El Consejo para la Transparencia estará disponible para sus consultas sólo a través de estos canales: correo electrónico y formulario online. (más…)

• Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), realizó estas declaraciones en un seminario institucional del Ejército sobre probidad y transparencia.
• En la oportunidad celebró la implementación de un sistema de prevención de delitos al interior de esta rama de las Fuerzas Armadas, el que fue presentado oficialmente por el comandante en jefe de la institución castrense.

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• El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha recibido un 12% más de solicitudes de acceso a la información (SAI) que lo registrado a septiembre de 2018.
• Los registros de la entidad muestran requerimientos en su mayoría anónimos –dado que no es requisito identificarse para presentarlos- relacionados con temas de salud, “grupos especiales” –pueblos originarios, migración, entre otros-, y economía y finanzas.

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Fiscalización a Empresas Públicas y Sociedades del Estado no sometidas al Sistema de Empresas Públicas (SEP) mostró buenos resultados a nivel agregado en cuanto a obligaciones legales y otras regulaciones –en promedio un 96,8% de cumplimiento en Transparencia Activa-, pero identificó una baja adhesión a buenas prácticas recomendadas en materia de probidad, transparencia y buen gobierno enviadas vía oficio por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en junio de 2018. El informe identificó además brechas de publicidad de información vinculada a marcos normativos e información consolidad de personal y sus remuneraciones.

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Este martes la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y el Director de Promoción, Formación y Vinculación de la entidad, Miguel Yaksic, participaron en el cierre del FECU Social 2019, actividad organizada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, corporación trabaja en la superación de la pobreza en Chile, y que reúne a más de 200 organizaciones sin fines de lucro.

En la oportunidad, la consejera expuso sobre la importancia que la transparencia tiene para organizaciones sin fines de lucro y la Sociedad Civil en general y planteó la relevancia de crear sinergias entre este tipo de instituciones y el CPLT con el fin de propiciar una nueva relación, generando alianzas que apunten al fortalecimiento de la democracia.

La consejera subrayó que en un escenario donde situaciones irregulares y casos de corrupción en instituciones de diversos ámbitos han erosionado la fe pública, instalando la desconfianza como un tema relevante ante lo que las instituciones de la Sociedad Civil pueden desempeñar un papel relevante en la recuperación de la confianza dado que están más cercanos a las temáticas y demandas ciudadanas. Enfatizó que desde el “CPLT estamos comprometidos con la idea de extender la cultura de la transparencia  a más organizaciones y más personas”.

De la Fuente puntualizó la necesidad de dotar de contenido a la transparencia, que es vista como un valor en todo tipo de organizaciones, y revisó parte de los desafíos que plantea el proyecto de ley que perfecciona la Ley de Transparencia. “La transparencia se ha transformado en una buena palabra que además parece ser exigible por parte de los ciudadanos a las distintas organizaciones y hay una tarea importante que emprender en términos del aumento de disponibilidad de información de acuerdo a las exigencias que impone la ciudadanía”, agregó.

En la instancia detalló las exigencias que establece el proyecto de Ley de Transparencia en la materia que actualmente se discute en la Cámara de Diputados en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro. En este sentido relevó materias que deben definirse como los mecanismos para determinar qué personas jurídicas sin fines de lucro reciben transferencias públicas. A esto se suma la necesidad de ordenar las obligaciones que deben cumplir las personas jurídicas sin fines de lucro de cara al Estado.

En el encuentro se reconocieron a aquellas organizaciones que reportan a través de la herramienta gratuita FECU Social, un formato de presentación de Memoria y Balances para organizaciones sin fines de lucro (OSFL)-, y el director de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo, Miguel Yaksic, intervino en la reflexión sobre “Confianza y legitimidad en la Sociedad Civil”, espacio en el que conversó sobre la puesta en valor de la transparencia y otras materias con Paula Streeter, Coordinadora del Proyecto “Sociedad en Acción”, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Roberto Piriz, empresario y Presidente Fundación Amancay, Silvina Peluso, Socia de PwC Chile, y Vivianne Galaz, Directora Ejecutiva Fundación San José para la Adopción y Fundación San José Centro de Atención Familiar.

En fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre acceso a reglamentos de procesos investigativos y administrativos de la entidad, ordenando al Ejército de Chile su entrega a la persona que lo solicitó vía Ley de Transparencia.

Lo anterior deriva del rechazo del mencionado Tribunal de un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la rama castrense, en contra de los ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en abril de este año acogieron de forma parcial un Reclamo de Ilegalidad presentado en contra de la decisión del CPLT (Rol C2443-18), estableciendo el carácter de público de parte de los documentos solicitados por el requirente.

De esta forma, la Corte Suprema desestima los descargos del Ejército, entidad que denegó las copias autenticadas del reglamento, documento o cualquier otro medio escrito en el que se dispongan procedimientos en investigaciones de seguridad militar y otra que lleve adelante la sección segunda del Ejército de Chile u otro departamento segundo de la inteligencia militar en general; y de la disposición que faculta a las referidas unidades del Ejército a tomar declaración a los soldados conscriptos, en particular, el procedimiento operativo que regula dicha diligencia.

La entidad castrense alegó en sus descargos ante la decisión del CPLT entre otras causales la de reserva por afectación de la seguridad de la nación o la soberanía nacional, lo que fue descartado por el máximo tribunal como puede leerse en el fallo “al no estar vinculada con las tareas ni la actividad militar de inteligencia y contrainteligencia, resultando insuficiente las meras afirmaciones del Ejército, para estimar que puedan generarse las consecuencias que le atribuye”. Lo anterior dado que se trata de una normativa interna que regula procedimientos administrativos, los cuales en su carácter de tales deben estar sujetos a escrutinio público.

En la sentencia se alude a fallos anteriores relacionados con otras decisiones del Consejo para la Transparencia en que la Corte Suprema estableció que “antecedentes, informaciones y registros” que son secretos son aquellos que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia -aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones- y de contrainteligencia -concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.

• Además, el Consejo para la Transparencia fue invitado a una mesa de trabajo que conformarían junto a la Contraloría General de la República y la AMUCH.

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El presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, subrayó que la idea era entusiasmar a los municipios con temas susceptibles de mejorar y avanzar progresivamente hacia una mayor transparencia.

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Jaraquemada sostuvo que probablemente debiera existir alguna campaña informativa que dé cuenta de las medidas que se están tomando en probidad y transparencia pero que era una buena señal contar con una ciudadanía alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro país en la materia.

Tras darse a conocer los resultados del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe por Transparencia Internacional, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, señaló que si bien no eran buenas cifras, se trataba del reflejo de una ciudadanía alerta, poniendo acento en que Chile se ha hecho cargo proactivamente del problema de la corrupción con una robusta agenda de probidad y transparencia en el parlamento.

Cabe recordar que según el informe un 54% de los chilenos dice que la corrupción aumentó en el último año, mientras que el 85% manifestó que considera que la corrupción en el gobierno es un problema grave.

“Tal y como revela el informe, los casos de corrupción conocidos tanto en el Ejército como en Carabineros de Chile pusieron esta temática en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas en nuestro país, que si bien no es de las más altas respecto a otros países de Latinoamérica, también instala una alerta respecto al nivel de confianza en nuestras instituciones, que finalmente podría afectar a nuestra democracia”, sentenció Jaraquemada.

Asimismo, el titular del CPLT subrayó que “No son buenas cifras, pero lo relevante es que Chile siempre actúa en consecuencia y hemos visto que la justicia está haciendo su trabajo y como proactivamente tanto las instituciones aludidas como los poderes Ejecutivo y Legislativo han tomado medidas a través de proyectos de ley que ponen barreras anticorrupción avanzando hacia un país con una mejor regulación en materia de probidad y transparencia”

“Quizás debiera existir alguna campaña informativa que dé cuenta de estas medidas, no obstante, a nuestro parecer es una buena señal contar con una ciudadanía alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro país en la materia”, concluyó.

• El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, y la consejera Gloria de la Fuente coincidieron en su diagnóstico respecto de la crisis de confianza institucional y la erosión que ésta genera en el sistema político y en la democracia.
• El titular del CPLT celebró la inclusión de una serie de propuestas realizadas por el organismo en esta sistematización.

En el marco del seminario “Desarrollando una política de Estado en Integridad Pública y Transparencia”, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada y la consejera del organismo, Gloria de la Fuente, debatieron sobre la situación de la corrupción en Chile y las principales líneas de acción y desafíos para enfrentarla, comentando -de paso- los avances de la Agenda de Integridad y Transparencia del Ejecutivo, presentada por el Ministro Secretario General de la Presidencia (SEGPRES), Gonzalo Blumel.

Ambos representantes del CPLT coincidieron en el diagnóstico de un aumento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Sobre el particular, el presidente del Consejo planteó que los niveles de confianza han mostrado un retroceso y “es preocupante, porque socava las bases institucionales y las bases de la democracia”. Una visión con la que coincidió la consejera, destacando el impacto de casos de irregularidades descubiertos en el último tiempo, lo que genera alta preocupación ciudadana e impacta en la democracia y en el sistema político en general, instalando a la corrupción como una variable relevante en materia electoral.

Jaraquemada subrayó en su diagnóstico que “Sino teníamos el nivel de visibilidad de actos de corrupción que en el último año hemos tenido, (…) era básicamente porque anteriormente no teníamos las herramientas legales -entre ellas la ley de transparencia, ley del lobby y varias otras- que nos permitían un escrutinio y por lo tanto levantar información que nos permitiera darnos cuenta del real estado de situación”. Asimismo, apuntó a “cierta indolencia y cuando no de complicidad, de controles internos y externos que las instituciones deben tener”.

Asimismo, el titular del CPLT precisó que la mirada en materia de transparencia y el sistema de integridad pública debe tener como eje central la modernización del Estado, “es la forma correcta y adecuada de entender este proceso de avanzar en establecer una cultura de transparencia o de mayor probidad”. Durante su intervención, destacó algunos de los logros obtenidos en los más de 10 años de la Ley de Transparencia que apuntan a un sistema de transparencia que funciona y que es utilizado de forma intensiva por la gente.

Respecto de la demanda ciudadana por transparencia, la consejera de la Fuente subrayó que es “sin importar si es un organismo público o privado, porque finalmente la desconfianza ha ido cruzando estos mundos en los últimos años”. El desafío, desde su perspectiva, “no es sólo hacernos cargo de la transversalidad y expansión de esta crisis de confianza” sino cómo se dota al concepto de transparencia de contenido y “cómo se traduce en políticas concretas”.

De la Fuente refirió también a lo que considera son las claves del futuro, las herramientas asociadas a un ecosistema de transparencia en que Chile que ha avanzado de manera sustantiva y que pueden ayudar con el fenómeno de la corrupción. Refirió al rol de las organizaciones de la sociedad civil y redes de ONG’s, entre otros, que exigen monitoreo de las acciones del Estado y que se erigen en formas alternativas de control social y político, un rol que comparten con los medios de comunicación. Asimismo, destacó que los usuarios de la Ley de Transparencia elevan sus niveles de confianza y que un porcentaje importante de gente que cree que la transparencia en sí misma es un valor y que permite conocer situaciones que vulneran la fe pública.

Jaraquemada finalizó celebrando que acciones propuestas por el Consejo, hayan sido recogidas y formen parte de la sistematización y medidas, algunas de ellas legislativas, que implementará la SEGPRES.

En la actividad participaron además el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Maneau, representantes de la SEGPRES y del PNUD, además de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ONG’s, entre otras.

La Ley danesa de Transparencia del 2013 restringió el acceso a la información pública a una parte de las labores de los funcionarios públicos de ministerios y comunas, a pesar de que la democracia funciona mejor a la luz del dìa, escribe Jakob Ullegård.

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El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que buscaba frenar la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que estableció el carácter de público de esta información, dado que permite el control social de la comunidad y que el impuesto tiene un carácter inhibitorio respecto de las emisiones de material particulado.

La Corte Suprema ratificó la orden que el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio al Servicio de Impuestos Internos (SII) de entregar una lista de empresas y la ciudad en la que se localizan a las que se les ha aplicado un impuesto por emisiones contaminantes de material particulado efectuadas en 2017, acorde a lo que establece la Ley N° 20.780 (art. 8°).

A través de este fallo se rechazó el recurso de queja presentado por el organismo y que buscaba dejar sin efecto la decisión del CPLT (caso rol C3026-18), que estableció el carácter de público y la difusión del listado de establecimientos afectos. La normativa que obliga a pagar dicho impuesto, es parte de la reforma tributaria que modificó el sistema de tributación de la renta e introdujo diversos ajustes en el sistema tributario, estableciendo ciertas obligaciones a las empresas que generan emisiones al aire de material particulado -óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono-, producidos por fuentes fijas de emisión, calderas o turbinas, que superen una potencia térmica indicada en dicho marco regulatorio.

En los argumentos expresados en el fallo dictado por el máximo tribunal, se establece que éste negó la concurrencia del secreto tributario aludido por el SII respecto de la información de establecimientos gravados, puesto que la identificación de los mismos permite individualizar las fuentes emisoras, tal como consta, además, en la Resolución Exenta Nº 1.416, dictada el 21 de diciembre de 2018 por el Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, denegó el argumento del servicio público que indicó no poseer la información en los términos solicitados así como la negativa del organismo de tener competencias sobre la materia.

El  fallo ratifica lo establecido por el Consejo en lo relativo a que la identidad de los establecimientos afectos constituye un insumo indispensable para el quehacer del Servicio, y se trata, por consiguiente, de información pública que forma parte de la esfera de  su competencia.

Finalmente, el pronunciamiento de la Corte Suprema explicita que la orden de dar publicidad a la información requerida resulta especialmente transcendente si se considera que, junto con su finalidad recaudadora, este tributo posee un evidente efecto inhibitorio respecto de la emisión de contaminantes, no sólo por las consecuencias patrimoniales directas que se derivan del impuesto sino también por la posibilidad de ejercer control social por parte de la comunidad.