Ante las declaraciones del ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien señaló en un medio de comunicación que “hemos sido muy tolerantes con la corrupción” y que el Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto de ley que endurezca las penas que afecten la libre competencia, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, aseguró que priorizar una agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con urgencia en el Parlamento.
“Hemos señalado que la corrupción es parte del problema y de la crisis social que estamos enfrentando, por eso como Consejo creemos que la agenda del Ejecutivo para dar solución al estallido social debe ir de la mano con una agenda de probidad y anticorrupción. Es decir, cualquier iniciativa que busque reducir los espacios de corrupción debe tener prioridad legislativa”, subrayó el titular de Transparencia.
Según el presidente del Consejo “La agenda anticorrupción es un imperativo ético ineludible que debe tramitarse con la urgencia necesaria y con el apoyo transversal de nuestro parlamento”. “Es necesario dar a todos los proyectos de ley una mirada de transparencia y probidad. Nuestra convicción es que la crisis social tiene una componente derivada de la percepción de corrupción en el país, que se suma al malestar que predomina en Chile y del cual tenemos que hacernos cargo de manera eficaz e inmediata”, sentenció Jaraquemada.
Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia, propone enfrentar este escenario, entre otras acciones, instalando “un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile”, para ello el organismo trabaja en la creación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia, que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito.
Tras más de dos semanas de iniciarse el movimiento ciudadano que en la actualidad mantiene al país en una situación político-social compleja, el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, analiza el fenómeno asociándolo a la percepción de la corrupción y a los casos de faltas a la probidad e irregularidades que se han sucedido a nivel nacional.
Para el abogado “Chile ha enfrentado, en los últimos años, diversos escándalos de corrupción, tráfico de influencias y faltas a la probidad que han cubierto con un manto de sospecha la relación entre el mundo público y el privado”. Y agrega: “tengo la convicción que este fenómeno es parte del problema que hoy genera tanto malestar y hay que hacerse cargo de él y enfrentarlo de manera eficaz e inmediata”.
En este escenario, el máximo representante del CPLT revisó cifras de los últimos 5 años, destacando que en dicho período “más de 20 autoridades han sido investigadas, por supuestas irregularidades”. A esto se suma el impacto en la participación que genera el descrédito y la crisis de confianza. A modo de ejemplo sólo un 46% votó en la última elección parlamentaria y un 36% en la municipal. “Hay estudios que indican que muchos de los que se abstuvieron de participar lo hicieron por una alta percepción de corrupción en el sistema político”, explicó Jaquemada.
Dicha percepción se ve refrendada por los resultados del último Estudio Nacional de Transparencia que arrojó que un 79% de la ciudadanía considera que las instituciones públicas son “corruptas o muy corruptas”. “Es decir todo indica que la crisis de confianza es parte del cotidiano y uno de los tantos elementos para entender una parte de esta prolongada movilización social”, afirmó el titular del Consejo.
Para Jaraquemada la crisis que afecta al país no es sólo un llamado de atención de la ciudadanía, sino también una oportunidad de mejora: “Debemos tomarla (la crisis) como una oportunidad para mejorar y preocuparnos que la sociedad vaya incorporando aspiraciones y cambios legítimos”. Para ello plantea “instalar un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile que promueva en su interior prácticas y lógicas de transparencia y acceso a la información para la opinión pública. Es un deber con nuestra democracia”.
La experiencia del Consejo muestra que las herramientas de transparencia –en términos de acceso a la información pública y otros cuerpos legales como la Ley del Lobby- permiten “ejercer control social del Estado. Si el 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria según nuestros estudios, yo estoy en condiciones de asegurarle que siendo la corrupción uno de los problemas, la transparencia resulta fundamental al actuar como un antídoto porque otorga credibilidad y legitimidad al sistema democrático, fomenta el interés y la participación, y juega un rol de moderación y contención del poder del Estado”.
Laboratorio de Integridad y Transparencia
Consultado respecto de las medidas que implementa el CPLT en este marco, Jaraquemada detalló que hay iniciativas en materia de asignaciones, nuevas normas de transparencia para que consideren mecanismos de control de contratación de asesorías externas en el caso del Parlamento y viáticos a nivel general que podrían ser incorporadas en el proyecto que moderniza la ley de Transparencia o Transparencia 2.0. Sin embargo, para Jaraquemada es “fundamental” enviar “a la brevedad y tramitación con urgencia del proyecto de ley que fortalezca la protección de denunciantes de conductas deshonestas y corrupción”.
Finalmente, indicó que el Consejo trabaja en la implementación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito.
En un oficio dirigido al Ejecutivo (Ministerio Defensa, Ministerio del Interior), Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería (PDI), en el marco del estado de emergencia que vive gran parte de nuestro país, esta mañana el Consejo para Trasparencia (CPLT) advirtió sobre la necesidad de disponer de información de detenidos así como también sobre la restricción de libertades y servicios básicos, haciendo hincapié -además- en el derecho que tiene la ciudadanía de captar imágenes como mecanismo de control social hacia las actividades de seguridad en lugares de libre acceso al público.
El texto subraya que es importante alertar sobre la publicidad del Registro de Detenidos, considerando que la propia Constitución señala expresamente que nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en los lugares públicos destinados a este objeto y que los encargados de prisiones “deberán dejar constancia de la respectiva orden que instruye el arresto, detención o la condición de procesado o preso de una persona determinada”.
Dicha constancia -señala el texto- “deberá quedar en un registro, el que, en conformidad con lo dispuesto expresamente por la Constitución, es público y, por tanto, puede acceder a él cualquier persona, en tanto constituye una fuente de acceso público”.
Asimismo, el oficio del CPLT afirma que aún en estas circunstancias excepcionales, “persiste el derecho de toda persona a ser oportunamente informada y, a su vez, a informar y expresar sus opiniones”. En ese contexto, el Consejo señala que el “ejercicio de estos derechos, podrá captar y difundir imágenes de situaciones de interés público, cuando éstas tengan lugar en espacios de libre acceso público; en particular, aquellas que permitan efectuar un control social de las actividades de seguridad y orden público que llevan a cabo funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, Gendarmería , y Fuerzas Armadas “.
Referente a la información sobre derechos de las personas que se encuentran limitados con ocasión del estado de emergencia, el CPLT recomendó “poner a disposición del público -desde ya y de manera actualizada- los actos y resoluciones en que se funden las restricciones a los derechos de reunión”, disponibilizando la información relativa a la forma en que se encuentran restringidos estos derechos y la duración de dichas circunstancias.
“Los organismos públicos competentes deberán también poner en conocimiento de la ciudadanía, en un lenguaje claro y fácilmente comprensible, los procedimientos que suceden a una detención en estas circunstancias y los derechos de los detenidos, imputados, sus familiares y otros intervinientes y el derecho de acceso a la información que les asiste a todos ellos”, subraya el oficio.
Número de emergencia y disponibilidad de información oficial
Además, el Consejo para Transparencia sugiere poner a disposición de los ciudadanos un número de teléfono de emergencia, “que pueda dar respuestas a las interrogantes más recurrentes en materia de personas detenidas o privadas de libertad, sus derechos y los de sus familiares”. Con ello, se facilitará el acceso a información, de carácter oficial, por parte de los familiares de los detenidos.
En el documento se hace presente -también- que el derecho de acceso a la información pública por parte de cualquier persona, permanece completamente vigente en estas circunstancias de excepción, debiendo los organismos requeridos proceder a la entrega de la información solicitada, sin perjuicio de las excepciones legales contenidas en la Ley de Transparencia y en otras leyes.
Finalmente, el Consejo sugiere poner a disposición permanente de la ciudadanía y de forma centralizada información relativa a la provisión de bienes y servicios públicos, tales como: educación (situación de los jardines infantiles, establecimientos educacionales y de educación superior), acceso a la salud y establecimientos hospitalarios, acceso al transporte público, seguridad pública, normativa relativa a los derechos laborales de las personas en una situación de excepción constitucional, servicios básicos, estado de carreteras, autopistas y obras públicas, entre otras de relevancia.
Esto en tanto que “la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y permanente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas”.
En el marco de la declaración de estado de emergencia constitucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) inició una campaña en redes sociales para destacar aspectos propios de la puesta en circulación y difusión de información de relevancia para la ciudadanía en el contexto del estado de emergencia constitucional, con el fin de evitar que se cree un contexto que facilite la difusión de noticias falsas.
En este sentido, el Consejo destacó fundamentalmente la necesidad de concentrar en un canal único toda la información de las instituciones del Estado y la de cuidar las prácticas de los usuarios de redes sociales y otras plataformas en línea para evitar compartir este tipo de contenidos, fake news o rumores que desinforman a la población.
En particular, el CPLT se refirió a la entrega de información de los organismos del Estado de manera fidedigna y veraz que facilite a las personas obtener antecedentes y datos relativos al acceso a bienes y servicios públicos en este contexto excepcional de manera fácil y expedita. De esta forma, se subraya que la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y actualizada permanentemente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas.
Para la institución, el foco institucional debe hacerse cargo de, entre muchas expectativas informativas, comunicar oportunamente sobre temáticas de interés ciudadano como el abastecimiento de toda índole, transporte, así como también del funcionamiento de establecimientos educacionales y flexibilización horaria del empleo.
Otra de las recomendaciones del Consejo apunta a la ciudadanía con el objeto de reducir la amplificación de noticias cuyas fuentes no oficiales o están desactualizadas, sugiriendo algunas acciones específicas para reducir la circulación de contenidos cuyos orígenes no son comprobables.
Finalmente, el Consejo para la Transparencia informó que está difundiendo información en redes sociales para reforzar estos mensajes y se puso a disposición de las autoridades públicas para que sus mecanismos y herramientas puedan ser utilizadas de forma tal de acercar la información oficial a los ciudadanos de manera eficaz y expedita.
Piezas de redes sociales del CPLT
Santiago, 22 de octubre.-
En el marco de la declaración de estado de emergencia constitucional, el Consejo para la Transparencia (CPLT) considera importante destacar aspectos sobre información ciudadana que cobran vital relevancia en estas circunstancias excepcionales.
En particular, las referidas al artículo 11 de la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que señala: “Todas las medidas que se adopten en virtud de los estados de excepción deberán ser difundidas o comunicadas, en la forma que la autoridad determine” y que “En ningún caso esta difusión podrá implicar una discriminación entre medios de comunicación del mismo género”.
1) Para el Consejo para la Transparencia resulta fundamental la entrega de información pública – fidedigna y veraz – que facilite a las personas obtener de manera fácil y expedita, información relativa al acceso a bienes y servicios públicos.
El foco institucional debe hacerse cargo de, entre muchas expectativas informativas, comunicar oportunamente sobre temáticas de interés ciudadano como el abastecimiento de toda índole, transporte, así como también del funcionamiento de establecimientos educacionales y flexibilización horaria del empleo.
2) En ese sentido la disponibilidad de información oficial, de fácil acceso y de forma centralizada y actualizada permanentemente, evitará la difusión de noticias falsas y confusas, que acrecientan el temor y la sensación de inseguridad de las personas.
3) También se recomienda a los ciudadanos evitar la difusión de noticias no comprobadas, utilizando fuentes oficiales y/o asegurándose de que la fuente es fiable. Asimismo, existe el deber primero y principal de las instituciones públicas de proveer de información actualizada y oficial a la ciudadanía.
4) En este contexto, el Consejo para la Transparencia se pone a disposición de las autoridades públicas para que sus mecanismos y herramientas puedan ser utilizadas desde ya, de forma tal de acercar la información oficial a los ciudadanos de manera eficaz y expedita.
El Consejo para la Transparencia estará disponible para sus consultas sólo a través de estos canales: correo electrónico y formulario online. (más…)
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