Como una agenda tardía y acotada a una parte del problema calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la denominada Agenda de Trato Justo, Dignidad y Anti Abusos presentada por el Ejecutivo a principios de diciembre, junto con alertar que no ataca instituciones o actores en que la población tiene una percepción de ser privilegiados. En específico, el titular del CPLT afirmó que es una agenda que “llega tarde” y que sólo se hace cargo de una parte del problema¸ explicó Jaraquemada a El Mercurio.
Lo anterior, explicó el titular de Transparencia, tras el estallido social el Gobierno tomó la decisión de levantar una agenda anti abusos focalizada en ciertos temas, lo que pese a calificarlo de un avance “no ataca a instituciones respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados”, entre los que menciona al Congreso Nacional o empresas públicas.
Asimismo, Jaraquemada desglosó algunas medidas que, a su juicio, permitirán fiscalizar y regular algunos aspectos al Parlamento. “Si bien ha hecho avances en probidad y transparencia, está al debe en cuestiones que son básicas para evitar el conflicto de interés”. Asimismo, menciona a las empresas públicas como un actor que debe avanzar y ampliar sus obligaciones en materia de transparencia, por lo que se propone un modelo de sistema de integridad más amplio que someta a sus directivos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y a la Ley del Lobby, relativas al registro de audiencias, donativos y viajes.
En otras instancias, el titular de Transparencia ha planteado que a partir de mayo de 2019 socializó con el Gobierno y otros poderes del Estado una propuesta en la que se plantearon más de 40 medidas anticorrupción y pro transparencia en ocho ámbitos distintos, las que apuntaban a reducir espacios de corrupción y faltas a la probidad funcionaria, sin embargo, existían otras prioridades.
Asimismo, ha comentado que aunque la recepción de representantes de distintas instituciones a las medidas que planteó el CPLT fue positiva, estas no supieron calibrar la importancia subyacente a la agenda, relacionado con una creciente falta de credibilidad en instituciones relevantes para la democracia y particularmente una percepción de creciente corrupción.
El presidente del Consejo ha afirmado también que un retroceso en las obligaciones en materia de transparencia sería una de las mayores torpezas institucionales que se podrían cometer tras el estallido social. Esto dado que considera que es la única forma de avanzar en mayor credibilidad, confianza y una menor percepción de corrupción, inyectando transparencia al sistema público y al sistema político.
Por ello, esta semana el CPLT anunció esta semana que trabaja en un convenio que suscribirá con la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y las principales asociaciones de municipalidades a nivel nacional para -entre otras cosas- crear un “Laboratorio de Integridad y Transparencia”, instancia que busca prestar asesoría técnica precisamente en esas materias a las autoridades locales de forma de identificar los riesgos y ámbitos donde los municipios presentan más riesgos de corrupción o de ocurrencia de algún tipo de irregularidad.
Respecto de acciones que apuntan a profundizar mejoras en el sector público, Jaraquemada ha apuntado a la necesidad de simplificar el sistema de contratación, con incentivos adecuados y sistemas de salida. También ha destacado la necesidad de cambios en los municipios, entre los que se contempla el fin de las dobles contrataciones, uso indiscriminado de horas extraordinarias, donaciones de privados y compras y licitaciones. En este último caso, la idea del CPLT es crear un sistema centralizado, una especie de gran poder comprador del Estado. Lo anterior puesto que a nivel municipal existe una gran asimetría institucional y de recursos que se traduce en niveles de precariedad tan básicos como no contar con unidades o profesionales de contabilidad.
En el caso de las licitaciones de grandes obras públicas, Jaraquemada ha comentado la necesidad de crear nueva institucionalidad, una Superintendencia de Obras Públicas -en caso de no incluir este tipo de adjudicaciones al sistema centralizado-. Entidad autónoma a cargo de supervigilar y fiscalizar los procesos de adjudicación y las modificaciones o término de contratos. A modo de ejemplo, se ha referido al caso de una red de corrupción que se investiga en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), comentando que este tipo de situaciones muestra una carencia relevante en este ámbito.
La agenda que socializó el CPLT previo a la crisis social también incluye al sector privado. En este ámbito, pese a evaluar positivamente las propuestas del Ejecutivo en cuanto a los delitos de colusión y al aumento de responsabilidades penales, el presidente del Consejo afirma que el debiera ampliarse el foco y aumentar las sanciones para las personas naturales que hayan participado en actos contrarios a la probidad o la libre competencia: uno, que sean eliminar de los registros de proveedores y que por ende no puedan volver a suscribir contratos con el Estado y dos, que se les inhabilite para ejercer cargos públicos.
Como un “anuncio relevante en el marco de las propuestas que requiere el país para enfrentar la crisis social”, calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, el despacho por parte de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que moderniza la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, conocida también como “Ley de Transparencia 2.0” y que deberá ser votada en la sala de la Cámara Baja.
El titular del CPLT subrayó que el proyecto “recoge medidas que profundizan y amplían la transparencia, colaborando con la prevención de irregularidades y con el combate contra la corrupción”. “Ello va por el camino correcto, en particular en el marco de lo ocurrido en Chile en los últimos meses, donde hemos visto que la desconfianza en las instituciones pone en serio riesgo a la democracia del país”, agregó.
Jaraquemada explicó que se establecieron algunos perfeccionamientos a mecanismos de transparencia de los órganos autónomos constitucionales (Contraloría, Banco Central, entre otros) quedando el CPLT a cargo de la fiscalización y sanción en caso de incumplimiento en materia de Transparencia Activa. También, comentó la autoridad, se abordaron materias presupuestarias, incorporándose nuevas obligaciones de transparencia activa fiscal y de lenguaje claro, entre otras.
El titular de Transparencia detalló que el proyecto de ley recogió parte de las propuestas del Consejo -que ofreció asesoría técnica al Ejecutivo desde que éste presentó la agenda de probidad y transparencia- y que durante el trámite legislativo “se consiguió superar diferencias con planteamientos iniciales como fue la propuesta de una supra comisión de Transparencia” dejando la presidencia a cargo del propio CPLT.
“Después de 11 años de una regulación que aborda materias que, como hemos visto en esta crisis, son fundamentales para potenciar una relación de confianza de la ciudadanía con las instituciones, era necesaria una actualización para dotar de más y mejores herramientas que apunten a una transparencia más efectiva y a la generación de otras formas de prevención de irregularidades”, aseveró el presidente
Jaraquemada subrayó la aprobación unánime por parte de la Comisión en la sesión de este 17 de diciembre de la aplicación de algunas obligaciones de transparencia activa –disponibilizar ciertos antecedentes en la web de la entidad- a empresas concesionarias de servicios sanitarios, de electricidad y de obras pública.
Con la finalidad de levantar opiniones y crear propuestas conjuntas orientadas a mejorar políticas públicas en transparencia y prevención de la corrupción, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio el puntapié inicial a un ciclo de diálogos ciudadanos que desarrollará en regiones de todo el país en el sector de La Chimba, Región de Antofagasta.
En un espacio transversal y activo de participación, integrantes de la comunidad y vecinos, incluyendo al sacerdote jesuita Felipe Berríos, reflexionaron sobre la realidad y el momento que vive en la actualidad el país. El encuentro fue valorado por el consejero del CPLT, Marcelo Drago, quien participó del encuentro y comentó: “fue una actividad iluminadora de los problemas del país con un elemento multicultural muy fuerte”.
La iniciativa, que responde a un requerimiento del Consejo Directivo del CPLT que mandató a los profesionales de la entidad a poner en marcha una serie de encuentros en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil y universidades de varias regiones del país, fue calificado como “relevante” por Drago. El consejero destacó además que La Chimba es “quizás uno de los lugares más emblemáticos a nivel nacional en lo que dice relación con campamentos y situaciones de pobreza y migración”.
El Consejo planea replicar estas instancias de conversación y reflexión en distintas regiones del país en los meses de verano. Sobre el particular, el consejero del CPLT afirmó que: “Para el Consejo para la Transparencia fue una actividad muy relevante y esperamos que el resto de los diálogos que se desarrollen en el país sean tan potentes como fue éste”.
El próximo encuentro se desarrollará en la capital el sábado 4 de enero de 2020, en el Espacio B del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Alameda 227, a partir de las 10.30 horas. El desarrollo de diálogos seguirá en las regiones de Valparaíso y Biobío, a las que se sumarían Arica y Parinacota, entre otras. Las fechas y lugares serán confirmadas por la entidad en las próximas semanas.
Tras una serie de intentos en tribunales por parte del Estado Mayor Conjunto (EMCO) representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para mantener la calidad de reservadas de las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) aludiendo a la afectación de bienes jurídicos consignados en la Constitución, la Corte Suprema estableció el carácter de público de parte importante del contenido de las actas, requeridas vía Ley de Transparencia. Las fechas de los antecedentes coinciden con el período en que Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres.
El fallo del máximo tribunal (de 13 de diciembre pasado) rechazó el recurso de queja presentado por el CDE, ratificando la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que estableció la publicidad de parte de los mencionados documentos.
El CPLT acogió parcialmente tres amparos interpuestos por una persona natural el año pasado (roles C3259-18, C4046-18, y C5190-18). Derivado de ello, el EMCO deberá hacer entrega al solicitante las copias íntegras de 15 actas del COSENA (actas N°4, 5, 6, 7,9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24). En cuanto a las actas N°17, N°18 y N°19 se estableció la reserva sólo de aquellos pasajes que comprometen el interés nacional, en especial en lo referido a las relaciones internacionales, y la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional.
En el caso del acta N°8, la Corte Suprema decidió actuar de oficio y ordenó su entrega, exclusivamente en lo relativo al Informe de Verdad, Reconciliación y Justicia, denegando la información contenida en dicho documento que afecte el interés nacional, en especial en lo concerniente con las relaciones internacionales y la seguridad de la Nación, referida al movimiento de tropas.
El Consejo había realizado una revisión detallada de la documentación y antecedentes solicitados en 2018, tarea que implicó que el presidente del organismo de la época revisara la documentación en oficinas militares, puesto que se había limitado el acceso físico a los documentos.
En sus alegaciones ante el Consejo, el Estado Mayor Conjunto argumentó que en las actas se consideraban, entre otros temas: el tratamiento de temáticas vinculadas con relaciones internacionales, la protección de la integridad territorial del Estado y sus nacionales, razón por la que la publicidad de estos antecedentes produciría una afectación cierta, concreta y específica de la seguridad de la Nación y del interés nacional.
El amparo presentado ante el Consejo, tras la negativa de acceso a las actas, no es el primero que revisa el organismo autónomo. En decisiones anteriores, el CPLT había establecido que la mayoría de estos documentos tenían carácter de públicas. Al mismo tiempo, la entidad había especificado que existía un subconjunto de ellas en las que podía alegarse causales de reserva asociados a la seguridad de la Nación e interés nacional, vinculados con las relaciones exteriores.
En su fallo, la Corte Suprema reconoció además que el CPLT es el órgano competente para conocer de la denegación de acceso a las actas del COSENA. Respecto de ello declaró que, no obstante, es un órgano consultivo, forma parte de la Administración del Estado, puesto que asesora al Poder Ejecutivo en materias de seguridad nacional. Dicho carácter lo adquiere, funcional o materialmente, aunque no esté establecido desde el punto de vista orgánico, ratificando que la publicidad que se ha decretado de las actas en cuestión no parece de ninguna manera vulnerar la Seguridad de la Nación.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el carácter de público de las hojas de vida de Miguel Krassnoff Bassa, ex oficial y agente de la DINA; de Juan Edmundo Cornejo y del coronel Sergio Vásquez, estos dos últimos sometidos a proceso en 2018 por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso denominado “Milicogate”, investigación a cargo de la jueza Romy Rutherford. Este fallo ratifica la decisión del CPLT tras los amparos presentados ante la institución (roles C5640-18, C5933-18 y C5641-18), obligando al Ejército a entregar estos registros.
De esta forma, el tribunal confirma lo dicho por el Consejo respecto de la “naturaleza eminentemente funcionaria” del contenido de la hoja de vida de un servidor público que trabaja o trabajó en un órgano de la Administración del Estado, vislumbrándose que su publicidad no vulneraría la privacidad de la persona. Lo anterior puesto que no se relaciona con aspectos íntimos de la vida privada de las personas respecto de quienes se realizaron las solicitudes, sino que con cuestiones propias de su carrera como miembros del Ejército mientras se desempeñaron en la institución.
La Corte reconoce que si bien conforme al concepto legal de la hoja de vida contenido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas éstas pueden contener referencias a licencias médicas, sumarios o sanciones administrativas, sentencias civiles y criminales, en los tres casos presentados ante el CPLT en los períodos consultados se da cuenta sólo de antecedentes vinculados con el cumplimiento de la función pública desempeñada y no constan datos sensibles de los funcionarios.
Asimismo, el fallo estableció que Ejército no acreditó oportunamente ante el CPLT alguna de las causales legales de secreto o reserva previstas en la Ley de Transparencia (Art. 21 Nº 5), en relación con lo dispuesto en los artículos 34 letra a) y b) de la Ley 20.424 y 436 Nº 1 del Código de Justicia Militar. Tampoco se estableció que el amparo afectara la seguridad de la Nación en los términos exigidos por la norma de la Ley N° 20.285.
Cabe destacar que el fallo de la Corte de Apelaciones de la capital, podría ser recurrido de queja por el Ejército ante la Corte Suprema, acción cuyo plazo para el organismo es el próximo martes 10 de diciembre.
Propuestas para mejorar la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos en los sectores público y privado, analizaron esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, y la directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.
Esto en el marco de un conversatorio realizado en la Facultad de Derecho de la UC y moderado por el director del Centro de Estudios Internacionales (CEICUC) de esta casa de estudio, Jorge Sahd, instancia en la que se analizó la situación que vive el país y en este contexto una serie de medidas que estas instituciones plantean como parte de las acciones que pueden emprenderse para descomprimir la situación generada tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.
El máximo representante del CPLT y de las organizaciones de la sociedad civil presentes, coincidieron en que la situación de corrupción en Chile estaba mostrando algunos elementos que podían asociarse a un “semáforo en rojo” en términos de evidencia ante situaciones de corrupción. En particular, Jaraquemada enfatizó en la relevancia del debate dado que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”, la que además deslegitima el sistema político “lo que contribuye a situaciones como las que se viven hoy”.
El titular de transparencia, sostuvo además: “teníamos un diagnóstico de que Chile mostraba un alza en la desconfianza hace más de una década”. Según señaló, actores involucrados en actos de corrupción comenzaban no a ser sistemáticos, pero si más frecuentes, “lo que generaba un riesgo real” por sus costos políticos, económicos y sociales.
Respecto de la percepción de la ciudadanía explicó que: “Había en Chile una suerte de resignación frente a situaciones que la gente percibía como injustas, esa resignación se va transformando en frustración y esa frustración por muy diversos temas –salud, pensiones, entre otros- confluye en el elemento común que es la desigualdad”.
Antes del estallido social, recordó el titular del Consejo para la Transparencia, la entidad había propuesto un “Acuerdo nacional anti corrupción”, documento que reunía una serie de mejoras a regulaciones vinculadas a reducir espacios de secretismo y en la que se revisaban una serie de experiencias internacionales que apuntaban a prevenir abusos e irregularidades en ciertos ámbitos.
En el contexto actual se plantea implementar agenda corta para combatir la corrupción, irregularidades y faltas a la probidad. En el conversatorio el presidente del Consejo adelantó algunas de las medidas sugeridas como es la dedicación exclusiva en el caso de la labor parlamentaria y de consejeros de organismos de la administración pública. En el caso del Parlamento vinculado al deber de abstención.
María Jaraquemada directora de incidencia de Espacio Público, afirmó que consideran necesario que se evalúen medidas y temas que -desde la perspectiva del centro de estudios- se mantiene por ahora en el ámbito de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo, como aquellas que regulan relaciones de poder. Además, insistió en la necesidad de que una agenda anti abusos y anti corrupción debe incorporar como garantes a organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y otros actores.
Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente entre otras materias vinculadas a la situación que vive el país hizo un mea culpa y planteó que como sociedad deben erradicarse prácticas asociadas a la idea de que “los pobres cometen delitos y los ricos cometen errores”.
Agenda del Ejecutivo
Una de las líneas de trabajo del Ejecutivo tras el estallido social ha sido la construcción de una agenda “anti abusos” o “anti privilegios”. Ésta incluiría una serie medidas y mejoras en la regulación orientadas a reducir o erradicar prácticas de colusión, cohecho entre otras, en los sectores público y privado. Desde la vocería de Gobierno se afirmó que la propuesta sería presentada en los próximos días.
