Este viernes el Consejo para la Transparencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE – desarrollaron, en el marco del convenio de colaboración que mantienen, una nueva jornada de capacitación a cerca de 150 funcionarios y funcionaras encargados de las unidades de transparencia de organismos públicos de la Región de Valparaíso.

Estas iniciativas, que se están desarrollando a lo largo de todo el país, buscan mejorar las prácticas de los funcionarios y funcionarias en relación al rol que estos desempeñan en el acceso a información de la ciudadanía.

“Solo el 2023, el Portal de Transparencia del Estado recibió más de 7,5 millones de visitas, lo que refleja la avidez de la ciudadanía para acceder a alguna información de los distintos organismos públicos. Por ello, es fundamental que los funcionarios públicos que se encargan de mantener la información disponible y de contestar las solicitudes de información específicas que tengan las personas estén en constante perfeccionamiento de sus capacidades y conocimientos. Por ejemplo, estar al día con los cambios y obligaciones que estamos implementando en materia de transparencia activa, a través de nuestra nueva instrucción general, es necesario para que los funcionarios puedan entregar un mejor servicio en sus labores diarias,” señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.

Por su parte, el encargado de la Unidad Regional de Valparaíso, Nicolas Vallejos, añadió: “Para nosotros la transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para una gestión pública eficiente y cercana a la ciudadanía. Es por ello que, mediante esta alianza con el Consejo Para la Transparencia, entregamos apoyo técnico y asesoramiento a través de capacitaciones, talleres y otras actividades a los funcionarios y funcionarias. De esta manera, estamos trabajando en mejorar la calidad de la información disponible para la ciudadanía y, en consecuencia, fortaleciendo la confianza en las instituciones gubernamentales”.

En la oportunidad, se abordaron especialmente los nuevos estándares de publicación que rigen desde le entrada en vigor de la nueva Instrucción General de Transparencia Activa del CPLT para todos los servicios públicos fiscalizados bajo la Ley de Transparencia.

En otra línea, se evaluaron las gestiones de solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos y los participantes tuvieron espacio para consultas y dudas.

Estas capacitaciones forman parte de la labor conjunta y el compromiso del Consejo para la Transparencia y la SUBDERE para promover la transparencia y el acceso a la información pública en los servicios públicos del país, las cuales ya se han desarrollado en otras regiones de Chile como O’Higgins, Los Lagos, Magallanes, entre otras.

 

El Consejo para la Transparencia cumplió 15 años de vida. La corporación que vela por garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública, fiscalizar a los órganos de la Administración del Estado y aplicar las sanciones que corresponden, está de aniversario.

Para la ocasión, el ente rector de la transparencia en el país organizó, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo – SUBDERE -, el seminario internacional “Transparencia e Integridad en la Gestión Pública”. En la instancia se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones estatales y sobre la cultura de la transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La instancia incluyó presentaciones de dos figuras de talla mundial en la materia. En primer lugar, Bruce Ackerman; abogado estadounidense, académico de la prestigiosa Universidad de Yale, autor de diversos libros y uno de los constitucionalistas más influyentes del mundo, quien presentó acerca de los desafíos para la integridad del Estado. Además, la actividad contó con la presencia de Manuel Villoria, catedrático español de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y reconocido internacionalmente por sus textos y artículos relacionados con corrupción, probidad y transparencia.

Para Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, “este encuentro que convocó a buena parte de los encargados de transparencia de los servicios públicos del país forma parte esencial de la misión de nuestra corporación: el capacitar, visibilizar y debatir sobre transparencia y probidad en las instituciones públicas, un trabajo que hacemos a diario a largo de Chile y que en nuestro aniversario número 15 queremos relevar. Y qué mejor que hacerlo con la experiencia de profesores tan reconocidos en la materia a nivel mundial como Bruce Ackerman y Manuel Villoria”.

El seminario contó además con la presencia de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; la Contralora (S) de la República, Dorothy Pérez; José Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile; y de nuestros consejeros Natalia González y Roberto Munita.

 

EL CPLT en cifras

El portal de Transparencia, la ventanilla que centraliza los ingresos de las solicitudes de acceso a la información (SAI), la interposición de amparos y reclamos y la consulta de transparencia activa, ha sido fundamental en la implementación y masificación de la Ley de Transparencia, y el 2023 fue consultada en 7,5 millones de ocasiones por la ciudadanía. Sin embargo, en los 15 años de vida del CPLT, esa cifra llega a 40 millones. “Esto refleja una avidez creciente de la ciudadanía por información”, sumó el titular del CPLT, Bernardo Navarrete.

En cuanto a amparos y reclamos, en 2023, los casos presentados ante el CPLT fueron 13.782, lo que significa un aumento de más del doble en 5 años, si se compara con los ingresados el año 2018. Respecto a los procesos sancionatorios por infracciones a la Ley de Transparencia, se iniciaron cerca de 600 entre 2013 y 2023. Finalmente, si se considera el mismo período de tiempo, el 2013 se capacitó a 881 personas (funcionarios y ciudadanos), cifra que en 2023 ascendió a más de 12.500.

Todos estos datos evidencian un alza en el uso de las herramientas que entrega la Ley de Transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, el CPLT aún tiene muchos desafíos por delante. “Debemos proteger la autonomía del CPLT; incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales; incorporar nuevos sujetos obligados, especialmente, entidades de derecho privado que reciben fondos públicos, entre otras materias. Hacía allá tenemos que avanzar en los próximos 5 años en un servicio clave para nuestra democracia. No hay que olvidar que gracias a la transparencia se han podido descubrir muchos de los casos de corrupción que el país ha sufrido. No esperemos que llegue otro que nos lo recuerde”, cerró Navarrete.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, asistió a la clausura de la I Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, celebrada en la sede de la Real Academia Española (RAE), en Madrid, España.

En la ocasión, que contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, se presentó la Red y se destacaron las conclusiones de la Convención, la cual reunió a académicos, personalidades destacadas, representantes de instituciones y expertos en lenguaje claro de diversos países hispanoamericanos.

El titular del CPLT destacó la importancia de promover la claridad y transparencia en la comunicación, resaltando el compromiso del CPLT en fomentar el uso de un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos en nuestro país.

En una nueva jornada de la Escuela de Capacitación del Consejo para la Transparencia, cerca de 1700 funcionarias y funcionarios públicos de todo el país participaron de la instancia.

El área de formación del Consejo para la Transparencia gestiona estas iniciativas que permiten participar a funcionarios de distintas partes del país, incluido Chile insular y continental.

Las capacitaciones del CPLT revelan el compromiso por promover la transparencia y el acceso a la información pública en todo el país. Éstas son un espacio de aprendizaje y reflexión, donde los trabajadores públicos puedan fortalecer sus conocimientos en transparencia activa, y compartir experiencias con el fin de mejorar la gestión en la entrega de información pública a los ciudadanos.

Estas actividades seguirán realizándose durante todo el año.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, representó a nuestro país en el Encuentro anual de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 2024, que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia. En la ocasión, la RIPD destacó a Chile como líder a nivel mundial en el debate de neuroderechos, neurotecnología y neurodatos.

El titular del CPLT explicó la situación de nuestro país en esta materia, detallando que desde 2021 está regulada en la Constitución Política de la República, la cual establece que “se asegura que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La normativa regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”. Asimismo, actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre neuroderechos que busca materializar la protección constitucional en la materia. “Tanto la modificación a la Constitución el 2021 como este proyecto de ley fueron impulsados por el exsenador Guido Girardi y nacieron en el contexto del evento Congreso del Futuro”, puntualizó Navarrete.

Sin embargo, el representante chileno añadió que “sin perjuicio de los avances que suponen los neuroderechos, hay debate al respecto. Existen académicos que observan inconvenientes en el proyecto de ley, porque su aprobación generaría una posible duplicidad de derechos o una devaluación de los ya existentes”. Además, advirtió que “el avance que significó la reforma constitucional no se refleja en el proyecto de ley sobre neuroderechos que ingresó el 7 de octubre de 2020 y hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, donde está desde diciembre de 2021”.

En su ponencia, Bernardo Navarrete, reveló además la escasa discusión que existe en los medios de comunicación acerca de esta materia. “Los neuro-derechos en la prensa entre los años 2019 y 2024 arrojaron solo 101 noticias en los 5 medios digitales más leídos de nuestro país”.

Por último, el presidente del CPLT, expuso el caso “Girardi con Emotiv Inc” conocido recientemente por la Corte Suprema de Chile que alimentó el debate de los neuroderechos en nuestro país. La controversia tuvo por objeto la compra de un dispositivo “Insight” de electroencefalografía, respecto del cual se polemizó que el tratamiento de información cerebral conllevaba riesgos de re identificación de datos anónimos, hackeo y vigilancia digital, entre otros. Ello, según se argumentó, vulneraba las garantías constitucionales de una persona. Así, la justicia resolvió que la empresa Emotiv debía modificar las políticas de privacidad para proteger datos cerebrales, abstenerse de comercializar el producto mientras no se modifiquen las políticas, eliminar los datos cerebrales almacenados y adoptar todas las medidas para restablecer el imperio del derecho.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, está representando al país en el 26° Encuentro de la RTA – Red de Transparencia y Acceso a la Información – que se está desarrollando en Brasilia, Brasil.

En la oportunidad, en que estuvo además el consejero del Consejo para la Transparencia, Roberto Munita, nuestro país hizo un balance de su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la instancia internacional. En ella destacó los grandes avances que han significado para la región la implementación de las leyes de transparencia y la labor de los órganos garantes integrantes de la RTA.

Sin embargo, Navarrete sostuvo que “el principal desafío está en identificar dónde hay espacios de mejora; cuáles son nuestras brechas y en qué ámbitos debemos aumentar nuestros esfuerzos para mejorar el impacto de las políticas de transparencia y el trabajo de los órganos garantes. Además, debemos explorar si el derecho de acceso a la información está siendo útil a los ciudadanos para ejercer sus derechos y para evaluar las políticas públicas que les afectan. Asimismo, un desafío ineludible es construir mecanismos para evaluar la implementación de las políticas de transparencia y protección de datos en nuestros países y levantar evidencia que nos permita tomar decisiones”.

Además, el titular del órgano rector de la transparencia en Chile resaltó que uno de los principales valores que tiene esta red, es que ha permitido a los órganos garantes del derecho de acceso a la información que son miembros conocer y aprender de las realidades de sus pares. Navarrete destacó la heterogeneidad de estos en aspectos tales como el contexto nacional en que desarrollan sus funciones (países grandes y pequeños; federales y unitarios), su organización institucional (órganos autónomos o dependientes del poder ejecutivo; unipersonales o colegiados; con o sin facultades sancionatorias); y su forma de hacer las planificaciones estratégicas. Agregó que “estos aprendizajes nos permiten, por ejemplo, sacar ciertas conclusiones. Una de ellas, es que la evidencia muestra preliminarmente que no necesariamente hay una relación inversamente proporcional entre transparencia y corrupción, en el sentido de que a mayor transparencia menor percepción de corrupción. Basta con ver los casos de países como México y Honduras”.

Por último, el Pdte. del CPLT, añadió que la RTA permite comparar evidencia de las distintas realidades de sus miembros. Por ejemplo, se puede comparar la información que se obtiene a través de los portales de transparencia; las plataformas y metodologías de promoción y formación en derecho de acceso a la información pública; las sanciones por vulneraciones a la normativa de transparencia y acceso a la información, entre otros.

En esta instancia, el Consejo para la Transparencia rindió cuentas de su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información por el período de 4 años en que lo ejerció, entre 2021 y 2024.

El titular del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se reunió junto al Presidente subrogante del Tribunal Constitucional, ministro José Ignacio Vásquez. Más tarde, se sumaron a la instancia protocolar, los ministros y ministras María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Daniela Marzi, Raúl Mera, Héctor Mery y Marcela Peredo.

En la oportunidad, las autoridades dialogaron acerca del rol que cumplen ambas instituciones y sobre la importancia y lo clave de la transparencia en nuestro país.

Además, el titular del CPLT les detalló a los ministros el trabajo que se está haciendo a nivel municipal a lo largo del país con el fin de incentivar la discusión interna sobre la percepción de riesgos relacionados a corrupción en esas entidades.

“A partir de un oficio que el Consejo para la Transparencia le envió a la Contraloría General de la República, se identificaron 252 resoluciones exentas sobre procesos disciplinarios a alcaldes iniciados y finalizados durante los años 2014 y 2023, con más de 170 jefes comunales investigados”, aseveró el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, en una clase magistral realizada en la Universidad Autónoma de Talca.

En la instancia, donde participaron alumnos, académicos y autoridades del plantel universitario, el titular del CPLT, planteó que, en materia de percepción internacional y nacional sobre corrupción, el caso chileno es particular. Esto, según dijo, se refleja en que, si bien a nivel mundial nuestro país es reconocido con bajos índices, a nivel local el panorama es distinto. “En el contexto internacional Chile muestra indicadores comparables a países como Dinamarca, Alemania y Suecia. Además, se distingue favorablemente dentro de los países de la región.  Incluso, en materia de rendición de cuentas, Chile muestra un desempeño comparable al de naciones como Gran Bretaña, Alemania y Suecia, superando ampliamente a sus vecinos. Sin embargo, a nivel local, todas las encuestas disponibles revelan aumentos en los niveles de percepción de corrupción entre los encuestados”, indicó Navarrete.

En cuanto a los municipios, el presidente del Consejo para la Transparencia, detalló que si bien según los datos del CPLT en cuanto a fiscalizaciones en transparencia activa (información que los servicios públicos debe tener publicados en sus sitios electrónicos de manera clara y oportuna) han mejorado significativamente, varios otros indicadores evidencian un panorama negativo. Por ejemplo, solo un 19% de estas entidades cuentan con códigos de ética, lo que refleja las dificultades de implementación de los sistemas de integridad al interior de estas. Además, puntualizó que, según un diagnóstico de la SUBDERE, el promedio anual municipal de integridad y probidad en los últimos cinco años ronda solo el 27% de cumplimiento.

En una mirada a la teoría, Navarrete presentó en la conferencia como una de las causas que explican la corrupción en los servicios públicos, el denominado “Dilema del Prisionero”. Éste relata que en situaciones donde varios administradores pueden beneficiarse de la corrupción, pueden enfrentar un dilema similar a la de un prisionero. Esto, ya que cooperar, es decir, mantenerse honestos, es lo mejor para el grupo o la sociedad, pero traicionar o ser corrupto puede ser lo mejor para el individuo, especialmente si otros también eligen ser corruptos. Tras ello, el titular del CPLT sintetizó la hipótesis planteando interrogantes a la audiencia: “¿Cuál es entonces el costo – beneficio de mantenerse honesto y acusar, frente a ser corrupto y mantener silencio? ¿Si otros son corruptos y no han tenido castigo, por qué yo no puedo serlo?”.

Al finalizar, Bernardo Navarrete comentó el trabajo en terreno que está realizando el CPLT a lo largo del país con alcaldes y directivos municipales, con el fin de incentivar la discusión interna en base a matrices de percepción de riesgos de corrupción al interior de las direcciones de cada municipalidad. Este modelo ya se ha implementado en más de 10 comunas del país.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, llegó hasta Temuco, en la región de la Araucanía, ocasión en que dictó una charla magistral en la Universidad Católica sobre “Transparencia e Innovación Pública en Chile: Desafíos para la Administración Pública”.

El titular del ente rector de la transparencia en el país señaló, dentro de su presentación, algunas cifras de interés. El Portal de Transparencia del Estado, herramienta clave para la labor del CPLT, fue creado el 2013 y administrado por este desde un inicio, y ha sido fundamental en la implementación de la Ley de Transparencia. Ello por cuanto es una ventanilla en la que se centraliza el ingreso de SAI, amparos, reclamos y en la que se puede consultar transparencia activa, que no siendo de uso obligatorio para los órganos del Estado a los que les aplica la Ley de Transparencia, es usada por la inmensa mayoría de estos. “De hecho, el año 2023 fue visitada en más de 7,5 millones de ocasiones, cifra que alcanza los más de 40 millones si se considera desde la fecha de su creación en 2013”, enfatizó Navarrete.

Además, el titular del CPLT profundizó en la relación existente entre transparencia y corrupción, pasando a abordar la corrupción municipal que está acechando en nuestro país con una serie de denuncias conocidas en los últimos años. En ese aspecto, explicó a la audiencia la fórmula de uno de los académicos más influyentes en estudios sobre corrupción, Robert Klitgaard. El autor de diversos textos y libros sobre la materia sostuvo en 1988 que: Corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia. “Es posible pensar en ella como un juego de probabilidades donde se evalúa el riesgo de ser descubierto en el acto de corrupción versus el beneficio personal que se podría obtener con el acto ilegal. Por ello, Klitgaard señala que la corrupción es un crimen de cálculo y no de pasión. Más transparencia aumenta en el cálculo el riesgo de ser descubierto ”, detalló el Pdte. del CPLT.

Navarrete cerró su presentación reiterando que el Consejo para la Transparencia – que cumplió en abril 15 años de existencia – y que tiene la misión de garantizar y promover el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública, fiscalizar los órganos de la Administración del Estado y aplicar sanciones que corresponda cuando se vulnera la Ley de Transparencia – ha realizado desde su creación más de 1700 capacitaciones, con casi 180 mil personas capacitadas a lo largo de todo el país.

La charla magistral del presidente del CPLT se enmarca dentro de la agenda de este año del Consejo que consiste, dentro de otras iniciativas, en estar en terreno en diversas capitales regionales y ciudades aisladas junto a alcaldes, funcionarios públicos, encargados de transparencia, académicos, estudiantes, entre otros, con el fin de incentivar la discusión interna sobre la percepción de riesgo de corrupción en distintos ámbitos del Estado.

La consejera del Consejo para la Transparencia, Natalia González, fue parte del seminario realizado por el Centro de Políticas Públicas, la Facultad de Gobierno y el Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica denominado ¿Qué podemos hacer para enfrentar la corrupción en Chile?

En la oportunidad, la abogada y miembro del CPLT, realizó un análisis de la experiencia de los órganos reguladores y de la academia sobre la importancia de la gestión y evaluación de las políticas públicas en el marco de la estrategia nacional de integridad del Gobierno.

En este seminario, parte del ciclo “Corrupción, Ética e Integridad Pública”, participaron además, Andrea Repetto, directora de Gobierno UC; Valeria Lubbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia; Carlos Pavez, director unidad de Análisis Financiero del Gobierno; Cristián Pliscoff, director de Administración Pública UC y Alejandra Marinovic, académica del Instituto de Éticas Aplicadas UC.

En el marco de su plan de trabajo de este 2024, que consiste en estar en terreno en diversas capitales regionales y ciudades aisladas del país junto a alcaldes, directivos y encargados de transparencia municipales para incentivar la discusión interna sobre percepción de riesgos de corrupción y captura en las distintas unidades de un municipio, el presidente del Consejo para la Transparencia llegó hasta Rapa Nui, en la Región de Valparaíso.

En la oportunidad, el titular del CPLT realizó un taller sobre percepción de corrupción y captura junto al alcalde, directivos y otros funcionarios municipales cuya labor está vinculada a la transparencia, así como varias entrevistas relacionadas con la implementación de la Ley de Transparencia. Asimismo, se reunió con la Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui.

“La baja percepción que tienen los funcionarios municipales respecto de los riesgos de corrupción y captura por parte del crimen organizado, contrasta con la evidencia que nos dice que la seguridad es la primera preocupación de los chilenos y la corrupción la quinta. Esto nos preocupa y es por ello que debemos seguir recorriendo el país con el fin de incentivar esta discusión, ponerla en el centro del debate municipal, a fin de dotar a los funcionarios de las herramientas necesarias para reconocer estos riesgos y poder prevenirlos. No podemos tener una democracia sana con corrupción y captura en el aparato público. Desde el CPLT seguiremos abocados a esta tarea intensamente”, señaló el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.

En el taller, Navarrete presentó además los resultados preliminares de la medición de la percepción de riesgo que funcionarios de ocho comunas tienen de su municipalidad en cuanto a sufrir potenciales problemas de corrupción o captura por crimen organizado.  Este trabajo se ha hecho hasta el momento en Arica, Peñalolén, La Reina, Cabo de Hornos, Coquimbo, La Serena, Vicuña y se encuentra en desarrollo en Puente Alto.

En las comunas evaluadas el ejercicio reveló que un 87% de los funcionarios cree que hay bajo riesgo de captura por parte de bandas criminales en la municipalidad. Además, un 9% lo considera medio y un 4% alto. En tanto, en cuanto a los riesgos de corrupción, las cifras sufren algunas variaciones. El 72% de los trabajadores municipales considera que existe riesgo bajo de que exista, un 18% medio y solo un 9% lo considera alto.  “Esto implica que, dentro de las comunas observadas, hay una tendencia a percibir un menor riesgo de captura en comparación con la amenaza de corrupción”, señaló Bernardo Navarrete.

En cuanto de Rapa Nui específicamente, el ejercicio reveló que un 79% de los funcionarios y funcionarias de la municipalidad creen que hay un bajo riesgo de corrupción en las unidades municipales, un 21% lo considera medio y ninguno alto. “Estos números nos sugieren que en la Municipalidad de Rapa Nui tienen una baja percepción de riesgo de corrupción en comparación al promedio de las demás comunas evaluadas”.

En el detalle, las unidades que se perciben con mayores riesgos de corrupción y captura en la indicada municipalidad son: administración municipal, unidad de control y secretaría comunal de planificación (SECPLA).

 

 

El Consejo para la Transparencia desarrolló una exhaustiva fiscalización a 322 servicios públicos de la administración central Estado. El objetivo fue detectar presuntas infracciones en relación con la publicación de información transparencia activa, cuya divulgación es una obligación legal. Esto con el fin de ver el estado de cumplimiento que establece la Ley de Transparencia.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, sostuvo al respecto: “Esta es la primera investigación basada en nuestro modelo integrado de fiscalización. Esto quiere decir que se verificaron, tanto posibles infracciones en no disponibilidad y desactualización de la información. Aquí estamos hablando de un desde, todos debiesen tener 100% de cumplimiento en acceso a información pública. No tenerlas aumenta los espacios de sospecha y opacidad, lo que genera un daño a nuestra democracia. Seguiremos más fuerte que nunca con nuestro principal rol; esto es fiscalizar que las instituciones del Estados cumplan con la Ley de Transparencia”.

En la fiscalización el CPLT detectó un nivel de cumplimiento de un 87,1%, dos puntos más que en la última medición que fue el 2018, en la cual obtuvieron un 85%. En esta ocasión, en 84 organismos no se detectaron infracciones por no disponibilidad o desactualización de información, mientras que en los 238 restantes se encontró al menos una falta a la Ley de Transparencia.

Dentro de las faltas que se hallaron por no disponibilidad de información están: Sistema de Compras públicas (38,2%), Presupuestos asignados y ejecución (20,2%) y trámites ChileAtiende (21,1%), entre otras.

En tanto, en materia de desactualización de la información se encontraron fallos en: Actos y resoluciones con efectos sobre terceros (27,3%), contratos relativos a bienes inmuebles (16,8%), Personal de contrata (14,1) y personal de honorarios (14%), entre otros.