Ante el retorno de Ponce Lerou a SQM y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con una responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la Fiscal Ximena Chong.

“Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período. Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada, pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”

Consultado si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha llevado a la cárcel por escándalos de corrupción, Drago afirmó a radio Cooperativa que a diferencia de Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un ejemplo para nuestros vecinos.

“Me lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios: Chile fue el único país donde no se logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar esta situación, yo no creo que tengamos una situación extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países vecinos dónde hubo compromisos importantes  con empresas que tenían estos mecanismos de corrupción”, espetó.

El Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas electorales eran principalmente privados y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control, entre otras medidas.

“Antes el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’ financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales pero también para financiamientos que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por ejemplo”, subrayó.

Sobre el regreso a Ponce Lerou a SQM

Asimismo ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado.

Según el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se hace relevante su modificación.

“Cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos,  no sólo 1 o 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”, dijo.

Finalmente, Marcelo Drago hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para actos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”.

En cuanto a la información que por Ley los organismos deben publicar en internet, la Región de Atacama tiene un 84% de cumplimiento de esta norma.
Según las cifras del Consejo para la Transparencia (CPLT), la Región de Atacama acumula históricamente más de 6.268 solicitudes de acceso a la información pública, siendo el organismo más requerido la Seremi de Salud de Atacama con más de 1.300 peticiones por Ley de Transparencia, le siguen la Municipalidad de Copiapó con (960) y la Municipalidad de Caldera (618), respectivamente.
Sobre el estado de la transparencia en la región, históricamente, hay un total de 316 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la zona son la Municipalidad de Caldera (35 casos), Municipalidad de Copiapó (34 casos) y Municipalidad de Chañaral (26 casos). A su vez, los temas más demandados recibidos por instituciones son: Salud, Gestión y administración territorial (Urbanismo), Economía y finanzas.
En cuanto a la información que por Ley los organismos deben publicar en internet, la Región de Atacama tiene un 84% de cumplimiento de esta norma. En el caso de las municipalidades, la cifra alcanza un 76% de cumplimiento en 2017, sobre el promedio nacional de 74%.
Por último, la única institución que aún no ingresa, no interopera y no pública Transparencia Activa en el Portal de Transparencia es la Universidad de Atacama.

Proceso participativo
Continuando con el despliegue nacional, el Consejo para la Transparencia realizó un encuentro ciudadano en la región de Atacama que tuvo como fin recopilar sugerencias y propuestas de la ciudadanía en torno a un proceso participativo abierto y reflexivo pensando en los próximos diez años de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.
“En la misión de promover la transparencia, nunca debemos olvidar nuestro foco, que son los ciudadanos”, sostuvo la Directora de Estudios CPLT, Daniela Moreno, quien estuvo a cargo de llevar a cabo el encuentro participativo en dependencias la Universidad de Atacama sede Copiapó de la que participaron activamente representantes de la sociedad civil, autoridades locales y funcionarios públi

A pesar de no estar en el Mensaje Presidencial, el Presidente del Consejo para la Transparencia puntualizó que era relevante -como contrapartida a las iniciativas en datos abiertos- avanzar en materia de Protección de Datos Personales.

Tras desarrollarse la primera cuenta pública del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Presidente del Consejo de la Transparencia, Marcelo Drago, valoró el anuncio del mandatario de modernizar el Estado a través del perfeccionamiento de legislaciones en materia de transparencia y probidad, así como la creación de una Plataforma Única de Datos Abiertos y el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Integridad Pública.

“Desde el Consejo para la Transparencia vemos varios elementos relevantes por lo que valoramos el discurso del Presidente Piñera, creo que anunciar una profundización de la propia ley de Transparencia, ampliando los sujetos obligados y mejorando los procedimientos de reclamos, es algo muy positivo desde el punto de vista institucional”, afirmó Drago.

A juicio del titular de Transparencia, este anuncio es un espaldarazo al proceso participativo que el CPLT ha venido impulsando en todo Chile para perfeccionar la ley –a 10 años de su promulgación- y es coherente “a lo que le hemos planteado al Presidente en distintas oportunidades sobre la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia”.

Además, en su cuenta, el Presidente de la República puntualizó que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días el Proyecto de Ley de Integridad Pública que abordará, según señaló, los requisitos para ingresar al Servicio Público y las limitaciones que deben tener las personas cuando lo abandonan, punto sobre el cual el Presidente del CPLT sostuvo que la institución autónoma que dirige aportará en el transcurso de su tramitación.

“Es importante recoger los distintos elementos que están pendientes para mejorar los estándares de integridad y de probidad en el sector público sobre todo en materia de conflictos de interés, de deberes de abstención, de puerta giratoria, de condiciones para realizar la ley de lobby, desde ese punto de vista creemos que también es importante este proyecto, nosotros hemos estado -y el propio Presidente Piñera lo dijo- colaborando en el diseño de estas iniciativas y esperamos seguir aportando en la tramitación, porque es necesario que las reglas del juego se actualicen”, sostuvo.

Asimismo, Marcelo Drago también valoró el anuncio del mandatario de impulsar una Estrategia de Datos Abiertos para el Sector Público y crear una Plataforma Única de Datos Abiertos, recordando que el Estado produce un sinfín de datos que –según su parecer- perfectamente pueden ser parte del dominio público y, con eso, alimentar el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo económico a través de distintos emprendimientos en la medida que esos datos se pongan a disposición de la ciudadanía.

“Se trata de la multiplicidad de datos que se acumulan en distintos ámbitos, en salud, educación, vivienda, energía, economía que pueden estar disponibles a la ciudadanía para descargar y reutilizar”, subrayó.

No obstante, a pesar de no estar en el Mensaje Presidencial, el Presidente del Consejo para la Transparencia puntualizó que era relevante como contrapartida esta iniciativa en materia de datos abiertos avanzar en materia de Protección de Datos Personales.

“Es una materia que el Presidente no mencionó en su discurso, no lo leemos como que no sea una tema priorizado, se ha planteado en distintos ámbitos, pero es importante tener presente la necesidad de regular en esta materia”, finalizó.

 

 

Hasta la ciudad de Osorno, llegó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, para participar del Encuentro Nacional de Concejales denominado “Descentralización, ciudadanía activa y poder local”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en donde expuso sobre nuevos estándares en materia de acceso a la información en el gobierno local.

El evento reunió a concejales de todo el país, con el objetivo de entregarles herramientas que les permitan reflexionar sobre la agenda municipal, en temas como salud, educación, transparencia y probidad entre otros, materias ligadas con el quehacer de los Concejos Municipales.

En la ocasión, el presidente del CPLT expuso acerca de “Transparencia Municipal: De la Ley de Transparencia hacia nuevos estándares en materia de acceso a la información”, poniendo énfasis en que “los municipios son una prioridad siendo la vía más cercana para que las personas ejerzan su derecho” agregando que “recuperar las confianzas es responsabilidad de todos los que realizamos una gestión pública”.

Asimismo, Drago recalcó la importancia de cumplir con las exigencias de la ley entregando una serie de recomendaciones y buenas prácticas en transparencia sobre los cometidos de miembros de los Concejos Municipales que van desde publicar plantillas con información detallada sobre viajes, los motivos, costos, etc.

Finalmente, el titular de Transparencia subrayó la necesidad de que los concejales tengan una rendición de cuentas especial de sus actividades y enfatizó que “hay que dar un paso más allá de la Transparencia Activa, no hay nada que ocultar, hay que publicar de una manera permanente y clara, rendir cuentas de cara a los ciudadanos, con ello se fortalece la democracia y no se generan espacios de corrupción”.

Continuando con el trabajo de fortalecer y entregar herramientas para aumentar los niveles de transparencia en las instituciones y tras la fuerte crisis institucional en Carabineros de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago expuso hoy frente a más de 100 comisarios de todo el país sobre Transparencia y Probidad: obligaciones y estándares aplicables a la institución policial.

A través de una charla el Presidente del CPLT, explicó las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y repasó las recomendaciones entregadas a Carabineros que van desde fortalecer la transparencia en diversas materias hasta cumplir con obligaciones sobre austeridad del uso de los recursos públicos, auditorías y controles externos, entre otros.

Tras ello, Drago recalcó la importancia de trabajar de cara a la ciudadanía “Según nuestros estudios, hoy las personas están más empoderadas y demandan más transparencia, sobre todo las que utilizan el sistema y esto contribuye al control de la corrupción”.

Asimismo, el titular de Transparencia mencionó la importancia de la Ley de Probidad entregando algunas medidas para evitar verse enfrentado a situaciones irregulares, al respecto sostuvo que el deber de abstención es la clave “para evitar el conflicto de interés ya que garantiza la imparcialidad de la labor”.

Finalmente, sobre la actualidad en el país, Drago enfatizó que “Estamos pasando por la crisis de confianza más aguda de la historia nacional, esta debilita la democracia e instituciones pero depende de todos nosotros enfrentarla” y reiteró “el positivo trabajo en conjunto que están realizando con Carabineros para fortalecer sus sistemas y cumplir con altos estándares y evitar espacios de corrupción”.

Hasta el centro de convenciones de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, llegaron esta mañana el Presidente el Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago y el Consejero Jorge Jaraquemada para participar del Seminario  “Cooperación en relaciones institucionales y gubernamentales”, espacio en donde expusieron sobre “Ley de Transparencia la Experiencia Chilena” y “Ley de Lobby”, respectivamente.

En la ocasión el Presidente del CPLT, Marcelo Drago, explicó la función y facultades del Consejo, subrayando que se trata de una institución autónoma del Estado “con dientes”, en alusión a su capacidad fiscalizadora y sancionatoria de la entidad.

Para Drago, la importancia del derecho al acceso a la información pública es que “la autoridad da cuenta a la ciudadanía”, además que por esta vía “se empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia y contribuye a disminuir  espacios de corrupción”

Además, el titular de Transparencia recalcó que todos los órganos del Estado deben tener información de fácil acceso a la ciudadanía y enfatizó a la audiencia -mayoritariamente compuesta por Brasileños que participaban de la instancia- que después de 10 años había que modernizar la Ley de Transparencia, señalando que “todo lo relativo a transparencia activa y derecho a la información pública hoy es un piso mínimo”

Finalmente, el Presidente del CPLT, afirmó que “Ha costado mucho detener el deterioro de la desconfianza en la ciudadanía, se ha legislado sobre el particular pero la aguja no se mueve. Sin embargo en nuestros estudios hemos visto que quienes acceden al sistema y hacen uso de la ley de transparencia hay niveles confianza mucho mayor”

En tanto en su presentación, el Consejero Jorge Jaraquemada definió al lobby como un esfuerzo de grupos privados por influir en política y subrayó que regularlo buscaba “prevenir que tomen una posición privilegiada”

A su juicio hay un gran riesgo en el lobby no regulado que amenaza la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante el gobierno o la ley.

“Hoy hay 673 organismos públicos reportando actividades de lobby y casi 250 mil audiencias realizadas. Más de 10 mil lobistas inscritos”, señaló.

El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a cumplir con la norma porque, recordó, que la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor,

Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación.

“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía.  En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en Transparencia Activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano.

“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad.  Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.

Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias.

“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el titular de Transparencia.

Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado  y es de  gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones”

 

Consejo para la Transparencia participó en seminario sobre Privacidad en la Unión Europea y América Latina, instancia en la que el Consejero Jorge Jaraquemada sostuvo que la institución autónoma chilena es la única que ha seguido el proceso de actualización del Convenio N° 108, primer tratado internacional relativo a la protección de datos.

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En el marco del despliegue nacional del Consejo para la Transparencia (CPLT) -que se encuentra conmemorando los 10 años de la Ley de Transparencia- el 16 de mayo pasado realizó un encuentro ciudadano en la región de Los Lagos con el objetivo de perfeccionar esta normativa a través de un proceso participativo abierto y reflexivo.

La instancia, a cargo de la Consejera CPLT, Gloria de la Fuente con el apoyo del Observatorio Regional de Transparencia de la Universidad de Los Lagos sede Puerto Montt, reunió a representantes de la sociedad civil, estudiantes y funcionarios públicos.

La visita regional fue la oportunidad además para promover Ley de Transparencia y su uso como herramienta para ejercer control social

“Quienes viven en esta región necesitan ejercer su derecho de acceso a la información para conocer, por ejemplo, cómo se gestionan los recursos del municipio local, qué viajes han realizado las autoridades de la zona o si hay algunos funcionarios que estén sujetos a un eventual conflicto de interés”, sostuvo la consejera de la Fuente.

Cifras de la región de Los Lagos

Según las estadísticas del Consejo para la Transparencia, esta región acumula un total de 11.767 solicitudes de información desde el 2013 a Abril de 2018, siendo los organismo con mayor números de peticiones las municipalidades de Puerto Varas (1.004), Osorno (833) y Castro (561).

A su vez,  históricamente, se registra un total de 747 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la región son la SEREMI de Salud Región de Los Lagos (43 casos), Municipalidad de Puerto Varas (26 casos) y Municipalidad de Llanquihue (22 casos). Por su parte, los temas más demandados en las solicitudes de información recibidas por instituciones son: Salud, Economía y finanzas, Gestión y administración territorial (Urbanismo).

En relación a la Transparencia Activa, que es aquella información que por ley las instituciones deben hacer pública a través de Internet, la Región de Los Lagos tiene un 79% de cumplimiento de esta norma. En el caso de las municipalidades, la cifra alcanza un 79% de desempeño en 2017, sobre el promedio nacional de 74%.

Finalmente, el noveno Estudio Nacional de Transparencia reveló que siete de cada diez chilenos, y un 93% de quienes viven en la región de Los Lagos, cree que los organismos públicos son “muy corruptos” y demostró que quienes viven en esta zona, están conscientes de la relevancia que tiene su derecho de acceso a la información pública, pues un 65% de los ciudadanos locales señala que la transparencia es “necesaria” y un 55% la considera “útil”.

Además se revisarán los documentos remitidos por las universidades o publicados que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”; a quiénes contempla como denunciantes de acoso y respecto de quiénes; el procedimiento de denuncia; y las sanciones.

El Presidente del CPLT subrayó que se busca contribuir de manera proactiva en la materia porque a su juicio la transparencia y el acceso de la información deben ser una herramienta eficaz contra el abuso en todas sus formas.

En línea con la demanda ciudadana, el Consejo para la Transparencia ordenó una fiscalización en Universidades Estatales por tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa. Como parte de la medida, también se revisarán los documentos remitidos o publicados que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”, a quiénes contempla como denunciantes de acoso y a quiénes son objeto de denuncia y sus sanciones.

En la en sesión del día 15 de mayo, de forma unánime el Consejo Directivo solicitó a la Dirección de Fiscalización de su dependencia, generar un proceso de fiscalización a las Universidades públicas, en lo relativo al tratamiento del acoso sexual en materias de Derecho de Acceso a la Información y Transparencia Activa.

Se trata de una fiscalización que pretende verificar la existencia documentos como Protocolos, Reglamentos, Instructivos o cualquier otro documento alusivo, además de verificar si estos se encuentran publicados en la página web de Transparencia Activa, (Marco Normativo, y en Resoluciones con efectos sobre terceros). En caso de no encontrarse publicados, el CPLT instruirá en los respectivos Informes de Fiscalización que efectivamente se publiquen.

Asimismo, se revisarán los documentos remitidos por las universidades o publicados en sus sitios Web de Transparencia Activa que cuenten con regulación interna, la definición o conductas que comprende el “Acoso Sexual”, a quiénes contempla como denunciantes de acoso y respecto de quiénes; el procedimiento de denuncia; y las sanciones.

“Tener claridad de cómo proceder en caso de ser vulnerada a través de acoso sexual dentro de una institución universitaria es una herramienta para las víctimas que queremos tengan en su defensa, todas la universidades deben estar en la vanguardia en este tema”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Finalmente, Drago subrayó que con esta medida del Consejo contribuirá en el control social al ser un mecanismo conocido tanto por alumnos como docentes.

“Deseamos contribuir de manera proactiva porque la transparencia y el acceso de la información deben ser una herramienta eficaz contra el abuso en todas sus formas”, concluyó el titular de Transparencia.

Tras la aprobación estos días en el Senado de la reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de datos personales y en tanto se espera la legislación de la agencia respectiva, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar la información privada que proporciona en internet y advirtió sobre el uso de los datos personales que circulan, especialmente en redes sociales, aplicaciones y navegadores.

“Lo importante es que se tome conciencia de toda la información personal que se está entregando en internet. Es fácil que se creen perfiles de usuario con datos como la edad, situación socioeconómica, educacional, cultural, intereses y actividades cotidianas, preferencias políticas, religiosas, entre otras.”, explica Drago.

En este contexto, aunque aún falta por modernizar la legislación vigente sobre protección de datos personales, el presidente del CPLT sostiene que “nosotros hemos puesto el énfasis en recomendarle a la ciudadanía ser consciente de qué información comparte en redes, ya que terceros podrían acceder a dicha información. Además, siempre tomarse el tiempo de leer las políticas de privacidad, a efectos de tener claridad sobre qué uso se le puede dar a la información compartida y cuáles son las autorizaciones que se están entregando al utilizar dicha red. El llamado es al autocuidado”

Asimismo, Drago resalta que “sobre la descarga y uso de aplicaciones en internet, las personas deben tener claro a que están expuestos, pero al no tener una regulación clara hoy, cualquiera puede perder parte del control sobre lo que está entregando o el tratamiento que se le dará a los datos que estamos compartiendo” y agrega que “creemos que la nueva norma debe basarse en experiencias internacionales, pero también ser una ley 2.0, velando por la protección de los datos personales e instaurando un marco regulatorio mucho más potente”.

Hoy el resguardo de los datos personales de todos los chilenos está pendiente y pueden ser mal utilizados o sufrir el riesgo de ser comercializados “el uso masivo de internet ha hecho que quedemos atrás en esta materia y es necesario que las autoridades prioricen este tema, que además de proteger derechos fundamentales, tiene serias implicancias en nuestro desarrollo tecnológico, económico y comercial”, sentencia el titular de Transparencia.

Según las estadísticas del Consejo para la Transparencia, la Región de Los Ríos acumula históricamente más de 6.600 solicitudes de acceso a la información pública, siendo el organismo más requerido la Municipalidad de Valdivia con más de 1.000 peticiones por Ley de Transparencia.

Sobre el estado de la transparencia en la región, históricamente, hay un total de 256 casos ingresados al CPLT y las instituciones más reclamadas en la localidad son la Municipalidad de Valdivia (39 casos), Servicio de Salud Valdivia (11 casos) y Municipalidad de Río Bueno (10 casos) y aunque el municipio es el principal consultado, los temas más demandados recibidos por instituciones son: Gestión y administración territorial (Urbanismo), Economía y finanzas, Salud.

Asimismo, el porcentaje de instituciones que aún no ingresa, no interopera y no pública Transparencia Activa en el Portal de Transparencia está en torno al 13%. Entre estas se encuentra: Asociación de Municipios Cordillera de la Costa Corral – La Unión, Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos para el Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental, Asociación de Municipios de La Región de Los Ríos.

Proceso participativo

En el marco del despliegue nacional que desarrolla el Consejo para la Transparencia -que se encuentra conmemorando los 10 años de la Ley de Transparencia- se realizó un encuentro ciudadano en la región de Los Ríos con el objetivo de perfeccionar esta política pública a través de un proceso participativo abierto y reflexivo pensando en los próximos diez años.

El encuentro, a cargo de la Directora de Estudios CPLT, Daniela Moreno, se llevó a cabo 15 de mayo pasado en dependencias de la Gobernación provincial de Valdivia y participaron representantes de la sociedad civil, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional de los trabajadores de la Salud (CONFENATS), Colegio de enfermeras y Seremi del Ministerio de Cultura.

Además, la actividad fue la ocasión para que un equipo de profesionales del CPLT, promoviera el uso de la Ley 20.285