El Consejo para la Transparencia (CPLT) llevó a cabo la fiscalización del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI) 2024, en la cual se revisó si los órganos de la Administración del Estado que están obligados a cumplir la Ley de Transparencia y que operan a través del Portal de Transparencia del Estado, cumplen los plazos legales para responder a las solicitudes de acceso a información pública que la ciudadanía les dirige. El período revisado fue entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024. Los resultados evidencian que persisten problemas en el acceso oportuno a dicha información.

Entre los principales hallazgos, se identificó que, de las más de 210.000 solicitudes de acceso a información pública dirigidas por la ciudadanía en el período analizado, 11.214 fueron respondidas fuera de plazo por parte de 474 servicios públicos. De éstas, 1.388 corresponden al Servicio Nacional de Migraciones, aunque este servicio se ubica en el puesto 229 de organismos que porcentualmente presentan esta infracción con mayor frecuencia.

Asimismo, se detectaron 1.524 solicitudes en las que se aplicó una prórroga extemporánea, es decir, que el órgano solicitado de información notificó al solicitante de la necesidad de contar con tiempo adicional para contestar, pero lo hizo fuera del plazo legal original para contestar. Esto ocurrió en 221 instituciones públicas.

Otro dato preocupante es que hubo 4.733 solicitudes con plazo legal vencido y que no fueron respondidas. Este incumplimiento también involucra a 221 sujetos obligados.

Si bien se observó una disminución en la proporción de solicitudes con plazo legal vencido que no fueron respondidas (bajando de 3,39% en 2023 a 2,25% en 2024) y en aquellas con prórroga extemporánea (de 2,44% a 0,72%), se evidenció un aumento en las solicitudes respondidas fuera de plazo, pasando de 4,63% en 2023 a 5,32% el año 2024.

La presidenta del CPLT, Natalia González, subrayó la importancia de mejorar los indicadores: “Si bien hay una disminución en algunas infracciones, el aumento de solicitudes respondidas fuera de plazo es una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública. En este sentido, es fundamental que sepan que este consejo no solo fiscaliza y sanciona las vulneraciones a la Ley de Transparencia, sino que también capacita a los órganos de la Administración del Estado para aumentar sus capacidades institucionales asociadas al cumplimiento a esta ley. El llamado es a aprovechar las instancias que el CPLT pone a disposición de las entidades que están obligadas a cumplirla”.

El CPLT insta a los organismos de la Administración del Estado a fortalecer sus procesos de gestión de solicitudes y cumplir oportunamente con la Ley de Transparencia, asegurando el legítimo derecho de la ciudadanía a saber.

Informe FISCALIZACIÓN MASIVA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN VÍA PORTAL DE TRANSPARENCIA

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, participó en el XXVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), realizado esta semana en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En la instancia, presentó los avances del país en materia de transparencia en el uso de algoritmos por parte del Estado, así como en la utilización de tecnologías para aumentar la eficiencia de las fiscalizaciones de transparencia y acceso a la información pública.

Durante su presentación, González destacó que el CPLT ha elaborado recomendaciones de transparencia algorítmica para que los organismos públicos informen de manera clara y accesible a la ciudadanía cuándo están usando sistemas de decisiones automatizadas o semiautomatizadas y cuáles son las lógicas que aplican a estos sistemas y su funcionamiento.

Estas buenas prácticas implican para los órganos públicos obligados por la Ley de Transparencia, el deber de comunicar por medios idóneos si utilizan herramientas de inteligencia artificial en su relación con la ciudadanía, tales como chatbots para asistir a la ciudadanía. La idea es que las personas siempre sepan si están siendo atendidas por una máquina o una persona y puedan entender cómo se toman ciertas decisiones que los afectan.

Además, compartió la experiencia chilena en el uso de herramientas digitales para supervisar a los organismos públicos a los que aplica la Ley de Transparencia. Explicó cómo el CPLT, en cumplimiento de su rol fiscalizador, introdujo, desde el año 2023 y de forma progresiva, tecnología dirigida a la automatización de procesos para analizar de manera más eficientes los datos de aquellas entidades que tiene que fiscalizar. De esta forma, evidenció que se han reducido los tiempos de fiscalización, se ha aumentado la certeza en la determinación de infracciones y la cobertura de las fiscalizaciones y se han focalizado de mejor manera los esfuerzos fiscalizadores.

Como un ejemplo de fiscalización aplicada con el uso de estas tecnologías, mostró a los presentes la revisión que hizo el CPLT respecto del número de personal de la Administración del Estado entre los meses de septiembre de 2022 y 2023, en la que se concluyó que habían más de 810 mil funcionarios públicos. Asimismo, se detectó que había un relevante porcentaje de organismos de la Administración del Estado que presentaba incumplimientos en la publicación de los datos asociados a “personal y remuneraciones”, ítem de publicación obligatoria establecido en la Ley de Transparencia y que es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

“Es importante que el Estado haga uso de las herramientas tecnológicas disponibles para otorgar un mejor y más eficiente servicio a las personas. También, es de la mayor relevancia, que el uso de esas herramientas se haga con pleno respeto de los derechos de las personas, lo que incluye adoptar todas las medidas para la debida protección de los datos personales, el resguardo y promoción de la transparencia en el uso de estas herramientas y sus características, y el derecho de acceso a la información pública, para el debido control ciudadano”, señaló González.

¿Qué es la RTA?

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es una instancia de colaboración e intercambio de experiencias entre organismos de distintos países de Iberoamérica que garantizan la transparencia y el acceso a la información pública en cada Estado. Está integrada por entidades de países como México, España, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Paraguay, El Salvador y Chile, entre otros.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informa que, a contar de hoy, martes 29 de abril de 2025, Natalia González Bañados asume oficialmente la presidencia del organismo por 18 meses, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.285 (Ley de Transparencia).

Sucede en el cargo a Bernardo Navarrete Yáñez, quien culmina una destacada presidencia marcada por una intensa presencia en diversas comunas del país, robusteciendo así la transparencia en municipios. Asimismo, en su gestión se lanzó el programa de certificación de encargados de transparencia, se realizó una relevante cantidad de fiscalizaciones en acceso a la información pública y se avanzó con medidas de fortalecimiento institucional. Navarrete continuará como consejero del CPLT por 18 meses.

Natalia González Bañados es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de dicha universidad. Actualmente, es académica en Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo, entre otras labores.

De esta manera, el consejo directivo del Consejo para la Transparencia queda conformado por Natalia González como su presidenta, junto a los consejeros Bernardo Navarrete, María Jaraquemada y Roberto Munita.

Cabe destacar que, durante su trayectoria, Natalia González se ha posicionado como una voz experta en temas de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Su llegada a la presidencia del Consejo representa una oportunidad para consolidar los avances logrados en los últimos años y fortalecer líneas de trabajo como la educación ciudadana, la incidencia legislativa del CPLT en los proyectos de ley que se discute en el Congreso asociados a sus competencias, la innovación y la mejora continua de los estándares de transparencia.

El Consejo para la Transparencia agradece profundamente la contribución de Bernardo Navarrete, cuyo legado sienta las bases para una nueva etapa institucional, y extiende sus mejores deseos a Natalia González en su nuevo desafío.

La Corte Suprema resolvió que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) deberá entregar la documentación relacionada con la ejecución de los recursos que le fueron transferidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para realizar programas de participación ciudadana de la Convención Constitucional. Dicha transferencia de recursos se materializó a través de la suscripción de un convenio entre ambas instituciones el 29 de diciembre de 2021.

La resolución se produce luego de que en noviembre de 2022 el Consejo para la Transparencia (CPLT) solicitara al CUECh acceso a la información señalada y este se negara a entregársela, argumentando que el CPLT carecía de competencias para ello y que la Ley de Transparencia no era aplicable a dicho consorcio. Asimismo, y en lugar de responder, la agrupación universitaria interpuso una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se declarara que el CPLT había actuado fuera de sus competencias y, en definitiva, se impidiera la entrega de los antecedentes requeridos. El tribunal, sin embargo, desestimó la acción, confirmando la competencia del CPLT.

No contento con ello, el CUECh apeló ante la Corte Suprema, tribunal que volvió a desestimar su posición, confirmando que el consorcio —en tanto organismo que administra fondos públicos y que cumple una función pública como “cooperador de la función Estatal”— está sujeto a las obligaciones de transparencia activa y pasiva establecidas en la Ley de Transparencia, y, en definitiva, debe entregar la información requerida.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, valoró esta decisión subrayando que “Este fallo es sumamente relevante, pues confirma el criterio jurisprudencial que el CPLT ha venido aplicando. Si hay fondos públicos involucrados y se cumple una función pública administrativa, independiente de la forma jurídica que tenga la entidad privada, no hay excusa para el control social”.

Con este fallo del 22 de abril del presente año, se allana el camino para que la ciudadanía conozca el detalle de la labor realizada por el CUECh en el marco del apoyo que prestó a la Convención Constitucional y por el cual recibieron cerca de 1000 millones de pesos de recursos fiscales.

En nuestro compromiso constante por mejorar la gestión digital y fortalecer la transparencia, hemos implementado en nuestras oficinas un Sistema de Monitoreo de Portales, impulsado por la Dirección de Desarrollo Digital, que optimiza el seguimiento y análisis de nuestras plataformas web.

Este sistema de monitoreo consta de pantallas de información dinámicas, con una rotación en línea de distintos tipos de datos, que se modifican, mejoran o integran con nuevas visualizaciones de forma continua. Esta innovación tecnológica permite visualizar, en tiempo real, aspectos clave sobre el uso y desempeño de los portales, facilitando así la toma de decisiones basadas en información precisa y actualizada.

Tres focos principales de monitoreo:

1. Experiencia del usuario:
   • Seguimiento de visitas, páginas más vistas y origen de los usuarios en portales como Portal de Transparencia del Estado, InfoLobby, InfoProbidad y el sitio web del CPLT.
2. Gestión de tramitaciones:
   • Monitoreo automatizado de solicitudes de acceso a la información, amparos y reclamos de transparencia activa, con visualizaciones dinámicas que facilitan el análisis y permiten evaluar la evolución de los casos.
3. Rendimiento tecnológico:
   • Supervisión en tiempo real de la estabilidad y disponibilidad de las plataformas digitales, garantizando un servicio eficiente y confiable.

Esperamos que este nuevo sistema sea una herramienta valiosa para seguir impulsando la transparencia y la mejora continua. ¡Seguiremos trabajando para optimizar nuestras plataformas y ofrecer un servicio cada vez más accesible y eficiente!

¡Los invitamos a visitar este nuevo sistema de monitoreo en el ala poniente de nuestras oficinas!

Un informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló que en 2023 los municipios, corporaciones municipales y el Instituto Nacional del Deporte recaudaron un total de $477 millones por concepto de arriendo o concesión de estadios a sociedades anónimas deportivas, lo que representa una disminución del 2,3% respecto al año anterior.

El estudio analizó los ingresos de 32 organismos administradores de recintos deportivos utilizados en los campeonatos de fútbol profesional “Primera A” y “Primera B” durante 2022 y 2023. Se identificaron diversas problemáticas en la transparencia de estos ingresos y en la ejecución de los fondos recaudados.

Los principales hallazgos del informe muestran ingresos desiguales y diferencias en la modalidad de cobro. Algunos organismos arriendan por evento, mientras que otros cobran anualmente, generando disparidades significativas en la recaudación. También se identificó una falta de información detallada sobre el uso de los fondos, ya que la mayoría de los municipios y entidades no pudieron precisar en qué se invirtieron estos recursos, al integrarse al presupuesto general.

La baja incidencia en los presupuestos municipales es otra de las conclusiones, ya que en ningún caso la recaudación por arriendo de estadios representó más del 1% del total del presupuesto municipal, siendo el mayor porcentaje registrado en la Municipalidad de La Cisterna con un 0,7%. Entre los organismos con mayor recaudación, el Instituto Nacional del Deporte lideró con $96 millones en 2023, seguido por la Municipalidad de La Cisterna ($82,6 millones) y la Municipalidad de La Calera ($42,1 millones).

Además, se detectó falta de respuesta y retrasos en la entrega de información. Al realizar la fiscalización, el Consejo para la Transparencia no pudo ingresar solicitudes de acceso a la información por problemas en los sitios web en el 11% de los organismos fiscalizados. Asimismo, respecto de aquellos organismos a los que sí se les pudo dirigir solicitudes de acceso a información, 7 no respondieron y 5 lo hicieron fuera del plazo legal.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en la gestión de estos recursos. “Los hallazgos de esta fiscalización muestran que aún existe una brecha en la transparencia y trazabilidad de los fondos recaudados por el arriendo o concesión de estadios. Es fundamental que los organismos públicos informen con claridad sobre la administración de estos recursos, de manera que la ciudadanía pueda ejercer control social respecto de su correcta utilización”, sostuvo.

El informe concluye que persisten deficiencias en la publicación de información sobre los contratos de arriendo y en la rendición de cuentas del destino de estos ingresos. El Consejo para la Transparencia recomienda fortalecer la transparencia activa de los organismos fiscalizados y mejorar los mecanismos de seguimiento del uso de estos fondos.

Informe RECAUDACIÓN E INVERSIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS ADMINISTRADORES DE ESTADIOS DE FÚTBOL PROFESIONAL

 

Con una convocatoria amplia – más de 800 personas en línea y cerca de 250 en forma presencial – y una mirada de futuro, se desarrolló este jueves el Seminario Internacional “Transparencia para el futuro y desafíos de la Ley de Transparencia”, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La instancia fue el hito final de la Semana de la Transparencia 2025, que conmemoró los 16 años de vigencia de la Ley de Transparencia y de la entrada en funciones del CPLT y que incluyó diversos hitos como una sesión especial del Consejo Directivo del CPLT en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, actividades en terreno, un workshop internacional, un simposio sobre transparencia universitaria coorganizado con la Universidad de Chile y capacitaciones simultáneas de la Ley de Transparencia en varias ciudades del país.

El encuentro internacional que contó con la presencia de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, reunió a autoridades, especialistas nacionales y destacados invitados internacionales, quienes reflexionaron sobre los desafíos actuales y futuros del acceso a la información pública. Asistieron al evento más de 250 personas de forma presencial y más de 850 telemáticamente.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete Yáñez, destacó respecto de la temática principal de este evento que: “Cuando hablamos de los desafíos de la Ley de Transparencia, no se puede negar su importancia en garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía, la rendición de cuentas y una democracia más participativa. Sin embargo, es claro que ha llegado la hora de modernizarla, de manera de responder no solo al progreso tecnológico, sino también para incorporar los diagnósticos y propuestas transversales que ya han sido elaboradas y también de aquellas en proceso, como la que actualmente prepara el Consejo para la Transparencia y que incluye una serie de consultas públicas a informantes calificados que estamos llevando a cabo”.

Uno momento destacado de la jornada fue el panel “Transparencia hacia el futuro: La experiencia comparada”, que abordó la experiencia de otros países en el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en el quehacer del Estado y los riesgos y oportunidades que ello representa para la transparencia.

En este espacio expusieron destacados invitados internacionales como Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, quien subrayó el rol de los marcos normativos en el control ciudadano sobre el uso de nuevas tecnologías por parte del Estado. Además, Raúl Parra Alemán, director de Gobierno Abierto del Instituto de Transparencia de Nuevo León (México), quien compartió experiencias del ecosistema de datos abiertos y participación ciudadana en contextos locales de América Latina.

Las exposiciones permitieron un diálogo enriquecedor sobre cómo otros países están abordando temas emergentes en transparencia, aportando insumos clave al debate legislativo en curso en Chile.

En la jornada se realizó la entrega de diplomas a los primeros enlaces de transparencia municipales que aprobaron el Programa de Certificación del CPLT, reconociendo su compromiso con el fortalecimiento institucional desde el nivel local.

Con este seminario, el CPLT concluye una semana repleta de actividades de reflexión y diálogo sobre los desafíos de la transparencia en Chile y el mundo, reafirmando su compromiso con una cultura institucional abierta, moderna y orientada a los derechos de la ciudadanía.

Durante la segunda jornada de la “Semana de la Transparencia”, se desarrolló una nueva edición de “El Consejo en Terreno”, que contempló capacitaciones presenciales en distintas localidades del país, además de una instancia de carácter híbrido internacional organizada desde el Consejo para la Transparencia. En conjunto, estas acciones buscaron fortalecer el derecho de acceso a la información y promover una cultura de transparencia a nivel nacional.

La jornada incluyó capacitaciones comunales orientadas a sensibilizar sobre el acceso a la información pública y la importancia de la transparencia en la gestión institucional. Ocho municipios de distintas regiones fueron parte de estas actividades, dirigidas especialmente a funcionarias y funcionarios municipales. Estas instancias tuvieron como objetivo entregar herramientas concretas para fortalecer la gestión pública y garantizar el acceso a la información y la transparencia en todo Chile.

“Las capacitaciones se realizaron en distintas regiones del país. En mi caso, fue en la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, donde se convocó a funcionarios y funcionarias del municipio. Fue una instancia muy valiosa, ya que pudimos llegar de forma presencial a la comuna y no solo capacitar, sino también conversar y enfatizar que velar por la transparencia y el derecho de acceso a la información no es responsabilidad exclusiva del enlace, sino de todos quienes forman parte de la institución“, señaló desde su experiencia Óscar Guenante, Analista de Promoción y Formación.

En paralelo, se realizó —de manera telemática— el Workshop de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), titulado “Debates temáticos sobre Criterios Jurisprudenciales: Abuso del derecho”. Esta actividad se desarrolló en formato híbrido (virtual y desde las oficinas del CPLT) y contó con la participación de representantes de países miembros de la RTA, generando un espacio de análisis sobre desafíos comunes en materia de transparencia.

Finalmente, como parte del trabajo en terreno, el Consejo para la Transparencia llevó a cabo un taller del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (“Plan DAI”) con organizaciones de la sociedad civil en la Región Metropolitana. En esta ocasión, el Consejo se trasladó hasta la comuna de Peñalolén, donde, junto a diversas organizaciones locales, avanzó en el diseño metodológico del nuevo “Plan DAI”.

“Pusimos en práctica el derecho de acceso a la información a partir de problemáticas locales como seguridad y salud. Fue una instancia participativa, valorada y agradecida por la comunidad”, destacó Paula Cabrera, Analista de Promoción y Formación.

Estas acciones reflejan el compromiso continuo del Consejo para la Transparencia con la promoción de una cultura de apertura, participación ciudadana y fortalecimiento del acceso a la información a nivel nacional.

En el marco de la conmemoración de sus 16 años, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio inicio a la Semana de la Transparencia, con una salida a terreno al Instituto Rafael Ariztía, en la ciudad de Quillota.

Durante la jornada, se llevó a cabo una sesión especial del Consejo Directivo, encabezada por el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete; los consejeros Natalia González y Roberto Munita; y el director general, David Ibaceta. En esta instancia, se abordaron temas clave relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública y el rol del CPLT, en un diálogo directo con estudiantes.

Desde el establecimiento anfitrión, la profesora de Historia, Mónica Echeverría, agradeció la instancia, destacando el impacto positivo en los estudiantes:

“Me pareció una instancia de aprendizaje para nuestros alumnos, un instrumento para nutrir y potenciar la democracia”.

Esta actividad marca el comienzo de una semana dedicada a promover la transparencia, el derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la participación ciudadana, pilares fundamentales para la democracia.

Con el lema “Transparencia para el Futuro”, el Consejo para la Transparencia (CPLT) conmemorará sus 16 años de existencia con la “Semana de la Transparencia”, que se desarrollará entre este 14 y el 17 de abril. Esta instancia busca relevar con actividades e hitos el valor del acceso a la información pública como derecho fundamental, al tiempo que promueve la reflexión sobre los desafíos del país en materia de probidad, integridad, participación y modernización del Estado.

Este nuevo aniversario encuentra al CPLT en un momento clave, dado que este año se cumplen 7 años de tramitación legislativa del proyecto de ley conocido como “Ley de Transparencia 2.0”, y además tendrán lugar las elecciones presidenciales y parlamentaria, con nuevas autoridades sujetas a deberes y obligaciones en materia de probidad y transparencia.

En ese contexto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, destacó que “cumplimos 16 años siendo una institución garante de derechos, y lo hacemos en un momento complejo para la transparencia en la región latinoamericana. Además, reconociendo que es indudable que la Ley de Transparencia y la labor de este consejo han sido pilares fundamentales para garantizar y promover el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública, hoy es momento de actualizar esta legislación y modernizarla, acorde a las exigencias sociales y los avances tecnológicos. Esta semana no solo es una oportunidad para visibilizar el valor de este derecho, la legislación que lo establece y el órgano autónomo que la hace cumplir, si no también la necesidad de avanzar en una nueva regulación, pensada con una participación amplia del sector público, academia y organizaciones de la sociedad civil”.

Las actividades de la Semana de la Transparencia comenzarán con una sesión especial y pública del Consejo Directivo del CPLT en el colegio Instituto Rafael Ariztía de Quillota. Allí, además de sesionar en terreno, las autoridades compartirán con estudiantes en un espacio educativo y participativo, reforzando el vínculo entre transparencia y formación ciudadana desde edades tempranas.

Durante los días siguientes, el Consejo desplegará a sus equipos en distintas regiones del país, realizando capacitaciones presenciales en ocho comunas, desde Huara en el norte hasta San Gregorio en el sur. En paralelo, se desarrollará un taller de co-creación del Plan de Difusión del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI) junto a organizaciones de la sociedad civil, partiendo por organizaciones vinculadas a la Municipalidad de Peñalolén, en una apuesta por diseñar estrategias más inclusivas y efectivas para promover este derecho.

La semana también contempla un workshop internacional sobre jurisprudencia y abuso del derecho, realizado en conjunto con países miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), instancia que permitirá el intercambio de buenas prácticas y la consolidación de redes de colaboración internacional.

Otro de los hitos será el simposio académico “La universidad frente a la transparencia: abriendo nuevos caminos”, organizado con la Universidad de Chile, donde se abordará el rol de la educación superior en la promoción de una cultura de apertura institucional, así como los avances en transparencia en las instituciones de educación superior que se esperan a futuro. El evento se desarrollará en la Casa Central de dicha casa de estudios y será transmitido por sus plataformas digitales.

La Semana de la Transparencia culminará con broche de oro el jueves 17 de abril con un seminario internacional en el Auditorio de la Contraloría General de la República, que reunirá a autoridades, expertos internacionales y representantes de organismos públicos para debatir en torno a la modernización de la Ley de Transparencia, el fortalecimiento de los gobiernos locales y los desafíos institucionales que impone la transformación digital.

Con estas actividades, el Consejo para la Transparencia reafirma su misión de fortalecer el derecho de acceso a la información pública como base para una democracia más sólida, inclusiva y participativa, promoviendo una gestión pública abierta, eficiente y cercana a las personas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó los resultados del proceso de fiscalización 2024 en empresas públicas, revelando que 20 de las 31 entidades revisadas presentaron infracciones relacionadas con la no disponibilidad, desactualización o incompletitud de información que debe publicarse. Aunque el índice promedio de cumplimiento alcanzó un 90,1%, marcando un aumento de 1,1 puntos respecto al año anterior, las deficiencias identificadas denotan desafíos pendientes y espacios de mejora.

Entre las 31 empresas fiscalizadas, 11 lograron un cumplimiento pleno (100%), una mejora significativa respecto a las seis empresas que alcanzaron este nivel en 2023. Sin embargo, las 20 empresas restantes exhibieron incumplimientos que comprometen el acceso a información pública. Estas infracciones se identificaron mediante una revisión manual que evaluó tanto la disponibilidad como la actualización de los datos publicados.

La estructura orgánica fue la materia con mejor desempeño, con un cumplimiento del 100%. Por el contrario, las materias con peores resultados fueron personal y remuneraciones con 77,15%, y funciones y competencias de las unidades internas, con 87,90%, lo que afecta la transparencia y la confianza ciudadana en la gestión de estas instituciones en áreas tan sensibles como el uso que se la da a los recursos públicos.

En palabras del presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete: “Es preocupante que, aunque hay avances significativos, aún existan empresas públicas con deficiencias graves en transparencia activa. La falta de información completa y actualizada no solo vulnera los derechos ciudadanos, sino que pone en entredicho la legitimidad de estas instituciones. Desde el Consejo seguiremos trabajando para cerrar estas brechas y fortalecer la rendición de cuentas en el sector público”.

Como medida correctiva, el CPLT ha solicitado a las empresas con observaciones que subsanen los incumplimientos detectados. Además, se desarrollarán acciones de monitoreo y fiscalización durante 2025 para verificar la implementación de estas mejoras. El Consejo también ha notificado los resultados a las entidades pertinentes para garantizar un seguimiento riguroso.

El Consejo para la Transparencia reitera su compromiso de fortalecer la probidad y la gestión eficiente de los recursos estatales a través de una cultura de transparencia activa. Solo así será posible garantizar que las empresas públicas cumplan con los más altos estándares de acceso a la información y rendición de cuentas.

Reporte Global Empresas Públicas

La falta de implementación efectiva de los códigos de ética municipales fue uno de los principales temas abordados por el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, durante su exposición en la Asamblea Nacional de Municipalidades, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). En su presentación, “Códigos de Ética y Gobernanza Municipal en Chile”, Navarrete reveló datos preocupantes sobre la situación de estos instrumentos en la gestión municipal del país. Compartió el panel con la Contralora General de la República, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y el presidente del Consejo de Defensa del Estado.

El estudio expuesto analizó 93 códigos de ética municipales publicados a marzo de 2025 y detectó que, si bien estos desarrollan de forma completa los principios de probidad y transparencia, tienen un desarrollo mucho más precario de los principios de coordinación y lealtad, que son aquellos que dan cuenta de la existencia de mecanismos específicos de gobernanza ética. Además, el análisis revelo que 252 municipalidades aún no han publicado su código de ética en el portal de Transparencia Activa, lo que sugiere que carecen del mismo, a pesar de que elaborarlo sea una práctica recomendada por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile.

“La existencia de códigos de ética no garantiza, por sí sola, la integridad institucional. Si estos documentos no se traducen en medidas concretas, seguimiento y sanciones efectivas, siguen siendo meramente declarativos. Hoy enfrentamos el desafío de pasar de una ética de la obligación a una ética de la convicción, donde la transparencia y la probidad sean prácticas cotidianas y no solo formalidades”, advirtió Bernardo Navarrete, Presidente del CPLT.

Falta de liderazgo y mecanismos de cumplimiento

El análisis también abordó la problemática de que en un número considerable de municipalidades no existe claridad sobre quién debe asumir el rol de garante de la ética institucional, ya sea el alcalde, el director de control, el jefe del comité de ética, o todos juntos, lo que debilita la gobernanza ética como un pilar de la cultura organizacional.

“La pregunta clave es: ¿quién actúa como la brújula moral institucional en las municipalidades? Sin una figura clara, sin mecanismos de monitoreo y sin autonomía para hacer cumplir estos principios, los códigos de ética seguirán siendo simples declaraciones de intenciones”, enfatizó Navarrete.

El Presidente del CPLT instó a los municipios a fortalecer sus estructuras de cumplimiento y a avanzar en la institucionalización de la ética pública como un pilar central de la gestión municipal.

La Asamblea Nacional de Municipalidades contó con la participación de alcaldes, concejales y autoridades locales de todo el país, quienes discutieron los desafíos actuales en transparencia, probidad y buen gobierno.