• El tribunal obliga a la entidad a cargo de las estadísticas a cumplir con la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), reconociendo que se ajustó a derecho, debiendo entregar un dato aislado de la base de datos de la versión 2011-2012 de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) al solicitante. Esta medición permite conocer detalles de los gastos de hogares de la población chilena en sus diversos ámbitos.
• A juicio del CPLT la entrega de la identificación geográfica no contravendría el secreto estadístico, quedando establecido en el fallo del tribunal que la vulneración a la que aludió el INE para denegar la entrega de esta información no logró ser demostrada.
• Para el Consejo se trata de un fallo emblemático que permite mostrar la estrecha relación entre el acceso a la información y la protección de datos personales, temas en los que la entidad demuestra su expertiz desde la jurisprudencia.

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• Instancia generará mecanismos y establecerá criterios que permitan hacer más expedita la entrega de antecedentes que son requeridos por la ciudadanía a las distintas ramas castrenses.
• La iniciativa se plantea tras una serie de amparos que han sido vistos por el Consejo para la Transparencia (CPLT) tras negativas de las distintas ramas de las FFAA de acceso a la información, aludiendo a causales de reserva como Seguridad Nacional, entre otras.  
• El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, celebró la apertura de la cartera de Defensa y de las entidades uniformadas para generar este espacio de trabajo.  

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El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, consideró muy positiva la propuesta presidencial de un acuerdo nacional transversal en materia de modernización institucional.  (más…)

Entre los días 29 y 31 de mayo, la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, participó en la Cumbre Global de la Open Government Partnership (OGP) en Otawa, capital de Canadá, encuentro en el que participan más de setenta países de todo el mundo y que tiene como principal objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias orientadas a crear soluciones para gobiernos más abiertos y con mejores prácticas en materia de transparencia.

La instancia, inaugurada por el primer ministro Justin Trudeau, busca la articulación de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas y entrega de servicios, con foco en la inclusión y en el impacto social.

La cita reúne a autoridades y funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, privados y académicos, destacando entre los principales expositores la Ministra de Instituciones Democráticas del Gobierno de Canadá, Karina Gould, y la ex presidenta de Irlanda y ex comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, entre otros expertos y especialistas en materia de transparencia.

La consejera de la Fuente destacó que la participación del Consejo no sólo apunta a colaborar con planes que se reporten anualmente, sino que construir proyectos que tengan aplicación y contribuyan en la práctica a mejorar las instituciones”. “El imperativo es mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la democracia, en un contexto en que los sistemas democráticos enfrentan distintas amenazas en el mundo”.

La representante del CPLT se refirió además a la aplicación de los principios de gobierno abierto. Lo anterior, explicó, permite acercar a las personas a las instituciones “por lo que la gestión adecuada de compromisos que se sustenten en ellos puede contribuir a la recuperación de la confianza, que en nuestro país de acuerdo a mediciones recientes ha registrado una baja importante en sus niveles”, subrayó la consejera.

En Chile el Consejo ha participado en los planes nacionales de gobierno abierto, colaborando principalmente con la gestión de compromisos con alto impacto a nivel local, como es el caso del Modelo de Gestión en Transparencia Municipal y el Portal de Transparencia del Estado. Ambas iniciativas cuentan con coberturas casi universales y han impactado positivamente en la estandarización del cumplimiento de la normativa y han mejorado los desempeños de los municipios en el ámbito de Transparencia Activa (antecedentes que deben mantenerse disponibles en los sitios web de los organismos públicos) y derecho de acceso a la información.

De la Fuente expuso en Panel de Alto Nivel Nº2: “Diálogo multinivel, Gobernanza y Colaboración para fomentar el gobierno abierto a nivel local”, uno de los eventos paralelos que se desarrollaron en el marco del OGP Summit. En este espacio compartió reflexiones con el Secretario de la Junta del Tesoro de Canadá, Peter Wallace, y con representantes de Estados Unidos, Kenia, Colombia y Filipinas.

La consejera sostuvo un encuentro con el Comisionado de Privacidad de Canadá, Daniel Therrien, en la ciudad de Quebec, espacio en el que intercambiaron experiencias propias del ámbito de protección de datos personales, en el caso de Canadá a partir del nivel federal y provincial. En la reunión, en la que participaron de forma remota los comisionados de Ontario y Quebec, se abordó la posibilidad de mantener una instancia de colaboración e intercambio técnico de cara a la nueva normativa que se está discutiendo en Chile y que dejaría al Consejo para la Transparencia como órgano garante de su cumplimiento.

• Ante la crisis de confianza en instituciones clave para el sistema democrático como el Ministerio Público o el Poder Judicial, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, sostuvo una audiencia con Jorge Abbott Charme, para informarle sobre la propuesta, que pone la expertiz del Consejo al servicio de una estrategia de largo plazo en materia de transparencia y probidad.
• Hoy también participó de un encuentro con representantes de Espacio Público para hablar sobre la iniciativa y desarrollar una agenda conjunta de trabajo.

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• Ante la crisis de confianza que están mostrando las encuestas y que han experimentado entidades como el Poder Judicial o el Ministerio Público, el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, manifestó que este fenómeno tiene un correlato en la confianza en el sistema democrático.
• La apuesta de la entidad que lidera es un Acuerdo Nacional Anticorrupción que ha presentado a diversas autoridades y representantes de los distintos poderes del Estado y Sociedad Civil puesto que a su juicio Chile está en un “punto de inflexión”.
• Describió el fenómeno de corrupción en Chile no como algo nuevo sino “larvado
• y comentó que herramientas como la Ley de Transparencia y la participación ciudadana han colaborado con la detección de irregularidades.

A partir de una premisa de ciencias políticas que plantea que la confianza es el semáforo de las instituciones, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, explicó que “si el semáforo de la confianza está bajo el 30% el semáforo está en rojo y lamentablemente si uno mira el de instituciones políticas que son pilares de nuestro sistema democrático, hoy están en rojo, están bajo ese porcentaje”.

El titular del CPLT se refirió a lo que es, a su juicio, lo medular de la crisis institucional que se está viendo en el país de acuerdo a diversas encuestas apuntan a una baja sostenida en la credibilidad de nuestra instituciones, cosa que antes nos separaba del resto de los países de América Latina, porque en general estábamos por sobre esa contingencia”.

Por ello, Jaraquemada planteó la necesidad de hacer un esfuerzo como país ante lo que se considera un “punto de inflexión” que impulsó al Consejo a plantear un gran Acuerdo Nacional Anticorrupción. “Se lo hemos planteado al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Congreso, queremos reunirnos con otros organismos autónomos, que algo tienen que decir en temas de integridad, y otros, para convocarlos a dar un salto cualitativo que nos ponga en el mejor de los parámetros y que incluya las mejores experiencias comparadas para prevenir estos hechos”.

La propuesta del CPLT, según explicó su máximo representante, incluye una propuesta basada en las cuatro grandes agendas de probidad discutidas en la historia reciente – 1994, 2003, 2006 y 2015-, consolidando una serie de acciones –algunas de ellas no fueron implementadas por no concitar acuerdo político o por considerarse poco adecuadas para la época- . A esto se suma un barrido de las mejores prácticas internacionales “poniendo el foco en dónde han sido eficaces en prevenir la corrupción”.

De acuerdo al diagnóstico del Consejo, “lo que se veía en Chile hace algunos años atrás eran procesos de corrupción o irregularidades menos frecuentes, más esporádicos, que involucraban menos volúmenes de dinero y, por otro lado, ciertas instituciones parecían impermeables frente a estos hechos. Sin embargo, durante los últimos años, nos hemos venido dado cuenta -con una cierta avalancha- de situaciones cada vez más frecuentes”.

Jaraquemada descartó que se trate de una corrupción sistémica, es decir que ha permeado a toda la sociedad, aclaró que como país “tenemos una corrupción de mucha mayor magnitud, más extendida”. Lo anterior, para el CPLT, debe alertar a las autoridades y a la sociedad, dado que el impacto en la confianza en las instituciones tiene un correlato en el sistema democrático en su conjunto. Al respecto subrayó que: “la experiencia internacional sostiene que a mayor corrupción, menor credibilidad en las instituciones y a menor credibilidad en estas entidades, menor confianza en la democracia”.

Consultado sobre si los niveles de corrupción tienen una larga data o el país ha devenido en una situación de corrupción más generalizada en el último tiempo, el presidente del Consejo explicó que, a su juicio, ” esto era un fenómeno que estaba larvado en Chile, no se había evidenciado, y que las varias herramientas regulatorias generadas en el país son las que han permitido detectar, echar luz sobre estos procesos de corrupción”.

A estas declaraciones, emitidas en el marco de una entrevista con Radio Universo, ejemplificó que la Ley de Transparencia -vigente hace 11 años- “ha permitido que alrededor de 200 casos de irregularidades o derechamente de corrupción hayan sido conocidos” mediante solicitudes de acceso a la información realizadas por periodistas y ciudadanía en general.

Acorde a las facultades que establece la Ley de Transparencia y a la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia ante la denegación de acceso a información pública por parte de entidades públicas, el Consejo Directivo de la institución acogió el amparo deducido en contra de la Armada de Chile, ordenándole la entrega de copias de las bitácoras de buques y submarinos que operaron en septiembre de 1973 (rol C5281-18).

A juicio del CPLT, no se acreditaron las causales de reserva  alegadas, entre ellas, la seguridad de la Nación y el interés nacional, determinándose además que la mayoría de las unidades cuya información se requirió fueron dadas de baja hace  más de 30 años y que el órgano reclamado hizo entrega de documentos como los solicitados con anterioridad de algunas de las unidades contempladas en esta solicitud, pero correspondientes a otros años.

El requerimiento de información sobre las bitácoras de 11 buques y submarinos, entre ellos La Esmeralda, se denegó –según se establece en los descargos de la Armada en la decisión del amparo del CPLT- dado que dicho organismo considera que su “publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la Nación, el interés nacional y el debido cumplimiento de las funciones de la Institución”.

Lo anterior puesto que permitiría deducir capacidades operativas de la Escuadra Nacional, así como recursos con los que ha contado, cuenta y destina la institución para su movimiento, de forma que “disminuye las capacidades de la defensa nacional, quedando vulnerables, ya sea en tiempo de paz y más aún, frente a cualquier riesgo que pueda significar una crisis”.

En contraposición, el Consejo para la Transparencia estableció el carácter de público de los antecedentes dado que del total de unidades, sólo una, el buque Escuela Esmeralda, continúan operativas y su principal función es servir de crucero de instrucción. Del grupo restante, la mayoría fueron dados de baja de acuerdo a lo informado por la web de la entidad naval.

Otro antecedente relevante que se consigna en la decisión del CPLT es que –acorde a antecedentes recibidos del solicitante- en oportunidades pasadas la Armada entregó información de bitácoras de alguno de los buques objeto de este amparo, pero en fechas diferentes, mencionándose el caso de las copias de estos documentos del crucero O’Higgins y del crucero Capitán Prat, entre otros.

La información solicitada deberá entregarse en un plazo de 15 días corridos a partir de este martes 28 de mayo.

A partir de la nueva versión del CyberDay entre este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de mayo, el Consejo para la Transparencia (CPLT) subrayó la necesidad de tomar precauciones que apuntan a exigir a las empresas que participen en este evento el adecuado resguardo, tratamiento y almacenamiento de los datos personales que se recolectarán a partir de las compras electrónicas que se realizarán en estas jornadas.

El titular de Transparencia, Jorge Jaraquemada, explicó que los comparadores deben exigir a las empresas que resguarden su información personal –bancaria y crediticia– y sus datos personales como el RUT, dirección, etc., ante el aumento del uso de dispositivos, cuentas y servicios digitales que se produce en el marco de este evento.

Afirmó al respecto que “empresas e instituciones deben hacer un uso adecuado y seguro de los datos que recolectan y, de la misma manera, la legislación debiera hacerse cargo de generar un estándar adecuado de protección, para todo tipo de uso de datos personales, independientemente de cual sea el canal a través del cual se obtuvieron esos datos”.

Sin embargo, el presidente del CPLT aseveró que la normativa vigente en Chile “está al debe” en materia de protección de datos. Afirmó también que “la inexistencia de un órgano público especializado que pueda fiscalizar y sancionar el mal uso en el tratamiento de los datos personales, permite que las empresas puedan transar y comercializar sin mayores restricciones los datos de sus clientes y transforman a la ley vigente en letra muerta”.

“A juicio del Consejo es necesario, más bien imperativo, modernizar nuestro cuerpo legal. El proyecto de ley que moderniza la normativa vigente es una buena iniciativa, a la altura de los mejores estándares internacionales, y establece que sea el Consejo para la Transparencia el órgano independiente garante de la Protección de Datos Personales. A nuestro juicio somos la única entidad que por nuestra autonomía y experiencia diaria en la materia puede asumir este desafío”, sostuvo.

Ante el escenario actual, el Presidente del CPLT señaló que las opciones de los compradores apuntan a conocer en detalle los términos y condiciones que ofrecen las empresas: “la gente debe revisar los términos de privacidad y condiciones de uso que establecen las entidades, puesto que ahí se explicita el cómo se tratarán y almacenarán los datos e información personal”.

Jaraquemada explicó qué sondeos realizados por el CPLT arrojan un bajo nivel de cuidado de parte de los chilenos de sus datos personales que se levantan en ambientes digitales, no sólo a través de compras electrónicas sino también a través del uso de aplicaciones o redes sociales.

“En particular identificamos que los jóvenes son los menos preocupados por lo que pasa con su información personal. La idea no es responsabilizar al usuario, sino informarse sobre las políticas de cuidado y privacidad que ofrecen las empresas en caso de que haya un abuso o uso malicioso de los datos”, señaló Jaraquemada.

El presidente del Consejo fue enfático en indicar la relevancia de que los compradores revisen los términos de privacidad y condiciones de uso de las empresas, puesto que ahí se explicita el cómo se tratarán y almacenarán los datos e información personal.

“Al momento de clickear el recuadro que permite aceptar las condiciones de privacidad estamos expresando nuestro consentimiento y es el momento de decidir si les permitimos hacer lo que allí se indica”, subrayó.

El representante del Consejo detalló además algunas recomendaciones ante un incidente que involucre datos personales, apuntando a que las empresas asuman su rol y respondan en caso de producirse un uso abusivo del dato que se recogió sólo con fines de comprar un producto o servicio durante el CyberDay. Por ejemplo, señaló que es la empresa la encargada de notificar a la persona afectada ante una falla de seguridad y explicar el tipo de incidente y qué hará para resolverlo.

Asimismo, Jaraquemada señaló que con posterioridad “deberá informar a las autoridades competentes. En el caso de tratarse de materias de consumo dicha entidad es el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y si se asocia con información bancaria deberá informar a la Comisión de Mercado Financiero (CMF). Ante la posibilidad de que la empresa no se responsabilice de un incidente que involucre datos personales, la persona puede acudir a cualquiera de las dos instituciones antes mencionadas”.

• Según el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT), los chilenos y chilenas manifiestan altos niveles de preocupación ante un eventual uso malicioso de su información personal. Como contrapunto, declaran menos resguardos cuando se trata de situaciones en las que se exponen o entregan datos en línea, pese al uso intensivo de ellos en transacciones e interacciones electrónicas.
• Sondeo estableció también desconocimiento generalizado de las normativas e instituciones encargadas de garantizar la protección de los datos personales.
• “Chile está al debe en materia de protección de datos personales”, dijo el titular del CPLT, Jorge Jaraquemada Roblero.

Altos niveles de preocupación ante la posibilidad de que los datos personales sean mal utilizados, mostró el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) en su apartado sobre protección de datos personales.

Nueve de cada diez encuestados manifestó algún nivel de preocupación –“preocupado” o “muy preocupado”- por el uso inadecuado que pueden hacer empresas e instituciones de sus antecedentes personales (85%) como datos de contacto y de la vida privada –el estado civil-. El mayor recelo a que su información sea usada para un fin que no fue consentido se plantea en relación al RUT (60%), el domicilio particular (55%) y el número de teléfono móvil o fijo (con un 52%).

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada Roblero, “los resultados de nuestro sondeo apuntan a que el avance vertiginoso de las tecnologías de la información y el desarrollo de la economía digital, ha impactado en la ciudadanía que se da cuenta de que sus datos son cada vez más solicitados e inevitablemente se eleva la preocupación ante un eventual mal uso”.

En contrapunto, los participantes en el estudio apuntaron a niveles de desconfianza más bajos en el caso de actividades y transacciones en línea,  dado que manifiestan menores niveles de resguardo. Así se evidencia en relación al uso de aplicaciones (48%), redes sociales (47%), acceso a wifi gratuito (44%) y compras electrónicas (44%).

Ante esta evidencia, Jaraquemada explicó que “hoy en día la transferencia y uso de datos, es parte de nuestro día a día, y el tema central es quién tiene el control sobre los datos. Y en esto hay que ser claros: los datos personales son nuestros, por lo que debemos mantener el control sobre ellos y definir qué hace qué con mis datos”.

El representante del Consejo detalló que “se podría pensar que las acciones que dejan más expuestas la privacidad de las personas están en el ámbito digital, porque mantener el control sobre mis datos es más compleja en ese contexto. Paradójicamente, la gente se muestra más preocupada por una mala utilización de sus datos personales en contextos de interacción formal y presencial, que cuando realiza actividades on line”. Asimismo, explicó que sólo un tercio de los ciudadanos que adquieren un servicio u obtienen una aplicación web o móvil se informa de las condiciones de privacidad.

En este sentido el representante del CPLT apuntó a la necesidad de que las entidades asuman responsabilidades en este ámbito “Sea una acción presencial, como entregar el Rut en una tienda o en una compra en línea, las empresas e instituciones deben hacer un uso adecuado y seguro de los datos que recolectan”.

Con respecto a un uso inadecuado de datos personales por parte de ciertas empresas o instituciones 6 de cada 10 chilenos se mostraron más preocupados por abusos de este tipo de información en transacciones bancarias (61%), trámites en empresas de servicios o grandes tiendas (57%), compras presenciales en farmacias y supermercados (56%), entre otros.

Respecto de estas cifras, Jaraquemada comentó que “Son los riesgos inherentes a aplicar una ley de hace dos décadas a una realidad que no se visualizaba en ese tiempo, tanto en el ámbito tecnológico como normativo” a partir de una legislación que data de 1999. “Chile está al debe en materia de protección de datos personales”, espetó.

Explicó asimismo, que existe un amplio incumplimiento a la legislación vigente como por ejemplo “informar adecuadamente a los titulares de los datos respecto al uso que se les dará a los mismos o al “principio de finalidad, resultando frecuente que los datos personales sean recolectados con un fin específico y determinado, pero su posterior tratamiento se aleje de dicho fin”.

Sobre el marco que regula la protección de datos personales y la institución responsable de su cumplimiento, el estudio arrojó que prima el desconocimiento. El sondeo reveló que 8 de cada 10 consultados no sabe si existe alguna ley que regule esta materia, y 9 de cada 10 encuestados dice que desconoce la existencia de una institución que garantice el resguardo de los datos personales.

Al respecto, Jaraquemada comentó que: “Resulta urgente la existencia de un organismo independiente que sea garante del derecho, especializado y que entregue las garantías suficientes para un adecuado tratamiento de datos, evitando los constantes incumplimientos y vulneraciones”, dijo el presidente del Consejo.

Respecto de los avances normativos, detalló que el proyecto de ley actualmente en trámite en la Comisión de Constitución del Senado, “es una buena iniciativa de ley, a la altura de los mejores estándares internacionales y que pone al Consejo para la Transparencia –además- como órgano independiente garante de la Protección de Datos Personales. A nuestro juicio somos la única entidad que por nuestra autonomía y experiencia diaria en la materia puede asumir este desafío”.

Para Jaraquemada la entidad que preside  tiene “una orgánica sólida, destacada en el mundo y puesta como ejemplo, nosotros siempre hemos tenido  la responsabilidad de velar por la Protección de Datos Personales en el Estado y llevamos aplicando criterios y generando jurisprudencia sobre la materia desde la creación de nuestra institucionalidad”. “Asumir este desafío implica mucha responsabilidad y estamos preparados para ello. No existe en Chile un mejor garante de datos personales que el CPLT”, finalizó.

Entre el lunes 27 y miércoles 29 de mayo se desarrolla en nuestro país el Cyber Day, que contará con la participación de más de 370 marcas participantes.

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En la cita en Cartagena de Indias, Colombia, se abordaron los desafíos en el ámbito de resguardo de datos personales ante la irrupción de la Inteligencia Artificial, servicios de Internet, entre otras temáticas. (más…)

• A juicio del titular del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, de comprobarse la ocurrencia de un error en la identificación de una persona que fue acusada por estafa vía el uso de un sistema de reconocimiento facial, esto “cuestiona al sistema” al no dar a la ciudadanía instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos.
• Asimismo, apuntó a lo intrusivo de estas medidas, y que pueden generar situaciones en que “paguen justos por pecadores”

Tras conocerse detalles de la denuncia difundida por La Tercera PM de una mujer sin antecedentes penales, que acusa error de identificación vía sistema de reconocimiento facial y que a partir de ello habría sido vinculada a un caso de estafa con un cheque falso en diciembre de 2018, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, enfatizó que: “de comprobarse este caso, para nosotros es de extrema gravedad”.

El titular de Transparencia aclaró que hechos como éste apuntarían a un uso de “tecnología intrusiva de forma incorrecta”, lo que sumado a que el país no cuenta con una legislación actualizada y eficaz en materia de protección de datos personales no otorga a la ciudadanía “instrumentos que la protejan ante un tratamiento ilícito de sus datos”.

Asimismo, el representante del Consejo insistió en que para evitar este tipo de situaciones se requiere con urgencia perfeccionar la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Al respecto espetó: “Necesitamos con urgencia poner al día la normativa para que el propio Consejo para la Transparencia garantice el derecho a la protección de datos personales”

“Todos coincidimos que la Seguridad Pública es un bien a preservar y perfeccionar, pero muy distinto es que personas inocentes tengan que sufrir este problema y, finalmente, paguen justos por pecadores”, finalizó Jaraquemada.