Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia, propone enfrentar este escenario, entre otras acciones, instalando “un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile”, para ello el organismo trabaja en la creación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia, que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito.

Tras más de dos semanas de iniciarse el movimiento ciudadano que en la actualidad mantiene al país en una situación político-social compleja, el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, analiza el fenómeno asociándolo a la percepción de la corrupción y a los casos de faltas a la probidad e irregularidades que se han sucedido a nivel nacional.

Para el abogado “Chile ha enfrentado, en los últimos años, diversos escándalos de corrupción, tráfico de influencias y faltas a la probidad que han cubierto con un manto de sospecha la relación entre el mundo público y el privado”. Y agrega: “tengo la convicción que este fenómeno es parte del problema que hoy genera tanto malestar y hay que hacerse cargo de él y enfrentarlo de manera eficaz e inmediata”.

En este escenario, el máximo representante del CPLT revisó cifras de los últimos 5 años, destacando que en dicho período “más de 20 autoridades han sido investigadas, por supuestas irregularidades”. A esto se suma el impacto en la participación que genera el descrédito y la crisis de confianza. A modo de ejemplo sólo un 46% votó en la última elección parlamentaria y un 36% en la municipal. “Hay estudios que indican que muchos de los que se abstuvieron de participar lo hicieron por una alta percepción de corrupción en el sistema político”, explicó Jaquemada.

Dicha percepción se ve refrendada por los resultados del último Estudio Nacional de Transparencia que arrojó que un 79% de la ciudadanía considera que las instituciones públicas son “corruptas o muy corruptas”. “Es decir todo indica que la crisis de confianza es parte del cotidiano y uno de los tantos elementos para entender una parte de esta prolongada movilización social”, afirmó el titular del Consejo.

Para Jaraquemada la crisis que afecta al país no es sólo un llamado de atención de la ciudadanía, sino también una oportunidad de mejora: “Debemos tomarla (la crisis) como una oportunidad para mejorar y preocuparnos que la sociedad vaya incorporando aspiraciones y cambios legítimos”. Para ello plantea “instalar un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile que promueva en su interior prácticas y lógicas de transparencia y acceso a la información para la opinión pública. Es un deber con nuestra democracia”.

La experiencia del Consejo muestra que las herramientas de transparencia –en términos de acceso a la información pública y otros cuerpos legales como la Ley del Lobby- permiten “ejercer control social del Estado. Si el 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria según nuestros estudios, yo estoy en condiciones de asegurarle que siendo la corrupción uno de los problemas, la transparencia resulta fundamental al actuar como un antídoto porque otorga credibilidad y legitimidad al sistema democrático, fomenta el interés y la participación, y juega un rol de moderación y contención del poder del Estado”.

Laboratorio de Integridad y Transparencia

Consultado respecto de las medidas que implementa el CPLT en este marco, Jaraquemada detalló que hay iniciativas en materia de asignaciones, nuevas normas de transparencia para que consideren mecanismos de control de contratación de asesorías externas en el caso del Parlamento y viáticos a nivel general que podrían ser incorporadas en el proyecto que moderniza la ley de Transparencia o Transparencia 2.0.  Sin embargo, para Jaraquemada es “fundamental” enviar “a la brevedad y tramitación con urgencia del proyecto de ley que fortalezca la protección de denunciantes de conductas deshonestas y corrupción”.

Finalmente, indicó que el Consejo trabaja en la implementación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito.

 

• Jorge Jaraquemada, insistió que “el Derecho de acceso a la información, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es de carácter público para cualquier ciudadano”.
• Hace unos días el CPLT advirtió sobre la necesidad de disponer de manera inmediata la información de detenidos en un oficio dirigido al Gobierno, Carabineros, PDI, FFAA y Gendarmería de Chile, “en conformidad con lo dispuesto expresamente por la Constitución”.

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• Esto frente a posibles irregularidades en la entrega de información sobre aprehensiones en el estado de emergencia.
• El Consejo para Transparencia (CPLT) sugiere poner a disposición de los ciudadanos un número de teléfono de emergencia, “que pueda dar respuestas a las interrogantes más recurrentes en materia de personas detenidas o privadas de libertad, sus derechos y los de sus familiares”
• Oficio de la entidad -además- legitima el control social de las actividades de seguridad a través de la captación de imágenes por parte de la ciudadanía en lugares de libre acceso al público.

En un oficio dirigido al Ejecutivo (Ministerio Defensa, Ministerio del Interior), Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería (PDI), en el marco del estado de emergencia que vive gran parte de nuestro país, esta mañana el Consejo para Trasparencia (CPLT) advirtió sobre la necesidad de disponer de información de detenidos así como también sobre la restricción de libertades y servicios básicos, haciendo hincapié -además- en el derecho que tiene la ciudadanía de captar imágenes como mecanismo de control social hacia las actividades de seguridad en lugares de libre acceso al público.

El texto subraya que es importante alertar sobre la publicidad del Registro de Detenidos, considerando que la propia Constitución señala expresamente que nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en los lugares públicos destinados a este objeto y que los encargados de prisiones “deberán dejar constancia de la respectiva orden que instruye el arresto, detención o la condición de procesado o preso de una persona determinada”.

Dicha constancia -señala el texto- “deberá quedar en un registro, el que, en conformidad con lo dispuesto expresamente por la Constitución, es público y, por tanto, puede acceder a él cualquier persona, en tanto constituye una fuente de acceso público”. 

Asimismo, el oficio del CPLT afirma que aún en estas circunstancias excepcionales, “persiste el derecho de toda persona a ser oportunamente informada y, a su vez, a informar y expresar sus opiniones”. En ese contexto, el Consejo señala que el “ejercicio de estos derechos, podrá captar y difundir imágenes de situaciones de interés público, cuando éstas tengan lugar en espacios de libre acceso público; en particular, aquellas que permitan efectuar un control social de las actividades de seguridad y orden público que llevan a cabo funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, Gendarmería , y Fuerzas Armadas “.

Referente a la información sobre derechos de las personas que se encuentran limitados con ocasión del estado de emergencia, el CPLT recomendó “poner a disposición del público -desde ya y de manera actualizada- los actos y resoluciones en que se funden las restricciones a los derechos de reunión”, disponibilizando la información relativa a la forma en que se encuentran restringidos estos derechos y la duración de dichas circunstancias.

“Los organismos públicos competentes deberán también poner en conocimiento de la ciudadanía, en un lenguaje claro y fácilmente comprensible, los procedimientos que suceden a una detención en estas circunstancias y los derechos de los detenidos, imputados, sus familiares y otros intervinientes y el derecho de acceso a la información que les asiste a todos ellos”, subraya el oficio.

Número de emergencia y disponibilidad de información oficial 

Además, el Consejo para Transparencia sugiere poner a disposición de los ciudadanos un número de teléfono de emergencia, “que pueda dar respuestas a las interrogantes más recurrentes en materia de personas detenidas o privadas de libertad, sus derechos y los de sus familiares”. Con ello, se facilitará el acceso a información, de carácter oficial, por parte de los familiares de los detenidos.

En el documento se hace presente -también- que el derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona, permanece completamente vigente en estas circunstancias de excepción, debiendo los organismos requeridos proceder a la entrega de la información solicitada, sin perjuicio de las excepciones legales contenidas en la Ley de Transparencia y en otras leyes.

Finalmente, el Consejo sugiere poner a disposición permanente de la ciudadanía y de forma centralizada información relativa a la provisión de bienes y servicios públicos, tales como: educación (situación de los jardines infantiles, establecimientos educacionales y de educación superior), acceso a la salud y establecimientos hospitalarios, acceso al transporte público, seguridad pública, normativa relativa a los derechos laborales de las personas en una situación de excepción constitucional, servicios básicos, estado de carreteras, autopistas y obras públicas, entre otras de relevancia.

Esto en tanto que “la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y permanente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas”.

Descarga Oficio del CPLT

• Asimismo, la entidad recuerda a los organismos públicos mantener información actualizada y sugiere disponer canales informativos centralizados.

 En el marco de la declaración de estado de emergencia constitucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició una campaña en redes sociales para destacar aspectos propios de la puesta en circulación y difusión de información de relevancia para la ciudadanía en el contexto del estado de emergencia constitucional, con el fin de evitar que se cree un contexto que facilite la difusión de noticias falsas.

En este sentido, el Consejo destacó fundamentalmente la necesidad de concentrar en un canal único toda la información de las instituciones del Estado y la de cuidar las prácticas de los usuarios de redes sociales y otras plataformas en línea para evitar compartir este tipo de contenidos, fake news o rumores que desinforman a la población.

En particular, el CPLT se refirió a la entrega de información de los organismos del Estado de manera fidedigna y veraz que facilite a las personas obtener antecedentes y datos relativos al acceso a bienes y servicios públicos en este contexto excepcional de manera fácil y expedita. De esta forma, se subraya que la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y actualizada permanentemente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas.

Para la institución, el foco institucional debe hacerse cargo de, entre muchas expectativas informativas, comunicar oportunamente sobre temáticas de interés ciudadano como el abastecimiento de toda índole, transporte, así como también del funcionamiento de establecimientos educacionales y flexibilización horaria del empleo.

Otra de las recomendaciones del Consejo apunta a la ciudadanía con el objeto de reducir la amplificación de noticias cuyas fuentes no oficiales o están desactualizadas, sugiriendo algunas acciones específicas para reducir la circulación de contenidos cuyos orígenes no son comprobables.

Finalmente, el Consejo para la Transparencia informó que está difundiendo información en redes sociales para reforzar estos mensajes y se puso a disposición de las autoridades públicas para que sus mecanismos y herramientas puedan ser utilizadas de forma tal de acercar la información oficial a los ciudadanos de manera eficaz y expedita.

Piezas de redes sociales del CPLT

Santiago, 22 de octubre.-

En el marco de la declaración de estado de emergencia constitucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) considera importante destacar aspectos sobre información ciudadana que cobran vital relevancia en estas circunstancias excepcionales.

En particular, las referidas al artículo 11 de la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que señala: “Todas las medidas que se adopten en virtud de los estados de excepción deberán ser difundidas o comunicadas, en la forma que la autoridad determine” y que “En ningún caso esta difusión podrá implicar una discriminación entre medios de comunicación del mismo género”.

1) Para el Consejo para la Transparencia resulta fundamental la entrega de información pública – fidedigna y veraz – que facilite a las personas obtener de manera fácil y expedita, información relativa al acceso a bienes y servicios públicos.

El foco institucional debe hacerse cargo de, entre muchas expectativas informativas, comunicar oportunamente sobre temáticas de interés ciudadano como el abastecimiento de toda índole, transporte, así como también del funcionamiento de establecimientos educacionales y flexibilización horaria del empleo.

2) En ese sentido la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y actualizada permanentemente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas.

3) También se recomienda a los ciudadanos evitar la difusión de noticias no comprobadas, utilizando fuentes oficiales y/o asegurándose de que la fuente es fiable. Asimismo, existe el deber primero y principal de las instituciones públicas de proveer de información actualizada y oficial a la ciudadanía.

4) En este contexto, el Consejo para la Transparencia se pone a disposición de las autoridades públicas para que sus mecanismos y herramientas puedan ser utilizadas desde ya, de forma tal de acercar la información oficial a los ciudadanos de manera eficaz y expedita.

El Consejo para la Transparencia estará disponible para sus consultas sólo a través de estos canales: correo electrónico y formulario online. (más…)

• Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), realizó estas declaraciones en un seminario institucional del Ejército sobre probidad y transparencia.
• En la oportunidad celebró la implementación de un sistema de prevención de delitos al interior de esta rama de las Fuerzas Armadas, el que fue presentado oficialmente por el comandante en jefe de la institución castrense.

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• El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha recibido un 12% más de solicitudes de acceso a la información (SAI) que lo registrado a septiembre de 2018.
• Los registros de la entidad muestran requerimientos en su mayoría anónimos –dado que no es requisito identificarse para presentarlos- relacionados con temas de salud, “grupos especiales” –pueblos originarios, migración, entre otros-, y economía y finanzas.

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Fiscalización a Empresas Públicas y Sociedades del Estado no sometidas al Sistema de Empresas Públicas (SEP) mostró buenos resultados a nivel agregado en cuanto a obligaciones legales y otras regulaciones –en promedio un 96,8% de cumplimiento en Transparencia Activa-, pero identificó una baja adhesión a buenas prácticas recomendadas en materia de probidad, transparencia y buen gobierno enviadas vía oficio por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en junio de 2018. El informe identificó además brechas de publicidad de información vinculada a marcos normativos e información consolidad de personal y sus remuneraciones.

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Este martes la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y el Director de Promoción, Formación y Vinculación de la entidad, Miguel Yaksic, participaron en el cierre del FECU Social 2019, actividad organizada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, corporación trabaja en la superación de la pobreza en Chile, y que reúne a más de 200 organizaciones sin fines de lucro.

En la oportunidad, la consejera expuso sobre la importancia que la transparencia tiene para organizaciones sin fines de lucro y la Sociedad Civil en general y planteó la relevancia de crear sinergias entre este tipo de instituciones y el CPLT con el fin de propiciar una nueva relación, generando alianzas que apunten al fortalecimiento de la democracia.

La consejera subrayó que en un escenario donde situaciones irregulares y casos de corrupción en instituciones de diversos ámbitos han erosionado la fe pública, instalando la desconfianza como un tema relevante ante lo que las instituciones de la Sociedad Civil pueden desempeñar un papel relevante en la recuperación de la confianza dado que están más cercanos a las temáticas y demandas ciudadanas. Enfatizó que desde el “CPLT estamos comprometidos con la idea de extender la cultura de la transparencia  a más organizaciones y más personas”.

De la Fuente puntualizó la necesidad de dotar de contenido a la transparencia, que es vista como un valor en todo tipo de organizaciones, y revisó parte de los desafíos que plantea el proyecto de ley que perfecciona la Ley de Transparencia. “La transparencia se ha transformado en una buena palabra que además parece ser exigible por parte de los ciudadanos a las distintas organizaciones y hay una tarea importante que emprender en términos del aumento de disponibilidad de información de acuerdo a las exigencias que impone la ciudadanía”, agregó.

En la instancia detalló las exigencias que establece el proyecto de Ley de Transparencia en la materia que actualmente se discute en la Cámara de Diputados en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro. En este sentido relevó materias que deben definirse como los mecanismos para determinar qué personas jurídicas sin fines de lucro reciben transferencias públicas. A esto se suma la necesidad de ordenar las obligaciones que deben cumplir las personas jurídicas sin fines de lucro de cara al Estado.

En el encuentro se reconocieron a aquellas organizaciones que reportan a través de la herramienta gratuita FECU Social, un formato de presentación de Memoria y Balances para organizaciones sin fines de lucro (OSFL)-, y el director de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo, Miguel Yaksic, intervino en la reflexión sobre “Confianza y legitimidad en la Sociedad Civil”, espacio en el que conversó sobre la puesta en valor de la transparencia y otras materias con Paula Streeter, Coordinadora del Proyecto “Sociedad en Acción”, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Roberto Piriz, empresario y Presidente Fundación Amancay, Silvina Peluso, Socia de PwC Chile, y Vivianne Galaz, Directora Ejecutiva Fundación San José para la Adopción y Fundación San José Centro de Atención Familiar.

En fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre acceso a reglamentos de procesos investigativos y administrativos de la entidad, ordenando al Ejército de Chile su entrega a la persona que lo solicitó vía Ley de Transparencia.

Lo anterior deriva del rechazo del mencionado Tribunal de un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la rama castrense, en contra de los ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en abril de este año acogieron de forma parcial un Reclamo de Ilegalidad presentado en contra de la decisión del CPLT (Rol C2443-18), estableciendo el carácter de público de parte de los documentos solicitados por el requirente.

De esta forma, la Corte Suprema desestima los descargos del Ejército, entidad que denegó las copias autenticadas del reglamento, documento o cualquier otro medio escrito en el que se dispongan procedimientos en investigaciones de seguridad militar y otra que lleve adelante la sección segunda del Ejército de Chile u otro departamento segundo de la inteligencia militar en general; y de la disposición que faculta a las referidas unidades del Ejército a tomar declaración a los soldados conscriptos, en particular, el procedimiento operativo que regula dicha diligencia.

La entidad castrense alegó en sus descargos ante la decisión del CPLT entre otras causales la de reserva por afectación de la seguridad de la nación o la soberanía nacional, lo que fue descartado por el máximo tribunal como puede leerse en el fallo “al no estar vinculada con las tareas ni la actividad militar de inteligencia y contrainteligencia, resultando insuficiente las meras afirmaciones del Ejército, para estimar que puedan generarse las consecuencias que le atribuye”. Lo anterior dado que se trata de una normativa interna que regula procedimientos administrativos, los cuales en su carácter de tales deben estar sujetos a escrutinio público.

En la sentencia se alude a fallos anteriores relacionados con otras decisiones del Consejo para la Transparencia en que la Corte Suprema estableció que “antecedentes, informaciones y registros” que son secretos son aquellos que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia -aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones- y de contrainteligencia -concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.

• Además, el Consejo para la Transparencia fue invitado a una mesa de trabajo que conformarían junto a la Contraloría General de la República y la AMUCH.

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