y análisis de nuestras plataformas web.

Este sistema de monitoreo consta de pantallas de información dinámicas, con una rotación en línea de distintos tipos de datos, que se modifican, mejoran o integran con nuevas visualizaciones de forma continua. Esta innovación tecnológica permite visualizar, en tiempo real, aspectos clave sobre el uso y desempeño de los portales, facilitando así la toma de decisiones basadas en información precisa y actualizada.

Tres focos principales de monitoreo:

1. Experiencia del usuario:
   • Seguimiento de visitas, páginas más vistas y origen de los usuarios en portales como Portal de Transparencia del Estado, InfoLobby, InfoProbidad y el sitio web del CPLT.
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Un informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que en 2023 los municipios, corporaciones municipales y el Instituto Nacional del Deporte recaudaron un total de $477 millones por concepto de arriendo o concesión de estadios a sociedades anónimas deportivas, lo que representa una disminución del 2,3% respecto al año anterior.

El estudio analizó los ingresos de 32 organismos administradores de recintos deportivos utilizados en los campeonatos de fútbol profesional “Primera A” y “Primera B” durante 2022 y 2023. Se identificaron diversas problemáticas en la transparencia de estos ingresos y en la ejecución de los fondos recaudados.

Los principales hallazgos del informe muestran ingresos desiguales y diferencias en la modalidad de cobro. Algunos organismos arriendan por evento, mientras que otros cobran anualmente, generando disparidades significativas en la recaudación. También se identificó una falta de información detallada sobre el uso de los fondos, ya que la mayoría de los municipios y entidades no pudieron precisar en qué se invirtieron estos recursos, al integrarse al presupuesto general.

La baja incidencia en los presupuestos municipales es otra de las conclusiones, ya que en ningún caso la recaudación por arriendo de estadios representó más del 1% del total del presupuesto municipal, siendo el mayor porcentaje registrado en la Municipalidad de La Cisterna con un 0,7%. Entre los organismos con mayor recaudación, el Instituto Nacional del Deporte lideró con $96 millones en 2023, seguido por la Municipalidad de La Cisterna ($82,6 millones) y la Municipalidad de La Calera ($42,1 millones).

Además, se detectó falta de respuesta y retrasos en la entrega de información. Al realizar la fiscalización, el Consejo para la Transparencia no pudo ingresar solicitudes de acceso a la información por problemas en los sitios web en el 11% de los organismos fiscalizados. Asimismo, respecto de aquellos organismos a los que sí se les pudo dirigir solicitudes de acceso a información, 7 no respondieron y 5 lo hicieron fuera del plazo legal.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en la gestión de estos recursos. “Los hallazgos de esta fiscalización muestran que aún existe una brecha en la transparencia y trazabilidad de los fondos recaudados por el arriendo o concesión de estadios. Es fundamental que los organismos públicos informen con claridad sobre la administración de estos recursos, de manera que la ciudadanía pueda ejercer control social respecto de su correcta utilización”, sostuvo.

El informe concluye que persisten deficiencias en la publicación de información sobre los contratos de arriendo y en la rendición de cuentas del destino de estos ingresos. El Consejo para la Transparencia recomienda fortalecer la transparencia activa de los organismos fiscalizados y mejorar los mecanismos de seguimiento del uso de estos fondos.

Informe RECAUDACIÓN E INVERSIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRADORES DE ESTADIOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

 

Con una convocatoria amplia – más de 800 personas en línea y cerca de 250 en forma presencial – y una mirada de futuro, se desarrolló este jueves el Seminario Internacional “Transparencia para el futuro y desafíos de la Ley de Transparencia”, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La instancia fue el hito final de la Semana de la Transparencia 2025, que conmemoró los 16 años de vigencia de la Ley de Transparencia y de la entrada en funciones del CPLT y que incluyó diversos hitos como una sesión especial del Consejo Directivo del CPLT en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, actividades en terreno, un workshop internacional, un simposio sobre transparencia universitaria coorganizado con la Universidad de Chile y capacitaciones simultáneas de la Ley de Transparencia en varias ciudades del país.

El encuentro internacional que contó con la presencia de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, reunió a autoridades, especialistas nacionales y destacados invitados internacionales, quienes reflexionaron sobre los desafíos actuales y futuros del acceso a la información pública. Asistieron al evento más de 250 personas de forma presencial y más de 850 telemáticamente.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete Yáñez, destacó respecto de la temática principal de este evento que: “Cuando hablamos de los desafíos de la Ley de Transparencia, no se puede negar su importancia en garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, la rendición de cuentas y una democracia más participativa. Sin embargo, es claro que ha llegado la hora de modernizarla, de manera de responder no solo al progreso tecnológico, sino también para incorporar los diagnósticos y propuestas transversales que ya han sido elaboradas y también de aquellas en proceso, como la que actualmente prepara el Consejo para la Transparencia y que incluye una serie de consultas públicas a informantes calificados que estamos llevando a cabo”.

Uno momento destacado de la jornada fue el panel “Transparencia hacia el futuro: La experiencia comparada”, que abordó la experiencia de otros países en el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en el quehacer del Estado y los riesgos y oportunidades que ello representa para la transparencia.

En este espacio expusieron destacados invitados internacionales como Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, quien subrayó el rol de los marcos normativos en el control ciudadano sobre el uso de nuevas tecnologías por parte del Estado. Además, Raúl Parra Alemán, director de Gobierno Abierto del Instituto de Transparencia de Nuevo León (México), quien compartió experiencias del ecosistema de datos abiertos y participación ciudadana en contextos locales de América Latina.

Las exposiciones permitieron un diálogo enriquecedor sobre cómo otros países están abordando temas emergentes en transparencia, aportando insumos clave al debate legislativo en curso en Chile.

En la jornada se realizó la entrega de diplomas a los primeros enlaces de transparencia municipales que aprobaron el Programa de Certificación del CPLT, reconociendo su compromiso con el fortalecimiento institucional desde el nivel local.

Con este seminario, el CPLT concluye una semana repleta de actividades de reflexión y diálogo sobre los desafíos de la transparencia en Chile y el mundo, reafirmando su compromiso con una cultura institucional abierta, moderna y orientada a los derechos de la ciudadanía.