Un respaldo a la iniciativa de los senadores (DC) senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla que regula el lobby a “autoridades electas”, realizó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, tras una reunión de trabajo sostenida con dichos parlamentarios para revisar, en particular, la moción que modifica la ley N° 20.730 y que regula el lobby con el fin de incluir en la normativa a las autoridades electas.

 

El titular de Transparencia destacó la necesidad de modificar esta legislación con el fin de ir llenando vacíos que presenta el texto actual y celebró la propuesta afirmando que la moción presentada por los senadores Provoste y Huenchumilla contribuye con la construcción de una cultura de la transparencia.

 

“Cualquier iniciativa que busque transparentar más profundamente el lobby apunta en el camino correcto y estamos contentos de que surjan aportes de este tipo que buscan llenar vacíos de la actual normativa”, agregó Drago.

 

Asimismo, el presidente del CPLT explicó que en el año en que la ley de Transparencia cumple una década desde su promulgación acciones como ésta “van en el camino correcto en el sentido de ir perfeccionando la ley de Lobby y ampliar la regulación a las autoridades electas”. Apuntó -además- a la necesidad de avanzar aún más en esta materia “incluyendo al lobista y a las empresas que contratan lobby”.

 

“Este tipo de reformas son a nuestro juicio relevantes para avanzar en materia de transparencia y probidad, combate contra la corrupción y, en definitiva, contribuyen a una mejor democracia”, precisó Drago.

 

La senadora Yasna Provoste en tanto explicó que: “Es nuestra convicción que una modificación legal que incluya a las autoridades electas en la regulación del lobby ayudará en transparencia y en el control ciudadano sobre el quehacer que sus autoridades, acabando con la opacidad que se produce sobre las diversas presiones que un futuro representante popular pueda recibir antes de asumir su cargo”.

 

Finalmente, el senador Francisco Huenchumilla detalló que “De esta manera son sujetos pasivos de lobby, en general, las autoridades o personas que en función del cargo que ejercen, tienen las atribuciones para poder tomar decisiones de carácter relevante. En sus artículos 3° y 4° se hace un listado taxativo de quienes pueden ser objetos de lobby”.

El presidente del CPLT consignó que es positivo para el país introducir cambios al Código de Justicia Militar en lo relativo a seguridad nacional, entre otras materias. (más…)

El Consejo para la Transparencia ha recibido casi 120 mil solicitudes el primer semestre de 2018 en su portal, lo que según su presidente, Marcelo Drago, respondería a que la gente se está dando cuenta “que la información es de su propiedad”.

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• La cita contó con la participación del Ministro de Justicia, quien anunció la creación de un registro electrónico para darle mayor transparencia a las organizaciones de la sociedad civil.

• De acuerdo a Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC, un 41% del financiamiento de estas entidades proviene de fondos públicos.

Con el fin de fortalecer la confianza y el control social, entidades privadas sin fines de lucro o que reciben fondos estatales se dieron cita para compartir experiencias y acciones implementadas en materia de transparencia y los desafíos que deberán enfrentar al transformarse en sujetos obligados por ley a cumplir con estándares de transparencia.

El sector sin fines de lucro, que contempla a organizaciones de carácter privado como fundaciones, asociaciones o corporaciones, mantiene una imagen positiva de la ciudadanía, con un 70% de valoración, de acuerdo al Primer Índice de Valoraciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del proyecto Sociedad en Acción.

Sin embargo, se están enfrentando al reto de visibilizar cada vez más el uso adecuado de los recursos y el aporte en la gestión para incidir en sus campos de acción. Con este fin, algunas de ellas han implementado una serie de acciones tendientes a elevar sus estándares de transparencia apuntando a resguardar la confianza pública, junto con fortalecer su relación con los donantes y la ciudadanía.

Todo esto se conversó en el marco del seminario “Si lo veo, te creo: prácticas de transparencia en las organizaciones de la sociedad civil”, organizado por el Consejo para la Transparencia, el Hogar de Cristo, Fundación Lealtad Chile, Sociedad Anónima y el proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC.

En la actividad inaugural participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia; y reconocidas figuras del ámbito académico como Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.

Desde las entidades organizadoras del evento se destacó el principio de la transparencia como clave tanto en el sector privado como en el público, en particular con los cambios que propone el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que incluirá obligaciones para las entidades que reciben recursos estatales.

Marcelo Drago, presidente del Consejo de la Transparencia (CPLT), relevó los avances y la colaboración entre instituciones para elevar los estándares: “Hay experiencias en instituciones privadas que están trabajando con mucho énfasis en transparentar sus acciones, en particular si reciben recursos del Estado. Unas han avanzado más que otras y esa experiencia es la que debe permear. Como CPLT colaboraremos activamente en este esfuerzo, sobre todo, pensando en que será una obligación con la nueva ley”.

El Hogar de Cristo está liderando en materia de transparencia a nivel nacional. Con transparencia activa, apuntan cuidar los intereses de una sociedad cada vez más exigente en términos de control social. Hoy se puede revisar en línea sus estados financieros. Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Hogar de Cristo, sostuvo: “Nosotros, como Hogar de Cristo, nos debemos a la comunidad; más del 50 por ciento de nuestros recursos provienen de ella y la única manera de responder a esa confianza, es ofrecer con el mayor detalle posible el uso que le damos al dinero para el servicio de los más pobres y excluidos”.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y del proyecto Sociedad en Acción, apuntó a la incidencia de estas acciones para mantener la positiva valoración que ostentan las OSC. “Hoy es un desafío darse cuenta de la relevancia que tiene la transparencia para promover la confianza y fe pública en este tipo de organizaciones. En Chile existen más de 230 mil OSC, que movilizan intereses de la ciudadanía y cuentan con una alta valoración. Y deben aspirar mantener eso, con capacidad en su trabajo, pero también con transparencia”.

En el marco del seminario también se debatió sobre los avances en materia de transparencia, revisando experiencias internacionales destacadas como la de la Fundación Lealtad Chile, originaria de España.

La gerenta de PwC Chile y directora de esta Fundación en Chile, Sharoni Rosenberg, hizo un llamado “a que todas las organizaciones sin fines de lucro se sumen el análisis de transparencia que realiza la Fundación gratuitamente y con independencia. Esta herramienta tiene validación internacional, permite la rendición de cuentas, fomenta la confianza y las donaciones”.

Entre las reacciones al anuncio del Ejecutivo, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago señaló: “El titular es positivo, abre el debate en la línea de tener nuevos sujetos obligados, de establecer reglas de transparencia más estrictas para los órganos autónomos constitucionales, para otros poderes del Estado, y avanzar en los organismos privados que reciben fondos públicos”.

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Tras la urgente necesidad de avanzar en la discusión y tramitación del proyecto de ley sobre datos personales, a fin de contar con mayores estándares de seguridad para el país, se realizó hoy el Seminario Protección de Datos Personales: Hacia una nueva institucionalidad de la privacidad, instancia en la que participó como expositor el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.

La actividad organizada por la facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto al Estudio Silva, abrió el debate sobre la ley sobre protección de datos personales, con especial foco en la conveniencia de una nueva institucionalidad con la participación de Ramiro Mendoza, Decano Facultad de derecho UA y el senador Felipe Harboe.

En el seminario, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, expuso sobre las principales derivadas que plantea el proyecto de ley a partir de la indicación del Ejecutivo, que amplía las atribuciones del CPLT y le entrega protección de datos personales.

“La principal diferencia entre el proyecto original que planteaba una Agencia y la indicación que plantea el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos es la autonomía de lobby. Esa protección de datos no daba garantía de autonomía técnica, el Consejo es un órgano autónomo que en el proceso de asignación de los consejeros participan dos poderes del Estado y puede ser removido sólo con la intervención de un tercer poder del Estado, el Poder Judicial”, sostuvo el Presidente.

Por otra parte, una de las principales críticas a la iniciativa actual, que data de 1999, refiere a que no responde a los estándares y exigencias actuales, las que se comienzan a elevar exponencialmente a partir de la masificación de Internet y del uso de redes sociales.

“La legislación tiene 20 años, hoy es bastante inaplicable en buena parte de sus normas, como Consejo para la Transparencia enfrentamos todos los días esa obsolescencia de la legislación con la que contamos”, agregó Drago.

Por último, el titular de Transparencia fue enfático en reiterar que “No actualizar la legislación tiene dos grandes efectos para el país: estamos desprotegidos, no hay forma real efectiva de proteger nuestros datos; (…) las reglas actuales permiten que se desarrolle la industria de datos”

En el encuentro además participó Andrea Ruiz, Directora general (s) del Consejo Para la Transparencia; Jessica Matus, Presidenta Fundación Datos protegidos; Romina Garrido, Directora Ejecutiva Fundación datos protegidos; María Paz Canales Directora Derechos Digitales; entre otros.

Con el objetivo de conocer la experiencia de quienes trabajan en medios de comunicación a nivel nacional, se realizó hoy la entrega de los resultados del estudio Barómetro de Acceso a la Información, instancia en la que participó como expositor el Consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT) Francisco Leturia y asistió el Presidente, Marcelo Drago.

En la ocasión, Leturia recalcó lo importante que ha sido la Ley de Transparencia como herramienta para los periodistas, así como también destacó los desafíos que aún debe alcanzar la actualización de la normativa a 10 años de su promulgación.

“A 10 años de la Ley de Transparencia recién se está accediendo a información de interés público y hoy el desafío está en que los ciudadanos exigen más sujetos obligados y que el acceder a la información sea más fácil”, sostuvo el Consejero.

El encuentro reunió a figuras nacionales para debatir en torno a los principales resultados de la edición número 15 de la encuesta, que mide la percepción que tienen los periodistas, editores y directores de medios de comunicación (425 respuestas) del nivel de acceso a la información de distintas instituciones públicas.

La encuesta midió la disposición de entrega de información, confiabilidad y precisión y entrega oportuna. Donde este año se mejoró en las tres dimensiones, subiendo el acceso a la información de 39,3% a 41,7%.

Los resultados arrojaron que entre las instituciones más contactadas se encuentran Carabineros de Chile, Intendencias regionales y el Ministerio de Salud. Por otra parte, los organismos que registraron un bajo promedio en el índice de acceso a la información son la Contraloría General de la República, la Iglesia Católica, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y Carabineros de Chile.

Entre las novedades de la encuesta, este año se analizó la confianza en la información y las llamadas “Fake news” donde sólo un 31% confía en la información que obtiene desde Twitter, un 26% de WhatsApp y sólo un  12% de Facebook.

En el debate también participaron la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, el presidente del Consejo Chileno de prospectiva y estrategia, Sergio Bitar, y el abogado y columnista, Jorge Navarrete.

-El Consejo para la Transparencia levantó opiniones de más de 2 mil 200 personas de todo el país, insumo para la discusión que se abrirá tras el envío del proyecto por parte del Ejecutivo.  

– El Presidente del CPLT y parte del Consejo Directivo comentaron con el Ministro Gonzalo Blumel aspectos de la nueva normativa.

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Verificar a quiénes se les ha dado acceso a información personal, encriptar contenidos sensibles, revisar los términos de privacidad, son algunas de las recomendaciones del Consejo para la Transparencia.

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-La opinión de más de 2 mil 100 personas de todas las regiones del país será usado como insumo para la nueva Ley de Transparencia.  

-El presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, señaló que sujetos no obligados por la normativa actual debieran ser incorporados al sistema de transparencia.

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