Es un honor compartir con ustedes en este encuentro anual de reflexión y de puesta en común de nuestras miradas sobre transparencia, accountability y protección de datos personales.
Este es el último al que asisto en calidad de Presidente del Consejo Para la Transparencia, así que tengo emociones encontradas.
Pero la mayor de esas emociones es el orgullo.
No orgullo personal, sino orgullo institucional.
Porque este consejo ha acompañado un cambio cultural tan veloz como rotundo.
En estos 11 años, desde que se publicara la Ley de Acceso a la Información Pública, las exigencias de la ciudadanía respecto de lo público han cambiado.
Los procesos administrativos han dejado de ser impenetrables y han debido hacerse legibles, razonables; han debido hacerse legítimos a ojos de todos.
Aquí reside la principal de las transformaciones:
Los fundamentos de la legitimidad democrática han cambiado y siguen cambiando.
La relación entre autoridades y ciudadanía es más horizontal y menos solemne.
El respeto ya no reside en la majestad del cargo, sino en la capacidad verificable de cumplir la tarea para la que la autoridad está mandatada.
La información y la desinformación circulan a toda velocidad, inflaman a la ciudadanía, detonan decisiones a veces drásticas en la vida democrática, y es cada vez más determinante en la confianza cívica.
Es la conciencia de una sociedad que conoce su propia soberanía, que busca ejercerla y que exige al Estado transparencia, legalidad, rendición de cuentas.
Sentimos orgullo, porque este Consejo ha sido agente de cambio, ha aportado en el cambio de mentalidad que ha vivido la sociedad chilena.
Hemos contribuido a hacer de la rendición de cuentas una norma y no un simple enunciado para ganar votos.
Hemos hecho del secretismo una mala práctica, de la opacidad una zona indeseable, de la transparencia una bandera contra la corrupción.
Hemos forzado a las instituciones a mejorar sus estándares, cambiamos la cultura en los organismos del Estado, marginando malas prácticas que, por demasiado tiempo, rigieron el accionar de la política y la administración.
Empoderamos a la ciudadanía, y dimos a la democracia expresión concreta en lo cotidiano, garantizando el derecho a la información pública y consagrándonos a él. Y con ello, lo que estamos asegurando es un bien mayor.
Hablamos de tres mínimos clave que las democracias modernas deben a toda persona: poder, voz y protección.
A cada uno de estos aspectos quiero referirme brevemente.
El primer aspecto: el PODER, entendido como la capacidad efectiva de ejercer la soberanía, hacer exigible la rendición de cuentas de autoridades e instituciones
y conocer los actos públicos, denunciándolos cuando son ilegales o ilegítimos.
El cumplimiento de esta tarea no es un enunciado, o solo una aspiración. Es una realidad constatable en el casi un millón de solicitudes de información realizadas y más de 31 mil amparos y reclamos por denegación de información que hemos recibido en 10 años. Una realidad que no se queda en la forma.
Y una realidad que ha tenido consecuencias importantes. Como en el caso de CEMA chile, en el que, a través de dos solicitudes de acceso a la información, conocimos irregularidades en el uso de los terrenos fiscales.
Como consecuencia, el Estado no sólo pudo exigir la devolución de los terrenos, sino que se disolvió la Fundación.
O como la solicitud de las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, que contribuyó a terminar con casi 30 años de secretismo.
O como la solicitud a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que permitió, finalmente, y tras un reclamo por denegación de información, que se conociera el contenido de la Ley reservada del Cobre, ley que, desde el año 2016, ya no es reservada, afortunadamente.
Y perdón que me desvíe del tema, pero me parece relevante expresar el deseo ferviente de este Consejo para que, cuanto antes, se discuta y sancione el fin del secreto de casi 100 disposiciones legales reservadas.
Porque donde falla la transparencia, se degradan los procesos del Estado.
Es el secretismo y la falta de control ciudadano lo que ha permitido crisis tan graves de nuestras instituciones, como las que hoy afectan a Carabineros o al Ejército.
Un secretismo y una falta de control que han amparado la corrupción que hemos visto en las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas son indispensables para la república, y el resguardo de la seguridad nacional reside principalmente en ellas.
Por esta razón, encontrar esquemas de defraudación extendidos, y organizados, dilapidando recursos del Estado destinados a la defensa, por sí mismo representan una amenaza a la Seguridad Nacional.
Nuestro país sabe enfrentar crisis y transformarlas en oportunidades de reformas sustantivas y profundas. Ya lo vimos el 2015 y 2016.
Estas circunstancias ameritan actuar con decisión, con reformas sustantivas y profundas, que aseguren un nunca mas.
Creemos que la situación solo es abordable si se impulsa un amplio Acuerdo Nacional por la Transparencia y la Probidad en las Fuerzas Armadas, que permita introducir cambios efectivos y contundentes.
Una verdadera reforma pro transparencia en los cuerpos armados de nuestro país. Hablamos de un acuerdo transversal, de diversos actores, incluyendo a las FFAA y al sector Defensa, que logre superar las tradiciones secretistas de estas instituciones y que frenen la expansión de la corrupción.
Con liderazgo, con decisión y con la transparencia como principal herramienta, el país podrá recuperar la confianza en las FFAA en el uso de los recursos del Estado.
Como Consejo estamos disponibles para facilitar los procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública que Chile requiere.
Con Carabineros acabamos de firmar un convenio en este sentido y esperamos que ello redunde en la incorporación de buenas prácticas y la puesta al día de sus estándares.
Nos gustaría trabajar en el mismo sentido con el Ejército, con todo lo que hemos conocido, y también con la Armada, que se ha negado la de entregar información pública en varias solicitudes, sobre materias que en otras ramas fueron fuente de uso fraudulento de recursos públicos.
Es necesario para Chile, que sirvan su misión institucional al mismo tiempo que dignificamos la vocación y probidad del servicio público, primer paso de la reconstrucción de las confianzas cívicas. Los invitamos a acoger nuestro llamado.
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En definitiva, hemos sido garantes del poder ciudadano y de su control sobre las instituciones y autoridades. Por cierto, este empoderamiento va de la mano de la responsabilidad.
Nuestro rol no sólo se juega en custodiar el derecho al acceso a la información, sino en incentivarlo, en concordancia con los procedimientos para resolver conflictos.
Pero además de ser un instrumento del poder ciudadano, este Consejo también se debe a LA VOZ de la ciudadanía.
El Consejo se ha convertido en una institución convocante, abierta y de cara a la ciudadanía. No me refiero sólo a la opinión, sino a la incidencia real de esa opinión en nuestros lineamientos estratégicos y en la toma de decisiones.
Precisamente, es la misión que nos impusimos al impulsar un proceso participativo del que fueron parte más de 2 mil 200 personas a lo largo de nuestro país.
Durante los 16 encuentros, se discutió el futuro de la Transparencia y la protección de datos en Chile. Recogimos y articulamos diversas miradas en un documento que entregamos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, así como al Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, poniendo a disposición del Gobierno la mirada ciudadana en la necesaria modificación a la Ley de Transparencia.
Durante el proceso consultivo, constatamos la necesidad poner a la transparencia e el corazón del accionar del estado y de las autoridades, como remedio a la desconfianza que entraba nuestra vida democrática.
Muchas malas prácticas se evitan gracias a la publicidad de los actos del Estado. De hecho 6 de cada 10 personas en Chile creen que los mecanismos de la ley de Transparencia podrían haber impedido casos como los fraudes en Fuerzas Armadas y Carabineros, conflictos de interés o financiamiento irregular de la política.
La transparencia, cuando es evidencia de probidad, enriquece el tejido social y el prestigio institucional. Y a lo largo del proceso participativo también apareció insistentemente la demanda de aumentar tanto los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, como los contenidos que deberían ser públicos.
Todas estas demandas están consignadas en el documento y, esperamos, sea incidente en la toma de decisiones, pues no representa solo la perspectiva de este Consejo, sino de la ciudadanía convocada.
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Dije, también, que este Consejo considera como parte de su misión garantizar LA PROTECCIÓN de los derechos ciudadanos.
Esta protección tiene una doble dimensión: garantizar el acceso a la información pública y, a la vez, velar por la privacidad y el cuidado de los datos personales. Hay un legítimo debate respecto de cuál es la entidad más adecuada para asumir la protección de los datos personales.
Claro que, mientras el tema se debate, este Consejo Para la Transparencia ya custodia diariamente la correcta utilización de los datos de 18 millones chilenos y chilenas.
Y lo hace porque tiene un mandato expreso y directo para velar por el respeto de los datos personales entre los órganos del Estado.
Es decir, es parte natural de su misión el encontrar puntos que permitan delimitar las fronteras entre el derecho a la información y la protección de los datos personales.
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La cuarta revolución industrial, la economía digital, es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de desperdiciar como país.
Las nuevas tecnologías posibilitan el emprendimiento, la innovación, el encuentro.
Potenciarlas es apuntar al desarrollo, al crecimiento económico, a la democratización de las oportunidades y del conocimiento.
Los datos son el nuevo petróleo que moviliza la economía mundial. Pero no deben volverse en contra nuestra.
Hay mercados paralelos en los que se transan los datos de las personas. Los hábitos de consumo de internet son una fuente importantísima de valor para quienes aspiran al poder económico o político.
Pero no estamos disponibles para rematar la intimidad y la privacidad de nuestros compatriotas al mejor postor.
La ecuación no estará completa, si hay transparencia por un lado y exposición por el otro.
La transacción de datos personales en contextos comerciales,fuera de todo marco y regulación, sin respetar el derecho a la autodeterminación informativa que actualmente reconoce la Constitución, representa una vulneración grave.
Pero la vulneración es peor cuando hablamos del masivo intento de manipulación a partir del conocimiento de hábitos y miradas personales.
Los datos personales que entregamos se están utilizando con precisión militar a espaldas de nuestras, la expensas de nosotros y, en muchos casos, en contra de nosotros.
Tim Cook, CEO de Apple, advierte de la existencia de “una economía en la sombra que está sin control, fuera de la vista de los consumidores, reguladores y legisladores.”
Ese mercado invisible es donde se transa nuestra conducta y nuestra cosmovisión, nuestras empatías, nuestros miedos. Y luego, esta información se dispara en estrategias precisas de desinformación, distorsión, confusión, explotando nuestras dudas e inseguridades, buscando beneficios políticos.
Eso vimos en el primer mundo con el escándalo de Cambridge Analítica y Facebook, las elecciones norteamericanas y el Brexit.
Hablamos de datos muy detallados de más de 50 millones de individuos, que se tradujeron en 30 mil mensajes dirigidos con precisión personal.
El problema parecía lejos, en otro hemisferio. Pero hace poco vimos indicios fuertes, a la vuelta de la esquina, en las elecciones brasileñas. Miles de números celulares fueron recolectados y utilizados para dirigirles mensajes equívocos o derechamente falsos, y así inclinar la balanza electoral. Para Chile, esperar es una bomba de tiempo.
Tenemos al frente una seria amenaza a los procesos electorales y a nuestra democracia. Y no tenemos las más mínimas herramientas para enfrentarlas. Si se abusa masivamente de datos personales para mensajes microdirigidos en una elección, no tenemos cómo combatirlo. No podremos prevenirlo, no podremos detenerlo mientras ocurra, y no tendremos cómo castigarlo, luego de que ocurra.
No es admisible que la mentira y la desinformación dominen nuestras decisiones.
Chile no puede permitirse esa amenaza a su democracia. No podemos llegar a un nuevo proceso electoral, sin las garantías de que los datos personales no serán usados como botín político.
No podemos llegar a la próxima elección presidencial y parlamentaria sin una nueva ley de protección de datos que nos dé herramientas para evitar procesos abusivos. Urgimos a la autoridad a tomar cartas en el asunto.
Chile merece una legislación que adopte los mejores estándares en esta materia. El país puede y debe tomar el liderazgo regional y mostrar que no solo llevamos la delantera en penetración de internet, sino en la regulación que debe acompañar la cuarta revolución industrial. Chile debe aprobar el proyecto de ley actualmente en el Senado.
El país debe suscribir el convenio 108+ del consejo de Europa, para que nuestro sistema se articule globalmente. Y el país debe obtener el reconocimiento de país adecuado por la Unión Europea, lo que nos permitirá libre flujo de datos con ese bloque económico.
Con estas herramientas nuestro país puede convertirse en la bisagra, en el articulador desde américa para mundo de las Economías Asia Pacífico y Europa.
El sistema CBPR de Asia Pacífico, y el GDPR europeo, lejos de ser contradictorios, son sistemas que pueden conversar.
Chile puede dar señales regionales en esta materia. Por ello es clave mirar muy de cerca lo que hizo Japón y lo que está haciendo Corea del Sur. Ese es el camino que debemos seguir. Y, por cierto, confiamos en que la coherencia de nuestra misión prime, y en que sea esta organización, el Consejo para la Transparencia, con sus aprendizajes y trayectoria, quien garantice a los ciudadanos chilenos la protección de sus datos personales.
Resumiendo:
Poder, voz y protección. Tres garantías que hemos buscado materializar para nuestros compatriotas.
Poder, voz y protección. Tres vocaciones a las que hemos consagrado nuestros esfuerzos como Consejo.
Poder, voz y protección. Tres expresiones imprescindibles de la soberanía popular.
¿Adónde nos ha llevado esta ruta? ¿Qué es hoy, después de 11 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Consejo Para la Transparencia?
Hemos tenido saltos muy relevantes en solicitudes realizadas y amparos y reclamos presentados ante el Consejo en el último año.
Más de 207 mil solicitudes de información solo en el 2018. Más de 2000 amparos adicionales en un solo año. En enero del 2018 se presentaron aproximadamente 450 amparos de la información ante el consejo.
Un año después, en el mismo mes, la cifra superó los 1000 amparos
Esto ha convertido a Chile en el país con el sistema de transparencia más intensamente usado en el mundo.
Tenemos tasas de solicitudes de información más de cinco veces superiores a México, más de diez veces superiores al Reino Unido.
Somos el Consejo para la Transparencia más demandado por la ciudadanía en el mundo, con más del triple de reclamos per cápita que nuestros pares de Inglaterra y casi cuatro veces más que nuestros colegas mexicanos. Eso habla de la credibilidad del sistema, y confianza ciudadana en el Consejo para la Transparencia.
Ese peso institucional nos permite incidir en los debates sobre probidad y rendición de cuentas, así como sobre protección de datos personales. Y esa capacidad de incidir ha tenido frutos en Chile y en el mundo.
Como reconocimiento a la labor de este Consejo, fuimos propuestos por colegas de Alemania y Suiza para la vicepresidencia del grupo de expertos en integridad y anticorrupción de la OCDE y luego ratificados por unanimidad.
Si les comento esto no es por florearnos sino para mostrar que el trabajo colectivo de este Consejo ha rendido frutos. El propio Banco Mundial ha solicitado la asesoría del Consejo para la Transparencia de Chile en materias de accountability y acceso a la información, así como el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, hemos hecho de nuestra misión un tema común.
Y si nuestra misión hasta este momento había sido fomentar una cultura de la transparencia, hoy la hemos redefinido en torno al fortalecimiento de la democracia a través de la rendición de cuentas y el control social.
Porque ya no son rasgos culturales, sino un nuevo mínimo civilizatorio.
Y este Consejo hoy apunta más lejos. Hemos ido pavimentado rutas que otros, en lo sucesivo, deberán transitar para llegar cada vez más lejos.
Confiamos en que sea una realidad el impulsar estándares de transparencia también en la empresa privada,
especialmente en las que reciben fondos públicos, en el sector extractivo, las Universidades o las ONG.
Confiamos en que se materialicen las necesarias reformas a la Ley del Lobby que permitan, entre otras cosas, algo básico: regular a quien hace lobby.
Confiamos en lograr un sistema integral de transparencia, que articule programas, normativas y fiscalización
vinculados con rendición de cuentas.
Creemos que la mejor solución para chile es tener una sola vara en materia de transparencia para todo el estado.
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Queridos amigos, queridas amigas,
La democracia no es un modelo electoral de aplicación periódica. Es un modo de convivencia para los ciudadanos entre sí y con sus autoridades e instituciones.
Y este Consejo tiene, dentro de esa democracia, una de las tareas más inspiradoras: acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en su camino de empoderamiento, exigencia y vigilancia permanente de todos los actos públicos, como mandante legítimo y único.
Agradezco el privilegio de haber encabezado un Consejo para la Transparencia republicano, incidente y convocante que ha sido capaz de acercarse a las personas, abriendo espacios de confianza para construir la legitimidad informada y empoderada que requerimos.
Sabemos que, una vez abierta la puerta de la transparencia, no es posible volverla a cerrar. Que con esa llave es posible también vehiculizar la exigencia y el cumplimiento de otros derechos: la igualdad ante la ley, el justo trato, la no discriminación, entre muchísimos otros.
Decía Walter Lippmann que “la sociedad moderna no es visible para nadie, ni inteligible continuamente en su totalidad”.
Pero creo que esta imposibilidad de la visión total, no puede ser obstáculo para apostar siempre por ampliar los espacios de visibilidad y comprensión en nuestra democracia.
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Amigas y amigos.
Agradezco al Consejo Directivo, a Gloria de la Fuente, Francisco Leturia y Jorge Jaraquemada. La diversidad de miradas no ha impedido alcanzar consensos para tomar decisiones a veces difíciles, y actuar con audacia cuando las circunstancias lo exigían.
La diversidad de miradas, lejos de ser un obstáculo, contribuyó a decidir modernizar nuestra institucionalidad y a reestructurarla profundamente, de modo que esté preparada para los desafíos futuros.
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Agradezco a cada funcionario y funcionaria del Consejo, por ponerse la camiseta de la defensa de sus compatriotas.
Agradezco al equipo que más cercanamente me apoyó en esta presidencia, a José Ruiz, a Emilio Espinoza, a Andrea Ruiz y a sus equipos. Mis respetos como profesionales y mi agradecimiento por su compromiso.
Sobre todo, relevo a los cientos de miles de personas que han presentado una solicitud de acceso a información pública, un reclamo o participaron en nuestros diálogos ciudadanos. Han contribuido, con su mirada y su actuar, al perfeccionamiento de los estándares de nuestra convivencia cívica.
Nunca el derecho a la información había llegado tan lejos ni había sido tan transformador. Nunca la democracia contó con tantas herramientas para mirarse a sí misma, para perfeccionarse y llegar más lejos.
Como servidor público, esas posibilidades me emocionan.
En La gran novela latinoamericana, Carlos Fuentes decía que el pasado se llama Memoria y el futuro se llama Deseo. Que el deseo es una forma de necesidad: construimos lo que deseamos.
Y nuestra recompensa, dice Fuentes, es el asombro. Somos el asombro del ayer. Pero, también en materia de Transparencia, el deseo de hoy es esencial para la construcción de nuestra democracia y para el asombro del mañana.
Muchas gracias.
Como una manera de concienciar a funcionarios públicos sobre la relevancia de dar respuesta a peticiones realizadas por la ciudadanía y a la población en general de la relevancia de ejercer el derecho de acceder a la información de entidades del Estado, esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CLPT), Marcelo Drago, junto a la Ministra Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, y al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, destacaron la solicitud un millón para acceder a información de organismos públicos.
El hito comunicacional se realizó en el municipio de Santiago dado que ésta es la municipalidad más solicitada, es decir, que más requerimientos de este tipo vía Ley de Transparencia recibe de la totalidad de municipios a nivel nacional, de acuerdo a cifras del CPLT. La entidad, asimismo, ocupa el puesto 12° del ranking nacional de todo tipo de organismos públicos.
El titular de Transparencia, Marcelo Drago, aprovechó la oportunidad para destacar no sólo el 1 millón de solicitudes de acceso a la información recibidas a nivel nacional (con más de 207 mil sólo en 2018), sino además el nivel de penetración que el sistema de transparencia chileno ha alcanzado en el país, lo que le ha valido su reconocimiento internacional, incluyendo instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El país puede estar orgulloso de tener el sistema de transparencia más intensamente utilizado por la ciudadanía en el mundo”. Y agregó: “Esta solicitud un millón luego de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, representa ese hito. Tenemos cuatro veces más solicitudes de información per cápita que México, 10 veces más que Inglaterra, que son los referentes internacionales en la materia y que partieron mucho antes que nosotros”, subrayó.
Drago explicó que se eligió al Municipio de Santiago para esta actividad no sólo porque es la municipalidad que recibe más de este tipo de requerimientos a nivel nacional, sino porque el municipio es “la primera entrada a la ciudadanía ante el Estado. Son los municipios justamente los que más solicitudes de información reciben en Chile”.
En la oportunidad, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, comentó la particularidad del municipio que lidera: “En Santiago destacan muchas cosas y una vez más somos las top one en recibir solicitudes de transparencia. Un 20 por ciento por escrito y el otro 80 por ciento restante digitalmente en Internet, se responden todas, dentro de los plazos legales. Tenemos un Municipio de puertas abiertas, donde la ciudadanía se ha empoderado y se ha empoderado para bien y requiere información”.
En tanto la ministra de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, reconoció el trabajo de la Municipalidad de Santiago y particularmente del Consejo para la Transparencia, subrayando que: “Este millón de ciudadanos que han consultado en distintos estamentos del Estado -nacional, regional, local- a sus autoridades para poder tener una respuesta significa que la Ley de Transparencia fue una buena solución para fortalecer la democracia”.
La cifra de 1 millón de solicitudes se obtuvo a partir del registro del CPLT desde 2009 y hasta abril de 2019, y proyecciones de este tipo de requerimientos entre 2009 y 2012, período en el que sólo existían las cifras recogidas de un reporte generado por la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) que no incluía a los municipios.
Una serie de actividades precisas orientadas a elevar el cumplimiento de obligaciones de la Ley de Transparencia y de otras legislaciones como la normativa en materia de conflictos de interés, regulación de actividades de Lobby y otras acciones en distintos ámbitos vinculados con la probidad, entregará el Consejo para la Transparencia (CPLT) a Carabineros de Chile en el marco de una colaboración con la policía uniformada suscrita hoy vía convenio entre ambas instituciones.
El titular del Consejo, Marcelo Drago, detalló que esta iniciativa tiene un carácter eminentemente preventivo “que busca que se cumplan ciertos estándares que eviten que en el futuro situaciones irregulares”. Lo anterior dado que, como explicó el representante del Consejo, “a través de estas herramientas se van aplicando mejor las reglas que existen mejorando los estándares más allá de la ley. Esto implica que los procesos más críticos de la institución puedan tener las herramientas para evitar lo que sucedió en el pasado”.
Asimismo, comentó que la entidad que preside “va a sugerir una serie de medidas específicas, y esperamos que Carabineros las implemente en un plazo determinado y vamos a ir evaluando cómo se van implementando”.
Drago celebró la actitud de Carabineros, que decidió suscribir un acuerdo al cual no está obligado por la normativa vigente, e insistió en que está demostrado estadísticamente el impacto positivo que tiene para las entidades en general el aumento del control ciudadano.
“Nuestros estudios arrojan que hay un efecto directo en materia de confianza en las instituciones públicas cuando la ciudadanía se involucra usando las reglas de la transparencia. Por lo tanto, es un efecto no sólo deseado sino que a nuestro juicio probado estadísticamente. A veces son sacrificios que hacen las instituciones en pos de un bien común para el país, que es tener una institución policial fuerte, respetada por todos los ciudadanos cumpliendo su misión constitucional con la mirada atenta de toda la ciudadanía”, espetó el titular de Transparencia.
En tanto, consultado sobre los efectos que este convenio puede conllevar para la institución, el general director de Carabineros, Mario Rozas, afirmó: “Indudablemente que esto nos va a permitir un diagnóstico, transparentar todos nuestros procesos, ver dónde estamos fallando y finalmente las buenas prácticas para poder avanzar en la entrega oportuna y veraz digamos de todo lo que nos pida la comunidad vía Transparencia”.
Finalmente, el máximo representante del CPLT, enfatizó en que “estas herramientas de prevención se implementen, porque en definitiva ayudan no sólo a combatir las situaciones que puedan darse en el futuro, sino a evitar que sucedan”.
El titular del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valoró la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público, tras ser consultado por los efectos en la imagen e impacto en ambas instituciones derivadas de las denuncias que afectan a algunos de sus funcionarios, sin embargo subrayó que esperaba medidas contundentes “para dar señales claras a la ciudadanía”
“Las instituciones tienen que ocupar sus herramientas y mecanismos para enfrentar este tipo de circunstancias. Creemos que este es el caso, justamente. Y esperamos que se tomen las medidas más contundentes para dar señales claras a la ciudadanía de que el camino correcto es el de la transparencia y la probidad”, afirmó.
Control de fiscales
Respecto de una de las polémicas abiertas respecto del control de los fiscales, el titular de transparencia comentó que: “Esto es una situación de los pesos y contrapesos que tiene la República que es permanente, quién controla a los que controlan. Y creo que se deben buscar distintas alternativas, es legítimo un debate en estas materias, puede ser el Parlamento, como puede que no, es parte de las fórmulas que debemos encontrar institucionalmente para que los controles externos sean validados”.
A juicio del Presidente del Consejo, este tipo de situaciones son “una señal compleja para la ciudadanía, pero lo importante es que sabemos que están sucediendo ese tipo de cosas, lo que es positivo en sí -tenemos que ver cuántos años sucedió lo que sucedió en esa región-, pero es bueno que salga a la luz y que las instituciones se hayan desplegado para detenerlo que estaba pasando y tomar medidas al respecto. En definitiva, ocupar los mecanismos institucionales para enfrentar esta situación. Creo que desde ese punto de vista estamos en el camino correcto”.
Este mes de abril el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó nuevamente al Ejército de Chile la entrega de información que fue denegada por la entidad tras ser requerida vía Ley de Transparencia. (más…)
Se trata del primer organismo que forma parte del Ejecutivo que implementará prácticas que van más allá de la ley en estos ámbitos. (más…)
Con el objetivo principal de elevar los estándares de transparencia y asesorar en la materia al Poder Legislativo, este martes 16 de abril el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, suscribió un convenio de colaboración con Paulina Núñez, quien lidera la Comisión Bicameral de Transparencia, que reúne a representantes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El titular del CPLT afirmó tras la actividad que “el convenio que hemos suscrito con la Comisión Bicameral de Transparencia apunta a poner a disposición del Congreso Nacional la expertiz del Consejo para la Transparencia en materia de acceso a la información pública, transparencia activa y pasiva y las buenas prácticas, además de implementar mejores estándares internacionales y sobre todo nacionales en esta materia”.
El acuerdo, según se explicó, implica que el Consejo elaborará un diagnóstico y una propuesta que incluye acciones concretas para elevar estándares de transparencia y acceso a la información vinculada a ambas cámaras. “Creo que a 10 años del Consejo para la Trans
parencia se han desarrollado y perfeccionado estándares que se utilizan en todo el Estado y poder sentarnos a trabajar con un poder del Estado sobre el cual, por cierto, no tenemos facultades, sino que voluntariamente, por medio de este convenio podemos transmitir nuestra expertiz, creo que es un paso importante para fortalecer las instituciones públicas”, subrayó Drago.
La diputada y presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia en el Congreso Nacional, planteó como uno de los objetivos de esta acción “que toda nuestras políticas públicas y nuestro accionar en materia de transparencia y probidad mejore”. Además, destacó “que hoy día es clave avanzar con las propuestas que el Consejo haga y no estar nosotros mismos siendo juez y parte”.
Pese a que el CPLT no tiene facultades sobre el Poder Legislativo, este convenio permitirá un trabajo conjunto con el Parlamento para promover de manera activa buenas prácticas en transparencia y avanzar en acciones que permitan aumentar el acceso a la información de parte de
la ciudadanía. Se busca entonces elevar una serie de estándares que son evaluados por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que se aplica bianualmente a los parlamentos, con miras a la medición de 2020.
El mencionado índice de transparencia en el poder legislativo se divide en cuatro dimensiones: normativa, labor del poder legislativo, presupuesto y gestión administrativa y participación ciudadana. Su objetivo es ser una herramienta de medición periódica, independiente y objetiva acerca de la existencia de estas dimensiones.
El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, desarrolló una intensa agenda en Estados Unidos que contempló reuniones con diversas autoridades de organismos del área económica con influencia global. El objetivo de estos encuentros, entre otros, fue difundir aspectos del modelo de transparencia chileno y presentar el estado del marco regulatorio de protección de datos personales en nuestro país en el contexto de un flujo transfronterizo de datos. (más…)
