Enmarcado en la conmemoración de los 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, esta mañana se realizó el lanzamiento de dos publicaciones institucionales en las que se explica desde la perspectiva del uso que hace la ciudadanía de las herramientas de la Ley de Transparencia, cómo utilizar la normativa en beneficio de las personas.
Se trata de las ediciones de “Diez Años, Diez Casos” y “El Derecho de Acceso a la Información Pública como Derecho Llave”, libros que muestran experiencias reales de ciudadanos que usaron la Ley de Transparencia, ya sea para develar situaciones de corrupción o irregularidades y para ejercer derechos fundamentales como el derecho a vivienda, a educación, a salud, entre otros.
En la ocasión, el Presidente del Consejo para la Transparencia enfatizó en que en estos 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia se ha producido un cambio en el trabajo del sector público y de las autoridades: “hemos asumido como parte de nuestro trabajo contar con acceso a la información pública y obligaciones de transparencia por parte de los funcionarios del Estado y con un cierto derecho por parte de la ciudadanía”.
Refirió además al rol del Consejo en el uso cotidiano de la ley, el que como órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información pública promueve y garantiza la entrega de esta información.
La presentación de los libros estuvo a cargo de la periodista Francisca Skoknic, Directora Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y una de las profesionales detrás del robot “Labot” y de Pablo Flores, Director del Centro de Investigación de TECHO Chile.
Skoknic comentó aspectos una de las investigaciones periodísticas reunidas en “Diez Años, Diez Casos”, las que destaparon irregularidades y casos de corrupción por parte de medios de comunicación cuyos profesionales usaron herramientas de la Ley de Transparencia.
Con respecto a los cambios que el uso de la ley ha generado en esta década Skokinc apuntó a que “En términos de práctica periodística hay un antes y un después de la Ley de Transparencia, definitivamente”. “Había un intento de transacción de parte de muchas autoridades” la que se elimina a partir del uso de la normativa, indicó la periodista respecto del acceso a las fuentes de información pública.
En el caso de “El Derecho de Acceso a la Información Pública como Derecho Llave”, la publicación persiguió evidenciar cómo el uso de la Ley de Transparencia permite el acceso a información valiosa que permite abordar o resolver problemas cotidianos de la ciudadanía.
Este libro fue comentado por Pablo Flores, Director del Centro de Investigación de TECHO Chile, el que detalló que el uso de la normativa permitió a dicha entidad acceder a información que posibilitó la construcción de un catastro de campamentos a nivel nacional, tras darse cuenta que el último databa de 2011.
El representante de esta organización de la sociedad civil destacó de la experiencia del uso de la Ley de Transparencia como una herramienta para acceder a otros derechos y subrayó que esto permitió visibilizar una situación relevante para trasladarla a la política pública y mostrar la grave situación de vivienda en Chile. Apuntó al impacto de estas herramientas que “ayudan a organizaciones de la sociedad civil a reducir los costos de coordinación y “levantar temáticas que muchísimas veces escondemos debajo de la alfombra”, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas.
Más información en: https://www.consejotransparencia.cl/category_estudios/cuadernos-de-trabajo/
En la primera sesión del año 2019, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría de Economía, ordenando la entrega de la memoria de la Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión Ltda., Colún, omitiendo información de carácter comercial y datos personales que estén consignados en el documento.
La resolución del CPLT solicita tarjar entre otros contenidos los relativos a las ventas netas y desglosadas por agencias, exportaciones, niveles de recolección o recepción, cantidad de estanques y porcentaje de leche que reciben las plantas de procesamiento de la empresa, temas de investigación agraria, entre otros. Así también los datos personales e imágenes que permiten identificar a personas contenidas en el documento.
La solicitud de información presentada ante la Subsecretaría de Economía el 26 de junio de 2018 incluía tanto la memoria como los estados financieros de Colún, pero durante el proceso se evidenció que estos últimos estaban disponibles en la página web de la entidad. Con posterioridad y dado que el organismo público denegó la información sobre la memoria, el solicitante –en representación de la empresa Watt’s según informaciones de medios de comunicación- decidió presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia en septiembre del mismo año.
El documento requerido en este amparo se encuentra en poder de la Subsecretaría de Economía, específicamente en su Departamento de Cooperativas, en cumplimiento de una obligación normativa en el marco de sus acciones de fiscalización, constituyendo incluso una infracción el no envío de la memoria al referido Departamento y al CPLT durante el estudio del caso para el correcto ejercicio de las atribuciones de este órgano creado por la Ley de Transparencia.
La decisión del Consejo indica que podría constituir “una infracción el no envío de aquella al referido Departamento”. Lo anterior dado que la Ley General de Cooperativas, establece que constituirán infracción de las obligaciones establecidas en esta ley, entre ellas denegar la entrega de información al Departamento de Cooperativas cuando estos tengan facultades para solicitarlas.
En la presentación de Colún ante el CPLT, la entidad argumentó que la memoria contiene información que afectaría derechos de terceros y alegó causales de reserva establecidas en la Ley de Transparencia. Esto dado que el documento incluye datos relativos a la participación de sus socios, reparto de resultados, forma de distribuir el resultado, factores de distribución del remanente, valor de la cuota de participación, intereses pagados sobre el capital, entre otros antecedentes.
La decisión fue tomada de manera unánime por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su presidente Marcelo Drago y los consejeros Gloria de la Fuente, Jorge Jaraquemada y Francisco Leturia.
