Tras votación en particular de la Comisión de Constitución del Senado que amplía facultades del organismo en el sector público y las extiende al privado. (más…)
El acuerdo se suma a acciones conjuntas de capacitación entre ambas instituciones. En este caso, el trabajo apunta a la implementación por parte de la Academia de nuevas herramientas en materia de transparencia, probidad y protección de datos personales ante una demanda ciudadana que apunta a elevar los estándares en dichos ámbitos. (más…)
El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció ayer el inicio de una investigación para establecer si incumple o no la ley publicar datos personales de las personas que aparecen en el registro de evasores del Transantiago.
Tras una denuncia de parte de organizaciones de la sociedad civil, las que acusan al Ministerio de Transportes (MTT) de incumplimientos de la ley vigente en este ámbito, la secretaría de Estado negó estar fuera de norma. Ante esta situación, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, comentó que la entidad tomó conocimiento de los hechos y dado que existen versiones opuestas declinó emitir un pronunciamiento en una fase que sería “prematura”.
Sin embargo, Jaraquemada subrayó que como CPLT “vamos a realizar un proceso de fiscalización para tener claro si la denuncia tiene asidero objetivo”.
La queja de organismos como Derechos Digitales apunta a que no es necesario solicitar la información de los evasores que pasan al registro del MTT vía Ley de Transparencia, pudiendo consultarse con el RUT y la Clave Única, lo que a juicio de esta organización implicaría un incumplimiento de la ley por parte de la cartera de Transportes.
En la sesión de este lunes (5 de agosto), la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó, por tres votos contra dos, el texto actual del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y establece que será el Consejo para la Transparencia (CPLT) el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa.
La medida persigue subsanar el retraso que muestra el marco regulatorio en materia de protección de datos personales –normativa que data de 1999-, dejando bajo la tutela del CPLT el resguardo, fiscalizaciones, sanciones y otras atribuciones en este ámbito.
Entre las principales funciones del Consejo -que pasará a denominarse Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales- consignadas en la propuesta se cuentan: velar por el respeto, defensa y protección del derecho de la vida privada de las personas en relación al tratamiento de sus datos personales, así como también la promoción de la participación ciudadana en relación a estas materias.
Durante la presentación ante la instancia del Senado, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, sostuvo que, entre otras cuestiones, la institución que lidera se transforme en la autoridad en materia de datos personales responde a estándares internacionales que exigen “una institucionalidad independiente y autónoma del Poder Ejecutivo para poder resolver y sancionar en caso de incumplimiento, respecto tanto de los privados como de los organismos públicos. Y además, obviamente es deseable que sea un organismo colegiado para equilibrar distintas visiones”.
“El Consejo de Europa ha recomendado que las agencias sean una sola que reúna ambas competencias y por qué, cuál es el argumento del CE, que se produce de esta forma mejor conocimiento de ambos derechos –derecho acceso a la información y protección de datos- y de tal forma permite conciliarlos mejor”…” “al ser una sola agencia se aprovecha el rodaje que ha tenido el Consejo en 10 años de existencia donde ha ido adquiriendo y acumulando una vasta jurisprudencia sobre datos personales aplicable a órganos del Estado y esa curva de aprendizaje se acelera muchísimo”, sostuvo Jaraquemada.
El titular del CPLT subrayó que dado que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales “son derechos que están en permanente tensión, requieren ser ponderados, conciliados y armonizados, dos instituciones, a nuestro juicio implicarían una mayor incerteza jurídica debido a las interpretaciones que ambas podrían tener”.
Asimismo, el consejero del Consejo, Marcelo Drago, enfatizó en cuestiones propias del ámbito internacional vinculadas a la aprobación y entrada en vigencia de la iniciativa: “El país tendrá que tomar decisiones internacionales: uno, suscribir o no el convenio 108 del Consejo de Europa; dos, pedir o no la declaración de país adecuado a la Comisión Europea”.
Esto dado que a partir de la adecuación europea “se abre la posibilidad de un libre flujo de datos en un ambiente regulatorio adecuado con el bloque europeo como conjunto, como economía completa” lo que para el consejero Drago constituye una “tremenda oportunidad” desde el punto de vista regulatoria para abrir el camino a la Economía de Datos. En ambos casos, se requiere que la autoridad a cargo del resguardo de los datos personales debe ser “autónomo, independiente, sin apellidos”, concluyó Drago.
• Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) alertó sobre “un vacío legal en esta materia, ya que no contamos con un marco normativo que aborde específicamente lo que ocurre con nuestros datos en la red luego del fallecimiento”. (más…)
Tras un proceso de selección del Sistema de Alta Dirección Pública, el Consejo para la Transparencia dio a conocer sus nuevos directores.
Los nombrados son los siguientes:
Directora General
Andrea Ruiz Rozas Abogada de la Universidad de Chile y académica especialista en Derecho Público, Derecho Administrativo y Protección de datos personales. Alta directiva Pública con más de 10 años de experiencia, ha asesorado en materia jurídica al Consejo de Defensa del Estado y Corfo. En el CPLT lideró la formación y consolidación de la Unidad de normativa y regulación, fue directora jurídica y asumió como Directora subrogante en 2018.
Director de Fiscalización
Héctor Moraga Chávez Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Magister en Control de Gestión de la Universidad de Chile. Experto en Auditoría, Riesgo y Control de Gestión en distintas industrias. Fue Gerente de Auditoría y Riesgos en EY, Gerente de Auditoría Interna en Codelco y fiscalizador en Cochilco. Antes de asumir se desempeñaba como Jefe de Auditoría Interna en el Servicio de Salud de Reloncaví.
Director de Promoción, Formación y Vinculación
Miguel Yaksic Beckdorf Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 2005, Licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y Master en Ética Social en Boston College, Estados Unidos. Vinculado al área social, fue Director Nacional Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), coordinador de formación de Infocap y presidente de su directorio. Es consultor en política migratoria y derechos humanos. Profesor Adjunto Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Director Desarrollo
Gastón Avendaño Silva Ingeniero civil electrónico de la Universidad de Concepción y Magíster en Administración de Empresas. En el CPLT ha sido Jefe de la Unidad de Sistemas, cargo desde el cual ha liderado el desarrollo de portales de uso ciudadano y de entrega de información del Consejo. Desde 2018 se desempeñaba como Director Subrogante de Desarrollo.
Concursos
Los concursos para proveer estos cargos se iniciaron el 17 de marzo de este año con la publicación de la convocatoria en el sitio web del Servicio Civil y en diarios de circulación nacional. Para el cargo de Director General postularon 221 personas; para el de Director de Fiscalización se presentaron 276 candidatos, para el cargo de Director de Promoción, Formación y Vinculación postularon 321 personas y para el de Director de Desarrollo 185 personas.
Con una amplia convocatoria de funcionarios municipales y representantes de organizaciones sociales, se desarrolló este miércoles el primer seminario de Gobierno Abierto Local “Nuevos vínculos entre municipios y ciudadanía”, organizado por el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
La instancia fue encabezada por el subsecretario de la SUBDERE, Felipe Salaberry, y el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, quien inauguró el evento destacando que “El Gobierno Abierto se ha convertido en un paradigma, un valor y un criterio para las políticas públicas, donde sus pilares de transparencia, rendición de cuentas y colaboración ciudadana se han instalado poco a poco como necesidad y aspiración de sistemas públicos más democráticos e inclusivos”.
El encuentro se enmarca en las acciones propuestas por el Cuarto Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto, hito en las iniciativas para promover la adhesión de la totalidad de los municipios del país al Modelo de Gobierno Abierto Municipal. Jaraquemada destacó el protagonismo del CPLT en éste y otros compromisos adquiridos relacionados con el sector público local, siendo los municipios “la institucionalidad pública más cercana a la ciudadanía por lo que es fundamental un funcionamiento eficiente, transparente y participativo, reduciendo los espacios de irregularidades y opacidad”, espetó el titular del CPLT.
Jaraquemada subrayó los desafíos que enfrenta el ámbito municipal entre ellos: avanzar en el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Transparencia, siendo clave fortalecer el cumplimiento de las normativas propias de transparencia y acceso a la información en estas instituciones; y elevar los estándares y las obligaciones en materia de Probidad y Transparencia, ante una crisis de confianza caracterizada por la percepción de falta integridad y transparencia y un aumento de la corrupción.
El representante del CPLT refirió en este marco a la propuesta de la entidad que lidera de construir un Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción, iniciativa que incluye más de 40 medidas en diversos ámbitos y que ha puesto un especial énfasis en el sector municipal. Lo anterior, explicó Jaraquemada puesto que “hemos observado una de las grandes asignaturas pendientes en materia de probidad y control de la corrupción son los gobiernos regionales y comunales”, destacando entre otras transparencia presupuestaria y obligaciones de uso de Chile Compra para disminuir tratos directos.
La cita contó además con la participación de representantes de la sociedad civil como María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público y alcaldes que integran la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), entre ellos, su actual presidente, Germán Codina, edil de la comuna de Puente Alto, y Claudio Castro, edil de Renca, quien encabeza la Comisión de gestión y modernización municipal de la misma asociación. Todos integraron el panel “Gobierno abierto municipal: Oportunidades para fortalecer la democracia local”, moderado por la consejera del CPLT Gloria de la Fuente.
Sobre Gobierno Abierto
El diseño del Modelo de Gobierno Abierto Municipal fue desarrollado por el CPLT, el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI) y Ciudadanía Inteligente, en colaboración con un grupo de municipios del país entre 2016 y 2018.
La declaración adoptada por los integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto establece entre sus principios fundamentales: el aumento de la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; el apoyo a la participación ciudadana; y el aumento del acceso a tecnologías para la apertura y rendición de cuentas.
Un rechazo transversal a conductas cotidianas consideradas como parte de la idiosincrasia del país que se vinculan al concepto de “winner” o “ganador”, mostró el X Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) entre habitantes de la Región de O’Higgins, con 8 de cada 10 encuestados en promedio que desaprueban este tipo de prácticas, siguiendo la tendencia identificada a nivel nacional.
“Regionalmente las cifras apuntan a niveles de intolerancia similares a la media del país, por lo que es posible afirmar que estamos avanzado en materia de un cambio cultural por el cual hemos trabajado por una década, desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, e identificamos que el chileno winner pierde terreno”, afirmó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada Roblero.
Este alto nivel de oposición entre los habitantes de la zona supera la media del país en algunas de las situaciones por las que fueron consultados. Por ejemplo, en la región se tolera menos que a nivel nacional el que alguien se salte la fila (con un 97% versus un 87% promedio país) o que alguien no pague la micro (con un 88% en el nivel regional y un 75% de acuerdo a la media en Chile).
“Desde el Consejo creemos que es importante mostrar este tipo de prácticas, que apuntan a que el “winner” es ampliamente rechazado, y que en el caso de la región de Valparaíso el promedio es superior al registrado a nivel nacional”, dijo el representante del CPLT. Lo anterior dado que la media de la región es de 88% y la media país fue de 83%.
Al margen de la evaluación negativa transversal a estos comportamientos, se evidenció que el rechazo a las actitudes “winner” aumenta si se percibe que afecta directamente al encuestado, versus si perjudica a un tercero. En el caso de los habitantes de O’Higgins, atestiguar que una persona se salta la fila es rechazada en promedio por un 97% de los encuestados, contrastando con el 87% promedio a nivel nacional.
“Es importante que la gente demuestre su oposición a comportamientos que nos perjudican como sociedad”, dijo el titular del CPLT. “Por ello es importante valorar a aquellos que están dispuestos a no dejar pasar situaciones como éstas, que no corresponden y no nos hacen bien en nuestra convivencia ni como sociedad”.
Percepción de la corrupción
La encuesta presencial en hogares del CPLT contempló una serie de materias vinculadas a transparencia y corrupción, y en esta última versión mostró que en promedio un 79% los chilenos y chilenas en promedio considera a los organismos públicos “corruptos” o “muy corruptos”, percepción que se ha mantenido relativamente estable en las mediciones a nivel país. Los habitantes de la región, en tanto, muestran una leve diferencia a la baja en relación a la media nacional con un 77% de los consultados que piensa que hay algún nivel de corrupción en entidades públicas.
En paralelo a esta visión crítica transversal surge un dato positivo: a poco más de diez años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, la región de O’Higgins tiene una visión optimista en términos de los avances generados por las políticas de transparencia, con un porcentaje similar a la media nacional. Un 61% de los encuestados manifestaron que hoy es más fácil que hace una década detectar la corrupción, superando el 59% promedio que opina de la misma forma a nivel país.
Asimismo, el sondeo estableció que en Chile hay una baja tolerancia a la corrupción con sólo el 17% de los encuestados en promedio que considera aceptable (siempre o a veces) entregar un regalo, dinero o favor a un funcionario público. A nivel regional este la cifra es similar, con un 19% de los consultados que considera aceptable este tipo de prácticas.
El rechazo a las irregularidades en el caso de la región de O’Higgins se ve refrendada además por la cifra de personas que manifiesta una disposición personal a denunciar hechos de corrupción, porcentaje promedio que sube 13 puntos porcentuales por sobre la media país. A nivel nacional un 62% de los encuestados declaró que develaría actos reñidos con la probidad en el sector público y un 75% en promedio lo haría a nivel regional. En tanto en el sector privado la opción de denunciar es más baja, pero sigue estando por sobre la media del país, con un promedio de un 63% en la región y un 53% en Chile.
“En el pasado situaciones vinculadas a falta de transparencia y, derechamente, malas prácticas eran normales y en la actualidad son impensables. Tenemos que seguir trabajando para que la gente se sienta segura y hable sobre estos temas, colabore siendo un vigía y ejerciendo control sobre las autoridades. Esta es una forma de cooperar con la construcción de culturales profundos, que nos permitan seguir avanzando en la eliminación de conductas que nos dañan como país y que debemos erradicar”, finalizó Jaraquemada.
El Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, alertó los riegos que implica el uso de la popular “FaceApp”, apuntando a los bajos estándares de protección de datos personales que ofrece esta herramienta social, así como al hecho de que nuestra legislación, que no se actualiza desde 1999, está lejos de abordar adecuadamente los problemas que plantean esta clase de aplicaciones.
Durante estos días se ha hecho popular esta app de la empresa Wireless Lab, de procedencia rusa, logrando que miles de personas estén publicando en sus perfiles la imagen de su rostro con filtros que convierten la fotografía de su rostro en la de una persona mayor o cambiando su género.
El sistema funciona a través de un algoritmo informático y redes neuronales para escanear la cara y modificar algunos detalles de la imagen añadiendo canas al color del pelo, arrugas y ojeras. El resultado para muchos es divertido, pero al costo de entregar demasiados datos personales, bajo condiciones que implican perder el control sobre los mismos.
Por esta razón, el Consejo para la Transparencia (CPLT) advierte sobre los riesgos que significa utilizar esta popular aplicación. Su política de privacidad reconoce que recopila fotos (incluidos metadatos) e información personal (direcciones de correo electrónico), y que la información recopilada puede ser transferida por FaceApp y sus empresas relacionadas a otros países o jurisdicciones de todo el mundo, dándole bastante discrecionalidad para tratar la información recopilada, en desmedro de los usuarios de la aplicación y sus derechos.
Más grave aún, sus términos de uso (última actualización: 08/03/2017) se establecen, que los usuarios le otorgan a FaceApp una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin royalties, totalmente pagada y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar los contenidos del usuario, y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada en relación con dicho contenido, en todos los formatos de medios y canales conocidos o que sean desarrollados posteriormente, sin compensación para el usuario. Asimismo, cuando los usuarios publican o comparten contenido en los servicios FaceApp, cualquier información asociada como el nombre de usuario, ubicación o foto de perfil son visibles al público.
Junto con recordar que la imagen del rostro es un dato personal, el Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada señaló que el fenómeno viral que está ocurriendo con #FaceApp, releva la importancia del cuidado y control de nuestros datos personales. Al respecto indicó que “quienes usan esta aplicación entregan sus datos biométricos a una empresa con bajos estándares de protección de datos”, haciendo un llamado a tomar conciencia del uso y difusión de datos personales.
Asimismo, el CPLT advierte que el uso de estas aplicaciones, administradas por empresas que operan en entornos que no garantizan niveles adecuados de protección de datos, facilita el uso indebido yla sustracción de datos personales. Lo anterior se ve agravado por la escasa y desactualizada regulación que existe en nuestro país en materia de protección de datos, por ejemplo, en materia de transferencias internacionales de datos.
Por ello, apunta el titular del CPLT, “adquiere relevancia la aprobación de una nueva ley de protección de datos, donde un órgano autónomo e independiente, como el Consejo para la Transparencia, sea el encargado de velar por el resguardo de datos personales”. En estos casos, apunta Jaraquemada, “podrá fiscalizar a las redes sociales y otras aplicaciones que tratan datos personales, asegurándose de que toman las medidas necesarias, pudiendo sancionar en caso de incumplimiento”.
