• A 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia (CLPT, Marcelo Drago, participó en una actividad conjunta con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y el alcalde de Santiago en dicho municipio, entidad que concentra la mayor cantidad de estos requerimientos de los municipios existentes a nivel nacional.
• En el caso de las municipalidades, lo que más consulta la gente se vincula con subsidios y beneficios.

Como una manera de concienciar a funcionarios públicos sobre la relevancia de dar respuesta a peticiones realizadas por la ciudadanía y a la población en general de la relevancia de ejercer el derecho de acceder a la información de entidades del Estado, esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CLPT), Marcelo Drago, junto a la Ministra Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, y al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, destacaron la solicitud un millón para acceder a información de organismos públicos.

El hito comunicacional se realizó en el municipio de Santiago dado que ésta es la municipalidad más solicitada, es decir, que más requerimientos de este tipo vía Ley de Transparencia recibe de la totalidad de municipios a nivel nacional, de acuerdo a cifras del CPLT. La entidad, asimismo, ocupa el puesto 12° del ranking nacional de todo tipo de organismos públicos.

El titular de Transparencia, Marcelo Drago, aprovechó la oportunidad para destacar no sólo el 1 millón de solicitudes de acceso a la información recibidas a nivel nacional (con más de 207 mil sólo en 2018), sino además el nivel de penetración que el sistema de transparencia chileno ha alcanzado en el país, lo que le ha valido su reconocimiento internacional, incluyendo instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“El país puede estar orgulloso de tener el sistema de transparencia más intensamente utilizado por la ciudadanía en el mundo”. Y agregó: “Esta solicitud un millón luego de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, representa ese hito. Tenemos cuatro veces más solicitudes de información per cápita que México, 10 veces más que Inglaterra, que son los referentes internacionales en la materia y que partieron mucho antes que nosotros”, subrayó.

Drago explicó que se eligió al Municipio de Santiago para esta actividad no sólo porque es la municipalidad que recibe más de este tipo de requerimientos a nivel nacional, sino porque el municipio es “la primera entrada a la ciudadanía ante el Estado. Son los municipios justamente los que más solicitudes de información reciben en Chile”.

En la oportunidad, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, comentó la particularidad del municipio que lidera: “En Santiago destacan muchas cosas y una vez más somos las top one en recibir solicitudes de transparencia. Un 20 por ciento por escrito y el otro 80 por ciento restante digitalmente en Internet, se responden todas, dentro de los plazos legales. Tenemos un Municipio de puertas abiertas, donde la ciudadanía se ha empoderado y se ha empoderado para bien y requiere información”.

 En tanto la ministra de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), Cecilia Pérez, reconoció el trabajo de la Municipalidad de Santiago y particularmente del Consejo para la Transparencia, subrayando que: “Este millón de ciudadanos que han consultado en distintos estamentos del Estado -nacional, regional, local- a sus autoridades para poder tener una respuesta significa que la Ley de Transparencia fue una buena solución para fortalecer la democracia”.

La cifra de 1 millón de solicitudes se obtuvo a partir del registro del CPLT desde 2009 y hasta abril de 2019, y proyecciones de este tipo de requerimientos entre 2009 y 2012, período en el que sólo existían las cifras recogidas de un reporte generado por la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) que no incluía a los municipios.

• Titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, explicó que este trabajo incluye una auditoría a la policía uniformada y la entrega de un paquete de recomendaciones específico cuya implementación será monitoreada por el CPLT.

Una serie de actividades precisas orientadas a elevar el cumplimiento de obligaciones de la Ley de Transparencia y de otras legislaciones como la normativa en materia de conflictos de interés, regulación de actividades de Lobby y otras acciones en distintos ámbitos vinculados con la probidad, entregará el Consejo para la Transparencia (CPLT) a Carabineros de Chile en el marco de una colaboración con la policía uniformada suscrita hoy vía convenio entre ambas instituciones.

El titular del Consejo, Marcelo Drago, detalló que esta iniciativa tiene un carácter eminentemente preventivo “que busca que se cumplan ciertos estándares que eviten que en el futuro situaciones irregulares”. Lo anterior dado que, como explicó el representante del Consejo, “a través de estas herramientas se van aplicando mejor las reglas que existen mejorando los estándares más allá de la ley. Esto implica que los procesos más críticos de la institución puedan tener las herramientas para evitar lo que sucedió en el pasado”.

Asimismo, comentó que la entidad que preside “va a sugerir una serie de medidas específicas, y esperamos que Carabineros las implemente en un plazo determinado y vamos a ir evaluando cómo se van implementando”.

Drago celebró la actitud de Carabineros, que decidió suscribir un acuerdo al cual no está obligado por la normativa vigente, e insistió en que está demostrado estadísticamente el impacto positivo que tiene para las entidades en general el aumento del control ciudadano.

“Nuestros estudios arrojan que hay un efecto directo en materia de confianza en las instituciones públicas cuando la ciudadanía se involucra usando las reglas de la transparencia. Por lo tanto, es un efecto no sólo deseado sino que a nuestro juicio probado estadísticamente. A veces son sacrificios que hacen las instituciones en pos de un bien común para el país, que es tener una institución policial fuerte, respetada por todos los ciudadanos cumpliendo su misión constitucional con la mirada atenta de toda la ciudadanía”, espetó el titular de Transparencia.

En tanto, consultado sobre los efectos que este convenio puede conllevar para la institución, el general director de Carabineros, Mario Rozas, afirmó: “Indudablemente que esto nos va a permitir un diagnóstico, transparentar todos nuestros procesos, ver dónde estamos fallando y finalmente las buenas prácticas para poder avanzar en la entrega oportuna y veraz digamos de todo lo que nos pida la comunidad vía Transparencia”.

Finalmente, el máximo representante del CPLT, enfatizó en que “estas herramientas de prevención se implementen, porque en definitiva ayudan no sólo a combatir las situaciones que puedan darse en el futuro, sino a evitar que sucedan”.

• Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, destacó que independiente de las herramientas que usen las instituciones debe debatirse y definir los controles más adecuados para abordar esta crisis en la fiscalía de la sexta región.
• Valoró también que las instituciones hayan dado a conocer la situación que afecta al Poder Judicial en Rancagua.

El titular del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valoró la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público, tras ser consultado por los efectos en la imagen e impacto en ambas instituciones derivadas de las denuncias que afectan a algunos de sus funcionarios, sin embargo subrayó que esperaba medidas contundentes “para dar señales claras a la ciudadanía”

“Las instituciones tienen que ocupar sus herramientas y mecanismos para enfrentar este tipo de circunstancias. Creemos que este es el caso, justamente. Y esperamos que se tomen las medidas más contundentes para dar señales claras a la ciudadanía de que el camino correcto es el de la transparencia y la probidad”, afirmó.

Control de fiscales

Respecto de una de las polémicas abiertas  respecto del control de los fiscales, el titular de transparencia comentó que: “Esto es una situación de los pesos y contrapesos que tiene la República que es permanente, quién controla a los que controlan. Y creo que se deben buscar distintas alternativas, es legítimo un debate en estas materias, puede ser el Parlamento, como puede que no, es parte de las fórmulas que debemos encontrar institucionalmente para que los controles externos sean validados”.

A juicio del Presidente del Consejo, este tipo de situaciones son “una señal compleja para la ciudadanía, pero lo importante es que sabemos que están sucediendo ese tipo de cosas, lo que es positivo en sí -tenemos que ver cuántos años sucedió lo que sucedió en esa región-, pero es bueno que salga a la luz y que las instituciones se hayan desplegado para detenerlo que estaba pasando y tomar medidas al respecto. En definitiva, ocupar los mecanismos institucionales para enfrentar esta situación. Creo que desde ese punto de vista estamos en el camino correcto”.

Este mes de abril el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó nuevamente al Ejército de Chile la entrega de información que fue denegada por la entidad tras ser requerida vía Ley de Transparencia. (más…)

Se trata del primer organismo que forma parte del Ejecutivo que implementará prácticas que van más allá de la ley en estos ámbitos. (más…)

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Con el objetivo principal de elevar los estándares de transparencia y asesorar en la materia al Poder Legislativo, este martes 16 de abril el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, suscribió un convenio de colaboración con Paulina Núñez, quien lidera la Comisión Bicameral de Transparencia, que reúne a representantes de la Cámara de Diputados y del Senado.

El titular del CPLT afirmó tras la actividad que “el convenio que hemos suscrito con la Comisión Bicameral de Transparencia apunta a poner a disposición del Congreso Nacional la expertiz del Consejo para la Transparencia en materia de acceso a la información pública, transparencia activa y pasiva y las buenas prácticas, además de implementar mejores estándares internacionales y sobre todo nacionales en esta materia”.

El acuerdo, según se explicó, implica que el Consejo elaborará un diagnóstico y una propuesta que incluye acciones concretas para elevar estándares de transparencia y acceso a la información vinculada a ambas cámaras. “Creo que a 10 años del Consejo para la Trans

parencia se han desarrollado y perfeccionado estándares que se utilizan en todo el Estado y poder sentarnos a trabajar con un poder del Estado sobre el cual, por cierto, no tenemos facultades, sino que voluntariamente, por medio de este convenio podemos transmitir nuestra expertiz, creo que es un paso importante para fortalecer las instituciones públicas”, subrayó Drago.

La diputada y presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia en el Congreso Nacional, planteó como uno de los objetivos de esta acción “que toda nuestras políticas públicas y nuestro accionar en materia de transparencia y probidad mejore”. Además, destacó “que hoy día es clave avanzar con las propuestas que el Consejo haga y no estar nosotros mismos siendo juez y parte”.

Pese a que el CPLT no tiene facultades sobre el Poder Legislativo, este convenio permitirá un trabajo conjunto con el Parlamento para promover de manera activa buenas prácticas en transparencia y avanzar en acciones que permitan aumentar el acceso a la información de parte de

la ciudadanía. Se busca entonces elevar una serie de estándares que son evaluados por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que se aplica bianualmente a los parlamentos, con miras a la medición de 2020.

El mencionado índice de transparencia en el poder legislativo se divide en cuatro dimensiones: normativa, labor del poder legislativo, presupuesto y gestión administrativa y participación ciudadana. Su objetivo es ser una herramienta de medición periódica, independiente y objetiva acerca de la existencia de estas dimensiones.

• Estudio realizado anualmente por el Consejo para la Transparencia, mostró un alto porcentaje de rechazo en la región a actitudes “winner” o de “ganador”, en particular si la persona considera que le afectan personal y económicamente de manera directa.

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El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, desarrolló una intensa agenda en Estados Unidos que contempló reuniones con diversas autoridades de organismos del área económica con influencia global. El objetivo de estos encuentros, entre otros, fue difundir aspectos del modelo de transparencia chileno y presentar el estado del marco regulatorio de protección de datos personales en nuestro país en el contexto de un flujo transfronterizo de datos. (más…)

• A juicio del Consejo para la Transparencia, éste debería cumplir con altos estándares de seguridad en la protección de la fuente denunciante.
• La propuesta además limita la posibilidad de denunciar sólo a funcionarios de la institución denunciada y el CPLT apunta a denuncias anónimas que incluyan a personas externas a las entidades, permitiendo el control social de las FFAA.

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Un equipo del Consejo para la Transparencia (CPLT), liderado por su presidente, Marcelo Drago, realizó esta mañana una visita inspectiva al Municipio de Quintero con el fin de conocer con mayor detalle el sistema de cámaras municipales con las que fueron grabadas imágenes de una persona en un lugar público de la comuna y que posteriormente se filtraron.

El titular del CPLT explicó que entre los objetivos de esta fiscalización y de la conversación sostenida previamente con autoridades y funcionarios municipales figura obtener información sobre “las condiciones contractuales para el cumplimiento de la ley de protección de datos personales a la cual está sometida la empresa contratada y en definitiva conocer las medias que se toman para evitar la situación que se dio a conocer por los medios de comunicación”.

Especificó que la realización de esta auditoría sobre protección de datos personales fue decidida de forma unánime por el Consejo Directivo del CPLT puesto que “en base a la letra m del artículo 33 de la Ley de Transparencia somos el órgano mandatado a velar por el cumplimiento de la protección de datos personales en los órganos del Estado”.

Agregó que “En general hay una falta de conciencia sobre lo que se hace con este tipo de imágenes que se recogen en la vía pública y en general con la protección de datos personales. El hecho de que entremos a un retail a una farmacia y que nos pidan el RUT y lo entreguemos, habla de justamente sobre eso”.

Respecto del caso de Quintero comentó que “Esta es una situación extraordinariamente grave. Los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales. La imagen de una persona es un dato sensible, que tiene un nivel de protección más elevado. Por eso es importante que todos los que desarrollan políticas de televigilancia, municipios, gobiernos regionales, el Gobierno Central a través de Carabineros, a través de la Subsecretaría de Prevención del delito- cumplan con los más altos estándares en estas materias”.

El presidente del CPLT afirmó que dichos estándares para operar en esta materia están establecidos en una recomendación general del Consejo para la Transparencia, así como en un fallo de la Corte Suprema respecto de un recurso de protección. “Esos estándares están clarísimos, por lo tanto, esos son los pasos a cumplir y eso es lo que nos preocupa que se cumpla o no acá en Quintero”.

Consultado por los resultados de la investigación, pese a no poder informar por adelantado, el presidente del CPLT dijo que: “Si hay una falta al deber administrativo de algún funcionario público en base a la infracción a la ley de Protección de Datos Personales, Contraloría tiene la facultad sancionatoria”.

En tanto, en el caso de establecerse “violaciones de otra naturaleza, como de carácter penal, se remiten los antecedentes al Ministerio Público. Ese es el mecanismo, nosotros lo que hacemos es velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. SI vemos infracción digna de una sanción de algún carácter lo remitimos a quien tiene la facultad sancionatoria”, finalizó Drago.

Recomendaciones Consejo para la Transparencia

Uso de cámaras de vigilancia municipales para la captación y difusión de imágenes de índole privada

1. La grabación y captación de imágenes debe efectuarse con fines exclusivos de seguridad comunal
2. Las imágenes sólo podrán ser captadas en lugares públicos. Excepcionalmente podrán ser captadas en lugares privados abiertos cuando se trate de la persecución por un hecho constitutivo de delito flagrante.
3. El municipio es el responsable legal del tratamiento de las imágenes grabadas o capturadas.
4. Se deben implementar medidas de seguridad para la protección de imágenes, de forma de impedir que terceros accedan a su contenido.
5. Las imágenes deberán ser destruidas dentro de los 30 días desde que éstas hayan sido grabadas o captadas.
6. Un funcionario municipal deberá certificar que las imágenes hayan sido grabadas en los lugares permitidos.
7. La municipalidad deberá garantizar el ejercicio de los derechos la persona grabada, como los de acceso y cancelación de datos, entre otros.
8. La municipalidad deberá inscribir el banco de imágenes en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
9. El municipio deberá informar al Consejo sobre las medidas adoptadas.