El Presidente el Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, valoró una serie de alcances del “Proyecto de Ley de Integridad Pública” en el ámbito de la transparencia y probidad, a partir de la firma de la iniciativa por parte del Presidente Sebastián Piñera esta mañana en el palacio de La Moneda, y a la que asistió junto a la Consejera Gloria de la Fuente.

El titular de la entidad, comentó el impacto del cuerpo legislativo en términos de limitar acciones de nepotismo y la llamada “puerta giratoria”, referida al paso de gente desde el sector público al privado o viceversa.

“Abordar las materias de conflictos de interés en las contrataciones de Estado, el deber de abstención que tienen los funcionarios públicos, chequear y darle legitimidad a la contratación de parientes no sólo dentro de la propia jerarquía sino en cualquier sector del Estado son pasos en la línea correcta”, sostuvo Drago.

Consultado sobré qué faltaba en la iniciativa de ley del Ejecutivo, el Presidente del CPLT subrayó que se trataba de un “proyecto acotado” que deja algunas materias pendientes en la discusión como por ejemplo la Ley del Lobby.

Si bien, Marcelo Drago destacó que en materia de lobby, el proyecto de ley de Integridad aborda reglas para ex autoridades, instó a “actualizar la ley del Lobby completa”.

“Hay que dar el paso siguiente: regular no sólo a las autoridades sino que al lobista y a las empresas que contratan lobby, creo que es una materia pendiente”, espetó.

Asimismo, Drago destacó el anuncio realizado por el Presidente de la República en la oportunidad sobre la presentación de un proyecto de ley de Transparencia 2.0.

“A diez años de la ley de transparencia, es justo el camino que hay que tomar: perfeccionar la ley, extender las atribuciones del Consejo para la Transparencia, profundizar las reglas de transparencia en el país”, subrayó

Finalmente, el titular de Transparencia afirmó que el CPLT analizará en detalle la propuesta presentada para contribuir en el desarrollo de su tramitación y participará en una técnica en la que estarán presentes también la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), conjuntamente con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) y el Ministerio de Justicia.

“Participaremos en una mesa técnica permanente que acompañará la implementación de la agenda de probidad y transparencia para enriquecerla, hacer aportes y darle continuidad como política de Estado”, concluyó.

El titular de la entidad expuso sobre el derecho a la información como herramienta para la participación de los trabajadores y ejercicio de la libertad sindical en la CUT

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Presidente del CPLT sostuvo que las recomendaciones de la institución que dirige cumplen hacerse cargo de temas que producen desconfianza en la gente

 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció esta semana una serie de recomendaciones para las empresas públicas que van más allá de lo exigido por la normativa vigente y que elevan los estándares en materia de probidad, buen gobierno corporativo y transparencia. El documento formal se está distribuyendo desde fines de la semana pasada.

 

Marcelo Drago, presidente de la entidad, destacó que este llamado responde, entre otros factores, a la necesidad de hacerse cargo de temas y actores que generan demandas de información, de modo de estar “más sintonizados” con los intereses de la ciudadanía.

 

“Como Consejo queremos que estas empresas den pasos hacia la transparencia, incorporen buenas prácticas tanto en lo relativo al acceso a la información y publicidad -más allá de lo que están obligados por la ley vigente- como en materia probidad, transparencia y buen gobierno corporativo, de modo de adecuarse a buenas prácticas internacionales en algunos de estos temas”, comentó el titular de Transparencia.

 

Drago enfatizó en que las empresas públicas deben responder cada vez más a las solicitudes de información de parte las personas, subrayando que este anuncio busca innovar tanto en el tipo de temas que deben informar las empresas públicas como en el mapa de las entidades que deben entregar estos antecedentes.

 

“Tenemos que hacernos cargo de temas que producen desconfianza en la gente y que generan demandas de información como son eventuales conflictos de intereses o acciones y materias normadas en la ley del lobby, registros públicos de las audiencias de los altos cargos altos de estas empresas o información sobre sus viajes y donativos, entre otros”, agregó.

 

Respecto de la necesidad de ampliar los requerimientos, el Presidente del CPLT destacó la inclusión de experiencias internacionales, los que se vinculan fundamentalmente con “facilitar el acceso público y en lenguaje claro y fácil de comprender información económica, de contratos y decisiones relevantes que puedan tomar los directorios de las empresas públicas, entre otras materias”.

 

El anuncio se da en el marco de los 10 años de la Ley de Transparencia y fue calificado por Drago como “una señal relevante y potente en la promoción del principio de transparencia en la función de entidades estatales”. Entre las empresas que serán oficiadas se cuentan Codelco, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Correos de Chile, entre otras.

 

Otro de los focos de trabajo del CPLT es potenciar la disponibilidad de información útil y con estándares de datos abiertos y formatos amigables, facilitando el uso de la información por parte de los usuarios y la voluntad por innovar en esta línea por parte de las distintas instituciones.

El presidente del Consejo para la Transparencia evaluó positivamente estas propuestas y afirmó que los ciudadanos junto con acceder a la información, requieren comprenderla para utilizarla con distintos fines sociales, incluyendo el control social de instituciones públicas.

“Medidas como éstas permiten crear oportunidades de control social en el quehacer de las empresas públicas, lo que colabora con la reducción de ámbitos percibidos como opacos o poco transparentes”, concluyó.

La entidad trasladó su jornada de trabajo a La Serena dando una señal de descentralización y participación. Es el primer encuentro de este tipo en la zona norte y el segundo fuera de la capital. 

En el año en que se conmemoran diez años desde la promulgación de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) sigue desplegado a nivel nacional y desarrolló su primer consejo directivo abierto a la comunidad en la zona norte. Se trata de la segunda vez que sesiona fuera de Santiago.

En la oportunidad, el presidente del organismo Marcelo Drago, subrayó la relevancia del encuentro y su carácter histórico: “Es la segunda vez que se sesiona fuera de Santiago y que además lo hacemos de cara a la gente”. Enfatizó también que con este tipo de encuentros: “Estamos dando un giro a las labores normales del Consejo en vista de los 10 años que cumple la Ley de Transparencia. Esta conmemoración nos lleva a pensar que es bueno abrir las puertas del Consejo, salir de la capital y mostrar este trabajo directamente a la ciudanía”.

La sesión ordinaria fue encabezada por el presidente de la entidad; los consejeros Jorge Jaraquemada y Gloria de la Fuente; la Directora General (s) Andrea Ruiz; el secretario del organismo, José Ruiz; y el director de Desarrollos y Procesos, Eduardo González.

En la inédita instancia se analizaron una serie de casos de solicitudes de información dirigidos a organismos públicos como: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSI), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Salud Coquimbo.

Asimismo, se presentaron una serie de propuestas de la entidad en materia de acceso a la información de interés para inmigrantes y avances en el perfeccionamiento de reglas de reserva y protección de datos personales de población extranjera. También se dieron a conocer cifras de transparencia en el ámbito municipal asociadas a resultados de fiscalizaciones en Transparencia Activa y desempeño en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública.

El titular de Transparencia recordó que el CPLT ya había estado en la región de Coquimbo en el marco del proceso participativo que se desarrolla a nivel nacional por la conmemoración de los 10 años de la ley de Transparencia para discutir lo que será la próxima década en este ámbito y en relación a la normativa. Sobre ello dijo: “Hemos puesto en el centro a la ciudadanía en la construcción de los próximos 10 años de la ley de transparencia en espacios de participación en todo Chile”.

 

 

 

 

El Presidente del Consejo para la transparencia, Marcelo Drago, afirmó que abrir las ventanas del parlamento al escrutinio público fortalece la democracia e instó a seguir avanzando en esa línea.

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Nuevos formatos en kréyol, mapudungun y Rapa Nui implicaron un importante trabajo en materia de lenguaje claro y se ampliará a otras lenguas de pueblos originarios como el Aymará.

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Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, anunció trabajo conjunto con la red de entidades dependientes de la Presidencia, encabezada por la Primera Dama, Cecilia Morel.

Tras reunirse hoy con la primera dama Cecilia Morel, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, destacó algunas de las acciones que implementará la entidad para el fortalecimiento de la transparencia en las fundaciones que forman parte de la red de la Dirección Socio Cultural de la Presidencia.

El anuncio realizado por el presidente del CPLT, se traducirá en iniciativas educacionales, que en primera instancia consideran actividades de capacitación para los funcionarios de más alto rango de la red de fundaciones dependientes de la Primera Dama. Drago enfatizó en que “como Consejo para la Transparencia tenemos la responsabilidad de promover la transparencia en todos los ámbitos y de realizar estos actos educativos”.

El titular del Consejo se refirió además al Comité Interministerial de Ciberseguridad, recientemente creado, y comentó  que materias como la Ciberseguridad deben continuar siendo abordadas como política de Estado. Enfatizó también en la relevancia de redoblar esfuerzos en lo relacionado con seguridad informática y en términos de protección de datos personales para que Chile cumpla con estándares internacionales y se posicione a la vanguardia en estos temas.

Tras anunciar una fiscalización en Universidades Estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa, el Consejo para la Transparencia (CPLT) concluyó que sólo 7 de 18 casas de estudio públicas cuenta con protocolos de acoso sexual, por lo que se les enviará un oficio señalando la normativa aplicable y la forma de publicación de estos documentos.

“Como Consejo para la Transparencia nos interesa aportar desde nuestra institucionalidad promoviendo un mejor acceso a la información de los protocolos de acoso en las Universidades para que las mujeres que sientan vulnerados sus derechos sepan dónde encontrar la ruta para impedir situaciones tan deleznables como el acoso sexual o sepan cómo y dónde denunciarlas”, sostiene la Consejera Gloria de la Fuente.

Las entidades públicas que hoy cuenta con los protocolos sobre acoso sexual según el análisis del CPLT son la Universidad de Talca, de Valparaíso, Universidad de Chile, de La Frontera, Tecnológica Metropolitana, de O`Higgins y Universidad de Santiago.

Al respecto, la Consejera de la Fuente enfatiza que “El Estado debe ponerse a disposición y corregir cualquier tipo de situación que no contribuya o impida el conocimiento cabal de los derechos de las mujeres que son acosadas, por eso es tan importante que los establecimientos universitarios y todos los servicios públicos tengan sus protocolos con un fácil acceso, no sacamos nada con tenerlos guardados en un cajón”.

Asimismo, recalca que “Como Consejo esperamos que todas las Universidades del país cuenten con estos protocolos publicados en sus sitios de Transparencia Activa, pero además que no solo sea por cumplir con la exigencia de ley de Transparencia sino que sea por buena práctica que todos disponibilicen este tipo de información hacia la ciudadanía”.

La fiscalización del CPLT, realizada entre el 01 y 04 de junio de 2018, también señala que 8 Universidades manifiestan estar trabajando en protocolos respectivos y en el caso de la Universidad de Atacama; del Bío-Bío y Universidad de La Serena no se encontró información sobre la materia, ni en el sitio web o en el banner de Transparencia Activa.

“Recordemos que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, subraya de la Fuente.

Aunque no les aplica la Ley de Transparencia, el CPLT hizo una revisión de las otras universidades tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH), y de estas 6 cuentan con información de protocolos de acoso sexual: Universidad Católica, Católica de Valparaíso, de Concepción, Federico Santa María, Católica del Maule y Austral.

Asimismo, la Universidad Católica del Norte está trabajando en su protocolo y tanto la Universidad Católica de la Santísima Concepción como la Universidad Católica de Temuco no presentan información sobre comisiones o protocolos en sus respectivos sitios web.

Cabe destacar que aún faltan los resultados de la fiscalización en Transparencia pasiva a las 18 Universidades Estatales sobre la misma temática que será dado a conocer en los próximos días, por cuanto se encuentra  pendiente el plazo de respuesta.

A la fecha 5 universidades han remitido sus respectivos protocolos: Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Valparaíso. En cuanto a las denuncias recibidas por estas universidades, entre enero de 2017  y mayo de 2018, estas informan lo siguiente: Universidad de la Frontera: 10 denuncias; Universidad de Los Lagos: 3; Universidad de Talca: 2; Universidad de Valparaíso: 18 y Universidad de Santiago señala que no hay registro de denuncias.

“A 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, todos y todas debemos naturalizar que exigir información a las instituciones públicas es un derecho y una herramienta fundamental para evitar abusos de diversa índole”, concluye la Consejera Gloria de la Fuente.

Para el titular de Transparencia el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho debe complementarse para superar las brechas en este ámbito.

Junto con valorar la celeridad con que el Ejecutivo está trabajando junto a los parlamentarios el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho, que se encuentra en comisión mixta, esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago afirmó que dicha iniciativa debe complementarse para superar las brechas en este ámbito con una robusta agenda que aborde, por ejemplo, listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos  y que tengan prohibición de contratar con el Estado.

“Sin duda es un avance que debe complementarse con otras materias que se encuentran en al ámbito administrativo, por ejemplo, necesitamos establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado. No parece razonable que existan reglas y prohibiciones administrativas ante faltas laborales y no desde el punto de vista penal”, sostuvo.

Según Drago, independiente del paquete legislativo que lo contenga -en consideración a las iniciativas anunciadas por Segpres en la denominada agenda de Transparencia y probidad 2.0- es relevante abordar los diferentes elementos pendientes en la materia para elevar los estándares de integridad y de probidad en el sector público, sobre todo en materia de conflictos de interés, deberes de abstención, puerta giratoria, y condiciones para realizar la ley de lobby, entre otros.

Para el Presidente del CPLT, también se hace necesario abordar reglas aplicables para proveedores y su probable vínculo familiar con funcionarios públicos a cargo de adquisiciones para el Estado, lo que –según su parecer- debiera contener el Proyecto de Ley de Integridad Pública anunciado por el Presidente Piñera en su cuenta pública del 1 de junio.

Asimismo, el titular de Transparencia valoró que la iniciativa tipifique delitos de administración desleal y de soborno entre particulares, así como también respecto a la responsabilidad penal en personas jurídicas y lavados de activos.

Finalmente, Marcelo Drago afirmó que el CPLT analizará en detalle la propuesta que presentará el Ministro de Justicia sobre el particular para contribuir en el desarrollo de su tramitación.

El Presidente del CPLT, Marcelo Drago, hizo un llamado a que los padres presten mayor atención en el uso de estas plataformas por parte de sus hijos, tras breve estudio de políticas de privacidad del Consejo

Uno de los temas de mayor relevancia para el Consejo para la Transparencia, considerando sus atribuciones y facultades, es la protección de los datos personales, en esta tarea se levantó un breve estudio sobre las políticas de privacidad de nuevas plataformas sociales y de citas en donde detectó una serie de peligros asociados para niños, niñas y adolescentes. Se trata de nuevas redes sociales desconocidas para muchos adultos como ThisCrush.

Al respecto, el Presidente del Consejo, Marcelo Drago señaló que había que poner especial ojo en los menores de edad y que los padres deben prestar atención en el uso de estas plataformas por parte de sus hijos.

“Los padres deben estar conscientes de la información que ellos entregan, lo peligros que corren y los derechos que tienen sobre esos datos. Como Consejo para la Transparencia estamos dando una alerta a la ciudadanía sobre la existencia de una nueva red social para adolescentes desconocida por los adultos que tienen por objetivo de vincularse o buscar pareja, pero que podrían abrir una puerta extremadamente compleja y peligrosa para su seguridad”, subrayó.

Drago se refiere a lo complejo que es, al momento de hablar de las redes sociales y las aplicaciones, el uso que hacen los menores de edad de ellas. La mayoría de las plataformas revisadas por el CPLT establecen la mayoría de edad –18 o 21 años según corresponda la legislación – como edad base para poder crearse perfiles. La excepción es ThisCrush, que admite crear perfiles a partir de los 16 años de edad. No obstante, sus políticas de privacidad reconocen su posible participación y proponen mecanismos para dar alertas, ya sea por parte de los padres o de los usuarios, y así adoptar las medidas necesarias que en su mayoría termina en la eliminación de las cuentas.

Sin embargo, no siempre se pueden detectar estas situaciones, y ahí el conflicto radica en el contenido que se publica y las consecuencias que pueden llegar a ocasionar, como lo es el caso de la red social ThisCrush. Esta aplicación, utilizada por adolescentes, permite escribir y recibir mensajes de forma anónima. La plataforma es explícita en declarar que no se hace responsable de monitorear o filtrar el contenido que se encuentra dentro o vinculado en el sitio, hecho que deja un vacío si es que la autoría del mensaje es un menor de edad.

En consecuencia, brinda un espacio perfecto para probables situaciones como cyberbullying, acoso o conductas predatorias. Los padres deben tomar conciencia sobre el uso que hacen sus hijos en estas plataformas, ya que a pesar de que su alcance se encuentre prohibido (salvo por ThisCrush), los controles para evitar dichas situaciones aún se hacen difusos. Se recomienda, en esa línea, prestar especial atención a la manera en que los menores interactúan en las redes sociales y aplicaciones.

“Esta nueva red social permite, primero el acceso a menores de edad, segundo recibir mensajes anónimos que podrían exponer a los niños y niñas a ser acosados por depredadores sexuales y al cyber bullying de sus pares, además de geolocalizar a una potencial víctima. Estamos haciendo un llamado a la responsabilidad y cuidado porque no queremos otro caso lamentable como el vivido en el Nido de Águilas o adolescentes violentados a través del grooming”, espetó el Presidente del CPLT.

Una de las características comunes presentes en las políticas de privacidad autoriza el uso de la geolocalización. El exponer este tipo de datos en las redes sociales hace que incluso gente no deseada se entere de dónde se encuentra una persona y cómo llegar hasta ahí, abriendo las posibilidades a casos de acoso u hostigamiento. En ese sentido, es necesario prestar atención y ser conscientes de los permisos que se otorgan a las aplicaciones con el fin de evitar éste tipo de riesgos

Marcelo Drago afirmó que el CPLT quiere -a través de la protección de datos personales- entregar una advertencia, un servicio de utilidad pública ante la posibilidad de existencia de casos de abusos de toda índole, además de visibilizar la imperiosa necesidad de una nueva legislación de protección de datos que data de 1999 y que debe ser actualizada lo antes posible para prevenir este tipo de temas y ponerse a tono con la modernidad.

“Chile se ha quedado atrás en esta materia, es completamente necesario que las autoridades le den prioridad a una normativa que se haga cargo del manejo de datos personales en redes sociales y en Internet en general, con ello además de proteger derechos fundamentales estamos protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes”, puntualizó

Cabe destacar finalmente que el CPLT realizará una campaña en redes sociales para advertir los riesgos asociados en las mencionadas App.

Drago subrayó que el Consejo para la Transparencia señaló en su minuto que el registro era útil para el Estado, siempre y cuando no tuviera carácter público.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó el carácter público que pudiera tener el registro de evasores del Transantiago haciendo un llamado a las autoridades a contar con los más altos estándares de seguridad, recordando –de paso- que lamentablemente el único símil era el registro de pedófilos, esto tras reunirse con el diputado Gabriel Silber.

“El Consejo para la Transparencia durante la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el registro público de evasores del Transantiago en distintas instancias planteó su reparo a ese proyecto y a esa política, no creemos que la creación de registros de carácter públicos sea una buena política pública en general cuando hablamos de faltas”, señaló.

Drago recordó que el otro registro público que existe era el de pedófilos, por lo que según su parecer “todos entenderán los distintos reproches que puede haber de  una sanción de carácter penal asociado a la pedofilia con una infracción administrativa por no pago de servicios de transporte público”

“Nosotros señalamos que no era conveniente la existencia de este registro en su carácter público. Un registro en manos del Estado de infractores para impulsar política era perfectamente viable pero no su acceso público”, recalcó

Según el titular de Transparencia, la ley estableció un sistema donde aplica la ley de transparencia para el acceso a ese registro con algunas limitaciones, sin embargo no se habló sobre la limitación de la notificación al tercero.

“La ley de transparencia obliga a notificar a los terceros cuando se solicita información relacionada con ellos por lo tanto es un procedimiento que hoy no debería estar excluido en los reglamentos y esta la ley de transparencia y se debe hacer valer. En la medida que lleguen amparos de la información asociados a oposiciones de terceros vamos a ir resolviendo caso a caso y en esa instancia vamos a resolver en definitiva lo que se hace”, espetó.

Para el Presidente del CPLT lo importante es que este registro cuente con los más altos estándares de seguridad, tener extremo cuidado de que no caiga en manos equivocadas, es decir que no pueda ser hackeada o accesible por un tercero.

“Las medidas de seguridad de la información que se tomen tienen que ser extremadamente estrictas y la utilización y el acceso público de este registro tiene que seguir los procedimientos de la ley de transparencia, además de velar por la notificación de los terceros”, afirmó.

Finalmente, Marcelo Drago reiteró que consideraba no conveniente el mencionado registro “en un entorno donde estamos intentando que se protejan los datos personales y donde ese tipo de información debe permanecer en manos del Estado y no ser de libre acceso”.