Enmarcado en la conmemoración de los 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, esta mañana se realizó el lanzamiento de dos publicaciones institucionales en las que se explica desde la perspectiva del uso que hace la ciudadanía de las herramientas de la Ley de Transparencia, cómo utilizar la normativa en beneficio de las personas.

Se trata de las ediciones de “Diez Años, Diez Casos” y “El Derecho de Acceso a la Información Pública como Derecho Llave”, libros que muestran experiencias reales de ciudadanos que usaron la Ley de Transparencia, ya sea para develar situaciones de corrupción o irregularidades y para ejercer derechos fundamentales como el derecho a vivienda, a educación, a salud, entre otros.

En la ocasión, el Presidente del Consejo para la Transparencia enfatizó en que en estos 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia se ha producido un cambio en el trabajo del sector público y de las autoridades: “hemos asumido como parte de nuestro trabajo contar con acceso a la información pública y obligaciones de transparencia por parte de los funcionarios del Estado y con un cierto derecho por parte de la ciudadanía”.

Refirió además al rol del Consejo en el uso cotidiano de la ley, el que como órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información pública promueve y garantiza la entrega de esta información.

La presentación de los libros estuvo a cargo de la periodista Francisca Skoknic, Directora Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y una de las profesionales detrás del robot “Labot” y de Pablo Flores, Director del Centro de Investigación de TECHO Chile.

Skoknic comentó aspectos una de las investigaciones periodísticas reunidas en “Diez Años, Diez Casos”, las que destaparon irregularidades y casos de corrupción por parte de medios de comunicación cuyos profesionales usaron herramientas de la Ley de Transparencia.

Con respecto a los cambios que el uso de la ley ha generado en esta década Skokinc apuntó a que “En términos de práctica periodística hay un antes y un después de la Ley de Transparencia, definitivamente”. “Había un intento de transacción de parte de muchas autoridades” la que se elimina a partir del uso de la normativa, indicó la periodista respecto del acceso a las fuentes de información pública.

En el caso de “El Derecho de Acceso a la Información Pública como Derecho Llave”, la publicación persiguió evidenciar cómo el uso de la Ley de Transparencia permite el acceso a información valiosa que permite abordar o resolver problemas cotidianos de la ciudadanía.

Este libro fue comentado por Pablo Flores, Director del Centro de Investigación de TECHO Chile, el que detalló que el uso de la normativa permitió a dicha entidad acceder a información que posibilitó la construcción de un catastro de campamentos a nivel nacional, tras darse cuenta que el último databa de 2011.

El representante de esta organización de la sociedad civil destacó de la experiencia del uso de la Ley de Transparencia como una herramienta para acceder a otros derechos y subrayó que esto permitió visibilizar una situación relevante para trasladarla a la política pública y mostrar la grave situación de vivienda en Chile. Apuntó al impacto de estas herramientas que “ayudan a organizaciones de la sociedad civil a reducir los costos de coordinación y “levantar temáticas que muchísimas veces escondemos debajo de la alfombra”, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

Más información en: https://www.consejotransparencia.cl/category_estudios/cuadernos-de-trabajo/

• Titular del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, recibió en audiencia a representantes de la directiva del Club Deportivo y Social Colo-Colo para analizar aspectos del proceso de enrolamiento biométrico de los hinchas iniciado por Blanco y Negro en el sector norte del Estadio Monumental. 
• El CPLT insiste en que se trata de una medida discriminatoria, “extremadamente intrusiva”, y que no existe una ley que permita condicionar el acceso a un recinto público a un proceso como el iniciado por el club.

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• Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó que la normativa comience a hacerse cargo de situaciones derivadas de la filtración de imágenes íntimas, datos personales “que requieren cada vez más resguardo”.

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• Drago señaló que se trata de datos sensibles de las personas que la empresa debe resguardar y no darle otro uso fuera de lo comprometido.
• Para el titular del Consejo si una persona se niega a entregar los datos “no puede ser discriminada arbitrariamente para acceder al espectáculo”.

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En la primera sesión del año 2019, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo en contra de la Subsecretaría de Economía, ordenando la entrega de la memoria de la Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión Ltda., Colún, omitiendo información de carácter comercial y datos personales que estén consignados en el documento.

 

La resolución del CPLT solicita tarjar entre otros contenidos los relativos a las ventas netas y desglosadas por agencias, exportaciones, niveles de recolección o recepción, cantidad de estanques y porcentaje de leche que reciben las plantas de procesamiento de la empresa, temas de investigación agraria, entre otros. Así también los datos personales e imágenes que permiten identificar a personas contenidas en el documento.

 

La solicitud de información presentada ante la Subsecretaría de Economía el 26 de junio de 2018 incluía tanto la memoria como los estados financieros de Colún, pero durante el proceso se evidenció que estos últimos estaban disponibles en la página web de la entidad. Con posterioridad y dado que el organismo público denegó la información sobre la memoria, el solicitante –en representación de la empresa Watt’s según informaciones de medios de comunicación- decidió presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia en septiembre del mismo año.

 

El documento requerido en este amparo se encuentra en poder de la Subsecretaría de Economía, específicamente en su Departamento de Cooperativas, en cumplimiento de una obligación normativa en el marco de sus acciones de fiscalización, constituyendo incluso una infracción el no envío de la memoria al referido Departamento y al CPLT durante el estudio del caso para el correcto ejercicio de las atribuciones de este órgano creado por la Ley de Transparencia.

 

La decisión del Consejo indica que podría constituir “una infracción el no envío de aquella al referido Departamento”. Lo anterior dado que la Ley General de Cooperativas, establece que constituirán infracción de las obligaciones establecidas en esta ley, entre ellas denegar la entrega de información al Departamento de Cooperativas cuando estos tengan facultades para solicitarlas.

 

En la presentación de Colún ante el CPLT, la entidad argumentó que la memoria contiene información que afectaría derechos de terceros y alegó causales de reserva establecidas en la Ley de Transparencia. Esto dado que el documento incluye datos relativos a la participación de sus socios, reparto de resultados, forma de distribuir el resultado, factores de distribución del remanente, valor de la cuota de participación, intereses pagados sobre el capital, entre otros antecedentes.

 

La decisión fue tomada de manera unánime por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su presidente Marcelo Drago y los consejeros Gloria de la Fuente, Jorge Jaraquemada y Francisco Leturia.

• Reconocer la crisis de confianza y trabajar en su reconstrucción con urgencia, es una de las principales coincidencias que el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, manifestó tras las declaraciones del ex presidente Ricardo Lagos

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• La decisión del máximo tribunal sólo modifica parcialmente la entrega al tarjar datos en dos acápites del contrato.

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• Marcelo Drago apuntó a adoptar medidas de prevención de la corrupción contenidas en las herramientas de la transparencia y llamó a legislar sobre la materia para que instituciones como las FFAA tengan obligatoriedad de publicar este tipo de compras.

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Tras la denegación de la Policía de Investigaciones de Chile a una solicitud de acceso a la información sobre “armas perdidas y/o robadas en la institución en el año 2018 hasta la fecha”, bajo el argumento que “no cuentan con los registros solicitados en los términos requeridos por el reclamante”, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado, desestimándose la alegación de la PDI de “inexistencia de dicha información” instruyendo la entrega de los datos consultados.

La decisión del CPLT de acoger el amparo contra la Policía de Investigaciones y  requerir al Director General, Héctor Espinosa, que entregue al reclamante los datos consultados, se funda en que la PDI no acreditó que se encuentra impedida de recabar los datos consultados sobre extravío y robo de armas, desestimándose la alegación de inexistencia de dicha información.

Lo anterior, en conformidad al propio marco normativo que rige a la Policía de Investigaciones como al contenido de las declaraciones manifestadas por dicha entidad en este procedimiento.

Cabe señalar que la petición original solicitaba copia y acceso a la documentación que contenga “todas las armas perdidas y/o robadas en esta institución en el año 2018 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud, desglosado por tipo de arma, fecha de notificación de pérdida y unidad a la que correspondía el arma. Además aclara que se refiere a todo tipo de armamento balístico, corto punzante o arma blanca, como también armamento de guerra o de alto calibre”.

Frente a la crítica por falta de información relevante para alumnos en la mitad de las universidades del país, realizada por la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, afirmó que la transparencia es un eje fundamental en la educación superior, y debe cumplir como base con estas obligaciones, además de disponibilizar la información necesaria que permita favorecer la toma de decisiones de las familias y jóvenes que rindieron la PSU.

Como una manera de colaborar en el debate suscitado en Educación este fin de semana, tras las declaraciones de la Ministra del ramo, el CPLT reiteró la necesidad de elevar los estándares de transparencia, sistematización y mejoramiento en el acceso a la información pública de los ciudadanos, con objeto de permitir un efectivo control social por parte de la ciudadanía en el uso de los recursos públicos y en el buen funcionamiento de las instituciones en materia de Educación.

Sobre el punto, el presidente del Consejo, Marcelo Drago, explicó que la institución ya había presentado recomendaciones sobre el particular en el marco de la tramitación legislativa de la ley de educación superior que lamentablemente no fueron incorporadas, subrayando que espera enviar a la nueva administración del Mineduc en los próximos días.

“Estas recomendaciones y propuestas normativas proponen elevar los estándares de transparencia y publicidad, como también disponibilizar centralizadamente y con criterios homogéneos una serie de antecedentes sobre las universidades, incluyendo datos académicos, procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiante, transparentar y simplificar el procedimiento relativo a la PSU y aumentar las exigencias de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior para la sociedad chilena”, afirmó.

 

Principales recomendaciones

 

• Transparencia como eje fundamental en la educación superior.

 

• Crear un Observatorio de Educación Superior: Se propone que el Sistema Nacional de Información, que propone el proyecto, consolide y unifique toda la información disponible en relación a la Educación Superior, y la haga disponible al público en formatos accesibles, abiertos y en lenguaje claro, con elementos de Transparencia Presupuestaria.

 

• Disponibilizar y focalizar la información del Sistema de Acceso: Este sistema debe ser público y estar orientado al usuario y, principalmente, a los futuros estudiantes y sus familias, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

 

• Establecer una obligación de transparencia activa para el Sistema Nacional de Información y al Sistema de Acceso: Se propone incorporar de manera expresa que ambos sistemas se sometan al régimen de transparencia activa. Esta obligación permitirá que la información se encuentre disponible de forma permanente y actualizada a través de la página web de la nueva Subsecretaría de Educación Superior, ente encargado de su administración.

• El Consejo para la Transparencia decidió que el organismo debe entregar la nómina de internos incluyendo nombres, apellidos y cédula de identidad.

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