Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, anunció trabajo conjunto con la red de entidades dependientes de la Presidencia, encabezada por la Primera Dama, Cecilia Morel.

Tras reunirse hoy con la primera dama Cecilia Morel, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, destacó algunas de las acciones que implementará la entidad para el fortalecimiento de la transparencia en las fundaciones que forman parte de la red de la Dirección Socio Cultural de la Presidencia.

El anuncio realizado por el presidente del CPLT, se traducirá en iniciativas educacionales, que en primera instancia consideran actividades de capacitación para los funcionarios de más alto rango de la red de fundaciones dependientes de la Primera Dama. Drago enfatizó en que “como Consejo para la Transparencia tenemos la responsabilidad de promover la transparencia en todos los ámbitos y de realizar estos actos educativos”.

El titular del Consejo se refirió además al Comité Interministerial de Ciberseguridad, recientemente creado, y comentó  que materias como la Ciberseguridad deben continuar siendo abordadas como política de Estado. Enfatizó también en la relevancia de redoblar esfuerzos en lo relacionado con seguridad informática y en términos de protección de datos personales para que Chile cumpla con estándares internacionales y se posicione a la vanguardia en estos temas.

Tras anunciar una fiscalización en Universidades Estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concluyó que sólo 7 de 18 casas de estudio públicas cuenta con protocolos de acoso sexual, por lo que se les enviará un oficio señalando la normativa aplicable y la forma de publicación de estos documentos.

“Como Consejo para la Transparencia nos interesa aportar desde nuestra institucionalidad promoviendo un mejor acceso a la información de los protocolos de acoso en las Universidades para que las mujeres que sientan vulnerados sus derechos sepan dónde encontrar la ruta para impedir situaciones tan deleznables como el acoso sexual o sepan cómo y dónde denunciarlas”, sostiene la Consejera Gloria de la Fuente.

Las entidades públicas que hoy cuenta con los protocolos sobre acoso sexual según el análisis del CPLT son la Universidad de Talca, de Valparaíso, Universidad de Chile, de La Frontera, Tecnológica Metropolitana, de O`Higgins y Universidad de Santiago.

Al respecto, la Consejera de la Fuente enfatiza que “El Estado debe ponerse a disposición y corregir cualquier tipo de situación que no contribuya o impida el conocimiento cabal de los derechos de las mujeres que son acosadas, por eso es tan importante que los establecimientos universitarios y todos los servicios públicos tengan sus protocolos con un fácil acceso, no sacamos nada con tenerlos guardados en un cajón”.

Asimismo, recalca que “Como Consejo esperamos que todas las Universidades del país cuenten con estos protocolos publicados en sus sitios de Transparencia Activa, pero además que no solo sea por cumplir con la exigencia de ley de Transparencia sino que sea por buena práctica que todos disponibilicen este tipo de información hacia la ciudadanía”.

La fiscalización del CPLT, realizada entre el 01 y 04 de junio de 2018, también señala que 8 Universidades manifiestan estar trabajando en protocolos respectivos y en el caso de la Universidad de Atacama; del Bío-Bío y Universidad de La Serena no se encontró información sobre la materia, ni en el sitio web o en el banner de Transparencia Activa.

“Recordemos que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, subraya de la Fuente.

Aunque no les aplica la Ley de Transparencia, el CPLT hizo una revisión de las otras universidades tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH), y de estas 6 cuentan con información de protocolos de acoso sexual: Universidad Católica, Católica de Valparaíso, de Concepción, Federico Santa María, Católica del Maule y Austral.

Asimismo, la Universidad Católica del Norte está trabajando en su protocolo y tanto la Universidad Católica de la Santísima Concepción como la Universidad Católica de Temuco no presentan información sobre comisiones o protocolos en sus respectivos sitios web.

Cabe destacar que aún faltan los resultados de la fiscalización en Transparencia pasiva a las 18 Universidades Estatales sobre la misma temática que será dado a conocer en los próximos días, por cuanto se encuentra  pendiente el plazo de respuesta.

A la fecha 5 universidades han remitido sus respectivos protocolos: Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Valparaíso. En cuanto a las denuncias recibidas por estas universidades, entre enero de 2017  y mayo de 2018, estas informan lo siguiente: Universidad de la Frontera: 10 denuncias; Universidad de Los Lagos: 3; Universidad de Talca: 2; Universidad de Valparaíso: 18 y Universidad de Santiago señala que no hay registro de denuncias.

“A 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, todos y todas debemos naturalizar que exigir información a las instituciones públicas es un derecho y una herramienta fundamental para evitar abusos de diversa índole”, concluye la Consejera Gloria de la Fuente.

Para el titular de Transparencia el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho debe complementarse para superar las brechas en este ámbito.

Junto con valorar la celeridad con que el Ejecutivo está trabajando junto a los parlamentarios el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho, que se encuentra en comisión mixta, esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago afirmó que dicha iniciativa debe complementarse para superar las brechas en este ámbito con una robusta agenda que aborde, por ejemplo, listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos  y que tengan prohibición de contratar con el Estado.

“Sin duda es un avance que debe complementarse con otras materias que se encuentran en al ámbito administrativo, por ejemplo, necesitamos establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado. No parece razonable que existan reglas y prohibiciones administrativas ante faltas laborales y no desde el punto de vista penal”, sostuvo.

Según Drago, independiente del paquete legislativo que lo contenga -en consideración a las iniciativas anunciadas por Segpres en la denominada agenda de Transparencia y probidad 2.0- es relevante abordar los diferentes elementos pendientes en la materia para elevar los estándares de integridad y de probidad en el sector público, sobre todo en materia de conflictos de interés, deberes de abstención, puerta giratoria, y condiciones para realizar la ley de lobby, entre otros.

Para el Presidente del CPLT, también se hace necesario abordar reglas aplicables para proveedores y su probable vínculo familiar con funcionarios públicos a cargo de adquisiciones para el Estado, lo que –según su parecer- debiera contener el Proyecto de Ley de Integridad Pública anunciado por el Presidente Piñera en su cuenta pública del 1 de junio.

Asimismo, el titular de Transparencia valoró que la iniciativa tipifique delitos de administración desleal y de soborno entre particulares, así como también respecto a la responsabilidad penal en personas jurídicas y lavados de activos.

Finalmente, Marcelo Drago afirmó que el CPLT analizará en detalle la propuesta que presentará el Ministro de Justicia sobre el particular para contribuir en el desarrollo de su tramitación.

El Presidente del CPLT, Marcelo Drago, hizo un llamado a que los padres presten mayor atención en el uso de estas plataformas por parte de sus hijos, tras breve estudio de políticas de privacidad del Consejo

Uno de los temas de mayor relevancia para el Consejo para la Transparencia, considerando sus atribuciones y facultades, es la protección de los datos personales, en esta tarea se levantó un breve estudio sobre las políticas de privacidad de nuevas plataformas sociales y de citas en donde detectó una serie de peligros asociados para niños, niñas y adolescentes. Se trata de nuevas redes sociales desconocidas para muchos adultos como ThisCrush.

Al respecto, el Presidente del Consejo, Marcelo Drago señaló que había que poner especial ojo en los menores de edad y que los padres deben prestar atención en el uso de estas plataformas por parte de sus hijos.

“Los padres deben estar conscientes de la información que ellos entregan, lo peligros que corren y los derechos que tienen sobre esos datos. Como Consejo para la Transparencia estamos dando una alerta a la ciudadanía sobre la existencia de una nueva red social para adolescentes desconocida por los adultos que tienen por objetivo de vincularse o buscar pareja, pero que podrían abrir una puerta extremadamente compleja y peligrosa para su seguridad”, subrayó.

Drago se refiere a lo complejo que es, al momento de hablar de las redes sociales y las aplicaciones, el uso que hacen los menores de edad de ellas. La mayoría de las plataformas revisadas por el CPLT establecen la mayoría de edad –18 o 21 años según corresponda la legislación – como edad base para poder crearse perfiles. La excepción es ThisCrush, que admite crear perfiles a partir de los 16 años de edad. No obstante, sus políticas de privacidad reconocen su posible participación y proponen mecanismos para dar alertas, ya sea por parte de los padres o de los usuarios, y así adoptar las medidas necesarias que en su mayoría termina en la eliminación de las cuentas.

Sin embargo, no siempre se pueden detectar estas situaciones, y ahí el conflicto radica en el contenido que se publica y las consecuencias que pueden llegar a ocasionar, como lo es el caso de la red social ThisCrush. Esta aplicación, utilizada por adolescentes, permite escribir y recibir mensajes de forma anónima. La plataforma es explícita en declarar que no se hace responsable de monitorear o filtrar el contenido que se encuentra dentro o vinculado en el sitio, hecho que deja un vacío si es que la autoría del mensaje es un menor de edad.

En consecuencia, brinda un espacio perfecto para probables situaciones como cyberbullying, acoso o conductas predatorias. Los padres deben tomar conciencia sobre el uso que hacen sus hijos en estas plataformas, ya que a pesar de que su alcance se encuentre prohibido (salvo por ThisCrush), los controles para evitar dichas situaciones aún se hacen difusos. Se recomienda, en esa línea, prestar especial atención a la manera en que los menores interactúan en las redes sociales y aplicaciones.

“Esta nueva red social permite, primero el acceso a menores de edad, segundo recibir mensajes anónimos que podrían exponer a los niños y niñas a ser acosados por depredadores sexuales y al cyber bullying de sus pares, además de geolocalizar a una potencial víctima. Estamos haciendo un llamado a la responsabilidad y cuidado porque no queremos otro caso lamentable como el vivido en el Nido de Águilas o adolescentes violentados a través del grooming”, espetó el Presidente del CPLT.

Una de las características comunes presentes en las políticas de privacidad autoriza el uso de la geolocalización. El exponer este tipo de datos en las redes sociales hace que incluso gente no deseada se entere de dónde se encuentra una persona y cómo llegar hasta ahí, abriendo las posibilidades a casos de acoso u hostigamiento. En ese sentido, es necesario prestar atención y ser conscientes de los permisos que se otorgan a las aplicaciones con el fin de evitar éste tipo de riesgos

Marcelo Drago afirmó que el CPLT quiere -a través de la protección de datos personales- entregar una advertencia, un servicio de utilidad pública ante la posibilidad de existencia de casos de abusos de toda índole, además de visibilizar la imperiosa necesidad de una nueva legislación de protección de datos que data de 1999 y que debe ser actualizada lo antes posible para prevenir este tipo de temas y ponerse a tono con la modernidad.

“Chile se ha quedado atrás en esta materia, es completamente necesario que las autoridades le den prioridad a una normativa que se haga cargo del manejo de datos personales en redes sociales y en Internet en general, con ello además de proteger derechos fundamentales estamos protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó

Cabe destacar finalmente que el CPLT realizará una campaña en redes sociales para advertir los riesgos asociados en las mencionadas App.

Drago subrayó que el Consejo para la Transparencia señaló en su minuto que el registro era útil para el Estado, siempre y cuando no tuviera carácter público.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó el carácter público que pudiera tener el registro de evasores del Transantiago haciendo un llamado a las autoridades a contar con los más altos estándares de seguridad, recordando –de paso- que lamentablemente el único símil era el registro de pedófilos, esto tras reunirse con el diputado Gabriel Silber.

“El Consejo para la Transparencia durante la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el registro público de evasores del Transantiago en distintas instancias planteó su reparo a ese proyecto y a esa política, no creemos que la creación de registros de carácter públicos sea una buena política pública en general cuando hablamos de faltas”, señaló.

Drago recordó que el otro registro público que existe era el de pedófilos, por lo que según su parecer “todos entenderán los distintos reproches que puede haber de  una sanción de carácter penal asociado a la pedofilia con una infracción administrativa por no pago de servicios de transporte público”

“Nosotros señalamos que no era conveniente la existencia de este registro en su carácter público. Un registro en manos del Estado de infractores para impulsar política era perfectamente viable pero no su acceso público”, recalcó

Según el titular de Transparencia, la ley estableció un sistema donde aplica la ley de transparencia para el acceso a ese registro con algunas limitaciones, sin embargo no se habló sobre la limitación de la notificación al tercero.

“La ley de transparencia obliga a notificar a los terceros cuando se solicita información relacionada con ellos por lo tanto es un procedimiento que hoy no debería estar excluido en los reglamentos y esta la ley de transparencia y se debe hacer valer. En la medida que lleguen amparos de la información asociados a oposiciones de terceros vamos a ir resolviendo caso a caso y en esa instancia vamos a resolver en definitiva lo que se hace”, espetó.

Para el Presidente del CPLT lo importante es que este registro cuente con los más altos estándares de seguridad, tener extremo cuidado de que no caiga en manos equivocadas, es decir que no pueda ser hackeada o accesible por un tercero.

“Las medidas de seguridad de la información que se tomen tienen que ser extremadamente estrictas y la utilización y el acceso público de este registro tiene que seguir los procedimientos de la ley de transparencia, además de velar por la notificación de los terceros”, afirmó.

Finalmente, Marcelo Drago reiteró que consideraba no conveniente el mencionado registro “en un entorno donde estamos intentando que se protejan los datos personales y donde ese tipo de información debe permanecer en manos del Estado y no ser de libre acceso”.

Ante el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con una responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la Fiscal Ximena Chong.

“Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período. Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada, pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”

Consultado si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha llevado a la cárcel por escándalos de corrupción, Drago afirmó a radio Cooperativa que a diferencia de Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un ejemplo para nuestros vecinos.

“Me lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios: Chile fue el único país donde no se logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar esta situación, yo no creo que tengamos una situación extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países vecinos dónde hubo compromisos importantes  con empresas que tenían estos mecanismos de corrupción”, espetó.

El Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas electorales eran principalmente privados y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control, entre otras medidas.

“Antes el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’ financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales pero también para financiamientos que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por ejemplo”, subrayó.

Sobre el regreso a Ponce Lerou a SQM

Asimismo ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Según el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se hace relevante su modificación.

“Cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos,  no sólo 1 o 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”, dijo.

Finalmente, Marcelo Drago hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para actos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”.

En cuanto a la información que por Ley los organismos deben publicar en internet, la Región de Atacama tiene un 84% de cumplimiento de esta norma.
Según las cifras del Consejo para la Transparencia (CPLT), la Región de Atacama acumula históricamente más de 6.268 solicitudes de acceso a la información pública, siendo el organismo más requerido la Seremi de Salud de Atacama con más de 1.300 peticiones por Ley de Transparencia, le siguen la Municipalidad de Copiapó con (960) y la Municipalidad de Caldera (618), respectivamente.
Sobre el estado de la transparencia en la región, históricamente, hay un total de 316 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la zona son la Municipalidad de Caldera (35 casos), Municipalidad de Copiapó (34 casos) y Municipalidad de Chañaral (26 casos). A su vez, los temas más demandados recibidos por instituciones son: Salud, Gestión y administración territorial (Urbanismo), Economía y finanzas.
En cuanto a la información que por Ley los organismos deben publicar en internet, la Región de Atacama tiene un 84% de cumplimiento de esta norma. En el caso de las municipalidades, la cifra alcanza un 76% de cumplimiento en 2017, sobre el promedio nacional de 74%.
Por último, la única institución que aún no ingresa, no interopera y no pública Transparencia Activa en el Portal de Transparencia es la Universidad de Atacama.

Proceso participativo
Continuando con el despliegue nacional, el Consejo para la Transparencia realizó un encuentro ciudadano en la región de Atacama que tuvo como fin recopilar sugerencias y propuestas de la ciudadanía en torno a un proceso participativo abierto y reflexivo pensando en los próximos diez años de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
“En la misión de promover la transparencia, nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos”, sostuvo la Directora de Estudios CPLT, Daniela Moreno, quien estuvo a cargo de llevar a cabo el encuentro participativo en dependencias la Universidad de Atacama sede Copiapó de la que participaron activamente representantes de la sociedad civil, autoridades locales y funcionarios públi

A pesar de no estar en el Mensaje Presidencial, el Presidente del Consejo para la Transparencia puntualizó que era relevante -como contrapartida a las iniciativas en datos abiertos- avanzar en materia de Protección de Datos Personales.

Tras desarrollarse la primera cuenta pública del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Presidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, valoró el anuncio del mandatario de modernizar el Estado a través del perfeccionamiento de legislaciones en materia de transparencia y probidad, así como la creación de una Plataforma Única de Datos Abiertos y el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Integridad Pública.

“Desde el Consejo para la Transparencia vemos varios elementos relevantes por lo que valoramos el discurso del Presidente Piñera, creo que anunciar una profundización de la propia ley de Transparencia, ampliando los sujetos obligados y mejorando los procedimientos de reclamos, es algo muy positivo desde el punto de vista institucional”, afirmó Drago.

A juicio del titular de Transparencia, este anuncio es un espaldarazo al proceso participativo que el CPLT ha venido impulsando en todo Chile para perfeccionar la ley –a 10 años de su promulgación- y es coherente “a lo que le hemos planteado al Presidente en distintas oportunidades sobre la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia”.

Además, en su cuenta, el Presidente de la República puntualizó que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días el Proyecto de Ley de Integridad Pública que abordará, según señaló, los requisitos para ingresar al Servicio Público y las limitaciones que deben tener las personas cuando lo abandonan, punto sobre el cual el Presidente del CPLT sostuvo que la institución autónoma que dirige aportará en el transcurso de su tramitación.

“Es importante recoger los distintos elementos que están pendientes para mejorar los estándares de integridad y de probidad en el sector público sobre todo en materia de conflictos de interés, de deberes de abstención, de puerta giratoria, de condiciones para realizar la ley de lobby, desde ese punto de vista creemos que también es importante este proyecto, nosotros hemos estado -y el propio Presidente Piñera lo dijo- colaborando en el diseño de estas iniciativas y esperamos seguir aportando en la tramitación, porque es necesario que las reglas del juego se actualicen”, sostuvo.

Asimismo, Marcelo Drago también valoró el anuncio del mandatario de impulsar una Estrategia de Datos Abiertos para el Sector Público y crear una Plataforma Única de Datos Abiertos, recordando que el Estado produce un sinfín de datos que –según su parecer- perfectamente pueden ser parte del dominio público y, con eso, alimentar el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo económico a través de distintos emprendimientos en la medida que esos datos se pongan a disposición de la ciudadanía.

“Se trata de la multiplicidad de datos que se acumulan en distintos ámbitos, en salud, educación, vivienda, energía, economía que pueden estar disponibles a la ciudadanía para descargar y reutilizar”, subrayó.

No obstante, a pesar de no estar en el Mensaje Presidencial, el Presidente del Consejo para la Transparencia puntualizó que era relevante como contrapartida esta iniciativa en materia de datos abiertos avanzar en materia de Protección de Datos Personales.

“Es una materia que el Presidente no mencionó en su discurso, no lo leemos como que no sea una tema priorizado, se ha planteado en distintos ámbitos, pero es importante tener presente la necesidad de regular en esta materia”, finalizó.

 

 

Hasta la ciudad de Osorno, llegó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, para participar del Encuentro Nacional de Concejales denominado “Descentralización, ciudadanía activa y poder local”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en donde expuso sobre nuevos estándares en materia de acceso a la información en el gobierno local.

El evento reunió a concejales de todo el país, con el objetivo de entregarles herramientas que les permitan reflexionar sobre la agenda municipal, en temas como salud, educación, transparencia y probidad entre otros, materias ligadas con el quehacer de los Concejos Municipales.

En la ocasión, el presidente del CPLT expuso acerca de “Transparencia Municipal: De la Ley de Transparencia hacia nuevos estándares en materia de acceso a la información”, poniendo énfasis en que “los municipios son una prioridad siendo la vía más cercana para que las personas ejerzan su derecho” agregando que “recuperar las confianzas es responsabilidad de todos los que realizamos una gestión pública”.

Asimismo, Drago recalcó la importancia de cumplir con las exigencias de la ley entregando una serie de recomendaciones y buenas prácticas en transparencia sobre los cometidos de miembros de los Concejos Municipales que van desde publicar plantillas con información detallada sobre viajes, los motivos, costos, etc.

Finalmente, el titular de Transparencia subrayó la necesidad de que los concejales tengan una rendición de cuentas especial de sus actividades y enfatizó que “hay que dar un paso más allá de la Transparencia Activa, no hay nada que ocultar, hay que publicar de una manera permanente y clara, rendir cuentas de cara a los ciudadanos, con ello se fortalece la democracia y no se generan espacios de corrupción”.

Continuando con el trabajo de fortalecer y entregar herramientas para aumentar los niveles de transparencia en las instituciones y tras la fuerte crisis institucional en Carabineros de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago expuso hoy frente a más de 100 comisarios de todo el país sobre Transparencia y Probidad: obligaciones y estándares aplicables a la institución policial.

A través de una charla el Presidente del CPLT, explicó las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y repasó las recomendaciones entregadas a Carabineros que van desde fortalecer la transparencia en diversas materias hasta cumplir con obligaciones sobre austeridad del uso de los recursos públicos, auditorías y controles externos, entre otros.

Tras ello, Drago recalcó la importancia de trabajar de cara a la ciudadanía “Según nuestros estudios, hoy las personas están más empoderadas y demandan más transparencia, sobre todo las que utilizan el sistema y esto contribuye al control de la corrupción”.

Asimismo, el titular de Transparencia mencionó la importancia de la Ley de Probidad entregando algunas medidas para evitar verse enfrentado a situaciones irregulares, al respecto sostuvo que el deber de abstención es la clave “para evitar el conflicto de interés ya que garantiza la imparcialidad de la labor”.

Finalmente, sobre la actualidad en el país, Drago enfatizó que “Estamos pasando por la crisis de confianza más aguda de la historia nacional, esta debilita la democracia e instituciones pero depende de todos nosotros enfrentarla” y reiteró “el positivo trabajo en conjunto que están realizando con Carabineros para fortalecer sus sistemas y cumplir con altos estándares y evitar espacios de corrupción”.

Hasta el centro de convenciones de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, llegaron esta mañana el Presidente el Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago y el Consejero Jorge Jaraquemada para participar del Seminario  “Cooperación en relaciones institucionales y gubernamentales”, espacio en donde expusieron sobre “Ley de Transparencia la Experiencia Chilena” y “Ley de Lobby”, respectivamente.

En la ocasión el Presidente del CPLT, Marcelo Drago, explicó la función y facultades del Consejo, subrayando que se trata de una institución autónoma del Estado “con dientes”, en alusión a su capacidad fiscalizadora y sancionatoria de la entidad.

Para Drago, la importancia del derecho al acceso a la información pública es que “la autoridad da cuenta a la ciudadanía”, además que por esta vía “se empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia y contribuye a disminuir  espacios de corrupción”

Además, el titular de Transparencia recalcó que todos los órganos del Estado deben tener información de fácil acceso a la ciudadanía y enfatizó a la audiencia -mayoritariamente compuesta por Brasileños que participaban de la instancia- que después de 10 años había que modernizar la Ley de Transparencia, señalando que “todo lo relativo a transparencia activa y derecho a la información pública hoy es un piso mínimo”

Finalmente, el Presidente del CPLT, afirmó que “Ha costado mucho detener el deterioro de la desconfianza en la ciudadanía, se ha legislado sobre el particular pero la aguja no se mueve. Sin embargo en nuestros estudios hemos visto que quienes acceden al sistema y hacen uso de la ley de transparencia hay niveles confianza mucho mayor”

En tanto en su presentación, el Consejero Jorge Jaraquemada definió al lobby como un esfuerzo de grupos privados por influir en política y subrayó que regularlo buscaba “prevenir que tomen una posición privilegiada”

A su juicio hay un gran riesgo en el lobby no regulado que amenaza la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante el gobierno o la ley.

“Hoy hay 673 organismos públicos reportando actividades de lobby y casi 250 mil audiencias realizadas. Más de 10 mil lobistas inscritos”, señaló.

El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a cumplir con la norma porque, recordó, que la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor,

Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación.

“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía.  En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en Transparencia Activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano.

“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad.  Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.

Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias.

“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el titular de Transparencia.

Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado  y es de  gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones”