Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, señaló que el fallo del Poder Judicial ratifica una resolución del Consejo y subrayó que la información “debe ser pública, porque merece público escrutinio el funcionamiento de la AFP en detalle”.
Como una manera de colaborar con el debate sobre el proyecto de ley para el Presupuesto de la Nación 2019 y anteponerse además a lo que contemplado en la iniciativa que modifica la Ley de Transparencia, en cuanto a disponer información presupuestaria accesible a la ciudadanía, el Consejo para la Transparencia entregó una serie de recomendaciones y propuestas normativas al proyecto de Ley de Presupuestos, que apuntan a favorecer la transparencia y difusión de una serie de aspectos del erario fiscal.
El presidente del Consejo, Marcelo Drago, explicó la finalidad de estas recomendaciones: “Las autoridades no pueden olvidar que la información asociada al presupuesto es de la ciudadanía. Estas recomendaciones y propuestas normativas permiten que demos un nuevo paso en materia de control social, una práctica de cara a la ciudadanía que además apunta a adelantarnos a lo que dispondría la nueva Ley de Transparencia, que va en la línea de aumentar los estándares de acceso y difusión a diversos aspectos vinculados con la información presupuestaria que suele estar llena de tecnicismos”.
Vía oficio a autoridades del Senado, de la Cámara de Diputados y de Hacienda vinculadas a la discusión del Presupuesto –debate iniciado el 29 de septiembre pasado-, el CPLT planteó la implementación de reformas legales enfocadas principalmente a la difusión y obligación de informar diversos antecedentes contemplados en la Ley de Presupuesto, pero cuya puesta a disposición de la ciudadanía no se vincula con una obligación de transparencia activa, según los estándares establecidos en la normativa de Transparencia.
Drago se manifestó a favor de la aprobación de la ley con las modificaciones propuestas desde el CPLT dado que: “consideramos necesario colaborar con el fortalecimiento de la rendición de cuentas, con lenguaje claro, y esta propuesta es una forma de aportar en la construcción de un país que favorece la mirada pública”. “Es nuestro ánimo trabajar arduamente en abrir las ventanas en el Estado, en este caso en materia de acceso a la información sobre el presupuesto fiscal”, dijo.
Entre las sugerencias planteadas por el Consejo para la Transparencia, destacan que la difusión vía páginas web de procesos de selección que se someten al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), e informes y documentación relativa a ingresos y gastos del Gobierno Central asociados con la ejecución y modificaciones presupuestarias, se efectúen con los estándares establecidos por la Ley de Transparencia, y no se trate de simple obligaciones de informar.
Asimismo, el Consejo refiere a la obligatoriedad de publicar copias de decretos, estados financieros semestrales y balances anuales de empresas del Estado, informes semestrales sobre la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y del Banco Central, entre otros respaldos documentales, los que también deben ser publicados en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.
Respecto de partidas presupuestarias específicas se mencionan las de carteras como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), sugiriéndose una serie de estándares establecidos en la Ley de Transparencia.
En el caso del MOP y en el MTT se plantea incorporar los estándares de la Ley de Transparencia a la obligatoriedad de difundir vía sitio web de las entidades los estudios e investigaciones relacionadas con bienes y servicios de consumo, proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas que haya realizado la cartera; y los decretos y resoluciones aprobadas de órganos y servicios dependientes o documentación que sancione actos administrativos (manuales, estudios, instructivos y otros similares). Esto de manera de conocer argumentaciones y antecedentes de decisiones técnicas.
A estas recomendaciones específicas se suma la eliminación de las cláusulas de confidencialidad contractual como causal de reserva en el caso de la glosa presupuestaria del Ministerio de Agricultura y cambiar la “afectación a intereses comerciales” por “afectación a derechos comerciales” como fundamento para negar acceso a cierta información.
El titular de Transparencia planteó también la posibilidad de extender estos estándares a la ejecución del gasto: “Es necesario difundir información sobre el presupuesto, porque cualquiera tiene derecho a saber más y a exigir más antecedentes sobre esta materia. Incluso proponemos ir más allá con la implementación de estos estándares en lo relativo a la ejecución presupuestaria”.
Sumado a esto, argumentó que extender estas recomendaciones evitaría debates muy técnicos y acusaciones entre administraciones entrantes y salientes al momento de un cambio de Gobierno. “Hemos visto que el gasto fiscal es un tema que ha generado polémicas cuando sale una administración y entra otra. Esto podría acabarse si pensamos en incluir medidas pro transparencia también en relación al gasto público. Quienes toman decisiones deben estar dispuestos a dar cuenta de dichas decisiones”, dijo Drago.
• Ante la polémica generada por el sistema de reconocimiento facial en centro comercial de Santiago, la entidad sostuvo que el derecho sobre los datos personales fue recientemente reconocido por la Constitución, pero que la Ley de Datos Personales aún no se actualiza -data de 1999- y no tiene herramientas suficientes para hacer cumplir con las disposiciones de la normativa.
• Además, Drago hizo un llamado a transparentar lo que se hace con esta información en las entidades que decidan implementarlo. “Las empresas no son dueñas de los datos personales por el hecho de recogerlos”, subrayó.
El Consejo para la Trasparencia (CPLT) planteó los riesgos de una supervisión sin política de datos personales claro al referir al sistema de reconocimiento facial implementado en un mall de la zona oriente de Santiago. “La ciudadanía está desprotegida ante abusos que pudieran cometerse con sus datos personales”, dijo su presidente, Marcelo Drago.
Ante ello, el llamado de la entidad es a “que la ciudadanía exija a las empresas que se resguarde su información. La gente debe tener claro que en este caso pagan justos por pecadores, porque la gran mayoría de los clientes del centro comercial compran sus productos de manera legal, y el mall tendrá igualmente acceso a sus antecedentes personales, que pasarán a ser parte de una gran base de datos”.
Drago destacó también que al momento de registrarse la imagen “la persona (titular) pierde el control de sus datos al ser manejados por un tercero, que debe decirnos qué va a hacer con ellos y cómo los va a resguardar. No basta que declare que no va a entregar esos datos a otras instituciones”.
Por esta razón recordó la urgencia al proyecto de ley que reforma la normativa de Protección de Datos Personales –que data de 1999-. “Este sistema vuelve a poner en el tapete la relevancia de un marco regulatorio acorde con las necesidades actuales”, espetó.
Agregó que “en el caso de expandirse este tipo de sistemas de carácter intrusivo se hace necesario contar a la brevedad con una ley que prevenga eventuales abusos y que permita tener una autoridad de control con las facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que garantice el adecuado ejercicio del derecho a la protección de datos de las personas”.
El titular del Consejo afirmó que “sin una política de datos de cara a la ciudadanía que resguarde la integridad, confidencialidad y acceso a los datos de las personas, no hay un compromiso claro de parte del sector privado de un buen uso y tratamiento de estos antecedentes”. Por ello enfatizó en que deben implementarse a la brevedad estándares de tratamiento de datos personales internacionales, que ya son exigidos por la Unión Europea y también en que “la gente debe saber la importancia que tiene mantener el control sobre sus datos personales, incluyendo sus rasgos faciales”.
El presidente del CPLT explicó que la imagen es un dato personal que permite individualizar al usuario de un servicio – en este caso del cliente-, y que “pese a que entendemos que iniciativas como ésta tienen como fin dar seguridad a los clientes y en ese sentido está bien, tenemos que considerar que se trata de datos sensibles, cuyo tratamiento requiere autorización legal o consentimiento del titular”.
Agregó que medidas como éstas “pueden generar un uso descontrolado de estas tecnologías, puesto que con el fin de evitar acciones delictuales podríamos terminar justificando que graben a cualquier persona y con cualquier excusa, vulnerando su intimidad”.
Comentó que en el Consejo se ha discutido respecto de casos conocidos en redes sociales como “cámaras en tiendas comerciales instaladas en los probadores. Eso habla de una supervisión con poco o nada de control que merece ser revisada”.
El Consejo para la Transparencia hace llamado a usuarios de WhatsApp y la red social Instagram a tomar medidas para proteger sus datos en estas plataformas.
Como una “positiva señal de las autoridades de primer nivel para todos los funcionarios públicos”, calificó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, la capacitación en probidad y transparencia que inició esta entidad a las fundaciones dependientes del gabinete de la Primera Dama, Cecilia Morel.
Las declaraciones del titular del Consejo se enmarcaron en la inauguración del taller orientado a directivos y profesionales de dichos organismos, y que contó con la presencia de la Primera Dama, Cecilia Morel, y representantes de las siete fundaciones lideradas por el Gabinete de la autoridad –Integra, Prodemu, Artesanías de Chile, Chilenter, Museo Interactivo Mirador, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y Fundación de las Familias .
En dicha instancia, los representantes de estas instituciones tuvieron una conversación directa con el presidente del Consejo, quien abordó algunos aspectos generales de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información y su aplicación en el caso de estas fundaciones de derecho privado que integran la red de Presidencia. Estas entidades, al igual que todo organismo público, deben cumplir con las obligaciones de publicar información administrativa y presupuestaria a través de Internet (Transparencia Activa).
Asimismo, se levantó información de parte de los representantes de estos organismos, entre las que destacó la propuesta para que éstas sean consideradas en la nueva Ley de Transparencia, actualmente en trámite.
Entre otros mensajes, el titular de Transparencia hizo un llamado a hacer frente a la tarea de transparentar la información pese a las complejidades que puedan enfrentarse y destacó los beneficios asociados a la rendición de cuentas y control social, que es el aumento de la confianza.
“Uno de los mecanismos para recuperar confianza es la transparencia y por eso es tan importante y positiva esta señal de autoridades de primer nivel para todos los funcionarios públicos”, recalcó Drago.
Delegación del Consejo para la Transparencia, incluyendo a los consejeros Gloria de la Fuente y Jorge Jaraquemada, participaron de una visita técnica con el fin de conocer la experiencia de la entidad mexicana que tiene doble competencia en Transparencia y protección de datos personales.
Los canales digitales de denuncia fueron propuestos por el Consejo para la Transparencia en el mes de mayo a la Comisión respectiva y forman parte de las medidas destacadas en el Acuerdo por la Seguridad Pública, paquete de proyectos firmado esta mañana en La Moneda.
El presidente de la entidad, Marcelo Drago, aprovechó de señalar la necesidad de derogar el “bolsón de opacidad” que constituye el artículo 436 de Código de Justicia Militar, y que permite aludir a causales de reserva para denegar información por afectar bienes jurídicos consignados en la Constitución.
De contar con una normativa actualizada, podrían cursarse sanciones millonarias a empresas que incumplan estándares de seguridad de sus clientes y usuarios.
