Tras la firma de los cuatro proyectos de ley que conforman la Agenda Antiabusos y Privilegios que fue anunciada en el mes de diciembre pasado por el Ejecutivo, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, sostuvo que se trataba de una agenda que iba en el sentido correcto pero que a su juicio llegaba tarde y seguía siendo incompleta.
“Cuando esta agenda se anunció originalmente en diciembre pasado, señalamos que iba en el sentido correcto, que es un avance indudable y necesario, pero sin embargo creo que está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta”, señaló Jaraquemada.
Según el titular de transparencia la iniciativa no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento”.
Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas”.
“Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó.
Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que según su parecer no había un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”.
“En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”, finalizó.
El proyecto que perfecciona la Ley de Transparencia, a más de 11 años de su promulgación, también conocido como “Transparencia 2.0” fue despachado este martes 3 de marzo por la sala de la Cámara de Diputados, cerrando de esta manera su primer trámite constitucional.
Este martes 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en sala, en dos votaciones separadas, la mayoría de los artículos del proyecto que modifica la Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, iniciativa conocida como “Transparencia 2.0”. De esta forma, y tras el análisis de las comisiones de Constitución y Hacienda de dicha Cámara, la iniciativa fue despachada al Senado para continuar su segundo trámite.
Dicho avance fue calificado por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, como una señal positiva, dado que “la aprobación de la mayor parte de la iniciativa es un paso importante, porque perfecciona el sistema de transparencia de nuestro país”.
“Como Consejo siempre hemos planteado la necesidad de que exista un sistema unificado de acceso a la información, ya que permite a los usuarios simplificar la tramitación de estos recursos ante una sola entidad administrativa”, comentó el titular de Transparencia. “Pero seguimos con temas pendientes relacionados con las obligaciones de transparencia de entidades que enfrentan importantes desafíos ante la crisis de confianza institucional”, agregó.
Los diputados aprobaron la mayor parte de los artículos -por 152 y 151 votos- el proyecto en general, que entre otras materias establece la incorporación de órganos autónomos constitucionales a las obligaciones de transparencia como es el caso de Cámara de Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral (SERVEL), entre otros.
En lo relativo a la posibilidad de interponer recursos de reclamación ante las Cortes de Apelaciones en contra de las decisiones por acceso a la información pública de estas entidades y a la unificación de jurisprudencia por parte del Corte Suprema, los artículos fueron rechazados por no alcanzar el quórum requerido y deberán continuar en debate en la Cámara Alta.
Respecto de la iniciativa aprobada destaca la obligación de las entidades públicas de adscribir al Portal de Transparencia del Estado, para así facilitar el cumplimiento de los deberes de transparencia activa. Por otro lado, se establece que las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por una cantidad igual o superior a 1.500 UTM, los cuales representen al menos un tercio del patrimonio del año anterior, deberán mantener a disposición del público antecedentes tales como sus estatutos, miembros de su directorio, cuadros de ingreso y gastos, entre otros.
Transparentar acciones del Congreso Nacional y obligaciones para sanitarias y eléctricas
En el caso del Parlamento, la iniciativa establece una serie de obligaciones de transparencia activa como: la difusión de información sobre asistencia y permanencia en la Sala y participación en las comisiones de las y los parlamentarios, además de difundir sus votaciones, elecciones, dietas y asignaciones.
Además dispone obligaciones de transparencia activa para las entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios y, la de Servicios Eléctricos y determinadas concesiones de obras públicas. Finalmente, crea una Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, de carácter permanente y consultivo, que tendrá como objetivo procurar el funcionamiento y buen fortalecimiento del sistema de transparencia. Dicha comisión será presidida por un representante del Consejo para la Transparencia.
Tras la publicación de informaciones de prensa en los últimos días, el Consejo para la Transparencia (CPLT) señala lo siguiente:
1. Ante una presentación efectuada en la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Directivo encargó, en el marco del procedimiento regular, a la Fiscalía del CPLT levantar y consolidar antecedentes sobre el particular, los que fueron presentados al órgano fiscalizador el pasado viernes 14 de febrero.
2. En paralelo, en las sesiones N°1067 como en la N°1073, solicitó instruir una investigación sumaria que busca determinar lo ocurrido con algunas actas de sus sesiones, reafirmando así su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de dicha situación.
3. Cabe consignar que el Consejo Directivo siempre ha tenido y tendrá las puertas abiertas para una conversación franca y un diálogo fructífero con su Asociación de Funcionarios, con el fin de llegar a acuerdos que posibiliten el resguardo de nuestro capital institucional.
4. Asimismo, el Consejo Directivo ha estimado necesaria la revisión de una serie de cuestiones y procedimientos internos, con la finalidad de responder al desempeño de un rol más proactivo, que sintonice con demandas de los funcionarios, así como con el escenario político-social actual.
5. En este contexto, uno de los componentes centrales de la institución son las personas que la conformamos. Por ello, y con miras a este 2020, reforzaremos el trabajo de comunicación interna y del bienestar de todos para cumplir con nuestra Misión y construir conjuntamente un mejor CPLT. Hacemos un llamado a todos los funcionarios a colaborar con buena voluntad en esta iniciativa.
Una vez más el Consejo para la Transparencia (CPLT) tendrá que alegar en tribunales en defensa de la calidad de públicas de las “notas explicativas” que complementan informes diarios publicados en la web de la Superintendencia de Pensiones (SP).
Esta vez tendrá que hacerlo ante el Tribunal Constitucional (TC) en marzo, mes en que eventualmente el tribunal especial revisará el fondo del requerimiento presentado por AFP Capital, que busca declarar la inconstitucionalidad de lo establecido en la decisión del CPLT y evitar la entrega a un ciudadano de la información de complemento que deben remitir todas las administradoras de fondos de pensiones a la Superintendencia de Pensiones (SP)
En paralelo, la entidad privada presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que en noviembre de 2019 ratificaron lo planteado por el Consejo y desestimaron las causales de reserva aludidas por la Superintendencia y los argumentos de las AFP que se opusieron a dar respuesta al requerimiento.
El ciudadano pidió la SP las notas complementarias a informes diarios identificados como “formularios D1” correspondientes al período entre 1981 y septiembre de 2018. En ellas se detallan, entre otras informaciones: movimientos de partidas como ingresos y egresos, valor de depósitos nacionales y extranjeros, pago de comisiones, entre otras. Sin embargo, la entidad fiscalizadora del sistema de pensiones denegó el acceso a esta información dado que -acorde a lo consignado en la decisión del CPLT (Rol C5096-18)- sólo mantenía registro en su sistema de cartera de información desde el mes de agosto de 2002 en adelante. Asimismo, aludió a la reserva de las mismas por la oposición de las AFP que manifestaron que, a su juicio, se trataría de información de privados y que su carácter sería secreto por afectar sus derechos comerciales y económicos
En específico, la entidad afirmó en sus descargos ante el CPLT que: “Lo pedido se encuentra relacionado con el giro de su negocio aplicando la estrategia que sigue la AFP, pudiéndose permitir que se deduzcan sus estrategias de inversión, en materia de activos, relaciones de riesgo retorno, etc”.
AFP Capital sustenta su requerimiento ante el TC en la inaplicabilidad de dos incisos de la Ley de Transparencia esgrimidos por el Consejo Directivo del CPLT para establecer el carácter de público de las notas -2° del Art. 5°y 2° del Art. 10- y a partir de los cuales el Consejo dispone la entrega de los antecedentes. Lo anterior, a juicio de la administradora vulneraría una serie de derechos consignados en la Constitución.
En el mes de marzo correspondería se realicen los alegatos ante el tribunal especial previo a que éste se pronuncie sobre el fondo del mismo, ya que el pasado 30 de enero declaró admisible el requerimiento.
Fueron declaradas públicas
Tres años atrás el Consejo para la Transparencia tuvo que decidir sobre un caso similar asociado a la solicitud de un ciudadano de las “notas explicativas” de estos informes diarios. En dicha oportunidad, el ciudadano presentó una solicitud a la Superintendencia por aquellas fechadas entre los años 2002 y 2017 (Rol C1381-17). En la decisión de dicho amparo, confirmada posteriormente por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Civil N° 10390-2017) ante un reclamo presentado por la SP, ya se había negado la configuración de la causal de secreto alegada por el órgano fiscalizador y las AFP.
En el fallo de dicho tribunal se afirmó que “a modo conclusivo, la información que se solicita y que el Consejo aprueba, no cumple con el estándar de ser secreta y constituyen –las notas explicativas – antecedentes accesorios de los formularios D1 en términos que reflejan los movimientos de cualquiera de las partidas que corresponden a diversos ítems que se detallan en la letra 8 del Libro IV, Título VIII Capítulo A”.
¿Qué son las notas explicativas?
Las notas explicativas corresponden a información accesoria a los denominados formularios D1, en los que se representan los balances diarios, flujo de caja, estado de variación del patrimonio y otra información general, y que se encuentran publicados por la Superintendencia en su web, en la cual es posible acceder a los informes diarios de cada AFP.
Luego, acorde a lo indicado en el Libro IV, Título VIII, Capítulo IV, letra A, N° 8 del compendio de normas del sistema de pensiones, las notas explicativas son complementarias a los informes mencionados. En éstas se detallan los movimientos de las partidas que correspondan a los siguientes ítems: otros ingresos, otros egresos, otros aumentos, otras disminuciones, valores por depositar nacionales, valores por depositar extranjeros, valores en tránsito, excesos de inversión, provisión impuestos y otros, financiamiento de cargos bancarios y cargos bancarios.
“Como institución pública y órgano autónomo encargado de velar por el acceso a la información pública, entre nuestros deberes está asegurar que las personas puedan acceder a antecedentes que poseen las instituciones públicas y que pueden ser útiles para defenderse frente a vulneraciones de otros derechos generales. Pero hemos visto que hay un porcentaje muy alto de población que no ha pedido nunca información a un organismo público, por lo que nos preocupa fomentar las herramientas de transparencia para un mejor y mayor ejercicio del control social que no están aprovechando con todo su potencial”, dijo el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.
El estudio también destacó que 5 de cada 10 personas consultadas reconoce eventuales resultados prácticos que podrían derivar del acceso a información que manejan instituciones públicas, como por ejemplo mejorar la gestión pública o fomentar la participación ciudadana. En palabras del presidente del CPLT, el abogado Jorge Jaraquemada, “esta conciencia de su derecho a saber contrasta con la utilidad que se percibe de esta herramienta”. Por ello, desde el Consejo el llamado es a reconocer en este tipo de acciones con lo que se conoce como “derecho llave”, es decir, el acceso a otros servicios o derechos que impactan directamente en la vida de las personas.
“Si usted se siente vulnerado, hay herramientas de la ley que permiten acceder a información de utilidad para poder ejercer sus derechos, por ejemplo, en el ámbito de acceso a la vivienda, salud y educación, que son temas de gran interés para las personas”, explicó el titular del CPLT.
A juicio de Jaraquemada, aunque se evidencia que la población reconoce cada vez más su derecho a exigir una rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer, en particular en el contexto actual: “Nuestro estudio muestra bajos niveles de confianza hacia el sector público y privado, que se mantienen estables desde hace varios años. Esta crisis de confianza institucional que vemos es un fenómeno que cruza a la sociedad chilena y como hemos dicho: es parte del problema que derivó en el descontento que estuvo a la base de la actual crisis social”, finalizó el representante de Consejo.
Las mujeres usan más la Ley de Transparencia
Respecto de aquellas personas que declararon haber usado las herramientas de la Ley de Transparencia, un 43% lo ha hecho en Municipios, siendo el perfil del solicitante de información principalmente mujeres que utilizan el derecho de acceso a la información como una forma de ejercer otros derechos, es decir, con la finalidad de acceder a servicios o beneficios que brinda el sistema público, siendo una forma de informarse de ellos, conocer su exigibilidad y aplicación en sus vidas.
El mismo perfil se identificó en el caso de Transparencia Activa -asociado a la búsqueda de antecedentes que se encuentran disponibles por ley en los sitios web de las instituciones- y que a diferencia de mediciones anteriores cambia de género, correspondiendo principalmente a mujeres. En ambos casos la mayoría de ellas no tiene posicionamiento político y declara no conocer la Ley de Transparencia, lo que desde la perspectiva del Consejo deja a los solicitantes en una situación de vulnerabilidad frente al Estado.
El principal canal para requerir información sigue siendo el presencial (70%) y quienes indican haber hecho una solicitud presencial, en su mayoría, habían indicado previamente no saber cuáles son los canales a través de los cuales se puede ingresar una SAI (75%), lo que indica que se trata de usuarios desinformados.
Laboratorio de Integridad
Sobre la demanda a los municipios, Jaraquemada subrayó que “son de los actores públicos más cercanos a la ciudadanía y que manejan información de interés para los ciudadanos, por ello estamos trabajando para apoyar su quehacer en materia de transparencia”.
Por ello, comentó que una de las acciones que impulsa actualmente el Consejo es el denominado Laboratorio de Integridad, instancia colaborativa que busca trabajar en un proyecto piloto con municipios del país en la implementación de buenas prácticas y mejoras en materia de gestión y control al interior de estas entidades. Un trabajo que se realizará con el apoyo de la Contraloría, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y las principales asociaciones de municipalidades del país.
Sondeo sobre percepción ciudadana de la Protección de los Datos Personales en Chile realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que será la encargada de garantizar el resguardo de este tipo de información acorde a la iniciativa que moderniza la normativa vigente, evidenció que los ciudadanos tienen más conciencia del cuidado de sus datos que en 2018. (más…)
