Un informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que en 2023 los municipios, corporaciones municipales y el Instituto Nacional del Deporte recaudaron un total de $477 millones por concepto de arriendo o concesión de estadios a sociedades anónimas deportivas, lo que representa una disminución del 2,3% respecto al año anterior.

El estudio analizó los ingresos de 32 organismos administradores de recintos deportivos utilizados en los campeonatos de fútbol profesional “Primera A” y “Primera B” durante 2022 y 2023. Se identificaron diversas problemáticas en la transparencia de estos ingresos y en la ejecución de los fondos recaudados.

Los principales hallazgos del informe muestran ingresos desiguales y diferencias en la modalidad de cobro. Algunos organismos arriendan por evento, mientras que otros cobran anualmente, generando disparidades significativas en la recaudación. También se identificó una falta de información detallada sobre el uso de los fondos, ya que la mayoría de los municipios y entidades no pudieron precisar en qué se invirtieron estos recursos, al integrarse al presupuesto general.

La baja incidencia en los presupuestos municipales es otra de las conclusiones, ya que en ningún caso la recaudación por arriendo de estadios representó más del 1% del total del presupuesto municipal, siendo el mayor porcentaje registrado en la Municipalidad de La Cisterna con un 0,7%. Entre los organismos con mayor recaudación, el Instituto Nacional del Deporte lideró con $96 millones en 2023, seguido por la Municipalidad de La Cisterna ($82,6 millones) y la Municipalidad de La Calera ($42,1 millones).

Además, se detectó falta de respuesta y retrasos en la entrega de información. Al realizar la fiscalización, el Consejo para la Transparencia no pudo ingresar solicitudes de acceso a la información por problemas en los sitios web en el 11% de los organismos fiscalizados. Asimismo, respecto de aquellos organismos a los que sí se les pudo dirigir solicitudes de acceso a información, 7 no respondieron y 5 lo hicieron fuera del plazo legal.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en la gestión de estos recursos. “Los hallazgos de esta fiscalización muestran que aún existe una brecha en la transparencia y trazabilidad de los fondos recaudados por el arriendo o concesión de estadios. Es fundamental que los organismos públicos informen con claridad sobre la administración de estos recursos, de manera que la ciudadanía pueda ejercer control social respecto de su correcta utilización”, sostuvo.

El informe concluye que persisten deficiencias en la publicación de información sobre los contratos de arriendo y en la rendición de cuentas del destino de estos ingresos. El Consejo para la Transparencia recomienda fortalecer la transparencia activa de los organismos fiscalizados y mejorar los mecanismos de seguimiento del uso de estos fondos.

Informe RECAUDACIÓN E INVERSIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRADORES DE ESTADIOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

 

Con una convocatoria amplia – más de 800 personas en línea y cerca de 250 en forma presencial – y una mirada de futuro, se desarrolló este jueves el Seminario Internacional “Transparencia para el futuro y desafíos de la Ley de Transparencia”, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La instancia fue el hito final de la Semana de la Transparencia 2025, que conmemoró los 16 años de vigencia de la Ley de Transparencia y de la entrada en funciones del CPLT y que incluyó diversos hitos como una sesión especial del Consejo Directivo del CPLT en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, actividades en terreno, un workshop internacional, un simposio sobre transparencia universitaria coorganizado con la Universidad de Chile y capacitaciones simultáneas de la Ley de Transparencia en varias ciudades del país.

El encuentro internacional que contó con la presencia de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, reunió a autoridades, especialistas nacionales y destacados invitados internacionales, quienes reflexionaron sobre los desafíos actuales y futuros del acceso a la información pública. Asistieron al evento más de 250 personas de forma presencial y más de 850 telemáticamente.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete Yáñez, destacó respecto de la temática principal de este evento que: “Cuando hablamos de los desafíos de la Ley de Transparencia, no se puede negar su importancia en garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, la rendición de cuentas y una democracia más participativa. Sin embargo, es claro que ha llegado la hora de modernizarla, de manera de responder no solo al progreso tecnológico, sino también para incorporar los diagnósticos y propuestas transversales que ya han sido elaboradas y también de aquellas en proceso, como la que actualmente prepara el Consejo para la Transparencia y que incluye una serie de consultas públicas a informantes calificados que estamos llevando a cabo”.

Uno momento destacado de la jornada fue el panel “Transparencia hacia el futuro: La experiencia comparada”, que abordó la experiencia de otros países en el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en el quehacer del Estado y los riesgos y oportunidades que ello representa para la transparencia.

En este espacio expusieron destacados invitados internacionales como Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, quien subrayó el rol de los marcos normativos en el control ciudadano sobre el uso de nuevas tecnologías por parte del Estado. Además, Raúl Parra Alemán, director de Gobierno Abierto del Instituto de Transparencia de Nuevo León (México), quien compartió experiencias del ecosistema de datos abiertos y participación ciudadana en contextos locales de América Latina.

Las exposiciones permitieron un diálogo enriquecedor sobre cómo otros países están abordando temas emergentes en transparencia, aportando insumos clave al debate legislativo en curso en Chile.

En la jornada se realizó la entrega de diplomas a los primeros enlaces de transparencia municipales que aprobaron el Programa de Certificación del CPLT, reconociendo su compromiso con el fortalecimiento institucional desde el nivel local.

Con este seminario, el CPLT concluye una semana repleta de actividades de reflexión y diálogo sobre los desafíos de la transparencia en Chile y el mundo, reafirmando su compromiso con una cultura institucional abierta, moderna y orientada a los derechos de la ciudadanía.

Durante la segunda jornada de la “Semana de la Transparencia”, se desarrolló una nueva edición de “El Consejo en Terreno”, que contempló capacitaciones presenciales en distintas localidades del país, además de una instancia de carácter híbrido internacional organizada desde el Consejo para la Transparencia. En conjunto, estas acciones buscaron fortalecer el derecho de acceso a la información y promover una cultura de transparencia a nivel nacional.

La jornada incluyó capacitaciones comunales orientadas a sensibilizar sobre el acceso a la información pública y la importancia de la transparencia en la gestión institucional. Ocho municipios de distintas regiones fueron parte de estas actividades, dirigidas especialmente a funcionarias y funcionarios municipales. Estas instancias tuvieron como objetivo entregar herramientas concretas para fortalecer la gestión pública y garantizar el acceso a la información y la transparencia en todo Chile.

“Las capacitaciones se realizaron en distintas regiones del país. En mi caso, fue en la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, donde se convocó a funcionarios y funcionarias del municipio. Fue una instancia muy valiosa, ya que pudimos llegar de forma presencial a la comuna y no solo capacitar, sino también conversar y enfatizar que velar por la transparencia y el derecho de acceso a la información no es responsabilidad exclusiva del enlace, sino de todos quienes forman parte de la institución“, señaló desde su experiencia Óscar Guenante, Analista de Promoción y Formación.

En paralelo, se realizó —de manera telemática— el Workshop de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), titulado “Debates temáticos sobre Criterios Jurisprudenciales: Abuso del derecho”. Esta actividad se desarrolló en formato híbrido (virtual y desde las oficinas del CPLT) y contó con la participación de representantes de países miembros de la RTA, generando un espacio de análisis sobre desafíos comunes en materia de transparencia.

Finalmente, como parte del trabajo en terreno, el Consejo para la Transparencia llevó a cabo un taller del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (“Plan DAI”) con organizaciones de la sociedad civil en la Región Metropolitana. En esta ocasión, el Consejo se trasladó hasta la comuna de Peñalolén, donde, junto a diversas organizaciones locales, avanzó en el diseño metodológico del nuevo “Plan DAI”.

“Pusimos en práctica el derecho de acceso a la información a partir de problemáticas locales como seguridad y salud. Fue una instancia participativa, valorada y agradecida por la comunidad”, destacó Paula Cabrera, Analista de Promoción y Formación.

Estas acciones reflejan el compromiso continuo del Consejo para la Transparencia con la promoción de una cultura de apertura, participación ciudadana y fortalecimiento del acceso a la información a nivel nacional.

En el marco de la conmemoración de sus 16 años, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio inicio a la Semana de la Transparencia, con una salida a terreno al Instituto Rafael Ariztía, en la ciudad de Quillota.

Durante la jornada, se llevó a cabo una sesión especial del Consejo Directivo, encabezada por el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete; los consejeros Natalia González y Roberto Munita; y el director general, David Ibaceta. En esta instancia, se abordaron temas clave relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública y el rol del CPLT, en un diálogo directo con estudiantes.

Desde el establecimiento anfitrión, la profesora de Historia, Mónica Echeverría, agradeció la instancia, destacando el impacto positivo en los estudiantes:

“Me pareció una instancia de aprendizaje para nuestros alumnos, un instrumento para nutrir y potenciar la democracia”.

Esta actividad marca el comienzo de una semana dedicada a promover la transparencia, el derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la participación ciudadana, pilares fundamentales para la democracia.

Con el lema “Transparencia para el Futuro”, el Consejo para la Transparencia (CPLT) conmemorará sus 16 años de existencia con la “Semana de la Transparencia”, que se desarrollará entre este 14 y el 17 de abril. Esta instancia busca relevar con actividades e hitos el valor del acceso a la información pública como derecho fundamental, al tiempo que promueve la reflexión sobre los desafíos del país en materia de probidad, integridad, participación y modernización del Estado.

Este nuevo aniversario encuentra al CPLT en un momento clave, dado que este año se cumplen 7 años de tramitación legislativa del proyecto de ley conocido como “Ley de Transparencia 2.0”, y además tendrán lugar las elecciones presidenciales y parlamentaria, con nuevas autoridades sujetas a deberes y obligaciones en materia de probidad y transparencia.

En ese contexto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, destacó que “cumplimos 16 años siendo una institución garante de derechos, y lo hacemos en un momento complejo para la transparencia en la región latinoamericana. Además, reconociendo que es indudable que la Ley de Transparencia y la labor de este consejo han sido pilares fundamentales para garantizar y promover el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública, hoy es momento de actualizar esta legislación y modernizarla, acorde a las exigencias sociales y los avances tecnológicos. Esta semana no solo es una oportunidad para visibilizar el valor de este derecho, la legislación que lo establece y el órgano autónomo que la hace cumplir, si no también la necesidad de avanzar en una nueva regulación, pensada con una participación amplia del sector público, academia y organizaciones de la sociedad civil”.

Las actividades de la Semana de la Transparencia comenzarán con una sesión especial y pública del Consejo Directivo del CPLT en el colegio Instituto Rafael Ariztía de Quillota. Allí, además de sesionar en terreno, las autoridades compartirán con estudiantes en un espacio educativo y participativo, reforzando el vínculo entre transparencia y formación ciudadana desde edades tempranas.

Durante los días siguientes, el Consejo desplegará a sus equipos en distintas regiones del país, realizando capacitaciones presenciales en ocho comunas, desde Huara en el norte hasta San Gregorio en el sur. En paralelo, se desarrollará un taller de co-creación del Plan de Difusión del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) junto a organizaciones de la sociedad civil, partiendo por organizaciones vinculadas a la Municipalidad de Peñalolén, en una apuesta por diseñar estrategias más inclusivas y efectivas para promover este derecho.

La semana también contempla un workshop internacional sobre jurisprudencia y abuso del derecho, realizado en conjunto con países miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), instancia que permitirá el intercambio de buenas prácticas y la consolidación de redes de colaboración internacional.

Otro de los hitos será el simposio académico “La universidad frente a la transparencia: abriendo nuevos caminos”, organizado con la Universidad de Chile, donde se abordará el rol de la educación superior en la promoción de una cultura de apertura institucional, así como los avances en transparencia en las instituciones de educación superior que se esperan a futuro. El evento se desarrollará en la Casa Central de dicha casa de estudios y será transmitido por sus plataformas digitales.

La Semana de la Transparencia culminará con broche de oro el jueves 17 de abril con un seminario internacional en el Auditorio de la Contraloría General de la República, que reunirá a autoridades, expertos internacionales y representantes de organismos públicos para debatir en torno a la modernización de la Ley de Transparencia, el fortalecimiento de los gobiernos locales y los desafíos institucionales que impone la transformación digital.

Con estas actividades, el Consejo para la Transparencia reafirma su misión de fortalecer el derecho de acceso a la información pública como base para una democracia más sólida, inclusiva y participativa, promoviendo una gestión pública abierta, eficiente y cercana a las personas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2024 en empresas públicas, revelando que 20 de las 31 entidades revisadas presentaron infracciones relacionadas con la no disponibilidad, desactualización o incompletitud de información que debe publicarse. Aunque el índice promedio de cumplimiento alcanzó un 90,1%, marcando un aumento de 1,1 puntos respecto al año anterior, las deficiencias identificadas denotan desafíos pendientes y espacios de mejora.

Entre las 31 empresas fiscalizadas, 11 lograron un cumplimiento pleno (100%), una mejora significativa respecto a las seis empresas que alcanzaron este nivel en 2023. Sin embargo, las 20 empresas restantes exhibieron incumplimientos que comprometen el acceso a información pública. Estas infracciones se identificaron mediante una revisión manual que evaluó tanto la disponibilidad como la actualización de los datos publicados.

La estructura orgánica fue la materia con mejor desempeño, con un cumplimiento del 100%. Por el contrario, las materias con peores resultados fueron personal y remuneraciones con 77,15%, y funciones y competencias de las unidades internas, con 87,90%, lo que afecta la transparencia y la confianza ciudadana en la gestión de estas instituciones en áreas tan sensibles como el uso que se la da a los recursos públicos.

En palabras del presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete: “Es preocupante que, aunque hay avances significativos, aún existan empresas públicas con deficiencias graves en transparencia activa. La falta de información completa y actualizada no solo vulnera los derechos ciudadanos, sino que pone en entredicho la legitimidad de estas instituciones. Desde el Consejo seguiremos trabajando para cerrar estas brechas y fortalecer la rendición de cuentas en el sector público”.

Como medida correctiva, el CPLT ha solicitado a las empresas con observaciones que subsanen los incumplimientos detectados. Además, se desarrollarán acciones de monitoreo y fiscalización durante 2025 para verificar la implementación de estas mejoras. El Consejo también ha notificado los resultados a las entidades pertinentes para garantizar un seguimiento riguroso.

El Consejo para la Transparencia reitera su compromiso de fortalecer la probidad y la gestión eficiente de los recursos estatales a través de una cultura de transparencia activa. Solo así será posible garantizar que las empresas públicas cumplan con los más altos estándares de acceso a la información y rendición de cuentas.

Reporte Global Empresas Públicas

La falta de implementación efectiva de los códigos de ética municipales fue uno de los principales temas abordados por el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, durante su exposición en la Asamblea Nacional de Municipalidades, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). En su presentación, “Códigos de Ética y Gobernanza Municipal en Chile”, Navarrete reveló datos preocupantes sobre la situación de estos instrumentos en la gestión municipal del país. Compartió el panel con la Contralora General de la República, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y el presidente del Consejo de Defensa del Estado.

El estudio expuesto analizó 93 códigos de ética municipales publicados a marzo de 2025 y detectó que, si bien estos desarrollan de forma completa los principios de probidad y transparencia, tienen un desarrollo mucho más precario de los principios de coordinación y lealtad, que son aquellos que dan cuenta de la existencia de mecanismos específicos de gobernanza ética. Además, el análisis revelo que 252 municipalidades aún no han publicado su código de ética en el portal de Transparencia Activa, lo que sugiere que carecen del mismo, a pesar de que elaborarlo sea una práctica recomendada por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile.

“La existencia de códigos de ética no garantiza, por sí sola, la integridad institucional. Si estos documentos no se traducen en medidas concretas, seguimiento y sanciones efectivas, siguen siendo meramente declarativos. Hoy enfrentamos el desafío de pasar de una ética de la obligación a una ética de la convicción, donde la transparencia y la probidad sean prácticas cotidianas y no solo formalidades”, advirtió Bernardo Navarrete, Presidente del CPLT.

Falta de liderazgo y mecanismos de cumplimiento

El análisis también abordó la problemática de que en un número considerable de municipalidades no existe claridad sobre quién debe asumir el rol de garante de la ética institucional, ya sea el alcalde, el director de control, el jefe del comité de ética, o todos juntos, lo que debilita la gobernanza ética como un pilar de la cultura organizacional.

“La pregunta clave es: ¿quién actúa como la brújula moral institucional en las municipalidades? Sin una figura clara, sin mecanismos de monitoreo y sin autonomía para hacer cumplir estos principios, los códigos de ética seguirán siendo simples declaraciones de intenciones”, enfatizó Navarrete.

El Presidente del CPLT instó a los municipios a fortalecer sus estructuras de cumplimiento y a avanzar en la institucionalización de la ética pública como un pilar central de la gestión municipal.

La Asamblea Nacional de Municipalidades contó con la participación de alcaldes, concejales y autoridades locales de todo el país, quienes discutieron los desafíos actuales en transparencia, probidad y buen gobierno.

En el marco de los workshops sobre códigos de ética y percepción de riesgos de corrupción organizados por el Consejo para la Transparencia, el presidente de la entidad expuso en la Municipalidad de Codegua los principales hallazgos sobre la implementación de la normativa municipal de ética y la percepción de los funcionarios acerca de los riesgos de corrupción en el municipio.

Durante la presentación, se analizaron los resultados del diagnóstico realizado en Codegua luego de encuestar a los mismos funcionarios municipales, que evidenció fortalezas y mayor desarrollo en su código de ética en aspectos como sanciones, funciones del comité de ética y canales de difusión. Sin embargo, también se identificaron desafíos importantes en la composición del comité de ética, dada la ausencia de funcionarios de direcciones clave, y en el alcance de las regulaciones, que no cubren materias como la relación con los proveedores, el tráfico de influencias o el fraude al Fisco.

“Es fundamental que las municipalidades cuenten con códigos de ética sólidos y bien implementados, no solo como un elemento formal, si no, como una herramienta viva de su cultura organizacional. Ello fortalece la confianza ciudadana y reduce los riesgos de corrupción. En Codegua hemos visto avances significativos, pero también oportunidades de mejora que deben ser abordadas con compromiso”, destacó el presidente del Consejo para la Transparencia.

Además de la exposición, el presidente sostuvo una reunión con el alcalde de Codegua y el equipo municipal de transparencia, con quienes abordó estrategias para fortalecer la ética pública y mejorar la gestión de transparencia en la administración local. Durante el encuentro, se discutieron medidas concretas para reforzar la institucionalidad del comité de ética y mejorar los mecanismos de difusión y cumplimiento de normativas de transparencia.

El Consejo para la Transparencia continuará promoviendo estos espacios de discusión y evaluación en distintas comunas del país, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión pública.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para garantizar la accesibilidad universal a la información pública (Boletín N°16.358-35), el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete Yáñez, junto al Director General de la institución, David Ibaceta, expusieron la posición institucional del CPLT y propuestas de mejora de dicho proyecto ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la presentación, el CPLT destacó la importancia de promover y garantizar el acceso equitativo a la información pública para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. En ese sentido, se abordaron las modificaciones propuestas a la Ley de Transparencia (N°20.285), a la Ley sobre Procedimiento Administrativo (N°19.880) y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional (N°18.918), con el objetivo de eliminar barreras de acceso y fomentar el uso de tecnologías accesibles.

Entre los principales puntos expuestos, el CPLT enfatizó la necesidad de armonizar el mandato inmediato de digitalización del proyecto de ley con la Ley de Transformación Digital del Estado (N°21.180) ya aprobada, que establece una implementación gradual de la digitalización de los procedimientos administrativos. Asimismo, se advirtió sobre los eventuales costos económicos que implica la digitalización y adaptación de documentos a formatos accesibles, aspectos que no han sido debidamente cuantificados en el proyecto de ley.

Por otro lado, se plantearon preocupaciones respecto a las nuevas atribuciones que se establecían para el CPLT, específicamente en lo que respecta a una nueva causal de reclamo cuando la información no se entregara en formato universal. Ello, porque el establecimiento de nuevas funciones de servicios públicos es atribución exclusiva del Presidente de la República, de manera que mantenerlo podría hacer incurrir al proyecto en una eventual inconstitucionalidad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la inclusión, instando a que las modificaciones legales se realicen en coherencia con la normativa vigente y en favor de una accesibilidad universal real y efectiva.

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados de su reciente Fiscalización Especial sobre el acceso a información referente a las listas de espera en el sistema de salud pública durante el período que va de enero de 2023 a marzo de 2024. La investigación reveló problemas significativos en la gestión, registro y comunicación de estas listas, afectando la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer el estado del sistema de salud en este aspecto.

Los resultados de la fiscalización revelaron que al 31 de marzo de 2024 el promedio general de días de espera en las listas GES (Garantías Explícitas en Salud) retrasadas es de 138 días, mientras que para las intervenciones quirúrgicas el promedio asciende a 252 días. Se detectó que los hospitales de las macrozonas sur y austral presentan los tiempos de espera más prolongados, en contraste con la macrozona norte, donde los tiempos son los menores. En cuanto a la segmentación por tipo de patologías, los problemas de salud con mayor cantidad de garantías en espera son enfermedades de la visión, seguidas por enfermedades crónicas y tratamiento de cánceres. A su vez, el grupo con la mayor proporción de egresos corresponde a los tratamientos oncológicos, con 159.594 pacientes egresados en el período fiscalizado.

Según el informe, al 31 de marzo de 2024, se registraron 82.486 casos en listas de espera GES, según información proporcionada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Sin embargo, se detectaron inconsistencias entre dicha información y aquella reportada por los Servicios de Salud y FONASA, también disímiles entre sí. Esta discrepancia entre los datos, genera incertidumbre sobre la veracidad de la información y dificulta la adopción de políticas públicas efectivas, basadas en evidencia.

Para la realización de la fiscalización, se realizaron solicitudes de acceso a información a los servicios de salud, a la Superintendencia de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a instituciones castrenses de salud, y a los establecimientos autogestionados en red de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Al respecto, el informe señala que 14 instituciones no respondieron dentro de los plazos legales establecidos por la Ley de Transparencia y 40 no entregaron la totalidad de los datos requeridos. También se detectaron prácticas dilatorias en la derivación de solicitudes de información, lo que en algunos casos provocó la omisión o entrega incompleta de los datos requeridos. Todas estas falencias obstaculizan la posibilidad de la ciudadanía de hacer una evaluación del estado de situación de las listas de espera y afecta la confianza en la gestión del sistema de salud pública.

Asimismo, la fiscalización implicó la revisión de los sitios web de los servicios de salud del país, con el fin de poder saber si estos organismos, de forma proactiva, publican información sobre las cifras de listas de espera. El hallazgo al respecto es que solo 7 de los 29 servicios de salud revisados publican información sobre listas de espera, sin un estándar uniforme que permita a la ciudadanía conocer de manera clara y actualizada la situación.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió a los resultados de la investigación, destacando que: “El acceso a la información es un derecho fundamental de las personas y una herramienta para el control ciudadano. La falta de consistencia en la información sobre las listas de espera no solo vulnera este derecho, sino que también debilita la confianza en el sistema de salud pública. Por lo demás, vemos con preocupación que se recibió información de los servicios de salud de 26 sumarios por gestión de listas de espera, de los cuales solo uno estaba terminado. Como Consejo, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de fiscalización, corregir estas deficiencias en el acceso a la información y garantizar la disponibilidad de información fidedigna y oportuna para la ciudadanía”.

Informe de Fiscalización Especial: ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha concluido su proceso de fiscalización 2024, revelando importantes infracciones en el cumplimiento de las normas de transparencia activa – obligación de tener la información disponibilizada en sus sitios electrónicos – en los organismos de la Administración Central.

En esa línea, de los 16.350 ítems revisados, se identificaron un total de 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja un panorama preocupante sobre la gestión de la información pública.

El análisis evidenció que dos organismos concentran los mayores niveles de infracción: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 ítems incumplidos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28. Estas infracciones se concentran principalmente en áreas críticas como contratos formalizados mediante órdenes de compra, donde 219 organismos no cumplieron con los estándares; modificaciones presupuestarias, sin información adecuada en 214 organismos; y mecanismos de participación ciudadana en ejecución, que no fueron reportados en 186 organismos. Asimismo, las transferencias reguladas por la Ley N°19.862 presentaron deficiencias en 186 instituciones, mientras que las contrataciones de bienes inmuebles y aquellas realizadas fuera del Sistema de Compras Públicas mostraron incumplimientos en 153 y 173 casos, respectivamente.

A pesar de este escenario, algunos organismos demostraron un desempeño positivo. La Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos que cumplieron plenamente con las exigencias de transparencia activa, destacando como ejemplos de buenas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, el promedio general es preocupante: solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron adecuadamente la separación de adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios, lo que afecta directamente la trazabilidad y el control de los recursos públicos.

La revisión semiautomatizada y manual permitió identificar que las infracciones se concentran en los ítems incorporados tras la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N°500, siendo recurrentes los problemas en la actualización de información presupuestaria, la ausencia de registros de autoridades electas o designadas, y la carencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.

Ante estas deficiencias, el CPLT ha adoptado medidas inmediatas, como la apertura de investigaciones sumarias en los 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos, además de exigir pleno cumplimiento de las normativas a los organismos restantes. Asimismo, se realizará una nueva fiscalización en 2025 para verificar avances. Los resultados del proceso ya han sido notificados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, buscando reforzar la supervisión y promover mejoras estructurales en la gestión pública.

Sobre los resultados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo seguiremos trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público”.

El Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso de promover una administración pública transparente y eficiente, recordando que la transparencia no es solo un principio ético, sino una herramienta fundamental para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2024 a instituciones de educación superior estatales, en el que se evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa – esto es el acceso a información pública disponible – en universidades estatales, centros de formación técnica (CFT) y servicios locales de educación pública (SLEP). Los resultados muestran contrastes significativos con el año anterior: mientras las universidades estatales exhiben avances destacables, los SLEP registraron un retroceso alarmante de 21,9 puntos porcentuales, alcanzando un 66,1% de cumplimiento.

En términos de desempeño general, las universidades estatales mostraron una mejora de 10,92 puntos en comparación con 2023. El promedio de cumplimiento alcanzó un 86,7%, lo que representa el nivel más alto logrado por el sector desde 2013. Destacaron la Universidad de La Frontera (99,3%), la Universidad de O´Higgins (95,6%) y la Universidad de Aysén (95,3%) como las instituciones con mayor nivel de cumplimiento de transparencia activa. En contraste, las universidades con menor nivel de cumplimiento fueron la Universidad de Bío Bio (78,8%), la Universidad de Playa Ancha (75,16%) y la Universidad de Magallanes (55,6%).

Por su parte, los CFT lograron un índice promedio de cumplimiento de 62,59%, evidenciando un alza de 4,89 puntos porcentuales respecto al 2023. Dentro de este grupo, los únicos que obtuvieron un nivel de cumplimiento mayor a 90%, fueron los CFT Región Araucanía (94,22%) y CFT Región de Valparaíso (91,50%), mientras que los que obtuvieron peor nivel de cumplimiento fueron los CFT de la Región de O´Higgins y CFT de la Región de Aysén, ambos con 0%, por no poseer banner de transparencia activa. Losítems con mayores deficiencias en los CFT son el presupuesto asignado y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones, donde los niveles de cumplimiento son particularmente bajos.

En el caso de los SLEP, los resultados reflejan un retroceso significativo, pasando de un promedio de 88% en 2023 a un 66,10% en 2024, lo que significa una caída de 21,9 puntos porcentuales. Dentro de este grupo, los mejores evaluados fueron el SLEP Llanquihue con un 97,5% y el SLEPChinchorro con 95,5%, mientras que los que registraron peor cumplimiento, todos con 0% por no poseer banner de transparencia activa, son los SLEP del Pino, Marga Marga, Tamarugal, Elqui y Costa Central. Al igual que respecto a los CFT, las áreas con las mayores infracciones están dadas por la desactualización o no disponibilidad del presupuesto asignado y su ejecución, así como de adquisiciones y contrataciones.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: “Estos resultados nos muestran dos realidades. Por un lado, hay avances importantes, como los que exhiben las universidades estatales y CFT, pero, por otro lado, los retrocesos en los SLEP son una señal de alerta que debemos atender con urgencia. La transparencia activa es fundamental para garantizar la confianza ciudadana y fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones públicas, especialmente en sectores como la educación.”

El informe de fiscalización se realizó en octubre de 2024, combinó metodologías manuales y automatizadas, evaluando la disponibilidad, actualización y completitud de la información en materias como presupuesto, adquisiciones, participación ciudadana y estructura orgánica. En total, fueron evaluadas 18 universidades estatales, 15 CFT y 27SLEP.

El CPLT hace un llamado a las instituciones con bajos índices de cumplimiento a redoblar sus esfuerzos para mejorar la calidad y disponibilidad de la información que publican. Asimismo, reafirma su compromiso de trabajar con estas entidades para cerrar las brechas detectadas. Para conocer el informe completo de fiscalización 2024 y los puntajes detallados, visite www.cplt.cl.

REPORTE GLOBAL DE RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO “Universidades, Centros de Formación Técnica y Servicios Locales de Educación Pública”